20241125

El patrimonio de las EPSV vascas alcanzó el 30 de septiembre un nuevo techo histórico y acaricia ya los 30.000 millones. Según los datos de la federación vasca de estos planes de pensiones, en los nueve primeros meses del año sus recursos han llegado a 29.499 millones marcando así un nuevo récord. El aumento del dinero que tienen las entidades de previsión social voluntaria ha sido en el último año de 2.651 millones, un 9,8% más. Se trata de cifras que, descontadas las prestaciones y nuevas aportaciones, evidencian una rentabilidad del 9,3%. El buen comportamiento de la Bolsa y el ánimo que las bajadas de los tipos de interés han trasladado a los mercados financieros han generado un crecimiento de la rentabilidad. Así, según señalan los analistas de Vdos, las inversiones en valores de Bolsa –lo que se conoce como renta variable–, están ofreciendo hasta septiembre rendimientos medios del 15,3%. La renta fija, un 2,02%. Mientras que los paquetes de inversión mixta ofrecen unas ganancias promedio del 4,9%. El último trimestre del año suele ser determinante, ya que es en el que más aportaciones se realizan a los planes de pensiones en busca de las ayudas fiscales. A la espera de ese impacto y del efecto en los mercados de la victoria electoral de Trump en EE UU, así como del parón de la industria europea, podría dibujarse un ejercicio más que positivo para el ahorro atesorado por los titulares de los 1,16 millones de este tipo de cuentas que hay en Euskadi. Y es que las previsiones, con ese incremento del 9,8% hasta septiembre, apuntan a lo que podría ser uno de los mejores ejercicios para las EPSV de la última década y muy cerca del cosechado en 2021, cuando su patrimonio subió más de un 10%. El buen dato, en cambio, no oculta la crisis de crecimiento del sistema vasco de previsión social. Como ya han reconocido desde la federación vasca de estas entidades, las generaciones más jóvenes no se suman a un mecanismo que las administraciones de Euskadi consideran clave para complementar las pensiones. 

«Un paso positivo en la buena dirección». A la espera de un análisis más profundo del anteproyecto de las diputaciones forales que recoge la modificación de impuestos, la federación de EPSV de Euskadi considera que el tratamiento fiscal que se ofrecerá a los planes de pensiones apunta bien. La gestión que Hacienda plantea para aportaciones y cobros de este ahorro recoge parte de sus peticiones. Según explicó a EL CORREO su presidente, Ignacio Etxebarria, mantiene el apoyo a las aportaciones de los planes de pensiones individuales y mejora las de las EPSV preferentes. También mejora el tratamiento del cobro con exenciones a las ganancias. Aun así, recuerda que estamos en una fase muy preliminar y que queda pendiente la tramitación en las Juntas Generales. La federación vasca que agrupa a gestores de planes de pensiones individuales y colectivos analizará la propuesta con más detenimiento. El planteamiento de las diputaciones vascas mantiene una reducción de la base imponible del IRPF de hasta 5.000 euros por las aportaciones a planes individuales, 8.000 si son de empleo y 12.000 entre las dos. Además, en el caso de que se trate de una EPSV preferente, los contribuyentes podrán deducirse entre un 10% y un 25% las aportaciones realizadas. En cuanto al rescate, si es como renta solo se tributará por el principal y no por las ganancias. Si se hace como capital, los intereses tributarán como renta de ahorro y lo aportado como rendimiento de trabajo.

La negociación del futuro plan de pensiones del sector del metal, con especial presencia en la pyme, está paralizada por la negativa de CCOO a aceptarlo, según informó Confemetal y confirmó el citado sindicato. De salir adelante, sería un plan de pensiones, como complemento de la Seguridad Social, de una dimensión considerable, similar al de la construcción, que ya está vigente. La patronal Confemetal reúne a 220.000 empresas con una cifra global de 1,5 millones de trabajadores. Un universo potencial de extraordinaria importancia para el sector financiero. Incluso, como proyecto de futuro, el plan de pensiones del metal tendría una dimensión parecida al de la construcción. El universo total de empresas y trabajadores de este sector es de 140.000 empresas, con 1,4 millones de trabajadores, según informó la Fundación Laboral de la Construcción. Confemetal reconoce que “está intentando convencer” a CCOO para que acepte la negociación de un plan de pensiones de ámbito nacional y de adhesión obligatoria” para las empresas y los trabajadores”, explica José Miguel Guerrero, presidente de la patronal, que destaca la importancia de que los trabajadores puedan complementar la prestación de la Seguridad Social. CCOO se niega a aceptar un plan de pensiones de ámbito nacional en el sector del metal por las siguientes razones: la primera es que el sindicato considera que deben ser los convenios provinciales del sector los que se ocupen de regular un plan de pensiones. CCOO sostiene que es en este ámbito en el que las empresas conocen sus circunstancias y los márgenes que tienen para hablar de los salarios y de las aportaciones a los planes de pensiones. Con ello, el sindicato de Unai Sordo da a entender que no está dispuesto a que estos puntos salariales y el plan de pensiones se fijen por un acuerdo de ámbito nacional.

Algo más de 3.267 euros al mes. Es lo que cobrarán los jubilados que perciban la pensión máxima del sistema público el año que viene. Una cantidad inédita en la historia de la Seguridad Social que se alcanzará gracias a una medida introducida en la última reforma global de las pensiones diseñada y aprobada por el ex ministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. El Gobierno ya tiene listo el texto legal que determinará la subida de las pensiones públicas para 2025. A la espera de conocer el dato de inflación definitivo del mes de noviembre, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha redactado ya tanto el real decreto como la memoria de impacto económico para la revalorización de las nóminas. El Consejo de Ministros autorizó el pasado martes la «tramitación administrativa urgente» e inmediatamente el departamento que dirige Elma Saiz lanzó la audiencia pública, un trámite previsto para recabar la opinión de los ciudadanos afectados por las grandes iniciativas legislativas. A unos días de que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique una primera estimación sobre la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC) de noviembre, la fórmula que fijó el propio Escrivá permite proyectar el porcentaje en el que se incrementarán las pensiones a partir del 1 de enero de 2025. La reforma pactada con los agentes sociales estableció que las nóminas se revalorizarían en función del valor medio de los incrementos interanuales del IPC entre los meses de diciembre del año anterior y noviembre del ejercicio en curso. A falta de ese último dato, que previsiblemente no variará demasiado el cálculo total, el resultado de aplicar esa fórmula de revalorización apunta a un alza del 2,8%. Todas las pensiones contributivas subirán en esa proporción el año que viene, porcentaje que se superará en el caso de las prestaciones mínimas y no contributivas en una cuantía aún por determinar.

La pensión media en Gipuzkoa registrará el año que viene una subida que rondará el 3%, el menor incremento de los últimos tres ejercicios, por lo que la pensión media se situaría en los 1.573 euros brutos al mes. Para conocer el dato definitivo habrá que esperar hasta el próximo 13 de diciembre, cuando se publique la estadística del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes de noviembre, aunque una pista importante se conocerá el jueves 28 de noviembre, con el dato adelantado del IPC. La revalorización de las pensiones se calcula anualmente en función del IPC de los 12 meses previos al mes de diciembre, sin necesidad ya de que el Gobierno de turno apruebe la nueva subida, puesto que así se acordó en la última reforma de las pensiones diseñada por el entonces ministro José Luis Escrivá con el objetivo de dar seguridad a los mayores y blindar su poder adquisitivo. Por lo tanto, para poder calcular cuánto subirán las prestaciones es necesario hacer una media de la inflación registrada entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Además, en 2025 la pensión máxima se revalorizará en el IPC más 0,115 puntos porcentuales adicionales. Esta subida anual se mantendrá cada año entre 2025 y 2050. Y el Gobierno central se comprometió también a subir por encima de la inflación las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero, insistimos, para los detalles finales habrá que esperar al 13 de diciembre.

El Gobierno español ha aprobado esta semana una reforma de la ley de extranjería que busca “adaptarse a la situación migratoria actual”, satisfacer las necesidades del mercado laboral y dar respuesta al reto demográfico. Según sus palabras, el objetivo es agilizar trámites y procesos como la reagrupación familiar y la regularización por motivos laborales o de formación. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social calcula que, con esta reforma, “podrán regularizarse de media 300.000 personas cada año” hasta 2027. Para los colectivos sociales, esta reforma es una muestra “de buena voluntad”, pero advierten de que puede dejar fuera a mucha gente. La principal novedad de la reforma aprobada esta semana es que homogeneiza las figuras de arraigo, el mecanismo para que los extranjeros que residen en el Estado puedan regularizar su situación administrativa, y reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia necesario para acceder a él. Las figuras de arraigo serán cinco: social –el solicitante debe acreditar vínculos familiares con residentes en situación administrativa regular o aportar un informe que acredite su integración social–, sociolaboral –vinculado a un contrato de trabajo de 20 horas semanales–, socioformativo –exige el compromiso de formarse en una profesión demandada en el mercado laboral y, como novedad, permitirá a la persona trabajar desde el primer momento mientras recibe la formación–, de segunda oportunidad –permite la regularización de aquellas personas que tuvieron una autorización previamente y que por alguna razón no pudieron renovarla– y familiar –no exige un tiempo de residencia mínimo y queda limitado a progenitores–.

Bilbao acoge esta semana la Impact Week, un foro organizado por la red europea dedicada a las finanzas solidarias que ya mueve más de 80.000 millones. Tener una hija con una enfermedad rara fue lo que llevó a Luis Miguel Arias a emprender. Este médico de urgencias dedicó su tiempo libre a investigar e impulsar Impulso Cognitivo, una ‘startup’ que desarrolla herramientas de evaluación cognitiva. Es un ejemplo cercano del tipo de proyectos en los que se vuelca la denominada inversión de impacto, una tendencia emergente y muy potente en el ámbito financiero que va mucho más allá de apostar por activos que respeten los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza, los denominados criterios ASG. Aquí de lo que se trata es de apoyar iniciativas que aporten soluciones a los problemas de la sociedad con un impacto que se pueda medir. Y todo ello sin olvidar que tienen que ser rentables. No es filantropía. En torno a la inversión de impacto se está generado todo un ecosistema de fondos, fundaciones, instituciones financieras, entidades públicas, universidades, incubadoras y aceleradoras de empresas que se darán cita en Bilbao a partir de hoy y hasta el viernes durante la celebración de la Impact Week 2024. El evento, que justo cumple su vigésimo aniversario, lo organiza Impact Europe, la red europea de referencia para este tipo de inversión que, según sus últimos cálculos, movió 80.000 millones de euros en 2021. La inversión de impacto se define como aquella que, con clara intencionalidad, respalda iniciativas financieramente sostenibles que responden a retos sociales y medioambientales insuficientemente atendidos por el mercado. Así, los proyectos buscan objetivos como la integración de los inmigrantes, la atención a la discapacidad funcional, la inserción laboral de colectivos vulnerables, la transformación verde o combatir la despoblación rural. «Es una tendencia que está emergiendo con mucha fuerza y ya hay hasta fondos de impacto social cotizados», señala Cristina Álvarez, presidenta del Consejo Asesor de Inversiones Éticas y de Impacto de Anesvad, una fundación que ha sido pionera en invertir su patrimonio en fondos de impacto, con especial atención en el desarrollo de África.

El aumento de las compras de productos de marca blanca provocado por la inflación ha dado dinamismo al negocio del grupo lácteo Iparlat, que tiene en los grandes de la distribución –con Mercadona en cabeza– a sus principales clientes. Esta coyuntura impulsó sus ventas y le devolvió a la rentabilidad en 2023; y este ejercicio va a mejorar sus resultados, asegura su director general, Ángel Gil. La compañía, con sede en Urnieta (Gipuzkoa), tiene plantas productivas en esta localidad, así como en Corella (Navarra), Renedo (Cantabria), y en León a través de la empresa Lactiber junto a la cooperativa ganadera andaluza Covap. En 2023, aumentó un 11% su cifra de negocio, hasta colocarla en 423,4 millones de euros, y tuvo resultados positivos después de tres años en números rojos. El pasado ejercicio ganó 3 millones, frente a las pérdidas de 9,5 millones de 2022. Además del efecto positivo de la coyuntura inflacionista, que ha llevado a los consumidores a apostar por la marca de distribuidor, la recuperación del negocio de Iparlat responde a la estabilización de los costes de la energía y de las materias primas. Aunque el pasado año estos costes no volvieron a los niveles previos a la guerra en Ucrania, sí permitieron rebajar la tensión de abastecimiento y la volatilidad de los precios. En 2024, el grupo mantendrá sus cifras de facturación y ganará unos 4 millones “gracias a las mejoras de eficiencia y de productividad”, según su director general, quien destaca que la ley de la cadena alimentaria en España ha normalizado los costes del sector lácteo y le ha dado dinamismo tras el colapso de hace dos años.

Créditos con Santander, BBVA, Banca March, CaixaBank, Bankinter, Sabadell... Avales con Zurich o Swiss Re... Derivados financieros con Morgan Stanley... Servicios de auditoría con EY, o servicios jurídicos con Garrigues... Hasta compra de productos de limpieza con CMH Higiene Ambiental, una pequeña empresa con sede en Alcantarilla, Murcia. Así se podría seguir con más de mil contratos de otras tantas empresas que se ven comprometidos con la delicada situación financiera que atraviesa Soltec, el fabricante de equipamientos fotovoltaicos y desarrollo de renovables que intenta evitar la quiebra. Si al final cae, se convertiría en la mayor víctima hasta ahora de los vaivenes empresariales de las renovables desde la caída de Abengoa en 2021. Todo estalló el pasado 26 de septiembre, cuando la comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decretó la suspensión de cotización de la empresa. La decisión del órgano regulador se producía después de que la compañía notificara que no podía publicar el informe financiero del primer semestre en el plazo previsto por “la necesidad de completar la revisión detallada” que estaba realizando su auditor EY. Ese mismo día, Soltec acudió a los juzgados de Murcia en busca de protección judicial para, antes de iniciar trámites de preconcurso, intentar buscar una salida con sus acreedores. Según la documentación de este trámite judicial el procedimiento ha recaído en el juzgado número dos de lo Mercantil de Murcia, provincia donde Soltec tiene su sede, en la localidad de Molina de Segura. Tal como marca la legislación, el juzgado da un plazo de tres meses para encontrar un acuerdo. “Transcurridos tres meses desde la comunicación [el día 26 de septiembre], el deudor que no haya alcanzado un plan de reestructuración deberá solicitar la declaración de concurso dentro del mes siguiente, salvo que no se encontrara en estado de insolvencia actual”. Es decir, Soltec tiene hasta el día 26 de diciembre para negociar un acuerdo.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha descubierto numerosos problemas en las licitaciones de contratos públicos que provocan que las empresas no se presenten, por desconocimiento y la profusión normativa en unos procesos que se les antoja muy embarullados. Es más, en 2023 el 44% de las licitaciones solamente tuvo un concursante, un licitador. Es “el peor dato”, del informe que elabora anualmente la Oirescon. Es decir, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, dependiente del Ministerio de Hacienda, que vela por la aplicación correcta de la legislación correspondiente. Y, en particular, por promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública. Este es el dato que dio la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en su intervención en una reciente jornada sobre las pymes y la contratación pública. Jornada que fue organizada por la patronal Conpyme en el Congreso de los Diputados. Incluso, en los últimos años la CNMC ha podido constatar que “hay un problema serio en la falta de atracción de operadores a la contratación pública”. De media, en un tercio de las licitaciones sólo se presenta una empresa, y en dos tercios, la cifra sube a dos o tres. La CNMC ha comprobado que “cuando hay colusión, cuando no hay presión concurrencial, puede originarse una desviación media al alza de los precios de entre el 20% y el 25% del presupuesto comprometido, que acabamos pagando todos [los contribuyentes]”. Una colusión puede ser un pacto de precios entre algunos operadores, que acaba perjudicando a otros que acuden al concurso público. E incluso, un pacto entre todos los operadores para obligar a la administración a subir el precio del contrato público. Es decir que no hay competencia real por hacerse con el contrato público.

Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 68 años) renovará su puesto como secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en el 44º Congreso Confederal que el sindicato celebra entre hoy y el miércoles en Barcelona. Sin ningún otro candidato enfrente, Álvarez seguirá como líder del organismo durante los próximos cuatro años, hasta 2028, en el que será su tercer y último mandato, el límite máximo que establecen los estatutos. El líder ugetista anunció hace dos meses su intención de continuar en un cargo al que llegó en 2016, cuando tomó el relevo de Cándido Méndez. Al frente de un sindicato con 983.521 afiliados, y de cuyos acuerdos se benefician alrededor de 11 millones de trabajadores, según los datos que recoge su página web, la última gran batalla de Álvarez ha sido la reducción de la jornada laboral, que finalmente resolverán el Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO), sin el apoyo de los empresarios. Si bien el tono duro en las confrontaciones con los empresarios ha sido una constante durante los ocho años de liderazgo de Álvarez, tras la tregua por el coronavirus —una de las etapas más fructíferas del diálogo social—, los enfrentamientos públicos han sido una constante entre ambos organismos representativos, con protestas frente a las sedes patronales por todo el país. Sin embargo, en el plano privado, la relación personal entre el líder de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y Álvarez es fluida y hasta cierto punto afectuosa.

Las empresas británicas en España ven la incertidumbre política y la inseguridad jurídica como dos de los principales factores que pueden reducir sus inversiones en el futuro, a pesar de reconocer el potencial de crecimiento que presenta el país frente a otros mercados europeos en un contexto de estancamiento. El Barómetro sobre clima y perspectivas de la inversión británica en España, que la Cámara de Comercio Británica en España presenta hoy en Madrid, explica que el stock de inversión extranjera directa procedente de Reino Unido se redujo un 4% en 2022 (últimos datos disponibles en el informe), hasta los 57.652 millones, pero también observa un repunte de la inversión en el primer semestre de 2024, con 2.460 millones de euros, el doble que el año anterior en el mismo periodo. Para conocer las oportunidades y las barreras que presenta la economía española, los autores del estudio entrevistaron en profundidad a un grupo de empresas. “La incertidumbre política es una de las fuentes de riesgo país más relevantes a la hora de invertir en España. Las firmas consultadas consideran que la inseguridad jurídica y judicial, tanto a nivel nacional como local, tiene un impacto negativo sobre los flujos de inversión hacia España”, apunta el barómetro. En este sentido, las compañías proponen “un marco regulatorio simplificado, consistente y predecible que otorgue una mayor seguridad a las firmas internacionales para que los flujos sean incluso más relevantes de lo que lo están siendo hasta ahora”, según explica la presidenta de la Cámara de Comercio Británica en España, Isabel Perea, que alerta del “coste de adaptación” que supone amoldarse a las regulaciones de los tres escalones de la Administración (nacional, autonómica y local). Entre las firmas que integran la Cámara, figuran HSBC, AstraZeneca, Arup, Savills, Arriva, Diageo, Oxford University Press, GSK, Barclays, BT, Mazars, Menzies y Segro.

La Unión Europea se encuentra en una encrucijada. Necesita espolear su competitividad para poder rivalizar con las grandes economías mundiales. En este sentido, empresarios, directivos y economistas españoles alertan de que uno de los grandes hándicaps del bloque comunitario es su profusión regulatoria. Así lo refleja el último Consenso Económico y Empresarial que elabora PwC, correspondiente al cuarto trimestre, en el que el 70% de los participantes en el panel (450 expertos, empresarios y directivos) considera que el exceso de regulación es la causa de que la UE sea “poco operativa”, factor que para casi un 18% está, a su vez, detrás “de la mala imagen que tiene entre la ciudadanía” europea. Los participantes en el sondeo comparten el diagnóstico y las recetas de Mario Draghi, expresidente del BCE y ex primer ministro italiano, sobre la necesidad de adoptar medidas ambiciosas para impulsar la competitividad europea acelerando la innovación y fomentando la inversión. Otra cosa es su puesta en marcha. Ante la propuesta del Informe Draghi de invertir entre 750.000 y 800.000 millones de euros de forma público privada, el 52% de los encuestados no ve factible alcanzar semejante volumen, en parte porque consideran que “las empresas no están en condiciones de invertir esas cantidades de dinero”. Además, cerca del 60% alerta del riesgo de que estas inversiones acaben incrementando la deuda de la UE “sin resultados tangibles a medio plazo”. Por contra, un 46% sí lo ve realizable. En lo que sí coincide el grueso de los participantes en el panel, el 82%, es en la necesidad de flexibilizar las reglas de la competencia para crear gigantes europeos y poder así rivalizar con las grandes empresas chinas y estadounidenses, argumentando que esas normas “han frenado mucho la industria europea”. En este sentido, el 58% apoya la imposición de aranceles a los coches eléctricos chinos, aunque un 35% muestra recelos sobre esta medida, ya en marcha, porque considera que “va a generar una guerra comercial con malas consecuencias para todos”.

"...El flamante presidente electo –que en su día fue un escéptico declarado de estos instrumentos– ha anunciado, junto a otras revoluciones, que va a poner toda la carne en el asador hasta convertir EE UU en la «capital mundial de las criptomonedas». Ha prometido aliviar la carga reguladora de la Comisión de Valores y Bolsa de EE UU (SEC) sobre los ‘criptogadgets’ y crear una reserva para mantener el suministro nacional de bitcoins. También ha apuntado a destituir al presidente de la Comisión de Valores, Gary Gensler, y crear un consejo asesor sobre criptomonedas. «Tendremos regulaciones, pero a partir de ahora las reglas serán escritas por personas que aman a su industria, no que la odian», dijo...El bitcoin superó la barrera de los 90.000 dólares por primera vez tras la noticia de que el propio Trump iba a predicar con el ejemplo. El reputado rotativo ‘Financial Times’ informaba el martes pasado de que Trump Media, la empresa matriz de redes sociales de Trump Truth Social, estaba cerca de llegar a un acuerdo para adquirir la plataforma de comercio de criptomonedas Bakkt. Elon Musk, el brazo digital del presidente, por su parte, comercializa su propio criptoactivo, el dogecoin. Otro elemento que ha catapultado al criptoactivo ha sido el comienzo de la cotización en el Nasdaq de varios ETF que transaccionan bitcoins...Creo, sin embargo, que son inversiones peligrosas, que carecen de protección, que no están reguladas y que constituyen a menudo un refugio para el crimen organizado y el terrorismo en virtud de su difícil trazabilidad. Pero sobre todo debe recalcarse que son figuras que carecen de subyacente y que, en consecuencia, son mero humo..."

El «grave desequilibrio» que sufre el fondo de pensiones del Vaticano provocará que entre en quiebra «a medio plazo» si no se toman «decisiones no fáciles» que requerirán de «sensibilidad, generosidad y disponibilidad al sacrificio» por parte de sus cerca de 4.000 empleados. En una carta a los cardenales y responsables de los ‘ministerios’ de la Curia romana publicada el pasado jueves, el Papa Francisco reconoció sin ambages la insostenible situación del fondo, lo que exige que se adopten «decisiones estructurales urgentes». Por ello nombró a un purpurado de su máxima confianza, el estadounidense Kevin Farrell, como administrador único para que ponga en marcha los recortes que garanticen su supervivencia. Con esta misiva Jorge Mario Bergoglio se decide por fin a afrontar un problema conocido desde hace años y que se enmarca dentro de la delicada situación financiera de la Santa Sede. De hecho, hace un par de meses envió otra carta a los miembros del Colegio Cardenalicio en la que mostraba su preocupación por la «sostenibilidad económica» vaticana, lo que le llevó a bajar un 10% el sueldo de los purpurados. Antes ya les había retirado algunas prebendas, como contar con amplísimas viviendas junto a la basílica de San Pedro con alquileres simbólicos. El Papa quiere alcanzar «un déficit cero», un objetivo que hoy por hoy es imposible ya que el desequilibrio de las cuentas vaticanas en 2023 alcanzó los 83 millones de euros, según el diario ‘La Repubblica’.