20240613

Candidatura única, voto secreto y respaldo unánime. Y todo en apenas 45 minutos. Así se formalizó ayer el inicio de una nueva etapa en la patronal alavesa. Juan Antonio Sánchez Corchero, propietario de Cars&Caravans y con dilatada trayectoria en el mundo de la formación para el empleo, presidirá SEA los próximos cuatro años. Toma las riendas de una organización de la que forman parte más de 4.000 empresas del territorio, el 97% pymes, y que es –junto con la vizcaína Cebek y la guipuzcoana Adegi– uno de los tres pilares de Confebask. Sustituye en el cargo a Pascal Gómez, que ha sido presidente de la institución durante catorce años. «El absentismo y la necesidad de atraer talento» son los dos grandes problemas a los que se enfrentan los empresarios del territorio. Sánchez Corchero los señalaba nada más asumir el cargo, en esa reunión a puerta cerrada de la Junta Rectora extraordinaria que formalizó su nombramiento. Posteriormente ahondó en ellos en declaraciones a este periódico. «El absentismo es una auténtica lacra y un obstáculo difícilmente salvable para las empresas. Es algo a todas luces inasumible», planteaba en clara referencia a una tasa que en el conjunto de Euskadi se sitúa en el 7.9% y que en empresas como Michelin Vitoria se eleva hasta casi el 10%. «El segundo gran problema es esa falta de talento que hace que tengamos verdaderas dificultades para encontrar profesionales que sirvan para sustituir y relevar a trabajadores que se jubilan o, simplemente, para reforzar plantillas». Esto último, clave para que «las empresas puedan hacer frente a pedidos de mayor envergadura». En este punto, el nuevo presidente destacó el proyecto piloto que permitirá contratar en origen a profesionales de Latinoamérica. «Es una primera piedra en la búsqueda de soluciones para combatir las dificultades de contratación, pero habrá más», aseguró. En trazo grueso –aunque cargando especialmente contra el absentismo– el mismo mensaje que lanzó su ya predecesor, Pascal Gómez, el pasado viernes en la asamblea general que marcó su despedida. Y que reforzó el también saliente, Iñigo Urkullu, durante su discurso de clausura. «Resulta imprescindible el trabajo conjunto de todos los agentes sociales y económicos para lograr una salida que ponga fin a esta problemática», apostillaba ayer Sánchez Corchero. El hasta ahora vicepresidente en la ejecutiva de Gómez –también lo es en la Cámara de Comercio que lidera Gregorio Rojo– llevaba meses trabajando en su candidatura. Marta Barredo, la ejecutiva que lidera Herdit, será su vicepresidenta. Ver nota SEA Empresas Alavesas. 

Dos años después de su presentación en sociedad, Basquevolt, la empresa de baterías instalada en Miñano (Vitoria) ya ha puesto en marcha su primera planta de prototipado. Inmersa en una carrera tecnológica por llegar al mercado de la automoción, la compañía sigue dando pasos en su sede, donde ya está esa planta piloto, un laboratorio y un bloque de oficinas. «Estamos intentando demostrar que la ciencia y los materiales que se han desarrollado durante muchísimos años en Vitoria tienen el potencial de llegar a montarse en un coche, en un autobús y en un avión. Tenemos que ir dando un paso más hacia adelante en ese desarrollo de madurez industrial», señala Francisco Carranza, el CEO de la empresa a este periódico. Según el directivo, la planta es capaz de producir celdas de hasta 20 amperios con electrolitos sólidos. La apuesta de Basquevolt pasa por diferenciarse de las baterías que actualmente llevan los coches, que son líquidas, y pasar a baterías sólidas, más duraderas y más potentes. «Empezamos a producir celdas de 1 amperio en abril de 2023 y mira lo que tenemos un año después. Queda otro paso más: pasar a 80 amperios, que es lo que llevan los coches eléctricos y es más grande», señala Carranza. «Nuestro objetivo es llegar a mitad de 2025 a un producto ya en 80 amperios», aunque la hoja de ruta de la empresa asegura que las primeras muestras de esas celdas llegarán a finales de este año. En el recorrido llevado a cabo por Basquevolt, El Correo ha podido ver caras de medio mundo. En la empresa trabajan más de 85 profesionales de puntos tan lejanos y dispares como Estados Unidos o Corea del Sur.

El 31 de julio expira el programa Moves III, la línea por la que se han canalizado las ayudas para comprar un coche eléctrico financiadas con los fondos europeos desde 2021. Unas subvenciones tanto para adquirir un vehículo enchufable, como para las obras del punto de recarga que han gestionado las comunidades autónomas. La asignación de fondos en España ha ascendido a 1.068 millones, de los que 63 han recalado en Euskadi. Precisamente esta semana el Gobierno vasco ha aprobado la última ampliación de 14,2 millones para resolver peticiones pendientes y atender las solicitudes del último arreón. Con esta medida, el Ente Vasco de la Energía (EVE) habrá movilizado en dos años ese total de 63 millones de euros que ha servido para ayudar a la compra de 7.000 coches eléctricos y para las obras de unos 5.000 puntos de recarga. Ese va a ser el saldo del programa que se ha convertido en una de las vías fijadas para lograr el objetivo del viaje a 2035, fecha marcada por Europa para abandonar el motor de combustión. A 10 de junio, tal y como confirman fuentes del EVE, se han resuelto 9.859 solicitudes de ayudas. De esa cantidad, 5.152 han sido para acceder a la subvención de hasta 7.000 euros que se ofrece para la compra de un coche eléctrico. Y otras 4.707 para financiar el coste de la instalación de un punto de recarga en el garaje. Esos dos bloques de solicitudes han supuesto ya el desembolso de 42,6 millones. Actualmente, explican desde el Gobierno, quedan por resolver 1.992 solicitudes –tanto para la compra de vehículo, como para el punto de carga–, que junto a las que puedan acumularse en el próximo mes y medio, permiten estimar ese impacto final.

Bruselas aplicará aranceles multimillonarios de hasta casi el 50% a los vehículos eléctricos chinos, que supondrán más de 2.000 millones de euros al año, ignorando las advertencias del Gobierno alemán de que la medida podría dar lugar a una costosa guerra comercial con Pekín. La Comisión Europea notificó ayer a los fabricantes de automóviles que aplicará provisionalmente aranceles adicionales de entre el 17% y el 38%% a los vehículos eléctricos chinos importados a partir del mes que viene. Pekín ha advertido de que tomará represalias mientras intenta convencer a la mayoría de las capitales de la UE de que se opongan a la medida, que se sumaría a los actuales aranceles del 10%. Pekín ya aplica un arancel del 15% a los vehículos eléctricos europeos. Los principales exportadores, incluidos BYD y Geely, se verán afectados por aranceles individuales adicionales de entre el 17% y el 20%. Marcas europeas que exporten vehículos eléctricos fabricados en China pagarán el 21%, mientras que Tesla podrá recibir un arancel calculado individualmente, dijo la Comisión. Las empresas que se considere que no han cooperado con la investigación, incluido el grupo estatal SAIC de Shanghái, estarán sujetas a la tasa del 38%. Bruselas argumenta que los fabricantes chinos de vehículos eléctricos se benefician de subvenciones que perjudican a sus rivales europeos. Con la aplicación de más aranceles, una iniciativa que defiende Francia, se recaudarán miles de millones de euros anuales para el presupuesto de la UE a medida que aumenten las ventas de vehículos eléctricos chinos en Europa. China, el mayor socio comercial del bloque, exportó 10.000 millones de euros en coches eléctricos a la UE en 2023, duplicando su cuota de mercado el año pasado hasta el 8%, según los analistas de Rhodium Group. Alemania, Suecia y Hungría no están de acuerdo con la medida por temor a las represalias chinas. 

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha calificado de "positiva" la iniciativa europea de establecer aranceles al vehículo eléctrico chino para que así todos "puedan jugar en las mismas condiciones". En declaraciones a Euskadi Irratia, Tapia se ha referido, de esta manera, al anuncio de la Comisión Europea de imponer a partir del próximo 4 de julio aranceles de hasta el 38,1% al automóvil de batería eléctrica importado desde China, al concluir que los fabricantes de este país gozan de una ventaja "desleal" por los subsidios que reciben de Pekín.  La consejera ha indicado que, en principio, le parece "positivo", aunque sin conocer aún concretamente "qué tipo de acuerdo va a ser y hasta dónde puede llegar". En su opinión, no se puede hablar de "proteccionismo", ni de "cerrar las fronteras completamente", sino de "producir en las mismas condiciones". Según ha manifestado, se debe realizar la transición energética y climática y las empresas deben llevar a cabo numerosas inversiones porque el coche eléctrico es "totalmente necesario", pero ha defendido que, en esa competencia, "las empresas de todos los países deben tener siempre las mismas condiciones".Por lo tanto, Tapia no cree que Europa "le quiera cerrar el mercado ni a China ni a los Estados Unidos", pero ha insistido en que todos deben "jugar en las mismas condiciones". "De lo contrario, nuestra competitividad puede estar en juego, y también la de toda Europa", ha manifestado.

"Estamos entrando en un mundo proteccionista, liderado por EEUU, como a principios de los años treinta. Donald Trump es, por supuesto, un proteccionista convencido, un verdadero sucesor del senador Smoot y del representante Hawley, que instigaron el infame arancel Smoot-Hawley en 1930. Sin embargo, excepto para los estándares de Trump, Joe Biden tampoco se queda atrás en lo que a protección se refiere, más recientemente con sus aranceles sobre 18.000 millones de dólares (16.650 millones de euros) de exportaciones chinas. El arancel estadounidense sobre los vehículos eléctricos, en particular, se va a cuadruplicar hasta el 100%. “¿Dónde han estado durante tres años y medio? Deberían haberlo hecho hace mucho tiempo”, respondió Trump, que propone aranceles del 10% a todas las importaciones, salvo las procedentes de China, a las que espera imponer aranceles del 60%. Estos nuevos aranceles, espera, también compensarían parcialmente la pérdida de ingresos por la extensión de su muy costosa Ley de Recortes de Impuestos y Empleos de 2017. Estas políticas son políticamente atractivas. El impacto de los aranceles sobre los perjudicados es relativamente invisible; las víctimas suelen estar impotentes; y (¡aleluya!) los aranceles pueden justificarse como una forma de reparar los daños causados por extranjeros desagradables. Sin embargo, siguen siendo malas políticas...Para entender por qué los aranceles rara vez son el mejor instrumento político, hay que entender lo que hacen. Los aranceles son impuestos sobre el consumo cuyos ingresos van en parte al gobierno, pero en gran parte a los productores. Por lo tanto, son ejemplos de “impuestos y gasto”, pero los impuestos se ocultan en el elevado precio del bien y el gasto se oculta en las elevadas recompensas a los productores...Hay excelentes motivos para querer intervenir en la economía, pero estos impuestos rara vez serán la mejor manera. El país que impone aranceles suele acabar perjudicando a sus empresas exportadoras..."

Nuevo jarro de agua fría para la planta de Ford Almussafes. Después de recibir la confirmación de que la construcción del nuevo modelo híbrido se producirá de forma íntegra en la factoría valenciana, la dirección de la empresa anunció ayer que el cuarto Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la fábrica afectará a más de 1.600 trabajadores. La segunda reunión entre la empresa y los representantes de los empleados para negociar las condiciones del ERE acabó con la peor de las noticias. La empresa cifró el excedente de personal en 1.622 empleados, por lo que ha propuesto 626 bajas de carácter definitivo y otros 996 despidos con posibilidades de recontratación a partir de 2027, con la llegada del nuevo coche. De esta forma, la firma del óvalo pretende reducir un 30% la plantilla de la fábrica. Carlos Faubel, presidente del comité de empresa y secretario general de UGT, avanzó que en las próximas reuniones se tratará de «pactar fórmulas» tanto para las bajas incentivadas definitivas como para las cerca de mil con posibilidad de reincorporación. «La propuesta que Ford nos hace, que es una propuesta idílica para cualquier empresa, es despedir con 20 días por año y máximo una anualidad con el compromiso de tener la preferencia para contratar en 2027», detalló Faubel, quien consideró que lo que ofrecido por Ford es un planteamiento «demasiado lejano, demasiado complicado y no con demasiadas garantías». Por el momento, UGT, sindicato mayoritario en la planta de Almussafes, ha incidido en la necesidad de buscar «soluciones transitorias viables», aunque todavía no han trasladado una contraoferta a la empresa. 

Zegona, la firma que acaba de cerrar finalmente la compra del grupo de telecomunicaciones Vodafone España por 5.000 millones de euros, no ha perdido tiempo: ayer anunció un ERE para 1.198 empleados, el 37% de la plantilla. Será el quinto ERE que sufre Vodafone desde 2013. En los cuatro anteriores (2013, 2015, 2019 y 2021) salieron, en total, 3.212 empleados. La mesa de negociación se constituirá en un máximo de quince días. Si el ERE se aprueba finalmente en toda su magnitud inicial –aunque normalmente se reduce la afectación de trabajadores durante la negociación con los sindicatos– la plantilla de Vodafone se acabaría situando en algo más de 2.200 empleados. La compañía ha señalado que el ERE “surge desde el convencimiento de que es la única fórmula para garantizar la viabilidad y competitividad de la empresa a futuro, por el fuerte deterioro financiero y comercial. La compañía ha disminuido sus ingresos totales en un 8% y ha perdido aproximadamente 400.000 clientes de contrato en los dos últimos años”. De hecho, desde el ejercicio 2017-2018, el grupo ha perdido 1.000 millones de ingresos y más de un millón de clientes. Los observadores señalan que en este ERE las condiciones propuestas serán más duras que en los anteriores –en 2013 y 2015 fueron 45 días por año trabajado, y en 2019 y 2021 se llegó a 50 días por año– y que previsiblemente no se optará únicamente por medidas voluntarias, es decir que habrá despidos forzosos. 

Prácticamente un año después de lo inicialmente previsto, España ha logrado desbloquear el cuarto desembolso de ayudas europeas ligado al cumplimiento de hitos del Plan de Recuperación. Bruselas, sin embargo, ha anunciado que retendrá parte de los 10.000 millones de euros del pago ante el incumplimiento de uno de los objetivos asociados, destinado a impulsar la transformación digital de las pymes. Aunque la Comisión Europea aguardará a conocer las alegaciones de España antes de cuantificar el recorte, el Gobierno estima que este se limitará a 158 millones. El Ejecutivo solicitó el cuarto pago del programa Next Generation el pasado diciembre después de reactivar algunos de los compromisos que, inicialmente ligados al primer semestre de 2023 y posteriormente retrasados en la adenda de ampliación al Plan de Recuperación, habían quedado en el limbo con la disolución de las Cortes que supuso la convocatoria anticipada de Elecciones Generales. Desde entonces, el Gobierno venía trabajando en sortear el riesgo de verse sometido al procedimiento de suspensión, por incumplimiento de los compromisos, que ya ha sido aplicado antes a Portugal, Lituania o Rumanía. No lo ha logrado. Pese a que obtuvo una prórroga, el país ha dejado sin cumplir uno de los 61 compromisos asociados al cuarto desembolso. Durante los últimos tiempos, el gran impedimento del Gobierno para acceder al pago íntegro del cuarto desembolso parecía ser la reforma del subsidio de desempleo, que Unidas Podemos tumbó en el Congreso en enero como primer aviso a navegantes de lo que suponía su salida de Sumar, y por tanto del bloque del Ejecutivo de coalición. La reciente aprobación de la medida bajo las exigencias de los morados como mero real decreto ley, pendiente de convalidación en la Cámara Baja, ha bastado a la Comisión Europea para dar por cumplido el compromiso.

La detención en Zerain de un matrimonio por explotar a trabajadores extranjeros en su quesería ha vuelto a poner el foco en las condiciones laborales en las que se encuentran. Inspección de Trabajo ha detectado en un año el doble de extranjeros en situación irregular en Gipuzkoa. La reciente detención en Zerain de un matrimonio acusado de explotar laboralmente a migrantes en su caserío ha vuelto a sacar a la luz la dura situación que vive un número indeterminado de personas que trabajan en condiciones irregulares por un salario escaso y sin los más mínimos derechos laborales. La hostelería, el servicio doméstico y el sector agropecuario son las tres áreas donde, según los expertos, se producen más casos de una explotación, la laboral, que no ha dejado de aumentar en los últimos años, al igual que las infracciones detectadas en el área de empleo y extranjería por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En 2022, último año del que se tienen datos estadísticos, se detectaron en el País Vasco 333 extranjeros en situación laboral irregular, el doble que el ejercicio anterior (151). En Gipuzkoa, el número de trabajadores migrantes en esta situación fue de 91, cifra que también duplicó a la del año precedente (44). En este territorio, el importe de las sanciones impuestas a los infractores ascendió hace dos años a 890.421 euros, 482.941 más que en 2021. Estos datos revelan la creciente expansión en algunos sectores de una cultura de la irregularidad que sirve de caldo de cultivo para la explotación de personas vulnerables que vienen a buscar trabajo y lo que encuentran son condiciones miserables que en algunos casos rozan la esclavitud. En el caso de Zerain, el matrimonio propietario del caserío Olabide, que se dedica a elaborar queso en Idiazabal, tenía cuatro empleados extranjeros sin contrato de trabajo. Según la Policía, su jornada laboral era de siete días a la semana sin posibilidad de descanso y cobraban entre 300 y 400 euros al mes.

La Diputación de Gipuzkoa presentó ayer la estrategia ‘Gipuzkoa Quantum Hub’. Un programa que tiene como objetivo hacer que el territorio sea, para el año 2027, un lugar de referencia relacionado con las tecnologías cuánticas en Europa y que tendrá acceso a «infraestructuras tecnológicas punteras a nivel internacional» como el superordenador cuántico IBM Quantum One. Una máquina que se convertirá en el sexto de estas características en el mundo, que se está construyendo en Donostia, en la zona de Ibaeta, impulsado por el Gobierno Vasco. Para ello, y en colaboración con BIC Gipuzkoa, se pondrá en marcha un programa específico de aceleración de nuevos proyectos empresariales de cuántica, tanto ‘start ups’ del entorno como internacionales, denominado QuBic Accelerator. En este sentido, la diputada general, Eider Mendoza, destacó, ante decenas de representantes del tejido social y económico, «las capacidades que hemos venido desplegando durante muchos años, y que son el fruto de la colaboración interinstitucional, la especialización inteligente y la visión a largo plazo. Tenemos centros de I+D excelentes, con una importante producción científica y de patentes; infraestructuras tecnológicas punteras a nivel mundial; una amplia base industrial; una apuesta pública decidida, con una inversión conjunta entre el Gobierno Vasco y las tres diputaciones dentro de la estrategia BasQ; y universidades con formación específica». Con esta estrategia lo que se busca es, según Mendoza, «sacar el máximo partido a esas fortalezas, haciendo hincapié en el que para nosotras es el punto con mayor margen de actuación: la cadena de valor y el emprendimiento».

Las empresas que forman parte de la asociación Clúster del Papel de Euskadi facturaron 1.554 millones de euros el pasado año, de los que casi la mitad (un 48%, 752 millones) fueron exportaciones. En todo caso, tanto la facturación como las exportaciones sufrieron «importantes retrocesos» respecto a 2022, de un 12% y un 13% respectivamente. El clúster atribuyó la caída de las ventas a una «vuelta paulatina a precios anteriores a 2022, cuando escalaron de forma importante para compensar los fuertes incrementos de los costes energéticos que se dieron entonces». Durante su asamblea anual, la número 27 que celebran, la asociación hizo balance de un año 2023 marcado por «una importante caída» en la demanda de los productos papeleros, pero también con una mejoría de los costes energéticos que fijaron sus récords en 2022. Para el presente ejercicio el sector afronta retos como la integración de criterios ASG –Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo– en sus decisiones estratégicas. Su objetivo es llegar a ser considerados «un referente en su contribución a un mundo medioambiental y socialmente más sostenible». El año pasado la producción de pasta y papel estimada por el clúster de Euskadi se redujo en un 14,4%, con un total de 1,13 millones de toneladas. Casi todos los productos vinculados al embalaje, el papel de prensa y los papeles gráficos, así como los asociados al uso cotidiano, vieron cómo su consumo decrecía de forma importante. El mismo modelo se reprodujo a nivel europeo, con caídas por encima del 10%, e incluso a nivel mundial.

El curso escolar 2023/24 acaba caliente entre los sindicatos de la educación concertada y las patronales Kristau Eskola y Aice-Izea. Las centrales ELA, Steilas y CC OO anunciaron ayer que acudirán a los tribunales para que las patronales de los centros de Iniciativa Social de Euskadi «cumplan con los salarios pactados en el acuerdo de fin de huelga» firmado el pasado 5 de febrero. Aquel pacto pareció sellar la paz en los colegios concertados tras varios meses de conflictividad –con 13 días de huelga entre noviembre y febrero–, pero los sindicatos denuncian que, cuatro meses después, Kristau Eskola y Aice-Izea no están respetando algunos de los puntos. En concreto, han puesto el foco en las subidas salariales previstas, que no terminan de concretarse. Además, advierten de que, si llega el plazo para cumplir el resto de contenidos del acuerdo y las patronales no lo hacen, volverán a acudir a los tribunales para reclamarlos. En un comunicado conjunto, ELA, Steilas y CC OO recuerdan que sindicatos, delegados y trabajadores han llevado a cabo en las últimas semanas diversas acciones y movilizaciones para hacer cumplir el acuerdo de fin de huelga, pero denuncian que las patronales Kristau Eskola y AiceIzea siguen poniendo «trabas» a la ejecución del acuerdo firmado el 5 de febrero. Según explican, en la mesa de negociación del 29 de mayo las patronales se comprometieron a cumplir con dos contenidos del acuerdo: por un lado, la aplicación de las reducciones de jornada pactadas, y por otro, el inicio de la aplicación de la compensación de la jornada irregular en formación profesional, ambas en el curso 2023-2024. Los sindicatos aseguran que la patronal ha empezado a aplicarlas, pero no de manera pactada con los sindicatos.

El BTI Biotechnology Institute, el centro investigador que el vitoriano Eduardo Anitua creó hace ya 25 años en Armentia, vuelve a coronarse como la empresa biotecnológica con mayor número de publicaciones científicas –27 en el año 2023–, tal y como recoge el informe de la Asociación Española de Bioempresas (AseBio). En el informe presentado ayer en Madrid, BTI ocupa un lugar destacado en cuanto a producción de conocimiento científico e influencia al haber publicado sus descubrimientos en revistas científicas de impacto mundial. Se coloca por delante de grupos como Almirall, con 26 publicaciones; Sanofi, con 19, y Grifols, con 16. Según explican los portavoces del instituto, Asebio 2023 reafirma a BTI como una de las empresas españolas con mayor dedicación e implicación con la I+D, «ya que se trata del noveno año consecutivo en el que la biotecnológica con sede en Vitoria se sitúa como la empresa número uno en producción científica de España». Y además, destacan, «2024 es un año muy especial tanto para BTI como para AseBio, ya que ambas organizaciones celebran su 25º aniversario. Un cuarto de siglo en los que han sido protagonistas de la transformación y crecimiento de la biotecnología española». El propio Eduardo Anitua valora lo complicado que resultaba explicar hace un tiempo las posibilidades que se abrían con el uso de proteínas autólogas en la medicina regenerativa. «Fuimos pioneros en el mundo a la hora de incorporar medicamentos que obteníamos a partir de nuestra sangre y con espectaculares resultados», explica.

El grupo Agaleus sigue adelante con su plan para abrir una nueva planta en el Puerto de Bilbao dedicada al tratamiento de residuos (peligrosos y no peligrosos). Esta instalación absorbería el trabajo que actualmente desarrolla su empresa Sader en Zorroza y añadiría alguna línea de negocio nueva dedicada a los servicios. La idea es cerrar en el barrio bilbaíno y comenzar a funcionar en la zona franca a finales de 2026. Todo ello en un contexto en el que Profersa, otra de las fábricas de Agaleus (está dedicada a producir fertilizantes y se ubica junto a Sader) continúa paralizada de forma cautelar por orden del Gobierno vasco, tras protagonizar dos recientes escapes. Unos incidentes que han acentuado las protestas vecinales contra ambas industrias, exigiendo su traslado «inmediato». El nuevo proyecto de Agaleus ya ha sido presentado a la Autoridad Portuaria para obtener la correspondiente concesión administrativa sobre el suelo y se encuentra actualmente en fase de exposición pública para que las asociaciones, instituciones o particulares que se puedan sentir perjudicados presenten alegaciones. Una de las cosas que quedan claras es que la planta no producirá fertilizantes, así que no tendría nada que ver con Profersa. En el capítulo 4 de la memoria, por ejemplo, se señala el tipo de residuos que se pretende tratar, así como el volumen de toneladas de cada uno de ellos. La nueva planta prevé procesar 144.500 toneladas de desechos por ejercicio, lo que supone casi un 20% más que el volumen que tiene actualmente permitido. 

El mercado de la venta de combustibles en España se ha convertido en una jungla. Por si fuera poco el multimillonario fraude en el IVA, que según cálculos de determinadas patronales y del propio Gobierno asciende ya a unos mil millones, las autoridades acaban de detectar otro problema multimillonario. Se trata del fraude en la mezcla de combustibles, que ya ha provocado un quebranto de cerca de 600 millones de euros. Así se desprende de uno de los últimos informes elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica. Numerosas empresas están incumpliendo la obligación de añadir combustibles bio (elaborados a partir de materias orgánicas), a los normales (los denominados combustibles fósiles, derivados del petróleo). Según la legislación, todos los combustibles fósiles deben llevar una determinada mezcla de biocombustibles, para fomento de transición ecológica. Si no se realiza esa mezcla, el comercializador debe pagar una compensación (certificados). Ese dinero se revierte al Estado para fomento de las renovables. El problema es que el Gobierno ha detectado que numerosas empresas no cumplen con la proporción de la mezcla establecida, ni cubren ese déficit pagando por la compensación correspondiente.

El Impuesto de Sociedades recaudó el pasado año 35.060 millones de euros, un 9% más que el ejercicio anterior y el monto más elevado desde 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Pese a la persistencia del crecimiento económico y las históricas cifras de beneficios empresariales, la posibilidad de batir de nuevo la marca este año está en vilo. El varapalo del Tribunal Constitucional al triple alza del Impuesto de Sociedades aprobada en 2016 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha multiplicado la capacidad de las grandes compañías de rebajar su factura fiscal a cuenta de las pérdidas sufridas en años anteriores. Una oportunidad que desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) asumen que las empresas aprovecharán este verano al liquidar el ejercicio 2023, antes de que el Gobierno vuelva a cambiar la ley. Hasta 2016, la posibilidad que tenían las empresas de reducir la factura del Impuesto de Sociedades a cuenta de pérdidas sufridas en años anteriores estaba limitada a un máximo del 70% de la base imponible del tributo. El Real Decreto-ley 3/2016 impulsado entonces por Montoro introdujo un límite del 50% para empresas con una facturación igual o superior a 20 millones al año, y lo restringió al 25% para las compañías con una cifra de negocio anual superior a los 60 millones. Sin embargo, el Tribunal Constitucional tumbó en enero esta, y otras dos alzas fiscales del decreto, al considerar inconstitucional practicar una modificación sustancial del impuesto por la vía del decreto. “Aunque parece que hay un proyecto de modificación de la norma para implantar los límites por el cauce legislativo adecuado desde 2024, para 2023 no operará esa limitación”, apuntó ayer Agustín Fernández, presidente del REAF, en una jornada sobre el Impuesto de Sociedades. Hacienda, efectivamente, planea reintroducir los límites de Montoro mediante una enmienda al último proyecto de ley de medidas anticrisis.

Ingeniería de Satélites, Estudios teatrales, Audiología, Mineralúrgica, Neurociencia y Sistemas Ferroviarios, se suman a la lista. Hasta la reforma del Plan Bolonia (1999-2010) el Ministerio de Educación fijaba el catálogo de licenciaturas y diplomaturas y la lista era corta, clásica y con una formación generalista. Desde entonces son las universidades las que diseñan los grados que quieren impartir y, si logran la acreditación del ministerio, los ofertan. Los campus ahora batallan por las inscripciones con títulos cada vez más especializados. El curso que viene contará al menos con seis nuevos grados que dan respuesta a nuevos retos y necesidades.

Biztanleko errenta da ongizate materialaren aldagairik erabiliena. Barne Produktu Gordina (BPG) zati biztanleriaren kopurua da berau kalkulatzeko modua. Industria Iraultzaren ondoren, baina bereziki Bigarren Mundu Gerraren ostean, egundoko gorakada izan zuen eta petrolioaren krisiaren ondoren areago igotzen joan da, baina oso modu gorabeheratsuan. Gainera bi krisi gogor jasan ditugu, 2009an eta 2020an, eta horren ondorioak oraindik ere pairatzen ditugu. Gehiago irakurri hemen. 

La obligación para todas las empresas de disponer de un registro sobre la hora de entrada y salida de sus trabajadores y todo el tiempo destinado a descansos ha cumplido cinco años, con serias dudas de que haya sido realmente efectiva, dado que la Inspección de Trabajo sigue recibiendo mensualmente un aluvión de denuncias por casos de incumplimiento ya que el volumen de horas extra que se realizan en el país no se ha reducido, según la EPA. «La situación del registro de la jornada ha sido un desastre por la inseguridad jurídica que ha generado a las empresas y a los trabajadores, y porque no ha servido para nada», señalaba ayer José Ramón Urtubi, gerente de la asociación Consejo Español del Registro de Jornada. «Estamos en contacto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y es mejor ni hablar del registro horario, ni siquiera en las grandes empresas porque prácticamente no se registra nada (...) Al final el registro horario ha supuesto menos libertad para el trabajador y más carga para la empresa, lamenta. Uno de los objetivos del control horario era precisamente reducir el número de horas extra que se realizan el país y la proporción de las que no se pagan: «Cada semana del año 2017 se hicieron en nuestro país una media de 5,8 millones de horas extraordinarias a la semana. Lejos de constituir un hecho puntual, la realización de horas extraordinarias se incrementó en 2018. Los datos revelan que, como media, cada semana de 2018 se realizaron 6,4 millones de horas extraordinarias en España (...) Un 48% de las personas trabajadoras que declaran realizar horas extraordinarias también manifiestan que no les son abonadas ni, por tanto, se cotiza por ellas a la Seguridad Social. Ello supone un perjuicio grave para esas personas y para el sistema de Seguridad Social», recogía el real decreto-ley 8/2019.

El péndulo del mercado petrolero giró hace tiempo, dando paso a una nueva realidad que ha llegado para quedarse: sobra crudo, y cada vez más. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) proyectó ayer una situación de sobreoferta galopante en 2030, con duras consecuencias para los países y las empresas que más dependen de esta materia prima: a finales de la década el mundo producirá ocho millones de barriles más de los que consumirá. Para entonces, el brazo energético de la OCDE cree que la electrificación del parque móvil, el aumento de la eficiencia y la declinante generación de electricidad con crudo en los pocos países que aún lo emplean más que contrarrestarán el aumento de la demanda en el Asia emergente, o en los sectores de aviación y petroquímica. La demanda mundial de crudo rondará los 105,4 millones de barriles diarios a finales de esta década, poco más de tres más que en 2023 –aunque empezará a picar a la baja en el tramo final del periodo–, según la Agencia. Los bombeos, entretanto, crecerán hasta los 113,8 millones –seis más que el año pasado– por el empuje de los países que no forman parte del cártel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con Estados Unidos y otros grandes productores americanos (Brasil, Canadá, Guyana, Argentina...) a la cabeza. Los cálculos estiman en ocho millones de barriles diarios el superávit en 2030: será un “asombroso” saldo superavitario de ocho millones de barriles diarios, en palabras de los técnicos de la AIE. Una cifra, enfatizan, “nunca vista desde lo más crudo de los confinamientos para frenar la covid-19″, en 2020. “Una capacidad excedente tal podría tener consecuencias significativas para los mercados petroleros, tanto dentro como fuera de la OPEP, así como para la industria del fracking [fracturación hidráulica] en EE UU”, se lee en el estudio publicado a primera hora de ayer.

La inflación en Estados Unidos da un ligero respiro y baja una décima en mayo, hasta situarse en el 3,3% en términos interanuales. En comparación con abril, los precios se mantuvieron planos, una buena noticia teniendo en cuenta que los analistas esperaban incluso un pequeño repunte. Se trata de la segunda caída consecutiva del IPC interanual tras varios repuntes en el primer trimestre del año que encendieron todas las alarmas, ante la posibilidad de que la inflación se estancara en EEUU por encima del 3%. Y aunque todavía no ha caído por debajo de esa cota, los analistas celebraron ayer la tendencia descendente. De hecho, los mercados bursátiles amanecieron al otro lado del Atlántico en verde, ante la posibilidad de que el dato ayude a la Reserva Federal a consolidar, como mínimo, un recorte de los tipos de interés en 2024, siempre que el IPC confirme su camino hacia el objetivo del 2% fijado por el banco central. La publicación del dato de la inflación de ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales, dependiente del Departamento de Trabajo, coincide con la reunión de los gobernadores de la Fed, que decidieron mantener los tipos en el 5,5%, máximo de los últimos 23 años. Se trata de la séptima pausa consecutiva y aunque el mercado ya descontaba que no habría cambios, el nuevo IPC se ve en Wall Street como un argumento a favor de empezar a relajar la política monetaria para después del verano.

La Administración Biden ha decidido pisar el acelerador de su maquinaria sancionadora. El Gobierno estadounidense anunció ayer una batería de sanciones contra más de 300 organizaciones e individuos en Rusia y otras muchas partes del mundo por vender chips al régimen de Vladímir Putin que se emplean en la fabricación de armamento para la guerra en Ucrania. La andanada de multas afecta también a empresas chinas, a las que Estados Unidos acusa de estar nutriendo de chips a Moscú, aunque va mucho más allá y se extiende a entidades y nombres propios de Asia, Oriente Medio, Europa, África, Asia Central y el Caribe. El anuncio se produjo en vísperas del inicio de la cumbre del G7 en la región italiana de Apulia, en la que la guerra en Ucrania será, precisamente, uno de los temas centrales. Con esta nueva oleada de sanciones, EEUU profundiza en su política de intentar secar las vías de financiación de Rusia y evitar que el Kremlin eluda las multas impuestas por Washington y sus aliados occidentales tras la invasión de Ucrania en febrero de 2022, explicaron el Departamento de Estado y del Tesoro a través de sendos comunicados. En uno de esos documentos, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó que este nuevo paquete sancionador sitúa a la economía rusa en una posición aún más “desesperada” para acceder al mundo exterior. Con la medida anunciada ayer, la Administración estadounidense amplía las denominadas sanciones “secundarias”, en virtud de las cuales extiende su capacidad de incluir en una lista negra a cualquier entidad que realice negocios con organizaciones rusas previamente castigadas. Con ello persigue disuadir a las entidades financieras, especialmente en China, de respaldar económicamente los esfuerzos bélicos de Rusia.

Una vez firmado el preacuerdo que encarrila el programa de gobierno, PNV y PSE-EE han comenzado ya a definir la estructura de la que será su tercera coalición consecutiva al frente de Euskadi. A una semana de la investidura de Imanol Pradales, los equipos negociadores se encuentran inmersos estos días en el diseño de un organigrama en el que se espera una fuerte renovación de caras, en el que los socialistas tendrán más peso tras el reequilibrio de fuerzas en las elecciones del 21-A y en el que todo apunta a que habrá más departamentos que en las dos legislaturas previas. La ampliación de la estructura gubernamental es una de las opciones que los socios han estudiado desde el inicio de las negociaciones, Una de las posibilidades que manejan es incrementar de 11 a 13 el número de carteras para otorgar así una más a cada partido; es decir, un 9-4 a favor de los jeltzales frente al 8-3 actual. Esa proporción calcaría matemáticamente el peso que aportan en función de sus escaños. No obstante, el reparto se podría recalcular en base a las mayores o menores competencias que se atribuyan a las diferentes consejerías. El escenario de un aumento de carteras fue deslizado ayer por primera vez por parte del ala del PNV. La presidenta del Bizkai buru batzar, Itxaso Atutxa, reconoció que «es posible» que el organigrama sea más grande, aunque puntualizó que «todavía no hay nada cerrado» y que la estructura se guiará por el programa de gobierno definitivo. La previsión es que ese documento sea firmado por Andoni Ortuzar, Eneko Andueza y el propio Pradales el miércoles 19, la víspera de la sesión de investidura. Pero no será hasta el sábado 22, tras la jura en Gernika, cuando se oficialice la composición del nuevo Ejecutivo autonómico.