20240107

Euskadi esconde auténticas joyas industriales, empresas normalmente pequeñas pero que son reconocidas en el plano internacional. Uno de esos casos es Erreka, una cooperativa de la Corporación Mondragón que desde el pequeño pueblo guipuzcoano de Antzuola se ha colado, gracias a una tecnología propia desarrollada en casa, en el proyecto científico-técnico más importante de Estados Unidos y quizás del mundo. Se trata del Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE), una iniciativa que reúne los esfuerzos de 35 países de los cinco continentes y que emplea actualmente a más de mil científicos e ingenieros. El proyecto, que se desarrollará bajo tierra en una gigantesca instalación que se extiende entre los estados norteamericanos de Ilinois y Dakota del Sur, persigue conocer el comportamiento de los neutrinos, las partículas de materia más abundantes en el universo, pero tan diminutas y esquivas que apenas se sabe nada de ellas. Su estudio aspira a desvelar secretos aún insondables sobre el origen del universo, la materia y la antimateria, y el porqué tras el ‘Big Bang’ triunfó la primera y no la segunda. Erreka, que en solo unos meses se ha visto envuelta en la vorágine de participar en el DUNE de la mano del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), aportará al proyecto sus conocidos como ‘tornillos inteligentes’, que serán los que sirvan para unir unas inmensas estructuras enterradas a más de 1,5 kilómetros de profundidad en unas antiguas minas de oro y que albergan la clave del experimento. Esos tornillos, basados en la tecnología ‘Erreka Digital Bold’, tienen la particularidad de incorporar sensores que permiten conocer permanentemente el estado de las propias fijaciones y de las estructuras que soportan, lo que facilita el mantenimiento predictivo y evita sustos innecesarios (y carísimos) antes de que nada llegue a colapsar. Son piezas que ya utilizan en sus proyectos las grandes multinacionales de los sectores eólico, minero, de infraestructuras o la automoción. Tornillos de aleaciones muy especiales que en sus versiones actuales permiten controlar desde Euskadi y por wifi instalaciones enteras. El proyecto DUNE incorporará 90.000 tornillos de Erreka, aunque no todos serán inteligentes, pues los sensorizados no pasarán de los 4.000, que se consideran suficientes.

Al menos 1.900 empresas se mantienen en Euskadi dentro de la categoría de zombis. Es decir, compañías que no son rentables porque su rendimiento económico no es suficiente para cubrir sus gastos financieros, principalmente los intereses de sus deudas. También llamadas de un modo más amable ‘vulnerables’, estas sociedades sobreviven gracias a refinanciaciones continuas de sus deudas hasta que en muchos casos, ya ahogadas sin remedio, acaban bajando la persiana y con las cantidades adeudadas anotadas en la barra de hielo. La estimación del número de empresas zombis con que cuenta el País Vasco proviene del último informe realizado al respecto por los analistas de la consultora especializada Iberinform, filial del grupo Crédito y Caución, que cifra en algo más de 32.500 las firmas zombis en el conjunto de España. No obstante, los autores del informe advierten de que sus cálculos están realizados a partir de los datos obtenidos en las cuentas anuales depositadas por las empresas en los registros mercantiles, pero dado que existe un porcentaje significativamente elevado de sociedades –especialmente justo aquellas con un mal desempeño económico– que no cumplen con la obligación de depositar sus cuentas en los registros oficiales, con toda seguridad el número de este tipo de firmas ‘vulnerables’ es sensiblemente mayor. A la cabeza se sitúa Madrid, que según el estudio de Iberinform aglutina con cerca de 7.500 el 23% de las al menos 32.500 empresas vulnerables que ha detectado en España. Le sigue Cataluña con el 17% (algo más de 5.500), la Comunidad Valenciana con el 9,4% (por encima de las 3.000), Andalucía, el 7,9% (muy cerca de las 3.000) y Galicia, el 5,9% (algo más de 2.500). Todas ellas por encima de Euskadi que es la sexta comunidad que figura en este nada deseado ranking.

La nueva obligación de cotizar también por las prácticas no remuneradas de los becarios –antes era solo por las retribuidas– beneficiará a más de 40.000 alumnos de Formación Profesional (FP) y de las universidades en Euskadi. Este derecho de los estudiantes, que les permitirá sumar tiempo cotizado para su jubilación, es fruto de la primera parte de la reforma de las pensiones y entró en vigor el pasado 1 de enero envuelto en la polémica por las dificultades que entraña y el debate sobre quién debe asumir la carga, si las empresas o los centros educativos. De hecho, estaba previsto que se aplicase ya desde el 1 de octubre pasado y se retrasó. El problema no es tanto el coste, ya que la Seguridad Social asume el 95% de la cuota a pagar, con lo que solo resta el 5%. Las quejas vienen más por los trámites que implican las altas y las bajas y la falta de recursos para llevarlos a cabo. El malestar es palpable en las universidades. En Euskadi el Gobierno vasco ya anunció en octubre a la red de Formación Profesional que asumía «tanto la gestión del procedimiento como el coste de la correspondiente cotización», y que se había previsto una partida para ello en los Presupuestos de 2024. Las prácticas son vitales para la FP vasca, que goza de gran prestigio por su alta empleabilidad. Eso supone que el Ejecutivo autonómico se ocupará de los más de 23.500 alumnos de FP que harán prácticas este año –la cifra incluye los 2.500 de la modalidad Dual remunerada, por los que antes cotizaban las empresas–, según fuentes del Departamento de Educación. De hecho, ya se han gestionado las altas de un millar de ellos estos primeros días de enero, aunque el grueso empezará a finales de febrero. Se trata, en gran medida, de lo que se denomina Formación en el Centro de Trabajo (FCT), necesaria para obtener el título correspondiente. En el caso de las universidades vascas, son ellas las que se van a hacer cargo de los trámites y de los costes ante el riesgo de que las empresas no quieran hacerlo y los alumnos pierdan la posibilidad de hacer unas prácticas formativas exigidas para graduarse. Para la UPV/EHU que gestiona cada año cerca de 14.000 prácticas, va a suponer una carga considerable. 

El Parlamento Vasco aprobó el pasado mes la nueva ley de empleo, un texto ambicioso que aspira a redefinir las políticas activas para la inserción laboral mediante varios ejes. El primordial atañe a la reforma de Lanbide, el sistema público, que liderará la nueva Red Vasca de Empleo. Se trata de un conglomerado en el que tomarán parte ayuntamientos, diputaciones, agentes sociales y económicos, centros de formación y tercer sector. La colaboración entre todos ellos para unificar todas las ofertas y cursos es una de las claves de la nueva arquitectura, que busca satisfacer las demandas de los trabajadores a través de un “diagnóstico personalizado” en el proceso integral de búsqueda de empleo, explica el viceconsejero del Departamento vasco de Trabajo, Alfonso Gurpegui. El objetivo fundamental es “ordenar” todo el ámbito del empleo, en el que operan unos 300 agentes vascos, a través de una red que los agrupe a todos y comparta, mediante una plataforma común, las oportunidades de trabajo que lleguen a esos canales. Como subraya Gurpegui, la ley de empleo proclama el reconocimiento del “derecho subjetivo”, para el receptor, de disponer de unas políticas activas de empleo que incluirán el establecimiento de plazos para la elaboración de un “plan de diagnóstico individual”, así como de un “acompañamiento” de Lanbide en todo el proceso de orientación laboral y el acceso a la formación necesaria para lograr el empleo.

El programa Lehen Aukera del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide dota con 13.970 euros la contratación indefinida de mujeres menores de 30 años en posesión de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura o Máster-Plan Bolonia, Diplomatura Universitaria, Ingeniería Técnica, Arquitectura Técnica o Grado Universitario-Plan Bolonia, en situación de desempleo y sin previa o con escasa experiencia laboral, en empleos relacionados con su titulación. Esta ayuda se reduce a 12.700 euros si la persona licenciada a contratar es un hombre, según recogen las bases del programa. Lehen Aukera 2024 cuenta con una dotación presupuestaria de 8,3 millones de euros y el plazo de presentación de solicitudes está abierto para las empresas hasta el próximo 31 de octubre. Dicho programa establece las bases y regula las ayudas a conceder por la contratación indefinida o en prácticas de personas jóvenes, en situación de desempleo y sin previa o con escasa experiencia laboral, en empleos relacionados con su titulación, por las empresas vascas, u otras entidades, como medida para favorecer la mejora de su empleabilidad, a través de la adquisición de experiencia profesional, de la igualdad entre hombres y mujeres, y de consolidar su inserción laboral. 

"...La economía se ha cebado con los jóvenes, mientras que la demografía ha virado su rumbo y, con el viento de cara, ha desviado la atención política hacia los mayores, que se llevan la parte del león de los presupuestos públicos que sostienen los cuidados sanitarios y las ayudas sociales. El trabajo realizado por el Servicio de Estudios del BBVA y la Universidad de Valencia ha puesto la letra a una música que llevaba tiempo sonando. Cada día hay menos jóvenes. La población total española ha subido de los 34 millones de 1971 a los 47 millones de 2002, mientas que la franja de los comprendidos entre los 16 y los 29 años ha menguado en 2,5 millones. El cambio ha sido rapidísimo. Esa franja de edad suponía el 23,5% del total en 1995 y ahora representa el 14,5%, algo que dado el número actual de nacimientos no va a mejorar en los próximos cincuenta años...El mercado laboral ha evolucionado. Y lo ha hecho en contra de los jóvenes que obtienen salarios menores en empleos menos estables, lo que dificulta, hasta hacerlo imposible, el proceso de emancipación. Tan solo uno de cada tres jóvenes que ha terminado su ciclo formativo reside fuera de su hogar familiar, cuando mas de la mitad (el 58,5%) lo hacía en 1977. Todo ello consecuencia principal del hecho de que la tasa de desempleo en los menores de 25 años (el 27%) más que duplica la tasa general (12%) y el trabajo a tiempo parcial era del 26,2% para los jóvenes, con una gran discriminación por sexos en contra de las mujeres, 34,2% para ellas y 19% para ellos. Con la tasa de temporalidad sucede lo mismo y la referida a los jóvenes (55%) duplica a la media general. Siempre pensamos que el nivel de estudios influye decisivamente en la empleabilidad y en el nivel salarial. El informe demuestra que es cierto, aunque la situación no es del todo concluyente...Conclusión: la juventud mejor formada de la historia (con algunos matices) es la peor tratada (sin ellos) por el sistema. ¿Están estos datos detrás de la creciente lejanía de los jóvenes de la política y de los partidos y de su mayor desafección social? Me temo que sí". 

La alta velocidad vasca será una isla. Empezará a funcionar en 2027, el último plazo marcado oficialmente por las administraciones implicadas en el proyecto, sin conexión con Francia ni con el resto de España. El TAV solo podrá operar inicialmente como si se tratara de un tren de ‘cercanías’, para conectar los alrededores de Bilbao, Vitoria y San Sebastián. ¿Cuánto tiempo durará esta situación? Está por ver, pero previsiblemente varios años. El Gobierno central ha confirmado esta semana que el tramo Vitoria-Burgos, imprescindible para unir Euskadi con la Meseta y el resto de la red AVE, empezará a construirse en 2026 como muy pronto. Se trata de un horizonte temporal que hace materialmente imposible que el enlace esté listo para 2027. La cuestión es que es el propio Ejecutivo el que se había marcado en público el objetivo de inaugurar a la vez el TAV y su extensión hacia Castilla y León, consciente de que cualquier otra decisión suponía dejar aislada la alta velocidad de Euskadi. «Que la ‘Y’ vasca quede conectada con Madrid desde el primer día es una condición ‘sine qua non’, lo contrario sería avanzar a medias», aseguró la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en una entrevista concedida a este periódico hace justo dos años. Su sucesor, Óscar Puente, habló del asunto a mediados de diciembre en el Congreso de los Diputados e insistió en la importancia de que ambos proyectos vayan de la mano. Pero no será así. Mientras, las obras del ramal guipuzcoano del TAV, el que ha ejecutado el Gobierno vasco adelantando un dinero que posteriormente descuenta del Cupo que entrega al Estado, han entrado definitivamente en su recta final. El último informe trimestral sobre la evolución de los trabajos, publicado por Euskal Trenbide Sarea el 31 de diciembre, ratifica que el trazado entre San Sebastián y Bergara quedará culminado a finales de febrero tras quince años de labores. Solo faltará por culminar la reforma de la estación de Atotxa, en San Sebastián. Se espera que quede rematada a finales de 2025. Llegados a este punto se pueden empezar a echar cuentas desde el punto de vista económico. Según el balance presupuestario, la obra civil del trazado –plataforma, viaductos, túneles...– ha requerido hasta la fecha una inversión de 1.994,8 millones. Supone un sobrecoste del 6,7% respecto a lo que se calculaba inicialmente, cuando los trabajos fueron adjudicados.

Se refiere a la posibilidad de generar energía renovable en un lugar distinto de donde la consumimos, y luego transmitirla a través de la red eléctrica para su uso en una ubicación diferente. Para muchas familias que no tienen un tejado propio –un 65% de la población en España vive en pisos– es la forma de tener energía verde y sostenible. Una energía procedente de parques de paneles solares fotovoltaicos, molinos eólicos o centrales hidroeléctricas. La única diferencia con una instalación en tu tejado es que tienes que pagar el transporte de la energía hasta tu casa, los llamados peajes, que son un porcentaje pequeño en la factura eléctrica. Es ideal para quien no tiene un tejado propio o un espacio donde poner los paneles en su casa o piso o empresa. Ojo, siempre es mejor ponerte paneles solares si los puedes instalar, pero la mayoría vivimos en pisos y hasta ahora no podíamos combatir los altos precios de la energía. En función de la energía que necesitemos tendremos que pagar por un número de paneles solares determinado para llegar a la cantidad demandada y en caso de superar el consumo que esos paneles producen, la energía restante se nos cobrará a precio de mercado. La amortización de la instalación de placas solares oscila entre los 4 y los 7 años; dependerá del tamaño del proyecto. Desde la web de Comunidad Solar explican que con una inversión de 7.500 euros en seis paneles obtienes un ahorro total de 30.000. Un importe que está calculado teniendo en cuenta el precio medio de energía de los últimos tres años. No necesita instalar placas solares en la vivienda, ni hace falta tener espacio para ubicar la instalación de los paneles solares. Además, la energía se puede compartir entre una comunidad de vecinos o diferentes viviendas. Tienen una alta rentabilidad, al aprovecharse toda la energía que generan los paneles. Democratiza el uso de la energía solar haciéndola mucho más accesible y, finalmente, se consume una energía totalmente limpia y 100% ecológica.

Solo en el tercer trimestre de 2023, según datos de iDeals-M&A Community, se anunciaron más de 30 nuevas operaciones de compraventa de activos en España. En torno a 80 operaciones de compraventa significativas en el año. Toda una peineta sectorial a la subida de la inflación, el miedo a la recesión y el encarecimiento del dinero y la financiación. “Es la consolidación normal de un sector que ha pasado por una fase de crecimiento desde la nada y que ahora tiene que consolidarse de dos formas, orgánicamente con fusiones, o con empresas que desaparecen. Teoría normal de mercado”, explica José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Acciona Energía, el fondo de inversión Brookfield, la portuguesa EDPR y Macquarie protagonizan los últimos anuncios. Pero no hay un solo fondo, asociación o empresa del sector renovable que no esté ojo avizor. Endesa, siguiendo la estela de Iberdrola, apura la venta de una participación minoritaria en proyectos renovables de 2.000 MW. “Las grandes compañías energéticas venden participaciones minoritarias [de sus carteras renovables] porque consolidan el activo en sus cuentas, se imputan entero el ebitda [beneficio bruto], mientras desinvierten caja que tenían atrapada; en las operaciones medianas, generalmente el desarrollador vende el 100%”, asegura Vicente Jorro, socio fundador de Agere Energy & Infrastructure Partners.

El impulso de la transición renovable al empleo en el conjunto de España está siendo tan desigual como el reparto de las hileras de molinos de viento y huertos solares que moldean el paisaje nacional. En el caso de la industria del viento, puestos de trabajo y turbinas no avanzan de la mano. Madrid o País Vasco están capitalizando la fiebre verde para crear puestos de trabajo directos en mayor medida que territorios como Castilla y León, líderes en aerogeneradores instalados dentro de sus fronteras. El ranking de potencia instalada lo encabeza la región castellanoleonesa, seguida de Aragón, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha. El de empleos directos generados, Galicia (3.760 trabajadores), seguida de País Vasco (2.722), Navarra (2.377) y, en cuarta posición, Castilla y León (2.274). Así se recoge en el Estudio Macroeconómico 2022 elaborado por Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica (AEE), que refleja el decalaje entre potencia y empleo. La mayor paradoja se da en la Comunidad de Madrid que, siendo la única de todas las autonomías que no tiene instalado ni un solo molino, ocupa la quinta posición en empleo eólico a nivel nacional, con 1.355 trabajadores del sector. Y es que para la estimación del reparto de puestos de trabajo por CCAA, el informe no sólo ha tenido en cuenta la distribución de parques y aerogeneradores, sino la localización de fábricas y empresas del sector por todo el país. El caso de la eólica es significativo por su enorme peso en el mix energético español. En 2022, el viento cubrió alrededor del 24% de la demanda eléctrica nacional y supuso un cuarto de toda la capacidad de generación del país. La tendencia se mantuvo en 2023, el año más verde en la historia energética de España, pues cerró con más de un 50% de generación eléctrica de origen renovable por primera vez, según los datos provisionales de Red Eléctrica. La eólica volvió a coronarse como principal fuente del mix (23,5%), por delante de la nuclear.

El suministro de gas natural y de diésel —por mucho, los eslabones más críticos— parece garantizado. La bestia de los precios se ha domesticado. Y los popes de la política monetaria emiten las primeras señales, aún tentativas, de cambio de régimen. “La peor parte de la crisis energética en Europa ha quedado atrás”, sentencia Carlos Torres, vicepresidente y jefe de gas y electricidad de la consultora Rystad. “La UE ha logrado convertir una parada cardíaca con riesgo vital —racionamiento, escasez de energía para calefacciones y hundimiento industrial— en un fuerte dolor de cabeza —precios altos—”, completa Henning Gloystein, jefe de energía y clima de la también consultora Euroasia. “La crisis está contenida. E incluso sabiendo que en cualquier momento puede llegar algo nuevo que cambie esta tranquilidad, la sensación es que hemos aprendido a manejarla”, remata Ana Maria Jaller-Makarewicz, analista del instituto IEEFA. “Hemos dejado atrás lo más difícil. La guerra de Ucrania continúa; también la de Oriente Próximo. Europa, sin embargo, ha aprendido a manejarse en este nuevo entorno”. Un nuevo paradigma marcado, en las últimas semanas, por la escalada de ataques a buques occidentales de transporte en el mar Rojo, que amenaza con provocar un aumento —aunque contenido— en el precio del gas y el petróleo procedentes del golfo Pérsico, pero también de muchos productos manufacturados en China. El gas natural, el principal detonante de todo lo sucedido en los dos últimos años, sigue siendo el mejor termómetro de la tensión en los canales de aprovisionamiento energéticos. Y es la mejor prueba de que se ha cruzado el Rubicón. Por paradójico que pueda parecer, el precio de este combustible es hoy —en invierno, cuando el consumo de gas se dispara por las calefacciones— más bajo que en verano.

"...La cara oscura sigue siendo la inversión productiva, que no parece querer despegar pese al maná de los fondos europeos. Esta es una tendencia que, de no corregirse, acabará por constreñir la expansión a medio plazo. En lo inmediato, sin embargo, el plus de consumo sigue alentando la actividad gracias a un factor clave y poco comentado: las empresas españolas aprovechan el tirón de la demanda en mayor medida que las extranjeras. Así pues, solo el 24% de la demanda total se satisface con importaciones, y el resto con producción que procede de empresas establecidas en nuestro país (con datos de los dos últimos años, hasta el tercer trimestre de 2023). La filtración hacia las importaciones es muy superior en todas las otras grandes economías europeas, de modo que la media para la Unión Europea alcanza el 55%. La débil elasticidad de las importaciones con respecto a la demanda es algo nuevo en perspectiva histórica española. La oferta extranjera ha tenido un comportamiento mucho menos dinámico que en todas las anteriores fases expansivas (y viceversa, la reactividad de la oferta interna está siendo proporcionalmente mayor, por fortuna). Por ejemplo, durante el periodo de crecimiento anterior a la pandemia, las importaciones se incrementaron a un ritmo 50% superior al de la demanda final, cuando en los dos últimos años la brecha ha desaparecido, o casi. Antes de la crisis financiera, la penetración de las importaciones era aún más pronunciada, contribuyendo a generar un déficit externo colosal, siendo este uno de los detonantes de la crisis. Es pronto para saber si estamos asistiendo a un cambio estructural, reflejando una mejora tendencial de la competitividad de nuestro tejido productivo en un entorno de precios energéticos altos que han afectado sobremanera a las empresas ubicadas en el resto de Europa..."

La autoridad aeronáutica de EE UU inmovilizó ayer los aviones Boeing 737 MAX 9 después de que una aeronave de Alaska Airlines con 177 personas tuviera que realizar un aterrizaje de emergencia al poco de despegar en Portland (Oregón) por desprenderse una parte del fuselaje. Alaska Airlines ya había decidido dejar en tierra sus aviones, pero ahora la Administración Federal de Aviación de EE UU (FAA, por sus siglas en inglés) extendió la medida a aviones de ese modelo que operan en EE UU. “La FAA ordenará la inmovilización temporal en tierra de determinadas aeronaves Boeing 737 MAX 9 operados por aerolíneas estadounidenses o en territorio estadounidense”, indicó. “La FAA está exigiendo inspecciones inmediatas de determinados aviones Boeing 737 MAX 9 antes de que puedan volver a volar”, explica la autoridad aeronáutica, que precisa que serán necesarias inspecciones de cuatro a ocho horas por aparato y que su instrucción afectará a unos “171 aviones en todo el mundo”, la casi totalidad en Norteamérica. Hay unas 215 aeronaves de ese tipo operativas a nivel global. El vuelo despegó a las 17.00, hora local, rumbo a Ontario, en California, pero tuvo que regresar unos 20 minutos después tras señalarse “un problema de presurización”, según ha explicado la FAA en la red social X. Las imágenes publicadas en internet muestran máscaras de oxígeno colgando del techo y la parte trasera izquierda del fuselaje con un agujero que parece el hueco para una puerta de emergencia, aparentemente no habilitada. Parte de la pared de la cabina también se desgarró, dejando al descubierto material aislante. El modelo ya fue cuestionado en 2019 tras dos accidentes con más de 300 muertos. 

La guerra en Gaza entra en su cuarto mes y el temor a que el conflicto se extienda por la región se disparó tras el asesinato en Beirut del ‘número dos’ de Hamás, Saleh al-Arouri, por parte de Israel. Desde que los islamistas golpearon a los hebreos el 7 de octubre, con una operación en la que mataron a 1.200 personas y se llevaron cautivas a más de doscientas, las autoridades del Estado judío no han perdido oportunidad para acusar a Irán de «apoyar y dirigir a sus socios de Hamás en este ataque horrible». El temor final de esa expansión es que desemboque en un choque directo entre Estados Unidos e Israel contra Teherán, algo que no se ha vivido hasta ahora en una región habituada en los últimos años a la estrategia de guerras indirectas diseñada por la Guardia Revolucionaria. En las contiendas de Líbano (2006) o Irak (2003), los persas han sido capaces de combatir a sus enemigos de forma indirecta a través de Hezbolá y otras milicias, pero nunca les ha tocado pelear en su propia casa. Las acusaciones de Israel contra Irán no han tenido el soporte de pruebas y Benjamín Netanyahu, un político obsesionado con la amenaza de Teherán, reconoció que no puede «decir con certeza que estuvo envuelto directamente en el 7 de octubre, pero son ellos quienes aportan el 90% del presupuesto del grupo, les organizan y les guían». Israel ya ha demostrado en el pasado reciente que no necesita de pruebas para tomar decisiones drásticas y por eso en 2018 empujó a Donald Trump a romper el acuerdo nuclear firmado con los persas por Barack Obama. Fue Trump quien, también de acuerdo con el criterio de Tel Aviv, ordenó el asesinato del general Qassem Suleimani, diseñador de la guerra de proxies, en el aeropuerto de Bagdad en 2020. Irán respondió atacando bases con presencia estadounidense en Irak, una respuesta medida que no elevó la tensión más de la cuenta.