20250303

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

La auténtica guerra comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos comenzará pronto...El enfoque que se propone a continuación combina un tono conciliador que abre la puerta a acuerdos mutuamente beneficiosos con amenazas creíbles por el lado europeo, que hagan comprender a la nueva Administración americana que lo mejor para sus propios intereses es evitar una guerra comercial... Los aranceles que la Unión Europea impone a los productos estadounidenses, salvo algunas excepciones como los coches, son muy reducidos...La Comisión Europea debería mostrarse dispuesta a rebajar los aranceles europeos en aquellos productos donde hoy son más elevados que los estadounidenses, como es el caso de sectores como el del automóvil. Además, esas rebajas podrían extenderse a otros países y ser parte de la estrategia europea de liberalización comercial preferencial en curso. Asimismo, y para atajar las quejas de Trump sobre barreras no arancelarias, la Unión Europea debería presentar como concesión adicional a Estados Unidos (a Trump le encanta decir que ha logrado concesiones) la agenda de simplificación regulatoria en la que está enfrascada como resultado de los informes de Draghi y Letta...Pero en caso de no haber acuerdo, la Unión Europea debería estar preparada para activar una respuesta contundente, centrada en crear problemas a Estados Unidos a la vez que se minimiza el daño económico en Europa. Esto significa evitar, en la medida de lo posible, que la Unión establezca aranceles, ya que éstos generan inflación y perjudican a los consumidores...Habría que crear margen de maniobra para que el Banco Central Europeo (BCE) pueda bajar los tipos de interés todo lo que sea necesario durante los próximos meses...La segunda línea de respuesta europea, la que haría daño directo a las empresas americanas, pasaría por cuantificar el impacto negativo en euros de los aranceles que imponga Estados Unidos y compensar esa “agresión” con impuestos sobre beneficios a las empresas americanas de bienes y servicios con ventas en Europa...Por último, y sólo para activar en caso de que lo anterior no haya funcionado, la Unión Europea debe tener preparada una lista de productos estadounidenses que podrían ser objeto de represalias. Deben ser bienes producidos en Estados que gobiernen los republicanos por un escaso margen, de forma que su impacto en términos de empleo pueda llevarlos a perder las elecciones de medio término en 2026. Las guerras comerciales no las gana nadie y por tanto es bueno evitarlas. Además, para lidiar con Trump, lo mejor es, por un lado, que entienda que la Unión Europea está dispuesta a llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso que él pueda vender como una victoria ante sus votantes. Y, por otro lado, hacerle saber también que, si aprieta demasiado a Europa, el equilibrio final de este “juego” puede terminar siendo perjudicial para sus intereses..."

Javier Quesada Suescun, fundador del fabricante español de componentes para automóviles Teknia, dio en 2020 un paso a un lado en la dirección de la compañía y desde 2024 ejerce como presidente de honor de la enseña que creó en 1992 tras la adquisición de una pequeña fábrica en Zaldibar (País Vasco). El cambio de rol no le ha durado mucho al directivo, puesto que se ha aprovechado la jubilación del histórico directivo Javier Lazpita como presidente del consejo de administración para volver a solicitar los servicios de Quesada Suescun, padre del consejero delegado de la entidad, Javier Quesada de Luis. El fundador de Teknia asumirá de forma interina la presidencia del consejo, hasta que se encuentre un sustituto a largo plazo para Lazpita. La idea es que el fundador vuelva a primera línea en un momento muy convulso para la automoción, para aportar su experiencia y asesoramiento. De esta forma, el consejo de administración de Teknia pasará a estar compuesto por Quesada Suescun, como presidente; Quesada de Luis, como consejero delegado, así como por José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor, y por Iñigo Marco-Gardoqui (Alantra), como vocales. La intención de la empresa, en el marco de su refuerzo del gobierno corporativo y de su transformación hacia una multinacional de referencia del sector, es seguir profesionalizando su consejo y dar entrada a nuevos miembros. Por otro lado, la compañía, que, al igual que el conjunto de la automoción se enfrentó a un 2024 complicado, ha retomado su estrategia de crecimiento inorgánico y sondea el mercado en busca de oportunidades, sobre todo para crecer en Norteamérica y Asia. La idea es aumentar su perímetro y hacer que Europa pierda peso sobre el conjunto de sus ingresos globales.

El sector de la construcción en Euskadi cerró 2023 con un incremento del 7,7% en su facturación, alcanzando los 10.052 millones de euros. La rehabilitación de viviendas se consolidó como el principal motor del negocio, representando el 24% de los ingresos del sector, mientras que la edificación de vivienda nueva supuso el 20,6%, según datos del Instituto Vasco de Estadística, Eustat. Estos datos reflejan una tendencia creciente en la apuesta por la reforma y rehabilitación de edificios, impulsada por factores como las ayudas a la eficiencia energética, la necesidad de modernizar el parque inmobiliario y el encarecimiento del suelo para nuevas promociones. En paralelo, la construcción de vivienda nueva mantiene un peso significativo dentro del sector, aunque se enfrenta a desafíos como los costes de materiales y la disponibilidad de suelo. Valor añadido. El valor añadido bruto del sector, indicador clave de la riqueza generada, creció un cerca de un 10% en el año 2023, alcanzando los 3.481 millones de euros, la cifra más alta en los últimos diez años. Este crecimiento se debe en parte al aumento de la actividad, pero también a la progresiva modernización del sector, con una mayor inversión en tecnología, maquinaria e innovación en los procesos de construcción. La edificación sigue siendo la actividad dominante en la construcción vasca, con un 65% del volumen de negocio total. En este apartado, la rehabilitación residencial lidera con un 24%, seguida de la edificación no residencial (12,5%). La vivienda nueva representa el 20,6% dentro del sector residencial y el 7,9% en el no residencial.

El gasoducto de Irun ha jugado un papel primordial en los flujos de gas que entran, pero sobre todo que salen, de España hacia Europa desde que estalló la guerra de Ucrania. Tres años después sigue siendo un eje estratégico y una pieza relevante en el tablero energético español después de que el gigante ruso Gazprom decidiera el pasado 31 de diciembre cerrar el gasoducto que atraviesa el país de Zelenski reduciéndose aún más la llegada de esta energía al viejo continente. Así lo revelan los datos de Enagás, el operador gasístico español, a los que ha tenido acceso este periódico. Y es que desde el 1 de enero y hasta el 15 de febrero de este año las exportaciones de España de gas se han incrementado un 23% hasta alcanzar los 5,7 terawatios/hora (TWh). De ellos, 1 TWh ha salido por el gasoducto de Irun. Ello que da una idea de la importancia de esta infraestructura, que incluye también el tubo de Larrau, en el Pirineo navarro, y que ha sido crucial desde el principio de la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. La exportación de ese terawatio/hora por la infraestructura guipuzcoana en este arranque de año contrasta además con el hecho de que en el mismo periodo del año anterior el flujo del tubo de Irun fue a la inversa, ya que se importaron 600 GWh. Hay que recordar que un TWh equivale a mil GWh. Los expertos indican que pueden ser varias las razones que explican esa circunstancia de que el año pasado no se exportara tanto gas por Irun. La principal, apuntan, a que se trata de un mercado interconectado y que depende de muchas circunstancias, entre ellas las olas de frío en Francia, a donde se dirige de entrada el gas que circula por Irun, aunque luego se distribuye a otros países centroeuropeos.

«Sí, hay movimiento y, de hecho, nosotros, estamos trabajando ahora mismo con dos operaciones de compraventa de bodegas aunque, por supuesto, tengo que respetar la confidencialidad». Javier Nájera dirige la inmobiliaria Uvicamp (Laguardia) que, desde el año 2005, se dedica a intermediar en la compraventa de bodegas y de viñedos y las ha visto de todos los colores en las habituales crisis cíclicas del sector: «Ésta parece que es peor porque ha pillado a la gente muy mayor, tanto en viña como en bodega, y el relevo generacional no está nada claro, con lo que en muchos casos hay bodegas y viñas que están, sí o sí, abocadas a la venta». Nájera señala que «estamos viendo que hay interés de inversores extranjeros, fundamentalmente de EE UU, que están buscando oportunidades. De la misma forma que hay grupos que ya se dedican al vino y que no tenían presencia en Rioja, que quieren aumentar el portfolio de referencias y saben que ahora es un buen momento para entrar. En estos casos están interesados en bodegas, pero también que tengan viñedo, por lo que las compras suelen ir aparejadas». El profesional diferencia en cualquier caso entre «proyectos serios interesados en comprar, que los hay, de los ‘cazagangas’: «De estos también hay bastantes, y la verdad es que se ofrecen compras a cambio de la deuda, cuando en muchos casos hay un fondo de comercio o un trabajo que también tiene su valor». Nájera constata que el interés se centra de forma preferencial en Rioja Alavesa, seguida de Rioja Alta y que, sin embargo, es más difícil atraer con un proyecto en venta en Rioja Oriental: «Hemos ofrecido bodegas chulas, con viñedo propio que también están en venta pero cuesta más despertar el interés en estos casos».

La central nuclear de Santa María de Garoña ha iniciado ya el largo proceso para su desmantelamiento completo y clausura definitiva. La empresa pública propietaria que está llevando a cabo este proyecto, Enresa, pretende implantar la transparencia en el mismo y que esté abierto al conocimiento de toda la sociedad. Para ello, esta firma acaba de estrenar un nuevo centro de información sobre el desmantelamiento ubicado en la propia central que estará abierto para visitas –se pueden solicitar las mismas a través del correo electrónico visitas.garona@enresa.es.– y que recientemente los responsables de la instalación han mostrado a los alcaldes de varios municipios del entorno de Garoña. «Es un compromiso con la información y la transparencia de Enresa. Queremos que todos los interesados en saber más sobre el desmantelamiento puedan venir y profundizar en el proyecto», afirma la directora de Sostenibilidad y Comunicación de Enresa, María Pérez Fernández. El nuevo centro de información está dividido en dos plantas: la inferior traslada información institucional sobre Enresa y su relación con el entorno y la superior está dedicada íntegramente a explicar el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña. En el recorrido, el visitante puede descubrir la contribución de la empresa pública al entorno de la central y su experiencia en desmantelamientos de este tipo, el proyecto que impulsarán aquí, las fases del mismo y la gestión de los materiales generados, el tratamiento de los residuos radiactivos y las medidas de seguridad que se adoptan.

La energía nuclear gana terreno en el debate político europeo, pero no en el mix energético. La electricidad generada por el parque atómico de los Veintisiete lleva dos décadas en caída libre. Solo desde la guerra en Ucrania, su producción ha caído un 15%. El declive atómico responde, en parte, a la entrada de renovables en los sistemas eléctricos de los Estados miembros, pero, en parte también, a su sustitución por el gas natural, otra tecnología controlable cuyo respaldo es cada vez más importante para evitar apagones en momentos críticos. La cara B del reemplazo del uranio por el gas es una mayor vulnerabilidad de la UE a unos flujos comerciales que, en buena medida, dependen de Washington, donde Donald Trump ha declarado la guerra económica a Europa. En 2022, el entonces canciller alemán Olaf Scholz, consideró mantener abiertas las últimas tres centrales nucleares activas en el país ante la falta de gas ruso. Hace apenas unos días, Friedrich Merz, líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y ganador de las recientes elecciones federales en Alemania, admitió la «necesidad» de una «moratoria nuclear» a nivel nacional que frene el cierre de reactores. Berlín ha vuelto a la casilla de salida, pero no está sola. Desde el shock energético provocado por la guerra en Ucrania, competitividad y seguridad de suministro han escalado en el orden de prioridades del bloque europeo. El apagón atómico copa el debate político en España, mientras que Bélgica o Reino Unido recuperan centrales que fueron apagadas, abren nuevos reactores, o las dos cosas a la vez. Más recientemente, el Plan Industrial Limpio de Bruselas ha avalado las ayudas de estado a infraestructuras energéticas, entre las que se incluyen las centrales nucleares. Ese viraje político todavía no se ha visto reflejado en el balance energético de la UE. Según los últimos datos de Eurostat, correspondientes a 2023 y actualizados la semana pasada, la generación de electricidad en las nucleares de los Veintisiete ascendió a 619.601 gigavatios hora (GWh) ese año. La cifra fue un 1,7% mayor a la de 2022, si bien esta mejora solo respondió a la paulatina recuperación del parque francés, cuya actividad se vio mermada en 2022 por sucesivos problemas técnicos. Además, ese leve repunte está lejos de compensar tantos años de retroceso.

Las mayores gestoras de fondos del planeta, todas ellas estadounidenses, se han visto abocadas a abandonar sus compromisos en materia de inversión socialmente responsable con la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. El Partido Republicano hace ya tres años que desató una furibunda batalla con todo lo que sonara a compromisos medioambientales, sociales o de igualdad. La persecución de la inversión verde o sostenible ha llegado al extremo de que dos gigantes, BlackRock y Vanguard, que manejan de forma conjunta más de 20 billones de euros en inversiones, tuvieron que suspender varias reuniones con empresas cotizadas ante el temor de incumplir las nuevas directrices del supervisor de los mercados financieros de EE UU, la SEC. La nueva administración quiere imponer neutralidad en estos temas a los grandes inversores y que, en sus reuniones con empresas o votaciones en las juntas de accionistas, no impongan su agenda sobre la reducción de la huella de carbono o la inclusión de más mujeres en los consejos. La animadversión contra la inversión con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) comenzó con demandas por parte de Estados norteamericanos con mando republicano. En ellas se argumentaba que los gestores de los fondos de pensiones de los funcionarios estatales no podían tener esos sesgos ESG, porque estarían incumpliendo con su deber fiduciario con los dueños del dinero. Debían ceñirse a los criterios financieros puros. En el imaginario de la derecha norteamericana, la inversión sostenible es una manifestación de la cultura woke (progresista) que ha impregnado Wall Street, la administración y las universidades, y que, según ellos, hay que combatir.

Las cuatro mayores energéticas españolas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) pagan un dividendo a sus accionistas. Pero la retribución llega a ellos de manera distinta. Iberdrola usa el modelo ‘scrip dividend’, o dividendo flexible. Aunque se puso muy de moda hace años en España, Iberdrola es de las pocas que lo sigue usando. Consiste en dar la opción al inversor de cobrar en acciones o en efectivo. Iberdrola además abona el denominado dividendo de involucración, por acudir a la junta. Repsol paga efectivo y además usa la recompra y amortización de acciones (’shares buyback’). Según algunos expertos es otra vía de retribución, porque al comprar títulos propios y amortizarlos, una empresa da más valor implícito a los que quedan. Naturgy trocea el pago del dividendo en tres partes, en lugar de dos, que es lo habitual. Una de ellas se liquida a lo largo del ejercicio contra el que se liquida el dividendo, con lo cual el accionista empieza a disfrutar antes de ese dinero. Los otros dos suelen liquidarse en enero y a mediados del ejercicio siguiente al año contra el que se carga el dividendo, como el resto de energéticas. Endesa usa como base de cálculo para fijar el dividendo lo que denomina beneficio neto ordinario, un concepto que financieramente no es habitual. En esencia es el beneficio neto, aunque, dependiendo del año, elimina o no algunos efectos extraordinarios.

El nuevo reglamento de extranjería estaba llamado a hacer de España “un país mejor”, pero ha dejado un agujero de un tamaño incalculable. Las elogiosas palabras de la ministra Elma Saiz sobre la normativa que ella misma impulsó contrastan ahora con la cascada de críticas y estupefacción de abogados, empresarios y ONG ante el futuro de decenas de miles de solicitantes de asilo que acabarán sin papeles y tendrán que abandonar sus puestos de trabajo para sumergirse en la clandestinidad. La nueva norma está ahora sobre la mesa del Tribunal Supremo, recurrida por todo el arco de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos de los migrantes y abogados de extranjería. “¿Qué van a hacer todas estas personas, que están cotizando, que tienen una vida en España…”?, cuestiona el abogado José Luis Rodríguez Candela. “¿Y qué van a hacer los empleadores que cuentan con ellas en sus empresas? Les estamos abocando a olvidarse de ellas o a contratarlas de manera irregular”, añade. Actualmente, hay más de 275.000 personas que alegaron que su vida está en riesgo si volvían a sus países y que esperan una respuesta a su solicitud de asilo. Aunque el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura desconocer el dato, miles de estas personas trabajan y cotizan desde hace meses e incluso años. La clave es que la gran mayoría de estas resoluciones que están por venir será negativa (España reconoció el año pasado el 18,5% de las peticiones) lo que deja a los solicitantes en situación irregular. Hasta ahora, ese rechazo no era un problema tan grave, porque tras años viviendo y trabajando en el país, los solicitantes encontraban otras vías para lograr una autorización de residencia y trabajo por arraigo. Pero a partir del próximo 20 de mayo, cuando el reglamento entre en vigor, todo será más difícil y tendrán serias dificultades para reengancharse. Los empresarios que más dependen de mano de obra extranjera no dan crédito. Hasta ahora los migrantes contaban con otras vías para lograr la residencia el tiempo que los solicitantes pasan en España de forma legal esperando a que se resuelva su petición pueda usarse para lograr una autorización de residencia por arraigo si su petición acaba denegada. Esto significa, por ejemplo, que un solicitante de asilo que lleva un año y medio trabajando y cotizando en España, tendrá que poner su contador a cero y pasar dos años en la irregularidad si quiere optar a un nuevo permiso. 

Los responsables de BBVA reconocen que a día de hoy la entidad no puede predecir “el coste, el alcance o el impacto” de las exigencias que podrían imponer tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el Consejo de Ministros como condiciones para poder quedarse con Sabadell, tal como recoge el documento remitido al regulador de los mercados estadounidense (SEC) en el que actualiza sus posiciones con respecto a la opa. El banco admite que las condiciones impuestas para lograr la autorización de la operación podrían ser “materiales” e impactar negativamente en el negocio, tanto de BBVA como de Sabadell. También podría “retrasar o impedir la consumación de la fusión prevista por imponer costes adicionales o limitar los ingresos del grupo combinado tras consumarse la integración”, añade. Potencialmente, cumplir con todas las condiciones planteadas por las autoridades podría ser un obstáculo para que BBVA lograra la totalidad o parte de las sinergias esperadas en la operación, “incluyendo los ahorros de costes”, según indica el banco. Según BBVA, este escenario afectaría negativamente al precio de las acciones de ambos bancos. El banco previene a los inversores de los factores de riesgo de la operación, en los que destacan los posibles escenarios negativos que podrían llegar a tener impacto sobre la entidad, aunque éstos sean remotos o inmateriales.

España ha sido en 2024 una óptima plataforma de crecimiento de los grupos constructores que, además de haber diversificado buena parte del negocio en el exterior, han logrado incrementar su cartera de trabajo doméstica gracias al tirón de la inversión pública aún traccionada por los fondos de recuperación Next Gen. Según los datos provisionales a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN, las tres administraciones contrataron obra por valor de 13.111 millones de euros el año pasado, una cifra incluso superior a la de 2023 cuando se realizaron adjudicaciones con presupuestos de 12.231 millones de euros. Este incremento ha favorecido al conjunto de las empresas del sector y, especialmente, a las grandes corporaciones entre las que sobresale Acciona. La constructora de la familia Entrecanales escaló el año paso al primer puesto del ránking constructor con 970 millones de euros contratados, una cifra mayor que la de 2023 y superior a la conseguida por ACS, tradicionalmente el mayor contratista del Estado en España. La empresa presidida por Florentino Pérez contrató obras por valor de 965 millones de euros el año pasado, también por encima de las de 2023. Acciona encabeza el ránking español gracias a su fortaleza en las administraciones autonómicas con más de 534 millones de euros. ACS fue la que contrató más en las unidades inversores de la Administración central con 387 millones, mientras que Ferrovial lideró los encargos de los Ayuntamientos, con 179 millones de euros. Gracias a la fuerza en casa, los grupos de infraestructuras han incrementado su huella internacional hasta el punto de que España ya pesa sensiblemente por debajo del 50% en la cartera de las cotizadas del sector. 

Las grandes hoteleras ya han activado las campañas de reclutamiento en España para completar sus plantillas de cara al que auguran que será el mejor verano de su historia. Los datos de reservas que manejan para los próximos meses y el arranque de la Semana Santa apuntan a que el récord de 94 millones de turistas extranjeros con el que se cerró 2024 se superará con holgura este ejercicio, en el que se podría sobrepasar por primera vez el hito de los 100 millones de viajeros. En ese escenario, las plantillas tendrán que crecer con fuerza en un contexto complejo, en el que las empresas encadenan tres años con dificultades para encontrar personal, especialmente camareros, cocineros o personal de sala, por la salida de trabajadores en busca de empleos estables todo el año y con mejores salarios. También pesa el encarecimiento de la vivienda en Baleares o Canarias, lo que ha provocado que muchos candidatos renunciaran al empleo, ya que el coste del alojamiento equivalía prácticamente al salario. Ninguna de esas dos condiciones ha cambiado y las cuatro mayores hoteleras españolas (Meliá, Barceló, Riu e Iberostar) han adelantado las contrataciones para la temporada alta con el fin de evitar problemas para casar oferta y demanda. La que más personal prevé incorporar es Meliá, con más de 1.797 vacantes por cubrir, especialmente en algunas ubicaciones de Baleares como Calviá, Ibiza y Menorca o en Benidorm. Para tratar de garantizar que se cubran todas las posiciones, la hotelera de la familia Escarrer seguirá ofreciendo alojamiento gratuito en estos destinos, a los que se unirán otros como Fuerteventura, donde la dificultad del acceso a la vivienda es estructural por la escasa oferta. 

¿Móviles? ¿Robots? ¿Redes 5G? El Mobile World Congress (MWC) que abre sus puertas hoy en La Fira de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) congregará hasta el 6 de marzo a más de 100.000 personas de todo el mundo debatiendo y haciendo negocio en torno a la tecnología y las telecomunicaciones. El nexo común será la inteligencia artificial (IA), tanto para tecnológicas de la talla de Samsung, Xiaomi o Huawei, que presentarán sus novedades en la parte de consumo, como para las primeras ‘telecos’ a nivel mundial –Telefónica, Orange, Deutsche Telekom o AT&T–, que aprovecharán la cita para mostrar sus fortalezas en este campo. El pistoletazo de salida lo dará por primera vez el presidente de Telefónica, Marc Murtra, designado hace poco más de mes y medio tras la destitución de José María Álvarez-Pallete, quien también se encargaba del discurso inaugural al ser máximo responsable de la GSMA, la patronal de la industria y organizadora del evento. Murtra tendrá la oportunidad de compartir con cientos de líderes del sector su apuesta por la «consolidación» entre grandes operadoras europeas para crear gigantes de las telecomunicaciones y hacer frente al gran avance de Estados Unidos, pero también de China, como hizo hace solo unos días durante la presentación de los resultados anuales de la compañía. El objetivo –compartido con la Comisión Europea– es alcanzar la «autonomía estratégica» de la UE en varios ámbitos; y uno de ellos es el de las comunicaciones y la IA. Para ello es «imprescindible» que el continente cuente con grandes empresas con músculo financiero y una visión de inversiones a largo plazo. 

El 30 de enero, la Comisión Europea celebró la cumbre más grande llevada cabo nunca sobre el automóvil. Hasta 22 asociaciones entre fabricantes, proveedores, ecologistas y consumidores se dieron cita en Bruselas. Del encuentro salió la promesa de un Plan de Acción que se presentará este miércoles y que incluirá medidas «urgentes», que permitan al sector competir en «igualdad de condiciones en el escenario internacional» y «racionalicen la normativa». Básicamente, deshacer parte de la hoja de ruta marcada por la UE, tomar nota de la complicada situación del sector y poner pie en pared frente a la amenaza de China y EEUU. Están en juego parte de los 13 millones de empleos que cuelgan del «último bastión tecnológico que le queda al Viejo Continente: la industria del automóvil, gracias a la que tenemos paz social, progreso y clase media», avisaba días atrás Josep Maria Recasens, número 2 de Renault Group y presidente de Anfac, la patronal española de fabricantes. En septiembre de 2024, el informe Draghi señalaba que la «obligada» transición hacia el coche eléctrico se estaba haciendo «a costa de debilitar a los fabricantes europeos frente a los extranjeros». Especialmente, los chinos. Bruselas ya había reaccionado suavizando la norma Euro 7 y quitando la alfombra roja a los eléctricos made in China, que ahora pagan unos aranceles extras de hasta el 35% tras confirmarse que recibían subsidios estatales. También está en cuestión la prohibición de vender coches de combustión desde 2035. Y se tienen que implementar medidas para corregir el atraso de Europa en el coche eléctrico, la producción y química de baterías o el acceso a los minerales críticos. Aunque la medida más urgente se refiere a la norma CAFE. Ésta fija que las emisiones medias de los automóviles vendidos en 2025 en la UE deben bajar hasta 93,6 gramos de CO2 por kilómetro. En España, ese dato fue de 119 gramos en 2024. Si el sector no alcanza el objetivo, tendrán que pagar multas: hasta 16.000 millones de euros en su conjunto, según la patronal europea ACEA,

El mercado laboral ha ganado algo de tracción en la recta final del año pasado, después de un cierto deterioro en la primera mitad del ejercicio, lastrado tanto por la incertidumbre en torno a la economía europea como por la falta de profesionales aptos para determinados puestos de trabajo. Así, entre el cuarto trimestre de 2023 y el mismo periodo del pasado ejercicio se generaron 468.200 empleos, de acuerdo con los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Un repunte que estuvo concentrado fundamentalmente en la hostelería, la educación, la informática y la fabricación de metales, si bien el avance estuvo repartido entre más de cincuenta sectores. Los servicios de comidas y bebidas fueron los grandes protagonistas del avance del mercado laboral el año pasado, al sumar 89.700 puestos de trabajo a lo largo de los doce meses, hasta alcanzar los 1.397.900 efectivos. Este incremento, junto con la contratación de otros 54.400 trabajadores para servicios de alojamiento, ha llevado a que la hostelería aglutine en 2024 144.100 nuevos empleos. Un incremento que se sustenta sobre la mayor llegada de turistas a España (93,8 millones de visitantes internacionales en el conjunto del año) y sobre la progresiva recuperación del poder adquisitivo de los consumidores nacionales. En segundo lugar, la educación ha aportado otros 63.500 nuevos ocupados al mercado laboral. La educación ha sido en los últimos años uno de los grandes motores del empleo, junto con otras áreas del Estado de Bienestar, como la sanidad o los servicios sociales, y esta dinámica se ha mantenido en cierta medida en 2024, ya que la asistencia social en establecimientos residenciales sumó 28.600 nuevos ocupados, seguida de las actividades sociales sin incluir alojamiento (19.200). Un avance que, en términos porcentuales, se sitúa bastante por encima de la media del sector privado, lo que dificulta el equilibrio de las cuentas públicas. Y a ello habría que añadir también los 13.600 nuevos ocupados en bibliotecas, archivos y museos, la mayor parte de ellos dentro del sector público, y los 2.300 en la Administración Pública propiamente dicha y Defensa.

Los miles de vascos entrampados en las tarjetas ‘revolving’ han visto la luz con las últimas sentencias del Tribunal Supremo (TS) de finales de enero, que abren la puerta a que los jueces anulen estos productos financieros por falta de transparencia en su comercialización. Este nuevo criterio ha hecho que las demandas se multipliquen en el último mes, según constatan asociaciones de consumidores y despachos de abogados. Estas tarjetas permiten aplazar los pagos con cuotas mensuales bajas, que resultan muy atractivas para el cliente, pero pueden desembocar en una auténtica bola de nieve de deuda al generar intereses que superan el 20% y que van creciendo cuando la línea de crédito se renueva; un peligroso camino sin salida de intereses sobre intereses. El Supremo ya se había pronunciado previamente. Lo hizo en febrero de 2023, pero se quedó lejos de las pretensiones de los afectados, ya que tan solo calificaba de usurario el interés que superara en seis puntos porcentuales al tipo medio del mercado, con lo que incluso una tasa del 24% resultaba válida. Esto permitía a las entidades financieras evitar que los clientes pudieran demandarlas por un producto que ofrecía una solución ágil y rápida para obtener liquidez inmediata, pero cuya enrevesada letra pequeña resultaba difícil de entender. Sin embargo, el nuevo criterio del Alto Tribunal amplía de manera notable el margen para los afectados y ya se está haciendo notar con la entrada masiva de demandas. «No damos abasto», afirma Iñaki Velasco, responsable jurídico de EKA/ACUV (Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca), que gestiona los expedientes de unas 150 personas que quieren salir del agujero de las tarjetas ‘revolving’. 

Costa Rica es un país centroamericano de apenas cinco millones de habitantes. Sin embargo, a pesar de su tamaño, es un ejemplo de estabilidad institucional y prosperidad económica en el heterogéneo contexto latinoamericano. En pocos años ha pasado de ser un país exportador de productos agrícolas, como la piña, la banana o el café, a convertirse en productor de tecnología, como los dispositivos médicos (que ocupan el primer puesto de su cesta exportadora) o los semiconductores. El ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, estuvo en Madrid la semana pasada, participando en el Digital Summit Latam y charló sobre los retos que afronta un país pequeño abierto al exterior, como Costa Rica, en un entorno comercial cada vez más proteccionista. "– ¿Cuál ha sido la clave de la transformación económica que ha experimentado Costa Rica?- En primer lugar la generación de talento humano, la educación, la preparación de nuestros jóvenes, que han escalado en la cadena de valor. Si usted no prepara a su población para la nueva realidad del mercado se va a quedar atrás. Costa Rica tomó una decisión de política pública muy valiente hace 70 años, cuando decidimos abolir el ejército y dedicar esos recursos para financiar la educación. Lápices en lugar de pistolas. Puedo entender que esto parece un cuento de hadas pero es lo que le ha permitido a Costa Rica diferenciarse del resto de la región. Nuestra política es irreversible y nos ha permitido introducirnos en cadenas de valor sofisticadas. El banano o el café siguen siendo importantes, pero hoy los dispositivos médicos son el producto estrella de las exportaciones de Costa Rica, con el 43% del total. También nos estamos fortaleciendo en el ecosistema de semiconductores y aspiramos a convertirnos en el Silicon Rainforest. Al final todo depende de la capacidad para tomar decisiones, de invertir en la gente y de abrazar una política comercial abierta, algo que es fundamental para las economías pequeñas, como Costa Rica. Nuestra apuesta consiste en más comercio abierto y más mercados porque esa receta es la que nos permitió llegar a donde estamos...El proteccionismo tiene impacto en el mundo entero. El sistema multilateral de comercio se ha visto erosionado, no sólo por Trump, sino por otras muchas razones. Hay enormes retos y desafíos. El sistema de la ONU también se ha erosionado. El multilateralismo ha sido un antídoto para prevenir guerras y ese esquema nace en la posguerra precisamente para reconstruir países que fueron devastados por las armas en Europa. Se fue expandiendo por el mundo y Costa Rica vio los beneficios de ese sistema. Si partimos de la ortodoxia y pensamos que los viejos tiempos van a volver nos equivocamos. Ese multilateralismo ya pasó y hay que pensar en un nuevo esquema que solucione los retos actuales..."

Gobernantes de trece países europeos, junto con los máximos responsables de la Unión Europea, la OTAN y Canadá, arroparon ayer a Volodímir Zelenski en Londres, dos días después que de Donald Trump echara con cajas destempladas al presidente de Ucrania de la Casa Blanca tras una humillante broca pública en el Despacho Oval. La minicumbre informal organizada por el primer ministro británico, Keir Starmer, quiso desagraviar al líder ucraniano, pero se cuidó muy mucho de hacer reproches directos a Trump. Al contrario, el ‘premier’ dejó claro que el respaldo estadounidense es clave para la paz en la exrepública invadida por Rusia, pero también arengó a sus homólogos para que Europa «dé un paso adelante», convencido de que vive un «momento único» para intentar garantizar su seguridad futura sin la histórica dependencia de Washington. El anfitrión desveló que el Reino Unido, Francia, Ucrania y «posiblemente uno o dos países más», trabajarán en un proyecto para «detener los combates» que posteriormente presentarán a Estados Unidos para que lo apoye. Starmer aseguró taxativamente: «Confío en Trump». Y mostró su convencimiento de que tanto él como Zelenski «desean el final de la guerra». Consciente de la enorme distancia que ahora separa a Washington y Kiev, el ‘premier’ consideró que los europeos pueden ejercer de «puente» con este plan, aunque ayer desveló que había aconsejado a Zelenski: «Vete a la Casa Blanca y arregla la relación con Trump». La misma recomendacións se la hizo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Tras la cumbre, el presidente francés, Emmanuel Macron, explicó en declaraciones al diario ‘Le Figaro’ que él y Starmer han propuesto una tregua parcial de un mes que se aplicaría a Ucrania para facilitar avances hacia la paz.