20241104

La indignación popular se desató al paso de la comitiva, formada también por el presidente Pedro Sánchez y Carlos Mazón, jefe del Consell. Una lluvia de barro y otros objetos, lanzados por un grupo de vecinos, complicó la visita hasta hacerla imposible de acuerdo con el programa previsto. Lo que sigue es el relato de un capítulo abierto ayer para la historia reciente de España. La comitiva encabezada por Felipe VI y Letizia tenía una cita con Paiporta, el municipio donde las víctimas mortales del temporal se cuentan por decenas y su paso dejó un paisaje desolador, con gravísimos daños materiales y una sensación generalizada de desesperanza. Pasaban unos diez minutos de las 13.00 horas cuando la indignación popular explotaba. Los vecinos de la población se sienten maltratados por las autoridades, cuya ayuda ha llegado demasiado tarde para ayudar a reconstruir sus vidas. Una ira latente alimentada por las necesidades sin cubrir y que salió a la superficie de forma violenta. Un estallido que irrumpió al paso de los Reyes, Sánchez y Mazón y adoptó la forma de violencia. Verbal, con gritos y severos insultos («asesinos» fue uno de los más repetidos) y también física. Un vecino lanzó un bloque de barro, cuando las autoridades se encontraban a escasos metros de él, otro situado a su lado le secundó con un puñado de lodo, las voces críticas contra los miembros de la comitiva resonaron con más fuerza («Mazón dimisión», se escuchó de manera reiterada) y al lanzamiento de barro se unió el de objetos más contundentes. Volaron palos en dirección a los Reyes, Sánchez y Mazón y la tensión irrumpió en la escena. De repente, el caos.

Entrevista a Denis Itxaso, consejero de Vivienda del Gobierno Vasco. Reivindica las políticas del Ejecutivo vasco, que muchos expertos consideran las más consistentes en la materia que se llevan a cabo en España. "...Queremos alinear nuestras políticas a las prerrogativas que nos confiere la ley porque, por ejemplo, podemos hacer que determinadas bonificaciones fiscales se intensifiquen en zonas tensionadas. Aquí hay que huir de dogmatismos y de posiciones ideológicas preconcebidas...El tensionamiento deviene de una escasa oferta y de una enorme demanda. Es la ley de la demanda llevada al mercado, porque todos hemos asumido que esto es un mercado en vez de un bien de primera necesidad, que es lo que dice la Constitución que es la vivienda. Devolverle al mercado de la vivienda una cierta estabilidad va a requerir tiempo, porque requiere activar la oferta en el parque de vivienda libre y protegida. En Euskadi tenemos una ley de suelo de 2006 que dice que, del suelo urbanizable, el 75% será vivienda protegida. Nos lo tenemos que replantear porque el 75% de cero es cero, pero el 65% de 100 son 65. Y las 35 restantes serán libres, que también nos hacen falta...Hemos abierto una reflexión con promotores, ayuntamientos, constructores… y por supuesto en el Parlamento lo haremos también. Y seremos audaces, seremos valientes, pero seremos realistas. Porque necesitamos entender algo que es fundamental: los poderes públicos solos no pueden. Ni con todo el esfuerzo presupuestario del mundo alcanzaría el Gobierno vasco a nutrir y satisfacer la demanda existente". 

Manuel Salaverria cumple este mes «siete años apasionantes» al frente de la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque, pero ya ha anunciado que su intención ahora es proceder al relevo en la presidencia. "...Entre 2017 y 2020 la inversión en I+D sobre el PIB creció un 9,3% y entre 2020 y 2023 un 34,5%. Después del covid, en 2021, se vio claramente que las empresas habían incluido en su agenda estratégica la I+D como un elemento clave...Es pasar de casi 1.500 millones de euros en 2020 a más de 2.000 ahora. Es un gran dato, pero también lo tenemos que saber situar. Ya estamos por encima de la media de Europa y, aunque es una gran mejora, nos queda mucho camino que recorrer...Estamos viviendo un cambio geopolítico importantísimo con esa configuración de dos grandes bloques alrededor de EE UU y de China, que se convierten en tractores y hacen que todos los demás seamos satélites alrededor de ellos. Y en ese sentido sí tenemos el gran peligro de quedarnos como un satélite poco activo. Es una gran amenaza perder el tren de la innovación a nivel mundial. Si dejamos a la situación evolucionar como hasta ahora, al final vamos a ser consumidores de la I+D que hacen allí. Eso traerá una reducción en los niveles de consumo y un empobrecimiento...Para mí el principal valor de las cifras es que de manera mayoritaria viene de la iniciativa privada, y eso es importantísimo. Han sabido incorporarlo en sus planes donde deben registrarlo como un punto estratégico fundamental. También hay que reconocer que el Gobierno vasco ha hecho una apuesta tremenda por la inversión en I+D...La economía vasca y el tejido industrial de Euskadi está fundamentalmente basado en pymes y su nivel de innovación es relativamente bajo. Es nuestro gran déficit (según los datos de Innobasque, el porcentaje de empresas innovadoras en Euskadi es del 43,2%, pero viene de un 39,19% en la pequeña empresa, un 60,87% en la mediana y un 74,36% en la grande)..."

El sector de la subcontratación es una rama de la industria que cada vez tiene un mayor peso. Este tipo de subsector se basa en la contratación por parte de las empresas para que otras compañías realicen ciertas funciones, procesos o actividades que originalmente se llevaban a cabo internamente. Estas empresas que prestan servicio a otras tienen un gran arraigo en nuestro territorio, y su calidad y trabajo son reconocidos por clientes de todas las partes del mundo. Un subsector que comenzó a hacerse fuerte en el territorio, prestando sus servicios y ofreciendo sus productos a las empresas guipuzcoanas. No obstante, son cada vez más las compañías extranjeras que encuentran en Gipuzkoa oportunidades de mercado de calidad. Por ello, aumentan las empresas que son contratadas por otras de distintas partes del mundo. Esto hace que su peso en el sector industrial sea cada vez mayor, alcanzando el 27% de la facturación de la industria del territorio, según la Cámara de Gipuzkoa. Las casi tres de cada diez empresas guipuzcoanas dedicadas al sector destacan por su calidad de producto, lo que provoca que los clientes llamen a la puerta de éstas.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Julián Ruiz, antiguo secretario general de Cecobi, contra su expulsión de la patronal del comercio vizcaíno y ha declarado «procedente» el despido. El máximo órgano jurisdiccional ha confirmado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que, en mayo de 2023, falló también en su contra «por transgredir la buena fe contractual» e incrementarse el sueldo de forma unilateral «sin la aprobación de los órganos de gobierno» de la confederación empresarial. Ruiz se fijó un salario superior a los 110.000 euros anuales sin consultar a ningún miembro de la junta directiva. Jorge Romero, abogado de Cecobi, ha destacado la «relevancia» del fallo del Supremo al declarar «procedente» la expulsión «de un alto directivo de una organización empresarial, sin derecho de indemnización». Esta resolución, «pionera en los últimos 20 años en el País Vasco», según Romero, pone punto y final a priori a la guerra vivida en Cecobi, ya que contra el auto del Supremo «no cabe recurso alguno». Cecobi ha vivido los últimos cuatro años una gran inestabilidad tras el proceso electoral llevado a cabo en 2021. Aquellos comicios desempolvaron luchas internas saldadas con distintas querellas criminales y el despido de varios directivos. En este tiempo la plancha que intentó desplazar del poder a Pedro Campo, que ostenta la presidencia de la potente Cecobi de forma ininterrumpida desde 2008, acusó a este de incumplir los estatutos al no mantener, a su juicio, «ninguna responsabilidad patrimonial».Ahora, el Supremo cierra el círculo. Reconoce que el alto directivo, que ejercía el cargo desde 2006 y que «solo tenía como superior al órgano societario», disponía de libertad de horarios, «sin estar sometido a la obligación de fichar, a diferencia del resto de la plantilla». Mantiene también que hizo «dejación de sus funciones durante al menos los tres últimos meses. Esgrime en su contra la existencia de «posibles incrementos indebidos y de cobros y conceptos que aparentaban falta de justificación».

Juan Luis Cañas lidera esta iniciativa, que este miércoles se presenta en Vitoria y que busca atraer a «bodegas familiares y con arraigo». Subsierra. Ese es el nombre que han elegido ocho bodegueros para crear una nueva asociación de viticultores abierta a productores tanto de Rioja Alavesa como a viñedos de Ábalos y de San Vicente de la Sonsierra, al otro lado de la ‘muga’. La operación lleva, según fuentes consultadas por este periódico, «cinco años» fraguándose discretamente –con conversaciones con las instituciones desde la pasada legislatura– en los mismos círculos en los que germinó lo que hoy es el campus del vino. La asociación, aún inmiscuida en algunas cuestiones burocráticas, será presentada este miércoles en Vitoria, en la Casa del Cordón. De momento, Subsierra cuenta con sólo ocho miembros, pero el cartel lleva ya nombres más que importantes. Artuke, Tierra, Ostatu, Tentenublo, Teodoro Ruiz Monje... y Amaren, una de las firmas de Juan Luis Cañas. El afamado bodeguero lidera el proyecto y asegura que está pensado para «bodegas familiares y con arraigo». Apuestan por incluir a todas las bodegas entre la Sierra de Cantabria y el Ebro, también a los municipios riojanos de Ábalos y San Vicente de la Sonsierra, entendido como una unidad de «paisaje diferente». «No diré si mejor o peor, pero diferente». Subsierra pretende trasladar una propuesta de valor en torno a dos ideas. «Las bodegas nos comprometemos a usar sólo uva de la zona y a que sea ecológico», explica y sostiene que su objetivo es tener «transparencia total» para que «los clientes sepan que el producto es de aquí». «La asociación nace con un compromiso social de remar por la zona y para que nuestras familias y nietos estén mejor», sostiene.

La formación bruta de capital fijo (FBCF), con la que se mide la inversión, se redujo un 0,9% durante el verano y en términos interanuales se desaceleró desde el 2,3% que había registrado entre abril y junio al 1,8% en el tercer trimestre. Esta evolución provoca que la inversión vuelva a situarse de nuevo por debajo del nivel previo al Covid. Si se excluye la inversión en construcción -viviendas y otros edificios-, la más estrictamente empresarial, destinada a maquinaria o bienes de equipo, ha crecido un 0,1% frente al trimestre pasado (con un avance del 1% interanual), pero se mantiene también muy por debajo del nivel de 2019. El mal comportamiento de la inversión es uno de los elementos singulares de la economía española y que constituye una preocupación de cara al crecimiento futuro, por su vínculo con el devenir de la productividad, entre otras razones. Llama la atención, además, que su ralentí se produzca en un contexto de despliegue de fondos europeos, para los que se calculaba al inicio un potente efecto multiplicador (se espera que, por cada euro que pusiera Europa, los agentes económicos pondrían su parte). Una posible explicación de este comportamiento sería que los fondos Next Generation no han impulsado inversiones adicionales de las empresas receptoras, sino que éstas simplemente han sustituido las que tenían previsto hacer de su bolsillo por las movilizadas por medio del plan. La subida de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación, en medio de una inflación de costes generalizada, también pueden haber contribuido a su mala evolución. «El entorno de la economía española sigue caracterizado por una elevada incertidumbre y por el aumento de costes en sentido amplio, como se manifiesta en la inversión, que sigue siendo la variable más retardada en la etapa de recuperación posterior a la crisis. De continuar esta tendencia, podría suponer una pérdida de competitividad y de potencial de crecimiento para la economía española», advierte la patronal de empresarios, CEOE. Algunos expertos ya apuntan a que los fondos podrían haberse canalizado con mayor intensidad en el consumo de las Administraciones Públicas que en la inversión. «El consumo público en España se ha beneficiado de los fondos distribudos bajo el programa Next Generation EU. 

Hasta 6.000 euros por empresa. Es lo que anunció el número dos de Yolanda Díaz, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, sobre el nuevo paquete de ayudas directas para los pequeños negocios que puso sobre la mesa el Ministerio de Trabajo en la reunión mantenida con la patronal y los sindicatos el pasado martes, en un último intento por atraer a los empresarios al acuerdo para la reducción de la jornada hasta las 37,5 horas. Sin embargo, la realidad es que las subvenciones planteadas no llegan a 800 euros por negocio y la inversión total anunciada apenas cubre el 3% del coste total que van a soportar las empresas por las horas de trabajo perdidas que van a tener que seguir remunerando. En una valoración inicial de la propuesta, la CEOE ha echado unas cuentas preliminares que no sólo no les acercan al acuerdo para el eventual recorte de jornada sin merma salarial, sino que, más bien, les alejan aún más si cabe. Los empresarios proyectan el siguiente escenario: si el Ministerio ha planteado una inyección de 375 millones de euros en 470.000 empresas de menos de cinco trabajadores, cada pequeño negocio tocaría, de media, a 797,87 euros. «No tocamos ni a 800 euros. Se anunció un paracaídas para las pymes y se nos quiere obligar a saltar al vacío con un paraguas», se quejan fuentes del ámbito de la pequeña empresa. Según los cálculos de la patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), la reducción de la jornada que quiere imponer el Gobierno por ley implicaría un coste directo de 11.800 millones de euros por las horas que se dejaría de trabajar pero que se seguirían remunerando, de modo que los 375 millones ofrecidos sólo cubrirían el 3% de los costes. Y eso sin tener en cuenta los 30.600 millones de euros que los pequeños empresarios estiman en términos de pérdida de producción por el recorte del tiempo de trabajo.

Las administraciones públicas españolas llevan tres años haciendo un fenomenal ejercicio de saneamiento del déficit público. Durante el primer año de la pandemia desplegaron un ingente paquete de ayudas públicas para aliviar el golpe de la Gran Reclusión a hogares y empresas. Este escudo social, como lo bautizaron los poderes públicos, disparó los números rojos hasta los 111.897 millones de euros, una cantidad equivalente al 9,91% del PIB. Desde entonces, a pesar de que la guerra de Ucrania, la crisis energética y el monstruo de la inflación, que obligaron a mantener el paraguas de ayudas públicas, las administraciones redujeron la brecha entre gastos e ingresos hasta el 3,32% del PIB. Este esfuerzo pivotó sobre el combustible que la escalada de precios provoca sobre la recaudación y sobre la vigorosa recuperación de la economía tras el virus. Durante estos años, además, la Comisión Europea suspendió las reglas fiscales, dando algo de margen a los Estados. Pero durante este tiempo las autoridades comunitarias han reformado el reglamento de control presupuestario y los países europeos tienen que desmontar la arquitectura de las ayudas anticrisis para acelerar el saneamiento de las cuentas públicas y empezar a enjugar la deuda acumulada durante esos años. Sin embargo, en los últimos meses las administraciones españolas han desacelerado el ritmo de reducción del déficit. Los últimos datos de ejecución presupuestaria hasta septiembre ofrecidos por el ministerio de Hacienda revelan que el déficit público, lejos de reducirse respecto al año pasado, ha aumentado ligeramente, lo que aleja la posibilidad de rebajar el desequilibrio presupuestario desde el 3,5% de 2023 al 3% al cierre de este año como se ha prometido a Bruselas.

José Vicente de los Mozos, un veterano del sector del automóvil, se hizo en mayo de 2023 con los mandos de la empresa tecnológica y de Defensa española Indra, participada en un 28% por el Estado, a través de la Sepi. El ejecutivo llegó con la obsesión de transformar la compañía a través de la eficiencia y de la competitividad y, para ello, lo primero que hizo fue crear un plan estratégico que marque la hoja de ruta a seguir hasta 2030. Los resultados del plan esratégico, que ha sido desarrollado in house, ya se están dejando notar. A cierre de los nueve primeros meses del año, Indra mejoró un 26% su beneficio, hasta 184 millones, y confirmó su meta de facturar 4.800 millones en todo 2024. El área de Defensa es uno de los pilares de la compañía, con un beneficio operativo de 121 millones, aunque todavía representa solo el 20% de los ingresos. Esta situación va a cambiar, ya que Indra está decidida a ser un líder en Defensa. “El momento acompaña, pero hay que aprovechar la ola”, dice De los Mozos. En cuanto a su participación en la española ITP Aero, donde Indra mantiene un 9,5% de las acciones, el directivo afirma que la entrada en ITP respondió a cubrir una oportunidad industrial. “Ahora mismo, la relación operativa con ITP es buena”, destaca, al tiempo que apunta que no hay intención, por el momento, de aumentar su participación en la firma española.

Uno de los principales problemas a la hora de planificar la jubilación es, sencillamente, no saber a ciencia cierta cuál será la pensión pública futura y, por tanto, cuánto se debería ahorrar para mantener el actual nivel de vida en el momento del retiro. Pues bien, los trabajadores que tengan un plan de pensiones de empleo (aquellos ofrecidos por la empresa) podrán despejar al menos parte de esa incógnita a partir del próximo 1 de enero, cuando se pondrá en marcha la transposición de una directiva europea –aprobada ya hace casi ocho años, el 14 de diciembre de 2016– que obliga a las gestoras de planes de empleo a remitir a sus partícipes una carta con la estimación de cómo quedará esa pensión privada en el momento de la jubilación. La norma –que no afecta a los planes de pensiones individuales, solo a los de empresa– establece que «con periodicidad al menos anual», las gestoras suministrarán ese cálculo aproximado del ahorro conseguido si el partícipe se mantiene en el mismo plan de pensiones hasta que alcance la edad de jubilación, bajo una serie de variables como la evolución de los tipos de interés, de la inflación o del crecimiento económico, entre muchas otras. Aunque el resultado no será una cifra cien por cien exacta, el sector ve con buenos ojos esta iniciativa que puede ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones sobre su ahorro privado. Pero critican que de poco servirá si el Estado no hace lo propio con la pensión pública. «Esa es la estimación que realmente interesa al partícipe para ser consciente de su realidad financiera y calcular cuánto ahorro privado debe generar para complementar lo que perciba de la Seguridad Social cuando se jubile», indican desde el sector.

"...La bondad de los aranceles se erige en una gran falacia y al mismo tiempo se constituye en un misil dirigido al sistema económico de librecambio. Una política arancelaria agresiva puede generar consecuencias económicas desastrosas, tanto para las economías que imponen los aranceles como para aquellas a las que se dirigen. Los aranceles, aunque pensados como un mecanismo para proteger industrias locales y reducir déficits comerciales, provocan respuestas de represalia por parte de otros países. La consiguiente guerra comercial reduce la cooperación económica y los beneficios del comercio global, disminuyendo la eficiencia y encareciendo bienes y servicios en toda la cadena de suministro mundial. El comercio mundial se reduce y con él cae el PIB mundial y, en cascada, el resto de variables asociadas. La respuesta arancelaria resulta igualmente nociva para el país que la decreta. Al comprar productos nacionales protegidos o adquirir los extranjeros penalizados, el consumidor o el empresario sufraga inadvertidamente con su ahorro disponible el arancel incorporado en el precio del producto. Los aranceles son finalmente financiados por los nacionales del país que los impone, como un impuesto silencioso e inadvertido. De persistir en el tiempo fomentan la industria monopolista, desincentivando la competencia y el uso eficiente de recursos, lo que deteriora el músculo productor y exportador del país en medida paralela. «Con un régimen arancelario, una industria solo pierde tiempo», ha explicado Arno Antlitz, director financiero de Volkswagen. Trump alardea con reeditar o, al menos, acercarse al mito histórico de principios del siglo XX en que con unos aranceles suficientes en cuantía, podían reducirse el resto de los impuestos directos. Pero esto, que fue una realidad lejana aplicable con poco éxito a unas haciendas raquíticas e incipientes, resulta una falacia como base de financiación de un presupuesto público moderno".

El millonario británico Peter Hargreaves, uno de los fundadores de la plataforma de inversión Hargreaves & Lansdown, formó en 2017 el fondo Blue Whale Growth, con el objetivo de aglutinar una pequeña selección de valores bursátiles globales con altas perspectivas de crecimiento. Este vehículo gestiona ahora más de 1.100 millones de libras (1.320 millones de euros), de los que 150 millones de libras son del propio Hargreaves. Tras crear un apéndice del fondo en Irlanda, la firma está tratando de atraer partícipes en la Unión Europea, motivo por el que su director Stephen Yiu ha pasado por España. “Nos confunden con un fondo tecnológico, pero nuestra idea es elegir empresas de alta calidad sean del sector que sea, que puedan generar retornos durante un ciclo sin importar cuestiones del entorno como la situación geopolítica. Es cierto que en los últimos años hemos encontrado empresas de ese tipo en la tecnología, como Nvidia, pero también estamos en otros sectores... Hubo una etapa en 2023 durante la que todos esos valores subían en Bolsa y alguien los reunió. A nosotros nos gustan tres de esos siete magníficos: Nvidia, Microsoft y Meta. Así que quizá el año que viene aparezca otro nombre para este trío de firmas...El problema es que Europa tiene más empresas perdedoras que ganadoras dentro de sus respectivos sectores. Sucede en tecnología, pero también en otros ámbitos como el de las tarjetas de crédito, dominado por las estadounidenses Visa y Mastercard. Pero cuando los inversores ven una buena compañía, el dinero acude, sea en Europa o en otros continente...Probablemente sería más fácil para nosotros invertir en empresas europeas”, concluye Yiu. “Pero empezamos hace siete años y la asignación a las empresas estadounidenses siempre ha sido más elevada. No es por una decisión previa, sino porque buscamos empresas interesantes a nivel global. Si invirtiéramos más en Europa, quizá tendríamos un rendimiento inferior..."

Los candidatos designados a comisarios se someten a partir de hoy a las preguntas del Parlamento Europeo, que debe confirmarlos o rechazarlos. Entre ellos se encuentra el equipo que, bajo la dirección de la vicepresidenta ejecutiva española Teresa Ribera, que también será sometida al proceso de ratificación a mediados de mes, ha diseñado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para temas medioambientales. Un momento clave, dicen los observadores, para medir el grado de compromiso verdadero de Europa con la lucha contra el cambio climático con hechos y no solo con palabras. Las inundaciones en Valencia y regiones vecinas “son otra llamada de atención trágica que resalta la realidad crítica que atravesamos”, sostiene Alex Mason, responsable de Clima y Energía de WWF UE. “Y son también un mensaje para la Unión de cara a la nueva Comisión, para que no apriete el botón de pausa en acción climática y protección de la naturaleza”, agrega. La catástrofe provocada por la dana en Valencia ha sobrecogido, pero no sorprendido, en Bruselas. No hay informe sobre la seguridad de la Unión Europea de los últimos años en el que el cambio climático no figure como factor clave de riesgo social, económico y hasta geopolítico. El último es el elaborado por el expresidente finlandés Sauli Niinisto sobre cómo reforzar la preparación civil y militar de Europa, presentado la mañana posterior a la noche de pesadilla de la dana cuando aún no se conocía toda la magnitud de la tragedia. El término “cambio climático” aparece 123 veces en 165 páginas.

Los estadounidenses tienen mañana una cita con las urnas de consecuencias cruciales para sus vidas, su democracia y, posiblemente, para el resto el mundo. Unas elecciones presidenciales en las que deberán decidir entre dos candidatos diametralmente opuestos, y no solo políticamente. Por un lado, el republicano, hombre, blanco, empresario millonario, convicto de delitos económicos y con casos judiciales pendientes por delitos penales graves contra el Estado –entre ellos varios en relación con el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021– y que ya fue presidente entre 2016 y 2020, Donald Trump, de 78 años. Y enfrente, la representante demócrata, mujer, de color, hija de inmigrantes caribeño e india, abogada, encargada del cumplimiento estricto de las leyes como exfiscal general del Estado de California, exsenadora y actual vicepresidenta desde 2021, Kamala Harris, de 60 años. Unas elecciones que han estado precedidas por hechos insólitos en la historia de los comicios del país. Un candidato, Trump, sentado en el banquillo de los acusados en múltiples procesos judiciales, y ya condenado por varios de ellos, que ha sido objetivo de dos atentados y herido en uno. Un primer oponente, Joe Biden, que aceptó apartarse de la carrera presidencial ante las cada vez más claras evidencias de sus problemas cognitivos. Y una aspirante final, Harris, que se subió a la carrera electoral a apenas cien días de los comicios y que logró levantar el hasta entonces hundido entusiasmo en las filas demócratas. A todo ello hay que añadir, además, acontecimientos que han introducido factores disruptores en la campaña, como la cruenta guerra de Israel en Gaza.