20241025

El Gobierno vasco ha sacado a licitación pública la contratación de una firma para afrontar los servicios de «consultoría y asistencia técnica especializada, para la elaboración, seguimiento y cierre del plan de desarrollo industrial del periodo 2025-2028». En síntesis, elaborar el plan con las estrategias en materia de industria que quiere poner en marcha el gabinete de Imanol Pradales en esta legislatura y que, previsiblemente, no estará listo hasta bien avanzado 2025, a las puertas del verano. Esto es, un año después del arranque de la legislatura. El presupuesto es de 363.000 euros, cantidad que tiene el IVA incluido. La iniciativa acaba de ser publicada en el portal de contratación del Gobierno vasco hace apenas unos días y las firmas que estén interesadas en asumir el encargo tienen de plazo hasta el 18 de noviembre para presentar sus propuestas. Además del trabajo inicial de elaboración del plan de industria, el adjudicatario deberá comprometerse a realizar el seguimiento hasta su final. Lo cierto es que el pliego no establece directrices muy concretas, aunque sí que apunta a que el contenido tendrá que ser coherente con las premisas fijadas en el programa de gobierno. Fuentes del Ejecutivo vasco han señalado que en la pasada legislatura, con el Departamento de Desarrollo Económico situado bajo la directriz de Arantxa Tapia, «no se subcontrató la elaboración del plan de desarrollo industrial. Se hizo con medios propios, aunque sí se realizó un contrato con Orkestra –el instituto de la competitividad tutelado por la Universidad de Deusto– para que ejerciesen de contraste». El propio pliego de condiciones para la licitación justifica el hecho de que sea necesario recurrir a esta subcontratación: «En la actualidad los medios humanos de que se dispone no son suficientes para atender el volumen y especialización de la necesidad a contratar», señala textualmente el documento. No estará listo hasta el verano de 2025, un año después de arrancar la presente legislatura. 

El Gobierno Sánchez intenta obtener el ‘sí del PNV en Madrid ofreciendo a las Haciendas vascas la gestión de los impuestos a la banca y energéticas. A solo cuatro días de que venza el nuevo plazo autoimpuesto por el Ejecutivo para sacar adelante el renovado gravamen energético y bancario, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido ya la posibilidad de que el impuesto no salga adelante para poder prorrogarlo y establecerlo como una figura permanente. Las suspicacias mostradas por dos de sus socios parlamentarios, PNV y Junts, sobre la vigencia de este tributo, han puesto frente al espejo al Ejecutivo con la debilidad parlamentaria con la que cuenta. Montero insistió ayer en la «vocación» del Gobierno para llevar adelante esta medida, pero al mismo tiempo reconoció que si no tienen el apoyo «suficiente» en el Congreso, no se podrá llevar adelante. Lo que expresó Montero no es más que el reflejo de la frágil realidad parlamentaria con la que se mueve el Gobierno al necesitar los votos de los nacionalistas vascos y catalanes para sacar adelante la medida. Por eso, el Ejecutivo sigue negociando al límite para conseguir un acuerdo que permita incluir los cambios deseados antes del próximo día 30 en el proyecto de ley para aplicar un tributo mínimo a las grandes multinacionales. Y lo está haciendo ajustando varias aristas de esos gravámenes con las que intenta agradar a Junts y PNV. En el caso las energética, con bonificaciones vinculadas a sus compromisos en inversiones verdes; y en cuanto a la banca, en lo relativo a las rebajas de las que podrían beneficiarse en función de las provisiones que realicen (el dinero que van reservando para hacer frente a impagos) para evitar problemas en el futuro.

El líder del PSE cargó con dureza contra el PNV por querer practicar «‘dumping’ fiscal» y reducir el gravamen a las energéticas en Euskadi, mientras el Gobierno central quiere imponerlo de forma permanente en el resto de España. Andueza acusó a los jeltzales de querer «perdonar impuestos a un compañero de partido», en alusión a Imaz, consejero delegado de Repsol. La coalición de PNV y PSE-EE, fórmula hegemónica en las instituciones de Euskadi desde hace una década, está acostumbrada a gestionar desacuerdos de forma que la sangre nunca acabe llegando al río. Aun así, en determinadas carpetas, sobre todo en aquellas de profundo calado ideológico, antes de la calma se suele dar un intenso episodio de tempestad. La tormenta que ahora se cierne sobre la alianza de jeltzales y socialistas parte del proyecto del Gobierno central para hacer permanente el impuesto que grava los ingresos de las empresas energéticas. Pese a las discrepancias entre ambos, nadie cree que la cuerda se vaya a romper. Pero, al menos durante un tiempo, sí se va a tensar. En efecto, como casi siempre que se habla de fiscalidad, en este caso también hay un evidente trasfondo ideológico en el que chocan unas posiciones más liberales con otras más socialdemócratas. A un lado, el PNV exhibe sus recelos ante la extensión de la medida por temor a que las empresas afectadas respondan tirando del freno de mano en sus multimillonarias inversiones locales. Y al otro, el PSE-EE se alinea con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y defiende la consolidación del gravamen para poder contar con más ingresos públicos, máxime cuando compañías como Iberdrola están logrando beneficios récord e incluso presumen del escaso impacto que la tasa tiene en su cuenta de resultados.

"...Sabin Etxea evita deliberadamente amenazar con tumbar la pretensión del Gobierno de que el gravamen temporal a las energéticas y a la banca se convierta en permanente, no vaya a ser que alguien les identifique con la malvada derecha del PP y Vox o se crea que algún día cambiarán de caballo y acabarán pactando con Feijóo. «El PNV no se posiciona en este debate ni con unos ni con otros, sino que se alinea con Euskadi». El diagnóstico, como mínimo discutible, de que el electorado vasco se ha hecho enteramente de izquierdas o de que, al menos, no vería bien que el PNV vote abiertamente en contra del ‘impuestazo’ a la vez que se conoce el nuevo récord de beneficios de Iberdrola –casi 5.500 millones en nueve meses– ha llevado a los jeltzales a circunvalar el entuerto reclamando el tributo para las haciendas forales para después modular el tipo o, directamente, no aplicarlo en vez de votar directamente en contra. La jugada es contraproducente para Sabin Etxea por varias razones: ha vuelto a poner el Concierto y el Cupo en el centro de las iras de las autonomías del régimen común y a echar por tierra los esfuerzos pedagógicos de las instituciones vascas entre acusaciones de ‘dumping’ fiscal; ha despertado, de nuevo, al PSE más ‘destroyer’, que, paradójicamente, es el socio con el que el PNV tendría que aprobar cualquier nuevo tributo en las Juntas Generales. Y ha encrespado, un poco más, a quienes desde dentro agitan el árbol para intentar hacer caer a Ortuzar. El enfado con Imaz es palpable, no tanto por el contenido de su artículo, sino por poner al PNV, en el que el CEO de Repsol fue la máxima autoridad, en la impopular tesitura de plegarse a los dictados de una gran empresa. «Era innecesario. Nosotros ya sabemos lo que tenemos que hacer y quiénes son los principales contribuyentes vascos y no vamos a echar piedras contra nuestro tejado», se lamentan. Queda al criterio de cada cual juzgar si eso es de izquierdas o de derechas, o incluso si ese es el verdadero debate. O si lo que late de fondo es la imposibilidad de sustraerse a la tiranía populista que contamina la política española e impide defender lo que uno piensa con argumentos". 

Euskadi continúa encabezando el ránking de comunidades autónomas con más absentismo laboral, cuya tasa total repuntó una décima en el segundo trimestre, hasta cerrar en el 8,6%. En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT) el avance fue de dos décimas en comparación al cierre del año para marcar una tasa del 6,8%, mientras que en el conjunto de toda España, el nivel de absentismo se situó en el segundo trimestre en el 6,6% de las horas pactadas, un repunte de una décima respecto a 2023. Así lo radiografía el informe elaborado por la empresa de recursos humanos Randstad Research –a partir de los datos de la Encuesta trimestral de costes laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE)–. El estudio, en este sentido, pone de manifiesto que en el segundo trimestre faltaron a su puesto de trabajo 87.700 personas en el País Vasco. La cifra de empleados que no se presentaron a su puesto de trabajo por contar con una baja médica (incapacidad temporal, IT) se reduce a 59.636 personas, mientras que 28.063 lo habrían hecho por razones que incluyen licencias y permisos contemplados.

El grupo ferroviario Skoda se está convirtiendo en un convidado de piedra en la operación Talgo desde que apareció en escena. Fue la pasada primavera y auspiciado por el Gobierno de España por si podía ser una alternativa con la que bloquear la opa de la húngara Magyar Vagon. Hoy el embajador de Chequia visita al lehendakari Pradales para intentar mantener esa vía abierta. Los checos nunca han terminado de materializar sus opciones ni han hecho una oferta de compra de acciones. Las misivas enviadas a Talgo se limitaron a planteamientos para «explorar» vías de «integración o colaboración». Por eso el consejo de administración presidido por Carlos de Palacio y Oriol ha rechazado siempre el ofrecimiento. Tras el veto del Consejo de Ministros por razones de «seguridad nacional» a la opa húngara de Magyar Vagon, el grupo industrial checo propiedad de Renáta Kellnerová insistió de nuevo. Un interés que no ha cesado aún conociéndose la intención del presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, de tomar el control de Talgo comprando el 29,9% de las acciones de su principal accionista, Trilantic. Y contando, además, con el respaldo de los gobiernos central y vasco. La nueva contraofensiva de Skoda ha buscado también el respaldo del Ejecutivo checo y las vías diplomáticas de su embajador en España, Libor Sečka. Ese es el contexto en el que el representante oficial de la República Checa se reunirá hoy en Ajuria Enea con el lehendakari Imanol Pradales y el secretario general de Unión Europea y Acción Exterior del Gobierno vasco, Ander Caballero.

Discreción total. Esa es la premisa con la que sindicatos y dirección de Mercedes Vitoria negocian cómo hacer frente a un 2025 convulso. La caída del sector europeo de la automoción también está impactando sobre la Avenida de Los Huetos y eso ha hecho que la empresa plantee un cambio de modelo de producción. Todo apuntaba a un modelo de sólo dos turnos de trabajo y ahora se confirma que este es el marco de negociación que plantea la factoría más grande de Euskadi a sus casi 5.000 trabajadores. Después de semanas de encuentros, la parte social sigue sin acuerdo con la dirección de Bernd Krottmayer. Pero la propuesta que ahora mismo ofrece la empresa pasa por un modelo de trabajo en el que los empleados trabajen en dos turnos durante nueve horas, una de las alternativas que contemplaba el convenio colectivo actual. A eso habría que sumar la activación de los sábados, en los que trabajaría uno de los dos turnos de la plantilla, extremo que confirman las distintas fuentes consultadas. Con ese modelo, cada semana una parte de la plantilla trabajaría 45 horas y la otra, 53. La situación se agrava más por los problemas que supondría dar descanso a los empleados. Y es que con los trabajadores 'debiendo' varias jornadas de labor a Mercedes -la famosa bolsa de trabajo, que ahora está en negativa para la abrumadora mayoría de la plantilla- no es posible, a priori, dar días de disfrute para que los trabajadores tomen aire y descansen de esas jornadas. Habría que concretar, además, cuándo entra en vigor esta forma de organizar la producción. De momento el acuerdo entre la parte social y la dirección de Bernd Krottmayer sigue lejos.

Euskadi sigue siendo un ejemplo a nivel estatal en el funcionamiento de la red de sus centros de Formación Profesional. Según el estudio publicado ayer por el Ministerio de Educación, FP y Deportes, en las estadísticas de seguimiento educativo y rendimiento académico en FP –datos obtenidos entre los cursos 18/19 y 22/23– a nivel estatal el País Vasco es la comunidad autónoma con mejores resultados globales. Destaca por encima de cualquier otro dato que el 82,4% de los alumnos que se matriculan en un Grado Superior de FP en Euskadi terminan titulados en un plazo máximo de cuatro años, en una clasificación en la que solo se ve superada por Andalucía, por un punto porcentual más (82,5%). Así, la Comunidad Autónoma Vasca, Navarra, La Rioja y Extremadura encabezan la mayoría de los rankings de este exhaustivo informe elaborado por el Ministerio de Educación. El 82,4% de jóvenes que se titulan en Euskadi en Grado Superior es un porcentaje superior al de la media española, que es de un 76,8%, un 1,5% más que en la promoción anterior. En cuanto al género, en Euskadi el porcentaje de mujeres que obtienen el título es de un 85%, casi cinco puntos porcentuales más alto que en el caso de los hombres. Tan solo las mujeres extremeñas y andaluzas tienen una tasa de éxito más alta. Igualmente, en el nivel más exigente de la FP, el País Vasco sobresale como la comunidad autónoma con el porcentaje más alto de estudiantes que concluyen el Grado Superior en un plazo de dos años, con un 61,5%, seguida de Cataluña (60,9%), Canarias (58,8%), Andalucía (56,6%) y Comunidad Valenciana (55,9%). La media estatal es del 53,1%. En el siguiente escalón, el del Grado Medio, Euskadi también se mantiene en el podio, acreditando un 74,5% de alumnos que se titulan en un plazo de cuatro años tras acceder a un ciclo formativo en el curso 18/19. En esta clasificación tan solo es superada por Navarra (77,4%) y Extremadura (77,8%). La media estatal cae hasta un 67,1%.

Hasta agosto de este año se han registrado un total de 14.422 compraventas de vivienda en Euskadi. Y se han suscrito 12.985 hipotecas. Son las cifras que ayer publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el mercado inmobiliario y que corroboran que el problema que aqueja al sector no se arregla solamente con una bajada de tipos de interés que abarate la financiación del acceso a un hogar. Y es que el número de pólizas de crédito suscritas en los primeros ocho meses de este año sigue siendo un 2% inferior al de 2023 y una cifra que sigue por debajo de los registros de los últimos cuatro ejercicios, peor aún que en el año de la pandemia. En el caso de las compras, dato que también publicó ayer el INE, esas 14.422 que se han registrado hasta agosto son un 1,65% menos que en el mismo periodo de 2023. Así que, tal y como vienen indicando analistas, agentes del sector y el propio Gobierno vasco, el problema sigue siendo un fenómeno de oferta. No se pone en el mercado el número suficiente de hogares como para atender la demanda. Así, hace 15 años, la construcción de pisos anual en Euskadi alcanzaba las 14.000 unidades, mientras que en 2023 no se llegó a las 6.000. Los problemas de falta de suelo o la ralentización que provoca la tramitación urbanística y que reconoció el propio viceconsejero de Vivienda del Ejecutivo autonómico, Miguel de los Toyos, encarecen la vivienda y dificultan una solución.

ELA propuso ayer avanzar hacia una reforma fiscal para «terminar con el fraude y subir los impuestos a quienes más tienen» y establecer un salario mínimo de 1.795 euros «propio» para Euskadi. Ambas medidas fueron presentadas este jueves por el sindicato en un acto confederal celebrado en Bilbao con el objetivo de «avanzar hacia un reparto de la riqueza» y como antesala de las manifestaciones convocadas en Bilbao (el 14 de diciembre) y Pamplona bajo este lema. El secretario general, Mitxel Lakuntza, fue el encargado de clausurar el acto con una intervención en la que interpeló a los partidos políticos vascos para que respalden sus propuestas porque, en la actual situación «no cabe la equidistancia»: «Si no se apuesta por mejorar los salarios y repartir la riqueza de un modo más justo, la desigualdad va a continuar aumentando en nuestro país», subrayó. También se refirió a la decisión de usar las huelgas como medida para lograr demandas sindicales: «La conclusión de la negociación colectiva es muy clara: si no estás dispuesto a confrontar, no habrá victorias». Por ello, dijo, tampoco habrá «reparto de la riqueza sin lucha», y «ante un sistema fiscal que no reparte la riqueza, las huelgas se han convertido en la herramienta más eficaz para lograr ese reparto». Por otra parte, Lakuntza criticó que el CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, diga que el gravamen a las energéticas «pone en riesgo» inversiones y empleos mientras «repartir 10.000 millones a sus accionistas, por lo visto, no tiene ningún efecto negativo en el empleo ni en la inversión».

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, y también presidenta temporal del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), contrapuso las facilidades que da el entorno regulatorio estadounidense con el europeo, sugiriendo que en Europa se demonizan los beneficios y citando expresamente el impuesto a la banca: “Debe permitirse a las compañías ganar dinero”, dijo. Al tiempo, defendió los atractivos de España como destino para invertir y también señaló la ambición de crecer que tiene en EE UU, donde recientemente ha puesto en marcha Openbank. Botín contó cómo ella misma va captando clientes allí por donde va: el último, un camarero argentino de 23 años en Florida. “Es mi trabajo”, dijo. Botín se ganó a los asistentes al foro con esas y otras anécdotas, pero soltó también algunos mensajes muy en serio: “Necesitamos que los Gobiernos entiendan que si quieres pagar por el modelo europeo, necesitamos que se permita a las compañías ganar dinero. Así lo hemos dicho públicamente. ¿Por qué debemos tener un impuesto bancario sobre los ingresos como en España? Eso va directamente en contra del crecimiento, y no va a ayudar a nuestro objetivo común de ayudar a la gente a que le vaya mejor”, dijo en presencia de la presidenta de la Asociación Española de Banca (AEB), Alejandra Kindelán. “Creo que esta es la diferencia con Estados Unidos. Se te permite hacer dinero y los beneficios es lo que hace que la economía funcione. Hay un aspecto cultural que es realmente importante”, añadió. “Lo que estamos diciendo es que necesitamos un equilibrio entre mantener la seguridad de los bancos y financiar el crecimiento”, advirtió, haciendo alusión a otros aspectos regulatorios, como las exigencias de capital. 

La huelga en el transporte profesional en fechas tan significativas como el Black Friday, el puente de diciembre o las Navidades fue levantada anoche tras un acuerdo entre la patronal y los sindicatos en materia de jubilación anticipada. Los detalles se darán a conocer este viernes. La patronal CNTC y los sindicatos CC OO, UGT y SLT estuvieron nueve horas en la mesa de negociación tratando de acercar posturas en torno a la regulación de los coeficientes reductores. La rebaja respondería a una penosidad y peligrosidad que no le ha sido reconocida hasta ahora a la profesión de conductor. Los representantes de los trabajadores reclaman un recorte de los 67 a los 60 años en la edad de retiro sin impacto en las pensiones. Un extremo sobre el que las asociaciones del transporte llegaron al mediodía con intención de pactar al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA). Se trataba de evitar un nuevo conflicto laboral en el sector. Las fuerzas sindicales habían convocado siete jornadas de paro de 24 horas, anunciadas el pasado 7 de octubre: para este lunes, 28, el 11, 28 y 29 de noviembre, y 5, 9 y 23 de diciembre. De no haber acuerdo antes de esa última fecha, la protesta podría haber desembocado en una huelga indefinida, con el consiguiente impacto en el comercio, la industria y demás sectores productivos.

Una mayor mejora de la productividad es la asignatura pendiente de la economía española, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que subrayó ayer el fuerte crecimiento de España y los factores que lo impulsan. Alfred Kammer, director del departamento europeo del FMI, cree que para ese aumento de la productividad son necesarias reformas estructurales, pero que muchas de ellas tienen que ver con una mayor integración europea. El fortalecimiento del mercado único es la receta del Fondo para impulsar un crecimiento que por ahora está muy por debajo de su potencial en Europa. Kammer destacó en una rueda de prensa durante las reuniones del FMI en Washington que España está teniendo un “crecimiento muy fuerte”. Lo vinculó en parte a la fortaleza del turismo, que relaciona con la recuperación de la pandemia. También señaló que la bajada de tipos de interés, una mayor confianza y la recuperación de la inversión están apoyando el crecimiento. Por el lado de la oferta, el gran aumento del empleo se ha visto respaldado por la inmigración, añadió. “Estos han sido los motores del crecimiento en España”, agregó. “Se moderarán un poco en 2025, pero continuarán y, por supuesto, la implementación de los fondos europeos Next Generation no solo tendrá impactos positivos a corto plazo, sino también impactos en las proyecciones de crecimiento a medio plazo para España” añadió, antes de pasar a sus recomendaciones. “Cuando se mira el crecimiento, ha sido intensivo en mano de obra, por lo que ha sido impulsado por un aumento en el empleo. En el futuro, lo que necesitamos ver es un rendimiento del crecimiento que sea impulsado por el aumento de la productividad”, dijo, para subrayar que “la productividad es un problema en cada uno de los países de Europa, y que debe ser el foco de fuertes reformas políticas”.

«He llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona». Íñigo Errejón anunció ayer por sorpresa que deja la política a los 40 años en una carta en la que reconoce comportamientos «tóxicos» que atribuye al «patriarcado». Su marcha se produce 48 horas después de salir a la luz graves acusaciones anónimas de mujeres sobre prácticas sexuales vejatorias y actitudes machistas. Un comunicado de Sumar informó ayer de la «apertura de una investigación» ante las revelaciones sobre su ya exportavoz. La dimisión de Íñigo Errejón de sus cargos políticos en Sumar y su escaño en el Congreso conmocionó ayer al Gobierno de coalición y a todo el espacio político de izquierdas y contribuyó a convulsionar una legislatura que atraviesa su momento más crítico. No se trata solo de la marcha de uno de los referentes de lo que se dio en llamar la ‘nueva política’ y de una pieza clave para el engranaje parlamentario de los partidos en los que se sustenta la coalición. Su salida se produce entre acusaciones de violencia sexual aireadas a través de las redes sociales apenas nueve meses después de que fuera designado por Yolanda Díaz portavoz del grupo parlamentario en el Congreso. Pero su carrera ha quedado drásticamente truncada ayer, después de que el que fuera cofundador de Podemos –enfrentado a Pablo Iglesias desde 2017– y promotor de la escisión Más País –que se ha integrado en Sumar– hiciera pública su decisión en un sorpresivo comunicado publicado en sus redes sociales a las dos y media de la tarde. En la misiva, Errejón justifica su mutis porque «necesita apartarse de las exigencias de los ritmos de la primera línea política». «El ritmo y el modo de vida en la primera línea política, durante una década, ha desgastado mi salud física, mi salud mental y mi estructura afectiva y emocional», señaló, sin ofrecer mayores concreciones sobre a qué se refería.

“Ha llegado el día”. Errejón publicó su carta de dimisión a las 14.33 de ayer, dos días después de que Sumar abriese una investigación interna a raíz de acusaciones vertidas en redes sociales contra él (aunque sin mencionarle directamente) y que lo describían como un “maltratador psicológico”. La voz de alerta la había dado la periodista Cristina Fallarás, impulsora de la etiqueta #Cuéntalo, que anima a las mujeres a compartir experiencias de machismo y acoso sexual. El lunes publicó en su perfil de Instagram el siguiente testimonio: “A mí me pasó con un político que vive en Madrid. Muy conocido. Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad (...) Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea: ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte, cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes (...) Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no es sexo. Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas, te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza los días del 8M, ni cuando hay algún caso de abuso sexual. Intuyo sabrá que puede estallarle en la cara cualquier día. (...) Si alguna mujer se lo topa, quiero que sepa que no está loca, que es un verdadero psicópata y que sus aires de persona normal esconden a un verdadero monstruo”. De momento, no constan denuncias en la policía o los juzgados. Lo que ocurre “en la primera línea de la política”. Errejón no recoge en su carta las acusaciones anónimas difundidas por Fallarás y que Sumar entendió que aludían a él. Tampoco pide perdón. El ya ex portavoz evita describir con detalle los comportamientos que le han llevado a tomar la decisión de dimitir y los encuadra en una especie de mal generalizado: “En la primera línea política y mediática se es más eficaz, al menos así ha sido mi caso, con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros. Esto genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica”. Errejón utiliza el reflexivo (”se emancipa”), la tercera persona (“genera”) y el plural (”los hombres”). “La contradicción entre el personaje y la persona”...

Según el análisis ofrecido por los expertos de la ONU, Europa sería la única entidad que cumple con objetivos significativos de reducción de emisiones, con una rebaja de 7,3 puntos porcentuales entre el año 2022 y 2023. EE UU es la otra que también reduce ‘algo’ su aportación de contaminación a la atmósfera, pero un exiguo 1,2%. Frente a estas tendencias, la de India, China y Rusia destacan en el lado contrario, con un incremento del 6, 5 y 2% respectivamente. India es el país que peor progresión demuestra en el retrato trazado: sus emisiones fueron las que más crecieron en el último año, con un 6,1%, convirtiéndose en el tercer emisor global. Con este panorama, el caso europeo destaca. A este respecto, el informe muestra que «está en camino de cumplir con sus compromisos políticos adquiridos, ya que más estudios cuantifican el posible impacto de las políticas recientes, incluido el paquete Fit for 55 y el plan REPowerEU». Pero su ejemplo no es relevante por lo que va camino de conseguir, y porque su rebaja del 7,5% no se ha dado en ningún caso analizado, sino además porque su logro del último año es justamente la senda que deberían seguir todos los países para conseguir que la temperatura global no haya subido más de un 1,5 granos en el año 2035.

Las emisiones de efecto invernadero crecieron un 1,3% el pasado año respecto a 2022 y alcanzaron niveles récord. A pesar de los acuerdos internacionales contra el cambio climático y el rápido avance de las renovables, nunca antes el ser humano había expulsado tantos gases de efecto invernadero: 57,1 gigatoneladas de CO₂ equivalente (la unidad que se emplea para los gases responsables del calentamiento global). Aunque muchos expertos apuntan a que el pico de las emisiones mundiales está próximo —se podría alcanzar ya este 2024 o en 2025—, el problema no es llegar ahí, sino que una vez que toquen techo se requiere que caigan rápida y drásticamente durante esta década. Pero un informe de la ONU publicado ayer advierte de que las políticas actuales de los gobiernos llevarán a que las emisiones sean en 2030 de unas 57 gigatoneladas, un dato similar al de ahora y que, de confirmarse, supondría otra década perdida en la lucha contra el cambio climático. António Guterres, secretario general de la ONU, insta a los gobiernos a desenganchar a la humanidad de “la adicción a los combustibles fósiles”. Ese nivel de emisiones al que llevarían las políticas actuales conduce a su vez, según los expertos responsables del estudio, a que el calentamiento global alcance durante este siglo los 3,1 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales, muy por encima de los márgenes de seguridad establecidos en el Acuerdo de París. “Existe una relación directa entre el aumento de las emisiones y los desastres climáticos cada vez más frecuentes e intensos”, advierte Guterres.