20240204

EH Bildu ganaría en escaños las próximas elecciones autonómicas, el PNV sufriría un importante desgaste a pesar de que seguiría siendo la fuerza más votada y la mayoría absoluta que suman jeltzales y el PSE-EE en el Parlamento estaría en peligro. Los datos del sondeo elaborado por Ikerfel para El Correo vaticinan un revolcón en el escenario político vasco, a la espera de saber la fecha definitiva de los comicios, en un contexto muy volátil y con muchas incógnitas abiertas. El reparto de asientos, además, varía por la fragmentación entre Sumar y Podemos. Por separado, como todo apunta, la formación morada se quedaría sin representación y la liderada por Lander Martínez podría obtener hasta tres escaños. El PP se movería alrededor de los seis representantes que tiene en la actualidad, mientras que Vox tiene algunas opciones de repetir en la Cámara de Vitoria. De confirmarse estos resultados, la estabilidad del Gobierno vasco dependería de diversas variables. Nada puede darse por seguro. De hecho, podría haber un escenario similar al de 1986, cuando el PSE-EE ganó en escaños pero el PNV en votos. Un dato: un 22% de los que apoyaron a los jeltzales en Juntas el año pasado ahora no lo tienen claro. Sin llegar a esa cifra, el porcentaje de indecisos en el resto de formaciones también es elevado, salvo en Bildu. La mayoría absoluta del PNV y el PSE-EE también está en el aire. En el mejor de los casos llegarían a los 38 escaños que otorgan la tranquilidad. Ahora tienen 41. Otro factor a tener en cuenta es la abstención. La muestra señala que sería del 40,1%, diez puntos menos que en 2020, unas elecciones celebradas en plena pandemia. El dato de los próximos comicios sería muy similar al de 2016. Y si la participación sube, en principio, el PNV podría mejorar sus resultados. La coalición soberanista, que presenta como candidato a Pello Otxandiano, se movería alrededor de los 27 escaños, seis más de los que tiene en la actualidad y una cifra a la que nunca ha llegado.

Pese al aumento, los empresarios se quejan de las trabas y negociarán este mes el impulso a la contratación en origen. En la envejecida Euskadi, que ya tiene más trabajadores mayores de 55 años que menores de 35, hacen falta inmigrantes en el mercado laboral y, de hecho, los extranjeros han ocupado gran parte de los puestos generados en los últimos ejercicios. Sin embargo, su contratación sigue siendo un auténtico calvario que les condena a ellos a trabajar en ‘negro’ durante años hasta conseguir los papeles y a las empresas a esperar con miles de vacantes sin cubrir. La reforma impulsada por el exministro de Seguridad Social José Luis Escrivá en el verano de 2022 supuso un impulso notable hasta el punto de que las autorizaciones de trabajo a extranjeros están en niveles récord en una década, al superar las 10.000 hasta octubre. Pero todavía quedan muchos obstáculos por despejar. En el verano del pasado 2023, se amplió por primera vez en décadas el catálogo de difícil cobertura con seis profesiones, relacionadas especialmente con la construcción: carpinteros metálicos, montadores de carpintería metálica, instaladores electricistas de vivienda, instaladores electricistas en general y diferentes operadores de grúa. Eso fue en verano y al cierre de noviembre apenas se habían registrado 29 contratos en toda España. La patronal vizcaína del Metal (FVEM), que acaba de publicar un estudio en el que advierte de que un 44% de las empresas deja de cubrir vacantes por falta de candidatos, aporta otra visión. «Necesitamos profesionales y recurrimos a todas las opciones para atraerlos. Pero la contratación en origen es un camino nuevo, muy complicado, que implica unos trámites de Extranjería (reclutamiento, visado, contrato...) que se alargan más de siete meses. ¿Qué pyme puede permitirse ese esfuerzo?», apunta su director gerente, Adolfo Rey. Por otro lado, las personas que ahora están en el paro están muy alejadas del sector industrial», explican. En Confebask ahondan en este punto. «Tenemos un récord histórico de empleo y el paro está en mínimos, sin olvidar que el 70% de los parados solo tienen estudios básicos. Pero incluso aunque todos se recualificaran, necesitaríamos atraer extranjeros con formación por la demografía», apunta Carlos Pereda, responsable de Empleo en la patronal. Los empresarios abogan por impulsar todas las vías posibles, incluida la contratación en origen y están expectantes ante la primera reunión de los agentes sociales con Lanbide para debatir cómo ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en Euskadi. «Será a mediados de este mes», explica Pereda. Confebask pretende incorporar todos esos perfiles para los que no se encuentran profesionales (ingenieros, fabricación mecánica, mantenimiento industrial...), pero sabe que no será fácil. «Se necesita que en la mesa de diálogo haya unanimidad para introducir un determinado oficio en la lista provisional que nos llega del servicio público de empleo y luego la propuesta se devuelve a Madrid para su ratificación», añade. Para CCOO la falta de trabajadores se debe a las malas condiciones y también en que hay que priorizar a los parados.

 Hace nueve meses que Leo Moreno, el nuevo consejero delegado, aterrizó en Solarpack. La empresa vasca impulsada por José Galíndez y Pablo Burgos logró poner en marcha plantas fotovoltaicas con una potencia de 1 GW y atrajo la atención del fondo de inversión sueco, EQT, que la adquirió por 800 millones. Ahora, Moreno pilota un plan de expansión que prevé llegar a los 8GW en 2026 y ampliar la presencia en mercados como el norteamericano introduciendo la eólica, el hidrógeno y el almacenamiento. Leo Moreno viene de dirigir la división de renovables en Estados Unidos de una de las principales energéticas internacionales, AES. Además, presidió la asociación de compañías de energía verde del país norteamericano. Elevará a mil los empleados y la empresa mantendrá la sede en Euskadi asegurando una identidad que también le lleva a bautizar con nombres de montes vascos sus plantas de India o América. "Es un orgullo enorme tener este origen y la sede seguirá aquí. Hay disponibilidad de grandes profesionales y una base de ingeniería muy fuerte. Iremos, además, a un nuevo edificio, en el centro de Bilbao, porque estamos creciendo. Allí seremos 164 personas, pero el conjunto de la compañía pasará de 700 a mil trabajadores en todo el mundo...También vamos a transformarnos en una compañía multitecnología, incorporaremos eólica, baterías e hidrógeno verde. Será, y este es el tercer punto de la estrategia, en una expansión muy fuerte. Hoy tenemos 17 GW para poder desarrollar y vamos a multiplicarlo por cinco en 2026. La idea es que la compañía tenga esa potencia, en un 50%, en Europa, España, Italia y Alemania. Entre un 20 y un 30% en Estados Unidos y el resto en Latinoamérica y Asia, donde ya tenemos presencia...Una de las ventajas que tenemos es que tenemos el soporte de uno de los tres fondos de infraestructuras más grande del mundo. Tiene más de 200.000 millones. En un momento en el que la industria tiene más problemas de financiación, nos hace muy competitivos...En Europa, el problema está en la burocracia para tramitar los permisos ambientales. Y, por otro lado, en la falta de estructuras y proyectos para impulsar con decisión el almacenamiento, las baterías. Van a ser determinantes para dar garantía de suministro a la energía renovable. En Estados Unidos esto se ha activado ya, pero en Europa todavía no ha pasado...2

El reciente acuerdo entre el PNV, el PSE y EH Bildu para alumbrar la Ley de Transición Energética y Cambio Climático nace con un reto tan ambicioso como complicado. Pretender dar un impulso definitivo a un tema muy polémico en Euskadi como es el despliegue de parques eólicos o fotovoltaicos en nuestros montes y pueblos –tradicionalmente criticado desde la izquierda abertzale y organizaciones ecologistas y vecinales–. Los principales protagonistas del acuerdo y las dos principales empresas que hoy promueven parques eólicos en el País Vasco, Statkraft y Capital Energy, coinciden en que esta nueva ley «allana el camino al despliegue de las renovables», al implicar a las promotoras de estas instalaciones con los municipios afectados y la economía local. Los tres partidos, además, se marcan el reto de concienciar a la ciudadanía de la necesidad de arrimar el hombro para fomentar las renovables en plena crisis energética y ante el reto de la descarbonización. En este sentido, los ‘padres’ de la ley confían en que sirva de bálsamo frente a movimientos contra parques eólicos como el protagonizado esta misma semana por los alcaldes de cuatro municipios del Urola, tres de ellos precisamente en manos de los mismos partidos que han pactado en el Parlamento Vasco la Ley de Cambio Climático. Se trata de Azkoitia (PNV), Azpeitia (EH Bildu) y Zumarraga (PSE), además de Ezkio-Itsaso (Ezkio Eraikiz), que se han unido (incluso con foto conjunta de por medio) para rechazar el parque eólico de Buruzai, promovido por Capital Energy. Es este último, dicen los legisladores, el típico caso de ‘renovables, sí, pero no en mis montes’, nada fácil de combatir. 

Con el mercado laboral casi en pleno empleo, la falta de mano de obra es cada vez más palpable en la economía alavesa. Aunque se buscan trabajadores prácticamente en todos los sectores, si hay uno en el que destaca la carencia es el de los ingenieros, convertido en un «zoco» a los ojos de empresas como Adecco. Para conseguir retener el talento alavés, el Colegio Profesional de Ingenieros Industriales celebró ayer el ‘Foro Ingeniería y Empleo’. En su octava edición, casi medio centenar de jóvenes acudieron a la sede de la calle Bizkaia para escuchar qué ofrecen para ellos firmas como Aernnova, Michelin, Mercedes, AVS, Idom o Accenture. ¿El objetivo de la jornada? «Enseñarles que aquí, en casa, tenemos trabajos interesantes, muy atractivos y muy potentes», resume Alberto Díaz, gerente del colegio profesional. Ante el reto del talento, lo que proponen los ingenieros colegiados con este evento es «un ‘win-win’: para los chavales supone la oportunidad de conocer seis empresas punteras de la provincia que están buscando talento». «La industria tiene ante sí dos grandes retos: la transición digital y la transición energética y medioambiental. Y en ambas, esa profesión es clave», reivindica Díaz. En esa búsqueda de mano de obra cualificada las empresas afrontan como primer desafío que el talento alavés no se vaya del territorio. 

El megaproyecto urbanístico de Zorrozaurre implica mover muchas toneladas de tierra y también cantidades enormes de dinero. Hay que demoler, descontaminar, urbanizar, construir nuevos edificios y luego, para compensar todo lo anterior y sacar un poco más, vender pisos. Siempre es lo mismo en estos casos. Y siempre están ahí los fondos de inversión, que se van moviendo por el mundo en busca de rentabilidades y que tienen a Bilbao en el radar. Al menos tres de ellos planean ahora sobre el centro de la isla, única parte pendiente de reparcelación y donde está previsto construir 1.750 pisos, unidad de medida muy útil para hacerse una idea de la dimensión del negocio. De hecho, al menos uno de esos grupos inversores ya ha manifestado interés por comprar los 42.000 metros cuadrados de 28 propietarios pequeños y medianos, lo que vendría a suponer la cuarta parte de todo el suelo que queda por desarrollar.

El Gobierno se encuentra inmerso en la elaboración de los Presupuestos Generales para este año, donde la mayor dificultad va a ser lograr el apoyo parlamentario suficiente para aprobarlos, con Junts haciendo valer a precio de amnistía cada uno de sus votos. Si no llegaran a aprobarse los nuevos Presupuestos, el Gobierno funcionará con las cuentas de 2023 prorrogadas, como ya hizo en 2019 y 2020. En realidad, el Presupuesto es como un transatlántico que pesa demasiado y al que es difícil cambiar el rumbo de repente porque lo mantiene aunque solo sea por inercia. Causas excepcionales, como la pandemia del coronavirus, obligan a tomar medidas extraordinarias y los fondos europeos ‘Next Generation’ han permitido dar un impulso a la inversión que de otro modo hubiera sido imposible. El Plan Presupuestario del Gobierno contempla alcanzar los 694.268 millones de gasto público este año, el 45% del PIB y un 8% más que en 2023. Pero el último ejercicio certificado por la Intervención General del Estado y que permite analizar el detalle de la ejecución presupuestaria es 2022. Se superaron los 637.500 millones de euros y solo con el gasto comprometido en pensiones y en remuneración de los cerca de tres millones de empleados públicos se decide casi el 70% del total. En el reparto por partidas, las prestaciones sociales (donde el 80% son pensiones) se llevaron el 45,6% del gasto total; la remuneración de asalariados, el 24,3%; los consumos intermedios (como las camas para un hospital, los pupitres o pantallas para los colegios, etc) absorbieron el 12,4% del gasto; para la inversión quedó el 6% y un 11,7% para el cajón de sastre de ‘resto’. España muestra un peso relativamente elevado, desde una perspectiva europea, en partidas como las prestaciones sociales y los pagos de la deuda, pero un peso relativamente menor en educación e inversión pública. Un gasto público con menor peso en inversión y educación suele estar asociado con menos crecimiento potencial de la economía y con una menor capacidad para reducir la desigualdad, según el Banco de España.

El nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se muestra satisfecho con el crecimiento español pero defiende que este venga acompañado de justicia social. “Tenemos que trabajar para que los sueldos más bajos, los de los jóvenes, suban más”, asegura en una entrevista. “No se trata de crecer por crecer, sino que tiene que haber un elemento de justicia social, una redistribución”, remarca este economista extremeño, que se muestra preocupado por la brecha industrial que se está abriendo entre Europa, por un lado, y Estados Unidos y China, por otro. " Lo que estamos viendo en los datos es que tenemos un crecimiento muy fuerte, que se ha mantenido en la segunda parte del año. El crecimiento y la creación de empleo están siendo muy robustos. Y la inversión extranjera en España demuestra la confianza de los inversores en nuestro país...La inversión relacionada con productividad, con la competitividad de nuestro sector empresarial, es una de las prioridades de esta legislatura. Hemos anunciado la creación del consejo de la productividad, que estará en marcha en los próximos 100 días. Los fondos europeos son clave para aumentar la productividad. Ahí vamos a intentar actuar en muchos ámbitos. Tenemos que hacer un análisis profundo para ser capaces de ayudar a las empresas y darles todas las garantías para que aumenten sus niveles de inversión. Los fondos no están sustituyendo a la inversión privada, al contrario, están siendo complementados con mayor inversión...Tenemos una visión muy clara de dónde tenemos que incidir, con una actuación para acompañar a las pymes para que crezcan. Porque tenemos un sector empresarial muy atomizado, más pequeño que la media europea. Hay una correlación muy clara entre tamaño, productividad y competitividad. Es decir, a mayor tamaño de empresas más acceso a los mercados exteriores y mejores salarios asociados a puestos de trabajo de más valor añadido. Tenemos que conseguir que este círculo se active..."

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado que los bancos tienen que "contribuir más" en momentos de crisis después de conocerse en los últimos días los resultados récord registrados en 2023 por BBVA, Banco Santander, Bankinter, Sabadell y CaixaBank. "La esperanza nunca defrauda. Formo parte de un Gobierno en el que a veces cuesta mucho sacar las políticas públicas adelante. Si no tuviera esperanza, no haría lo que hago (...) Estamos transmitiendo esperanza cuando decimos que la banca española tiene que contribuir más en momentos de crisis en nuestro país y aunque tengamos que tener paciencia, lo vamos a conseguir", ha subrayado.

El Consejo de Ministros aprobará este martes la subida en un 5% del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.134 euros mensuales desde los 1.080 euros actuales. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto electoral en Ourense. El incremento en 54 euros se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero y, como es por 14 pagas, supone un aumento de 756 euros al año. Esta subida del 5% fue acordada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos UGT y CC OO en una reunión del diálogo social. Sin embargo, el acuerdo no contó con el apoyo de CEOE, que previamente había propuesto una subida del 4%. Los sindicatos habían puesto como línea roja un incremento del 5% y es lo que finalmente se pactó. Los empresarios se desmarcaron del acuerdo una vez que Trabajo les comunicó que no aceptaban las dos condiciones que había reclamado la patronal: revisar los precios de los contratos públicos con la inflación y con el nuevo SMI y bonificar un 20% las cuotas de los trabajadores del campo.

"...Casi la mitad del crecimiento registrado en la segunda parte del 2023 se explica directamente por el consumo de las administraciones, a diferencia de otros países europeos donde la contribución del consumo público ha sido nula. Por otra parte, el agujero presupuestario apenas se ha reducido pese al tirón de la economía, según los datos disponibles hasta noviembre. Esta trayectoria no parece sostenible, en primer lugar, por la reactivación de las reglas fiscales europeas y la elevación de las cargas financieras que entraña una deuda pública elevada en un contexto de tipos de interés altos. La situación de prórroga presupuestaria, tal vez por un tiempo prolongado, también cambia las tornas. Si bien dicha prórroga no se aplica a los pagos de intereses, las pensiones ni (probablemente) los salarios públicos, otras partidas de gasto permanecen congeladas. Los ingresos, por su parte, se incrementarán como consecuencia de los ajustes de IVA y de otros impuestos energéticos, y de la no deflactación de las tarifas tributarias, dando paso a un giro fiscal restrictivo. La cuestión de fondo es cómo corregir los desequilibrios presupuestarios, sin que descarrile la expansión. A este respecto, la experiencia de tiempos anteriores, tanto la más traumática como la más exitosa, y la de los socios comunitarios, evidencia el papel central de la gradualidad en los ajustes y de la evaluación del impacto de las medidas: conviene proceder con bisturí y tener en cuenta las transformaciones del tejido productivo, que puede no responder por igual a los estímulos que funcionaron en el pasado..."

Ucrania continúa transfiriendo gas y petróleo ruso a la UE a través del gasoducto de tránsito por Ucrania y del oleoducto Druzhba. Mientras Rusia bombardea a diario sus ciudades, el gas y el crudo procedentes de Siberia, del mar Caspio y de los Urales sigue circulando por el país rumbo a la UE. A final de año expira el contrato que firmaron en 2019 las empresas estatales rusa y ucrania —Gazprom y Naftogaz— para transportar gas. Eran otros tiempos: la relación entre Moscú y Kiev era tirante pero aún había comunicación. Hoy, con la invasión iniciada en 2022 por Rusia, el Gobierno ucranio no tiene intención alguna de renovar el acuerdo. Pero sí se abre a que otros operadores europeos pacten con Rusia el uso de su infraestructura. La anomalía podría prolongarse más allá del 31 de diciembre, aunque Bruselas ya está mandando señales de que su intención es dejar de recibir gas por esa vía, aunque eso suponga complicar el rompecabezas de varios Estados miembros: Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Austria e incluso Italia continúan dependiendo del gas y petróleo ruso que llega a través de Ucrania. A diferencia del crudo ruso que viaja por vía marítima, el que entra por oleoducto no está afectado por las sanciones con las que la UE trata de reducir los ingresos del Kremlin. Por ahora.

Imanol Pradales (Santurtzi, 1975) afronta estos días una auténtica maratón de entrevistas, a las que se suman las reuniones con la Euskadi económica, empresarial y social para tomar el pulso al país que aspira a gobernar. A la vez gestiona las responsabilidades de su cargo como diputado foral vizcaíno de Infraestructuras, en el que seguirá hasta que el lehendakari convoque las elecciones. «Lo mantengo porque tengo un equipo muy bien engrasado», justifica un Pradales que demuestra una férrea determinación para sortear los charcos. "Hace falta una labor de ‘lobby’ muy exigente para que el Arco Atlántico tenga el peso que se merece, con Euskadi en una posición de liderazgo en ese eje. La alianza que ha lanzado el lehendakari va en el buen camino. Apuesto por reindustrializar el país como se hizo en los ochenta. Con los niveles de natalidad que tenemos necesitamos atraer a gentes de otros lugares del Estado, de Europa y del mundo para que trabajen aquí...El euskera no es barrera para atraer talento sino un patrimonio único y una joya lingüística. Conozco a muchos profesionales de otros lugares del mundo que se han integrado sin ningún tipo de problemas, aun no sabiendo castellano...Si observamos los rankings de las empresas más competitivas del mundo veremos que la diversidad de colores, de culturas y de lenguas enriquecen el proyecto...Los sindicatos de este país son variados y diversos. Necesitamos un marco autónomo vasco de relaciones laborales y una cultura del trabajo basada en el diálogo y la negociación permanente. Creo en esa fórmula, propia de los países más avanzados, para rebajar la conflictividad laboral...Somos menos del 5% de la población del Estado y concentramos una de cada dos huelgas. Hay un millón de personas ocupadas en Euskadi, de ellas 165.000 funcionarias, pero la mayor parte de la conflictividad se concentra en el sector público. Esto nos debe hacer reflexionar. No es una buena situación para el país, ni para los trabajadores ni para los empresarios. La huelga debería ser el último recurso, algo extraordinario y no ordinario..."

La líder del Sinn Féin en Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, fue elegida ayer como ministra principal de la región, logrando que por primera vez en la historia una persona católica o nacionalista ocupe esa posición. La elegida compartirá la dirección del Ejecutivo con la viceministra principal, la unionista Emma Little-Pengelly. Ambas tendrán los mismos poderes. El nombramiento se basa en el sistema de Gobierno compartido que da al partido con más escaños el derecho a imponer quién ocupa el puesto simbólico de liderazgo, y al partido mayoritario de la otra ideología, en este caso los unionistas, el derecho a nominar a la viceprimera ministra. En las elecciones de 2022, el Sinn Féin obtuvo 27 diputados y el Partido Democrático Unionista (DUP), 25. Se adjudica a James Craig, primer ministro del Gobierno de Irlanda del Norte tras la partición de la isla en 1921, la descripción de la asamblea regional como «un Parlamento protestante para la gente protestante». La exactitud de la adjudicación no es segura, pero el hecho es que desde entonces las instituciones han sido siempre presididas por un político unionista. O’Neill y la abogada Little-Pengelly son ambas hijas de militantes de grupos terroristas antagónicos que cumplieron penas de cárcel. En sus discursos de aceptación del cargo subrayaron su compromiso para colaborar con todos los partidos que tienen representación en la Asamblea autonómica para hacer frente a lo que también ambas describieron como «grandes retos». Y las dos concluyeron sus discursos mencionando la necesidad de crear un mejor futuro para los jóvenes. Antes hablaron de problemas sociales como el coste de la vida, la sanidad, las drogas, la educación, las infraestructuras… Pero ninguna referencia a la violencia. En 2023 no hubo ningún asesinato por grupos terroristas por primera vez en 54 años, desde 1969.