20240123

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sigue adelante con uno de sus grandes objetivos que no logró llevar a cabo en la anterior legislatura: reformar el coste del despido en España, que considera demasiado barato y, a su juicio, no sirve para resarcir al trabajador por su cese y, mucho menos, para disuadir a las empresas a que sigan haciéndolo. Pero lo que busca la ministra de Trabajo no es solo elevar la indemnización, sino que defiende que tiene que ser «a la carta», ya que depende de «muchos factores». «No se puede saber con anticipación cuál es el valor de esa indemnización porque va a depender de muchos factores. La clave está en la reparación adecuada y que el despido sea disuasorio», esgrimió ayer Díaz durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, donde desgranó las doce líneas de trabajo que quiere desarrollar durante esta legislatura. La ministra señaló que adaptarán la regulación española del despido a la Carta Social Europea y para ello crearán un «mecanismo de extinción del contrato de trabajo que repare adecuadamente los daños causados cuando alguien es despedido injustamente y que sea absolutamente disuasorio». La líder de Sumar hizo hincapié en que España muestra «una anomalía» al establecer un número de días determinados para compensar un despido, aunque sea improcedente. En la actualidad la indemnización por despido improcedente está fijada por ley en 33 días de salario por año trabajado desde que la reforma laboral del PP en 2012 la rebajó de 45 días, aunque en los últimos meses varias sentencias judiciales están obligando a las empresas a pagar más días por año trabajado que esos 33. Pero Díaz no quiere saber nada de una cantidad tasada, sino que lo que pretende es un despido a la carta en el que se tengan en cuenta otros factores, como puede ser la edad del trabajador, la antigüedad, la renta, la situación familiar, la formación, el género… Esta medida sin duda contará con el apoyo de los sindicatos, que han denunciado a España en Europa y esperan una sentencia en los próximos meses que eleve el despido y consiga hacerlo realmente disuasorio y reparativo. Pero se encontrará con el frontal rechazo de las patronales, que denuncian que pactaron la reforma laboral precisamente con la condición de que no se tocara el despido.

La prevalencia de los convenios autonómicos sobre los sectoriales y estatales se terminará aprobando. Así lo garantizó ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al PNV, que pactó esta medida con el Gobierno para darle su apoyo, pero que decayó al no aprobarse el decreto de la reforma del subsidio de desempleo, donde iba incluido, al no contar con el apoyo de Podemos. «Cumpliremos con nuestra palabra y esto se va hacer», aseguró Díaz en la Comisión de Trabajo del Congreso, donde la vicepresidenta ofreció las líneas generales a seguir por su departamento esta legislatura. Díaz respondía así a la advertencia de la portavoz económica del PNV en el Congreso, Idoia Sagastizabal, de que esta medida debe ser incluida «sí o sí» en la próxima normativa laboral que presente el Ministerio de Trabajo si quiere contar con su voto favorable para los próximos textos legislativos. Pero también el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, compartió la reflexión del PNV y avisó de que no dar prevalencia a los convenios autonómicos sobre los estatales y sectoriales «supone un perjuicio y un quebranto para los trabajadoras de una realidad concreta». Se trata de una reclamación histórica tanto de ELA como de LAB, que siempre se han mostrado en contra de la estatalización de los convenios, porque «recogen peores condiciones» que los suscritos en el País Vasco.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció ayer que regulará la participación de los trabajadores en la dirección de la empresa. Incluso en los Consejos de Administración. Díaz compareció en la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social del Congreso de los Diputados, en la que explicó su programa para la legislatura. En la comparecencia la vicepresidenta, y líder de Sumar, abordó la participación de los trabajadores en las direcciones de las empresas, y explicó a los diputados que se propone “impulsar la democracia en las empresas para que también los trabajadores participen en su dirección, en su gestión”. Como ejemplo dijo lo siguiente: “Estoy segura de que los trabajadores, en los consejos de administración, no votarán a favor de la deslocalización de la sociedad, porque conocen las consecuencias de esas decisiones”. Y criticó la estrategia de muchas sociedades “que para tomar sus decisiones sólo valoran los beneficios y el reparto de dividendos”. “Hay que abordar el cambio de organización en las empresas medianas y en las grandes”, que argumentó también que es una cuestión de “eficiencia empresarial y de la mejora de la productividad. Nadie mejor que un trabajador o una trabajadora para defender a sus empresas”, dijo Díaz a los diputados. Además, como argumento en apoyo de la medida, Díaz también citó el artículo 129.2 de la Constitución: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. La Ley de Cogestión de 1976 en Alemania regula la participación de los empleados en la planificación, dirección y organización de las empresas. Los trabajadores están representados en los consejos de vigilancia por delegados de los trabajadores, empleados de alta dirección, que están en el consejo de administración, y del sindicato.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, han vuelto a chocar públicamente. Esta vez a cuenta de la próxima reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales a la que se ha comprometido el Ejecutivo de coalición. Durante su comparecencia en el Congreso los Diputados para esbozar la hoja de ruta de su departamento en la legislatura, Díaz fue ayer muy clara a la hora de asegurar que la reducción de la jornada a 37,5 horas en esta legislatura se hará quieran o no quieran los empresarios. “Vamos a intentar un acuerdo tripartito (Gobierno, patronal y sindicatos), pero, si no, será bipartito (solo con los sindicatos); siempre en el diálogo social y con deliberación parlamentaria”, ha dicho firmemente Díaz en la Cámara Baja. Esto ha enfadado al líder patronal, que se ha apresurado a reclamar al Gobierno que deje negociar dicha reducción del tiempo de trabajo a los empresarios y a los sindicatos en solitario, sin que el Ejecutivo marque dichas conversaciones. De hecho, Garamendi se ha mostrado a favor de recortar la jornada laboral pero solo en el ámbito bipartito, tal y como ya acordaron los interlocutores sociales la subida salarial de referencia para el sector privado en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Sin embargo, Díaz había sido muy nítida: recortará la jornada en esta legislatura aunque se opongan los empresarios. 

Un informe de BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad financiera vasca, sitúa a Euskadi a la cabeza del crecimiento económico tanto para este año como para el que viene, pese a que se han revisado a la baja todas las estimaciones y se considera que la recuperación definitiva no llegará hasta 2025. Pese a esa reconsideración negativa de algunos parámetros de crecimiento, el PIB vasco crecería este año el 1,9%, ligeramente por encima del 1,8% de Aragón y del 1,7% estimado para Castilla y León y Galicia. Por su parte, el Servicio Vasco de Estadística, Eustat, adelantó ayer sus datos de crecimiento correspondientes al cierre de 2023 y situó el avance del PIB de Euskadi en el 1,8%, apenas una décima por encima de las últimas previsiones elaboradas por el Ejecutivo autonómico. Respecto a las estimaciones para este 2024, BBVA cree que la desaceleración de la economía europea y el elevado precio de la energía van a suponer una rémora a lo largo del año para lograr la ansiada recuperación del crecimiento económico. De ahí que haya sometido a un recorte todos sus cálculos de crecimiento, porque deduce que las exportaciones van a verse lastradas por esta situación. Tan solo estima una ligera mejoría para las regiones en las que el turismo tiene un peso excepcional, Baleares y Canarias. Pese a todo ello, apunta el informe del servicio de estudios del banco, la comunidad vasca podrá mantener la tasa de crecimiento más elevada de las autonomías españolas, gracias a la gran diversificación de sus actividades industriales. Frente a ese 1,9% de incremento del PIB vasco, la media para el conjunto de España se estima en el 1,5%. De cara a 2025 las cosas pintarían mejor y se produciría entonces la recuperación que se había pronosticado para este año. En 2025 también lideraría el País Vasco el crecimiento en España, con un aumento de su PIB del 2,7%, si bien ese liderazgo sería compartido con una tasa idéntica de Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña.

El servicio de estudios de BBVA recortó ayer sus previsiones de crecimiento para casi todas las comunidades autónomas, con las únicas excepciones de Baleares y Canarias, en el primer año una vez agotado el efecto rebote tras el desplome provocado por la pandemia, lo que a su vez está haciendo que el avance económico se haga algo más similar entre comunidades que en años anteriores. Si bien el recorte se ha debido en buena medida al retroceso de la demanda europea y se ha concentrado en las regiones más industriales, como es el caso de Navarra (siete décimas), Castilla y León, Cantabria y Comunidad Valenciana (cinco décimas), también son estas regiones con un mayor peso del sector manufacturero las que en términos generales más crecerán este año, debido a que partían de unos pronósticos muy superiores. Así, País Vasco liderará el crecimiento de este año con un alza del 1,9%, seguido de Aragón (1,8%), Castilla y León y Galicia (1,7% en ambos casos). Por su parte, Canarias, Baleares, Madrid, Murcia y Cantabria registrarán un avance del 1,6% anual este año, una décima por encima de la media, mientras que Asturias y Navarra crecerán precisamente en línea con la media nacional, un 1,5%. Por último, Andalucía, Cataluña, Extremadura, La Rioja y Comunidad Valenciana quedarán algo rezagadas (1,4%), seguidas de la colista, Castilla-La Mancha, con un alza del 1,3%. Este recorte ha venido marcado por el frenazo de la economía europea en la segunda mitad del año pasado, el aumento de los costes energéticos sobre la industria y los lastres a la inversión que suponen “un entorno de tipos de interés todavía elevados, un efecto tractor menos significativo de lo esperado por parte de los fondos Next Generation y la incertidumbre sobre la política económica”, señala el texto. 

El tejido empresarial alavés gana confianza y vislumbra que este 2024 concluirá con mejores registros en ventas interiores y exportaciones. Mantendrá el 'punch', pese a los efectos de un contexto internacional inestable, y se refiere al futuro más inmediato con «moderado optimismo». Es el trazo grueso de las conclusiones que recoge el último estudio de Perspectivas Empresariales que ha hecho público la Cámara de Comercio de Álava en base a una encuesta realizada a las PYMES del territorio. El informe concluye que sus negocios se comportarán mejor que el pasado año. Una percepción más positiva que iría alineada con la previsión de crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) que la institución cameral plantea para el actual ejercicio. Apunta a un 2,3% lo que supone más de un punto porcentual por encima del que firmó en diciembre de 2022 para todo el pasado año. El informa refleja que las empresas alavesas no dudan en plantear que la evolución de su actividad a lo largo de ese último año fue mejor de lo que inicialmente habían previsto. El saldo de resultados es, de hecho, superior al de la encuesta de perspectivas que se realizó en el último tramo de 2022, haciendo especial hincapié en la buena marcha de las ventas interiores, que arrojaron un saldo de resultados de 7,1. Un viraje radical si se tiene en cuenta que el guarismo que se marcó en la previsión (las respuestas negativas de los empresarios tuvieron un mayor peso) fue de -12,2.

El comercio exterior vasco está resistiendo con nota el complejo ciclo económico actual, marcado por la ralentización de la Unión Europea, los conflictos bélicos en las fronteras del viejo continente y la incertidumbre. A falta de contabilizar los datos de diciembre, Euskadi tiene en su mano marcar un nuevo récord de exportación, a pesar de que durante gran parte del año –entre abril y octubre– las ventas han caído con mayor o menor intensidad. La clave de esta situación hasta cierto punto inesperada es la capacidad de resistencia de las empresas en el mercado doméstico europeo y, sobre todo, el notable crecimiento en América del Norte. En el acumulado del año pasado hasta noviembre, el comercio exterior vasco ha crecido un 3% en Alemania y algo menos de un 2% en Francia, que son sus principales destinos. Son ritmos bajos si se comparan con la evolución histórica, pero son la base que permite que el balance global sea ligeramente positivo. Las empresas han sabido aprovechar el buen momento de la economía estadounidense y compensar el frenazo en algunos de sus destinos top. Las exportaciones vascas a EE.UU. repuntan un 17,6% en el balance acumulado hasta noviembre y el principal generador de riqueza del planeta se consolida como tercer foco de captación de los productos de las empresas vascas. Esa plaza se la ha disputado tradicionalmente con Reino Unido, pero el Brexit primero y el frenazo de la economía en las islas en estos momentos han permitido que EE.UU. aumente de forma notable su ventaja. México, otro país de Norteamérica también está teniendo un comportamiento destacado en la evolución del comercio exterior vasco. De hecho, ha superado a China en el ranking de países importadores de Euskadi tras registrar el mayor incremento de los mercados, casi un 25% que contrasta con el descenso del -3,3% de China.

En una entrevista emitida en Radio Euskadi, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, ha abogado por “utilizar todas las herramientas que nos ofrece el concierto económico para diseñar una política fiscal que ‘recaude mejor’. “No estamos hablando de bajar impuestos, - aclara el director general de Confebask- sino de apostar por nuevos incentivos fiscales que fomenten más la inversión, la I+D+I… en temas estratégicos para la empresa vasca. Eso permitiría a las empresas competir en un mundo tan globalizado como el actual, lo que a su vez genera más empleo y más PIB”. “En definitiva, - concluye Eduardo Aretxaga- se trata de hacer la ‘tarta’ más grande, para así, después, poder repartir más.  Hasta ahora, la política fiscal en Euskadi se ha encaminado a recaudar más. En vez de eso, nosotros proponemos ‘recaudar mejor’, apelando así al uso de toda la potencialidad que nos ofrece el concierto económico para diseñar instrumentos que nos permitan crecer más”. En la entrevista, Eduardo Aretxaga también ha defendido el “rigor intelectual y la trayectoria profesional y personal” de Josu Jon Imaz, tras las críticas de la vicepresidenta Teresa Ribera contra el CEO de Repsol, al que ha llegado a acusar de ‘negacionismo’ y ‘retardismo’ por sus críticas a la política energética europea. Ver más en Confebask. 

El último gran acuerdo de la legislatura vasca, el alcanzado por PNV, Bildu y PSE para la Ley de Cambio Climático, obligará al Gobierno vasco a desinvertir todas sus participaciones en empresas que exploren, refinen o procesen combustibles fósiles, así como aquellas en las que estos se quemen para obtener electricidad, es decir, los ciclos combinados. Para ello, según el texto del acuerdo, el Ejecutivo autonómico deberá presentar el plan de salida en un año para materializarla como muy tarde en 2030. Fuentes que han participado en el acuerdo que la regasificadora del Puerto de Bilbao, que el Gobierno vasco tiene al 50% con Enagás, queda fuera de esa desinversión. Además, la otra infraestructura más importante, la central de ciclo combinado de 785 MW ubicada en el Abra del Nervión, tampoco se pondrá a la venta de forma inmediata. La clave de la cuestión está en la interpretación del texto acordado por los partidos y que todavía no ha sido ratificado por Parlamento vasco. El objetivo del Ejecutivo autonómico es aprovechar al máximo los seis años de plazo, hasta 2030, para ver si en la planta de 785 MW se puede quemar biogás u otro combustible que no sea fósil. Esta central nació con Iberdrola, que vendió sus acciones a la petrolera BP en 2014 y que el pasado diciembre fueron adquiridas por la suiza Gunvor, que tiene plantas de biocombustible en Huelva y Álava. La compañía facturó 940 millones en 2022 y el Gobierno tiene un 25% de las acciones. En cuanto a la regasificadora, el acuerdo de las tres formaciones atiende a su naturaleza estratégica. Es la que más gas natural licuado (GNL) ha descargado en toda la península durante los últimos dos años. Solo el pasado 2023 fueron 63.272 GWh transportados en 64 buques. En la decisión fue determinante, además, la posibilidad de emplear las instalaciones para otros combustibles como biogás o hidrógeno. De hecho, Nortegas desarrolla con éxito pruebas para utilizar las canalizaciones de combustible para transportarlo mezclado con hidrógeno. Además, la actividad de la regasificadora ha reportado al Gobierno vasco 24 millones en beneficios en 2021 y 2022. Unos ingresos que desde el Ente Vasco de la Energía (EVE) defienden como fundamentales para impulsar el desarrollo de las energías renovables.

Jarro de agua fría para el Guggenheim de Urdaibai. A las puertas de la precampaña, un proyecto que parecía lanzado sufre un frenazo muy considerable. Tanto que su futuro no parece ahora garantizado. El lehendakari y la diputada general desvelaron ayer en una comparecencia conjunta en Ajuria Enea que el Patronato del museo se ha dado un plazo de dos años para decidir si la expansión anunciada a Gernika y Murueta es «viable». Iñigo Urkullu y Elixabete Etxanobe comprometieron un plan de revitalización económica para la comarca de Busturialdea, pero aseguraron que «merece la pena darse un tiempo» antes de decidir si se ejecuta una pinacoteca que genera una importante contestación social en la zona. Una de las razones esgrimidas por Urkullu y Etxanobe para aplazar la decisión es el proceso de cambio que se está realizando en la dirección de la Fundación Guggenheim en Nueva York. Será previsiblemente a partir de junio cuando los nuevos gestores tomen las riendas de la entidad que conforma el patronato del Guggenheim Bilbao junto al Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de la capital vizcaína. Es en el seno de ese órgano en el que se debe decidir si se sigue adelante con la idea de Urdaibai. De momento, en su última reunión, en diciembre, sus integrantes aprobaron un plan estratégico para el futuro próximo en el que se otorga el plazo de dos años, 2024 y 2025, para concretar si el proyecto es «factible» o si «hay que buscar otras alternativas».

LAB celebra este año su 50 aniversario y lo hace con «máximos históricos» de afiliación y representación laboral, tras cerrar 2023 habiendo superado por primera vez la barrera del 20% de delegados sindicales en Euskadi, consolidándose como la segunda central del País Vasco. El reto ahora, tras dar por superado «el duelo» por la ruptura de unidad de acción con ELA, es seguir extendiendo un sindicalismo transformador «por encima de intereses corporativos». La celebración de este aniversario fue presentada ayer por el coordinador general de LAB, Igor Arroyo, y su secretaria de Organización, Izaskun García, que precisaron que los actos comenzarán el 8 de abril con el estreno de un documental y concluirán el 1 de Mayo en Pamplona. También está previsto editar un libro de fotografías con los «50 hitos» del sindicato. En su comparecencia, ambos dirigentes señalaron que LAB afronta este aniversario «más saludable que nunca». En concreto, Izaskun García detalló que han cerrado 2023 con 49.476 afiliados –44% de ellos mujeres–, con un incremento del 24,73% en los últimos diez años, «el mayor crecimiento» de la historia del sindicato. Añadió que afrontarán el 50 aniversario con el «reto cumplido» de llegar a los 50.000 afiliados. Cuestionados por su relación con ELA, aseguró que dan «por superada la fase de duelo» por la ruptura de la unidad de acción y han decidido «seguir su camino». Aunque se puedan dar «acuerdos puntuales», añadió, porque en el trabajo a nivel de base o de empresa hay «coincidencias y trabajo común» de LAB con otros sindicatos, Arroyo reconoció que no hay «un acuerdo que estructure o vertebre el sindicalismo vasco como mayoría sindical».

Mujer y empresa, un binomio afortunadamente cada vez más presente en la sociedad y cada vez más reconocido, sin que eso signifique que esté todo el trabajo hecho. Un camino en el que Aspegi, la Asociación de Profesionales y Empresarias de Gipuzkoa, que acaba de cumplir un cuarto de siglo, trabaja cada día. En ese desempeño, no siempre sencillo, los premios que cada año otorga la organización presidida por Nerea Ibáñez son un momento especial y todo un altavoz para el colectivo femenino. Este año, los galardones han recaído en Pilar Mitxelena, socia y primera ejecutiva en la empresa hernaniarra Iñaki Bereciartua, en la categoría de Empresaria, y en Nerea Aranguren, gerente del centro tecnológico Ideko, en la categoría de Profesional o Directiva. La ceremonia de entrega se celebrará el próximo 22 de febrero en el Aquarium de San Sebastián. Desde Aspegi explican a DV que «este galardón pretende dar visibilidad a mujeres con gran trayectoria profesional y que han realizado una destacada aportación a la economía del territorio guipuzcoano».

Noviembre es el mes que abre las puertas a la mayor temporada de compras del año —cuando las empresas venden un tercio de todo lo facturado, gracias, en gran parte, a la fiebre del Black Friday y su hermano menor, el Cyber Monday. Sin embargo, en el último undécimo mes no se sintieron especialmente los efectos de esta gran fiesta del consumo. La actividad comercial cayó un 2,7% en comparación con el mismo periodo de 2022. El descenso fue menor al mes anterior, octubre, pero presupone aún que el consumo de los hogares no consigue recuperarse de la baza de precios altos que castigó a los bolsillos prácticamente todo el 2023. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la caída se suma a otros siete meses de contracciones tras una racha de crecimiento que duró cerca de dos años. La mayoría de sectores experimentan retrocesos, pero son la industria y el comercio donde hay que poner la lupa. La actividad de las fábricas se mantiene a media potencia ante un retroceso en la demanda interna y las exportaciones. El encarecimiento de la factura eléctrica y de los insumos, sumado al disparado coste para financiarse debido al incremento de los tipos, obstaculiza el buen desempeño del sector, cuyas ventas retrocedieron un 2,2% con respecto a noviembre del 2022. Las ventas minoristas van por el mismo camino. Pese al gran despliegue de ofertas y descuentos que caracterizan al mes, la facturación se mantuvo en números rojos. La actividad se contrajo un 1,9% con respecto al mismo mes en 2022. El buen ritmo del comercio electrónico, que creció un 27% en el primer trimestre del 2023, no consiguió animar las navidades para un sector que representa el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) español.

El crédito al consumo pone a prueba el control de la morosidad que los bancos mantienen frente al temor a que los precios y las subidas de los tipos de interés disparen los impagos. La resistencia del mercado laboral ha permitido a las familias seguir pagando sus hipotecas, pero no ocurre lo mismo con los préstamos a los que se suele recurrir para la compra de un coche, un viaje o un gasto imprevisto, donde la morosidad alcanzó el 6,97% en noviembre. La ratio suma cinco meses consecutivos de subidas superando los 3.000 millones de euros por primera vez desde mayo de 2022. Esa tasa –referida a las entidades financieras de crédito, que incluyen filiales de bancos y otras firmas especializadas que permiten a sus clientes aplazar el pago de sus compras– se mantiene lejos de los picos del 10% y el 11% que se dieron entre 2010 y 2014. Pero si se obvia esa época de crisis financiera global, el 7% que ahora roza la ratio se ha rebasado solo en contadas ocasiones. En concreto, en agosto de 2020, en plena pandemia, y en marzo, abril y mayo de 2022. Los datos evidencian que muchas familias han recurrido al endeudamiento para afrontar las vacaciones de verano y la recta final de 2023, en la que se concentra el mayor volumen de consumo. Frente al incremento de los impagos en consumo, los bancos sí logran mantener la tasa de mora general en el 3,57%, desde el 3,60% de octubre.

El autoconsumo energético vive tiempos de cierta reconversión o, al menos, lenta digestión, afectado por la volatilidad de los precios y el cambio de ayudas públicas. El sector registró en 2023 la primera contracción en su crecimiento en España, después de haber multiplicado por 26 la potencia anual instalada en los últimos cuatro años, con la instalación de 1.943 megavatios (MW) nuevos a lo largo del año pasado, lo que supone una reducción del 27% con respecto a la cifra récord de 2022. Son datos que ofreció ayer la asociación APPA Renovables en su informe anual sobre el autoconsumo fotovoltaico. A pesar de este freno, con los casi 2.000 MW nuevos del año pasado –1.416 MW industriales y 527 MW residenciales–, el autoconsumo rompió al cierre de 2023 la barrera de los 7 gigavatios (GW) instalados en el país. Con todo, el nivel queda lejos de los 2.650 MW (1.625 MW industriales y 1.024 MW residenciales), de 2022. El director general de APPA Renovables, José María González Moya, vinculó ayer esta caída “coyuntural” al fin paulatino de las ayudas a las instalaciones de los fondos de recuperación de la UE y a la caída en los precios de la electricidad frente a los picos que se vivieron en 2022.

La potencia nueva instalada de autoconsumo en España cayó el año pasado un 27% tras un extraordinario 2022, si bien la producción, con toda la potencia instalada que hay, algo más de siete gigavatios (GW), creció casi un 60% y cubre el 3% de la demanda eléctrica. Así se refleja en los datos que maneja la Asociación de Empresas de Energías Renovables, Appa, que ayer presentó el Informe Anual del Autoconsumo Fotovoltaico en 2023. El pasado año, el autoconsumo superó la barrera de los 7 GW, equiparándose a la potencia nuclear instalada, si bien su producción, dado que sólo genera cuando hay sol es muy inferior, 1.200 horas al año el autoconsumo frente a las 8.000 horas de la nuclear. Pese al descenso interanual de 2023, el primero de la serie histórica, la instalación de autoconsumo ha aumentado un 69% en dos años, según los datos de Appa, y, según el presidente de Appa Autoconsumo, Jon Macías, con esta senda el objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) de contar con 19 GW de autoconsumo en 2030 se puede alcanzar sin problemas. Según se desprende los datos de Appa, el autoconsumo –uno de los negocios que no controlan ya totalmente las grandes eléctricas– arrebató a los grandes grupos Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Totalenergies en torno a 800 millones de euros.

Técnicas Reunidas confirmó ayer uno de los primeros contratos fruto de su alianza con la china Sinopec. La ingeniería española anticipó en septiembre que ultimaba la firma de un nuevo contrato de más de 2.000 millones de dólares con la petrolera estatal saudí Aramco. Ayer, el grupo presidido por Juan Lladó confirmó que se trata de dos trabajos para la mayor petrolera del mundo en el sector del gas. En concreto, Técnicas Reunidas se encargará del contrato llave en mano para la ejecución de los trenes de fraccionamiento de GNL (Gas Natural Licuado) del complejo de Jafurah y otro para el desarrollo de las instalaciones comunes de GNL, que incluye infraestructuras de servicios públicos, almacenamiento y exportación. La inversión total derivada de los dos contratos asciende a más de 3.200 millones de dólares. La alianza está participada en un 65% por Técnicas Reunidas y en un 35% por Sinopec, por lo que a la empresa española le corresponden más de 2.150 millones de dólares (1.972 millones de euros) de ambos contratos. El gigante saudí de los hidrocarburos adjudicó provisionalmente en septiembre de 2023 los trabajos para ampliar la capacidad de su complejo de gas natural de Jafurah por 10.000 millones de dólares. Como adelantó EXPANSIÓN, Técnicas Reunidas ganó dos de los cinco lotes. Las otras multinacionales con contrato en este pedido son la india Larsen & Toubro y la coreana Hyundai.

“Es una condición necesaria que el marco general de la política económica favorezca la seguridad jurídica, el funcionamiento eficiente de los mercados y la actividad empresarial”, afirmó, añadiendo que “ésta tiene que ser la prioridad de la política económica para los próximos años”. Sus palabras se producen en un contexto de creciente desencuentro entre el Gobierno y las patronales a cuenta de la subida unilateral e impuesta del SMI; de la anticipada reducción de la jornada laboral (“otra subida implícita” del SMI, según CEOE), o de la decisión de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de poner sobre la mesa la posibilidad de intervenir los salarios de los altos directivos de las grandes empresas. A ello se añade su compromiso de endurecer el despido para hacerlo “disuasorio” o regular la participación de los trabajadores en los órganos de dirección de las empresas, como anunció ayer Díaz. Un frenesí regulatorio e intervencionista que, según los empresarios, genera “inseguridad jurídica”. Ayer, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dijo, también en el Foro de Hotusa, que “no puede ser que estemos en un mensaje permanente antiempresa”, en alusión al Ejecutivo, aunque sin citarlo, añadiendo que “cuando regulan cada día porque es interesante dar una noticia política, generan una inseguridad jurídica seria y grande”. Garamendi fue más allá y advirtió de que si “por ley vas a acabar regulando el factor trabajo como la energía, empezamos a tener una economía intervenida, una economía regulada a la cual yo llamo de otra manera, no de libre mercado”.

La economía española registraba al cierre del tercer trimestre de 2023 uno de los mayores niveles de deuda pública y de déficit entre los países de la zona euro, a pesar de los progresos realizados en la reducción de ambas métricas, según constató ayer la oficina comunitaria de estadística, Eurostat. En concreto, en el tercer trimestre de 2023 la deuda pública de España ascendía a 1,57 billones de euros, frente a los 1,56 billones de los tres meses anteriores y los 1,50 billones del mismo periodo de 2022, aunque la ratio sobre PIB bajó al 109,8% desde el 111,2% de los tres meses anteriores y el 114% del tercer trimestre de 2022. En el conjunto de la zona euro, la deuda pública en el tercer trimestre de 2023 era de 12,71 billones de euros, lo que suponía una proporción del 89,9% respecto del PIB de la región, por debajo del 90,3% del segundo trimestre y del 92,2% del mismo periodo de 2022, informa EP. En el caso de los Veintisiete, la deuda pública en el tercer trimestre bajó al 82,6% del PIB, 0,4 puntos menos que en el segundo trimestre, a pesar de aumentar en cifras absolutas hasta los 13,78 billones de euros desde los 13,67 billones del trimestre precedente. Entre los países de la UE, los ratios más altos de deuda pública/PIB al final del tercer trimestre de 2023 se registraron en Grecia (165,5%), Italia (140,6%), Francia (111,9%), España (109,8%), y Bélgica (108,0%), y los más bajos en Estonia (18,2%), Bulgaria (21%), Luxemburgo (25,7%), Suecia (29,7%) y Dinamarca (30,1%).

Nikki Haley es la única persona que se interpone ya entre Donald Trump y la nominación presidencial del Partido Republicano. Es lo único que le separa de su revancha contra Joe Biden en noviembre. No es una posición cómoda. Al retirarse de la contienda el domingo con un vídeo en X –Twitter–, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró su apoyo a Trump con el ataque de rigor que requiere el bautismo de fuego para el magnate: «No podemos volver a la vieja guardia republicana de antaño con una fórmula reempaquetada del calor corporativo que representa Nikki Haley», lanzó. Será lo más suave que escuche la candidata, que hoy tiene su última oportunidad de presentarse como una alternativa seria al ex presidente. ¿Puede darle la vuelta a las encuestas, donde ayer iba a diecinueve puntos de Trump? «Lo veo muy difícil», advierte el estratega republicano de New Hampshire David Carney, considerado «una leyenda del operativo republicano» por la revista ‘Time’, después de haber sido consultor en las campañas de George Bush, Bob Dole, Newt Gingrich, Rick Perry y Kelly Ayotte. Carney reconoce que en New Hamsphire todo es posible. Bill Clinton recibió en este estado el sobrenombre del ‘Comeback Kid’ por la sorpresa que le permitió ganar la nominación, pese a haber obtenido sólo el 2,8% de los votos en Iowa. New Hampshire también se portó con su mujer, Hillary Clinton, a la que todo el mundo daba por acabada tras quedar tercera en Iowa e ir trece puntos por detrás Barack Obama en las encuestas de este estado.