20241109

Confebask se ha sumado esta mañana al llamamiento lanzada desde CEOE, Cepyme y ATA para realizar una concentración de 10 minutos en los centros de trabajo con la intención de mostrar nuestro apoyo y el de todas las empresas, autónomos y trabajadores, hacia aquellos que han sufrido las graves consecuencias de la DANA. La concentración comenzaba a las 12’00 en la Plaza Euskadi de Bilbao y ha estado presidida por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, la presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, el vicepresidente de Confebask y máximo responsable de Iberdrola en Euskadi, Asís Canales, el director general de Confebask, Eduardo Aretxaga, el de Cebek, Fran Azpiazu, el de FVEM, Adolfo Rey, y numerosos representantes empresariales, así como parte de sus plantillas. La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, mostró ayer mismo “nuestra solidaridad y nuestro ofrecimiento para ayudar en todo aquello que podamos, tras una catástrofe que nos ha dejado a todos completamente abrumados y espantados por su tamaño. Se trata de una gran tragedia. Por eso quería que, hoy, mis primeras palabras fueran para todas y todos los que la están sufriendo en primera persona”. Ver más en Confebask. 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó la celebración en Bilbao del homenaje de los empresarios vascos a los afectados por la dana que ha devastado Valencia para llamar a la «unidad de la clase política» y arremeter contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por buscar el protagonismo ofreciendo escudos sociales a costa de «empresas que están arruinadas». El máximo responsable de la patronal se refirió de esta manera al anuncio de Díaz sobre la concesión de un permiso laboral retribuido del 100% del salario para los empleados afectados por la dana que no puedan asistir a su puesto de trabajo por el cuidado de familiares, problemas de movilidad o dificultades de conectividad para teletrabajar. «No entiendo a la gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conocen ni nada», zanjó. En este sentido, explicó que durante la pandemia del covid «podía tener sentido, pero ahora, si no hay empresas, si no hay nada... A los bares no les ha quedado nada, los comercios están arruinados, es que sinceramente no lo entendemos», apostilló. El sentido homenaje comenzó a las doce del mediodía y se prolongó durante diez minutos. Se celebró junto a uno de los símbolos empresariales vascos, la Torre Iberdrola, donde participaron numerosos trabajadores de la zona, primeros espadas de las patronales vascas y directivos empresariales de diferentes firmas. Todas las miradas apuntaban a Valencia, pero también hacia Castilla-La Mancha y Andalucía, regiones también afectadas por la dana. En declaraciones a los medios, Antonio Garamendi llamó «a la unidad» porque «aquí no sobra nadie» y todos tienen que estar «trabajando».

CC OO y UGT están presionando a las formaciones políticas para que avalen el texto que se presente a la Cámara aunque solo cuente con el respaldo sindical. Las dudas se centran especialmente en la posición de Junts y los jeltzales, los más insistentes en que la norma se consensuase. Por esta razón las dos centrales iniciarán esta semana una ronda de contactos con los distintos partidos. Empezarán el lunes en Euskadi, donde se reunirán con el líder del PNV, Andoni Ortuzar, a las 11.30 en Sabin Etxea, y a las 16.30 con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en San Sebastián. Acudirán a las citas los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, así como los representantes en Euskadi, Loli García y Raúl Arza. El apoyo de EH Bildu no plantea dudas pero el del PNV no está claro. Hace unos días se produjo un episodio que da una idea del grado de tensión que existe en estos momentos en que al bloque de la investidura de Sánchez le salen grietas por todos lados. El líder de los jeltzales, Andoni Ortuzar, afirmó en una entrevista que «en principio sí apoyarán la reducción de jornada». Pero horas después, ante el desconcierto de su propio grupo parlamentario en el Congreso, rectificó y dijo que «aún no había decisión porque querían que la medida contase con acuerdo social». CC OO y UGT, por su parte, han señalado en diversas ocasiones que sería incomprensible que el PNV no apoyase una medida que favorecería a 300.000 trabajadores.

La negociación que durante semanas vienen manteniendo la dirección y el comité de empresa de Mercedes Vitoria para consensuar el modelo de producción de 2025, que debería servir para que la firma saque al mercado un total de 124.634 furgonetas –uno de las más bajas de los últimos años–, se ha cerrado sin acuerdo. Lo que significa que los trabajadores no terminan de ver un encaje claro a esa fórmula con dos turnos de trabajo de nueve horas que se vería complementado con la activación de sábados. ELA, LAB y ESK la rechazan. Aunque se trata de una alternativa que, en todo caso, está recogida en el propio convenio y que, por tanto, podría llegar a imponerse. Aunque el director general de fábrica, Bernd Krottmayer, no fue explícito al respecto en la comunicación que lanzaba al mediodía a la plantilla. Se limitó a plantear que la empresa «aplicará, teniendo en mente las mejores condiciones para todas y todos los empleados, el modelo de trabajo acordado en el convenio colectivo. En breve os ampliaremos información sobre este tema», añadía antes de subrayar que «el camino del diálogo y negociación con el comité de empresa continúa abierto y comenzaremos a tratar el calendario de producción del próximo año. El programa de producción «supone un desafío enorme», advierten la dirección de la factoría de la Avenida de Los Huetos. Lo es por la crisis que está viviendo el sector de la automoción –y que se ha hecho patente con el cierre de plantas de gigantes como Volkswagen y Michelin–, pero también por un factor más doméstico: la transformación de las instalaciones de la factoría alavesa de cara a la fabricación del modelo ‘full electric’. 

Al igual que sucede en la industria de fabricación de automóviles, las marcas chinas también han llegado al mercado europeo de neumáticos para vehículos, donde presionan a las firmas tradicionales, con su apuesta por los precios más contenidos. En los últimos años han llegado a Europa numerosas marcas procedentes de China con una estrategia que, en la mayoría de las ocasiones, es opuesta, ya que se basa en la comercialización de productos a un precio muy contenido y con niveles de seguridad y eficiencia en los consumos menos ambiciosos. Esta estrategia es especialmente relevante en un mercado como el del neumático, en el que el cliente final no tiene los conocimientos y, en muchas ocasiones, el interés por adquirirlos en relación con las prestaciones de un neumático u otro más allá de su precio. Por ello, la figura del prescriptor (el mecánico del taller) es clave al tomar una decisión. Esta oleada de marcas chinas se ha hecho con un buen pellizco del mercado europeo del neumático, lo que está teniendo un efecto directo sobre las cuentas de resultados de los principales fabricantes instalados en España. Casi la totalidad de los principales grupos de neumáticos con actividad en nuestro país, a excepción de Continental, recortaron sus ganancias en España durante el año pasado, en comparación con un 2022 con números al alza. El gigante francés Michelin es el mayor representante del sector en España, puesto que no solo comercializa su gama de producto en nuestras fronteras, sino que también cuenta con cuatro plantas de producción de neumáticos (Valladolid, Lasarte, Vitoria y Aranda de Duero) y un centro de experiencias situado en Almería. La compañía finalizó el año pasado, según los últimos datos disponibles en el Registro Mercantil, con un beneficio neto de 233 millones de euros, lo que supone un descenso del 14%. Esta bajada se produjo a pesar de que la facturación se elevó un ligero 0,5%, hasta 3.153 millones.

Euskadi registró este pasado septiembre su mejor dato del mes en creación de empresas de los últimos 16 años. En total, en el País Vasco se constituyeron 270 sociedades mercantiles –166 en Bizkaia, 74 en Gipuzkoa y 30 en Álava–, lo que supone un 34,3% más que hace un año (entonces las creadas llegaron hasta las 201). También se da una mejora del 66,7% respecto a agosto de este año, que acostumbra a ser un mes habitualmente de menor actividad empresarial en el territorio vasco. Únicamente se alcanzó una cifra superior a las 270 empresas en septiembre del 2008, cuando surgieron 300 mercantiles vascas, por lo que el dato de este año supone el segundo mejor de la serie histórica. Según los registrados publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España se produjo igualmente un incremento de dos dígitos en la creación de nuevas sociedades. Las 8.035 nuevas empresas constituidas suponen un salto interanual del 19,3%. La cifra total alcanza a nivel nacional los mejores resultados para este periodo desde el año 2007. El capital invertido en la creación de las nuevas empresas vascas también se dispara al compararlo con el año pasado. Aumenta un 74,1%, con algo más de 15 millones de euros frente a los 8,7 recogidos hace un año.

La asamblea general extraordinaria de Geroa, la principal entidad de previsión social voluntaria (EPSV) de Gipuzkoa de empleo preferente, ratificó ayer por la mañana en Donostia, en una accidentada reunión, la adaptación de sus estatutos al decreto del Gobierno Vasco que priorizará el rescate en renta (mensual) de estas prestaciones tras la jubilación. Lo aprobó por unanimidad de sus componentes, en una sesión marcada por la tensión, debido a las protestas de miembros de la autodenominada Plataforma de Agraviados de Geroa, que profirieron «gritos, insultos, amenazas verbales y lanzamiento de comida» contra miembros de la directiva de la EPSV y los sindicatos, según relataron varios testigos presenciales de ambas partes. La asamblea se celebró en un hotel del barrio donostiarra de Miramon. La junta de gobierno de Geroa, que reúne a los sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT, y la patronal Adegi, aprobó de forma definitiva la aplicación del nuevo decreto autonómico que desde abril prioriza el cobro en renta (una cantidad al mes), como avanzó este periódico en exclusiva el pasado 21 de mayo. No obstante, flexibiliza algunas condiciones para poder rescatar de una vez (en forma de capital) todo el dinero atesorado, en aras a calmar las aguas con la plataforma de críticos de la EPSV, que sigue exigiendo poder rescatar su dinero sin condicionantes y rechaza el decreto aprobado ayer. El Gobierno Vasco debe revisar ahora que los cambios aprobados ayer por la asamblea de Geroa son correctos, antes de su aplicación definitiva. Dos tercios de la asamblea debían dar su visto bueno, aunque finalmente hubo unanimidad, en una sesión que contó con la presencia de Jordan Sáenz, director general de la EPSV. 

El crédito fiscal de 36.000 euros para vivienda del que goza actualmente cada contribuyente quedará condicionado, una vez aprobada la reforma, al nivel de renta de los compradores. Este es uno de los acuerdos que PNV y PSE llevarán a las diputaciones. La deducción por la compra de vivienda habitual pasará a estar limitada en la reforma global de impuestos que preparan las diputaciones vascas. El crédito fiscal de 36.000 euros del que actualmente goza cada contribuyente ya no será universal, sino que estará condicionado al nivel de renta. El objetivo es excluir de esa ayuda a los ciudadanos con mayores ingresos. Eso sí, los cambios no afectarán a quienes ya se están beneficiando del actual modelo y sólo se aplicará a las nuevas adquisiciones. Así lo han explicado fuentes conocedoras del preacuerdo suscrito por PNV y PSE para iniciar la reforma de tributos en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. La deducción por la compra de vivienda es un elemento exclusivo de la fiscalidad vasca que se eliminó en el resto del país en 2013 y que ha centrado parte del debate entre los socios de gobierno de las tres diputaciones y del Ejecutivo autonómico. Para el PNV es una bandera que el propio lehendakari enarboló durante la campaña electoral. Imanol Pradales incluso acusó a EH Bildu de querer «meter en la mano en el bolsillo de los que tienen hipoteca» por plantear la eliminación de la deducción por la compra de la vivienda habitual. Un elemento que se comprometió a mantener como elemento diferencial y propio de las haciendas vascas.

La sentencia que tumba la denominación de origen 'Viñedos de Álava' es un mal trago para el Gobierno vasco. La consejera Amaia Barredo calificó ayer de «discriminatorio» el fallo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que da la razón al Consejo Regulador de Rioja y anula la denominación impulsada por la asociación de bodegueros ABRA. Y es que impide que «dos denominaciones diferentes compartan el mismo ámbito geográfico», algo que Barredo defendió sucede a nivel nacional y también internacional. Puso el ejemplo de Burdeos, aunque en ese caso conviven 19 denominaciones y no se ha 'roto' con la marca global. La sala de lo Contencioso-administrativo no sólo pone fin al proyecto de crear una etiqueta alavesa, sino que pega un fuerte tirón de orejas al anterior Ejecutivo vasco, con Arantxa Tapia al frente del Departamento, por tramitar un expediente que incumple la legislación europea al ofrecer «el mismo vino bajo denominaciones distintas». Barredo, su sucesora, defendió que se había seguido «escrupulosamente» la Ley de ordenación vitivinícola que regula estas tramitaciones.

Javier Amezaga (Santurtzi, 1967) fue nombrado ayer nuevo vicepresidente del Grupo Mondragon y director general de la División de Equipamiento. Esta área de la corporación vasca está integrada por las cooperativas Dikar, EderfilBecker, Eredu, Gerodan, Hertell, Mccgraphics, Oiarso, Orbea, Osatu y Urola, que suman 1.500 empleados y un volumen de ventas superior a los 700 millones de euros, de las cuales el 83% fueron ventas internacionales. El vizcaíno releva a Juan Ángel García al frente de la división e iniciará su mandato al frente de la División de Equipamiento el próximo 1 de febrero de 2025. Javier Amezaga es ingeniero industrial por la Universidad del País Vasco y ha realizado tres másteres (en Logística Integral, en el Instituto Catalán de Logística; en Empresas Cooperativas, en el Centro de Formación Otalora; y un Executive en Administración y Dirección de Empresas, en Esade). Asimismo, está certificado en el programa Consejeros, del Instituto de Consejeros y Administradores ICA, tal y como informó ayer Mondragon Corporation. Su carrera profesional ha estado vinculada al Grupo Eroski, donde ha desempeñado diferentes cargos y responsabilidades, destacando sus etapas como director de Logística, director general de Caprabo, y director general del propio Grupo Eroski. El Grupo Mondragon explicó en una nota que «en estos años ha dirigido numerosos procesos de transformación que han implicado a miles de personas y ha liderado diversos procesos de reflexión estratégica». En la actualidad, Amezaga estaba desempeñando el cargo de director corporativo de Grupo Eroski. 

La opa sobre el Sabadell ya se demora más de lo esperado por el BBVA. Cuando el banco que pilota Carlos Torres lanzó la oferta hostil, el 9 de mayo, calculaba obtener todas las autorizaciones regulatorias en un plazo máximo de entre cinco y seis meses. Este plazo vence hoy, cuando se cumple medio año desde que lanzó la opa, sin que el BBVA haya alcanzado los hitos que se marcó en un inicio para esta fecha. Lo explica, sobre todo, el retraso de los reguladores en emitir su dictamen, principalmente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El paso del tiempo no es baladí para el BBVA, toda vez que debe afrontar junto al flanco de la opa otro en México. El banco sufre en Bolsa por la caída del peso, más especialmente desde la elección de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, y el conflicto diplomático abierto con España en su toma de posesión. Todo ello se agravó con la elección de Donald Trump el martes. El peso cede el 18% desde las elecciones en México y el BBVA, un 16% desde que se conocieron los primeros rumores de su intención por hacerse con el Sabadell. México supone el primer mercado del BBVA y el 44% de su margen bruto, además de representar una elevada sensibilidad en el capital (de 10 puntos básicos en la ratio CET 1 fully loaded por cada caída del 10% del peso). Por tanto, de la evolución en México depende la marcha del banco en Bolsa, así como la capacidad de mejorar la opa sin recurrir a una ampliación de capital. El racional de la oferta sobre el Sabadell es precisamente intentar reforzar el peso del mercado español en las cuentas del BBVA y diluir el mexicano.

Las compañías estrella de la Bolsa española han cerrado los nueve primeros meses del año con beneficios récord, gracias a la excelente marcha de bancos y compañías turísticas, y a los buenos resultados de Iberdrola, Ferrovial, Endesa o Indra, entre otras. De este modo, los grupos del Ibex alargan el ciclo de resultados históricos logrados entre los años 2021 y 2023, tras el duro golpe de la pandemia, que estalló hace cuatro años. Con datos del primer semestre de un puñado de empresas –Acciona, Acciona Energía, Naturgy y Puig no presentan cuentas del periodo o lo hacen de forma incompleta; ACS, Cellnex, Colonial, Merlin y Solaria lo harán en los próximos días; e Inditex tiene un ejercicio fiscal diferente–, las grandes cotizadas obtuvieron un beneficio neto global de 46.924 millones entre enero y septiembre, un 8% más que en 2023. El resultado total, que será superior cuando se conozcan todos los datos, es el más alto de la historia del selectivo en el periodo y muestra la rápida recuperación tras el Covid y la meteórica ascensión de las cuentas en estos años. Los nueve primeros meses de 2024 han estado marcados por los excelentes resultados de la banca, que continúa espoleada por unos tipos altos, pese al impacto del impuesto del Gobierno; la intensa recuperación de las empresas turísticas y aéreas (Aena, Amadeus e IAG); y las ganancias históricas de Iberdrola gracias a la venta de activos. Banco Santander lidera el ránking de beneficios del Ibex con 9.309 millones de euros (+14%), seguido de BBVA, que disparó sus ganancias un 28%, hasta 7.622 millones. En tercera posición figura Iberdrola, que elevó el resultado un 50%, hasta 5.471 millones, por las plusvalías obtenidas con la venta de activos en México. La eléctrica ya elevó sus previsiones anuales, pese al descenso de ingresos por la caída de precios y la tasa a las energéticas que el Gobierno se ha comprometido a eliminar el 31 de diciembre.

Telefónica Venezolana, filial venezolana de Telefónica, ha llegado un acuerdo por el que pagará una multa de 85,26 millones de dólares (80 millones de euros) para resolver una investigación sobre una trama de sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela para recibir acceso preferente a dólares estadounidenses en una subasta de divisas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El caso se remonta a 2014, cuando el grupo estaba presidido por César Alierta, mientras que su actual presidente, José María Álvarez-Pallete, era consejero delegado. “Telefónica Venezolana eligió apoyar a un régimen corrupto para eludir las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela”, dice una fiscal. La filial venezolana firmó ayer un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en relación con una información penal presentada ayer en el Distrito Sur de Nueva York que acusa a la compañía de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Telefónica señaló en un documento registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2015 que estaba “llevando a cabo una investigación interna sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción”, sin precisar dónde. El supervisor requirió más información a la compañía, pero esta se limitó a decir que continuaba “cooperando con autoridades gubernamentales”, al tiempo que descartó que “cualquier posible sanción” en estos casos afectase “de forma material” a la situación financiera del grupo.

Siemens Energy lleva tiempo inmersa en una espiral de máximos, y aunque la victoria de Donald Trump ha puesto algo nerviosos a los inversores de renovables por su postura crítica ante el cambio climático, el atractivo de la compañía va mucho más allá para la mayoría de los analistas. En el año lleva ganado en Bolsa el 227% y tiene el 44% de las recomendaciones de compra y el 44% de mantener; el restante 12% son de venta. La principal controversia tiene que ver con la valoración alcanzada por la alemana. De hecho, ha superado ampliamente el precio objetivo, marcado por el consenso del mercado que recoge Bloomberg en 35,2 euros. Precisamente, en el último informe de Deutsche Bank los analistas intentan dar “sentido” a la situación bursátil. “La percepción sobre Siemens Energy está cambiando desde la de un negocio disruptivo por la transición energética a un líder en electrificación y descarbonización”. “El grupo es un puro jugador global en capacidad de generación y transmisión de energía y está bien posicionado para beneficiarse de un superciclo de inversión en electrificación de varios años, que recientemente ha ganado un mayor impulso por los centros de datos dedicados a la inteligencia artificial”. Llegada a esta conclusión, el banco se ha situado como uno de los más optimistas y hace unos días elevó el precio objetivo de 38 euros a 43 euros, el 10% más. Durante las últimas semanas se han vertido más comentarios en este mismo sentido. Los inversores empiezan a tomar nota de que el aumento de la demanda de electricidad de los centros de datos que alimentan las aplicaciones de inteligencia artificial es una de las principales razones por las que las empresas están recurriendo a los generadores de gas natural como los que fabrica Siemens Energy. 

La histórica dana del 29 de octubre no solo ha dejado un drama humano, con al menos 215 muertes confirmadas hasta el momento en Valencia, sino también un drama económico con miles de empresas destruidas o parcialmente afectadas de las que dependen unos 400.000 trabajadores. A pesar de que la presentación de expedientes de regulación de empleo tanto temporales como de extinción (es decir, ERTE y ERE, respectivamente) ha comenzado de forma lenta, con unos 284 expedientes que afectaban a apenas 3.014 trabajadores hasta el viernes, la Generalitat Valenciana espera un aluvión de solicitudes la semana que viene, según confirma el secretario de Empleo del Gobierno autonómico, Antonio Galvañ. Lo lógico es que la semana que viene llegue el gran volumen de expedientes”, señaló Galvañ, que estimó que la gran mayoría sean ERTE, como hasta ahora. El motivo, explica, “es que el ERTE, en su caso, después se puede transformar en ERE”. Tanto sindicatos como patronal coinciden con Galvañ en su pronóstico, sobre todo, tras la previsible aprobación del escudo laboral en el Consejo de Ministros del lunes, la medida estrella prometida por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para salvar los empleos y el tejido industrial de la zona que supone un 22% del PIB de la Comunidad Valenciana. “Todo el mundo espera como el aire para respirar una norma extraordinaria. El impacto es muy bestia, solo veremos la dimensión real cuando esta norma se pase al BOE [Boletín Oficial del Estado]”, señaló Daniel Patiño, secretario de acción sindical de Comisiones Obreras (CC OO) en la Comunidad Valenciana.

Hacer que las ayudas e indemnizaciones por las inundaciones lleguen lo antes posible. Esta es una de las prioridades que se ha marcado el Gobierno. Cuanto antes llegue la liquidez para iniciar la reconstrucción, antes se volverá a la normalidad y se podrán calmar los ánimos. Y para ello el Ejecutivo ha puesto en marcha la posibilidad de que las indemnizaciones y las ayudas públicas se puedan anticipar en los bancos con un aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La idea es que simplemente con el papel que acredite el derecho, el banco pueda adelantar la liquidez y el ICO ponga el aval. Así se recoge ya en el decreto de ayudas publicado en el BOE el pasado día 6: “Tendrá la consideración de garantía financiera la pignoración o cesión de los derechos de crédito que puedan resultar de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o de las ayudas que por cualquier Administración se concedan por razón de la dana, aun cuando el deudor sea un consumidor, una pequeña empresa o una microempresa”. Y añade que estas garantías financieras “serán válidas una vez que consten por escrito o de forma jurídicamente equivalente, sin que pueda exigirse ninguna otra formalidad para su constitución, validez, eficacia frente a terceros, ejecutabilidad o admisibilidad como prueba”. Es decir, solo con la documentación que certifica el derecho, el banco debería conceder el adelanto. Eso sí: con el interés del préstamo que aplique la banca.

Para los fabricantes de todo el mundo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca sólo significa una cosa: una guerra de aranceles. Trump ya ha amenazado con imponer aranceles del 60% a las importaciones de China y aranceles generales del 10% o el 20% a todos los socios comerciales, incluida la UE. “Si voy a ser presidente de este país, voy a poner un arancel del 100%, 200%, 2.000%” a los coches procedentes de México, advirtió el mes pasado, describiendo los aranceles “como la palabra más bonita del diccionario”. La primera Administración Trump, utilizó desde 2016 los aranceles como herramienta clave para negociar mejores acuerdos con sus socios comerciales. “Creo que podemos esperar algunos movimientos relativamente tempranos en lo que respecta a los aranceles”, afirma Andy Leyland, director gerente de la consultora de la cadena de suministro de baterías SC Insights. Los automóviles serán, sin duda, el blanco de los aranceles de Trump, y se esperan grandes trastornos en las cadenas de suministro y en los planes de inversión. Si Trump sigue adelante con el aumento de los aranceles, es probable que las empresas aumenten la producción en Estados Unidos. En julio, Tesla anunció que iba a incrementar la producción local después de que su consejero delegado, Elon Musk, partidario de Trump, pusiera en pausa sus planes de construir una gigafactoría en México. Otros que no tienen suficiente capacidad en sus plantas estadounidenses intentarán absorber los aranceles adicionales o trasladar los costes a los consumidores subiendo los precios de los vehículos. Oxford Economics prevé que el sector del automóvil sea el más afectado dentro de la industria manufacturera estadounidense, con un aumento potencial de los precios del 3,7% si se imponen nuevos aranceles. La incertidumbre en EEUU llega en un momento en que los fabricantes de automóviles ya sufren una reducción de los beneficios debido al aumento de los costes de desarrollo de los vehículos eléctricos y la afluencia de ofertas más baratas y mejores de competidores chinos.

En 2022, último año con datos oficiales, los fabricantes de automóviles europeos exportaron casi 740.000 vehículos –84.000 de ellos, 100% eléctricos– a EEUU, por un importe de 37.400 millones de euros. Unos datos que colocan a ese país como el segundo extranjero para los coches made in Europe, solo por detrás de Reino Unido. Y que suponen, en términos de valor, más de la quinta parte de los ingresos que obtiene la UE con la exportación de automóviles. Mientras, el Viejo Continente sólo compró 271.476 autos fabricados en aquel país (valorados en 8.700 millones), según un informe de la patronal de fabricantes europeos Acea. El pasado martes, Donald Trump ganaba las elecciones a la Casa Blanca con una facilidad que nadie supo entrever a partir de un lema –Make America Great Again– que ha mutado a ideología. En ella, se ha referido a los aranceles como «la palabra más bonita del diccionario» y, de hecho, los ha prometido a diestro y siniestro. Respecto a Europa ya había avisado durante la campaña. «Suena muy bonita esa unión de pequeños países que nos venden millones de coches, pero que no compran los nuestros. Eso no puede ser, tendrán que pagar un precio muy alto» dijo durante la campaña. Y para darle la vuelta a esa balanza comercial deficitaria, ha planteado aplicar una tasa de hasta el 100% a todos los vehículos importados al país. La medida sería especialmente dañina para Alemania, ya que produce más de la mitad de los coches que se exportan desde la UE a EEUU. Eso, después de que al ajuste que ya propuso Volkswagen –cierre de tres fábricas y 10.000 empleados menos– se sumase esta misma semana el anunció de otros 4.500 despidos en Audi. En este contexto, no extraña que la patronal de los fabricantes germanos haya pedido a Bruselas mayores esfuerzos para «mantener y ampliar» la colaboración con la primera economía del mundo.

Los líderes europeos quieren convertir la victoria electoral de Donald Trump en un acicate para aplicar, de verdad, las medidas económicas que Europa necesita con el fin de mejorar su productividad y competitividad. Eso es, al menos, lo que afirman y de lo que parecen querer autoconvencerse los jefes de Gobierno que se han reunido este viernes en Budapest. «Ya no es posible seguir actuando como hasta ahora», señala el documento conjunto que han acordado los presidentes de los 27 países de la UE, en el que se subraya «la urgente necesidad de adoptar medidas decisivas» para incrementar la productividad. El texto se podría entender como otro documento bienintencionado que acaba no llegando a demasiado, pero el esfuerzo de los líderes es esperanzador. También la presencia de Mario Draghi para defender las concusiones de su informe. Y, sobre todo, la obligación que supone la victoria de Trump, que según el primer ministro de Bélgica, Alexander De Croo, puede ser incluso un «momento de catarsis». Mientras, en China, lo que preocupa realmente es la amenaza que soltó Trump en campaña de imponer aranceles del 60% a las importaciones estadounidenses de productos chinos. Un informe reciente de la gestora de activos PineBridge Investments señala que la medida podría afectar a bienes por valor de 500.000 millones de dólares, un riesgo muy serio para el crecimiento de la segunda economía más grande del mundo. Además, alteraría -de nuevo- las cadenas de suministro globales. Cuando Trump desató la primera fase de la guerra comercial en 2018, la situación del gigante asiático era bien diferente a la de ahora: el mercado inmobiliario era sólido y representaba casi una cuarta parte de la actividad económica del país. El PIB creció ese año un 6,6%, mientras que para este 2024 la cifra de crecimiento esperada es del 5%. En Pekín, que está acelerando la apuesta por la autosuficiencia tecnológica tras la oleada de restricciones de la administración Biden, son conscientes de que los aranceles prometidos por Trump serían un golpe muy duro para una economía asediada por la crisis inmobiliaria, la caída del consumo interno, el alto desempleo juvenil y la deuda de los gobiernos locales. 

Quienes pensaban que Kamala Harris ganaría las elecciones no estaban solos. La inteligencia iraní también lo había estimado así. El Gobierno de Teherán había encargado el asesinato del expresidente a unos asesinos a sueldo, pero decidió posponerlo hasta que pasaran los comicios porque «sería más fácil» una vez que perdiese la protección especial que le proporcionaban los servicios secretos, reforzada a raíz de los dos intentos de atentado que había sufrido. La información sobre el plan de los ayatolás para matarlo se ha conocido tras la imputación de dos delincuentes comunes que Teherán había reclutado a través de un afgano deportado de Estados Unidos que actualmente vive en esa ciudad. Irán le había jurado venganza a Trump desde que en el último año de su presidencia ordenase el atentado con dron que mató en el aeropuerto de Bagdad al general mayor Qasem Soleimani. Y, como ocurriese con el escritor Salman Rushdie, el régimen de los ayatolás no olvida, sino que apuesta por una venganza en frío. «Paciencia», le recomendaba Shakeri a sus impacientes compinches. El intermediario había advertido a sus contactos de la IRGC que matar a Trump les costaría «una enorme cantidad», a lo que no objetaron porque el dinero «no era la cuestión», le respondieron. «Ya hemos gastado mucho». Por la periodista disidente estaban dispuestos a pagar 1,5 millones de dólares. La noticia no podía salir en peor momento para Irán. Tras ganar las elecciones el martes, su víctima es ahora presidente electo y está en camino de volver al poder el próximo 20 de enero.