20250120

No solo hay enormes diferencias entre las primeras estimaciones sobre cuál debería ser la cuantía sino también sobre su alcance, es decir, si afectaría solo a los convenios negociados en Euskadi o también a los pactados a nivel estatal con aplicación en el territorio o incluso a los colectivos sin convenio como las empleadas del hogar, justo las más afectadas por el SMI. Por ahora lo único claro es que la primera cita para la constitución de la mesa será el 6 de febrero en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL), que es donde se ha planteado la solicitud. Confebask ha dicho que acudirá, pero no ha querido ir más allá. El objetivo es establecer un salario mínimo acorde al realidad socioeconómica vasca, donde el coste de la vida es más elevado que en el resto de España. La referencia en este sentido es el criterio establecido por la Carta Social Europea, que recomienda que el SMI alcance el 60% del salario medio. Esta es la meta que sigue el Gobierno central, que ha aplicado una subida del Salario Mínimo del 54% desde 2018 hasta llegar a 1.134 euros –por 14 pagas– en 2024. Ahora la ministra de Trabajo y Empleo, Yolanda Díaz, apuesta por aplicar una nuevo incremento del 4,4% hasta los 1.184 euros, el extremo alto de la horquilla recomendada por su comité de expertos. En Euskadi el salario medio es mucho más alto que en el conjunto de España al alcanzar los 2.600 frente a los 2.200 respectivamente (sueldo bruto) de acuerdo con la Encuesta de Estructura Salarial de 2022. Por eso habría que elevar el SMI para llegar al 60% y cumplir con la directriz europea. Según cálculos de la patronal Cepyme, ese suelo debería llegar a los 1.270 euros en Eukadi. La estimación parte de la base de que los 1.184 euros que Díaz proyecta para este año suponen el 56% del salario medio vasco. Pero los cálculos pueden ser muy diferentes según la fuente estadística a la que se recurra y, sobre todo, si se toma de referencia el salario medio bruto o neto. Por ejemplo, LAB asegura que para cumplir la regla del 60% habría que llegar a los 1.600 euros. ELA va mucho más allá y aboga por elevar la cifra a 1.795 euros. En su caso considera que no es válido el criterio del 60% del salario medio porque «deja fuera otros indicadores como los beneficios récord que están obteniendo las empresas en la coyuntura actual». Por eso opta por el 65% del PIB per cápita y así obtiene los casi 1.800 euros. El debate de los números, por tanto, va a ser arduo, a la espera de que el Gobierno vasco presenta su estimación. Pero no menos espinoso es el asunto del ámbito de aplicación del salario mínimo. 

Entrevista con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. Tiene claro el principio de que toda reforma económica del Gobierno debería contar con el apoyo del diálogo social y, de hecho, reivindica con orgullo ser la única ministra del Gobierno que logró un consenso con las organizaciones empresariales y los sindicatos en 2024 sobre pensiones. Se muestra dispuesta a “combatir con datos” a los “negacionistas de la sostenibilidad del sistema público de pensiones”. "Voy a combatir con datos a los negacionistas de la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Los ingresos de la Seguridad Social en 2024 se han incrementado un 8%, la ratio cotizantes/pensionistas, quitando la época de la burbuja inmobiliaria, es la mejor de la serie histórica con 2,44 cotizantes por pensionista. La hucha de las pensiones, gracias al mecanismo de equidad intergeneracional, ha cerrado 2024 con más de 9.300 millones de euros y al inicio de la siguiente legislatura llegará a más de 30.000 millones de euros. Cuando llegamos al Gobierno la hucha estaba a cero... Si miramos a los países de nuestro entorno, en Francia la reducción de la jornada es una realidad y se hizo de una manera progresiva, consensuada y sin coste para el empleo ni la competitividad. Es importante que todas las reformas que se pongan en marcha se hagan analizando todo el tejido productivo de nuestro país y sin perder de vista la realidad parlamentaria, ya que toda modificación legal tiene que ver la luz en el Congreso. Me gusta que los acuerdos sean amplios, como el de pensiones. Podría ser con incentivos para ayudar a las empresas a transitar a la reducción de jornada. La medida se tiene que abordar de forma equilibrada y acompañando al tejido productivo...Es muy importante no perder de vista la nuevas formas de trabajo y el aumento de la esperanza de vida. Un objetivo del Gobierno es combatir el edadismo, no perder el talento sénior, trabajar por la justicia intergeneracional y la compatibilidad y convergencia del talento júnior y sénior desde la voluntariedad de personas ya jubiladas que en un momento dado quieran volver a trabajar. Una forma de incentivarlo podría ser con la mejora de la pensión futura..."

Continuación de la entrevista con Elma Saiz. "Asumo en primera persona el ampliar el catálogo de profesiones de difícil cobertura. Se hace desde una visión holística, pensamos en las personas que vienen y en las empresas que tienen necesidades de trabajadores, a las que se va a dar respuesta. Pero con un mensaje claro: las personas migrantes no vienen a quitar el trabajo a los españoles. Hay sectores en los que se ha detectado falta de trabajadores, como en la construcción, los cuidados, la hostelería, el transporte... Todas las mejoras y los avances en derechos, como la subida del salario y la reforma laboral, afectan también a los trabajadores extranjeros. Y voy a ser muy exquisita en la protección de sus derechos. No hablamos de mano de obra, son personas extranjeras que vienen a nuestro país para hacer un proyecto de vida. El nuevo reglamento de extranjería también ahonda no solo en dar garantía y certidumbre a las empresas que pueden estar reacias a dar un paso al frente pero, sino en luchar con contundencia contra las prácticas de explotación laboral... Sobre el absentismo: fruto de la escucha activa que practico como ministra entre las diferentes asociaciones, se ha puesto encima de la mesa explorar una incorporación progresiva al trabajo bajo el criterio médico, y siempre poniendo en el centro la salud de los trabajadores, que beneficie y sea positiva para su salud. Es una posibilidad que en otros países de nuestro entorno permite la normativa...Las empresas tienen que estar comprometidas con este derecho irrenunciable en cuanto a su vigilancia y su prevención. Cualquier avance en derechos sociales, en cohesión social, en competitividad... pasa por este Ministerio. Por eso es tan importante poner encima de la mesa cualquier avance que vaya en esta línea sin perder de vista la salud de los trabajadores y también el compromiso de las empresas. Por este motivo el acuerdo de pensiones aborda el punto de ahondar en el papel de las mutuas colaboradoras, como parte del sistema público que son, en el diagnóstico y prevención de las patologías de origen traumatológico para que puedan acompañar en la recuperación y aligerar las citas y la demora que puede haber. En este momento estamos realizando el despliegue con los convenios con las comunidades autónomas...Somos conscientes de que el sistema nacional de salud se ha visto sometido a tensiones importantes. Las comunidades tienen mucho que decir, pero como ministra apelo también a la responsabilidad de la patronal en la inversión en proteger y cuidar la salud de los trabajadores. Además, no todos los sectores están afectados en la misma medida por esta situación..."

Pequeños comercios y grandes superficies, actividades agrícolas, bares, restaurantes, empresas de construcción... Los sectores más afectados por la reducción de la jornada laboral están en pie de guerra contra el Gobierno. Denuncian «intervencionismo» y auguran «efectos devastadores» en el tejido productivo. Un telón de fondo que calienta la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, el cónclave en el que se deciden los temas que van al Consejo de Ministros, que se reunirá el lunes 27 con el objetivo de examinar a fondo la medida y con las posiciones de Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo aún enfrentadas. «Es sorprendente la facilidad con la que algunos políticos se olvidan del diálogo social y someten la legislación a una subasta», denunciaba la semana pasada Matilde García Duarte, la presidenta de la megapatronal Anged, que defiende los intereses de El Corte Inglés, Ikea, Carrefour o Alcampo. «Cualquier reforma de la jornada laboral debería tener en cuenta los convenios vigentes y la actividad de sectores como el comercio. De lo contrario, un cambio en las reglas de juego puede provocar un incremento de los costes negativo para la productividad», advertía. La defensa de la negociación colectiva y de los convenios en vigor es unánime entre los sectores consultados, que denuncian «intervencionismo» del Gobierno. Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España, considera «absolutamente dislocado» que se saque la jornada de la negociación entre empresarios y trabajadores. «Es aberrante en un sistema de libertad de empresa», incide. Sobre la afectación, asegura que es «transversal a toda la economía», pero tendrá un mayor impacto en las pymes y en sectores «presencialistas» como la hostelería, donde ataca directamente «a la línea de flotación». «Va a interferir en la organización de los procesos productivos y a incrementar los costes», advierte, para sentenciar que «atacar las posibilidades de consumo es peligroso cuando el motor del desarrollo económico está basado, precisamente, en el consumo».

El viernes se sucedieron dos acontecimientos, uno público y otro reservado hasta que estalló a las horas, que definen tanto la envergadura de las dificultades que afronta la legislatura como la determinación del presidente Sánchez de hacer valer el poder que atesora mientras esté en su mano. A mediodía, Carles Puigdemont evitó el divorcio con el líder socialista, pero dejó en suspenso la continuidad del cuatrienio echando el freno a las «negociaciones sectoriales», negándose a sentarse a transaccionar ahora los Presupuestos y exigiendo una reunión de urgencia en Suiza que los socialistas se han apresurado a aceptar. Una nueva sacudida al escenario que, sin embargo, no era la única, aunque de esta segunda nada se sabía. Por la tarde, el presidente de Telefónica desde 2016, José María Álvarez-Pallete, recibía en La Moncloa –a través de la persona interpuesta de Manuel de la Rocha, responsable de la Oficina de Asuntos Económicos– la noticia sobre su relevo por Marc Murtra, acordada por los tres accionistas mayoritarios –el Estado, La Caixa, también presente en La cita de La Moncloa, y el fondo saudí STC– de una de las empresas más estratégicas del país por su papel en las telecomunicaciones, la seguridad y la defensa. La salida de Álvarez-Pallete era una posibilidad porque su mandato vencía este abril; y una vez que el Gobierno respondió, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) que cuelga del Ministerio de Hacienda, a la entrada de los inversores árabes con la adquisición del 10% de la multinacional española por casi 2.300 millones. Pero el golpe de timón protagonizado por Sánchez ha sido tan fulgurante como para consumarse el sábado con la celebración del consejo de administración extraordinario de Telefónica para nombrar a Murtra, primer ejecutivo de Indra –otra firma del Ibex participada por el Gobierno–, a la que llegó hace tres años envuelto en la polémica por su vinculación con el PSC y el hoy presidente de la Generalitat, Salvador Illa. El vuelco en la tecnológica, por cómo se ha producido, por quién lo ha desencadenado y por lo que representa la compañía, ha supuesto un seísmo que ha orillado las últimas horas el ultimátum al que se enfrenta Sánchez en su turbulenta relación con Puigdemont.

La llegada de Marc Murtra a la presidencia de Telefónica el pasado sábado plantea un amplio número de interrogantes acerca del foco de su futura gestión y de los retos que tiene por delante. La Reforma del consejo. Es uno de los primeros retos. El potente apoyo de los accionistas principales (Sepi, Criteria Caixa y BBVA, que cuentan con tres vocales, junto con STC, que llegará al 9,9% aunque aún no tiene representante) que ha permitido el nombramiento de Murtra es posible que se acabe trasladando con más contundencia al consejo, donde los tres accionistas que tienen el 10% podrían ver aumentada su representación a un segundo vocal cada uno. Una de las más importantes tareas será reequilibrar la presencia femenina, ya que en junio de 2026 entra en vigor la Ley de Paridad, que obliga a disponer de al menos un 40% de mujeres. Y la Sepi, que depende de un Gobierno que enarbola la bandera del feminismo, no podría permitir que una firma cotizada en la que tiene tan importante presencia incumpliera esa norma. Sobre la hipótesis de un consejo de 15 miembros (donde el vocal de STC ocupe la plaza ahora vacante por la reciente muerte de Javier Echenique), eso supone contar con seis consejeras, es decir, una más de las actuales. Lo que probablemente va a ser más complicado es cumplir con la norma que recomienda un 50% de independientes, sobre todo si aumentan los dominicales. Pero con el aumento del peso de los cuatro grandes accionistas, el listón de independientes no es tan urgente como el de presencia femenina. Además, sólo a Francisco Riberas –primer accionista individual– le vence su mandato en 2025. Al resto de independientes no les finaliza al menos hasta 2026.

Cuando José María Álvarez-Pallete fue nombrado presidente de Telefónica en abril de 2016, la multinacional valía en Bolsa más de 50.000 millones de euros. El viernes pasado, un día antes de su cese como presidente, la capitalización bursátil apenas superaba los 22.500 millones. Para un ejecutivo que siempre encabezó sus discursos con la “creación de valor para el accionista” el balance es desolador: la cotización ha caído un 57% desde el 8 de abril de 2016, fecha de su llegada a la presidencia de la compañía. Ni siquiera la compra masiva de acciones por la SEPI, STC y CriteriaCaixa en el último año y medio por más de 6.000 millones de euros ha sostenido la cotización. Esa creación de valor es la primera asignatura pendiente que tendrá Marc Murtra cuando se siente en el sillón presidencial de la primera teleco española. No lo va a tener fácil, máxime si los analistas tienen como referencia la evolución de la cotización de Indra desde que el ingeniero catalán se hizo cargo de la presidencia de la tecnológica en mayo de 2021. Bajo su mandato, la acción de Indra se ha revalorizado un 134%. Pero, al margen de su gestión, lo cierto es que ha contado con el viento a favor, puesto que el sector de defensa, en un mundo convulso, está al alza. Todo lo contrario de lo que le ocurre al de las telecomunicaciones, que sufren un acelerado declive desde hace más de una década, con ingresos decrecientes y la necesidad de emplear ingentes recursos en la construcción de nuevas redes de telefonía móvil 5G y fibra óptica, que luego no se traducen en retorno de facturación y rentabilidad. Levantar la cotización será para Murtra una doble exigencia. Primero, porque se lo van a demandar los accionistas privados de referencia como el BBVA o La Caixa (y ahora la saudí STC), que llevan años aprovisionando en sus balances pérdidas millonarias por la depreciación de las matildes (como son conocidas popularmente las acciones de Telefónica). Y segundo, porque todos los contribuyentes españoles son de forma indirecta accionistas de la operadora a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el holding público que es el primer accionista con el 10% del capital.

Prácticamente uno de cada tres euros para ayudas a las pymes aprobados durante los primeros dos años del Kit Digital terminaron volviendo al Estado, la gran mayoría por las trabas burocráticas que acompañaron al proceso y las dificultades para gastar el bono en los seis meses de plazo establecidos en el plan. Según los datos contables, entre 2022 y 2023, las pequeñas y medianas empresas de entre 1 y 50 empleados que podían solicitar el programa devolvieron 519 millones de euros entre renuncias y caducidades a Red.es, la empresa pública que gestiona este plan de subvenciones. El grueso de los reintegros de las subvenciones se dio en 2023 con 466,7 millones. Se trata de más de la mitad de los 742,4 millones de euros adjudicados durante el ejercicio, si bien parte de las renuncias de ese año proceden desde 2022. Nacido con 3.067 millones de presupuesto, el programa se creó con el objetivo de solucionar unas de las tareas pendientes históricas de las pymes españolas: su baja digitalización que lastra su productividad. Según datos de Red.es, se han recibido 890.000 solicitudes de las que hasta la fecha se han estimado 591.000, lo que sitúa al Gobierno cerca del objetivo comprometido con Bruselas: digitalizar a 676.000 pymes. En función del número de trabajadores, el programa reparte una ayuda de entre 3.000 y 29.000 euros para que la empresa lo gaste en contratar servicios digitales durante un año. Pese a su amplio alcance, el mayor de cualquier programa de ayudas empresariales, la tramitación y, sobre todo, el complejo sistema creado inicialmente para justificar las actuaciones y gastos para los proveedores de los servicios digitales convirtieron su puesta en marcha en un laberinto burocrático para muchos, especialmente para aquellos que las pymes con menos músculo para adelantar el gasto (el pago se iba recibiendo conforme se verificaba la prestación del servicio) y para redactar la documentación necesaria para seguir adelante.

Hace algo más de un año, la red eléctrica madrileña empezó a dar muestras de una congestión sin precedentes. La razón fue un tsunami de peticiones de enganche por parte de centros de datos, cuyos promotores recogieron el guante lanzado desde la Puerta del Sol e hicieron de la región un destino preferente. En ese contexto, Iberdrola, a través de i-DE, su filial de redes de distribución, llegó a conceder a data center permisos de acceso a la infraestructura madrileña por encima de su capacidad real y planificada, una práctica prohibida por ley. Así lo concluye la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la resolución de un conflicto de acceso a la red, donde apunta que, «sin ningún género de dudas», i-DE evaluó y concedió permisos de acceso a centros de datos pese a considerar la infraestructura «agotada de conformidad con la red existente y planificada». En detalle, la compañía dio paso a la red a cinco proyectos para data center, uno de ellos promovido por una filial del grupo, Iberdrola Inmobiliaria; sobre la base de que se iba a construir un nuevo transformador, aparato que habría aumentado la capacidad de la red lo suficiente como para integrar estos cinco proyectos sin infringir los umbrales máximos de asignación permitidos. El problema es que, como enfatiza la CNMC, ese transformador nunca llegó a construirse. Iberdrola sí pidió a Red Eléctrica que incorporase el transformador a su planificación, un documento vinculante donde la empresa pública que gestiona la red de transporte (alta tensión) dicta qué actuaciones pueden realizarse tras haber obtenido la luz verde del Gobierno central. Lo que queda fuera no se ejecuta. Pero el transformador promovido por i-DE nunca estuvo en los planes de Red Eléctrica, tal y como enfatiza la CNMC.

Asociaciones empresariales relacionadas con la alimentación y la distribución han empezado a reunirse con el Ministerio para la Transición Ecológica y organizaciones de consumidores con el fin de poner en marcha en toda España un nuevo sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) para los envases de bebidas. Es una obligación fijada por la legislación española como consecuencia del incumplimiento de los objetivos europeos de recogida de botellas de plástico para su reciclaje. Los requisitos básicos vienen marcados por el Real Decreto 1055/2022: los envases afectados son las botellas de plástico, las latas y los briks de agua, zumos, refrescos y bebidas energéticas y alcohólicas. En cuanto a su funcionamiento, en un plazo de dos años, todos estos productos deberán incorporar en su precio de venta un depósito de un mínimo de 10 céntimos que los consumidores pagarán y que luego podrán recuperar al devolver el envase vacío. La experiencia en otros países europeos muestra que estos sistemas SDDR aumenta de forma significativa la recuperación de estos residuos para su reciclaje, pues pronto son dinero. La normativa no especifica de qué forma debe realizarse la devolución en España para que el ciudadano recupere los como mínimo 10 céntimos, pero se espera que esto se lleve a cabo con máquinas instaladas en supermercados e hipermercados. Además, en otros países se permite también la entrega manual en comercios más pequeños. Algunos representantes de compañías productoras y distribuidoras están viajando a otros países europeos para conocer sus sistemas SDDR. El principal punto de discusión en estos momentos se refiere a los dos años establecidos por la legislación para la implantación de este nuevo sistema.

Sortu ha colocado a su líder, Arkaitz Rodríguez, como ‘número tres’ de la nueva dirección de Bildu, que seguirá liderada por Otegi. La izquierda abertzale arrincona así a EA y Alternatiba. La izquierda abertzale ha culminado el proceso que inició hace unos años para controlar casi de forma absoluta EH Bildu, la coalición que nació hace más de una década como una alianza en la que, en teoría, las otras dos patas que la conforman, Eusko Alkartasuna y Alternatiba, iban a tener el mismo peso. El último paso ha sido la propuesta para convertir en secretario de Acción Política, sobre el papel, su ‘número tres’, a Arkaitz Rodríguez, líder de Sortu y máximo representante de la ortodoxia a todos los niveles. Rodríguez está incluido en la lista presentada ayer por la Mesa Política de EH Bildu para dirigir la coalición los próximos años, por lo que tendrá que abandonar la dirección de Sortu. Ahora la propuesta será sometida a las bases y ratificada en el congreso que se celebrará el 8 de febrero en Pamplona. De aquí a entonces no se prevén cambios significativos. La coalición seguirá liderada por Arnaldo Otegi, aunque ahora como secretario general, no como coordinador general, que era la denominación que figuraba hasta ahora. El cambio va más allá de lo simbólico, porque certifica la conversión de EH Bildu en algo muy diferente a lo que empezó siendo. Ya no es una «simple» coalición, sino un «sujeto político» independiente, con su propia militancia. Más cerca de un partido tradicional.

Entre hoy y el próximo viernes se celebra en la localidad alpina de Davos, en Suiza, la asamblea anual del World Economic Forum (WEF). Será la número 55 de toda su historia. Más conocida como la Cumbre de Davos, es la mayor cita anual político-empresarial del planeta. Este año se espera un récord de asistencia, con más de 3.000 líderes económicos de 130 países. Está prevista la participación de 350 altos mandatarios políticos y 60 jefes de Gobierno, que compartirán foros de diálogo y mesas redondas con más de 1.600 primeros ejecutivos de multinacionales dentro de una apretada agenda. El evento será cubierto por 700 medios acreditados. Hoy, Faisal Alibrahim, ministro de Economía de Arabia Saudí, participará en un foro sobre inteligencia artificial hoy lunes, y en otro sobre la economía saudí el jueves 23. La presencia de empresas árabes en el foro, entre ellas el gigante petrolero Aramco, es muy relevante. También estarán máximos responsable de Sabic, Saudi National Bank y Saudi Telecom (STC), que acaba de entrar en Telefónica.

De los mil patrocinadores que tiene el Foro –un evento privado que se sustenta en las cuotas que pagan las empresas y organizaciones miembro– el grueso lo componen empresas energéticas, compañías de servicios para ese sector o relacionadas con ese mercado, como grandes fondos de inversión con enormes inversiones en eléctricas, renovables o petroleras. Prácticamente están todos los gigantes mundiales de cara área. En el sector de hidrocarburos están Adnoc, Aramco, Chevron, China National Petroleum, Ecopetrol, Exxon, Petronas o Indian Oil, entre otras. En electricidad están grupos como Taqa, Dubai Electricity, RWE, China Power, Saudi Electricity. En renovables, están Vattenfal, Vestas, Equinor y Orsted, entre otras. También destacan grupos de ingeniería relacionados con los hidrocarburos y la electricidad, como Schneider, ABB, Energyvision, Mitsubishi, Baker Hughes y Schulenberger. Otro grupo que se hace notar es el de los gigantes de la materias primas, como Trafigura, Vitol, Rio Tinto o Glencore, también con importantes intereses en España. También son muy notorios grandes fondos de inversión, privados y públicos, con participaciones relevantes o incluso de control, en energéticas o sus negocios relaciones. Es el caso de BlackRock, Blackstone, Brookfield o los fondos de JP Morgan. Gracias a la compra de GIP, BlackRock es el segundo mayor accionista de Naturgy, y también está en Repsol, Iberdrola, Solaria y Acciona, entre otros grupos españoles. La de este año es la asamblea anual número 55 de toda la historia del Foro de Davos, y se espera récord de asistencia. Está previsto que en apenas cinco días, en Davos se den cita más de 3.000 líderes políticos y económicos de 130 países. Está prevista la participación de 350 altos mandatarios políticos y 60 jefes de Gobierno. Pero empresarialmente, lo más relevante es que hay prevista la asistencia de más de 1.600 primeros ejecutivos de multinacionales dentro de una apretada agenda. 

Donald Trump jurará esta tarde su cargo como presidente de los Estados Unidos. Anoche se dio un baño de masas ante 20.000 seguidores y dio muestras de lo que pretende sea su política hasta 2028. El dirigente republicano arremetió en su discurso en Washington contra los inmigrantes –«vamos a parar la invasión», aseguró– y contra quienes hablan del cambio climático –«vamos a extraer más oro líquido de nuestro subsuelo», prometió–. Donald Trump celebró anoche su último discurso como expresidente. Lo hizo ante algo más de 20.000 personas que desafiaron las gélidas temperaturas del exterior y una larga cola para acceder al Capital One Arena de Washington. Lo llamó el mitin de la victoria, en lo que algunos analistas interpretaron como la reafirmación del triunfo absoluto: volverá a ser el presidente de Estados Unidos y con el saldo suficiente para controlar el Senado y la Cámara de Representantes.

La política exterior de Estados Unidos está a punto de dar un giro de 180º grados a partir de hoy. Atrás va a quedar el cultivo cuidadoso de alianzas que ha practicado Joe Biden, y el internacionalismo de los últimos 80 años. Con el segundo desembarco de Donald Trump en la Casa Blanca se impone el “Estados Unidos primero”, la disrupción, la convicción de que la fuerza equivale a poder, unas relaciones con los socios basadas en la transacción, y una peculiar combinación de proteccionismo y propuestas imperialistas. Donald Trump 2.0 estará mucho más libre en su nuevo mandato que en el primero. Entonces, se rodeó de un equipo de asesores experimentados que trató de limitar sus instintos más disruptivos. En el Congreso no solo contaba con la oposición de los demócratas, sino también del ala republicana más tradicionalista. Ahora está secundado por un equipo de fieles que no van a cuestionarle. En el Capitolio, los republicanos clásicos son la excepción, no la norma. Mucho de lo que viene ya estaba presente en su primer mandato. La admiración por los líderes autoritarios. La convicción de que los aranceles a los productos extranjeros y las guerras comerciales son una varita mágica con la que estimular la industria nacional: coquetea con la idea de un arancel generalizado del 10%, y de un 60% para China. Las tensiones con los aliados y las exigencias de una mayor inversión de los miembros de la OTAN en Defensa: hace dos semanas hablaba del 5% del PIB. Son planteamientos que esta vez ya no encuentran desprevenidos a los países socios: a diferencia del primer mandato de Trump, llevan preparándose desde hace un año para su regreso.

Unos 170 millones de estadounidenses se quedaron este sábado por la noche (madrugada en España) sin poder acceder a la popular red social de vídeos TikTok, propiedad de la china ByteDance. La red estuvo sirviendo sus contenidos durante la tarde y, de repente, dejó de funcionar en torno a hora y media antes de la medianoche, el plazo previsto en una ley aprobada el año pasado por el Congreso de Estados Unidos. La norma, avalada por el Tribunal Supremo el viernes, prohibía la aplicación si no dejaba de estar bajo control chino, alegando motivos de seguridad nacional. TikTok se despidió con un mensaje en que expresaba su esperanza de que Donald Trump restableciese la aplicación. El presidente electo aseguró ayer que dictará una prórroga hoy mismo y la red social reaccionó con la reactivación de sus servicios unas 13 horas después del apagón. El adictivo carrusel infinito de vídeos de TikTok mostraba durante la tarde sus contenidos habituales. Bailes, bromas, sucesos truculentos, historias personales y también desinformación sin filtro. Unas tres horas antes de la medianoche, la aplicación mostró una advertencia a los usuarios bajo el título de “Actualización importante de TikTok”, según su versión en español. “Lamentamos informar que una ley en Estados Unidos que bloquea TikTok entrará en efecto el 19 de enero y nos obligará a suspender nuestros servicios temporalmente. Estamos trabajando para reinstaurar nuestro servicio en Estados Unidos lo antes posible, agradecemos tu apoyo”, decía el mensaje. Pasadas las 22.30 (4.30 en la España peninsular), aparecía un nuevo aviso: “Lo sentimos, TikTok no está disponible temporalmente”. La aplicación añadía: “Es una suerte que el presidente Trump haya señalado que trabajará con nosotros para reinstaurar TikTok una vez llegue a la presidencia”. El magnate asegura que dictará un decreto para que la red social vuelva a funcionar y pide que sea propiedad estadounidense al 50%.