20240309

El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, hizo públicos ayer los datos completos sobre el comportamiento de la economía vasca en 2023 sin apenas variaciones sustanciales en las líneas que ya había anticipado en el avance que ofreció a finales de enero. Así, el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma –el valor agregado de todos los productos y servicios generados en Euskadi a lo largo del pasado año, tras un ajuste para descontar los efectos de la inflación– creció el 1,8% en comparación con el contabilizado en 2022. Una tasa que refleja la fuerte desaceleración de la economía en el pasado ejercicio, ya que en 2022 el crecimiento fue del 5,4%, pero también la resistencia a entrar en recesión, como sí ha llegado a suceder en otras zonas de Europa. Por otra parte, los datos del Eustat revelan una revisión al alza de los cálculos correspondientes a 2022, ya que hace ahora un año se indicó que en aquel ejercicio el PIB había crecido el 4,4%, mientras que en los últimos datos –todavía provisionales– se apunta ya al mencionado 5,4%. Con todo, la economía vasca mostró en 2023 un comportamiento menos dinámico que el del conjunto de España, algo que tiene una explicación lógica y que afecta a todos los ciclos. La clave está en el mayor peso que en Euskadi tiene la industria y los servicios asociados a este sector, que proporcionan un crecimiento más suave en las épocas de bonanza, pero también retrocesos menos acusados en las épocas de crisis. Así, el PIB vasco creció el pasado año siete décimas menos que el del conjunto de España –la última estimación apunta al 2,5% de avance– debido a la importancia que tuvo el resurgimiento del turismo en la península tras las restricciones provocadas por la pandemia. En el último trimestre del año el diferencial se estrechó a tres décimas. Pese a ello, el Eustat destaca que la evolución del PIB vasco ha sido sensiblemente mejor que el del conjunto de la zona euro, aunque mucho peor que el de la economía norteamericana, donde se estima un aumento del 3,1% en 2023. Por territorios, la economía vizcaína fue la que tuvo menos impulso y su crecimiento se situó en el 1,7%, mientras que Álava y Gipuzkoa contabilizaron avances del 1,9% en ambos casos. En lo que hace referencia al empleo en términos contables –trabajo necesario para lograr el crecimiento del año pasado– también se anotó una mejoría del 1,7%.

Sidenor comunicó ayer su intención de poner en marcha un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en sus factorías guipuzcoana de Azkoitia y cántabra de Reinosa cuyas condiciones comenzará a negociar de forma inmediata con los representantes sindicales. La compañía anticipó que la medida afectaría a la totalidad de la plantilla de ambas fábricas y que está justificada por el parón en la demanda de varios sectores –maquinaria y generación eólica entre ellos–, que son claves en la utilización del acero especial que se produce en esas instalaciones. La medida afectaría así a 467 trabajadores de los 1.824 con los que cuenta Sidenor en la actualidad. Por el momento no se concretado el periodo de aplicación de esta reducción temporal de empleo, así como tampoco el porcentaje de plantilla que se mantendría en activo en cada momento. La empresa solo ha aclarado que su aplicación real se ajustará a la evolución de la demanda de producción. La compañía está centrada en la producción de acero especial, si bien el destino del mismo es diferente en función de las características de las barras que salen de sus trenes de laminación. En el caso de la principal factoría del grupo, la ubicada en Basauri, sus productos están más enfocados al sector del automóvil. La empresa señala que la decisión de aplicar el ERTE en sus plantas de Azkoitia y Reinosa se ha adoptado tras concluir que el descenso en la demanda de sus productos va a persistir más tiempo del estimado inicialmente. «La planta de Azkoitia ha sufrido en los últimos meses un descenso de su actividad por la caída de mercado". 

«Nos hemos comprometido a buscar medidas diferentes a las acordadas en el pasado». La dirección de Mercedes Vitoria y el comité de empresa que lideran ELA, LAB y ESK, han abierto «una negociación formal» para buscar el modo en el que encajar la situación puntual que vive la factoría, que desde hace semanas viene lidiando con problemas en el suministro de algunos de los componentes tecnológicos clave para sus furgonetas, desajustes en el software y el descenso (o aplazamiento) de los pedidos ante la expectativa del lanzamiento del ‘restyling’ de la Vito que marcará la producción este 2024. Los trabajadores mantuvieron ayer una reunión con los responsables de la factoría alavesa en la que han planeado fórmulas de ajuste del calendario laboral y plantilla como el ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) o la ampliación de la bolsa de horas (que incrementa el ‘debe’ de horas con la empresa). «La situación de suspensiones de jornadas de las últimas semanas está planeando en diferentes foros y conversaciones, en qué momento se va a llegar el máximo establecido en el contrato», argumenta el comité en una comunicación traslada a los empleados. Esa incertidumbre es la que ha llevado a las partes a sentarse. 

El miércoles por la mañana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, advirtió de que el Gobierno «hará todo lo posible» para evitar la compra de Talgo por parte del grupo húngaro Magyar Vagon, que ha presentado una OPA acordada con los dueños de la ferroviaria por 619 millones. Y es que las conexiones rusas de este conglomerado no gustan nada al Ejecutivo, que está demostrando que no se quedará de brazos cruzados. Si la amenaza de Puente fue por la mañana, a las 16:06 horas del mismo miércoles, Renfe enviaba una carta al fabricante de trenes de origen vasco. En la misiva, el operador público reprocha a Talgo el «flagrante incumplimiento» del contrato de 30 trenes de alta velocidad –en la nueva modalidad Avril– y le anuncia que incrementa en 50 millones la propuesta de sanción de 116 que ya había comunicado en el verano de 2022. La multa ascendería así a 166 millones de euros, una cantidad equivalente a más del 40% de la deuda bancaria actual de Talgo, que asciende a 400 millones. La compañía presidida por Carlos de Palacio ha comprometido la entrega de las primeras 15 unidades para este mes de abril. Una fecha que llega después de unos retrasos que se acumulan desde 2021 debido a cambios introducidos por parte de Renfe. Desde 2022, el fabricante los ha justificado por el impacto del covid, los problemas en la cadena de suministros posteriores a la pandemia y la falta de ventanas para probar los trenes en vía que debe facilitar Adif. En cualquier caso, la carta termina con el anuncio de que la sanción aumentará a razón de 80.000 euros por cada día de retraso a partir del primero del próximo mes. 

Pasaban, la veterana empresa tolosarra que a punto está de celebrar su centenario (efeméride que llegará en 2028) ha dado un paso adelante en su estrategia para diversificar y ampliar sus mercados. La compañía pilotada por Dani García adquirió el pasado 22 de enero la mayoría del capital de la empresa de Pensilvania ‘A&F’, una pyme familiar con medio siglo de experiencia y que está especializada en la fabricación de grandes bobinadoras para la industria del papel. Según se ha podido confirmar, la operación ha consistido en la adquisición del 70% del capital. El 30% restante queda en manos de la familia del actual propietario, Ambrose Fasolak, hijo del fundador, del mismo nombre, «lo que garantiza la presencia y el mantenimiento de los creadores», explicó Dani García. La compra se realizó con el asesoramiento de la donostiarra Norgestión en el plano económico empresarial, y también con el apoyo desde el punto de vista legal de Danbury. Esa renovada apuesta por el mercado estadounidense (Pasaban ya trabajó por aquellos lares a finales de los años ochenta a través de una empresa conjunta con una compañía local) forma parte de un Plan Estratégico de la tolosarra mucho más amplio y que está concebido para regir las acciones de Pasaban en el periodo 2023-2026. Estados Unidos, que este año celebra elecciones presidenciales y que podría intensificar su ya notable proteccionismo empresarial en caso de ganar los comicios Donald Trump, es un mercado tremendamente atractivo y en crecimiento.

La industria española sigue arrastrando los pies en el proceso de recuperación. A la sombra del pujante sector servicios, la actividad manufacturera cerró 2023 con una caída del 1,6%, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), que supone el mayor descenso en una década sin contar el periodo de pandemia. El enfriamiento económico provocado por las subidas de tipos y la incertidumbre geopolítica, en Ucrania y en Gaza, amplificaron los efectos de la subida de los costes de las materias primas. Los empresarios confían en el impulso de la inversión en digitalización y la transición verde para superar el anquilosamiento del sector. La crisis de la industria no es ajena al mal momento que atraviesa el sector en el resto de la zona euro, con la locomotora alemana en recesión. Sin embargo, la caída de la producción, del 0,8%, fue un tercio de la que registró el conjunto del continente, del 2,4%. El presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España considera que esos problemas se deben a “una pérdida de competitividad de la industria española y europea con la deslocalización de este sector a terceros países donde los costes son más baratos, la dependencia energética de otros países y la preocupante falta de mano de obra cualificada”. Los organismos internacionales apuntan que el sector también acusa la subida de los tipos de interés, que ha encarecido el crédito empresarial y frenado la inversión. A pesar de ese retroceso, el peso de la industria en el PIB de España es de un 16%, según datos del INE. Esta cifra está cuatro puntos por debajo del objetivo que marca la estrategia industrial. 

Coste salarial y laboral son dos conceptos estrechamente relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Mientras que el primero engloba las remuneraciones brutas que percibe el trabajador, el segundo contempla lo que le cuesta en conjunto a la empresa mantener a ese empleado, incluido el aumento de las cotizaciones sociales, además de los pagos por incapacidad temporal, desempleo o indemnizaciones por despido, entre otros. Y los datos evidencian que si bien el coste salarial está creciendo con relativa fuerza, fruto en gran medida de las presiones sindicales sobre los sueldos para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores pero también de las continuas subidas del SMI, el coste laboral que soportan las empresas lo está haciendo con mayor intensidad. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestran que el coste laboral por hora trabajada se disparó un 5,8% en el cuarto trimestre del año pasado en tasa anual, la tercera mayor subida desde el segundo trimestre de 2020, en plena pandemia de Covid, y el décimo incremento trimestral consecutivo. El coste salarial, sin embargo, creció un 4,8%, porcentaje que si bien se situó por encima de la guía del 4% pactada para ese año por la patronal y los sindicatos en el marco de la negociación colectiva, es un punto inferior al coste laboral total, diferencia que se explica fundamentalmente por el aumento de las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social para sostener el deficitario sistema público de pensiones, que recaen mayoritariamente en las empresas y que junto al resto de costes no estrictamente salariales se catapultaron un 9%.

Nace el Consejo de la Productividad de España, un organismo que deberá tener la vocación de Pepito Grillo, en línea con el Banco de España y la Autoridad Fiscal, para recordarle a Gobiernos, políticos y ciudadanos que, más allá del cortoplacismo y la refriega política, hace falta pensar en el largo plazo y diseñar iniciativas para mejorar la productividad y la competitividad. El Gobierno ha publicado el borrador del real decreto con el que se constituirá el Consejo de la Productividad, una institución que se origina por una recomendación europea y que ya ha sido creada en la mayoría de países del euro para hacer un diagnóstico de la productividad y la competitividad. Llama la atención que entre los mandatos que fija el decreto tendrá el de analizar la inteligencia artificial (IA) y su impacto. Deberá estudiar políticas públicas que ayuden a maximizar sus efectos positivos a la que vez que se minimizan los negativos. Cuando se agota el espacio que tiene una economía para crecer, es vital mejorar la formación, la innovación, las inversiones, la tecnología, la organización empresarial, la competencia o atajar las barreras legales al crecimiento empresarial. En definitiva, cómo se organizan los recursos de los que se dispone para producir más con lo mismo. A largo plazo, la productividad es el determinante de los ingresos. Según un estudio del Observatorio de la Productividad y Competitividad de la Fundación BBVA y el Ivie, la productividad del trabajo en España tenido desde el 2000 una evolución peor que la de los países europeos: mientras que en la UE ha subido un 1,05% al año, en España ha crecido un 0,77%. Y eso ha provocado que, con 42,7 euros por hora trabajada, ahora esté algo por debajo de la media de la Unión. En EE UU ha avanzado al 1,4% anual.

Los españoles han recurrido a la búsqueda de un segundo empleo o a aumentar sus horas de trabajo para intentar elevar sus ganancias y capear así la bofetada de la inflación, a diferencia de los europeos, que en lugar de centrarse en mejorar sus ingresos han optado en general por buscar alternativas de compra más baratas. Según el informe La reacción de los hogares ante el repunte de los precios en España y en la Unión Económica y Monetaria publicado ayer por el Banco de España, el porcentaje de españoles que ha aumentado su oferta laboral –incrementando las horas de trabajo diarias o buscando un segundo empleo– para adaptarse a la evolución de los precios ha sido 1,2 puntos más alto que en la Eurozona; de hecho, «la proporción de personas en situación de pluriempleo en España aumentó un 6,8% entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, frente al aumento del 1% observado en el caso de la UEM», destacan. En ese periodo, la inflación en España fue del 3,5%, que se añade a la subida de los precios del 8,9% que se registro de septiembre de 2021 al mismo mes de 2022 y a la del 4% sufrida en los doces meses precedentes. La inflación se acumula, lo que empobrece a los hogares, de ahí que muchos hayan optado por intentar incrementar sus fuentes de ingresos. La subida de salarios, sobre todo en el último año, ha contribuido también a paliar la inflación, pero, según constata la institución que gobierna Pablo Hernández de Cos, no más que en el resto de países europeos. ¿Qué perfil tienen los españoles que han buscado la solución en el pluriempleo? El Banco de España estudia qué características han llevado a ciertos hogares a recurrir a esta vía y concluye que «los individuos pertenecientes a hogares con un colchón de liquidez reducido o que residen en su vivienda en régimen de alquiler», se encuentran entre los que más han optado por esta vía.

El automóvil ha demostrado en los últimos meses una unión que no siempre ha sido la norma en el sector. Por primera vez desde que es presidente de Anfac, la patronal de fabricantes de coches, Wayne Griffths, asistió como invitado de lujo al congreso anual de Faconauto, asociación que representa a los concesionarios, celebrado esta semana en Madrid. Al mismo también asistió el presidente de Sernauto, la patronal de componentes del automóvil, Francisco J. Riberas, y la plana mayor del motor coincidió de forma coral en una reclamación: reformar el plan Moves III de ayuda para coches eléctricos para que la subvención se entregue al cliente en el momento de la compra y no tenga que esperar, en algunos casos hasta dos años o más, para recibir la ayuda. “No estamos vendiendo los coches eléctricos que necesitamos para cumplir con los objetivos de electrificación (...). El presidente Sánchez dijo que va a revisar el plan Moves y espero que sea pronto, porque no podemos perder más tiempo”, dijo Griffiths durante su discurso en el congreso de Faconauto. Este cambio en el Moves, cree todo el sector, supondrá un empujón clave para las ventas de coches eléctricos e híbridos enchufables que se encuentran estancadas en España en una cuota de mercado que, dependiendo del mes, apenas llegan al 10% incluyendo todo tipo de vehículos, excepto motos.

Cepsa cerró el año pasado con un resultado neto negativo de 233 millones de euros, frente a los 1.100 millones que ganó en 2022, en pleno auge de precios energéticos, comandados por los del petróleo. La compañía achaca este cambio en sus cuentas anuales a «cambios en las valoraciones de inventarios» y, sobre todo, «al impacto del impuesto extraordinario sobre las compañías energéticas en España». En concreto, el importe total en concepto por el tributo que grava con un 1,2% las ventas de las empresas del sector cuyos ingresos en 2022 superaron los 1.000 millones anuales ascendió a 323 millones de euros en las cuentas de Cepsa del año pasado.

El 7 abril de 2022, pocas semanas después de los primeros bombardeos de Vladimir Putin sobre Ucrania, la Unión Europa activó las primeras sanciones sobre un combustible fósil ruso: el carbón. Por aquel entonces aún se temía que un embargo total sobre el crudo procedente del gigante euroasiático destapase la caja de los truenos y acabase siendo inmanejable, tanto desde el punto de vista del suministro como desde el de los precios. Esos temores acabaron venciéndose solo unos meses después: a finales de año, los Veintisiete ya tenían en vigor las primeras represalias contra quien osase importar crudo desde ese país. Hoy, dos años después de la invasión, Europa parece perfectamente preparada para dar el siguiente paso, ese que parecía aún más complicado –”imposible”, decían muchos– y que hoy se antoja mucho más manejable: acabar de una vez por todas con las importaciones de gas procedentes de Rusia, que durante todo este tiempo han ayudado al Kremlin a financiar su campaña bélica. “Sería posible [no importar gas ruso]”, apunta Thierry Bros, profesor de Sciences Po Paris y profundo conocedor del mercado del gas. “Pero no es lo que está haciendo el mercado en estos momentos: tras un aumento interanual del 40% en enero, Gazprom sigue enviando más gas a la UE en febrero”. Con la llegada de más gas natural licuado (GNL) ruso a la UE –que en los dos primeros meses de 2024 crece un 7% respecto al mismo periodo del año anterior y que tiene en España, Francia y Bélgica los tres principales puntos de entrada al espacio comunitario–, “la cuota del gas ruso en la demanda de la UE debería superar el mínimo histórico del 15% alcanzado en 2023″. El repunte del gas ruso en 2024, sostiene el académico francés, voz autorizada donde las haya, “no va en la buena dirección, aunque ayude a resolver el insoportable coste de la crisis energética”.

Estaciones de trenes y aeropuertos vacíos se han convertido en una estampa habitual en Alemania. Viajar se ha vuelto imprevisible en la mayor economía de Europa, que lleva meses afrontando huelgas de trabajadores, sobre todo del sector del transporte. Los sindicatos reclaman una mejora salarial para compensar el mordisco de la inflación y un recorte de las horas de trabajo. La última jornada de paros tuvo lugar esta semana y por partida doble. Por un lado, el sindicato alemán de maquinistas GDL convocó un paro de 35 horas de jueves a viernes en el marco de su disputa salarial con la empresa de ferrocarriles alemanes Deutsche Bahn. Por otro lado, el personal de tierra de la aerolínea alemana Lufthansa comenzó el pasado miércoles una nueva huelga de 59 horas. A esta se sumó la del personal de seguridad de los aeropuertos de Fráncfort, Düsseldorf y Hamburgo que dejaron de trabajar hasta la medianoche del jueves paralizando completamente la entrada de nuevos pasajeros. Los conflictos salariales se recrudecen así en un país que se enfrenta a una situación difícil tras cerrar 2023 en recesión, según alertan cada vez más expertos. Desde el punto de vista económico, las huelgas y protestas llegan en un momento inoportuno en el que los pronósticos para la economía alemana siguen lejos de ser los deseados, como advirtió recientemente el Ejecutivo alemán al reducir su previsión de PIB para este año hasta un raquítico 0,2%. La nueva proyección de PIB fue calificada como “dramáticamente mala” por el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, quien alertó de que Alemania “no puede seguir así”. 

Pedro Sánchez está convencido de que la amnistía consolida definitivamente la legislatura y da por hecho que tendrá Presupuestos en 2024, en 2025 y en 2026, frente a una oposición que a diario mantiene que la situación del Gobierno es insostenible. De viaje por Chile, donde termina una gira en la que ha visitado a dos líderes progresistas, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, Sánchez aprovechó la última comparecencia ante la prensa de este recorrido para lanzar un mensaje sobre la continuidad del Gobierno. El presidente empleó un tono burlón hacia la oposición, que pensaba que su caída estaba cerca tras el batacazo en las elecciones gallegas y el escándalo de corrupción del caso Koldo. “Lo siento mucho por la oposición”, ironizó Sánchez. “En las últimas elecciones los españoles dijeron que querían un Gobierno progresista y no uno reaccionario del PP y Vox. Y es lo que está pasando. Tenemos un Gobierno que está subiendo las pensiones, que está reduciendo la desigualdad, que está planteando hoy la ley contra la trata. Estamos poniendo en marcha agenda progresista. Eso es lo que votaron los españoles, y van a ser cuatro años más de Gobierno progresista le pese a quien le pese. Sé que a algunos se le van a hacer muy largos, pero así es la democracia”, afirmó.

La situación de la población en la Franja se deteriora día a día y, ante las dificultades para hacer llegar ayuda humanitaria a la zona, Occidente trata de agotar todas las vías posibles. Ayer mismo se anunció la apertura de un corredor marítimo impulsado por la Unión Europea (UE), el Reino Unido, Estados Unidos y Emiratos Árabes que conectará Chipre con Gaza y que se sumará a los envíos por tierra –a través del paso de Rafah– y por aire ya en marcha. El plan, bautizado como Amalthea, se conoció un día después de que Washington compartiera su intención de construir un puerto flotante frente al enclave gazatí para facilitar la entrada de ayuda y apenas unas horas antes de que el lanzamiento aéreo de alimentos se confirmara como una solución, al menos, cuestionable tras la muerte de cinco personas por el impacto de la carga sobre una vivienda. El suceso tuvo lugar en el campo de refugiados de Al-Shati, en el norte de Gaza, donde decenas de personas se arremolinaban bajo la ayuda que caía del cielo. Según el relato de testigos como Mohammed al-Sheikh, de 50 años, el paracaídas enganchado a uno de los paquetes «no se abrió» y la carga cayó «como un cohete» sobre el tejado de una casa. En diez minutos, relató este hombre que se había acercado con su hermano en busca de un costal de harina, sacaron de la zona varios cadáveres y al menos una decena de heridos, que fueron trasladados al hospital Al-Shifa. Una tragedia de la que ya había advertido días atrás el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, al asegurar que esta fórmula «no está exenta de riesgos para los civiles». Con el ‘plan Amalthea’ se espera dar una mejor solución a la falta de alimentos en la Franja y hacerlo desde este mismo fin de semana tras el ensayo piloto que se llevó ayer a cabo.