20250129

Euskadi se desmarcó del buen comportamiento general que tuvo el mercado laboral el año pasado, según la encuesta EPA elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es más, de acuerdo con estos datos fue el territorio que más empleo destruyó y que mayor repunte del paro sufrió. Así, la tasa terminó el ejercicio en el 8,17%, muy por encima del 6,38% de 2023. Esta fuerte subida no solo hizo que dejara de ser la comunidad con menos desempleo de España sino que cayó a la quinta posición en el ránking, por detrás de Navarra (6,6%), Aragón (7,62%), Cataluña (7,87%) y Asturias (8,09%). Los resultados de la EPA no encajan con los de otras fuentes estadísticas como la encuesta PRA, elaborada por el Eustat, o el registro de la Seguridad Social. Hay, por tanto, que analizarlos con cautela, pero sí muestran coincidencias en algunas tendencias preocupantes. Una de ellas es la dificultad que tiene Euskadi para seguir bajando el paro. Lanbide ya daba cuenta de ello y lo mismo el Eustat, que recogía un recorte mínimo del 7,2% de 2023 al 7,1% en 2024. La EPA muestra este problema de forma mucho más exagerada. Recoge un incremento de 17.400 parados en el ejercicio (un 24,9%) hasta alcanzar un total de 87.200. No obstante, dentro del País Vasco hay importantes diferencias por territorios: en Gipuzkoa bajó al 4,6% –la tasa más baja desde 2007–, mientras que en Álava repuntó hasta el 7,8% y en Bizkaia se disparó al 10,2%. En la creación de empleo, más de lo mismo. La EPA arroja una pérdida de 43.400 puntos de trabajo en Euskadi, un 4,2%, hasta situar la cifra de ocupados en 980.800. Esta destrucción de empleo, la mayor de toda España, no encaja con los datos de la PRA (aumento de 15.700 trabajadores) ni con los de la Seguridad Social (incremento de 11.563 cotizantes).

Hace apenas unos días, el Eustat reflejaba que el número de ocupados creció en Euskadi en 15.700 personas el año pasado y situaba la cifra total en 995.100, ligeramente por debajo de la aportada por la Seguridad Social, que arrojaba un total de 1.024.511 cotizantes, con un incremento en el último año en 11.563 personas. En cuanto al paro, los datos del Eustat mostraban que la tasa se redujo en 2024 al 7,1%, una décima menos que la registrada el año anterior, a pesar de que a final de año había 100 personas más en esta situación que hace un año. Así, estimaba en 75.600 el número de personas en situación de desempleo, por debajo también de las 107.380 personas registradas en Lanbide. ¿Por qué esta diferencia? Para empezar, porque la EPA y el Eustat son encuestas, que se realizan en base a muestras de población diferentes y con diferentes metodologías. De ahí, determinar cuál es la más fiable, depende del gusto de cada uno o la interpretación que cada uno le quiera dar. Y, en segundo lugar, tanto en el caso de los datos del paro de Lanbide como los de cotizantes de la Seguridad Social se trata de un registro. "Las encuestas se basan en una determinada muestra de población que se supone que es representativa y los suficientemente grande para que sea un reflejo de la sociedad vasca o española, según el caso. Lo que se hace es preguntar a la gente cuál es su situación laboral. Esto es diferente a los registros en las instituciones de empleo", explica Josu Ferreiro, catedrático de Economía de la UPV/EHU. “En este registro son las personas las que acuden a las oficinas de empleo a inscribirse y lo que quiere decir es que están en la búsqueda activa de un empleo, aunque no en todos los casos se trate de personas desempleadas. Puede tratarse de personas que quieren cambiar de trabajo. Y, por otro lado, está el caso de los fijos discontinuos. Por ejemplo, una persona que trabaja solo dos meses al año y el resto del tiempo cobra una prestación por desempleo, en este caso no consta como desempleada porque tiene un contrato con una empresa, se le considera empleada u ocupada”, añade.

Gipuzkoa puede presumir de haber cerrado el pasado 2024 como el territorio con una menor tasa de paro de todo el Estado. La Encuesta de Población Activa, que publicó ayer el INE, vuelve a mostrar que resistió muy bien la desaceleración económica, ya que cerró el año con 16.200 ocupados más respecto al trimestre precedente y redujo su tasa de paro al 4,64%, la más baja desde 2007, antes de la crisis financiera. En Gipuzkoa, a cierre de 2024, se estima que había 15.500 parados, la cifra más baja de la historia, solo igualada por la lograda en el tercer trimestre de 2007, justo antes de que estallara la burbuja financiera. La bajada en el último año se sitúa en casi 7.000 personas. Nuestro territorio recupera así a final de año la cabeza en la tabla de provincias con menor tasa de desempleo del conjunto del Estado, un ‘liderato’ que había perdido en los últimos trimestres con Soria, Burgos, Segovia o Teruel. El descenso fue más acentuado entre las mujeres que entre los hombres. De hecho, el desempleo se redujo en las féminas en 3.900 personas, hasta las 6.600, mientras que en los varones fue de 3.100, hasta quedarse en 8.800. Con esta evolución la tasa de paro se redujo casi dos puntos en el último año al pasar del 6,41% en 2023 al 4,64% en 2024, situándose ya por debajo del 5%, que se considera pleno empleo técnico. La encuesta EPA que elabora el INE presenta así mejores resultados que la reciente de la PRA (Población en Relación con la Actividad), realizada por el Eustat. Según el organismo vasco, el paro guipuzcoano terminó 2024 con una tasa del 5,7%, una décima por encima de la del 2023. A pesar de que el mercado laboral guipuzcoano aguantó con fuerza el año pasado a todas las incertidumbres económicas que atraviesa la economía europea, lo cierto es que se produce una curiosa paradoja, puesto que el descenso del paro que presenta la EPA también trae consigo una caída en el número de ocupados respecto a hace un año. Una cuestión que podría explicarse por la salida del mercado laboral de trabajadores en edad de jubilación y también porque muchos de los que han perdido su empleo desisten de buscar otro trabajo. 

Ocho días después de que trascendiesen los planes de Guardian para cerrar su fábrica de Llodio, el desmantelamiento de la antigua Villosa da hoy sus primeros pasos. La multinacional americana empezará a apagar esta mañana el horno de vidrio flotado. Lo hará entre fuertes presiones de una plantilla concentrada desde las 7.00 horas frente a la histórica planta alavesa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó ayer la última intentona del sindicato ELA de frenar el proceso de paralización de la infraestructura clave para producir en la factoría. El alto tribunal desechó las medidas cautelares solicitadas por la central de Mitxel Lakuntza porque «técnicamente el TSJPV carece de fundamento probatorio para aceptar algo tan decisivo como es la irreversibilidad del apagado del horno». La Justicia desecha el argumentario del principal sindicato en Guardian, que alegaba que el comité no conocía los daños del horno hasta que se le comunicaron los despidos. En parte, porque se detectaron en una inspección a finales de octubre. «Planteados así los hechos, el Tribunal ha de dudar de que durante tres meses ningún trabajador o técnico al servicio de la empresa constatara la existencia de los daños; es decir, no parece verosímil que la empresa lo ocultara», afirma el dictamen del Superior vasco. ELA pretendía repetir lo que en su día consiguieron los sindicatos de Alcoa en Lugo. Pidieron medidas cautelares para que no se parasen las cubas de aluminio en la planta gallega y el Superior de esa comunidad autónoma atendió a sus peticiones. Pero esta vez no será así.

«Hay inversores interesados en Astilleros Balenciaga, por lo que pedimos a Cofides que no les bloquee». En esos términos se pronunciaron ayer los trabajadores de la firma zumaiarra, quienes se concentraron frente a la delegación del Gobierno en San Sebastián para reclamar «compromiso» a las instituciones competentes. No en vano, el delegado de CCOO en el comité, David Tejera, señaló que la administradora concursal les trasladó que «el plan planteado entre el Gobierno Vasco y el central, a través del Ministerio de Economía, para buscar inversores no vale para nada porque parece que no entra dentro de la legalidad». Ante ello, el representante sindical subrayó que «parece que vamos hacia la deriva, hacia un ERE de extinción si no entra ningún inversor». En esta línea, la administración concursal comunicó a los trabajadores que el plazo del ERTE se prorrogaba «otros dos meses, hasta el 31 de marzo», por lo que a la compañía le restan dos meses para encontrar un socio inversor. Fuentes de la plantilla de la firma zumaiarra afirman que hay tres inversores que han mostrado un interés por reflotar la centenaria compañía. Son socios industriales que bien operan en el sector o que sin hacerlo buscan ampliar sus capacidades. Sin embargo, todavía no existe una oferta en firme para que Cofides, la entidad de financiación estatal dependiente del Ministerio de Economía, dé luz verde. Sobre esta cuestión, los trabajadores aseguraron que «está en un proceso, no sabemos si es inicial, a medio camino o al final. Nos dan el tiempo de dos meses de ERTE para ver si se consigue fraguar algo, si el Ministerio también se compromete a arreglar algo o sigue haciéndonos perder tiempo». «El perder tiempo –sentenciaron– nos supone ir a perder nuestro puesto de trabajo».

Ser único socio industrial. Es una de las claves en la operación Talgo para el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. Según confirmaron ayer fuentes conocedoras de los contactos, el empresario mantiene sin fisuras el principio de liderar en solitario el futuro del fabricante de trenes en el caso de que salga adelante su propuesta. El descartaría una colaboración con la alternativa polaca, Pesa, que también puja por hacerse con Talgo. PFR, el fondo público del Gobierno de Donald Tusk propietario de la firma ferroviaria, trasladó este lunes su disposición a formar un consorcio con compañías industriales y nacionales. Unos socios para la operación que aseguren la españolidad y la permanencia en el país del fabricante de trenes. El objetivo es tratar de suavizar la oposición de Moncloa que, de momento, apuesta por la vía de Jainaga, al igual que el Gobierno vasco. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya vetó por motivos de «seguridad nacional» en agosto pasado la opa húngara de Magyar Vagon, que ofrecía 6 euros por acción –617 millones–. Fuentes cercanas al fondo público polaco insisten en su disposición a dar entrada a empresas, como la propia Sidenor, o figuras públicas, como el fondo Finkatuz –vehículo del Gobierno vasco para tomar participaciones industriales–. Pero la voluntad de Jainaga es mantener el liderazgo único en la dirección empresarial de Talgo. No quiere compartir el consejo de administración de la empresa con otros accionistas industriales. Además, tampoco se han producido reuniones, ni contactos con el empresario vasco.

Siemens Energy ganó 463 millones de euros en su primer trimestre fiscal (octubre-diciembre), un 75% menos que en el mismo periodo del año anterior, que incluía plusvalías por desinversiones que han lastrado la comparativa. El beneficio antes de atípicos ascendió a 481 millones de euros, un 131% más que los 208 millones del año anterior, lo que ha duplicado el margen ajustado hasta el 5,4%. Los ingresos del grupo energético alemán, dueño de Gamesa, aumentaron un 17% en el primer trimestre, hasta 8.942 millones. Los ingresos y los beneficios preliminares de Siemens Energy batieron las previsiones de los analistas. En la mejora del resultado también ha influido la disminución de las pérdidas ajustadas de Gamesa, que han bajado de 424 a 374 millones de euros, lo que supone un descenso del 12%. El grupo alemán, que publicará los resultados completos el 12 de febrero, tuvo unos pedidos de 13.668 millones de euros, un 11% menos.

Siemens Gamesa considera que su exdirectivo del área de recursos humanos Alberto Marauri optó «de forma fraudulenta» por convertirse en sindicalista representante de ELA para eludir un despido que estaba realmente anticipado con cuatro meses de antelación. Por su parte, el ahora representante de la central nacionalista en el comité de empresa de la firma eólica defiende que fue despedido en una clara vulneración de la libertad sindical, de ahí que haya solicitado que se declare nulo el despido. Estas son las dos posturas enfrentadas que quedaron plasmadas en el juicio que se celebró ayer en un juzgado de lo Social de Bilbao, casi dos años después de que se produjese ese despido en unas circunstancias, cuando menos, curiosas. La empresa ofreció una propuesta de acuerdo minutos antes de comenzar el juicio que fue rechazada por el afectado. Alberto Marauri anunció a principios de 2023 que se pasaba al sindicalismo a pesar de que había ocupado cargos directivos en Gamesa durante 17 años. En concreto, tal y como quedó acreditado en el juicio, participó como representante de la empresa y firmó un expediente de rescisión de contratos de 2018, al tiempo que su salario bruto anual en el momento del despido ascendía a 129.000 euros anuales. Argumentó aquel salto por su descontento con la deriva de la compañía, ya entonces controlada por la multinacional Siemens Energy, y sumida en fuertes pérdidas. Nada menos que 2.500 millones de euros en el periodo de 2020 a 2022. Fue precisamente a finales de 2022 cuando la empresa decidió poner en marcha otro ERE –no sería el último porque ahora mismo hay otro en fase de negociación– que se saldó con la salida de algo más de 100 empleados. El primer listado, sin nombres pero sí con identificación de «posiciones», se elaboró en diciembre de ese año y la inclusión de Marauri en el mismo fue evidente para todo el mundo.

Navacel, ya en manos de Amper –la cotizada dedicada históricamente al sector de defensa–, afronta una fase de crecimiento en sus instalaciones de la Ría de Bilbao para aprovechar el tirón de la energía eólica marina. Así lo explica el consejero delegado de Amper, Enrique López, al asegurar que «la inversión para la ampliación de las parcelas adyacentes, que tiene la empresa en el muelle de Axpe (Erandio), «ascenderá a 20 millones y debe estar disponible para finales de 2026». En una entrevista concedida a este periódico, López reitera que la apuesta por Navacel «tiene un carácter industrial» y recuerda que la filosofía de Amper es la de «adquirir con vocación de permanencia». «No hacemos inversiones –explica– con la única perspectiva de obtener plusvalías, sino para desarrollar un proyecto industrial». La empresa adquirió la firma vizcaína por 23,8 millones el pasado mes de diciembre. La compañía vasca, impulsada por la familia Celorio y dirigida por Emilio Tatay, se dedica a la construcción de plataformas para la eólica marina y el sector del gas. Su posicionamiento en los componentes de los aerogeneradores ‘offshore’ son el resultado de una apuesta que la ha colocado en ese mercado pujante y que llamó la atención de Amper. La cotizada, como explica López, «está inmersa en un plan estratégico que pasa por la transformación de su negocio para centrarse en dos mercados: el de defensa y seguridad; y el de la energía y la sostenibilidad, en la eólica marina y en el almacenamiento».

Osakidetza va a convocar antes de que acabe este año una nueva OPE. Estará dotada con un total de 4.245 plazas repartidas entre más de un centenar de categorías. La previsión que maneja el Departamento de Salud es que los exámenes se celebren a lo largo de 2026. Será la primera convocatoria que se realice por medio del nuevo modelo de oposición que está negociando la consejería con los sindicatos y que busca resolver estos procesos de una forma mucho más ágil. También incluirán puestos para nuevas categorías, como pueden ser las de analistas de datos, algunas ingenierías o distintas especialidades de enfermería. Estas más de 4.000 plazas corresponden a las tasas de reposición por las bajas que se han generado y los nuevos puestos creados en el Servicio Vasco de Salud correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Pero antes Osakidetza tiene previsto resolver otros procesos de oposición. El primero es el de la OPE de estabilización y la ordinaria de los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Una sentencia judicial dio la razón a un recurso de Satse y obligó a Salud a baremar de nuevo la experiencia laboral de los participantes en aquella convocatoria, para incluir los puntos por los servicios prestados en cualquier administración pública y no solo en Osakidetza. Esta sentencia retrasó varios meses la resolución de aquella doble convocatoria, la mayor de la historia realizada por el Ente Vasco de Salud y a la que se inscribieron 109.029 personas. Salieron a concurso 7.642 plazas en unos exámenes que se realizaron entre junio y diciembre de 2023. El Gobierno autonómico contaba con adjudicar antes de que acabase 2024 aquellos puestos, pero finalmente no ha sido hasta esta semana cuando se han comenzado a asignar. 

El cierre de la tienda Michael Kors ha vuelto a lastrar la imagen internacional de Bilbao y ha llevado a los comerciantes a exigir al Ayuntamiento la «necesidad de trabajar en común» para facilitar el desarrollo económico de la ciudad y evitar la fuga de establecimientos de moda. «Algo no estamos haciendo bien para que las tiendas de lujo se vayan de aquí», ha lamentado Rafael Gardeazabal, presidente de BilbaoDendak, en un ejercicio de autocrítica en el que no ha eludido ningún tipo de responsabilidad. El presidente de una de las principales organizaciones comerciales de Bizkaia esgrime que la marcha de «tantas» marcas de lujo representa «un fallo de todos los agentes porque el comercio somos todos, locales, minoristas y exclusivos», ha trasladado en un mensaje compartido también por el gerente de BilbaoCentro. Jorge Aio ha invitado a responsables «públicos y privados a sentarse cuanto antes y hablar» para tratar de encontrar solución a un problema que, en su opinión, pasa por la convivencia de «todo tipo de negocios». Ha defendido, en este sentido, la conveniencia de lograr «un equilibrio» que sirva para «empoderar» los comercios locales pero manteniendo al mismo tiempo firmas de alta calidad apreciadas por los turistas, un mercado cada vez más importante al que Bilbao sigue sin exprimir todo el jugo, pese a contabilizar más de 1,2 millones de viajeros en 2024 y batir el récord de turistas. Los comerciantes lamentan la falta de interés del Ayuntamiento bilbaíno, a la cabeza, y del Gobierno vasco por no promover el «turismo de ‘shopping’. Solo apoyan a Bilbao como destino cultural y gastronómico», valora Gardeazabal.

Euskadi es la comunidad autónoma con menor tasa de abandono educativo temprano, que es la proporción de jóvenes de 18 a 24 años que dejan los estudios sin un título de Bachillerato o de FP. El País vasco registró en 2024 un índice del 5%, el más bajo del país. La media de España se sitúa en el 13% y es más alta en chicos que en chicas, según el informe hecho público ayer por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes con datos extraídos de la Encuesta de Población Activa. El dato español es el más bajo de la serie histórica. Del conjunto de territorios, sólo Cantabria (5,5%) registra una cifra similar a la del País Vasco. Muy por detrás se sitúan Navarra (9,9% de abandono escolar temprano), Asturias (10,5%), Madrid (10,5%) Castilla y León (10,8%) o Galicia (10,8%). El vagón de cola lo conforman Melilla (26%), Baleares (20,1%), Murcia (18,2%), La Rioja (17%) y Andalucía (15,5%). Una de las razones que explican el éxito del sistema educativo vasco en este apartado tiene que ver con el amplio abanico de opciones que se ofrece a quienes no quieren o no pueden estudiar en aulas ordinarias. La principal de ellas es una Formación Profesional de reconocido prestigio. La Básica, ahora denominada Inicial, juega aquí un papel fundamental al actuar como salvavidas para miles de chavales.  Hay otra razón de peso que explica que Euskadi cuente con una tasa tan baja de abandono educativo temprano. Y tiene que ver con la idiosincrasia del propio mercado laboral. El notable peso de la industria y del sector terciario demanda mano de obra especializada y reduce las opciones para que un joven se ponga a trabajar con 16 años. Esta ausencia de empleos poco cualificados genera, en opinión de Luna, una «conciencia social» sobre la importancia de la educación. 

Con cada vez menos nacimientos en Álava, los centros educativos tienen mayores dificultades cada año que pasa para completar sus aulas y evitar así el cierre de alguna línea, que puede llevar aparejado la pérdida de puestos de trabajo. La competencia por llevarse el gato al agua se ha hecho feroz. Completar las aulas de Infantil es hoy el gran reto de una gran mayoría de los centros escolares vitorianos. O, al menos, llegar a unos mínimos que eviten tener que tomar medidas drásticas que alguno de ellos ya se ha visto forzado a asumir. Y conseguirlo es cada vez más complicado porque el público objetivo al que se dirigen se va reduciendo sin remisión. Las cifras de nacimientos así lo indican, con una tendencia a la baja constante. Por ejemplo, en el año 2022, el correspondiente a quienes el próximo curso iniciarán la segunda fase de Educación Infantil –el momento en el que ya casi todos los niños son escolarizados, ya que anteriormente aún tienen mucho peso guarderías y haurreskolak–, en Álava se produjeron 2.273 nacimientos, según el Instituto Nacional de Estadística. Supone prácticamente un centenar menos de los que hubo en 2021 (2.369) y que son quienes ahora mismo están cursando ese nivel. Y la situación empeorará más de cara al siguiente (2026-2027), pues los nacimientos en 2023 –los que el próximo curso irían a aulas de 3 años– se redujeron hasta 2.217.

El choque entre los nacionalistas y los populares ha alcanzado una dimensión inédita con durísimas acusaciones entre ambos a raíz, sobre todo, de la entrega a los jeltzales del edificio de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. Los puentes están hechos añicos pero la aritmética parlamentaria vasca puede hacer que la reconstrucción se produzca de forma acelerada y puntual para hacer de la necesidad virtud y aprobar una reforma fiscal de la que EH Bildu se ha desmarcado. El portazo de la coalición abertzale fue ratificado este fin de semana por su líder, Arnaldo Otegi, denunciando que lo que buscan las diputaciones es «garantizar los privilegios de las élites del país» como hace, a su juicio, Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. «EH Bildu, con la misma responsabilidad que hace acuerdos, no desdramatiza los desacuerdos y dice claramente que no estaremos en un acuerdo de maquillaje fiscal que privilegia a las élites de este país», subrayó. Las tres haciendas forales presentaron el pasado 11 de noviembre las líneas maestras de una reforma fiscal común en los tres territorios en lo referido a las grandes cuestiones para intentar respetar la armonización fiscal en el conjunto de la comunidad autónoma. El problema es que lo que sucede en Bizkaia, donde PNV y PSE gozan en mayoría absoluta, nada tiene que ver con lo que ocurre en Álava y Gipuzkoa, donde necesitan del concurso de un tercer partido para sacar adelante la propuesta. Una vez que Bildu, ‘motu proprio’, ha decidido salirse de la ecuación y que Elkarrekin Podemos ha hecho también lo mismo exigiendo unas medidas mucho más radicales que EH Bildu en su intento de erigirse en la «verdadera izquierda vasca», todas las miradas apuntan al PP.

El Gobierno llegó finalmente a un acuerdo con Junts para reactivar en el Congreso de Ministros de ayer el grueso del paquete de medidas sociales de su malogrado decreto ómnibus, incluyendo la revalorización de las pensiones, la actualización de las cotizaciones o las ayudas al transporte y los afectados por la dana. La llave del pacto fue una doble cesión a Juntas, la de tramitar el debate sobre una cuestión de confianza, a la que el presidente del Gobierno anticipó que no se someterá, y la de trocear el decreto original, posponiendo la negociación de medidas sobre financiación autonómica, rebajas fiscales o ayudas a la compra de vehículos o asistencia a la industria electrointensiva. Las negociaciones entre el Gobierno y el grupo de Carles Puigdemont se alargaron durante toda la mañana de ayer, hasta el punto de que el Consejo de Ministros, que inicialmente se había fijado para las 9:30 horas, no comenzó hasta las 12:30, para dar espacio al pacto que se acabó cerrando. El objetivo era reconducir cuanto antes las principales consecuencias sociales que tuvo la derogación del decreto ómnibus de cierre de 2024 que el Gobierno había usado de cajón de sastre y que el Congreso de los Diputados tumbó el pasado miércoles con los votos de PP, Vox y Junts. “Tras unas larga negociación el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre”, anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que compareció tras la reunión de su gabinete. “Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectadas por la dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o a los afectados por el volcán de la Palma”, enumeró.

El impasse legal producido en el periodo entre la derogación del decreto ómnibus el 22 de enero y la aprobación del nuevo en el día de ayer ha generado no pocos problemas en la gestión ordinaria de las empresas. Especialmente, en lo referente a la confección de las nóminas porque muchos de los parámetros que afectan a los niveles de retención de las retribuciones de los trabajadores están condicionados por la actualización de las bases de cotización que se recogían en el texto derogado, y que ahora vuelven a estar vigentes a expensas de que el nuevo decreto sea convalidado definitivamente en el Congreso de los Diputados. El problema es que al derogarse la actualización de cotizaciones en la tercera semana del mes se ha producido una doble afectación: por un lado están las empresas, las más grandes, que preparan las nóminas con muchos días de antelación en el mes por el elevado número de operaciones que deben realizar. Estas se habían visto ante un escenario de incertidumbre en la última semana al haber aplicado a las retribuciones las retenciones sujetas a los nuevos tipos de cotización; esto es, la subida de la base máxima de cotización a 59.000 euros mensuales, el incremento del mecanismo de equidad intergeneracional y la nueva cuota de solidaridad. De hecho, fuentes empresariales aseguran que previa aprobación del decreto que ha devuelto la normalidad al esquema de cotizaciones, se había llegado a reclamar al Ministerio de Seguridad Social que aclarara la situación procedimental para las áreas de recursos humanos o se emitiera algún tipo de orden especificando qué tipos eran los aplicables para esta nómina de enero. Cabe recordar, además, que el impacto se produce sobre la retención del sueldo –el neto a percibir por el trabajador– ya que a efectos de seguros sociales, las empresas tienen casi todo el mes de febrero para abonar los pagos.

Se mantienen: Revalorización de las pensiones: el Gobierno aprobó el pasado diciembre un incremento de las pensiones contributivas del 2,8% para 2025, conforme al IPC; mientras que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizan un 9%. Bonificaciones a los abonos: se mantiene el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y las rebajas del 30% (de hasta el 50% en copago con las comunidades autónomas) de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano. Ayudas por la dana: se amplían los préstamos y se incrementan las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre. Ayudas a los afectados por del volcán de la Isla de La Palma: entre otras, se incluyen los ERTE, la prestación por cese de actividad a los autónomos o la extensión de la moratoria hipotecaria en los municipios afectados. Moratoria de desahucios: se trata de una medida que estaba prevista hasta el 31 de diciembre de 2025. Sistema público de avales y garantías Para propietarios y también para inquilinos afectados por la ocupación ilegal de su vivienda. Prohibición de interrumpir los suministros básicos: suministros de agua, luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025. El documento también incluye la prórroga de la situación de excepcionalidad del bono social de la luz destinado a los consumidores vulnerables y vulnerables severos, que se reforzó para dar respuesta a la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. Palacete de París: el Gobierno mantiene el traspaso al PNV del palacete en el centro de París, en el número once de la avenida Marceau, que actualmente es una de las sedes del Instituto Cervantes. Moncloa conserva así en el texto acordado con los independentistas catalanes el principal motivo que llevó al PP a votar en contra. Las medidas que quedan fuera: entre otras, el decreto no incluye la bonificación en el IRPF para los contribuyentes que hagan reformas de eficiencia energética en sus viviendas. Industrias electrointensivas y la prórroga del Plan Moves III: en ambos casos, Pedro Sánchez señaló ayer que formarán parte de un paquete económico que se aprobará más adelante. lmpuesto a la banca: el nuevo decreto del Ejecutivo no recoge la corrección prevista para limitar el impacto contable del nuevo gravamen sobre las entidades financieras...

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, defendió ayer su confianza en que la mesa que abordará hoy la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2025 acabará «en acuerdo». El Gobierno, que se reunirá con la patronal y los sindicatos, quiere situarlo en 14 pagas de 1.184 euros, 50 euros mensuales más que en 2024, lo que significa un incremento del 4,4%. Hasta el momento los agentes sociales han presentado dos propuestas diferenciadas. CC OO y UGT demandan una subida superior al 5,8% que llevaría el SMI hasta los 1.200 euros mensuales. CEOE plantea un incremento del 3% que lo dejaría en 1.168, en la estela de lo pactado con las centrales en el Acuerdo de Negociación Colectiva 2023-2025, aunque tanto Trabajo como los sindicatos consideran que se queda corta y no lleva al porcentaje del 60% del salario medio que determina la Carta Social Europea. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que hay «margen para el acuerdo» entre las tres partes y que la subida final puede estar en un término medio entre el 3% del CEO y el 5,8% de los sindicatos. De esta forma quedan a expensas de los «resultados de la negociación» para aprobar la nueva subida, pese a que el Estatuto de los Trabajadores solo exige una consulta que no es vinculante.

El mercado laboral español se mantiene como el principal parapeto del discurso económico del Gobierno. La creación de empleo mantiene el pulso y el paro, aunque con resistencias, continúa disminuyendo en un contexto de avance económico más moderado que los registrados en los años posteriores a la pandemia. La lectura realizada por el Instituto Nacional de Estadística a cierre del pasado año da cuenta de ello. La ocupación creció en España en 468.100 personas en el conjunto del 2024, brindando un nuevo récord de trabajadores de 21.857.900 trabajadores. Mientras que el paro se redujo en 265.300 personas, limando la tasa de desempleo hasta el 10,6%. Así, pese al escenario de incremento de costes laborales impuesto por el Gobierno a golpe de subida de cotizaciones en los últimos ejercicios, el mercado de trabajo mantiene el pulso. Sin embargo, este panorama de incierto impacto para las empresas, especialmente las pequeñas y medianas que son las mayores sufridoras de los aumentos de costes, se puede vislumbrar entre la espesura estadística de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del pasado año. En el saldo de los doce meses destaca notablemente la concentración de la creación de empleo. El sector servicios fue responsable del 88% de los puestos de trabajo generados (424.600 ocupados más), mientras que la industria sumó 55.300 ocupados y la construcción otros 44.800. Fue el sector agrícola el único que redujo el número de empleados, 56.600 menos.

Todos los cañones de la industria del automóvil apuntan a la reunión que mañana jueves mantendrán el sector y la Comisión Europea para hablar sobre la competitividad del automóvil en Europa y, más concretamente, sobre la nueva normativa de emisiones CAFE. Tal es la importancia del encuentro, que al mismo acudirá la plana mayor del motor, con los principales directivos de Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW y Stellantis (esta última aún debe confirmar quién va en su representación). El objetivo de ACEA, patronal que representa a los fabricantes de coches del Viejo Continente, es flexibilizar la CAFE, que ha endurecido la media de emisiones de los vehículos nuevos pasando de los anteriores 115,1 gramos de CO2 por kilómetro a los 93,6. Esta cifra es inasumible, según la patronal, que estima que la factura para el sector puede ascender a 15.000 millones de euros o derivar en una reducción de la producción de las plantas de coches de combustión con el consiguiente efecto en el empleo en Europa. Otra posible consecuencia es el pago de derechos de emisiones a fabricantes extranjeros que sí cumplen, como Tesla. “Se acabó el tiempo de los informes: el diálogo estratégico debe producir ahora un impacto real basado en las recomendaciones de Draghi. Tenemos que pasar de un enfoque basado en las sanciones a otro basado en el mercado y en la demanda”, declaró la directora general de ACEA, la patronal europea de fabricantes de coches, Sigrid de Vries, en un documento que el lobby lanzó a comienzos de esta semana para presionar a Bruselas de cara a la reunión.

Poco más de un mes después de que el Parlamento de Galicia diese luz verde a la ley regional para sustituir miles de molinos y forzar a los promotores a vender parte de su energía al empresario local, la patronal eólica española, la AEE, empieza a palpar el peligro. Su presidenta, Rocío Sicre, envió hace unos días tres misivas dirigidas al responsable de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha, a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y al secretario de Estado de Energía, Joan Groizard. En ellas, la portavoz de gigantes como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Acciona ha instado a la terna de altos cargos del Gobierno a recurrir el plan eólico gallego en el Tribunal Constitucional. Es la primera vez que las eólicas dirigen su clamor directamente a La Moncloa. El reloj está en marcha, pues el plazo ordinario para plantear un recurso de inconstitucionalidad es de tres meses desde la publicación oficial del texto en cuestión. Hay una segunda opción que amplía el margen para recurrir cuando, en lugar de pleitear desde el principio, se opte por constituir una Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración del Estado y la respectiva autonomía, en el seno de la cual se abran negociaciones para modificar la norma en cuestión. En ese caso, si finalmente no se alcanza un consenso, el presidente del Gobierno podrá recurrir en el plazo de nueve meses desde la publicación oficial de la norma.

“El renovado impulso detrás de la energía nuclear tiene el potencial de abrir una nueva era para la fuente de energía segura y limpia”, dice la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último informe, The Path to a New Era for Nuclear Energy, dado a conocer estos días. No es sólo la AIE, Mario Draghi, expresidente del BCE, aseguraba en la presentación del informe sobre el Futuro de la Competitividad Europea encargado por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen: “Hacemos un llamamiento para seguir adelante con la instalación de energías limpias. Este enfoque debería incluir las energías renovables, la energía nuclear, el hidrógeno, la bioenergía y la captura, utilización y almacenamiento de carbono”. Incluso Teresa Ribera, declarada antinuclear en consonancia con las políticas del PSOE y sus socios, se estrenó como comisaria de la UE con un “mandato negociador” para la COP29, que se celebró el pasado noviembre en Azerbaiyán, que dejaba la puerta abierta a la energía atómica. El interés en la nuclear está en su nivel más alto desde la crisis del petróleo en la década de los 70. Más de 40 países tienen planes para ampliar el uso de esta energía. Según la AIE, se prevé que la generación nuclear alcance un récord en 2025. Hay más de 70 gigavatios (GW) de nueva capacidad de energía nuclear en construcción, uno de los niveles más altos de los últimos 30 años. No sólo países que tradicionalmente han impulsado la nuclear, como Francia, planean elevar su capacidad; China, India, Corea, Estados Unidos y Reino Unido también están expandiendo su capacidad de generación. Incluso Japón, que sufrió el incidente de Fukushima, reinicia la producción.

Los bancos centrales vuelven al foco. Tras unas semanas en la que Donald Trump ha acaparado toda la atención con su regreso a la Casa Blanca y las implicaciones sísmicas que esto podría tener sobre la economía y los mercados, las miradas se vuelven ahora hacia el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (ver información adjunta) que celebran nuevas reuniones de política monetaria. En Europa impera la normalidad y, salvo sorpresa, el Consejo de Gobierno anunciará otro recorte de los tipos de interés. Con una bajada del precio del dinero de 25 puntos básicos, las tasas en la zona euro alcanzarán el 2,75%, el nivel más bajo desde febrero de 2023, hace prácticamente dos años. El nuevo ajuste de la política monetaria será el quinto que lleve a cabo el BCE en este ciclo de bajadas de los tipos de interés iniciado en junio del pasado año y el cuarto que se realiza de forma consecutiva. Pero hasta ahí llega la seguridad que tienen los expertos respecto a una cumbre en la que estarán especialmente pendientes de cualquier pista que pueda orientarles sobre futuros movimientos del banco central. Por el momento, se da por sentado que la presidenta Christine Lagarde mantendrá el mensaje oficial de que los recortes se decidirán reunión a reunión y sobre la base de los datos que vayan llegando, pues la incertidumbre todavía es total y se espera que se prolongue hasta, como mínimo, marzo.

Boeing cerró 2024 con sus segundas mayores pérdidas anuales tras un ejercicio que comenzó con el incidente de un 737 Max de Alaska Airlines que perdió parte del fuselaje en pleno vuelo y terminó con una huelga en EEUU de casi dos meses que comenzó a mediados de septiembre. Ambos hechos hundieron la producción y la reputación del fabricante aeronáutico estadounidense y originaron nuevas investigaciones del regulador de EEUU para garantizar la seguridad y calidad de sus factorías que hicieron mella en sus cuentas y pedidos. Boeing registró unas pérdidas netas de 11.829 millones de dólares (11.280 millones de euros) el año pasado, cinco veces más que las registradas en 2023 (2.242 millones de dólares) y el peor registro de la compañía desde 2020, cuando el estallido de la pandemia hundió el negocio aeronáutico mundial, entre otros muchos. La facturación de la compañía bajó un 14% el año pasado, hasta 66.517 millones de dólares. Los elevados números rojos también incorporan las cargas de reestructuración para abordar el recorte del 10% de la plantilla (unos 17.000 trabajadores) que anunció en medio de la huelga para reducir gastos y diversos costes por problemas en sus programas de Defensa.

El Brexit ha mutado en el Bregret: una mezcla de descontento y «arrepentimiento» (regret) entre la mayoría de los británicos, que sin embargo se han alineado con el pacto de silencio entre políticos cuando se cumplen cinco años de la consumación de la salida de la Unión Europea. «El Brexit no ha funcionado como esperaba el 52% de la población que votó a favor», reconoce el profesor John Curtice, considerado el oráculo de la política británica. «Se subvaloró el impacto económico, la inmigración ha seguido creciendo, la salud pública se ha deteriorado… El único punto en el que la gente cree que hemos salido ganando es en un mayor control sobre nuestros asuntos». El 57% de los británicos son hoy por hoy partidarios de volver a la UE. Tan solo el 33% admite a estas alturas que salir fue la decisión «correcta». Y aunque la opinión pública está cambiando, la sensación del Bregret no se ha traducido en la práctica en un volantazo o un Breversal, de ahí el empeño del premier Keir Starmer en no remover el tema. Hasta aquí algunas de las conclusiones de The Brexit Files, el informe en el que han participado 40 académicos, prestos a hacer un examen del impacto, en contraste con el mutismo oficial que pesa sobre el quinto aniversario de la salida oficial de la UE el 31 de enero de 2020, con aquel reloj que Boris Johnson decidió proyectar sobre Downing Street para festejar el sonado divorcio. «La UE ha sido siempre una cuestión problemática para el Reino Unido, estando dentro o estando fuera», advierte John Curtice, que reconoce cómo la cuestión ha terminado rompiendo la línea divisoria de los partidos y se ha alimentado el fuego de las guerras culturales de los últimos años. El cambio en la opinión pública lo achaca Curtice no tanto al «arrepentimiento» de los brexiteros sino al relevo generacional, con la entrada en juego de votantes jóvenes. 

Lo que ha pasado con DeepSeek es algo así como si un Seat Panda hubiese ganado las 24 horas de Le Mans, dejando a las grandes escuderías a la altura del barro. La empresa china ha creado uno de los denominados ‘momentos Sputnik’. Este término hace referencia a la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética y al instante en que los comunistas consiguieron colocar un satélite en órbita ante la mirada atónita de los norteamericanos. Ahora ha sucedido lo mismo. Mientras que las grandes empresas como Open AI, Meta o Google se sentían en la cima del mundo, los chinos han demostrado que pueden hacer lo mismo, pero con menos dinero. Para entender esta victoria hay una serie de factores a tener en cuenta, tanto técnicos como teóricos: DeepSeek es una creación de la ‘startup’ china HighFlyer. Su máximo responsable es Liang Wenfeng, un joven nacido hace 40 años en Cantón. Según algunas fuentes, uno de sus aciertos fue acumular miles de chips Nvidia –denominados GPU– en un almacén antes de que desde Estados Unidos se prohibiera su venta a China, precisamente, para evitar que lo utilizase en la carrera de la IA. Sus primeros modelos de Inteligencia Artificial comenzaron a divulgarse en 2023, pero todavía no eran tan conocidos como el ChatGPT de Open AI. El 20 de enero de 2025 lanzó su modelo ‘Deep Seek R1’, el que ha revolucionado el mundo de la tecnología. El fin de semana pasado divulgaron cómo lo habían creado y cómo habían conseguido abaratar todo el proceso. El lunes su aplicación ya era la más descargada en Apple.

La irrupción de la empresa china DeepSeek, que puede cambiar las reglas del juego en la batalla de la inteligencia artificial, agita la industria de los centros de datos en medio de la fiebre empresarial desatada para tomar posiciones en el sector en España. El terremoto que ha provocado DeepSeek al demostrar que es posible entrenar la IA de manera más eficiente y económica que los gigantes estadounidenses pone presión sobre las multimillonarias inversiones en centros de datos. España podría atraer más de 43.700 millones de euros de inversión directa hasta 2030, elevando hasta 117.000 millones el impacto total estimado en la economía para esta fecha, según el escenario más optimista de la patronal del sector Spain DC. Algunos de los planes de inversiones se enfrentan ahora a una revisión, según indican en la industria, no sólo por la irrupción de DeepSeek, sino porque ya existía un sobredimensionamiento de las expectativas futuras. Fuentes del sector señalan que pueden verse afectados algunos proyectos milmillonarios “poco realistas” para construir megacampus en España, que no han ido más allá de una declaración de intenciones sin fondos asegurados. Además, no ven descabellado que puedan llegar a desaparecer jugadores especulativos que se han subido al tren en los últimos años. “Puede ayudar a ordenar el mercado”, dice un proveedor del sector. También se espera una mayor prudencia por parte de los fondos de inversión y del capital riesgo que han tomado posiciones en este negocio.

La potente irrupción de DeepSeek, la nueva Inteligencia artificial lowcost nacida en China, ha sacudido no sólo los mercados, con una brutal destrucción de casi un billón de dólares, sino los cimientos de la incipiente política de IA de la nueva administración de Donald Trump. Se puede contextualizar y relativizar el batacazo de las acciones de Nvidia, la más afectada con una pérdida en pocas horas de casi 600.000 millones de dólares, argumentando que ha recuperado parte, que no es la primera vez y que de las diez grandes caídas en una sesión de Wall Street la empresa de chips ha protagonizado la mayoría en los últimos años. Pero es mucho más difícil minimizar el efecto en el establishment estadounidense, político y empresarial, cogido completamente por sorpresa, todavía desubicado y haciéndose preguntas incómodas. «Con suerte, el lanzamiento de DeepSeek AI de una empresa china debería ser una llamada de atención para nuestras industrias de que debemos concentrarnos en competir para ganar, porque tenemos los mejores científicos del mundo», dijo Trump a los congresistas republicanos en un retiro organizado en Miami. Se vea la crisis como un problema, o como una oportunidad, lo que está claro es que va a forzar la máquina y apretar los plazos. «El R1 de Deepseek es un modelo impresionante, especialmente teniendo en cuenta lo que pueden ofrecer por el precio. Obviamente ofreceremos modelos mucho mejores» , se ha visto obligado a prometer inmediatamente Sam Altman, el responsable de OpenAI que revolucionó el mundo de la IA con ChatGTP, abriendo una puerta de las IA generativas cientos sino miles de millones de personas. «Creemos que ahora más que nunca es importante contar con más poder de computación para tener éxito en nuestra misión», añadió.

Liang Wenfeng nació en 1985 en la provincia de Cantón, donde su padre trabajaba como maestro de educación primaria. Se mudó para estudiar ingeniería electrónica en la Universidad de Zhejiang, donde se especializó en visión artificial, y en 2010 obtuvo un máster en Ingeniería de la Información y Comunicaciones. Su tesis se tituló Investigación sobre el algoritmo de seguimiento de objetivos basado en una cámara PTZ de bajo coste. Con un grupo de compañeros de la facultad empezó a explorar las posibilidades de la IA para automatizar las inversiones en Bolsa con el objetivo de “encontrar una manera de automatizar precios”. En 2013 lanzó Hangzhou Yakebi Investment y dos años más tarde, en 2015, se convierte en cofundador de High-Flyer Quant, un hedge fund cuántico basado en las matemáticas y la IA que se convirtió en poco tiempo en uno de los más grandes de China en capitalización. El fondo multiplicó por más de 10 sus activos en cuatro años, pasando de 1.000 millones de yuanes (132 millones de euros) en 2016 a más de 10.000 millones de yuanes (1.379 millones de dólares) en 2019, informa Efe con datos del diario hongkonés South China Morning Post. En abril de 2023, High-Flyer Quant anunció en un comunicado la inversión de “un gran porcentaje” de sus beneficios a lo largo de los años para construir una “infraestructura líder a gran escala” en IA. Meses después lanzaba DeepSeek, que presentó una serie de modelos de IA utilizados por los desarrolladores para crear aplicaciones de terceros y por la start up para crear su propio chatbot, explicaba un artículo de South China Morning Post. Para ello Liang contrató a profesionales desconocidos, educados en China, sin un perfil concreto ni siempre con experiencia, “pero muy capaces y apasionados”, según declaró Liang.

*Hemendik aurrera, prensa laburpen honek atal berri bat izango du, hain zuzen ere erantsita bidaliko dizuegun PDF bat non egunkarien azalak erakutsiko dizkizuegun, eguneko berri nagusiak “begiratu batean” ikus ditzazuen. A partir de hoy, este resumen de prensa tendrá una nueva sección. Un PDF adjunto en el que se mostrarán las portadas de los periódicos para ver  ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.