20240304

Cada vez hay más vascos que se acogen a la Incapacidad Temporal (IT) por trastornos mentales como la ansiedad o la depresión. Es una tendencia al alza que se lleva observando desde hace años, pero que se disparó con la pandemia. De hecho, las bajas por esta causa sumaron un récord de 43.479 en 2023, una cifra que supera en un 51% la de 2019, el ejercicio previo al covid, y que dobla la de hace solo seis años. Son datos del Ministerio de Seguridad Social a través del Portal de Transparencia. La estadística recoge que estos procesos tienen una duración media de 111 días y permite trazar un perfil de los afectados, que reflejan una clara diferencia por sexo. Las mujeres sufren en Euskadi el 63% de las bajas por ansiedad o depresión, lo que muestra su dificultad para conciliar el trabajo con los cuidados de mayores y niños, que siguen recayendo mayoritariamente en ellas. El crecimiento de las bajas por problemas mentales no es exclusivo de Euskadi sino que se da en toda España. Así, en el conjunto nacional los procesos por este tipo de dolencias superó las 600.000 en 2023, un máximo que también supone un crecimiento de casi el 100% desde 2017. A pesar de ser una tendencia generalizada, Euskadi presenta una mayor incidencia si se pone en relación el número de bajas con el total de ocupados. En la comunidad autónoma vasca la ratio llega al 4,4%, solo por detrás de Cataluña (5%) y Canarias (4,9%), mientras que la media nacional es del 3%. No es algo sorprendente dado que el País Vasco es líder en absentismo por Incapacidad Temporal, algo que se está estudiando en el marco de la mesa de diálogo social.

Mobile World Congress (MWC) 2024ren edizioa Bartzelonan ospatu da otsailaren 26tik 29ra, teknologia mugikorrean liderrak diren enpresak eta ekosistema digitalaren eragile nagusiak bilduz. Oraingo honetan, EAEren presentzia nabarmena da, merkatu globalean duten berrikuntza eta lehiakortasunagatik nabarmentzen diren hiru enpresekin: SPC, nexmart Iberia eta Wise Security Global. Gehiago irakurri hemen. 

Carlos Cuerpo Caballero (Badajoz, 1980) lleva dos meses al frente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, donde asegura mantendrá una línea continuista con su predecesora, Nadia Calviño, que dejó el cargo para ocupar la presidencia del BEI. Pese a la inestabilidad política por las dificultades para hilvanar acuerdos en el Parlamento, en una exhaustiva entrevista muestra su satisfacción por la fortaleza de la creación de empleo y la marcha de la economía, cuyo crecimiento resalta que se ha acelerado, con un inicio de año “que está siendo muy bueno”, en contraste con la debilidad que acusan el resto de las grandes economías europeas. "Estamos muy cómodos con nuestra previsión del 2% para 2024. Por dos razones principales. Primero, porque el año 2023 terminó con muy buenos datos y con fuerza, con un crecimiento del 2,5%, y con un último trimestre en el que se ha acelerado el crecimiento, y eso genera un efecto arrastre. En segundo lugar, porque el inicio de 2024 está siendo muy bueno, manteniéndose el pulso de crecimiento como vemos en los datos de afiliación a la Seguridad Social, en un entorno de crecimiento económico del 0,4%-0,6%...Analizaremos cuáles son las barreras para el crecimiento de las empresas, tratando de fijarnos en países donde más crece la productividad como EEUU. Y para ello vamos a crear en las próximas semanas el Consejo Nacional de Productividad, dotado con independencia funcional para que expertos hagan este análisis y nos hagan recomendaciones para solucionar este problema...En las últimas décadas se ha producido una reducción estructural en el número de horas trabajadas, y lo que tenemos es un acuerdo de Gobierno para seguir avanzando en la reducción de jornada, pero creo que es clave hacerlo manteniendo un cierto nivel de flexibilidad y precisamente eso está relacionado con el tamaño empresarial que tenemos. No es la misma capacidad la que pueda tener una empresa de 50 o 100 trabajadores que una empresa de cuatro o cinco para ajustar el horario. Para conseguir esta reducción en un marco de flexibilidad es fundamental el diálogo entre patronales y sindicatos...El impuesto a la banca fue una decisión acertada. Hemos visto que el sector financiero, y también el energético, contribuyen a la financiación del escudo social para los más vulnerables y no ha ido en perjuicio de sus resultados, de su solvencia; al contrario, los bancos han sido capaces de presentar récord de beneficios..."

“Que sea nueva no quiere decir que sea la buena”. Así resumía un directivo esta semana su visión sobre la futura Comisión Nacional de Energía, CNE, el órgano que el Gobierno va a crear para regular el sector, segregando funciones que ahora tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Hoy acaba el plazo para alegaciones al anteproyecto de ley por el que se crea la CNE. El borrador inicial establecía un enorme poder sobre la nueva CNE por parte del ministerio de Transición Ecológica. En la última versión –la que ha pasado a audiencia pública– el poder aumenta aun más. Los nervios están a flor de piel. En el sector se empiezan a barajar ya posibles candidatos para presidir el nuevo organismo: Natalia Fabra, Maite Costa, Mariano Bacigalupo, María Jesús Martín o Josep María Salas Prat, entre otros. Las energéticas temen que la nueva CNE sea solo un brazo armado del ministerio de Transición Ecológica. El pasado 21 de febrero, la nueva CNE estará “adscrita” a ese ministerio, a cuyo frente está Teresa Ribera, en lugar del ministerio de Economía, como ahora ocurre con la CNMC. Transición Ecológica se apodera así de la parte energética de la CNMC, que además monitorizará desde el minuto uno. Los miembros del consejo de la CNE serán “propuestos” por Transición Ecológica, que a su vez dirigirá sus actuaciones. Las circulares (máxima norma de la CNE) deberán ser remitidas antes de su aprobación al ministerio, que puede bloquearlas. Si hay desacuerdo, se convocará a una “comisión de cooperación”.

Sorpresa de última hora en los distintos borradores del anteproyecto de ley para la creación de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). La versión que ha pasado a audiencia pública elimina el punto 3 del artículo 2, en el que se establecía que “la CNE tendrá su sede principal en Madrid”. Ahora este asunto se deja sin especificar y por lo tanto el Gobierno podrá determinar su ubicación en otra ciudad, como puedan ser Bilbao o Barcelona, permitiendo así usar este asunto como contrapartida frente a sus socios de investidura, PNV, ERC o Junts. La descentralización de órganos del Estado ha sido una obsesión recurrente del PSOE. En 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ordenó el traslado se la sede de la antigua Comisión de Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona. Cuando en 2013 el Gobierno del PP fusionó los reguladores (CMT, antigua Comisión de Energía, y Competencia) en la actual CNMC, se fijó su sede en Madrid, pero una parte quedó en Barcelona, donde estaba la CMT. Por otra parte, en la versión sometida a audiencia se quita a la nueva CNE el poder de impugnar en tribunales decisiones de las administraciones públicas, entre ellas el Gobierno o un ministerio. También se sustituye la palabra “creación” por la de “restablecimiento” de la CNE y se introduce lenguaje inclusivo. En la composición del consejo se atenderá “al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres”. Se quita la palabra “consejeros” y se pone “personas consejeras”. Según la última versión de la ley, la CNE no podrá impugnar normas del Gobierno. 

Las cuatro mayores energéticas españolas (Iberdrola, Repsol, Endesa y Naturgy) cerraron 2021 con un beneficio neto conjunto de casi 9.500 millones de euros, el mayor en más de una década. 2022, el año de la guerra, fue aún mejor: casi 12.640 millones de ganancias conjuntas, con Iberdrola y Repsol por encima de los 4.000 millones cada una — cotas desconocidas sin extraordinarios—; con Endesa superando claramente los 2.000, también sin extraordinarios; y con Naturgy acercándose cada vez más a esa cota. En 2023, pese a la remisión casi total de las turbulencias energéticas en la segunda mitad del año y ya con el gravamen extraordinario arañando unos millones en su cuenta de resultados, sus ganancias conjuntas del grupo rozaron los 11.000 millones. Total: más de 33.000 millones en los tres últimos años. “Es un poco peligroso asociar la crisis energética a un periodo de oro para las empresas del sector: solo ha sido un trienio dorado para algunas”, apunta Javier Suárez, analista de Mediobanca. “Hay que diferenciar entre las empresas que tienen el control la materia prima, el petróleo y, sobre todo, el gas, o la capacidad de hacer de trading, como Repsol o Naturgy, para las que se puede decir que sí han sido años buenos, y las eléctricas”. A estas últimas, desarrolla, “una subida pequeña de precios les viene bien, pero una muy grande, no tanto: son empresas que manejan muy bien la volatilidad limitada, pero no una volatilidad de este calibre. A quien beneficia la volatilidad extrema en el precio de las commodities es a las petroleras y gasistas; en el caso español, a Repsol y Naturgy”.

El Fondo Noruego de Pensiones tiene invertidos 12.407 millones de euros en empresas que cotizan en la Bolsa española, según el informe de la gestora Norges Bank Investment Management (Nbim) de 2023. Esta cifra aumenta un 23% respecto al año anterior. El año pasado, tanto el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) como el Ibex se revalorizaron cerca del 22,7%. Este instrumento del Estado noruego, que invierte con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo los ingresos que el país nórdico obtiene del petróleo y el gas para garantizar las pensiones futuras de sus ciudadanos, centra su participación en 64 cotizadas en España, doce menos que las 76 en las que estaba presente a finales de 2022. Ha salido, entre otras compañías, de Azkoyen (donde tenía un 2,87%), Miquel y Costas (1,35%), Aedas Home (1,24%), Elecnor (1,06%), Iberpapel (0,98%), Catalana Occidente (0,42%) o FCC (0,33%). Entre las cotizadas de la Bolsa nacional donde participa figuran la siderúrgica ArcelorMittal, el hólding aéreo IAG (British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus) o la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners, que no tienen la sede social en España. La renta variable supone el 46,4% de la cartera española del Fondo, que está compuesta también por la renta fija (con bonos de emisores nacionales y deuda soberana), activos inmobiliarios no cotizados e infraestructuras de energía renovable. La media de su participación se sitúa en el 1,35% (1,36% en 2022), pero el valor de mercado es, en la mayoría de los casos, superior. Iberdrola es, un año más, su principal apuesta en la Bolsa española. 

El mercado laboral viene demostrando (pequeños) síntomas de desaceleración —el ritmo de creación de empleo se ha ralentizado en el último cuatrimestre—, pero sigue ofreciendo cierta resistencia frente a factores externos. Sin embargo, los niveles de paro despuntan en el contexto europeo —España presenta hoy una tasa del 11,7%, casi el doble de la media comunitaria—, y hay colectivos, como el de los parados de larga duración, cuya situación continúa siendo muy comprometida. Al mismo tiempo que ocurre todo esto, hay tendencias que evidencian cierta agilidad en la salida de estas personas del desempleo. En 2023, el número de parados que llevaba entre uno y dos o más años buscando un empleo fue el menor en 15 años. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el total fue de 1.046.200 demandantes, 170.000 menos que en 2022, un 14% por debajo; y menos de la mitad que hace una década. La serie estadística hace referencia a aquellos parados que habían trabajado con anterioridad, y que —por razones que no se desgranan—, perdieron su empleo. La lectura general de los datos del INE —que ofreció el martes las medias en distintos apartados de los cuatro trimestres de 2023— evidencia comportamientos dispares para los parados que ya habían trabajado anteriormente en función del horizonte temporal de su búsqueda. Mientras que el volumen de aquellos que llevan más tiempo esperando (de uno a más de dos años) se ha rebajado en un 13,99%, los que llegan hasta el medio año de búsqueda han crecido un 3,38%, situándose en los 1,34 millones.

Las protestas de los agricultores no son solo un problema europeo. También en algunos países en desarrollo, como India, ha habido tractoradas en las últimas semanas para intentar conseguir precios más justos para los productos de sus campos. Los trabajadores indios del sector primario incluso trataron de bloquear los accesos a la capital, Nueva Delhi, donde se produjeron choques con la Policía. Más allá de las grandes diferencias económicas, tecnológicas y en infraestructuras según los países, son muchos los problemas comunes que sufren los agricultores en todo el mundo, como los derivados del cambio climático, resultando los campesinos de los países pobres los más vulnerables a ellos. Lo sabe bien el español Álvaro Lario, presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), un organismo dependiente de Naciones Unidas que calcula que por cada euro invertido en fomentar el desarrollo de las áreas rurales de las naciones en desarrollo, se ahorran hasta 10 euros futuros de costes humanitarios. El FIDA, que tiene su sede central en Roma, aprobó recientemente un plan por valor de 2.000 millones de dólares (cerca de 1.900 millones de euros) para reducir el hambre y la pobreza de cien millones de personas. "Estamos ante una preocupación global que muestra que la agricultura y el cambio climático están muy unidos y son parte de la solución y del reto que tenemos como sociedad. Los fenómenos extremos que vemos cada vez más, como ciclones, inundaciones o sequías, afectan a todo el mundo, tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. Hace falta una voluntad política para afrontar una transición en los sistemas alimentarios de manera que todos tengamos acceso a comida nutritiva y los pequeños agricultores puedan tener una vida decente..."

Tras dos años de travesía por el desierto, después del estallido del Covid a finales de 2019, y un 2022 de clara recuperación, compañías hoteleras, aerolíneas, agencias de viajes y empresas de transportes impulsaron su negocio en 2023 hasta tocar, en muchos casos, cifras récord. Las aerolíneas y los aeropuertos son un claro exponente, con unos ingresos y unos beneficios claramente por encima de los previos a la pandemia. España se ha convertido en el principal mercado europeo por pasajeros y las previsiones apuntan a un crecimiento anual en torno al 3% y el 5% a medio plazo. Aena batió su récord de beneficios con 1.631 millones, después de registrar 283 millones de pasajeros en España. El grupo ha alcanzado su objetivo de ebitda con un año de antelación y el próximo jueves dará a conocer nuevas previsiones hasta 2026. Su consejero delegado, Maurici Lucena, cree que el tráfico subirá en 2024, aunque no a la velocidad de enero (+10,3%), y tiene en mente un plan de ampliación de aeropuertos, empezando por los 2.400 millones para que Barajas llegue a los 90 millones de pasajeros de capacidad. Hay más viajeros que ya gastan más que antes de la pandemia. Por ejemplo, el gestor aeroportuario disparó sus ingresos comerciales (tiendas, restaurantes, alquiler de coches, ...) en un 25% sobre 2022.

Santander, BBVA y CaixaBank pagarán 20.830 millones a sus empleados en los próximos diez años como complemento a su pensión pública. Santander es el banco de mayor tamaño y, en consecuencia, es el que acumula un mayor desembolso futuro, tal como acordó en su día en negociación con sus trabajadores. Esta aportación tiene para todas las entidades y empresas carácter de salario diferido y se pacta con los empleados. El deber de pago de Santander suma 14.524 millones, hasta 2033, según los datos incluidos en sus cuentas del año pasado. La entrega comprometida en España se eleva a 2.446 millones. De ellos, 464 millones los desembolsará en 2024. Esta partida disminuye paulatinamente año a año y se coloca en 229 millones en 2028 y en una media anual de 148 millones entre 2029 y 2033. En Reino Unido, Santander asume una prestación de 5.209 millones de euros en los próximos diez años. Los pagos señalados para 2024 se elevan a 525 millones, cifra que disminuye con los 448 millones presupuestados para el próximo ejercicio, pero que aumenta en los siguientes. En otros países, con especial peso de Brasil y México, el banco presidido por Ana Botín afrontará la entrega de 6.869 millones.

El castigo de Hacienda a las deducciones de I+D+i llega incluso a las participadas por el propio sector público. La compañía Hispasat es una de las grandes afectadas, ya que el Fisco reclama a la empresa casi 36 millones de euros por las deducciones aplicadas para la fabricación de su último satélite, el Amazonas Nexus. El satélite fue lanzado el pasado año, con el actual ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, como presidente, tras 300 millones de euros de inversión por parte de la empresa, que ahora se encuentra con que la factura podría incrementarse en más de un 10%, algo que suscita incomprensión en Redeia, la antigua Red Eléctrica, matriz del grupo y también participada por el Estado. «En la aplicación de deducciones por IT en el Impuesto de Sociedades por las inversiones en el Amazonas Nexus hemos aplicado el mismo criterio fiscal que se ha seguido históricamente en el lanzamiento de los satélites de Hispasat y que la Agencia Tributaria ha validado en todos ellos», trasladan fuentes de la empresa. El caso, de momento, se encuentra en trámite de alegaciones ante la Oficina Técnica de la Inspección, que dará una respuesta en un plazo de «meses». Por lo tanto, hasta la fecha, la compañía no ha desembolsado montante alguno.

Los hermanos Francisco José y Jon Riberas son dos de los máximos exponentes del éxito de las empresas familiares en nuestro país. Juntos dominan uno de los entramados industriales más importantes de España, con Gestamp y Gonvarri como principales exponentes, aunque con influencia en otras grandes corporaciones como Cie Automotive, también del ramo de la automoción, o Global Dominion, enfocada al campo de la ingeniería industrial. Tanto Francisco como Jon Riberas gestionan sus diferentes intereses económicos y corporativos a través de una empresa denominada Acek Desarrollo y Gestión Industrial, que está participada al 50% por cada uno de ellos, a través de Orilla Asset Management (Francisco) y de Ion Ion (Jon). Este family office obtuvo un beneficio neto vinculado con las operaciones de sus empresas participadas de 751 millones de euros en 2022, últimos datos publicados en el Registro Mercantil, lo que supone una disminución del 27%, mientras que los ingresos generados por dichas compañías se elevaron hasta 15.423 millones de euros, lo que representa un aumento interanual del 34%. Las cuentas de Acek contemplan que se optó por retribuir a sus accionistas, es decir, a los hermanos Riberas en forma de dividendos con un total de 718 millones, con cargo a los resultados de 2021, cuando el beneficio fue de 1.027 millones. El monto del dividendo correspondiente a las cuentas de 2021 se repartió en 2022 en lotes de 510, 172 y 36 millones. Los dos primeros, según Acek, habían sido abonados a cierre de 2022. Estas cifras ponen de manifiesto la evolución positiva que están experimentando las inversiones de Acek. La entidad familiar posee de forma directa el 23,7% del fabricante de componentes para automóviles Gestamp y también el 75% de Gestamp 2020, que mantiene otro 50,1% en el proveedor automovilístico. Gestamp, cuyo presidente ejecutivo es Francisco J. Riberas, ingresó un récord de 9.000 millones hasta septiembre de 2023 y ganó 225 millones, un 23% más, mientras en 2022 ganó 260 millones y facturó 10.700 millones.

A 72 horas de que concluya el plazo en el Congreso para aprobar o rechazar la proposición de ley de amnistía, PSOE y Junts aseguraban ayer que el acuerdo para salvar el trámite parlamentario es inminente. Ese pacto, cuyo contenido final está pendiente de los últimos retoques, es clave para apuntalar la legislatura más inestable y ahora amenazada por el estallido del caso Koldo, una trama corrupta descubierta en el corazón del Ministerio de Transportes durante el mandato del socialista José Luis Ábalos. Los negociadores de Junts y PSOE sostienen que a la vez que se pacta el texto definitivo de la ley de amnistía para garantizar su aplicación a la mayoría de los encausados por el procés, se avanza en un acuerdo sobre los Presupuestos del Estado. La decisión del Tribunal Supremo de imputar al expresidente Carles Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo cuestiona que se pueda aplicar la futura ley al principal líder independentista. Por otra parte, la aprobación de las cuentas de 2024 es uno de los objetivos principales del Gobierno para garantizar una cierta estabilidad en la legislatura. El Gobierno tiene por fin una certeza en una legislatura plagada de vericuetos, donde el estallido y la gravedad del caso Koldo ha relegado a un segundo plano el batacazo del PSOE y Sumar en las elecciones gallegas. La amnistía, la clave de la que depende la longevidad del Ejecutivo, entra en la semana decisiva. 

Con la ausencia a última hora de Israel, representantes de Hamás y los mediadores de Catar y Estados Unidos se reunieron ayer en El Cairo, capital de Egipto, para «iniciar una nueva ronda de negociaciones» encaminadas a sellar una tregua en la Franja de Gaza que puede llegar «en 24 ó 48 horas», según la milicia palestina si Tel Aviv acepta sus demandas. El viernes, el presidente de EE UU, Joe Biden, dijo tener «esperanzas» de lograr un alto el fuego ante del Ramadán, el mes sagrado del ayuno musulmán, que comenzará el 10 u 11 de marzo. La cita de El Cairo no cuenta al final con la presencia de la delegación israelí, que renunció a última hora porque Hamás no le había facilitado la información requerida sobre el número de los rehenes en su poder y la identidad de los que liberaría. La ausencia hebrea supone un mal inicio para este proceso de paz. En El Cairo los enviados de Hamás deben dar una respuesta a la propuesta elaborada a finales de enero por los mediadores de Catar, Estados Unidos y Egipto con el visto bueno de Israel. Ese plan, dividido en fases, contempla un alto del fuego de seis semanas y la liberación de 42 rehenes en un canje con presos palestinos. El sábado, un alto funcionario norteamericano dijo que Israel había «aceptado más o menos» el plan y que ahora «la pelota está en el tejado de Hamás».

El expresidente de EE UU, Donald Trump, llega pletórico a la jornada electoral por excelencia de la campaña de primarias, el Supermartes. Pese a la vasta ofensiva judicial que afronta desde hace meses —hasta 91 cargos penales se le imputan en cuatro procesos distintos— el republicano acumula una amplia ventaja (244 frente a 24) sobre la que es su única rival en el partido, Nikki Haley. El expresidente Donald Trump, republicano favorito a las elecciones presidenciales de noviembre, sigue sumando puntos en la carrera. Pese a la vasta ofensiva judicial que afronta —cuatro procesos penales por los que está acusado de 91 cargos en total—, Trump ganó el sábado los 39 delegados en juego en una convención republicana en Míchigan, un Estado donde la formación se ha escindido en facciones rivales. Trump se llevó también los 51 delegados de los caucus (asambleas ciudadanas) de Misuri y los 32 de los de Idaho. Con ello, sumó los 122 que había en juego en la jornada, y ya tiene 244, mientras que su rival, Nikki Haley, se queda plantada en los 24. Al conocer los resultados Trump afirmó estar “lanzado como un cohete” hacia la nominación republicana. “En Iowa ganamos de récord, en New Hampshire ganamos de récord, en Iowa conseguimos el doble del mayor número histórico de votos”, dijo el sábado por la noche en un mitin en Richmond (Virginia), no sin recordar que en Carolina del Sur, el Estado natal de Haley, derrotó a la exgobernadora “por un número sin precedentes”. “Estamos a tope. ¡Es un gran honor!”, se ufanó.