20250116

El Gobierno vasco ya ha lanzado la licitación para calcular un salario mínimo de convenio adaptado a la realidad socioeconómica vasca y que sirva de referencia para la mesa de diálogo que se va abrir entre patronal y sindicatos a petición de estos últimos. El vicelehendakari, Mikel Torres, recordó ayer que los Presupuestos de 2025 ya contemplan una partida para este estudio y se ha comprometido a «tenerlo en el primer semestre del año». El proceso para la adjudicación, tramitado el 9 de enero, se ha articulado como un contrato menor por ser inferior a 15.000 euros de forma que se ha invitado a tres consultorías a hacer sus ofertas. El anuncio de Torres se produce después de que este martes todos los sindicatos presentaran ante el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) una petición a la patronal para constituir una mesa el 6 de febrero en la que debatir la implantación de un salario mínimo vasco interprofesional, por encima del nacional –1.134 euros ahora, a la espera del alza de 2025– y acorde a la situación económica de la comunidad. Aunque haya diferencias sobre cómo abordar esta negociación, se trata de un movimiento de unidad de acción inédito desde 2017, cuando se pactó el blindaje de los convenios vascos. Confebask por ahora se ha limitado a confirmar que acudirá a la cita porque siempre atiende las convocatorias de los sindicatos, pero no ha querido ir más allá. El Gobierno vasco, por su parte, sí ha mostrado su apoyo a que se lleve a cabo esta negociación bilateral. Lo dijo el martes la portavoz, Maria Ubarretxena, y lo ratificó ayer el consejero de Economía, Empleo y Trabajo, Mikel Torres. Torres recordó que Euskadi cuenta con el salario medio más alto de España, pero defendió que «un salario mínimo de negociación colectiva daría una seguridad jurídica a los sueldos más bajos atendiendo a la realidad socioeconómica vasca».

"La reivindicación de un Salario Mínimo Interprofesional vasco, incluso por encima del nacional, ha unido a todos los sindicatos de Euskadi, en un movimiento inédito tras años de fuerte división y que no se daba desde el blindaje de los convenios en 2017. El Gobierno autonómico se ha comprometido a tener listo durante este primer semestre un primer cálculo del SMI propio, adaptado a la realidad socioeconómica de nuestra comunidad, antes de presentarlo a una mesa de diálogo abierta a patronal y centrales para su necesaria negociación. De momento, Confebask ha optado por un prudente silencio mientras que el consejero de Economía, Mikel Torres, defiende que un salario mínimo «daría una seguridad jurídica a los sueldos más bajos». La moderación con la que ha arrancado este proceso, pendiente del debate sobre la subida, contrasta con las discrepancias desatadas por la propuesta anunciada ayer por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de incrementar el Salario Mínimo Interprofesional en un 4,41%. Un aumento de 50 euros en cada una de las doce pagas a aplicar este año, que dará lugar a mensualidades de 1.184 euros brutos; en total, 700 más que en 2024. Se trata de una subida superior a las planteadas por la comisión de expertos y que la patronal ya ha cuestionado con el argumento de que ese incremento «destruirá empleo». El pulso se mantiene...No es buena idea emplear iniciativas de alcance económico y social como bandera partidaria. Ninguna prisa política debe orillar la prudencia. También a la hora de ponderar las consecuencias de una territorialización del SMI en otras autonomías..."

La propuesta de subida del salario mínimo interprofesional para 2025 transmitida desde el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales se sitúa finalmente, como estaba previsto, en el rango más alto de la recomendación realizada por el comité de expertos, que entregó ayer el informe con la horquilla de revalorización entre el 3,4% y el 4,4%. Con lo que la oferta del departamento dirigido por la vicepresidenta Yolanda Díaz comprende un incremento de 50 euros al mes, lo que llevaría el salario mínimo hasta los 1.184 euros mensuales en catorce pagas, es decir, alcanzar los 16.576 euros anuales. Sin embargo, aunque el deseo del Ministerio es que la actualización de este sueldo salarial que afecta a cerca de 2,5 millones de trabajadores en España cuente con el apoyo y consenso en la mesa de diálogo social parece que nuevamente la medida no será respaldada por todos los agentes sociales. Al menos, en la primera reunión tripartita que se mantuvo ayer con los representantes de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, y de los sindicatos UGT y CCOO la propuesta del Gobierno no logró recabar apoyos por ninguno de los costados. Por un lado, los empresarios apuntaron a lo largo de la reunión que fijarán su postura en los próximo días una vez conocida la propuesta oficial del Gobierno y las demandas de los sindicatos. Si bien, tal y como ya avanzó el vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, Lorenzo Amor, el planteamiento de subida de 50 euros no será respaldado por las organizaciones empresariales, más aún si no va acompañado de medidas complementarias como la posibilidad de revisar los precios de los contratos públicos, una cuestión bloqueada por la vigencia de la ley de desindexación. Además, desde la patronal rechazan esta alza que impactaría especialmente en sectores donde el empleo ya se está viendo comprometido por la escalada de costes laborales, como el campo y el empleo del hogar, y en las pequeñas empresas y autónomos con empleados a cargo.

El Ministerio de Trabajo propuso ayer formalmente a la patronal y los sindicatos subir el salario mínimo interprofesional (SMI) 50 euros más en 2025, desde los actuales 1.134 euros mensuales en 14 pagas a 1.184 euros. Esto supondría un incremento de esta renta del 4,4%, en línea con una de las propuestas de los expertos, que también fueron presentadas oficialmente ayer. Los sindicatos rechazaron la propuesta del Gobierno y mantienen su objetivo de que el salario mínimo suba este año hasta el entorno de los 1.200 euros (alrededor del 5,8%). Por su parte, la patronal se limitó a recibir la propuesta gubernamental, que someterá a sus órganos de dirección el próximo día 22. Ese mismo día, por la tarde, Trabajo ha vuelto a convocar a los interlocutores sociales para cerrar la negociación. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, explicó que la postura del Gobierno es “flexible, en aras a llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales”. De esta forma, abre la puerta a “modular la propuesta” y aprobar otra subida distinta a la presentada este miércoles. Sin embargo, en el actual escenario, un acuerdo tripartito se perfila bastante inviable. Los empresarios descartan firmemente, por excesiva, la propuesta mínima de Trabajo de subir el SMI un 4,4%; y los sindicatos defienden que, con esa subida, el salario mínimo no llegaría ni de cerca a representar el 60% del salario medio neto, que es lo que mandata la Carta Social Europea asumida por el Gobierno. Al rechazo sindical se une la posibilidad, sugerida por los expertos, de que este año, a diferencia de lo que viene ocurriendo en ejercicios pasados, Hacienda no eleve el mínimo exento en la declaración de renta para equipararlo al salario mínimo. 

La vida en Euskadi se encareció un 3,6% el año pasado. La tasa es mucho más moderada que cuando la inflación golpeaba a los hogares a raíz de la invasión rusa de Ucrania, pero los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) evidencian que el País Vasco es la comunidad autónoma donde más se ha incrementado el IPC debido, sobre todo, a la cesta de la compra y a la vivienda. Ese 3,6% registrado en el conjunto de 2024 son ocho décimas más que la media nacional, situada en el 2,8%. Sólo Islas Baleares (3,4%), Aragón y Asturias, ambas con el 3,1%, tienen guarismos similares al vasco. El alza de diciembre respecto a noviembre fue de seis décimas en el País Vasco, también mayor que en el conjunto de España. Hay una razón principal por la que la inflación en Euskadi ha abierto una brecha considerable con el resto del país: el coste de la cesta de la compra ha subido el doble que en España durante estos últimos doce meses. Todo esto se enmarca en un contexto en el que los sindicatos vascos pujan por lograr un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio que refleje «la realidad socioeconómica» del territorio. Y es que llenar el carro de la compra en el País Vasco resulta ahora un 3,6% más caro de lo que suponía hacerlo hace un año, según los datos del INE. A pesar de que se trata de un aumento más moderado que el experimentado durante cursos precedentes –en 2023 la subida fue del 6,8%– , la diferencia entre lo que cuesta realizar la compra en Euskadi y en el resto del Estado resulta llamativa. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se reunió ayer con la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, dentro de la ronda de contactos habituales que mantiene con distintos responsables institucionales. El máximo dirigente de la eléctrica vasca puso de relieve el compromiso de la empresa con el desarrollo económico de Euskadi, al tiempo que anunciaba que la actividad del grupo permitió aportar el pasado año 800 millones de euros a las arcas públicas por la vía de impuestos. Galán informó sobre los proyectos de crecimiento e inversiones planeadas para los próximos años. Portavoces de la compañía detallaron que «la contribución fiscal de Iberdrola en 2024 creció un 15%, hasta cerca de los 800 millones de euros, de los que un 90% son en Bizkaia». Esta aportación fiscal para el territorio vizcaíno –que procede del Impuesto de Sociedades, del IVA y de las retenciones de salarios– también salpica al resto de haciendas forales, principalmente al Gobierno vasco, ya que el 70% de los recursos que se obtienen por impuestos acaban en sus manos. Iberdrola destaca entre los principales contribuyentes. Solo le supera Petronor, filial de Repsol, cuyos pagos fiscales se sitúan anualmente en torno a los 1.000 millones de euros. En la eléctrica recordaron que el impacto de su actividad es mucho mayor que la aportación en impuestos. Las inversiones, las compras y los salarios a sus empleados suponen una aportación a la generación de riqueza de 3.500 millones anuales, y tiene un impacto directo e indirecto en el mantenimiento de 30.000 empleos en Euskadi. Además pusieron en valor el papel de locomotora que ejerce para sus proveedores habituales. «Entre estas empresas están Haizea Wind, Ingeteam, Ormazabal, Arteche o Siemens Gamesa, situando las compras anuales por encima de los 3.300 millones», subrayaron. Más del 90% de esas compras se realizan en Bizkaia. Ver nota Iberdrola. 

La Unión Europea afronta una profunda revisión de su política para reaccionar ante la pérdida de competitividad de sus empresas frente a China y Estados Unidos. Una tarea que pasa por la transformación energética y que llega en un momento de grave crisis en Alemania y Francia. El replanteamiento se apoya en los informes del experto Enrico Letta y, sobre todo, en el del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que están siendo analizados en profundidad por la Comisión Europea. Su impacto y las oportunidades que abren para la economía vasca han centrado el sexto informe elaborado por el Foro Zedarriak que se presentó ayer en la Biblioteca CRAI de la Universidad de Deusto. La plataforma coordinada por el profesor Guillermo Dorronsoro cuenta con la presencia de importantes empresarios, como el fundador de Aernnova, Iñaki López de Gandásegui, el presidente de Velatia, Javier Ormazabal, el de CIE Automotive, Antón Pradera, o la de Algeposa, María Luisa Guibert. Además del consejero de Repsol, Ignacio Martín, la exministra de Innovación, Cristina Garmendia o el que fuera vicepresidente del Banco Bilbao Vizcaya, Pedro Luis Uriarte, que, precisamente, abandonó ayer el foro para dar entrada a Pilar Kaltzada. Según señaló Dorronsoro, los 800.000 millones anuales de inversión necesaria que Mario Draghi planteó para el conjunto de la UE «suponen 5.000 millones cada año en Euskadi». En este sentido, Guillermo Dorronsoro insistió en la necesidad de «abrir la reflexión sobre la recuperación de la industria vasca de defensa» dados los recursos que recibirá en Europa los próximos años. También se refirió a la importancia de analizar la energía nuclear para el consumo energético de los centros de datos que están en plena expansión. Son ejes fundamentales del estudio que vio la luz ayer con una importante presencia institucional, empresarial y académica. Estuvo incluso el exlehendakari Iñigo Urkullu, que está ultimando la puesta en marcha de una fundación dedicada a temas europeos. Ver informe Zedarriak. 

Artículo del consejero de Hacienda del Gobierno Vasco. "...En las dos últimas comisiones mixtas hemos alcanzado 29 acuerdos, que podemos resumir en cuatro bloques: 1) los relacionados con la modificación del Concierto Económico; 2) los que implican la ordenación de las relaciones financieras entre ambas administraciones; 3) los que instrumentalizan la participación efectiva de las instituciones vascas en los cada vez más relevantes y decisivos foros internacionales; y 4) los que actualizan y fijan el marco y los compromisos de estabilidad presupuestaria de las instituciones vascas en el contexto de las renovadas reglas fiscales de la Unión Europea. Asimismo hemos acordado celebrar otra comisión en el plazo de dos meses para concluir otros relevantes acuerdos. Estos acuerdos, que tienen repercusión directa en nuestro día a día, ponen de manifiesto el buen funcionamiento y la estabilidad del sistema. Querría destacar la capacidad de lograr consensos que caracteriza al marco del Concierto Económico, permitiéndonos encontrar puntos de encuentro entre diferentes gobiernos y administraciones, y abstraernos del excesivo ruido y de la escasa estabilidad de la que adolecen otros foros en estos momentos. El Gobierno vasco está convencido de que autogobierno económico y financiero es sinónimo de bienestar y desarrollo. En este sentido, nuestros objetivos en este ámbito se concretan en la ampliación de la autonomía tributaria de Euskadi, la participación en los foros internacionales en materia fiscal y la consolidación de un marco propio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera...Cerramos 2024 celebrando unos acuerdos importantes para nuestro país y deseando que este año podamos seguir dando pasos con la misma ilusión y rigor para seguir progresando en la construcción de una Euskadi mejor". 

El lehendakari, Imanol Pradales, se reunió ayer con la cúpula del Círculo de Empresarios Vascos en Getxo con quienes departió, entre otros temas, sobre la economía vasca, sus planes de legislatura o la delicada y convulsa realidad geopolítica con Donald Trump, en puertas de regresar a la Casa Blanca, como gran protagonista. Entre los asistentes, presentes en esta foto, se encontraron Luis Rodríguez Llopis, Andrés Sendagorta, Ignacio Galán, María Luisa Guibert, Andrés Arizkorreta, Rosa Carabel, Javier Ormazabal, Ignacio Marco-Gardoqui, José Galindez y Enrique Portocarrero.

‘Team building’. Así se denomina en la jerga laboral, habitualmente en inglés –significa ‘construcción de equipos’–, la dinámica grupal en la que los trabajadores de una determinada empresa o departamento se reúnen en un lugar tranquilo, sin teléfonos móviles ni distracciones, para coordinar esfuerzos y poner en común objetivos. Algo muy parecido ha promovido Imanol Pradales en el seno del Gobierno vasco. El lehendakari se reunirá hoy y mañana en un lugar «tranquilo» de Euskadi con los diez consejeros del PNV para hacer balance de los seis primeros meses de su Ejecutivo y engrasar la agenda para 2025. La idea, muy popular en el ámbito de la empresa privada, ya la había puesto en marcha el lehendakari con sus equipos cuando estaba al frente del departamento foral de Infraestructuras y Desarrollo Territorial. «Es cien por cien Pradales», corroboran en su equipo, que atribuye el retiro a propósitos de «coordinación» interna y de «evaluación» de sus seis primeros meses de andadura, además de a la necesidad de empezar a «aterrizar» los proyectos gubernamentales previstos para 2025. No obstante, otras fuentes apuntan a que el encuentro de dos días buscaría además ‘poner las pilas’ a los miembros del Gobierno para sacudirse cierta imagen de «inacción» cumplido ya el primer medio año de andadura.

Trabajadores de Siemens Gamesa se concentraron ayer frente a la sede corporativa de la empresa, en el Parque Tecnológico de Bizkaia, para protestar contra la intención de la compañía de abordar un proceso de recorte de plantilla. En concreto, la cifra que planteó inicialmente la firma recoge la reducción de 420 empleos en España, sin que hasta ahora se haya concretado el número de despidos de cada centro de trabajo. Ayer también se celebró una nueva reunión entre representantes de la empresa y de los sindicatos, dentro del proceso de negociación del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha presentado la empresa y cuyo objetivo es reducir las pérdidas y adaptarse a la nueva realidad de producción. Siemens Gamesa mantiene paralizada la fabricación de nuevos aerogeneradores terrestres –la principal actividad que desarrolla en sus factorías de España–, tras los numerosos problemas técnicos que habían surgido en dos modelos, el 4X y el 5X. La empresa ha reiniciado la comercialización del primero de estos modelos, pero su entrada en producción no se espera hasta bien avanzado 2025.

El futuro campus del vino que ‘brotará’ en Vitoria y Laguardia ya tiene plazo para la colocación de su primera piedra. Las obras de las dos sedes de EDADrinks and Wine, que contarán con el diseño del arquitecto portugués Carvalho Araújo, comenzarán a finales de año. Así lo marcan las últimas previsiones del Basque Culinary Center (BCC), impulsor del proyecto junto al Gobierno vasco, la Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria. El presupuesto para construir ambos complejos será de 12,3 millones de euros en total, y la idea es que inicien su actividad académica el curso 2026-27. Son las últimas novedades ofrecidas en el ‘Encuentro vitivinícola: Rioja Alavesa: tradición, calidad, progreso y futuro’ desarrollado ayer en Laguardia, en el espacio Villa Lucía, organizado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco y EDA. Un foro que sirvió para hacer balance de esta apuesta que en el último año ha dado distintos pasos hacia su puesta en marcha. «Este proyecto no solo busca ser un referente educativo y de investigación, también convertirse en un motor de transformación para el sector de las bebidas y el vino, fomentando la colaboración, la innovación y la sostenibilidad, y marcando un antes y un después en la forma en que entendemos el futuro del sector y del territorio», destacó el director de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega. Por otra parte, el precio medio del vino de Rioja Alavesa bajó el pasado año un 7% hasta los 4,71 euros por litro, «tanto por la mejor evolución de los vinos más económicos como por una presión inflacionista que se va suavizando respecto a 2022 y 2023». Mientras el vino envasado con denominación de origen protegida (DOP), «motor de las exportaciones vascas» con el 84% del valor y el 61,5% del volumen total, creció un 5,3% en valor y un 13,1% en volumen. Así es la fotografía del sector proporcionada por el Ejecutivo autonómico en el encuentro vitivinícola desarrollado ayer en Laguardia ante un centenar de integrantes de distintas bodegas de la comarca.

El  Plan vasco de Movilidad Sostenible extendería a otras siete localidades vizcaínas y dos guipuzcoanas los límites a los vehículos contaminantes. Limitar el acceso de vehículos contaminantes al centro de los municipios de más de 25.000 habitantes. Es una de las metas que persigue el Plan de Movilidad Sostenible de Euskadi, que entre los proyectos más destacados para la próxima década propone extender las zonas de bajas emisiones (ZBE) a nueve localidades de tamaño medio. El Gobierno vasco quiere que esta medida, obligatoria en la actualidad para ciudades de más de 50.000 habitantes, se aplique en otros entornos urbanos, lo que además de reducir la contaminación y el ruido dotaría de mayor protagonismo al transporte público y al peatón. La consejera de Movilidad Sostenible, Susana García, ya dio pistas sobre esto hace unos meses, cuando avanzó en un foro organizado por el Ararteko que estudiaban alternativas «de pacificación del tráfico adaptadas a cada realidad urbana». El departamento plantea ahora un calendario a «largo plazo» en el que los ayuntamientos se involucren con la puesta en marcha de restricciones a la circulación. Bilbao fue la primera urbe vasca en aplicar la ley de cambio climático y transición energética al implantar la zona de bajas emisiones el pasado verano. En San Sebastián comenzó a funcionar la misma medida el pasado lunes, aunque todavía deben instaurarla otros municipios de más de 50.000 habitantes como Vitoria, Barakaldo, Getxo e Irún. El plan del Ejecutivo autonómico, que estará dos meses en exposición pública y entrará en vigor una vez se hayan analizado las posibles alegaciones, recoge el impulso a la delimitación de áreas acotadas en las localidades que todavía no están cumpliendo la normativa y en otras más pequeñas como las guipuzcoanas de Rentería y Eibar y las vizcaínas Leioa, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Basauri, Durango y Galdakao. En Álava no se vería afectada ninguna otra más allá de su capital.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, aseguró ayer durante su intervención en la XV edición del foro financiero Spain Investors Day, evento que reúne estos días a grandes inversores internacionales en Madrid, que uno de los puntales de la economía española es el hecho de que cuente con los precios de la energía más bajos entre los principales países europeos. De hecho, estimó que en el futuro serán un 30% inferior. “Os puedo asegurar que somos un lugar para invertir”, dijo, y destacó que España afronta un “momento histórico de reindustrialización y modernización económica”. La vicepresidenta, además, descartó que el Gobierno pueda plantear una modificación del calendario hasta 2035 para el cierre de las centrales nucleares. “Hay un acuerdo entre las empresas propietarias y Enresa”, sentenció. Aagesen defendió que España ofrece certidumbre a los inversores y rechazó un cambio de rumbo en la agenda verde europea.

Los ministros Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz acercan posturas para intentar cerrar el conflicto que enfrenta a las dos alas que conviven en el seno del Gobierno, el PSOE y Sumar, para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Tras su segundo encuentro de esta semana para rebajar la tensión entre Trabajo y Economía, ambos departamentos pactaron en una reunión de poco más de media hora que el acuerdo de diálogo social» firmado en diciembre entre Díaz y los sindicatos se aborde en la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), que se celebrará el 27 de enero. Este acuerdo no implica, sin embargo, que la medida vaya a ir al Consejo de Ministros del martes 28 de enero, el último que se celebrará este mes. «Ambos Ministerios seguirán trabajando en esta cuestión para que vaya al Consejo de Ministros cuanto antes», trasladan en un escueto comunicado ambos ministerios. Pero fuentes conocedoras de la negociación atisban visos de que ese desbloqueo desemboque en un pacto definitivo para que el proyecto de ley se pueda aprobar en los mismos términos en los que fue cerrado entre el ministerio de Trabajo y los sindicatos a finales de diciembre. De esta forma, el acuerdo alcanzado ayer contenta a ambas partes. Díaz consigue el primer objetivo, desbloquear el trámite que viene denunciando por parte de Economía y que provocó una escalada de tensión entre ambos ministerios hace ya dos semanas para que el texto pase por el órgano donde se deciden y examinan los temas antes de llegar a Consejo de Ministros. La decisión sobre si la tramitación se desarrolla por la vía ordinaria o urgente recae ahora en el departamento que dirige Carlos Cuerpo, que es quien controla esta comisión.

El equipo de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) que estudia la eventual fusión de BBVA y el Banco Sabadell descarta que haya razones para prohibirla. Así lo aseguran fuentes conocedoras de los primeros análisis de este organismo regulador, que aún no han concluido ni han sido sometidos, por tanto, al consejo de la CNMC. «No hay razones para prohibir», aseguran estas fuentes, aunque sí admiten problemas que, sin ser irresolubles, necesitan corrección, por lo que la CNMC se inclina, en base a lo analizado hasta ahora, por un autorización con condiciones. Esta posición contradice al Gobierno que, por boca del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, es partidario de la prohibición de la fusión por su impacto en la competencia. El hecho de que la CNMC vaya a descartar la prohibición da aliento al BBVA, aunque, en en último término, el Gobierno tendrá la última palabra. Asesores legales del Sabadell indican también a este diario que la CNMC no va a prohibir la fusión, por carecer de argumentos como para una decisión tan extrema. No obstante, queda la incógnita de que la CNMC imponga condiciones tan elevadas que el banco que preside Carlos Torres, termine retirando su oferta si eso hace irrentable la operación. En la defensa del Banco Sabadell sí confían en que sean condiciones duras ya que sostienen que alteraría de forma significativa el mercado de concesión de créditos a las pequeñas y medianas empresas. La CNMC mantiene oficialmente que sigue vigente su comunicado del 12 de noviembre en que declaró abierta la segunda fase de su análisis sobre el impacto en la competencia de la concentración de ambas entidades. En él se indicaba que «la resolución final que apruebe la CNMC podrá autorizar, aceptar compromisos, imponer condiciones o prohibir la operación de concentración BBVA/Sabadell». Oficialmente, por tanto, aún son posibles las cuatro opciones, pero las fuentes conocedoras consultadas descartan ya la de la prohibición y apuntan a la tercera de «imponer condiciones», posiblemente más allá de los compromisos presentados por el banco de origen vasco.

La gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos que instalará en Sagunto (Valencia) un consorcio de empresas liderado por el grupo alemán Volkswagen fue el primer proyecto estratégico aprobado en el Perte VEC y supone el pistoletazo de salida en el objetivo de España de convertirse en un hub europeo de movilidad eléctrica. A finales del año pasado, se iniciaron los trabajos de instalación de las primeras estructuras de la que será la pionera de las gigafactorías de baterías de España y a la que acompañarán próximamente por lo menos otras dos, en Navalmoral de la Mata (Envision) y Zaragoza (Stellantis). Sin embargo, 2025 será el año clave en la construcción de esta fábrica, que movilizará una inversión de unos 3.000 millones de euros y tendrá una capacidad de producción de 40 gigavatios hora (GWh), que podría ampliarse a 60. En mayo del año pasado se iniciaron las obras y en el último mes de 2024 se empezaron a colocar los primeros de los más de 300 pilares de hormigón prefabricado que harán de estructura de la instalación. Estos pilares se prefabricaron en Bruñol (Valencia) y en Zaragoza. Está previsto que su instalación se prolongue durante unos seis meses. Estas piezas de entre 24 y 36 metros serán la columna vertebral del primer bloque donde se producirán las celdas de baterías. En los trabajos participan, inicialmente, 180 personas, aunque a mediados de 2025 los efectivos se elevarán hasta los 1.000 trabajadores, una vez que se empiece a construir el segundo bloque, así como otros edificios, el techo y las fachadas.

El sol brilló con más fuerza que nunca en 2024 para el sector turístico español, que el año pasado batió con creces su récord histórico tanto de visitantes extranjeros como de gasto efectuado. Los diferentes destinos españoles recibieron cerca de 94 millones de turistas foráneos en 2024, un 10% más que en 2023, pulverizando el récord registrado ese año, fijado en 85,1 millones de visitantes del exterior, lo que representa un enorme salto cuantitativo de alrededor de 9 millones de personas. Una diferencia que se eleva hasta los 11,3 millones respecto al anterior máximo, alcanzado en 2019 en los 83,7 millones, antes del varapalo provocado en 2020 y 2021 por la pandemia de Covid. El año pasado no solo vinieron muchos más turistas, sino que además hicieron un gasto sensiblemente superior en nuestro país: 126.000 millones de euros, un 16% más que en 2023 y una enorme inyección de recursos y vitaminas para la economía española. Así lo avanzó ayer el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en base a las previsiones de cierre de año elaboradas por Turespaña, enfatizando que estos datos certifican que 2024 fue el mejor año para el turismo español desde que hay registros. El titular de Industria y Turismo subrayó que el fuerte incremento del gasto realizado por los visitantes extranjeros evidencia que España avanza hacia un modelo turístico de mayor calidad y más diversificado, tanto en temporada con en productos y destinos.

Por segundo año consecutivo, la mayor economía de Europa volvió a contraerse ligeramente. La crisis de la industria, un aumento del número de quiebras de empresas, así como las perspectivas sombrías de las exportaciones, todo ello unido a la inquietud que se ha extendido entre los consumidores, provocaron que el producto interior bruto (PIB) del país cayera en 2024 un 0,2% en comparación con el año anterior. Las perspectivas para este ejercicio apuntan a un ligero crecimiento, aunque el más débil entre las economías avanzadas. Las cifras publicadas ayer por la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis) confirman lo esperado por el Gobierno alemán, que ya advirtió en octubre de que la economía se encogería en 2024 un 0,2%. En 2023 se registró un descenso del 0,3%. Alemania solo ha experimentado en la historia reciente una recesión de dos años consecutivos, en 2002 y 2003. A diferencia de ahora, entonces el desempleo había aumentado drásticamente. Tras un ligero crecimiento en el primer trimestre de 2024, el PIB cayó en el segundo trimestre del año y luego aumentó mínimamente en el tercero. Según los resultados anteriores, el PIB del cuarto trimestre de 2024, corregido de efectos de precios, estacionales y de calendario, cayó un 0,1% respecto al trimestre anterior, anunció Destatis. “Las cargas económicas y estructurales se interpusieron en el camino de un mejor desarrollo económico en 2024”, declaró la presidenta de Destatis, Ruth Brand, en una comparecencia ante los medios. “Entre ellos figuran la creciente competencia para la industria exportadora alemana en importantes mercados de venta, los elevados costes de la energía, unos tipos de interés persistentemente altos y unas perspectivas económicas inciertas. En este entorno, la economía alemana volvió a contraerse en 2024”, desgranó Brand.

La inflación escala por tercer mes consecutivo en Estados Unidos. Tras repuntar una décima en diciembre, el Índice de Precios de Consumo (IPC) cerró 2024 en el 2,9% respecto al dato registrado en diciembre de 2023, según las estadísticas publicadas ayer por el Departamento de Trabajo. El alza de la gasolina ha sido el principal responsable del incremento a final de año, de ahí que la inflación subyacente, que no tiene en cuenta los productos frescos ni la energía, se haya recortado en una décima, hasta el 3,2%. Hay que tener en cuenta que este es el indicador que tiene en cuenta la Reserva Federal a la hora de fijar la política monetaria, ya que para su cálculo quedan excluidos los elementos más volátiles del IPC. En este caso, la cifra ha sido mejor de lo esperado, de ahí que los mercados reaccionaran ayer al alza tras conocerse la noticia. “A la Reserva Federal le tranquilizará la estabilidad de la inflación subyacente a pesar del sólido crecimiento. Sin embargo, el ajuste estacional del primer trimestre de 2025 puede plantear dificultades, lo que podría disuadir a la Fed de seguir relajando la política monetaria en marzo, al igual que los anuncios políticos de la nueva Administración”, tal y como explica David Page, responsable de investigación macro de AXA IM. Aun así, en términos generales, en EEUU los precios siguen subiendo. 

Una de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente estadounidense Joe Biden en los últimos días de su mandato ha sido la de apoyar a las empresas de Inteligencia Artificial de forma que se les facilite suelo federal y que se aceleren las concesión de permisos para la infraestructura de IA. Esta medida abre la puerta a crear las denominadas ‘exclusiones categóricas ‘, es decir, actividades que al estar sujetas a una protección especial quedan fuera de algunos de la Ley Nacional de Protección Ambiental. La decisión de Biden revela apuesta del sistema norteamericano por potenciar una tecnología que considera estratégica en el orden mundial. Su orden ejecutiva pretende resolver uno de los problemas de la IA, el tremendo consumo energético que requieren los bancos de datos con los que funcionan los nuevos programas informáticos. Microsoft, por ejemplo, va a reabrir la central nuclear de Three Miles Island para poder garantizar su suministro eléctrico. Se estima, en este sentido, que la inteligencia artificial podría suponer el 0,5% del consumo energético mundial en 2027. Joe Biden ha anunciado esta decisión pese a que en los últimos meses colectivos ecologistas y algunos representantes demócratas estaban pidiendo que no se rebajasen las exigencias ambientales para la IA.

Hay acuerdo para detener la guerra en Gaza y entrará en vigor el domingo. Ni Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ni el jeque Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, emir de Catar, ni Joe Biden, presidente de Estados Unidos... Fue Donald Trump, que el lunes llegará a la Casa Blanca, el encargado de anunciar al mundo que Hamás e Israel llegaron ayer a un compromiso de alto el fuego. El líder republicano escribió en su cuenta de Truth Social: «Tenemos un acuerdo para los rehenes en Oriente Medio. Serán liberados en breve. Gracias». La presión ejercida por el presidente entrante ha conseguido lo que Joe Biden ha sido incapaz de hacer: que Benjamín Netanyahu acceda a detener la guerra lanzada por el Estado hebreo tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en el que fueron asesinados 1.200 israelíes. El gabinete de Seguridad y el Gobierno planean reunirse hoy por la mañana para aprobar de manera oficial un texto que pone pausa a quince meses de guerra que dejan más de 46.600 muertos. El texto contempla tres fases y en la primera de ellas, de seis semanas de duración, Hamás liberará a 33 rehenes. Los tres primeros saldrán de la Franja el domingo, fecha en la que Al Thani confirmó que entrará en vigor el pacto. El mandatario no especificó el número de presos palestinos que abandonarán las cárceles. Nada más conocerse la noticia, la gente se echó a las calles de la Franja para celebrarlo.