20240625

El Gobierno quiere acelerar la aprobación de la promesa de reducir la jornada laboral hasta tal punto que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha lanzado un órdago a la patronal, reacia a esta reforma. El número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey, avisó ayer a la CEOE de que esperarán hasta el lunes 1 de julio para que los empresarios pongan encima de la mesa una propuesta por escrito a Trabajo sobre la reducción de la semana laboral. De lo contrario, pactarán con los sindicatos su intención inicial de reducirla de las 40 horas actuales a las 37,5 horas, sin merma salarial. Así lo trasladó Pérez Rey a la patronal tras la reunión de ayer con todos los agentes del diálogo social para negociar el borrador sobre la reducción de la jornada laboral que el pasado viernes Trabajo remitió a CEOE y Cepyme, junto a CC OO y UGT. Trabajo quiere tener una propuesta de la patronal antes de que vuelvan a retomar las negociaciones la próxima semana. En ese documento, le exigen trasladar los criterios y elementos de los que hacen depender un acuerdo para reducir el tiempo de trabajo. «Lo que espero, y creo que así harán, es que en el marco del trabajo de CEOE y Cepyme podamos tener alguna respuesta para, en su caso, poder incorporarla y seguir adelante con la tramitación de este proyecto», añadió. Pérez Rey recuerda que esta reducción jornada laboral lleva negociándoles desde hace cinco meses, por lo que «no es posible» que la CEOE no haya realizado una propuesta por escrito en todo este tiempo. «El tiempo apremia», insistió, reflejando la intención del Ejecutivo para llevar un texto al consejo de ministros, y que sea aprobado por las Cortes incluso antes del mes de agosto.

La ralentización industrial, que también afecta a las empresas guipuzcoanas, y la ausencia de tráfico de contenedores, que está subiendo en España gracias a las rutas alternativas que esquivan el conflicto del mar Rojo, están lastrando al Puerto de Pasaia este año. El tráfico portuario en la dársena guipuzcoana volvió a caer en mayo, siguiendo el mal arranque del primer trimestre pese al ligero respiro de abril. Las mercancías cargadas y descargadas en Pasaia han descendido un 7,3% en los cinco primeros meses, afectando a las principales mercancías, y situando al puerto pasaitarra como el quinto de todo el Estado con peor balance. Unas cifras que contrastan con la media estatal, que sube un 3,5%, o con dársenas próximas como Bilbao, donde el tráfico total va creciendo en el acumulado un 11,1% por el tirón de los hidrocarburos. Santander o Vigo también arrojan guarismos en verde. El descenso en Pasaia se debe al leve enfriamiento de la actividad industrial, con clientes de empresas guipuzcoanas como Alemania, Francia e Italia en una coyuntura poco boyante. De hecho, el último dato de PIB vasco destacaba que Gipuzkoa lidera el crecimiento de la economía vasca tras aumentar la tasa un 1,9% hasta marzo, pero tiraban de ella sectores como los servicios o el turismo, y se hablaba de «parón en la industria». La propia patronal vasca Confebask, en sus últimas estimaciones, hablaba de que el sector industrial, clave en Gipuzkoa, estaba algo «plano». Las exportaciones tampoco han empezado el año con fuerza.

Un nuevo tirón en el movimiento de hidrocarburos ha permitido al Puerto de Bilbao cerrar un mes de mayo con buenas cifras de tráfico acumulado, pese a que el resto de mercancías se mantiene en niveles más modestos e incluso en algunos casos, como sucede en el de los contenedores, en claro retroceso. Así, los muelles de la dársena vizcaína contabilizaron la entrada y salida de 14,94 millones de toneladas en los cinco primeros meses del año, lo que supone un aumento total del 11,1% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Esa tasa de crecimiento en la instalación portuaria del Abra se sitúa muy por encima de la media nacional, ya que el conjunto de Puerto del Estado ha visto crecer el tráfico en apenas un 3,5%. Una tasa que guarda un mayor paralelismo con la evolución del conjunto de la economía. En el caso de Bilbao el gran diferencial lo marcó el movimiento de graneles líquidos, principalmente petróleo y sus derivados, ya que el gas natural, aunque sigue teniendo una gran actividad, no experimentó un crecimiento significativo, según señalan fuentes del puerto vizcaíno. Los graneles líquidos aumentaron un 17,4% hasta finales de mayo, para alcanzar los 9,6 millones de toneladas. Junto al aumento de los líquidos se produjo también un aumento del 3,2% en los graneles sólidos, pero la mercancía general se mantuvo estable y el tráfico en contenedores reflejó un acusado descenso del 5,4%. Este tipo de tráfico está considerado como un magnífico termómetro del comercio de aquellas materias de mayor valor añadido y este descenso hay que achacarlo a la contención de la demanda de productos industriales.

El Gobierno no encuentra alternativa a Magyar Vagon, que se reivindica como la única vía para dar salida a los pedidos del fabricante vasco. Tras intentos infructuosos por armar una opa alternativa a la magiar, según publicó ayer El Confidencial Moncloa se plantea entrar directamente en la compañía a través de la Sepi. Una posibilidad ante la que el entorno de Magiar Vagon recordó que la presencia del Gobierno no resuelve el principal problema de Talgo, que es de «carácter industrial». No es, insisten, una operación financiera al no hacer falta dinero, sino capacidad de fabricación. El constructor de trenes de origen vasco cuenta con una cartera de pedidos récord de 4.200 millones y ha sufrido varios retrasos en entregas como en el caso de los trenes Avril para Renfe. Ahora se acerca la ejecución de uno de sus contratos más importantes, 55 trenes para Alemania que suponen un verdadero test de estrés para la compañía.  Magyar Vagon insiste en que su opción es la única en el mercado mientras espera la resolución de la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), dependiente del Ministerio de Economía. Es la entidad ante la que ha presentado la autorización y que emitirá un dictamen en el próximo mes. De ahí que se trate de semanas decisivas en las que, además, pasado mañana, Talgo celebrará su junta de accionistas para aprobar las cuentas del 2023 con más de 12 millones de beneficios.

La facturación del clúster de aeronáutica y espacio del País Vasco, Hegan, creció un 24% el año pasado al alcanzar los 2.882 millones de euros. La asociación también vivió una mejora en el número de empleos respecto a 2022. Éstos se elevaron un 7,8%, llegando a los 15.396 trabajadores, lo que representa su máximo histórico. Las 76 empresas que conforman el clúster celebraron ayer su asamblea general en las instalaciones que el centro tecnológico Ideko tiene en Gipuzkoa. Del total de su cifra de negocio, 1.183 millones se facturaron en Euskadi, lo que supone un incremento del 42,2% respecto al año anterior. Ésta no fue la única cifra destacada en la asamblea. Hegan también puso en valor los 195 millones de euros que alcanzó la inversión en I+D, repartida en 251 proyectos, o los 2.223 millones exportados. Los principales destinos fueron Reino Unido (29%), Estados Unidos (20%), Alemania (19%) y Francia (13%). De toda la plantilla recogida en el clúster, 5.495 trabajadores se ubican en Euskadi, lo que refleja un crecimiento del 12,5% durante el año pasado. Así lo detallaron durante la asamblea en la que el hasta ahora presidente de hegan, José Julián Echevarria –también director general de Aeroespacial y Defensa de Sener– pasó el testigo a Ricardo Chocarro, consejero delegado de Aernnova. Por subsectores, el área de motores supuso más de la mitad de la facturación (51,9%), seguida de aeroestructuras (41%), espacio (3,7%) y sistemas y equipos (3,4%). Hegan se encuentra en la actualidad en un momento de reflexión de cara a diseñar su plan estratégico para 2025-2028, donde se definirán los proyectos y retos para los próximos cuatro años. 

El promotor e inversor estadounidense Panattoni crece en País Vasco con la compra de cinco almacenes ubicados en el parque logístico de Arasur (Álava), que suman 85.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Además, la compañía cuenta con la opción de desarrollar un sexto almacén de 21.000 metros cuadrados en este parque logístico. El nuevo almacén, que elevará el área total construida de Arasur a 106.000 metros cuadrados, se podrá subdividir para albergar hasta cinco inquilinos. La compañía tiene previsto comenzar el desarrollo de este sexto almacén en el cuarto trimestre de 2024. La compañía destaca la ubicación del parque logístico de Arasur y su conexión a través de una estación intermodal con el Puerto de Bilbao, facilitando la descarga de mercancías provenientes del puerto y su posterior distribución por carretera. Panattoni suma compromisos de inversión por 430 millones de euros en España que se reparten entre Panattoni Park Miranda de Ebro, una plataforma que contará con 133.000 metros cuadrados en Burgos; Panattoni Park Alzira, con 40.000 metros cuadrados en Valencia, y su data center de Cerdanyola del Vallés (Barcelona), su primer centro de datos, sobre una parcela de 60.000 metros cuadrados. Panattoni cuenta además con una bolsa de suelo para 263.000 metros cuadrados de techo edificable disponibles para nuevos proyectos llave en mano en suelos finalistas ubicados en España y Portugal. 

Las asociaciones vascas de automoción –ADEADA de Álava, BAT de Bizkaia y AEGA de Gipuzkoa– alertaron ayer sobre las bajas rentabilidades que sufre el sector debido a su relación con las aseguradoras. Según lamentaron, los baremos que aplican estas compañías llegan incluso a provocar en algunos casos que no se cubran «los costes de los trabajos realizados». Tal y como denunciaron, los problemas se han agravado por cuestiones como el desvío de trabajos por parte de las compañías aseguradoras, las ‘videoperitaciones’ y los costes administrativos que éstas generan, o la imposición de compras de algunos recambios a través de plataformas. ADEADA, BAT y AEGA remitieron a las 16 principales aseguradoras una petición en la que advirtieron sobre la «insostenible» situación que padecen desde hace años los talleres de chapa y pintura en el País Vasco, y señalaron que los precios actuales «compromete seriamente su viabilidad». Pese a que cada taller mantiene una relación diferente con las aseguradoras, remarcaron que se trata de un problema «sectorial», por lo que debe afrontarse en conjunto, y lamentaron que sus peticiones han sido «desoídas». En cuanto a la problemática salarial, incidieron en que los aumentos vinculados al IPC y en la negociación colectiva en los territorios vascos están por debajo de las subidas aplicadas por las compañías.

Zarautz aparece como el punto turístico del Estado con mayor porcentaje de ocupación durante el mes de mayo, según datos del INE, que destaca el tirón de toda la costa de Gipuzkoa. El INE sitúa a Gipuzkoa en mayo en una más que honorable sexta plaza con un grado de ocupación del 87,79%, tres puntos por encima que el mismo mes del año anterior. Únicamente le superaron Baleares, Barcelona, Málaga, Sevilla y Alicante. A las puertas de un verano que se prevé histórico, el turismo vuelve a despuntar con fuerza (ya sin las ataduras de la pandemia) y se posiciona como uno de los motores de la economía. De hecho, según una encuesta realizada por Hoteles de Gipuzkoa, divulgada por la patronal Adegi (ver más aquí),  las previsiones para los tres meses de verano en el territorio se sitúan en niveles «similares» a las que históricamente se han dado durante ese periodo, «entre un 80% y un 90%». De entre todo el maremágnum de datos del INE, que analiza otras variables como el precio por pernoctación o la procedencia de los turistas, destaca una localidad, también guipuzcoana. Es Zarautz. La villa costera, muy visitada por los amantes de las playas, el surf y la gastronomía, registró el mes pasado el mayor grado de ocupación por plazas de toda España con un 86,5%. El INE lo cataloga como punto turístico, con una competencia feroz en las islas (Baleares y Canarias), el Mediterráneo y las grandes capitales. Si ponemos la lupa en las comunidades autónomas, el grado de ocupación en Euskadi fue del 62,3%. Unos registros que superan Baleares (71,64%), Canarias (66,67%), Comunidad Valenciana (64,51%), Madrid (64,05%) y Cataluña (62,86%).

Eroski cerró el primer trimestre de su ejercicio fiscal –del 1 de febrero al 30 de abril– con un aumento de sus ventas brutas –incluyendo IVA– del 3,1%, hasta alcanzar los 1.364 millones de euros. A superficie constante, este alza fue ligeramente superior: 3,4%. El grupo de distribución, que publica por primera vez sus resultados trimestrales tras emitir 500 millones en bonos en 2023, tuvo un beneficio de 9,5 millones hasta abril, un 57% menos que las ganancias de un año antes. La caída de resultados responde sobre todo al coste de las materias primas y al alza de los gastos de personal y de los costes financieros, según los datos económicos enviados a la CNMV. En el trimestre, Eroski aumentó sus ventas en supermercados, franquicias e hipermercados, pero redujo ligeramente los ingresos procedentes de sus negocios de diversificación, sobre todo por la menor actividad de las gasolineras tras un año de fuertes subidas. En alimentación –segmento estrella del grupo– la facturación subió un 4,4%, hasta 1.297 millones, gracias al tirón de la marca propia, que la cadena de la corporación Mondragón ha decidido impulsar para aplacar el agujero en el bolsillo de los consumidores derivado del estallido de precios. La marca blanca –a la que históricamente Eroski no había dado gran trascendencia– supone ahora el 35,1% de sus ventas de alimentación. Los responsables del grupo cooperativo destacan que la evolución de ventas responde también en buena parte al “esfuerzo promocional” para mitigar el efecto del alza de costes en los precios finales. 

El catedrático de la Universidad del País Vasco que acaba de ser condenado a 9 años y 9 meses de prisión era un habitual los eventos sociales de Bilbao. El máster que dirigía desde 1999 –Gestión para la Competitividad Empresarial, GECEM, dependiente del Departamento de Organización de Empresas de la UPV/EHU– gozaba de un gran prestigio en el territorio. De hecho, en algunas ediciones contó con el apoyo de los colegios de Ingenieros, Economistas y Abogados, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao, la patronal Cebek y estaba patrocinado por Iberdrola y la Diputación de Bizkaia. Las inauguraciones de los cursos –y las entregas de premios a los mejores proyectos– eran acontecimientos de repercusión pública y el profesor condenado, que responde a las iniciales P.D.B.U., insistía en que ese máster estaba «dirigido a titulados superiores» de distintas especialidades «que estén o vayan a estar en puestos de gestión y dirección». Este docente acaba de ser condenado por la sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por un delito continuado de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude y prevaricación por su etapa al frente de ese máster. Su esposa, C. I., que fue fichada por su marido de forma irregular, sin advertir a la universidad del procedimiento de contratación, también ha recibido una pena de dos años y 3 meses de prisión por los mismos hechos. Además, deberán indemnizar con 39.960 euros a la UPV/EHU, que ha ejercido la acusación particular en este proceso. El catedrático también tendrá que abonar a la universidad otro montante que todavía no se ha determinado. 

Son proyecciones, pero marcan una tendencia inequívoca. La Bizkaia de dentro de quince años será incapaz de frenar su envejecimiento y sólo el aumento de la población de origen extranjero evitará un desplome demográfico irreparable. Si hoy este colectivo es de 148.000 personas –el 12,7% de la población–, la estimación es que sean 256.000 –el 22%– antes de 2040, pero el censo total apenas ganará 3.000 vizcaínos y la edad media rondará los 50 años. Si todo sigue como en la actualidad, Bizkaia crecerá muy poco en población, aunque será mucho más multicultural y estará más envejecida. En cifras esto se traduce en que en 2039, según este análisis, el territorio apenas ganará 3.229 habitantes –pasaría de los 1.158.885 actuales a 1.162.114 dentro de quince años–, tendrá una población con una media de edad anclada en los 49,3 años –ahora mismo está en los 47–, el peso de la inmigración será mayor al convertirse en el 22% de la población –ahora este colectivo supone el 12,7%– y la natalidad sufrirá un pequeño repunte precisamente por la presencia de un mayor número de extranjeros-. Es una línea, para Garbiñe Henry, doctora en Ciencias Sociales y directora de Innovación y Emprendimiento en la Universidad de Deusto, «muy lógica», con la inmigración impulsando el incremento y la población nacional disminuyendo, «como venimos viendo en los últimos años».

El que la sociedad vizcaína esté cada vez más envejecida, a pesar de que crezca en número de habitantes, se traducirá también en un incremento de las personas inactivas. Y esa variable la recoge el INE en su Proyección de Población para 2039. Aparece como tasa de dependencia, que es la proporción de personas de menos de 16 años y mayores de 65 sobre la población en edad de trabajar. Y ese dato se disparará de aquí a 2039, pasando del 59,4% al 69,32%. Es decir, por cada 10 vizcaínos en condiciones de trabajar habrá otros siete que serán o niños o jubilados. Para Garbiñe Henry, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Deusto, «el sistema del bienestar como lo tenemos ahora va a ser inviable» si no se da la vuelta a esos datos. De ahí que crea necesarios «cambios estructurales». Insiste en que «la clave» para el futuro, más que el «talento», que es «importante», es «la demografía», porque tiene que haber «personas a las que dar servicios y personas que soporten esos servicios». «La calidad de vida se tiene que mantener o mejorar y tenemos que ser competitivos, pero al servicio del bienestar social y económico de las personas», insiste la socióloga. Y si los mayores de 65 años supondrán un 24,6% de la población de Bizkaia en 2025 y un 30,5% en 2039, por encima de la media nacional (26,5%), ese sector debe ser precisamente parte de la solución. «La jubilación no se toca, pero hay personas que se jubilan por obligación, y ya se está empezando a hablar de una jubilación activa para quien la quiera, con menos horas, menores responsabilidades...», precisa. «Tenemos que ser innovadores en la forma de relacionarnos con el trabajo y empezar a hacerlo desde ahora, porque 15 años llegan muy rápido», sostiene. Otra de las soluciones es lo que los sociólogos denominan «aumentar la masa crítica» o, lo que es lo mismo, «las personas que nos van a salvar» porque son las que «cubrirán los puestos de trabajo». Y esos son, en gran medida, los migrantes, y podrían ser también, aunque en menor proporción, «los jóvenes que se nos han ido al extranjero. Debemos resultar más atractivos para que vuelvan».

El sistema público de pensiones se encuentra desde hace tiempo en el filo de la navaja de la sostenibilidad financiera ante el ingente y creciente gasto en prestaciones, reflejo del inexorable envejecimiento de la población, que se plasma en un aumento del 16% en el número de pensiones desde 2010, hasta superar los 10,1 millones en la actualidad, pero también de su imparable revalorización. La pensión media es hoy un 59% superior a la de 2010, al pasar de los 785 euros mensuales de entonces a 1.254 en mayo pasado, un gran salto cuantitativo que se ha acelerado durante los mandatos de Pedro Sánchez, con un incremento acumulado próximo al 26% desde 2019, en buena parte debido a su revisión única y exclusivamente con el IPC. El resultado de esta ecuación, en la que hay más pensiones y pensionistas y estos cobran cada vez más, es que la nómina mensual de las pensiones, que cada mes bate un nuevo récord, se catapultó por encima de los 12.732 millones en mayo, 2.972 millones mensuales más que en 2019 y casi el doble que en 2010, cuando rondaba los 6.868 millones. Este incremento exponencial del gasto en pensiones, que en 2023 se situó en torno al 13% del PIB y que, según Bruselas, podría escalar hasta el 17,3% en 2050 por la jubilación de la generación del baby boom, ha intensificado las sirenas de alarma sobre el futuro del sistema, cuya viabilidad sigue estando seriamente comprometida a pesar de las reformas acometidas por el Gobierno en los últimos años.

El PSE-EE ha logrado en la conformación del nuevo Gobierno vasco algo más que tener un vicelehendakari y cinco consejerías. Los socialistas asumirán la gestión de dos materias relevantes, una de las cuales en todo caso todavía está por materializarse. El Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, responsabilidad de Mikel Torres, se hará cargo de la tramitación de los fondos europeos, el maná en el que confían empresas e instituciones para impulsar la economía, una función que hasta ahora estaba en manos del PNV. Y a esto se suma que también gestionará el régimen económico de la Seguridad Social, un traspaso que están negociando desde hace años los gobiernos central y vasco y que se supone que llegará a Euskadi a lo largo de esta legislatura. El Ejecutivo liderado por Imanol Pradales va dando sus primeros pasos tras jurar su cargo el sábado en Gernika. Hoy será cuando sus consejeros tomarán posesión en un acto que se desarrollará en Ajuria Enea y ayer se hizo oficial el decreto de estructura del próximo Ejecutivo. El texto podría sufrir alguna modificación en el futuro, pero muestra a grandes rasgos cómo es el dibujo del primer Gabinete Pradales. Básicamente, quién se encarga de qué.

La partida más importante de los fondos europeos que percibirá España a través del ICO ya está en marcha. El Ministerio de Economía y el Instituto de Crédito Oficial firmaron ayer la puesta en marcha de cerca de 22.000 millones de euros en préstamos que serán canalizados a través de los bancos para financiar proyectos para la transición energética de pymes, autónomos y particulares. Cuenta con el respaldo de las principales entidades del país, presentes también en la firma este lunes en Madrid, aunque existen serias dudas sobre si habrá suficiente demanda como para cubrir todo el dinero que llegará de Europa dentro de los Fondos Next Generation. A diferencia de los fondos Covid, que se agotaron ante la necesidad de financiación de las empresas hace cuatro años, fuentes financieras dudan de que en este momento las empresas tengan apetito suficiente como para solicitar los miles de millones de euros que adelantará Europa a unas condiciones más favorables. El motivo es sencillo: con solo una única bajada de tipos de interés ejecutada a principios de mes, el coste de financiarse todavía sigue estando en máximos de la crisis financiera, a pesar de que se ha tomado un respiro los últimos meses. Cerró abril en el 4,9%, según datos del Banco Central Europeo (BCE). «Todo el mundo está por la labor» de que la nueva línea de créditos funcione, apuntan fuentes bancarias, y apuntalar así la tendencia al alza de los préstamos que se conceden a hogares y empresas que se vio en el primer trimestre del año, por primera vez desde la crisis financiera de 2008. 

BBVA tiene un objetivo para su negocio de banca de inversión en Estados Unidos: sumar clientes corporativos y también institucionales, como grandes fondos o gestoras de capital riesgo. La entidad puso el foco el año pasado en crecer en el país y ya está cosechando resultados positivos, así que va a reforzar su apuesta. Primero ha puesto la infraestructura, que se ha concretado en varios fichajes en los últimos meses con la intención de tener en Estados Unidos la misma potencia de tiro que en el resto de los mercados donde opera. Gracias a ellos el negocio estadounidense logra la mayor contribución de su historia al beneficio de BBVA Corporate & Investment Banking (CIB) en el primer trimestre del año. Aporta el 17%, junto con la participación minoritaria de Reino Unido y otros mercados pequeños, y está empatado con España, según las cuentas del banco. Lo ha hecho en buena medida apoyado en el apetito de los clientes de EEUU por hacer operaciones fuera del país, según señalan fuentes de la entidad. BBVA está explotando su tamaño y diversificación geográfica para presentar a las empresas transacciones en el resto del globo y para demostrarles su capacidad para satisfacer las necesidades de las multinacionales en todos los puntos donde estén.

De los más de 340.000 alumnos que ingresan cada año en el conjunto del sistema universitario español, alrededor de 115.000 se acaban marchando antes de terminar la carrera, lo que supone un 33% de abandono. Este 33% se repite en los campus públicos, donde el porcentaje de fuga llega a ser del 72% en los estudiantes que comienza un grado a distancia en la Uned y alcanza al 26,9% en los campus presenciales. Igualmente se registra abandono en los centros privados (31%), tanto en los presenciales (23,9%) como en los no presenciales (46%). La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue), que agrupa a 50 campus públicos y 27 privados, considera estas cifras «el reconocimiento de un fracaso individual del estudiante por su falta de motivación y de aptitud para progresar», así como de «un fracaso institucional del centro universitario, que dispone de una programación académica inadecuada que no consigue garantizar el progreso». También lo ve una «ineficiencia» que «afecta a la sociedad española» en el caso de las universidades públicas, donde las matrículas están subvencionadas en su mayor parte con los impuestos de todos los ciudadanos y el alumno sólo tiene que pagar una pequeña parte con las tasas. En su informe La universidad española en cifras, la Crue calcula que el abandono global de los alumnos matriculados en los grados ofertados por las universidades públicas presenciales supone un despilfarro de 530 millones de euros al año, una cifra que representa el 5,53% del total del gasto liquidado por estos campus durante un ejercicio. Se trata de un problema que «requiere un mayor compromiso de los responsables institucionales para avanzar en su reducción», afirma el estudio. 

En pleno debate sobre la financiación singular de Cataluña, un grupo de expertos alertó ayer en el Congreso de que la extensión del concierto vasco o el convenio navarro a otras comunidades resultaría en un modelo totalmente distinto al actual que, “posiblemente, amenazaría la viabilidad futura del país”. Así lo refleja el documento Propuestas para España. La reforma de la financiación autonómica, presentado por el Foro Económico de Galicia, en el que participan economistas con reconocimiento académico. En el estudio se recomienda una renovación en profundidad del sistema de financiación que pase, entre otras medidas, por la inyección de más recursos, dotar de más autonomía tributaria a las comunidades, cambiar los criterios de reparto, revisar las aportaciones forales y diseñar una agencia tributaria federal en la que participen las Administraciones regionales. “Lo que pretendemos es desgranar los problemas e identificar las soluciones”, dijo Santiago Lago, coautor del documento, catedrático en la Universidad de Vigo y director del Foro. “Preparamos el terreno, pero son los políticos los que tienen que tomar las decisiones”. El informe parte de la premisa de que España es uno de los países más descentralizados en materia tributaria y que el sistema de financiación, pendiente de una reforma desde hace 10 años, presenta múltiples carencias. En esta ecuación entran los esquemas forales de País Vasco y Navarra, que están amparados por la Constitución, pero que “representan una anomalía sin parangón en el panorama internacional” y tienen “una participación extremadamente limitada en la función de nivelación”.

Faltan cinco días para que Grecia estrene su reforma laboral. Gracias a ella, algunas empresas podrán hacer que sus empleados trabajen seis días a la semana, en lugar de cinco como hasta ahora, y los ciudadanos que opten por un segundo empleo podrán multiplicar su jornada diaria hasta las 13 horas, más allá de las 8 actuales. La prensa griega, sin embargo, apenas le está prestando atención. En parte porque la regulación se aprobó hace más de un año –el Gobierno de Kyriákos Mitsotákis lo sacó adelante en el Parlamento con un ajustado 158 votos a favor de los 300 posibles– y en parte porque, pese a que el debate en otros países, como el nuestro, aborda el camino inverso de reducir la jornada, muchos griegos consideran que esta medida puede tener sentido. A partir de este lunes, 1 de julio, muchas empresas podrán pedir a sus empleados que trabajen un día más, hasta un máximo de seis a la semana. De facto, será como extender la jornada de las 40 horas actuales a 48 horas. Pero no será así en todos los sectores, ni sin acuerdo con el trabajador. Oficialmente se mantiene la jornada de 40 horas como prioritaria. La posible extensión está diseñada sólo para aquellas industrias de producción intensiva, como las granjas, o algunos comercios minoristas en los que se encadenen turnos de 24 horas y siete días a la semana. Las empresas que deseen hacerlo deberán comunicarlo con al menos 24 horas de antelación. El turismo o la hostelería, quedan fuera de esta foto. Y ese sexto día tendrá una remuneración especial: será un 40% superior a la de una jornada normal y de hasta un 115% en el caso de que sea un domingo o un festivo. Otra de las novedades de esta reforma laboral es que los trabajadores podrán estirar su jornada diaria, desde las 8 horas actuales, hasta 13 horas. Esta medida está pensada para intentar reducir la economía sumergida.

El auge de la IA ha disparado las cábalas de los analistas sobre qué sectores serán los más beneficiados por ella y las empresas energéticas y las socimis especializadas en centros de datos se posicionan como líderes de la clasificación. El crecimiento de la demanda energética ha llevado incluso a Larry Fink, el consejero delegado de la mayor gestora de fondos del mundo, BlackRock, a urgir a las mayores economías del mundo a acelerar las inversiones críticas para respaldar este crecimiento. Goldman Sachs estima que el auge de la IA provocará que la demanda de energía de los centros de datos se dispare un 160%, hasta 2030. Según sus cálculos, los centros de datos consumen en la actualidad entre el 1% y el 2% de toda la energía mundial, consumo que se duplicará durante esta década y que dará alas al consumo energético. Sus analistas apuntan a un crecimiento de la demanda energética en Europa de hasta el 50% en los próximos diez años, lo que podría impulsar los beneficios de las compañías energéticas, apoyar el crecimiento orgánico de las redes eléctricas e impulsar las energías limpias.

Apple no cumple con la nueva Ley de Mercados Digitales de la UE. La conclusión preliminar de la Comisión Europea es clara: el gigante digital impide “a los desarrolladores de aplicaciones dirigir libremente a los consumidores hacia canales alternativos para ofertas y contenidos” y eso va contra las normas de la UE. El desafío de la empresa va más allá a ojos del Ejecutivo comunitario, que, además de lanzarle esta acusación, le ha abierto un nuevo expediente por las tarifas que cobra a las tiendas de aplicaciones digitales que no son la suya, Apple Store. Este paso llega justo unos días después de que la compañía estadounidense anunciara que no iba a ofrecer su inteligencia artificial a toda la UE y el argumento que dio fue, precisamente, regulatorio. “Estamos preocupados porque los requerimientos de interoperabilidad de la Ley de Mercados Digitales podrían obligarnos a comprometer la integridad de nuestros productos”, explicó la empresa el viernes. La acusación es todavía preliminar, como advierte la propia Comisión en el comunicado en el que informa del punto en que se encuentra la investigación que le abrieron a la firma californiana el 25 de marzo. Apple tiene ahora la posibilidad de acceder a la investigación y presentar alegaciones. Desde que se abrió la investigación corre un plazo que puede prolongarse durante un año. Es la primera vez que con el nuevo reglamento Bruselas llega a este punto en un expediente y la sanción puede acabar siendo muy alta: el 10% de la facturación mundial de la empresa y subir hasta el 20% si la compañía repite. En 2023, los ingresos de esta empresa ascendieron a algo más de 383.000 millones de dólares (357.000 millones de euros).