20241129

El Gobierno ha ido incrementado en las últimas reformas las cotizaciones a la Seguridad Social, especialmente en el caso de los sueldos más altos, para financiar el creciente gasto en las pensiones. Fruto de esta estrategia, los salarios más elevados sufrirán un importante aumento de las cuotas en 2025. Para empezar, la base máxima de cotización subirá un 4% hasta los 4.909 euros al mes, lo que equivale a 58.912 euros al año. Pero además entrará en vigor la denominada cuota de solidaridad por la que se empezará a gravar progresivamente la parte del salario que exceda ese umbral. En Euskadi se calcula que cerca de 100.000 trabajadores cotizan por la base máxima, lo que supone un importante incremento de costes para las empresas. El aumento de la presión en los sueldos altos entra por varias vías. En primer lugar por la subida de la base máxima. Ya desde el año pasado se aplica la medida por la que este umbral no solo se revaloriza con la inflación de los doce últimos meses hasta noviembre –un 2,8% para 2025– sino que se le añade una cuantía fija de 1,2 puntos. De ahí que la base máxima saltará desde los 4.720 euros actuales a los 4.909 euros. Esta alza es muy superior a la que se aplica a la pensión máxima a la que tienen derecho, que se incrementa en un 2,9% (la inflación más un 0,115%) hasta los 3.267 euros. La escalada del la base máxima supone un aumento de carga importante para las empresas. Teniendo en cuenta que asumen un tipo de gravamen cercano al 33%, la cuota que pagarán el año próximo por estos trabajadores ascenderá a 1.620 euros frente a los 1.558 de este 2024. Es un aumento mensual de más de 62 euros al mes y 744 al año. En el caso del trabajador, que contribuye con el 6,35%, su nómina quedará mermada en unos 12 euros más al mes, 144 al año. El impacto alcanza una envergadura notable si se contempla la última década, periodo en el que la base máxima de cotización ha crecido un 36%. Es decir, que la cuota que pagan los salarios altos –tanto empresa como trabajador– ha pasado de 1.400 euros a más de 1.930.

Todos los analistas esperaban que los precios volvieran a acelerarse en la recta final del año, después de los buenos datos de septiembre, lo que no pensaban es que pudieran llegar a dispararse tanto y en tan poco tiempo. La inflación repuntó en noviembre seis décimas respecto al mes anterior que, al sumarse a las tres décimas de octubre, sitúan la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC), en el 2,4% anual. Este incremento se ha debido fundamentalmente a la electricidad y a los carburantes y tiene importantes derivadas tanto en lo que respecta a la revalorización de las pensiones como en al poder adquisitivo de los trabajadores o a los tipos de interés. Los precios se aceleran en la recta final del año, justo en la antesala de la campaña navideña. El IPC subió seis décimas en noviembre, hasta el 2,4%, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). “Esta evolución es debida, principalmente, al aumento de los precios de la electricidad y de los carburantes, frente a la bajada en noviembre del año pasado”, señala la nota de prensa que no detalla la evolución de más componentes de la cesta de la compra, al tratarse únicamente del indicador adelantado, ya que los datos desglosados no se publican hasta dentro de dos semanas. Sin embargo, los datos publicado ayer sí que podrían reflejar que los alimentos habrían mantenido el tono moderado de los últimos meses, al ser un grupo con un elevado peso en los presupuestos familiares que ha quedado excluido de la nota de prensa, y que los servicios habrían seguido tirando al alza de la inflación aunque con algo menos de intensidad que en octubre, tal como pone de manifiesto el hecho de que la inflación subyacente (esto es, el dato que excluye precisamente la energía y los alimentos, por considerarlos más volátiles) se mantiene en el 2,4%, en línea con el índice general y una décima por debajo del dato del mes anterior, en el que algunos servicios se encarecían con fuerza.

La prestación más común superará los 1.600 euros, mientras que la máxima escalará hasta los 3.267. La revalorización de las pensiones equivale a la inflación promedio de los últimos doce meses. La subida media para 2025 será del 2,8%, justo un punto menos que la de este ejercicio. La revalorización de las pensiones quedó ligada por ley a la inflación promedio de doce meses entre diciembre de un año y noviembre del siguiente. Este vínculo ha hecho que el importe de las prestaciones se dispare al ritmo del IPC desde la guerra de Ucrania. Así, en 2023 subieron un 8,5% y este año lo han hecho en un 3,8%. Para 2025 el alza se modera al 2,8% porque los precios también han ido bajando a lo largo del ejercicio aunque están experimentando un repunte en la recta final del año. En concreto, la inflación de noviembre, según el índice adelantado ayer, se elevó al 2,4% por el alza de los carburantes y la electricidad, y la media de los doce últimos meses hasta este noviembre arroja el citado 2,8%, que es la subida de la que se beneficiarán las 581.500 pensiones que se abonan actualmente en Euskadi a 525.366 personas, ya que una misma puede percibir dos pensiones –por ejemplo viudedad y jubilación– siempre y cuando no supere la cuantía máxima. «La revalorización de las pensiones conforme a la subida de los precios es una medida de justicia social, que asegura que quienes han trabajado y cotizado toda una vida mantengan su poder adquisitivo», defendió ayer la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz.

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley que crea los denominados «permisos climáticos remunerados», que permiten a los trabajadores faltar al trabajo durante un máximo de cuatro días en caso de catástrofes como la ocurrida hace un mes en Valencia. Estos permisos estarán retribuidos con cargo a la empresa, que podrá solicitar un ERTE de fuerza mayor si fuera necesario extender el periodo de ausencia en el trabajo más allá de esos cuatro días a fin de salvaguardar la seguridad laboral de los empleados. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, explicó que a partir de ese periodo de cuatro días de permiso las empresas podrán decidir si siguen contribuyendo ellas al pago del mismo o si incorporan a los trabajadores a un ERTE. Si la actividad lo permite, la empresa podrá optar por el trabajo a distancia según marca la ley de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acceder al mismo como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes, así como cuando concurra una situación de riesgo grave o inminente. Cuando la actividad lo permita, la empresa tendrá la posibilidad de establecer el trabajo a distancia, según marca la ley. El decreto también obliga a que los convenios colectivos incluyan un protocolo de actuación y medidas de prevención de riesgos específicamente frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos. Los trabajadores tendrán derecho a ser informados de las actuaciones previstas con motivo de la activación de alertas por catástrofes. Además, el Ministerio de Trabajo elaborará en un plazo máximo de doce meses un real decreto que aborde la protección de los trabajadores frente a los efectos del cambio climático en el ámbito laboral. «Ninguna persona podrá sufrir perjuicio alguno por la adopción de estas medidas. La Inspección de Trabajo está para ello», subrayó Díaz.

En vísperas de la manifestación de esta tarde en Zumaia, una representación del Comité de Empresa y asesores sindicales de Astilleros Balenciaga se reunió ayer por la mañana en Donostia con responsables de la Diputación Foral de Gipuzkoa y de la Consejería de Industria del Gobierno Vasco. Ambas partes acordaron trabajar conjuntamente para buscar una salida al cierre de la centenaria compañía de la localidad, con 71 empleados y cientos de empleos indirectos. Todos coincidieron en que la solución de continuidad del astillero pasa por encontrar un inversor industrial, preferiblemente vasco, que apueste por el proyecto. Entretanto, los sindicatos (CC OO, LAB y UGT) se reunirán hoy con representantes de la delegación del Gobierno central en Euskadi, en un encuentro fijado en Vitoria. Los trabajadores e instituciones abordaron ayer posibles actuaciones para tratar de salvar los astilleros del cierre, una vez que el actual titular, Astilleros Balenciaga, ha entrado en concurso de acreedores al impugnar Cofides, el financiador estatal dependiente del Ministerio de Economía, el plan de reestructuración homologado por un juez y que pretendía esquivar el proceso concursal. En el encuentro no estuvieron, por cuestiones de agenda, ni la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ni el consejero de Industria, Mikel Jauregi. Todas las partes acordaron que la solución pasa por encontrar un inversor industrial. El Ejecutivo mostró su total compromiso por trabajar en la búsqueda de ese inversor que logre poner en marcha un proyecto industrial, viable y sostenible en el tiempo, que dé continuidad a la actividad del Astillero y, sobre todo, que asegure el empleo y que éste sea de calidad.

Las previsiones del Gobierno autonómico auguran un incremento del PIB en el entorno del 2%, tanto al cierre de este ejercicio como en 2025, siguiendo la estela de los buenos datos registrados hasta el tercer trimestre del año. Durante los años más duros de la crisis financiera mundial que dio comienzo en 2008, Euskadi fue la comunidad autónoma española que experimentó un menor descenso del PIB y también un menor aumento del paro (del 6%, frente al más del 10% de la media nacional). Más recientemente, con la llegada del coronavirus, la adaptabilidad de su economía a nuevas tendencias como la sostenibilidad y la digitalización le ha permitido amortiguar cada golpe. Esa capacidad para aclimatarse a todo tipo de situaciones le ha permitido mantener un equilibrio histórico que todavía hoy define la evolución de su economía. Esto queda reflejado en los resultados y las previsiones presentadas el pasado 4 de octubre por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del País Vasco, Mikel Torres. Unas estimaciones optimistas, marcadas por la estabilidad, que apuntan a un ritmo constante de crecimiento del PIB de cara al futuro: un 1,9% al cierre de este ejercicio y un 2,1% en 2025. Desde la Confederación Empresarial Vasca (Confebask) hacen una estimación muy similar a la de la consejería. Por un lado, la industria, uno de los puntales históricos de la economía vasca, no pasa por su mejor momento. Al menos, a tenor de las cifras. Según el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), el peso de este sector en el PIB autonómico es del 23,9% (siendo la tercera comunidad de España, tras Navarra y La Rioja), cuando en 2008 rondaba el 30%. Además, ha experimentado una ligera caída, del 0,2%, durante los tres primeros trimestres del año. Para Pablo Martín, responsable de Economía de Confebask, esto responde a una tendencia que se ha ido consolidando durante los últimos años en Euskadi: "La externalización de servicios". En opinión de Martín, "muchas de las cosas que se hacían antes dentro de la propia empresa ahora se hacen a través de subcontratas". Y cita, como ejemplos, "las actividades de I+D, para las que se recurre a centros tecnológicos, que figuran en el sector servicios". Leer en Expansión

Casi tres cuartas partes de la población vasca (73,5%) trabaja en actividades vinculadas al sector servicios. El comercio, el transporte y la hostelería tienen un papel destacado al suponer ya un 25% de todos los empleados de Euskadi, seguido muy de cerca por la administración pública, la educación y la sanidad, con otro 24,3%. Según los datos de la demografía empresarial vasca publicados ayer por el Eustat, el total de empleados se incrementó el año pasado un 1,9% –en el último lustro han crecido un 3,8%–, con el único descenso de la agricultura, la ganadería y la pesca, que cae un 4,4%. En la actualidad este sector representa el 1% de la fuerza laboral en Euskadi. A 1 de enero figuraban en el País Vasco 147.524 empresas, un 1% menos que a comienzos de 2023 (en concreto cae en 1.546 compañías). El censo empresarial contabiliza el número de establecimientos (fábricas, comercios u oficinas) en 165.214, de los que tres cuartas partes (118.223) son de pequeño tamaño, es decir, albergan a menos de tres personas empleadas. Más allá del sector servicios o terciario, el que no produce bienes materiales ni transforma materias primas en otros productos, el industrial agrupa a un 19,5% de todos los empleados vascos, y la construcción recoge un 5,9%. Los ámbitos que más crecen porcentualmente son, en todo caso, el de la información y comunicaciones (sube un 4,9%), las actividades artísticas y otros servicios (3,3%) y las actividades profesionales y auxiliares (2,3%). El peso del sector terciario es mayor en Bizkaia, donde supone el 77,4% de los empleados contabilizados en el censo frente al 15,1% de la industria. En Álava se da la proporción más baja para los servicios, un 68,8%, frente al índice industrial más alto, un 25,1%. Por su parte, en Gipuzkoa los primeros llegan hasta el 70,1% y la industria representa un 23%. La mayor subida se dio en el comercio, el transporte y la hostelería, seguida por la administración, la educación y la sanidad. El estudio también destaca que el 45% de los empleados el año pasado fueron mujeres –la tendencia se mantiene similar a ejercicios anteriores–, con un peso especial en las actividades sanitarias y los servicios sociales. Ésta es el área más feminizada (representan un 78,1%), seguida por la educación (67%). Los más masculinizados son la construcción (el 89% de todos los trabajadores en este ámbito son hombres), así como en el industrial y en el primario (en ambos rondan en un total un 79%).

Cinco consultoras han acudido a la llamada de ayuda lanzada por el Gobierno vasco para elaborar su plan de política industrial, que deberá estar en vigor en el periodo de 2025 a 2028. El plan en cuestión, sin embargo, no estará listo hasta bien avanzado 2025. Indra, Idom, Zabala, Nexio y Naider son las firmas que han presentado sus propuestas para esta licitación que el Departamento de Industria lanzó a finales del pasado mes de octubre. El pliego de condiciones establecía un presupuesto de referencia de 363.000 euros –IVA incluido–, para un trabajo que comprende la elaboración del plan y también su seguimiento. Hasta el momento solo se han abierto los sobres que contienen las propuestas técnicas y en los próximos días se abrirá el de las ofertas económicas. Fuentes del Gobierno vasco han señalado que esperan obtener una rebaja importante en relación al precio de referencia de la licitación. La decisión de recurrir a una consultora externa para elaborar una plan sobre una materia clave en la gestión del Ejecutivo vasco ya generó polémica en el momento en que se hizo pública. El departamento que dirige el consejero Mikel Jauregi justificó la decisión –así lo apunta el propio pliego de condiciones– porque el Gobierno no tiene los recursos técnicos y humanos necesarios para cumplir esta misión.

El consejo de IMQ Seguros ha decidido situar al frente de la compañía a Javier Maiztegui, que hasta enero pasado ocupaba la dirección general de Seguros Bilbao. Maiztegui abandonó esa firma tras la decisión de Catalana de Occidente de absorber la filial que tenía su sede en el País Vasco. Licenciado en Empresariales por la Universidad de Deusto, Maiztegui inició su trayectoria profesional en Ernst & Young. Sustituirá a partir del 1 de enero en el cargo a Javier Aguirregabiria, que ha pilotado la aseguradora de salud en los últimos años desde el cese de su antecesor, Miguel Ángel Lujua, en plena crisis interna sobre la propiedad del IMQ. La compañía está controlada en la actualidad por SegurCaixa Adeslas. Leer más en IMQ. 

El Gobierno central ha autorizado a la Autoridad Portuaria de Bilbao a licitar por 55,4 millones de euros la electrificación de varios de sus muelles. Esto permitirá a los buques apagar sus motores auxiliares y tomar la energía directamente de la red eléctrica vizcaína, reduciendo así los malos humos que lanzan a la atmósfera. Cuando los mercantes y los cruceros atracan actualmente en el Puerto de Bilbao están obligados a mantener sus turbinas encendidas para suministrar electricidad a bordo. Esto genera vibraciones y emisiones de gases contaminantes al quemar un combustible que es menos pesado que el que se usa en alta mar, pero que supone un importante foco de lanzamiento de humo a la atmósfera. Este fenómeno es especialmente significativo en Getxo, donde los cruceros necesitan una cantidad ingente de energía para seguir dando servicio a miles de clientes y tripulantes. «Un buque portacontenedores consume aproximadamente 1 megavatio, pero es que los cruceros absorben hasta 12», explicaba en 2023 el director entonces de la zona franca y hoy diputado de Infraestructuras, Carlos Alzaga. El proyecto Bilbao OPS pretende colocar al Puerto de Bilbao en la vanguardia europea en esta materia. El año pasado, solo 29 puertos en el mundo contaban con este tipo de tecnología. Poder enchufarse directamente a la red eléctrica es un valor añadido para las navieras.

Las obras del nuevo proyecto que lidera el traumatólogo vitoriano Mikel Sánchez van viento en popa. El hospital de medicina regenerativa que construye en Ibaiondo prevé abrir sus puertas para mayo de 2025. Pero primero, el médico que ha tratado las articulaciones de numerosos deportistas de élite como Rafa Nadal o Andrés Iniesta, ya lo ha bautizado. Se llamará MiKS, un juego de letras entre su nombre y la leyenda en inglés Medical Innovation Know & Share, según reveló ayer el propio Sánchez en Deusto, durante su ceremonia de investidura como nuevo académico de número de la Real Academia de la Medicina del País Vasco. El centro se ubicará en una parcela de 3.000 metros cuadrados entre las calles Duque de Wellington y Río Bayas y contará con espacios para laboratorios, investigación y medicina regenerativa, tratamiento de pacientes, formación y zonas comunes. En su arranque, previsto para la primavera, contará con una plantilla de 50 profesionales que se irá ampliando. No es un proyecto más. Según el traumatólogo vitoriano, es «disruptivo». Y es que va más allá de la mera práctica clínica y pretende ser un centro de investigación y de medicina regenerativa avanzada donde además de buscar nuevos tratamientos se va a formar a los profesionales y se va a hacer divulgación de lo que significa este tipo de medicina. El traumatólogo pronunció ayer su discurso de ingreso en la Real Academia de la Medicina del País Vasco la humanidad. «Se trata de un proyecto ambicioso y de país», explicó el médico que ha rechazado todo tipo de propuestas de irse a trabajar fuera de su ciudad natal. Consolida así la trayectoria emprendida hace 30 años con la Unidad de Cirugía Artroscópica (UCA) que ahora tiene sede en Vithas Vitoria y apuesta por ser «pionero en su campo a nivel mundial».

La ley que reformó el sistema de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) entró en vigor en abril de 2023, hace un año y medio. Desde entonces, ha sumado 19.313 nuevos perceptores gracias a que se flexibilizaron las condiciones para recibirla y se agilizaron los trámites, con el objetivo de llegar a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Antes de la reforma, las entidades sociales calculaban que en torno a 30.000 personas dejaban de percibir la ayuda, aun teniendo derecho a ello, por desconocimiento. De las nuevas concesiones, 1.944 corresponden a hogares con menores. También se han incluido 913 mujeres víctimas de violencia de género, 1.385 personas refugiadas o solicitantes de asilo, 2.428 pensionistas (que reciben un complemento por esta vía), 435 jóvenes que provienen del sistema de protección de menores, 32 víctimas de trata o explotación sexual y nueve víctimas del terrorismo, entre otros. Esto no quiere decir que el número total de perceptores de la RGI haya aumentado en esas casi 20.000 personas. En este tiempo, de la misma forma que ha habido altas en el sistema, también ha habido bajas. En octubre, último dato disponible, Lanbide tenía abiertos 57.702 expedientes, según fuentes oficiales del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, que lidera el socialista Mikel Torres. En febrero de 2023, último mes antes de aprobarse la nueva ley, eran 50.801. Es decir, un 13,6% menos. Con todo, los beneficiarios de la ayuda rondan los 100.000, toda vez que los expedientes corresponden a unidades convivenciales.

Un año después de apoyar la investidura de la diputada general en Gipuzkoa, el PP respaldará los Presupuestos de PNV-PSE, aunque aleja la opción de replicar el pacto en Álava. Los populares consideran que en Vitoria son un partido de gobierno, con espacio para recuperar posiciones. En Gipuzkoa son residuales y están más necesitados de sacar la cabeza. Un año después de que avalase la investidura de la jeltzale Eider Mendoza como diputada general de Gipuzkoa, el PP dio ayer un paso más en su estrategia de demostrar su apuesta por la «estabilidad» y su capacidad de influencia en una Euskadi plural en la que los pactos cada vez se desarrollan a más bandas. La formación liderada por Javier de Andrés anunció que apoyará los Presupuestos forales presentados por el Gobierno del PNV y el PSEEE, que en dicho territorio está en minoría. ¿A cambio de qué? El portavoz popular en las Juntas, Mikel Lezama, habló de «un plan piloto para combatir el envejecimiento de la población» y de inversiones «para regular, formar e integrar a las personas migrantes». Pero, sobre todo, enmarcó la fumata blanca en una cuestión más genérica: evitar que Gipuzkoa compita «en inferioridad de condiciones» con Bizkaia, donde PNV y PSE tienen garantizada la aprobación de las Cuentas públicas para 2025 gracias a su mayoría absoluta. La decisión del PP agita de forma notable el tablero político vasco en un momento en el que hay varios frentes abiertos y en el que todos las formaciones se esfuerzan en mostrarse como adalides del acuerdo y el consenso. Nadie quiere aparecer como el que rompe la baraja. Y en este caso el PP, además, lo que busca es reforzar su imagen de partido «útil» capaz de ceder en sus posiciones para «beneficiar» a los ciudadanos.

La entrada saudí en Telefónica muestra las limitaciones del capitalismo español para asegurar el control en empresas estratégicas y es uno de los problemas que afloró en el XXIII congreso anual de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (Cede). El consejero delegado de Criteria, Ángel Simón, fue explícito: «Este país está falto de capital que quiera entrar en la industria». Lo manifestó en uno de los coloquios del cónclave organizado en La Coruña y reivindicó con ello el papel de su institución, que es el brazo inversor de la Fundación bancaria la Caixa y el primer holding privado del país con participación clave en Naturgy o CaixaBank y relevante en Telefónica. Simón señaló a estas tres participaciones como estratégicas a diferencia del resto que considera financieras aunque también «a largo plazo». «Vamos a mantener la inversión que teníamos y con ese carácter influyente que siempre ha posicionado a CriteriaCaixa», sostuvo el brazo derecho de Isidro Fainé, presidente de Cede. El propio Fainé marcó las diferencias de CriteriaCaixa con otros fondos inversores cortoplacistas. En su extenso discurso tradicional de cierre del congreso sobre cómo dirigir organizaciones subrayó que la suya mantiene un enfoque «humanista», que debe seguir vigente, a su juicio, en la nueva revolución industrial. «La era digital no tiene sentido si olvidamos darle una perspectiva humanística». Simón abundó en ese enfoque: «Nuestra guía es ser parte esencial del entramado industrial de este país para influir en que haya una red industrial con impacto real en las personas».

Christine Lagarde, presidenta del BCE, insta a los líderes políticos europeos a cooperar con Donald Trump sobre los aranceles y comprar más productos de EEUU, advirtiendo de que una guerra comercial enconada corre el riesgo de acabar con el crecimiento económico mundial. En su opinión, la UE no debe “tomar represalias, sino negociar” con un presidente electo que ha amenazado con un arancel generalizado a todas las importaciones estadounidenses no chinas. Lagarde también advierte de que una “guerra comercial a gran escala” no “interesa a nadie” y que conduciría a “una reducción global del PIB”. En respuesta a las afirmaciones de Trump de que podría “hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, la directora del BCE dijo: “¿Cómo se puede hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande si la demanda global está cayendo?”. La victoria de Trump ha generado preocupación entre los gobiernos nacionales y los funcionarios en Bruselas, que temen que los aranceles eliminen el gran superávit comercial de la UE con EEUU y estimulen a los fabricantes de la región a trasladar allí su producción. Lagarde afirma que Europa debería afrontar un segundo mandato de Trump con una “estrategia de chequera” en la que ofreciera “comprar ciertas cosas a EEUU”, como gas natural licuado y equipos de defensa. “Este es un escenario mejor que una estrategia puramente de represalia, que puede conducir a un proceso de ojo por ojo en el que nadie sale ganando”, afirma.

La llegada de la IA con aplicaciones concretas para las empresas es ya una realidad en 2024 y su impacto aún será más importante en 2025, con centenares o miles de casos de uso en funcionamiento en las corporaciones, según señalaron los expertos reunidos en la mesa IA y su impacto en los negocios y áreas estratégicas, celebrada ayer en el curso de la segunda edición del gran encuentro Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías. Según Silvia Núñez, responsable de Transformación Digital de Iberdrola, la eléctrica cuenta ya con más de 150 casos de uso generados con IA tradicional, entre las que destacan aplicaciones como Meteoflow, que permite predecir en base a las variables meteorológicas, cuanta energía va a producir cada aerogenerador. Para Claudia Gómez, responsable de Senniors, una empresa centrada en los cuidados a personas mayores, las aplicaciones de la IA, permitirán aliviar la presión sobre el sistema sanitario al reducir las cifras de reingresos de pacientes crónicos, ya que podrán ser atendidos y monitorizados remotamente desde sus hogares. Sin embargo, según Armando Martínez, socio responsable de consultoría tecnológica e IA de PwC, es fundamental buscar una orientación de valor a los casos de uso basados en la aplicación de la IA, ya que existe el riesgo de decepcionar las expectativas. Martínez citó un reciente informe de Gartner que señala que el 45% de los CEO están descontentos con los proyectos de IA implantados en las organizaciones que dirigen porque no han cumplido las previsiones. En este sentido, Manuel Matos, CEO de la consultora tecnológica Tokiota, explicó que ha notado un enorme interés en sus clientes empresariales a la hora de abordar la IA, que ya en este ejercicio ha habido presupuestos concretos para desarrollar proyectos y que para 2025 el cambio va a ser mucho más profundo todavía, por la enorme aceleración de los desarrollos de los gigantes tecnológicos.

El euríbor a doce meses apunta a un cierre de este noviembre en el 2,51%. Es un nuevo suelo que el índice de referencia de las hipotecas no transitaba desde septiembre de 2022. El impacto no es menor. Así, para los titulares de un préstamo de 150.000 euros a tipo variable con un diferencial del 0,99% más euríbor puede suponer un alivio de más de 130 euros mensuales. Es la principal consecuencia de la política de relajación de los tipos de interés que viene aplicando el Banco Central Europeo (BCE). El euríbor, que adelanta ese movimiento desde hace meses, cerrará hoy noviembre con ese 2,51%. Son 1,51 puntos porcentuales menos que el 4,02% del mismo mes del año pasado. Respecto al 2,69% de octubre el descenso es de 0,18 puntos porcentuales. Esta tendencia ayuda a seguir recuperando la firma de hipotecas en Euskadi. La demanda crece gracias a la bajada de los tipos y por una banca cuya estrategia pasa ahora por aumentar clientes. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados ayer, la firma de estas pólizas creció un 40,4% en septiembre. En total, los vascos suscribieron 2.290 hipotecas. La reactivación del mercado se acusó de forma más evidente tras el verano, pero en el tercer trimestre ya se apuntó con firmeza. Así, entre julio y septiembre se concedieron 5.614 créditos en el País Vasco, un 22% más que en el mismo periodo de 2023. La inercia positiva se ha reproducido también en el conjunto de España, donde el incremento de formalización de hipotecas ha sido algo menor, un 33,9%, pero también notable. Las comunidades con las mayores tasas de variación anual fueron Galicia (73,7%), Extremadura (55,6%) y La Rioja (50,3%). Por su parte, las que presentaron los menores aumentos fueron la Comunidad de Madrid (19,6%), Cataluña (28,6%) y Comunidad Valenciana (29,1%). Ninguna autonomía presentó una evolución negativa.

El Consejo de Ministros autorizó ayer a la operadora Saudí Telecom Company (STC) la toma del 9,97% del capital de Telefónica, con el consiguiente permiso para ampliar su participación desde el 4,9% que actualmente controla. La operación está supeditada al cumplimiento de una serie de condiciones que la compañía saudí ha aceptado “de forma voluntaria para garantizar que se asegure el elemento estratégico y la autonomía operativa de Telefónica, de forma que se salvaguarden los intereses nacionales y se proteja esa infraestructura crítica”, según aseguró el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. STC destacó que el acuerdo lo sitúa como un “socio estratégico de Telefónica a largo plazo” y confirmó que le permitirá la entrada en el consejo de administración. La operación se consolida más de un año después de la sorpresiva irrupción del grupo en el accionariado de la compañía española, y tras múltiples encuentros entre los directivos de STC y miembros del Gobierno saudí con sus homólogos de Telefónica y del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Como recalcó Cuerpo, el carácter estratégico de la multinacional española en materia de seguridad nacional y comunicaciones hacía muy delicada la operación, anunciada en septiembre de 2023. “Esta autorización ha sido seguida de un análisis exhaustivo por parte de las autoridades españolas en base no solo al cumplimiento de nuestra legislación vigente, sino por otras consideraciones como asegurar el interés nacional en materia de defensa y, por supuesto, ese elemento estratégico que tiene que ver con las infraestructuras de telecomunicaciones y la importancia de Telefónica en este ámbito”, recalcó el ministro de Economía.

“Las promesas deben respetarse: las reglas no se pueden cambiar a mitad de partido”. Esta frase de David Gómez, consejero delegado de Iber-eólica, resume la posición de los inversores afectados por el recorte a las primas renovables, que ha derivado en más de una veintena de laudos que condenan a España a indemnizar a las empresas perjudicadas. En el marco de la IV Conferencia Internacional sobre energías renovables, inversión y seguridad jurídica, celebrada en Bruselas en las últimas semanas, Gómez explicó que las promesas de incentivos o regímenes especiales para atraer inversiones no tienen sentido si el país incumple sus compromisos. “Los cambios regulatorios destrozaron la rentabilidad de nuestros proyectos, hasta llevarla casi a cero”, aseguró el CEO de Ibereólica. El grupo español de renovables es el protagonista del caso Renergy, cuyo último capítulo se vivió en el pasado agosto con la desestimación de la solicitud de anulación del laudo que condena a España a pagar una compensación de 32,9 millones de euros. David Gómez explica que la compañía tuvo que refinanciar todas sus inversiones, entre ellas dos plantas termosolares en Sevilla y Badajoz, y apenas ha podido repartir dividendos. Esto ha llevado “prácticamente a cero” el margen de negocio de una inversión que cifró en torno a 100 millones de euros.

Donald Trump ha dado pistas algo contradictorias en la selección de los altos cargos de su equipo económico. El presidente electo de EE UU, sin embargo, ha marcado el terreno con lo que son las tres prioridades con las que afrontará el nuevo mandato cuando tome posesión el próximo 20 de enero. Los aranceles a las importaciones —como castigo o herramienta de negociación—, las rebajas generalizadas de impuestos y el impulso a la producción de energías fósiles definen su programa económico. Las sensibilidades de los escogidos son diferentes, pero su autonomía de decisión será limitada. Trump recibe como herencia una economía en buena forma, pero está dispuesto a marcar diferencias con su antecesor, Joe Biden, desde el principio. Los hombres clave del equipo económico de Trump serán el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el zar de la energía, Doug Burgum; el representante comercial, Jamieson Greer; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, y el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought. A ellos se suman, desde fuera del Gabinete, Elon Musk y Vivek Ramaswamy al frente del autodenominado —aunque orgánicamente inexistente— Departamento de Eficiencia Gubernamental. Aun sin contar con los secretarios de Energía, Trabajo, Transporte, Vivienda y Agricultura, con un papel subsidiario, los planteamientos de los principales espadas de la política económica trumpista son en muchos aspectos contradictorios.

El Senado de Australia aprobó ayer una ley pionera que prohibirá el acceso de los menores de hasta 16 años a las redes sociales y contemplará multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (30,6 millones de euros) a las plataformas por infracciones sistemáticas. El texto, que entrará en vigor en 12 meses y afectará a las redes más usadas por los jóvenes, como TikTok o Instagram, recibió el visto bueno del Senado con 34 votos a favor y 19 en contra, con apoyo de parte de la oposición, un día después de ser aprobado en la Cámara de Representantes por 101-13. El texto tiene que volver al Congreso para su aprobación definitiva, con la incorporación de una serie de enmiendas. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, señaló hace una semana que el uso excesivo de las redes sociales supone un riesgo para la salud física y mental de los menores, en particular para las niñas, por las representaciones nocivas de la imagen corporal y los contenidos misóginos que se difunden. “Casi dos tercios de los australianos de entre 14 y 17 años han visto en internet contenidos extremadamente nocivos, como consumo de drogas, suicidio o autolesiones”, apuntó la ministra de Comunicaciones, Michelle Rowland, en el Parlamento. La senadora laborista Jenny McAllister explicó ayer que el Gobierno persigue que las plataformas digitales —Meta (Instagram y Facebook), Tiktok, X, Reddit y Snapchat— tomen “las medidas necesarias” para que los menores de hasta 16 años no abran ni tengan una cuenta en esas redes sociales. De lo contrario, podrían afrontar multas “intencionalmente grandes” de hasta 30,6 millones de euros. La ley busca proteger a los menores del acoso y de potenciales problemas de salud mental y para ello introduce una nueva categoría llamada “plataformas de medios sociales con restricciones de edad”, que prohíbe tanto la creación de nuevas cuentas como el mantenimiento de las antiguas a dichos menores. La ley no impone sanciones para los usuarios o los progenitores que la infrinjan. Se trata del límite de edad más alto planteado por un país hasta la fecha, y no existirá ninguna exención respecto al consentimiento de los padres.