20241020

Si hubiese nacido en Estados Unidos, José Antonio Jainaga sería la representación perfecta del ‘self-made man’, el hombre hecho a sí mismo. Nadie le ha regalado nada. Nació en 1954 en el seno de una familia humilde de Bilbao. Su padre era taxista y su madre tejía jerséis para venderlos y ayudar en la economía del hogar, en el que no faltaba lo fundamental pero no había exceso alguno. Pudo acceder a un colegio privado de la capital vizcaína, Santiago Apóstol, y más tarde estudiar Ingeniería Industrial en la Escuela de Ingenieros de Bilbao donde, dicen sus compañeros, «era el más listo de la promoción». Comenzó a trabajar en la división nuclear de la empresa Sener y un año más tarde entró en Michelin tras responder a un anuncio de selección de personal. Fue director de la planta de producción de Lasarte y en 1996, ya desde el cuartel general de la multinacional en Clermont-Ferrand, llegaría a máximo responsable de toda la producción de neumáticos de turismos en Europa, con 20 fábricas y algo más de 28.000 empleados a su cargo. En 1998 pudo volver a casa. Un ‘head hunter’ le propuso dirigir Sidenor, que en 1995 había adquirido al Estado el empresario Sabino Arrieta, cuando la siderúrgica estaba al borde de la quiebra. En 2006, la empresa fue comprada por el grupo brasileño Gerdau, que pagó 444 millones por ella –un fenómeno de pura alquimia, el de convertir el acero en oro– y fue confirmado en su puesto de primer ejecutivo. En 2016 y cuando la familia Gerdau decidió desprenderse de la empresa, Jainaga presentó la oferta ganadora, con un compromiso de pago de 155 millones de euros, que con el variable pactado llegaría a 183 millones. Un sintético ‘powerpoint’ que enseña con cuentagotas describe la operación. Una obra maestra de ingeniería financiera que triunfó, sobre todo, porque fue capaz de generar confianza en los vendedores.

Esta semana ha sido la de la puesta en escena de la presentación de la ‘operación Sidenor’. Como ocurrió en la Union Station de Chicago en la última escena de ‘Los Intocables de Eliot Ness’, cuando estaba casi todo perdido y el último tren a punto de salir. El Gobierno de España no encontraba la solución para Talgo que prometía el ministro de Transportes, Óscar Puente, hace solo unas semanas, pero ya se atisba algo de luz al final del túnel. El fabricante, ante la presión de 4.000 millones en la cartera de pedidos y con entregas con las que se complicaba cumplir plazos, notaba cómo se intensificaban los enfrentamientos y divisiones entre sus propios accionistas. Y todo era porque la opa húngara de Magyar Vagon –que daba salida al accionista principal, Trilantic, y aportaba ocho fábricas para Talgo– había quedado en vía muerta tras el veto del Consejo de Ministros. Posibles conexiones con capital ruso y evitar perder el control nacional de un emblema industrial pesaron en la decisión. Y, sin clarificar la propiedad de la empresa, es complicado tomar decisiones estratégicas. Así que ante la falta de alternativa comenzaba a cundir el pánico. Algunos proveedores vascos de la compañía lanzaban el mes pasado la voz de alarma en ámbitos empresariales, «busquemos a un socio». Las administraciones vascas tiraban de teléfono en busca de un ‘caballero blanco’. Por ello, el paso adelante dado por el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, ha desencadenado una estudiada cascada de acontecimientos y respaldos. El departamento de Industria de Gobierno vasco del consejero Mikel Jauregi ha jugado un papel determinante. En contacto con la Oficina Económica de Moncloa, aliviada ante alguien dispuesto a dar el paso, acordaron dar acompañamiento al industrial vasco. Una operación que ambos gobiernos pueden rentabilizar políticamente. El de Pedro Sánchez porque justifica su negativa a los húngaros y pone una alternativa industrial, no financiera, y que gusta a su socio del PNV. Y es que para el Gobierno vasco el movimiento, de llegar a ‘buena estación’, es anotarse un tanto en el arranque de la legislatura poniendo fin a la pérdida de «arraigo» empresarial vasco y, como dijera la portavoz del Ejecutivo, María Ubarretxena, decir «sí a la industria y sí al empleo».

José Barreira (Ourense, 1954) es de esos empresarios que, sin el mito, se ha hecho a sí mismo. «Yo he sido emigrante en Alemania, contratado en origen», afirma. Fue a la república teutona con 17 años. Después volvió a Vitoria y se hizo un empresario al corte más puramente alavés: de trabajar mucho y contar poco. Hoy sigue siendo así y huye del protagonismo cuando recibe en el Gran Hotel Lakua, del que es dueño. También lo es del Ruta de Europa, en el que es el primero en ponerse a las cinco de la mañana a hacer bocatas. Barreira admite el reto de la falta de profesionales, pero prefiere hablar de necesidad y no de problema. Incide en que hace falta «vivienda digna» para captar nuevos profesionales en el territorio. "Creo que en el sector hotelero ha llegado el momento de guardar el pañuelo de las lágrimas y empezar a sonreír un poco. Hay mucho que mejorar, pero después de todo lo que hemos llorado en la pandemia creo que las cosas van satisfactoriamente bien...Me gustaría que hubiese más comercio en Vitoria. Me gustaría tener un centro más vivo: de tiendas, de bares, de todo. Creo, sinceramente que necesitamos darle un empujón al centro de Vitoria. Deberíamos darle una pensada...El enclave alavés es fantástico para la logística. Desde Vitoria somos capaces de dar suministros a cuatro millones de personas en menos de una hora y cuarto en camión. Si hacemos un repaso de todas las empresas de logística y plataformas de distribución que tenemos... Vendrán más. Había un mito de que la logística consumía mucho espacio y generaba poco empleo...La falta de suelo industrial Es algo que nos preocupa a los empresarios. Le preocupa también a la Administración. De hecho, creo que están en ello y están yendo por buen camino. No podemos quedarnos sin suelo; es uno de nuestro atractivos. Las empresas, cuando llegan no pueden esperar a que se les genere un suelo. Aquí creo que hay una buena alineación entre la Administración y el mundo empresarial...Para atraer inmigrantes tenemos que resolver el problema de la vivienda. Tenemos que unir lo público y lo privado. No sé cuáles son las fórmulas, pero tenemos que resolverlo, tenemos que tener viviendas dignas...Los empresarios tendríamos también que mover ficha y facilitar vivienda en la medida de nuestras posibilidades. Incentivos fiscales para la vivienda, más vivienda pública... no lo sé. Y acoger con los brazos abiertos: el inmigrante no nos quita nada; nos trae todo lo que necesitamos". 

«Conseguir unas condiciones atractivas para que los profesionales quieran trabajar con nosotros no depende solo de las empresas». Con ese mensaje como punto de partida, la patronal alavesa ha comenzado a movilizarse para reclamar soluciones habitacionales que permitan contener la fuga de profesionales locales y retener a aquellos que se han captado en el exterior. Los contactos, de momento, «son informales», se precisa, pero el mensaje ha llegado ya a las áreas de desarrollo económico de las instituciones (Ayuntamiento de Vitoria y Diputación) así como a la Fundación Vital, con la que SEA trabaja en distintos programas de promoción del empleo. Las conversaciones pivotan sobre la necesidad de ampliar el parque de viviendas «en alquiler asequibles u otras alternativas». Esto último no se especifica, pero caben desde la promoción de fórmulas como el ‘Cohousing’ (viviendas colaborativas), casas del talento o ‘Talent House’ –el formato adoptado ya en Donostia–, residencias ligadas a empresas e incluso la reactivación del mercado de la construcción de VPO –fundamentalmente en la capital–. La alcaldesa socialista Maider Etxebarria y la diputada foral de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Saray Zárate (PNV), conocen ya la petición de los empresarios sobre «este incipiente proyecto» para la reclutar y retener profesionales cualificados, según explican desde SEA. Juan Antonio Sánchez Corchero, que preside la institución desde el pasado 12 de junio, ha sido su interlocutor. De hecho, el último contacto en este sentido se produjo el pasado miércoles con la responsable foral. Ambas instituciones «comparten la preocupación del sector empresarial», subrayan. El Observatorio de Empleo realizado por la patronal alavesa, termómetro de la actualidad empresarial en el territorio –como los de sus ‘hermanas de Bizkaia (Cebek) y Gipuzkoa (Adegi)– viene incidiendo en la necesidad de «captar y retener talento». Una situación que en mayo llevó a las tres entidades a impulsar un proyecto piloto en México y Colombia que tiene como objetivo atraer a trabajadores que respondan a los perfiles industriales que requieren las empresas de cada territorio. Para que se queden, «una de las necesidades básicas que debemos cubrir es lograr casas dignas sin perder de vista que la necesidad de vivienda también es capital para no perder el talento que ya tenemos aquí», subrayan desde el ente empresarial. 

José Luis Polo, presidente del Colegio de API de Gipuzkoa, defiende que con más «seguridad» saldrían más pisos al alquiler y plantea juzgados específicos, avales públicos que garanticen la renta y estímulos tributarios, «Con la oferta de vivienda pública en mínimos, no podemos permitirnos el lujo de tensar más la posición de los arrendadores». "Las dificultades para recuperar la vivienda en situaciones de incumplimiento de contrato provocan el retraimiento del propietario. A mayor riesgo, más renta; a mayor riesgo, no pongo mi vivienda en alquiler. Evidente. En este escenario hemos creado un marco normativo que está generando entre los arrendadores una sensación de demonización y de persecución...Todas las medidas se han ido adoptando desde la perspectiva de la protección de los derechos del inquilino. Eso está bien, claro, pero en esta cuestión hay dos partes y se ha desequilibrado la relación entre arrendador y arrendatario. Estamos enfrentando el derecho a una vivienda digna con el derecho a la seguridad y a la rentabilidad. No podemos hacer recaer sobre el arrendador el peso de garantizar un alojamiento a quien no puede afrontar su coste. Y debemos implicar a los arrendadores en soluciones a corto plazo...No existen soluciones mágicas, pero hay que aportar seguridad jurídica. Por ejemplo con la creación de juzgados especializados en arrendamientos. Un desahucio es un gran fracaso social. No deberíamos aceptar ninguno por vulnerabilidad. En ningún caso. Ahora bien, las administraciones públicas deberían proteger tanto el derecho del arrendatario a permanecer en la vivienda como la del arrendador a percibir la renta pactada por ella. Por lo tanto, lo segundo sería formalizar avales públicos para cubrir las garantías de cobro de los arrendatarios. En tercer lugar, es imprescindible modificar la política fiscal e introducir criterios de progresividad en el mercado de la vivienda, tanto para la compraventa como para el alquiler. Lo cuarto, incentivar a los propietarios para que bajen el precio de los alquileres...Nosotros ya hemos propuesto a la Diputación de Gipuzkoa hacerlo a través de la fiscalidad. Hasta ahora estamos ayudando a los inquilinos a pagar la renta mediante subvenciones. Planteamos que una rebaja efectiva de la renta, y documentada en contrato, se compense con un beneficio fiscal en la Declaración de la Renta. Si la renta de una vivienda son 900 euros al mes y el arrendador acepta una rebaja en contrato a 650 euros, esos 250 de diferencia se bonifican en el IRPF.,,En el ejemplo que he puesto, son los 250 o 300 euros que ya da el Gobierno Vasco de ayuda a miles de inquilinos y que, más allá del beneficio particular que le supone al beneficiario, no han contribuido a frenar la escalada de precios. ¿Cuánto dinero público se ha destinado a tratar de paliar el problema del alquiler sin éxito?..."

El precio de los pisos, incluso en alquiler, obliga a los treintañeros a vivir con sus padres. Ante la amenaza de una explosión social, ¿se acerca otro 15M? La vivienda como problema escaló en la opinión pública desde que ganó la calle este 13 de octubre. ¿Podría ser el germen de un nuevo 15M, cuando una acampada en Sol revitalizó, al menos momentáneamente, la política española? «Podría ser. Depende de cómo trabajemos la movilización, cómo construyamos el movimiento», responde Nacarino. «Se debe llegar a un cambio de las políticas reales. El 15M fue positivo y un revulsivo, pero en la práctica su resultado es discutible. Ahora hay que construir un movimiento social, y el domingo fue el primer paso». No obstante, el recorrido de este movimiento puede ser corto y circunscribirse a una población que, aunque amplia, es minoría. «La principal diferencia respecto al 15M es que en realidad esta crisis habitacional no afecta a todo el mundo», analiza Iván Auciello Estévez, responsable del ‘hub’ de vivienda en Future Policy Lab. «En España, al ser un país eminentemente de propietarios, a la mayoría no es que no le afecte, sino que se beneficia de esta inflación sobre la vivienda. Ya sea en forma de cobrar alquileres más altos o que se revaloricen mucho sus propiedades». Ante la posibilidad de que el impulso popular se disuelva, otras organizaciones promulgan acciones más concretas. «No queremos ser otro 15M», afirma Gonzalo, cuyo apellido prefiere omitir. «Nosotras queremos ir a una huelga de alquileres, que es una herramienta histórica en la lucha del inquilinato». ¿Los arrendatarios se convertirán en okupas en toda España? «No hay una manera exacta de hacer una huelga de alquileres», contesta Gonzalo. «Lo vamos a descubrir ahora todas juntas. Lo que planteamos es una desobediencia civil organizada».

Entrevista con el ministro de Economía Carlos Cuerpo. Tras las manifestaciones del pasado domingo, el Gobierno ha reactivado sus iniciativas para evitar que el «reto» de la vivienda se le vuelva en su contra con despliegue de más medidas que están por llegar. "Hay algo que tenemos todos muy claro: dada la complejidad del problema de la vivienda, no hay una bala de plata, no hay una medida concreta o específica que nos permita resolverlo. Tenemos que hacerle frente desde todos los ángulos posibles y con todas las herramientas que están a nuestra disposición. La ley de vivienda nos habilita muchas, pero no es la única. Tenemos que seguir avanzando en la construcción de un parque público para alcanzar el 10% como gran objetivo...Es pronto para tener una evaluación del impacto de la ley de vivienda, más allá de alguna evidencia anecdótica que es positiva como la que hemos podido tener en el marco de Cataluña. Creo que está todavía por desplegar el potencial de sus efectos, más allá de que además necesita de la colaboración por parte del resto de agentes involucrados y sobre todo de las comunidades autónomas...– En Cataluña la oferta ha caído en algunos casos casi un 20%. ¿Cómo se puede fomentar de nuevo? – Parte de ese crecimiento de la oferta también tiene que venir desplegando todas las posibilidades que nos da ahora mismo la Sareb y los activos que están a disposición de ella. De hecho, ya llevamos haciéndolo desde finales de 2021 y principios del año 2022, cuando introdujimos un nuevo principio en la normativa de la Sareb, que era el principio de sostenimiento. Este precepto no estaba antes, pero nos permite hacer compatible el objetivo de la Sareb, que es ir poco a poco vendiendo estos activos y recuperando el dinero del rescate para los contribuyentes. – Sumar propone una hipoteca regulada. ¿Qué le parece? – Hay circunstancias que ya se están dando sin necesidad de crear un producto específico". 

Continuación de la entrevista con Carlos Cuerpo. El titular de Economía anticipa que tras el éxito de la operación en Talgo, el Gobierno ampliará su escudo legal para impedir la llegada de inversores de fuera de la UE para hacerse con firmas estratégicas españolas. Insiste en que la clave de España pasa por «crecer y generar más recursos» para no tener que aplicar ajustes. " Podemos mantener este enfoque equilibrado de seguir creciendo y que nos permita unos niveles de crecimiento de gasto en torno al 3,4%, y que esto sea compatible con que vaya poco a poco bajando nuestro déficit gracias a las buenas perspectivas económicas. Aquí la clave es seguir creciendo. A partir de ahí, generar mayores recursos...Este año estamos operando en un escenario de prórroga y esto no ha impedido que se lleven a cabo todas las actuaciones que estaban previstas, todos los gastos y todas las inversiones, incluyendo las del Plan de Recuperación...– En su plan presupuestario aboga por prorrogar los gravámenes bancario y energético- Estos gravámenes surgieron con un elemento de excepcionalidad, para permitir responder ante la crisis de inflación con un escudo social que protegiera a los ciudadanos. Y esto ha sido posible gracias a la redistribución que han permitido estos impuestos, que además han sido compatibles con las mejores cifras de resultados de la historia en ambos sectores. Ahora bien, estamos ya en el paso siguiente, con la discusión interna para encontrar una forma de ajustarlos a ese carácter permanente. Es decir, con objetivos de política económica que van más allá del corto plazo, como las inversiones energéticas. En el caso de las de los bancos se trata también de ajustarlo al hecho de que ya no vamos a estar en un momento de pico de tipos, sino que tenemos que considerar la evolución del ciclo completo hacia adelante y el impacto que esto tiene también en las cuentas de las entidades...Tenemos una normativa en materia de protección de los sectores estratégicos y de inversión que es muy equilibrada. Contamos con buenos datos de llegada de inversión extranjera y eso es compatible con proteger los intereses de nuestra industria y sectores estratégicos como ha sido en el caso de Talgo por motivos de seguridad. Lo hemos hecho gracias a nuestro escudo antiopas, en el cual estamos trabajando para poder prorrogarlo mas allá del 31 de diciembre...Aún estamos en un paso previo de prudencia para ver cómo se desarrollan estas conversaciones. Es muy positivo que haya intereses del sector privado de grandes empresas en la adquisición de esta participación en Talgo, con lo cual para nosotros eso nos da también mucha tranquilidad..."

La brecha entre el sueldo medio de los licenciados universitarios y los titulados de grado medio o superior en Formación Profesional (FP) se acorta en Euskadi. En concreto, en 203 euros en los últimos diez años. Según la búsqueda realizada por DV en Lanbide, el salario neto en 14 pagas en 2023 de una persona que se incorpora a un puesto de trabajo un año después de finalizar sus estudios de FP asciende a 1.458 euros, lo que supone 293 euros menos de lo que cobra de media un universitario vasco. Según la última encuesta de Lanbide entre los egresados universitarios vascos, el salario medio de estos se sitúa en 1.751 euros. Esta misma comparativa con datos de 2013 situaba la brecha en 500 euros –937 frente a 1.433 euros–. En pleno debate sobre los bajos salarios que perciben los jóvenes en Euskadi –manifestaciones realizadas este mismo año por el propio exlehendakari Iñigo Urkullu y el presidente de Kutxabank–, las tablas de la estadística sobre la inserción laboral de personas tituladas en el sistema educativo vasco de los últimos años de Lanbide permiten cifrar en un 48% el aumento del salario en la última década de los titulados en FP frente a un 22% en los universitarios. Si se analizan los datos por sexos, ellos ganan más que ellas, tanto en la FP como entre los universitarios. Una tendencia histórica que se mantiene en el tiempo. Los hombres a jornada completa en FP tienen un sueldo medio a día de hoy de 1.426 euros mientras que las mujeres no alcanzan la cifra media y se quedan en 1.313 euros. En caso de los licenciados universitarios, los hombres perciben de media 1.820 euros, mientras que las mujeres ganan 1.693, por debajo de la media general. En cuanto a las jornadas reducidas, las diferencias se mantienen: ellas lo solicitan en un 35 y 25% de los casos, respectivamente, mientras que los hombres lo piden en un 17 y un 14%.

Juan Ignacio Pérez Iglesias (Salamanca, 1960) dedica «unas 10 horas a la semana a leer artículos de divulgación científica» y se enorgullece de poseer un «deseo infinito de saber más y más». Después de una vida entera dedicada al ámbito del conocimiento, el pasado mes de junio fue nombrado consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, un departamento separado recientemente de la cartera de Educación y en el que quiere hacer cosas que «no se han hecho hasta ahora y que van a ayudar a situar a Euskadi en la vanguardia de la ciencia internacional». "Puedo empezar hablando del Centro de Estudios Avanzados, que es algo en lo que estamos trabajando. Es una idea que ha estado en este ambiente durante muchos años... Pero aún no se ha materializado. Sería un espacio que si cumple los objetivos que pensamos que debe alcanzar, que yo estoy convencido de que sí, nos va a permitir tener una referencia académica internacional que, hasta el momento, nunca hemos tenido. Nos hace falta una marca distintiva y este centro nos ayudaría a atraer talento internacional. Además, permitiríamos que nuestros jóvenes se queden aquí y no tengan que viajar al extranjero para poder cursar estudios de muy alto nivel... Tengo una idea básica, que es la de que la nueva ley debe ayudar a simplificar procedimientos y a eliminar burocracia. Evidentemente, habrá que regular figuras de profesorado, el sistema de financiación... Cuestiones básicas de las leyes. Pero, insisto, no puede ser que no aspiremos a, al menos, reducir la burocracia. O a evitar que aumente, que a lo mejor no es poco...En ciencia, quiero que pasemos a una fase en la que prime más el carácter disruptivo, quiero que hagamos una ciencia de frontera, que abra nuevos caminos. En innovación me gustaría que fuéramos capaces de desarrollar líneas de trabajo que aporten conocimiento y tengan impacto social en áreas sensibles vinculadas a las tres transiciones en las que estamos inmersos: la digital, la energético-ambiental y la social-sanitaria. Y en materia de universidades, además del Centro de Estudios Avanzados, vamos a dotar a la UPV/EHU de la financiación adecuada para desempeñar su función, así como al sistema universitario en su conjunto...– ¿La UPV/EHU va a recibir más dinero? – Sí, creo que puedo decir que va a experimentar una mejora significativa en los próximos años...2

Francisco Ortigosa ha estado esta semana en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Navarra Tecnun de Donostia donde ha presentado su propuesta cuya principal novedad es “democratizar” la Inteligencia Artificial al facilitar su acceso personalizado a todas las pymes a través de su startup Ubiquity con sede en Houston. "Prácticamente todos los empresarios quieren incorporar la IA a su negocio, pero no saben cómo hacerlo porque esto es tan nuevo que creen que no hay técnicos que lo hagan. Sin embargo, esta percepción es falsa porque sí existe gente preparada, pero muchas veces falta diálogo entre la gerencia y el personal tecnológico. En una empresa de automóviles, si un técnico comunica una idea al gerente, este conoce el contexto y sabe que le habla de un vehículo aunque no entienda la idea, pero la IA es tan nueva que ni siquiera existe ese contexto, y el gerente no sabe de qué está hablando y por eso cree que muy poca gente de su plantilla podrá hacerlo...Todas las pymes pueden utilizarlo, da igual una ingeniería que un periódico, una empresa de muebles o una institución porque es una caja vacía donde introducir el conocimiento propio de una actividad, que es muy diferente si se trata de un negocio de aceros que si es un club de fútbol. Pero es que además la aplicación de la IA puede ser diferente en la misma actividad, porque una empresa que vende zapatos en la esquina de una calle puede tener un género distinto de otra que se encuentra enfrente. Es un producto que se entrena en tiempo real y, con toda la información que tiene de la empresa y el contexto, va a ser muy preciso si tiene que elaborar un plan y va a generar contenidos y conceptos más allá de la propia información que tiene el propietario del negocio..."

Urriaren 2tik 4ra egin zen Eusko Ikaskuntzaren XIX. kongresua Gasteizko Europa Jauregian. Elkartzen gaituena. Herri ituna(k) jendartearen eta lurraldearen kohesiorako lelopean, eredu sozioekonomikoa, euskal jendartea eta lurraldetasunaren inguruko hainbat solasaldi jorratu ziren bertan. Patxi Juaristi Larrinaga (Markina-Xemein, 1967) soziologoa, EHUko irakaslea eta kongresuko lehendakaria pozik agertu da hiru egun haietan jazotakoarekin. Kongresuan proposatutakoak gizarteratzea izango da Eusko Ikaskuntzaren datozen hilabeteetako erronka, betiere lurraldeko eragile nahiz erakundeekin lankidetzan. Desberdintasun txiki asko dituen gizartea izanik euskararena, garapen ekonomiko, sozial zein kulturalerako baldintza egokiak dituela iritzi dio soziologoak. "Nik uste dut argi ilunak daudela. Jende prestatua badugula ikusten dut, oraindik ere balioak dituztenak. Zentzu horretan, badaude oinarri batzuk onak direnak aurrera egiteko, baina gero kezka agertzen da. Globalizazioaren itzala. Ez ote gara herri txikiegia dauzkagun erronka hauei guztiei erantzuteko? Herri txikia izanik gai ote gara globalizazioak ekartzen dituen erronka guztiei erantzuteko? Hemen aurrera egin dugu balio soziokomunitarioak oso errotuak egon direlako, komunitatearen zentzua oso errotuta egon delako, auzolana dela edo elkarteak sortzeko gaitasuna…hori dena indibidualismoarekin ere zalantzan jarrai daiteke..." Gehiago irakurri hemen. 

Según la Encuesta de Competencias Financieras que elabora de forma periódica el Banco de España, al menos un 46% de la población vasca percibe sus propios conocimientos sobre la materia como bajos o muy bajos. Lo hace tras someterse a un breve cuestionario con preguntas acerca de la inflación, el interés compuesto y las virtudes de diversificar las inversiones. «Sigue siendo un contenido muy transversal y con poco peso dentro del currículo. Habrá muchos alumnos que cursen arte o ciencias y nunca hayan estudiado nada sobre el ámbito financiero», detalla la doctora en Economía María Gil Izquierdo. Ella elaboró junto a José Manuel Cordero un estudio para PISA acerca de los conocimientos financieros de los jóvenes. Su investigación advierte que hay una clara relación entre la competencia económica y un buen desempeño en las matemáticas y la lectura. «En general la economía no es un ámbito especialmente interesante para los chavales», afirma la experta, quien propone la solución de apostar por un modelo que acerque la materia a los escolares de entre 15 y 16 años. Al hacerlo, sugiere que afronten algunas de las primeras decisiones que pueden adoptar con su dinero y sus finanzas, y sugiere de ejemplo animarles a diseñar una pequeña ‘startup’ con amigos para vender su ropa usada a través de internet. Especialmente conviene recordarles la importancia de la «seguridad digital», con la que ya están obligados a convivir, y advertirles sobre las consecuencias que pueden tener a futuro sus decisiones financieras.

El Ejecutivo intenta convencer a la patronal con ayudas pensadas para el comercio, la hostelería, la limpieza y las peluquerías con menos de cinco trabajadores. La negociación para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas sin recorte salarial, un cambio trascendental en la vida de millones de trabajadores que se tocaría por primera vez desde 1983, cuando se fijaron las 40, ha llegado a un momento decisivo. El Gobierno está absolutamente decidido a hacer la reforma, que lidera Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo con el respaldo político claro de Pedro Sánchez. La norma tiene que estar cerrada antes de final de año, así que la negociación se acelera en estos días. Los sindicatos están ya dentro, pero la patronal se resiste, sobre todo por el efecto que puede tener para las pymes, las pequeñas y medianas empresas, porque la mayoría de las grandes ya tienen incorporada en sus convenios esta reducción u otras similares. El Gobierno ha decidido, según fuentes del Ejecutivo, hacer una oferta a la patronal que, además de todo lo que ya ha puesto encima de la mesa, de momento no ha bastado. 

"...El cumplimiento de unas proyecciones tan halagüeñas como reconfortantes depende de tres condiciones, y ahí es donde surgen las dudas. El primer escollo procede de la falta de concreción acerca de las medidas de ajuste presupuestario, tanto de la fiscalidad como del gasto. Se trata de ayudar a cuadrar las cuentas y generar un clima propicio a las inversiones necesarias, algo que solo parece posible fortaleciendo la cooperación entre diferentes administraciones. De poco sirven las evaluaciones de la Airef de la eficacia del gasto y de la política tributaria si sus resultados no están asociados a los flujos de financiación. Una opción, frecuente en países de estructura federal, consistiría en incentivar las administraciones que responden a los objetivos, de manera similar a la práctica presupuestaria de la Unión Europea (así funcionan, por ejemplo, los fondos Next Generation). En todo caso, veremos cómo se articula el plan con el anteproyecto de Presupuestos Generales de Estado. En segundo lugar, el plan se basa en una premisa crucial: la economía española seguiría creciendo a un ritmo elevado, aligerando automáticamente el peso de los pasivos presupuestarios (el efecto cíclico representa la mitad de la reducción del déficit previsto en el plan para los dos próximos años). En una economía tan dependiente de la incorporación de fuerza laboral, sin embargo, la hipótesis de crecimiento solo parece factible si la inversión en vivienda se recupera hasta niveles suficientes para sostener la movilidad laboral. El plan prevé un fuerte rebote de la inversión (con un incremento total del 10,7% en el próximo bienio), que supone un giro en las expectativas empresariales y reformas del mercado de vivienda, que de momento no se vislumbran en un contexto político polarizado..."

El Gobierno cree que el hidrógeno verde representa una oportunidad estratégica para España. También lo cree Enagás, convencida de que la Península puede convertirse en un centro neurálgico de exportación de esta tecnología dentro de Europa. La gran apuesta por el hidrógeno se materializa en la creación del Corredor Ibérico del Hidrógeno (H2Med), un proyecto de infraestructura que en 2030 debería permitir la exportación de hidrógeno verde desde España hacia el resto del continente. El H2Med, con Enagás como gestor provisional de la red troncal del hidrógeno, contempla un hidroducto de 248 kilómetros que unirá Portugal y España por Zamora y una conexión marítima de 450 kilómetros que unirá Barcelona con el nudo industrial de Fos-sur-Mer, cerca de Marsella (Francia), con una inversión brutibles ta prevista de 2.500 millones. Es un gran bocado en el que Europa acompaña. El objetivo de producción de la UE es de 10 millones de toneladas anuales de hidrógeno verde en 2030, y Bruselas ha aprobado 1.200 millones del fondo de recuperación de la UE para las plantas de producción españolas con una capacidad igual o superior a 100 megavatios. Ayudas para desarrollar “valles del hidrógeno” en todo el país. El consejero delegado de ErasmoPower2X, Bas Dekker, cree que los objetivos plantados en el PNIEC están en el buen camino, pese a los llamamientos a la prudencia inversora de Competencia y del Tribunal de Cuentas de la UE, que reclaman una “visión realista” para el desarrollo del hidrógeno. “Los objetivos no son del Gobierno solamente, sino una sociedad por acciones conjuntas ( joint stock) del Gobierno y el mercado. Estamos enfocados en el desarrollo de industria verde en España, pero también en Europa; nuestros socios tienen proyectos en Europa del Norte y tengo confianza porque hay mucho dinero, mucho capital que apoya los proyectos”. Sucede que, con el hidrógeno, hay mucho tiro al aire. Como Cebon, Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, cuestiona los planes de empleo del hidrógeno verde. “Tiene que ser un combustible que lo utilicemos allí donde la electricidad no puede llegar”. Ferrando es crítico con el desarrollo de infraestructuras que plantea Enagás y con las bases sobre las que descansan todas las previsiones del PNIEC. En su opinión, el plan del Gobierno “no relaciona el lanzamiento del hidrógeno con la demanda, sino solo con la oferta, cuando en España se están consumiendo 500.000 toneladas [de hidrógeno al año], y cuando esa propuesta supondría 50 GW más de energía renovable de eólica o de fotovoltaica”. Su conclusión: “Hay un desmadre en la concepción de lo que debe ser el sistema”.

El ideal sostenible de la movilidad actual es el de un coche eléctrico que se carga con energía renovable. El de un conductor capaz de conectar la batería de su vehículo a placas solares instaladas en su lugar de residencia durante el día es también el caso de uso en el que un automóvil eléctrico resulta más rentable económicamente. Y es evidente que la popularización de estos coches reduciría la contaminación atmosférica en las ciudades, ya que no emiten gases como los motores de combustión. Al fin y al cabo, el transporte por carretera aporta un 11,9% de las emisiones globales. No obstante, detrás de este escaparate de sostenibilidad se esconde una realidad muy diferente. Porque la fabricación y el reciclaje de estos vehículos son mucho más contaminantes que su uso. De hecho, la mera extracción de materias primas clave en el coche eléctrico, como el litio de las baterías o las tierras raras que se utilizan en diferentes componentes, incluido el motor, es muy contaminante. Y lo mismo se puede decir de los elementos que impulsan las energías renovables, como los paneles solares o los aerogeneradores, en los que abundan también esas tierras raras, un conjunto de 17 elementos químicos de la tabla periódica que resultan especialmente cruciales para la transición energética por sus propiedades magnéticas y eléctricas únicas. Algunas son abundantes, pero es imposible encontrarlas en el estado puro requerido. Eso obliga a un proceso de minado y de refinado muy dañino para el entorno.

La ciudad de Valencia tiene más de 800.000 habitantes, pero su oferta habitacional se limita a 150 viviendas de obra nueva en venta, mientras que el precio del alquiler se sitúa entre los tres que más han crecido en los últimos años. En 2023 la capital recibió más de 2,3 millones de visitantes y sumó casi 5,5 millones de pernoctaciones. Quizá por ello, el número de apartamentos turísticos pasó de los menos de 6.000 registrados a finales de 2023 a los más de 10.000 ofertados a principios de 2024. Ese crecimiento provocó que en mayo el Ayuntamiento de Valencia aprobara una moratoria de un año para la concesión de nuevas licencias para la apertura de viviendas de uso turístico. Contra la subida de los precios de la vivienda, la “inundación” de pisos turísticos y la destrucción del territorio se manifestaron ayer miles de personas en Valencia —15.000 según la Delegación del Gobierno y 50.000 según los organizadores— con un movimiento que denuncia que la ciudad está “en venta”. “Valencia se ahoga” fue el lema escogido para una marcha impulsada, fundamentalmente, por colectivos vecinales en recuerdo a la gran riada que inundó la ciudad hace 67 años y que arrasó todo lo que encontró a su paso. Los vecinos reclamaron un decrecimiento para la capital valenciana que, según apuntan, ha perdido su identidad propia y cultural “en favor de la construcción y la edificación desmedidas, la desaparición del comercio tradicional y los problemas de contaminación y convivencia”. “Cada día nuestros barrios son despojados de su identidad y la turistificación convierte nuestras calles en un decorado para turistas”, denunciaron a través de un manifiesto. “Necesitamos decrecer turísticamente”, clamaron.

La oferta de una empresa japonesa para adquirir US Steel obliga a Biden y Harris a prohibir la operación y a competir con el ‘America First’ en su propio terreno. Esta es una historia de poder. Del poder que se forja en los altos hornos del corazón industrial de América, templado por el sudor de los sindicatos y manejado con maestría por los políticos. Es, también, la del poder de un astuto multimillonario que ha sabido captar el desencanto de la clase trabajadora y hacerle creer que resucitará el sueño americano. En Pittsburgh la imponente torre de US Steel ya no exhibe el nombre de la compañía que una vez dominó la producción mundial de acero y definió a EE UU como potencia. En su lugar ahora luce el del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh (UPMC), símbolo de la transformación de la ciudad al sector sanitario y educativo. En 1943 US Steel empleaba a 340.000 personas. Hoy, con apenas 22.000 trabajadores, produce solo un 5% del acero mundial, frente al 50% de antaño. Asia ha devorado al mercado, con China, India, Japón y Corea del Sur a la cabeza. El desaparecido letrero de US Steel no es solo un símbolo nostálgico de la reconversión industrial, es una herida que aún supura en el alma de Pensilvania, un Estado más grande que Andalucía y Cataluña juntas. La última puñalada en el orgullo nacional es la posibilidad de que la empresa construida por los míticos J.P. Morgan y Andrew Carnegie pierda su identidad estadounidense. Es como si el Banco de Sabadell pasase a ser madrileño o el Bilbao Vizcaya, catalán. El ‘América First’ de Donald Trump resuena con tanta fuerza entre los votantes que el Gobierno de Joe Biden se ha subido al carro al anunciar que bloqueará la oferta de Nippon Steel de 14.900 millones de dólares por razones de «seguridad nacional». Los economistas, sin embargo, ven más motivos electorales que prácticos, porque la oferta japonesa duplica con creces los 7.300 millones que había puesto sobre la mesa la empresa de Ohio Cleveland-Cliffs.

Es un viaje aterrador: de China a Ecuador en avión, y de ahí hasta México cruzando selvas controladas por cárteles de la droga, fronteras atestadas de policías corruptos y ciudades con las tasas de delincuencia más altas del mundo. Si a esta odisea de 6.000 kilómetros sumamos el desconocimiento del idioma español, y en muchas ocasiones incluso del inglés, se convierte poco menos que en misión imposible. Sin embargo, el año pasado 37.000 ciudadanos chinos fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos tratando de entrar ilegalmente al país. Fueron la nacionalidad no americana más numerosa y, según los datos del Departamento de Seguridad Nacional, el primer trimestre de este año su número se había disparado hasta los 24.214. A eso hay que sumar el millar largo que cruza cada mes la frontera norte con Canadá. Parece extraño. Al fin y al cabo, la China de hoy no tiene nada que ver con aquella que dejaban atrás los migrantes que, entre otras cosas, construyeron las primeras líneas de ferrocarril de la superpotencia americana, ni con aquella de la que salieron quienes levantaron las ‘Chinatown’ de las principales ciudades americanas. Ahora el gigante asiático es la segunda potencia económica mundial, la primera en términos comerciales y de manufacturas, disfruta de reducidas tasas de paro y para muchos se ha convertido en tierra de oportunidades a pesar de las numerosas barreras que Pekín pone a la inmigración, que se suman a otras como el idioma. Pero no es oro todo lo que reluce.