20240606

La productividad es uno de los principales retos de la economía española, así lo destaca el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos (OCDE) encargado por el Ministerio de Trabajo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y presentado ayer en París por el secretario general del organismo internacional, Mathias Cormann. Según reza el estudio ‘Reactivar el crecimiento ampliamente compartido de la productividad en España’, este factor «se ha deteriorado considerablemente en las últimas décadas» pasando de estar por encima de la media en 1991 a situarse por debajo en 2021. Pero además lo ha hecho de forma desigual entre las comunidades autónomas agravando las diferencias entre las que crecen y las que se estacan. En este sentido, la OCDE destaca a Euskadi como líder de la productividad en España con 96.672 euros por trabajador sobre el PIB (a precios constantes de 2015). Si bien no es el valor que más ha crecido entre 2011 y 2019 –un 0,7% frente al 1,1% de Baleares, el 0,9% de Galicia o el 0,8% de Cataluña–, sí es el más alto, seguido de Madrid, Navarra y Cataluña. Y aumenta la distancia con comunidades como Andalucía, Extremadura o Murcia consolidando una brecha que se hace cada vez más grande y difícil de coser. Para mejorar esta situación y reducir las desigualdades, el organismo económico con sede en París recomienda fomentar la movilidad laboral entre autonomías. España –advierte– está a la cola de los 38 Estados de la OCDE en movilidad regional dentro del país con apenas un 1% de migraciones sobre la población total entre 2017 y 2021. El estudio señala además que «las grandes disparidades entre comunidades autónomas pueden obstaculizar la asignación eficiente de la mano de obra». Otra de las herramientas para mejorar la productividad que plantea la OCDE en el informe encargado por el Ministerio de Trabajo es «aumentar la conexión entre el mundo laboral y el educativo a través de la FP». En este aspecto destaca explícitamente la iniciativa del Gobierno vasco de Tknika para dar respuesta a esta problemática y porque «permite a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas, acceder a servicios e infraestructuras específicos para la digitalización». La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas es también una medida que la OCDE ve con buenos ojos para mejorar la productividad. Eso sí, recomienda que se implemente de forma acordada entre sindicatos y empresas y no reduciendo a cuatro días laborables la semana, sino con un ajuste horario en cada jornada.

Dice la institución que “la remuneración por rendimiento puede contribuir positivamente a la productividad laboral. En principio, puede ayudar a atraer empleados más capaces, fomentar un esfuerzo mayor y la calidad del trabajo”. Además, la remuneración por rendimiento proporciona, entre otras ventajas, “la flexibilidad salarial en las empresas, reduce la rotación [temporal en el empleo] y el absentismo”. Bien es verdad que el informe admite que el uso de este tipo de retribución de los trabajadores, cuando ha crecido, “ha ido acompañado de una disminución de la cobertura de los convenios colectivos”. “A menudo, los sindicatos se han mostrado reticentes a acordar el uso de la remuneración en función de los resultados, ya que socavan el objetivo de unas políticas salariales más uniformes e igualitarias”. De hecho, España, con un 26% de los trabajadores, está por debajo de la media de la Unión Europea en la aplicación de esta modalidad salarial, con una media del 32,6% de los trabajadores sometidos a convenios “y de países cercanos como Francia, con un 38,6% de los asalariados, e Italia, con un 32,6%”. En este contexto, la OCDE concluye en este capítulo lo siguiente: “El Gobierno español puede promover el uso de bonificaciones con la difusión de información y el asesoramiento sobre las mejores prácticas, así como ofreciendo incentivos fiscales directos. Italia introdujo una exención fiscal para la remuneración por rendimiento en 2015. Los datos demuestran que esto aumentó la productividad laboral”. El director de Trabajo, Empleo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, le dijo directamente a la vicepresidenta segunda en la presentación del informe sobre la productividad en España que debe contar también con los empresarios para reducir la jornada laboral. Scarpetta dijo que es posible rebajar el tiempo de trabajo, sin recortar la retribución de los trabajadores, “sin afectar al crecimiento del PIB” ni a los resultados de las empresas. Sin embargo, explicó, delante de Díaz, que la medida “hay que hacerla dentro del diálogo social, de la negociación colectiva, con los trabajadores y, también, con los empresarios”. Sobre todo, “porque hay empresas que no se lo pueden permitir”, por sus diferentes características.

Para la ministra, el informe encargado por su departamento al organismo internacional «respalda la política del Gobierno que ha mejorado el reparto de la productividad y reducido la desigualdad». En cuanto al incremento de los salarios, el estudio señala las actualizaciones del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el análisis de la OCDE recuerda que España venía de décadas con un débil crecimiento de las retribuciones. En el caso de las nóminas, puntualiza, esa tendencia se ha cambiado desde 2019 con aumentos salariales «sustanciales». La organización con sede en París avaló también los avances cosechados para reducir la dependencia excesiva de los contratos temporales gracias a la reforma laboral. Una legislación que ha convertido a España en el tercer país de la OCDE con las normas más estrictas para el uso de contratos de duración determinada. Además, insistió el director de Empleo de la entidad, Stefano Scarpetta, «no se ha traducido en una disminución del empleo», ya que fue más que compensada por un aumento de los contratos indefinidos. Sobre lo que sí advirtió la OCDE es sobre los contratos fijos discontinuos que aparecieron tras la reforma laboral. El temor de que puedan convertirse en la nueva contratación temporal y sean una «fuente de precariedad» hizo que el organismo recomendara una estrecha vigilancia de su utilización.

La producción industrial de Euskadi experimentó el pasado mes de abril una caída de un 4,9% en comparación con marzo y de un 1,4% en relación al mismo mes de 2023, en términos homogéneos de calendario laboral, según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Por componentes, los Bienes de Consumo presentaron en abril una evolución interanual negativa con un descenso de su producción del 7,3%. Los Bienes de Consumo No Duradero, que incluyen actividades de procesado y conservación de alimentos, la fabricación de productos para la limpieza e higiene, los farmacéuticos, así como la confección de prendas de vestir, registraron una reducción del 5,3%. Por su parte, los Bienes de Consumo Duradero, entre ellos la fabricación de muebles y aparatos domésticos, retrocedieron un 16,5%. Por contra, la producción de Bienes de Equipo, donde se encuadran la fabricación de vehículos de motor, la construcción de locomotoras y material ferroviario y la construcción aeronáutica o naval, aumentó un 5,8% en comparación con abril del pasado año. La producción de Energía (tanto eléctrica como refino de petróleo) se redujo un 3,2% y la de los Bienes Intermedios (metalurgia y fabricación de productos metálicos, industria química y fabricación de productos de caucho y plástico) descendió un 2,4%.

La economía europea crece con cada vez más fuerza y deja atrás las dudas del año pasado, pero no lo hace a la misma velocidad, ya que el sector servicios (53,2 puntos) es el gran dinamizador de la actividad, frente a un sector manufacturero que sigue en contracción (47,4 enteros, por debajo del umbral de 50 puntos), aunque con un retroceso bastante menos acusado que en abril (45,7), el menor desde febrero del año pasado. Y el avance tampoco es nada homogéneo por países, ya que España (56,6 puntos) se sitúa 4,2 enteros por encima de la media europea, seguido a cierta distancia de Alemania (52,4 puntos), Italia (52,3) y Francia (48,9), el único país todavía en terreno contractivo. “El espectro de la recesión ha dejado de estar a la vista. Esto se debe al sector servicios, donde el repunte se ha extendido recientemente [a los países más rezagados]”, sostiene Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe. A pesar de que la industria sigue en caída, este retroceso es cada vez menor, por lo que “es probable que el sector servicios garantice que la economía de la eurozona vuelva a mostrar un crecimiento positivo en el segundo trimestre”. Además, los distintos subíndices arrojan resultados positivos, como es el caso de los nuevos pedidos, un empleo “en crecimiento constante” y unas expectativas futuras, “que han mejorado considerablemente”. Con todo, “los precios aún no dan la luz verde, ya que son inusualmente altos en el contexto de una situación económica más bien débil” y se podrían acelerar con la actuación hoy del BCE. Las economías española y europea se encuentran en la encrucijada, ante un escenario en el que la actividad se acelera, especialmente los servicios, pero también los precios empiezan a dar señales de alerta, lo que podría comprometer la senda de rebajas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) después del muy probable recorte de hoy. Con ello, un cierto crecimiento del PIB parece asegurado tanto para el segundo trimestre como para el futuro próximo, con mejoras tanto en la creación de empleo como en los nuevos pedidos, lo que dejaría atrás definitivamente el estancamiento del pasado ejercicio, pero una normalización de los avances después de este periodo se antoja muy complicada.

El futuro de la industria, al menos su futuro no tan inmediato, no reside en los modernísimos ingenios que la Bienal de la Máquina-Herramienta (BIEHM) exhibe esta semana en el BEC. La auténtica próxima generación del sector se gesta todavía en la mente de los más jóvenes. Una buena representación de este colectivo se paseó ayer por la feria de muestras con motivo del foro de empleo organizado en el Workinn Talent Hub. La cita, que continuará hoy, ofrece un contacto directo entre las empresas ‘a la caza de talento’ y los estudiantes en sus últimos años de formación. «Buscamos sobre todo perfiles tecnológicos, que es lo que más necesitamos. Así se consiguen todas esas máquinas que se ven aquí», explicó en el BEC Alaia Sánchez, del área de talento de Dannobatgroup. Desde su espacio promocionaba un premio a los mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) y las opciones que ofrece el grupo a los más jóvenes. «Apostamos por captar talento joven –ya tienen contratados a más de un centenar de estudiantes– que empiecen con nosotros desde su formación o recién acabada la carrera. Al final, tenemos que hacer cantera», recordó. El viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, inauguró el foro y anunció que Lanbide se convertirá «en la punta de lanza en la gestión del talento, porque por el van a pasar todas las empresas que lo buscan, se va a adaptar la formación a las necesidades de la nueva economía y a conectar a todas las personas registradas en el servicio». El acto incluyó a la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco, Elena Pérez Barredo; a la diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada; al director de Lanbide, Francisco Pedraza; al de Trabajo y Seguridad Social, Ángel Lapuente; y a la directora general Osalan, Lourdes Íscar. Precisamente el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, que también mantiene un espacio propio, aprovechó la BIEMH como altavoz para concienciar a la sociedad sobre la necesidad de incluir la seguridad y la salud como requisitos imprescindibles al considerar digno un trabajo y garantizar el bienestar de las personas empleadas.

La BIEMH 2024 que se celebra en el BEC de Barakaldo ha sido testigo del homenaje que la AFM (Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta) ha rendido a los 125 años de la Formación Profesional en la localidad. El acto ha dado comienzo a las 12.00 y ha contado con la participación del Ayuntamiento de Elogibar y representantes de Meka, el IMH, el Museo de Máquina-Herramienta y varias empresas de Elgoibar. Los orígenes de la FP en Elgoibar nos trasladan al año 1899, cuando el Ayuntamiento de Elgoibar dio el paso de concertar con el profesor Bernardo Ecenarro (1873-1956) la apertura de la Academia Municipal de Dibujo. Aquel centro marcó el inicio de un proceso continuado de mejora de la formación técnica de los jóvenes de la localidad a lo largo del tiempo. Posteriormente se fueron sumando nuevos hitos a esta andadura como la Escuela de Artes Oficios (1916), dirigida por el propio Bernardo Ecenarro, y la Escuela de Aprendizaje Fundación Estarta (1958-1970), que nutrieron de jóvenes con formación técnica al pujante sector industrial local. Aquellos primeros pasos dieron inicio a una senda a la que otros dieron continuidad hasta convertir a esta localidad en un referente de la Formación Profesional, con centros de primer nivel a día de hoy como Meka Lanbide Eskola, cuyos orígenes nos trasladan a principios de la década de 1950, y el IMH, que vio la luz en 1986.

La empresa vasca ITP Aero y Rolls-Royce Deutschland diseñarán y fabricarán conjuntamente un motor 'Wingman' para futuros aviones no tripulados de gran tamaño. Ambas empresas han anunciado este miércoles la firma de un memorando de entendimiento (MoU) para colaborar en el diseño, desarrollo, fabricación y soporte de este motor, una solución de propulsión "vanguardista y eficiente" para drones. Durante el acto de firma del memorando se ha presentado una maqueta de la solución de propulsión del motor en el Salón Aeronáutico ILA de Berlín, donde el acuerdo ha sido suscrito por Dirk Geisinger, presidente de Rolls-Royce Deutschland, y Carlos Alzola, consejero delegado de ITP Aero, con la presencia de representantes de los ministerios de defensa del Estado español y Alemania. que el uso de tecnologías civiles modernas y disponibles en el mercado con una cadena de valor estable "reduce el riesgo global y controla los costes de desarrollo y producto de las plataformas al servicio de la seguridad". Por su parte, el responsable de ITP Aero Alfredo Alonso ha resaltado los "altos niveles de madurez de diseño y costes de operación y mantenimiento competitivos" del motor 'Wingman', y ha añadido que este proyecto representa "una oportunidad única para desarrollar una verdadera solución europea de propulsión de vanguardia para aviones no tripulados de gran tamaño".

 Desde la puesta en marcha en 2018 de una de sus principales terminales portuarias en el Estado, DBA Bilbao Port, Grupo Hafesa ha realizado una notable contribución a la economía vasca recaudando más de 1.200 millones de euros en impuestos para la Hacienda Foral de Bizkaia, consolidándose así como un pilar fundamental en la región. Durante estos seis años de actividad, el Grupo Hafesa "ha demostrado un desempeño excepcional en el mercado minorista de combustibles, vendiendo más de 1.932 millones de litros de gasolina, gasóleo A y B, y biocombustibles", ha informado la compañía. "Este volumen significativo de ventas no solo subraya la confianza de los consumidores en los productos de alta calidad de la compañía, sino también su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar económico de la comunidad", ha añadido. La planta DBA Bilbao Port "ha sido testigo de una inversión continua y estratégica, con cerca de 8 millones de euros destinados a obras de mejora y ampliación de capacidad". De hecho, en las próximas semanas se dará por finalizada la construcción de un nuevo cubeto con cuatro tanques dedicados al almacenamiento y distribución de gasolina y biocombustibles. Este proyecto incluye dos tanques de 2.280 m³ para gasolina y dos de 2.050 m³ para biodiesel, incrementando la capacidad de la planta a 16 tanques y 63.500 m³ de almacenamiento en una superficie de 22.000 m². 

Gorka Vidal, condenado en 2007 a 44 años de prisión por pertenencia a ETA, fue el martes uno de los expertos invitados a la ponencia sobre la reforma fiscal que las Juntas Generales de Gipuzkoa llevan celebrando desde el pasado mes de febrero. Vidal acudió al foro parlamentario en calidad de macroeconomista y en representación de LAB, del que es miembro, tal y como confirmó el sindicato a este periódico. La central abertzale participó en la ponencia a petición de EH Bildu, aunque la coalición soberanista, preguntada al respecto, reconoció «no tener información» sobre si tenían conocimiento, o no, de la comparecencia del exetarra, detenido hace dos décadas por la Guardia Civil en la operación conocida como ‘la caravana de la muerte’. Vidal, junto con Irkus Badillo, fue detenido en Cuenca en 2004 con más de 700 kilos de explosivos –758 exactamente– mientras se dirigían a Madrid, donde ambos miembros de la organización terrorista tenían intención de atentar en vísperas de las elecciones generales de ese mismo año. «Tengan cuidado al abrir el remolque, soy de ETA y llevo una bomba». Con estas palabras, tal y como recogió la investigación realizada en su momento, se dirigió Vidal a los miembros de la Guardia Civil que dieron el alto en un control policial a la furgoneta bomba, una Renault Trafic que fue robada en Francia meses antes del intento de atentado que hubiera provocado un cráter de hasta 57 metros de diámetro, según datos de Interior publicados tras la detención. En febrero de 2007, tanto Vidal como Badillo fueron condenados por la Audiencia Nacional a sendas penas de 44 años de cárcel por pertenencia a banda armada, conspiración para la comisión de un delito de estragos terroristas y de un delito terrorista de transporte de explosivos. El tribunal consideró entonces que no estaba probado que los etarras buscasen víctimas con la comisión del atentado, pero que sí querían «provocar una gran alarma». La intervención de Vidal entra dentro de las comparecencias que los grupos parlamentarios de las Juntas Generales del territorio llevan meses escuchando. Entre ellos, expertos en materia fiscal, sindicatos, organizaciones empresariales como Adegi y Confebask. 

La capital guipuzcoana es un destino de compras de primer orden, y lo demuestra un hecho incontestable: las grandes firmas libran su particular ‘guerra’ por todas –o casi todas– las esquinas de la denominada como ‘milla de oro’ donostiarra por la conjunción de factores entre la «alta rentabilidad» que atrae inversión, la «elevada renta per cápita» respecto a otras ciudades, y el incremento del turismo. Tanto es así que adquirir un local en el cuadrante peatonal comprendido en las calles de Loyola, Arrasate, San Marcial y Getaria junto con la Avenida de la Libertad es prácticamente imposible a día de hoy. El nivel de ocupación en la arteria comercial de San Sebastián asciende ya hasta casi el 100%, siendo una de las que más rápido ha recuperado los niveles anteriores a la pandemia del Estado. En el ‘prime’ (zona más exclusiva) de la Avenida y en las calles de Getaria y San Marcial no hay una sola tienda libre, mientras que en Loyola, después de las salidas de las cadenas ‘Calzedonia’ e ‘Intimissimi’, además de otros dos negocios, sólo cuatro de un total de 35 locales cuelgan el cartel de ‘se alquila’. Son datos revelados por un informe realizado por la consultora especializada en el sector retail Gesvalt, al que ha podido acceder este periódico en exclusiva, que detalla que las principales vías comerciales donostiarras cuentan con una disponibilidad inferior al 5%. Las razones de este fenómeno son varias, y tienen que ver tanto con las características propias de la ciudad, como con la evolución del comercio urbano en el resto de urbes. Una de las claves de este fenómenos reside en la rentabilidad relativamente atractiva que pueden extraer los grandes inversores por adquirir establecimientos de la ‘milla de oro’ donostiarra.  Esto se debe a la conjunción entre los datos de ocupación –que rozan el 100%– y la creciente presión de los operadores por hacerse con un hueco en la arteria comercial de la ciudad.

Los transportistas afectados por el colapso histórico vivido el martes en las carreteras de Gipuzkoa denunciaron ayer el inmovilismo de las autoridades competentes en gestionar el tráfico. «Ya lo vimos todos. Fue una situación caótica en la carretera y entendemos que hubo una gran falta de previsión», criticó ayer Jon Altuna, portavoz del sindicato de transportistas vascos Hiru, que denunció que el dispositivo montado por el Departamento de Seguridad «ha fallado, pero totalmente». Las consecuencias para estos trabajadores se han traducido en que «el lunes no puedan salir, que el martes salgan tarde, que los que están por Europa ya no pueden volver el fin de semana, con lo que supone eso en el día a día y en la conciliación familiar». Altuna considera también que las autoridades no «han sido muy rigurosas» con los baserritarras. «Entendemos que tienen todo el derecho a responder a la situación crítica que están viviendo», pero «creemos que podían protestar en otros sitios» como «centros logísticos, de alimentación, no justo en la frontera», que tiene «consecuencias» y «perjuicios para otros sectores, como el de los transportistas principalmente». En ese sentido, recuerda que «en la huelga de marzo de 2022 pedimos permisos para manifestarnos en Bilbao con camiones y nos lo negaron». Por su parte, desde la asociación de transportistas de Gipuzkoa, Guitrans, no quisieron realizar ayer más declaraciones sobre el asunto y se limitaron al comunicado que emitieron la víspera, donde lamentaron que las protestas de los agricultores «afectaron de manera brutal» a los transportistas, a los que provocaron pérdidas «irrecuperables». En ese escrito, la patronal del territorio calculó que el impacto económico sufrido fue de «55 euros por cada hora» que un camión permaneció en una retención, «además de la pérdida de portes que no se van a poder realizar». En ese sentido, Guitrans afirmó que es «consciente que los agricultores tienen motivos para llevar a cabo sus reivindicaciones», pero apuntó que «tienen que tener en cuenta que nuestro sector no es parte del problema».

Comprar una vivienda en Euskadi se antoja como una misión casi imposible para los vascos. Si la opción pasa por adquirir una casa sin recurrir a un préstamo hipotecario, es decir, a tocateja, la operación se complica mucho más que en otras autonomías por el alto precio de la vivienda en el País Vasco. De hecho, Euskadi es la zona del Estado donde menos hogares se compran sin la necesidad de acudir a una entidad financiera para endeudarse. En concreto, el 28,7% de las compraventas llevadas a cabo en abril fueron al contado, muy lejos del 51,1% de la media estatal, según el Consejo General del Notariado. Si atendemos precisamente al número de operaciones llevadas a cabo en Euskadi en el cuarto mes del año (2.106), tan solo 604 familias y particulares vascos compraron una vivienda a tocateja, frente a las 1.502 que tuvieron que pedir un préstamo hipotecario. El bajo número de viviendas compradas en mano en el País Vasco se explica por el elevado precio del metro cuadrado, que sube un 8,2%. Las compraventas totales, por su parte, se disparan un 35,2% respecto al mes de abril del año pasado. Esta tendencia, que se ha consolidado en los últimos meses, explica por qué el precio de las casas no termina de frenarse ante la fuerte demanda que existe. La clasificación estatal de viviendas compradas al contado sitúa a la Comunidad Valenciana a la cabeza de este ránking, con un 66,1%. Le siguen Murcia (62,5%) y Castilla La Mancha (60,2%). En la última posición están Euskadi (28,7%), Madrid (29,3%) y Navarra (36,6%).

Las universidades de Deusto, del País Vasco y de Mondragón se mantienen en las primeras posiciones en el ranking que elaboran desde hace doce años la Fundación BBVA y el Instituto Valencia de Investigaciones Económicas (IVIE). El centro jesuita y la UPV/EHU ocupan el quinto escalón junto a otras 15 universidades, mientras que la entidad guipuzcoana se sitúa en el octavo a la par que otras nueve instituciones. Su situación apenas varía respecto al año pasado: Deusto y Mondragón ceden una posición mientras que la UPV/EHU permanece sin cambios. Para elaborar este listado se comparan 70 universidades de todo el país, todas las públicas y las 22 privadas que han ofrecido datos. La lista está encabezada por la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Carlos III de Madrid, seguidas por la Politécnica de Cataluña y la Universitat Pompeu Fabra, que bajan una posición y se sitúan a la misma altura que la Politécnica de Madrid, que asciende un puesto. Entre las privadas, las mejor situadas son la Universidad de Navarra y la IE Universidad, que se sitúan en el cuarto escalón. La gran novedad de este año es el salto dado por la entidad valenciana. Junto a esta clasificación general, el U-Ranking incluye dos apartados específicos centrados en la docencia y en la investigación e innovación. En la primera, destaca la segunda posición de la Universidad de Mondragón, que mantiene su estatus respecto al año pasado. Solo están por delante la Universidad Politécnica de Valencia, la Carlos III de Madrid, la Universitat Ramon Llull, la Universidad de Navarra y la Universidad Europea de Madrid. La UPV/EHU y Deusto permanecen en el tercer escalón. 

La clínica de Zorrozaurre va quemando etapas en su proceso de ampliación y ya está inmersa en la tercera fase de la reforma, que terminará, si todo discurre según lo previsto, en el último cuatrimestre de 2025. Lo que ahora está concretamente en marcha es la distribución de la tercera planta, lo que viene a ser dar cuerpo a las ‘tripas’ de ese nuevo espacio que ha ganado en altura y que desde hace meses es muy visible. Recapitulemos: el tajo arrancó con el reforzamiento de los pilares del edificio para que fuese capaz de soportar el peso de la nueva planta; y luego llegó la construcción de esa nueva planta, la tercera. Esto último, el levantamiento de la nueva estructura, «finalizó el pasado mes de febrero», explica Jorge Díez, director de Servicios Generales y Sociedades Participadas de IMQ. Y un mes después, en marzo, arrancó la fase actual, en la que se está llevando a cabo la distribución de los espacios en la zona. Ahí irá una nueva «unidad de hospitalización, endoscopias, consultas externas... Son un total de 3.900 metros cuadrados más». En realidad, esa distribución también se va a extender al resto de alturas porque la ampliación va a suponer una reconfiguración de buena parte del edificio. Es decir, tras terminar con la tercera, la nueva, se acometerán reformas en la 1, 0 y -1. ¿Y la 2? «Es una planta intermedia donde están las instalaciones de la clínica», explica Díez. Es lo que antes era el techo y ahí se ubica el aparataje necesario para el funcionamiento del IMQ (aire acondicionado, electricidad, etcétera). En la primera planta, a la que los trabajos llegarán tras terminar con la tercera (previsiblemente en diciembre), se ampliará básicamente la actividad quirúrgica; en la 0 se redistribuirán las Urgencias y las consultas externas; y en la -1 hay que reconfigurar los servicios que se encuentran allí, con ampliaciones de «vestuarios, cocina, esterilización...». Todas estas últimas actuaciones serán más delicadas porque, a diferencia que en la tercera planta donde se está llevando a cabo la obra ahora, en el resto del edificio sí se está funcionando; en todo caso, Díez avanza que se minimizará el impacto que pueda tener el tajo en los usuarios de la clínica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afrontará “después del verano” el encarecimiento del despido improcedente. Así lo está anunciando en la campaña para las elecciones europeas del próximo domingo 9 de junio. Si bien, el anuncio ha pasado desapercibido. Con ello, Díaz, que también es la coordinadora general de Sumar, quiere cumplir uno de sus principales objetivos para esta legislatura, que es el siguiente: subir la indemnización del despido improcedente del trabajador, de forma que la cuantía salarial tenga en cuenta no sólo los años de trabajo en la empresa, sino también los perjuicios, hasta personales, causados al empleado en el momento de rescindir el contrato. Por ejemplo, que el empresario tenga que compensar también al trabajador porque, en el momento de aceptar el empleo, tuvo que cambiar de localidad, trasladar a la familia y buscar un colegio para los hijos. O, también, que el nuevo empleo le haya supuesto vivir solo toda la semana y viajar los fines de semana para ver a su familia. La casuística para encarecer el despido por esta vía de los perjuicios causados al trabajador puede ser muy amplia. Díaz y los sindicatos califican como reparativa a este tipo de indemnización. Por lo tanto, lo que quiere Díaz es que el empresario no sepa, de antemano, cuánto le va a costar despedir al trabajador que está contratando, si termina en un caso improcedente. Para defender sus argumentos, la vicepresidenta explica lo siguiente: “Reformar el despido en nuestro país es hacerlo justo, y es reconocer que los derechos de los trabajadores no son predecibles, y que, como dice la doctrina europea, no puede ser que un empresario sepa de antemano cuánto le cuesta despedir a un trabajador en nuestro país”.

El Consejo Económico y Social (CES), formado por los sindicatos, la patronal y el tercer sector, asume que el sistema de pensiones muy probablemente tendrá que abordar un ajuste en 2025, cuando se aplique el examen sobre su sostenibilidad que ha impuesto la Comisión Europea cada tres años. Así lo recoge en su informe anual publicado el pasado jueves. En la evaluación que se tendrá que realizar el año que viene habrá que examinar cuál es la proyección del gasto medio hasta 2050 una vez restados los ingresos. Y si esta estimación de los desembolsos en prestaciones supera el 13,3% del PIB anual, entonces habrá que afrontar un ajuste al sistema por el valor del desfase. De no acordarse medidas, ya sea porque el Gobierno, la patronal y los sindicatos no las consensuan o porque el Parlamento no las aprueba, se aplicará una subida automática de cotizaciones a razón de una quinta parte por año hasta cubrir el agujero estimado. Para calcular esa proyección de gastos, se tomará por un lado el Informe de Envejecimiento que ya publicó la Comisión Europea a mediados de abril. Este documento concluye que los gastos serán en promedio superiores a lo que calculaba el Gobierno. Con el fin de valorar los ingresos se usará un estudio que elaborará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Solo que la Airef ya realizó un informe previo con las medidas que ya están anunciadas. Y considera que estas se quedan por debajo de lo que preveía el Gobierno. El Ejecutivo argumenta que este informe de la autoridad fiscal no se ha hecho en su versión definitiva y que este debería tener en cuenta algunos factores que sí incorporó el Gobierno como el reciente afloramiento de economía sumergida, los efectos de la subida del SMI sobre la recaudación y el impacto de la reforma laboral en la estabilidad del empleo y, por tanto, en los ingresos. 

Hacienda ha pisado el acelerador hacia la implantación del tipo mínimo global societario del 15% en España, bajo la amenaza de Bruselas de llevarla a tribunales por su retraso. En paralelo a la aprobación este martes del proyecto de ley que transpondrá la directiva europea en la materia, el Ministerio ha iniciado el desarrollo reglamentario que fijará la letra pequeña del nuevo esquema fiscal para las multinacionales, apuntalando cuestiones como su base imponible, los ajustes contables permitidos para rebajar la factura tributaria, la confección de declaraciones simplificadas para las empresas que ya tributan por encima del 15% o las exenciones temporales, los llamados “puertos seguros”. “La norma reglamentaria deberá desarrollar aquellos aspectos que pudieran considerarse más relevantes o de mayor complejidad, en lo que a la aplicación de la Ley se refiere”, explica Hacienda sobre el proyecto de Real Decreto con el que aprobará el reglamento y para el que acaba de culminar un periodo de consulta pública para recibir propuestas de empresas y fiscalistas. Hacienda detalla que este texto incorporará tanto los asuntos que el legislador fíe directamente al reglamento como los criterios de aplicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Después de todo, el tipo mínimo global del 15% en el Impuesto de Sociedades es la principal palanca del llamado Pilar 2 de la fiscalidad internacional que 138 países de la OCDE han pactado aplicar para garantizar un umbral mínimo de tributación homogéneo para todas las multinacionales independientemente de dónde instalen su sede. El llamado Pilar 1, pendiente de consensuar, implicaría el reparto de esa recaudación entre los territorios en los que la empresa opere aunque no tenga presencia física.

“Salvo casos puntuales, que los hay, no hay gran preocupación entre las grandes empresas españolas sobre lo que van a tributar de más” con la aplicación del tipo mínimo global societario del 15%, asevera Pelayo Oraa, socio del área de impuestos corporativos en KPMG España, que advierte, sin embargo, de que lo que está “generando mucha preocupación” es el trabajo técnico que requiere “la gestión de la contabilidad y datos a aportar, y el coste y el tiempo que eso implica”. Comenzando por las nuevas obligaciones informativas que entran en vigor este mismo mes para las grandes compañías, aunque la ley del tipo mínimo siga sin aprobar. En concreto, a la espera de que la transposición de la directiva europea se complete, la gran empresa encara ya las nuevas obligaciones informativas fijadas en la Ley de Auditoría. Según se estableció en dicha regulación, como antesala a la adopción del tributo mínimo, los grupos que facturan más de 750 millones de euros al año tendrán la obligación de presentar una declaración detallada de los impuestos que pagan en cada país en el que operan en cada nuevo ejercicio fiscal a partir de junio de 2024. Para la mayoría de las empresas, eso exigirá presentar un primer informe sobre el ejercicio fiscal 2025 en el primer semestre de 2026. Por su parte, el impacto recaudatorio que tendrá en España el despliegue completo del tipo mínimo global está por ver, puesto que dependerá en parte de qué nivel de impuestos impongan los países del entorno, ya que España podrá exigir un 15% de tributación en el país así como la diferencia hasta dicho umbral en los territorios que no lo cobren. A la espera, desde Gestha, la asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda, calculan que su efecto elevará la recaudación en 3.500 millones de euros, frente a los 35.000 millones que recaudó el Impuesto de Sociedades en 2023.

El importe de las nuevas operaciones de crédito marcó máximos del año en abril en las tres modalidades: hipotecario, al consumo y a empresas. En total, las entidades concedieron 40.903 millones de euros en un cuarto mes del año de franca recuperación. La evolución del negocio certifica la recuperación respecto a las cifras de 2023, cuando se produjo una importante contracción de casi el 14% del crédito nuevo. A la espera de que el Banco Central Europeo (BCE) certifique hoy la primera rebaja de los tipos de interés desde marzo de 2016, las entidades están abriendo la mano en todos los segmentos. La cifra más espectacular de abril corresponde a las nuevas operaciones en hipotecas para compra de vivienda. La banca concedió 5.778 millones de euros, la cifra más alta desde julio de 2022, según los últimos datos oficiales del Banco de España. Una cifra condicionada en parte por el calendario, ya que la Semana Santa se celebró en los últimos días de marzo, lo que produjo un parón en las firmas de nuevos préstamos. Éstos se trasladaron al mes de abril, lo que contribuyó a inflar las cifras del mes. En cualquier caso, el primer tercio del año ha certificado la reactivación del crédito hipotecario. 

Será difícil gastar los 648.000 millones del plan de recuperación antes de que se cumpla el plazo para poder hacerlo. Para facilitarlo y que los Estados lleguen a tiempo, agosto de 2026, la Comisión Europea ha elaborado unos nuevos criterios para modificar los planes de recuperación “sin rebajar la ambición” del programa, explica el borrador publicado esta semana por el Ejecutivo de la UE. Ahí “da más claridad” para hacer cambios si así se reducen cargas administrativas y también permite transferir hasta un 6% del dinero asignado a proyectos de tecnología estratégica (biotecnología, materias primas críticas, materiales avanzados para la industria). Al mismo tiempo, el Ejecutivo presiona a los Gobiernos para que hagan “todos los esfuerzos posibles para garantizar las reformas e inversiones, y presentar las solicitudes de pago a tiempo”, un toque de atención evidente a las capitales, ya que los retrasos en los calendarios orientativos pactados inicialmente son más que habituales. Hasta ayer, la Comisión Europea había entregado a los Estados casi 240.400 millones de euros. El último pago fue a Letonia, 335,7 millones. Es decir, a falta de algo más de dos años el dinero entregado a los Gobiernos para que lo inviertan en lo que se comprometieron cuando elaboraron su plan es poco más de un tercio de lo previsto, concretamente el 37%. Este porcentaje aumentaría hasta el 41% si en las próximas semanas Bruselas diera el visto bueno a todas las solicitudes pendientes: Bulgaria, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y España. Pero ni con esos 25.000 millones más se llegaría a la mitad. Estos datos y los nuevos criterios, que entrarán en vigor cuando se traduzcan a las 24 lenguas oficiales de la UE y se publiquen en el diario oficial, subrayan otra vez uno de los problemas que se han apuntando sobre el fondo de recuperación desde primera hora: las dificultades que bastantes Estados de la Unión iban a tener para absorber la cantidad ingente de recursos que iban a llegar con esta herramienta puesta en marcha para salir de la crisis que provocó la pandemia y, de paso, impulsar la transición hacia una economía descarbonizada y más digitalizada.

Canarias navega hacia otro récord de llegada de turistas y de alza de los ingresos. Lo que hasta hace pocos días era un cielo azul de optimismo entre las empresas se ha visto oscurecido en los últimos días por la quiebra del turoperador alemán FTI. La crisis de la compañía mayorista, la tercera más grande del continente, afecta a unos 40.000 turistas que tenían ya comprometidos sus viajes y a 1.500 empleos directos en Canarias, según una primera aproximación de daños económicos realizada el martes por CEOE-Tenerife. La empresa alemana, con una media de 500.000 turistas anuales en las islas, el 15% del total, tiene inversiones en una veintena de hoteles del archipiélago, con un impacto económico el año pasado que alcanzó los 800 millones de euros. El domingo, FTI Group se declaró en quiebra ante un juzgado de Múnich tras arrastrar una deuda de casi 1.000 millones de euros y no tener capacidad para afrontar los pagos. Las alarmas no tardaron en saltar en los dos archipiélagos. La incidencia, sin embargo, es mayor en Canarias que en Baleares. Ahí no solo tramita los traslados de miles de visitantes, también gestiona en las islas entre 20 y 30 hoteles, algunos en propiedad y otros en explotación, bajo la marca Labranda, sobre todo en Fuerteventura y Gran Canaria. El Gobierno de Canarias no ha tardado en intervenir para tratar de apaciguar las aguas, en una situación que recuerda a la quiebra del turoperador británico Thomas Cook en 2019, aunque con notables diferencias de tamaño. 

Los últimos 12 meses, de junio de 2023 a mayo de 2024, han sido los más calientes en la Tierra, al menos, desde que arrancaron las mediciones directas a mediados del siglo XIX, según los datos de Copernicus, el servicio climático de la Comisión Europea. “Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta”, alertó el secretario general de la ONU, António Guterres, quien pidió un veto a la publicidad de los combustibles fósiles. No hay precedentes, pero tampoco de la habilidad que tenemos para vigilar el clima” Carlo Buontempo Director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus. Es posible que la sucesión de récords de calor ejerza un efecto anestésico en la población, pero el territorio en el que se ha adentrado el planeta debido al ser humano no tiene precedentes cercanos en el tiempo, por intensidad y por la rapidez del cambio. El recién acabado mes ha sido el mayo más cálido registrado hasta ahora, según informó ayer el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, de la Comisión Europea. En abril, ocurrió lo mismo. Y en marzo, febrero, enero, diciembre... Los últimos 12 meses —de junio de 2023 a mayo de 2024— han sido los más calientes, al menos, desde que se pusieron en marcha las mediciones directas, a mediados del siglo XIX (aunque hay especialistas paleoclimáticos que sostienen que hay que retroceder miles de años para encontrar un planeta Tierra tan caliente). “Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta”, advirtió ayer el secretario general de la ONU, António Guterres.