20250429

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

El lehendakari, Imanol Pradales, compareció ayer después de la reunión del Consejo Asesor del LABI en Bilbao para lanzar un mensaje de «calma, prudencia, paciencia y responsabilidad» a la ciudadanía mientras se termina de restablecer el fluido eléctrico, algo que sucederá «poco a poco» en las próximas horas. «Todavía nos quedan horas complicadas y de incertidumbre», advirtió Pradales, quien avanzó que «mañana (por hoy) tampoco será un día normal en Euskadi», ya que pueden producirse altibajos en la tensión de la red eléctrica. «Hemos activado la fase 2 del nivel de emergencias para coordinar todas las acciones e información de que disponen las instituciones vascas. Ha sido una jornada complicada, con problemas e incidencias en el transporte público, con muchos rescates ascensores y en el tráfico. Desde el primer momento, los servicios de emergencias, los hospitales, las residencias, la Ertzaintza, el transporte y otros sectores tomaron todas las medidas pertinentes, por lo que quiero agradecer su labor a todos los trabajadores del sistema vasco de emergencias», señaló el lehendakari. Según relató, a las 18.30 horas de ayer se había recuperado el 84% del suministro de la red eléctrica en el conjunto del País Vasco: prácticamente la totalidad en Álava, el 88% en Gipuzkoa y el 78% en Bizkaia. «Aún resta tiempo para poder decir que estamos en una situación normalizada, no lo estamos. Y en las próximas horas habrá momentos de inestabilidad», subrayó Pradales, quien apuntó que la situación en Euskadi es «considerablemente mejor» que la que atraviesan otras comunidades autónomas.

La tensión fue mayor en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que en Álava la festividad de San Prudencio pilló a las grandes fábricas como Mercedes, Michelin o Tubacex sin actividad o con un funcionamiento muy bajo que pudo ser soportado sin problemas por los grupos alternativos. Fue el caso del fabricante francés de ruedas, que mantuvo la producción de la única línea en funcionamiento, la de los grandes neumáticos destinados a vehículos de obra civil y minería. La industria electrointensiva fue la más afectada. Así ocurrió con Tubos Reunidos, que tuvo que parar su actividad y concentrar las tareas de su plantilla en los protocolos de seguridad. La vuelta al funcionamiento no tiene fecha, pero confían en hacerlo «lo antes posible». Las instalaciones vascas de Sestao, Olaberria y Bergara de Arcelor Mittal también se vieron afectadas. Su actividad se detuvo y se pusieron en marcha los sistemas de emergencia pasando las instalaciones a ‘condición segura’, que consiste en aislarse de la red de gas. Fuentes de la compañía explicaron que por la tarde ya se había recuperado el suministro eléctrico, pero tampoco podían asegurar el regreso a la actividad ordinaria. La seguridad, especialmente en infraestructuras que emplean gas, como los hornos, o que llegan a altas temperaturas fue una de las prioridades ayer. De todos modos, no todas las empresas pararon. Tras el impacto de los primeros minutos por la caída de la tensión eléctrica, Sidenor recurrió a sus grupos electrógenos y mantuvo la actividad durante toda la jornada según el plan previsto, tal y como explicaron portavoces de la empresa. Otra de las principales industrias vascas, la refinería de Petronor en Bizkaia, procedió a una parada brusca a las 12.30 por la pérdida de electricidad y, aunque la recuperó por la tarde, todavía no tiene marcado el momento de la vuelta a operación. Y es que la certeza sobre el suministro es una de las condiciones que condicionan el regreso a la producción de muchas plantas vascas. Una vuelta a la normalidad que requerirá también del reinicio de muchos sistemas de fábrica, como explican fuentes sindicales de Mercedes. La planta alavesa de la multinacional alemana cuenta con muchos dispositivos electrónicos en la cadena de montaje que deberán ser actualizados y revisados tras la caída. Ingeteam, otra de las enseñas de la industria vasca, y un agente determinante en el sector eléctrico además, se vio también forzado a parar su producción en Beasain y Ortuella entre las 12.30 y las 14.30horas. Eso sí, explicaron fuentes de la compañía, los servicios generales de Zamudio pudieron funcionar con normalidad. Y es que uno de los aprendizajes de la pandemia fue el robustecimiento de los sistemas de datos, servidores y ‘cerebros digitales’ de las empresas. Unos servicios vitales para las compañías que funcionaron con solidez gracias a los grupos electrógenos de emergencia y a la duplicidad de los servidores.

El apagón eléctrico que ayer se registró en toda España y Portugal obligó a detener operaciones industriales estratégicas, con paradas en refinerías, fábricas de automóviles y siderúrgicas. Aunque las causas del corte aún no han sido esclarecidas, su impacto sobre el tejido productivo fue inmediato y significativo. En el sector energético, la refinería de Petronor, en Muskiz (Bizkaia), detuvo todas sus unidades a las 12:32 horas debido a una pérdida de suministro eléctrico «ajena a Petronor», según informó la compañía. La parada activó automáticamente los sistemas de seguridad, entre ellos las tres antorchas de la instalación, generando columnas de humo negro visibles en el entorno. La empresa aseguró que todas las condiciones de seguridad quedaron completamente garantizadas y, aunque la electricidad ha regresado, la planta continúa detenida sin fecha para su reactivación. También en Tarragona, el complejo industrial de Repsol sufrió una parada automática de sus unidades de producción tras la pérdida inesperada de suministro eléctrico. Como parte del protocolo de seguridad, se activaron las antorchas para eliminar de forma controlada los gases acumulados, provocando densas columnas de humo negro. Repsol confirmó que no existía riesgo para las personas ni para las instalaciones. La petrolera Moeve (anteriormente Cepsa) detuvo igualmente sus dos refinerías en España. Aunque no se precisaron detalles sobre el calendario de recuperación, la paralización se produjo siguiendo los procedimientos de emergencia establecidos. La automoción también se vio duramente afectada. La planta de Ford en Almussafes (Valencia) detuvo por completo sus líneas de producción a consecuencia del apagón. En Navarra, Volkswagen confirmó que el fallo eléctrico impactó de lleno en su planta de Landaben. Según el consejero de Industria, Mikel Irujo, aún no es posible calcular cuántos vehículos se han dejado de fabricar en la jornada. En Cataluña, la planta de Seat en Martorell, la mayor fábrica de vehículos de España, también se vio obligada a parar la producción de forma inmediata alrededor de las 12:30 horas. Según Matías Carnero, presidente del comité de empresa de Seat, la situación fue «un poco caótica», ya que la falta de energía paralizó todas las líneas a la vez y dificultó la comunicación interna.

De golpe se evaporó «un 60% del suministro». Quince gigavatios perdidos súbitamente «en apenas cinco segundos», según detalló el presidente Pedro Sánchez en su segunda comparecencia, al borde de las once de la noche. Sin luz, muchísimos sin internet ni redes sociales durante buena parte de la jornada, sin poder comunicarse por ninguna vía con amigos o familiares… y, sobre todo, sin transporte. Centenares de miles de ciudadanos entrampados en inmensos atascos por la falta de semáforos en las grandes poblaciones o por la escasez de combustible debido al cierre de las gasolineras. Otros centenares de miles emboscados en metros, tranvías o ascensores, que se quedaron parados sin su alimento eléctrico. Infinidad de pasajeros bloqueados en unos aeropuertos que, sin llegar a paralizarse gracias a los sistemas de emergencias que evitaron situaciones de peligro, sí que se vieron afectados de lleno por la falta de fluido, obligando a reducir sus operaciones en un 20%. Las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin contar los cuerpos autonómicos, movilizaron a 30.000 agentes. No consta que hubiera pillajes. Lo peor, más allá de las situaciones que reprodujeron temores sufridos en la pandemia, se afrontó en los trenes. El tráfico ferroviario de larga, media y corta distancia quedo suspendido. Y los pasajeros de 26 convoyes (la mayoría de las líneas de Madrid con Sevilla y Barcelona) a los que el corte de luz les sorprendió en pleno viaje no lograron ser evacuados antes de que cayera la noche –sí fueron rescatados otros 30.000 viajeros–. Al cierre de esta edición, y según Red Eléctrica, solo se había restituido el suministro en un tercio del país. El ‘black out’, el temido ‘corte general’ recreado por las películas apocalípticas de Hollywood, se convirtió en realidad en la España y Portugal continental sin que ninguna autoridad revelara si detrás de esta pesadilla estaba una fatal avería del sistema eléctrico, un ciberataque o algún tipo de sabotaje de los siempre amenazantes ‘hackers’, de los servicios secretos del Kremlin o de otros países enemigos. Seis horas después de que la gran mayoría de España se sumiera en las tinieblas en pleno día, Sánchez, tras presidir en Moncloa el Consejo de Seguridad Nacional, no arrojó ninguna luz sobre lo que estaba ocurriendo. «No tenemos información concluyente. Todavía se están estudiando las causas. No descartamos ninguna hipótesis», constató el presidente del Gobierno.

Teresa Ribera, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, descartó que haya indicios de boicot en las causas del apagón que afecta a España, Portugal y también a parte de Francia. “De momento no hay nada que nos permita afirmar que ha habido algún tipo de boicot o ciberataque”, aseguró la comisaria, que calificó el incidente como “una de las caídas del sistema eléctrico europeo más importantes de los últimos años”. Ribera destacó que la Comisión está en contacto con las autoridades españolas y portuguesas desde que tuvieron constancia del episodio, a las 12:45 horas, con el objetivo de contribuir a la coordinación para facilitar que se restaure el sistema eléctrico. Mientras esas tareas se llevan a cabo, la vicepresidenta de la Comisión solicitó a los ciudadanos “prudencia y paciencia”. “La máxima prioridad ahora es restaurar el sistema y evaluar y comprender qué ha ocurrido”, insistió Ribera, que confirmó que el problema se remite a España y Portugal, aunque hubo alguna incidencia menor en el Sur de Francia. El otro país damnificado por el apagón vivido ayer en la red eléctrica, Portugal, apuntó a España como origen de la caída. El presidente del país, Luís Montenegro, compareció pasadas las cuatro de la tarde recordando que el suministro luso depende de la interconexión con España, si bien no aportó más pistas sobre el origen de la situación e hizo un llamamiento a la calma.

¿Qué provocó la caída del sistema? Ni Pedro Sánchez, ni Eduardo Prieto, ni ninguna fuente oficial explicaron qué causó este cero energético. “No vamos a especular”, recalcaron fuentes oficiales del Gobierno. Sánchez, en su breve primera comparecencia, sin preguntas, insistió en que no se propague “información de dudosa procedencia”. ¿Se ha debido a un fenómeno meteorológico? Durante todas las horas de silencio informativo sobre las causas del apagón se dispararon las hipótesis, algunas de ellas desmentidas, sobre el desencadenante de la crisis. La agencia Reuters informó de que REN (Redes Energéticas Nacionais, el equivalente portugués a Red Eléctrica de España) había adelantado que un extraño fenómeno meteorológico en España podría estar en el origen del apagón. Pero fuentes de este organismo desmintieron esa información, que apuntaba a una supuesta variación de las temperaturas en el interior de España. ¿Podría ser un ciberataque? Desde que se produjo el apagón masivo, otra de las especulaciones fue la de un ciberataque. El primero en asegurarlo con mayor firmeza fue el presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, quien señaló que, de acuerdo con la información que le transmitía el centro de ciberseguridad autonómico, todo apuntaba a que “un apagón de esta magnitud solo puede deberse a un ciberataque”. Moreno reconoció que había llegado a esa conclusión sin confirmación de La Moncloa o de otra institución: “Solo con nuestros datos”. Un par de horas después, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, señaló en Bruselas que, después de estar en contacto con las autoridades españolas y portuguesas, no había “indicios de que haya sido provocado”.

El apagón que vivió ayer España en la práctica totalidad de su sistema eléctrico, colapsando la actividad del país, es un hecho sin precedentes. No ha ocurrido nunca en España ni en ningún otro país desarrollado con esa magnitud. Más allá de por qué ha ocurrido –algo que nadie se atreve aun a contestar– la cuestión es si puede volver a ocurrir. La respuesta es que sí, porque España lleva acumulando asuntos sin resolver en el sistema eléctrico, que se van superponiendo. Más que apagón, lo que ocurrió ayer parece un reventón de problemas.

Los expertos del sector energético llevan ya un tiempo urgiendo a las administraciones públicas a reforzar las redes con tecnologías avanzadas que contribuyan a reducir los tiempos de respuesta ante cortes y garantizar el suministro. Pero el apagón generalizado que dejó sin electricidad, comunicación y restringió la movilidad en buena parte del país evidenció las deficiencias y la vulnerabilidad del sistema. La Red de Transporte de Electricidad de Francia (RTE) movilizó a sus equipos de asistencia para ayudar a retomar el servicio eléctrico en España y Portugal. Alrededor de las 17.30 horas, el gestor francés había ayudado a restablecer gradualmente 1.400 Mw del suministro eléctrico. El corte se produjo poco después de las 12.30 horas. A las 12.32 la demanda eléctrica se desplomó a la mitad, pasando de 25.184 megavatios (MW) a 14.185 MW, según los datos públicos del operador de la red. A partir de ese momento, de los algo más de 26 gigavatios (GW) de demanda programados por el gestor eléctrico para ese momento del día, el consumo descendió a poco más de 13 GW, según los datos preliminares. A las 14.15 horas, la demanda se situaba en 10.876 MW. Esta incidencia se denomina «cero energético» y se produce cuando hay una interrupción brusca del suministro eléctrico. El sistema no puede quedarse totalmente en cero debido a que en Canarias y Baleares no ha habido ninguna interrupción y a que en la península hospitales y otros centros mantienen sus propios generadores de energía. REE confirmaba a mediodía que se había producido «una oscilación muy fuerte de potencia ha provocado la desconexión». Este suceso se puede producir por razones como fallos en la infraestructura, eventos climáticos o grandes desequilibrios entre la oferta y la demanda. Las grandes energéticas del país pusieron «todos sus recursos» a disposición del gestor de la red para «contribuir a la recuperación total del servicio a la mayor brevedad posible», informó Iberdrola, mientras que Naturgy y Endesa estaban «colaborando» con el gestor para la reposición del suministro y priorizando la recuperación de los suministros esenciales como hospitales y otras infraestructuras estratégicas, ofreciendo grupos electrógenos.

La red de telecomunicaciones española cayó a las 12.30 horas y a cierre de esta edición no se había recuperado en la mayoría de ciudades de España. Todas las operadoras pasaron la jornada afanándose en encontrar alguna solución a esta crisis, aunque fuera temporal. Sobre todo lo primordial fue mantener la conexión a la red en los servicios esenciales, como hospitales y algunas administraciones públicas, según indicaron fuentes del sector. Para ello se convocaron en varias compañías sus comités de crisis y fueron restableciendo el servicio poco a poco por localidades. Los servicios de telecomunicaciones son muy dependientes de las fuentes de energía para funcionar, por lo que el apagón afectó en gran medida a las conexiones móviles y de red de los españoles. Además, los problemas de acceso a los ‘sites’ donde se encuentran las antenas y la dificultad para poder obtener gasóleo para los generadores agravaron la situación. Fuentes de Telefónica indicaron a este periódico que poco después de darse el apagón se convocó una reunión de crisis establecida para situaciones de emergencia que siguió los protocolos fijados en su plan de contingencia. Desde la operadora española aseguraron estar trabajando para mantener el servicio «racionalizando el uso de los recursos para que permanezca operativo el mayor tiempo posible» y priorizando los servicios esenciales. Los operadores no pudieron restablecer aún las comunicaciones en muchas zonas y la mayoría del país permanecía sin internet en sus casas y en sus teléfonos móviles. Desde Orange aseguraron que aún es «muy difícil» evaluar el impacto y que solo se está pudiendo aguantar gracias a los grupos electrógenos.

La banca nacional resiste el histórico apagón que desde el mediodía de ayer afectó a todo el territorio español. Aunque todas las entidades bancarias constituyeron sus comités de crisis por esta situación anómala, la banca mantuvo sus procesos digitales al igual que la operatividad en los respectivos centros corporativos porque disponen de grupos electrógenos, explican los principales bancos españoles. El servicio en oficinas y el acceso a cajeros automáticos fueron lo más damnificado por el apagón, ya que la mayor parte de las sucursales no disponen de generadores eléctricos autónomos y los cajeros necesitan corriente para funcionar. En cuanto a los TPV, tanto los bancos como Redys y Cecabank, que gestionan la mayor parte de los datáfonos del país, aseguraron que este servicio funcionó correctamente siempre que los comercios dispusieran de un terminal operativo y, por supuesto, tuvieran cobertura y acceso a la red de telefonía. Aún con esto, registraron menor actividad “seguramente debido a que algunos comercios se quedaron sin batería en los dispositivos”, explicó ayer el Banco de España en un comunicado. Todas las entidades registraron ligeros retrasos en su operativa digital, pero no hubo caídas de las apps ni de las webs de ninguno de los principales bancos del país. No obstante, y como ocurrió con los TPV, el acceso a la banca online estuvo imposibilitado para aquellos clientes que no pudieron acceder a la red de telefonía o no tuvieron cobertura.

Con una velocidad media de dos kilómetros por hora en las autovías y menos aún en las calles, Madrid colapsó. De una punta a la otra, del Bernabéu a Vallecas, la policía local intentaba poner orden entre los coches, conductores desesperados y prepotentes en una encrucijada de avenidas, que detenía también a la muchedumbre, a la espera del paso. Los semáforos estaban apagados, los silbatos policiales se imponían. Sorprendente, no se escuchaba ningún claxon. Los automovilistas mantenían la calma, también en la M30, en la que podían pasar diez minutos sin que se movieran las filas. En las primeras cuatro horas, se abrieron 1.679 expedientes en el 112 de la capital, y se atendieron a 462 personas por ansiedad e insuficiencia respiratoria, según datos oficiales. En este centro de atención se encontró la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con su gabinete de emergencia. A las siete, con el ocaso, lo que más preocupaba era la seguridad, mantuvo uno de sus consejeros: «La seguridad al caer la noche nos tiene ocupados». Afuera, los bomberos, que atravesaban la ciudad con las sirenas en sus camiones rojos, atendieron otras tres centenas de atrapados en ascensores. Madrid se echó a la calle a pie, para recoger a los hijos en los colegios o volver a casa cuando la esperanza de que volviera la luz se perdió. Miles de caminantes ocuparon las aceras en ambas direcciones, invadieron el carril autobús, intentaron mantener el ritmo de un variopinto rebaño. Cuatro hombres de gorra y bota se orillaron de la marea humana, a tomar aliento. «Hemos caminado bastante, desde la obra hasta aquí. Hora y media», dice el mayor, acostándose en el suelo.

Euskadi suma trabajadores, pero lo hace a costa de sacrificar horas en la jornada laboral. La Encuesta de Población Activa (EPA) que el Instituto Nacional de Estadística (INE) difundió ayer recoge un incremento anual de 7.000 ocupados, hasta alcanzar los 992.000 durante el primer trimestre de este 2025. Sin embargo, caen las personas con jornadas completas. Se reducen en 33.000, mientras se disparan aquellas con un contrato a tiempo parcial, que crecen en 40.000 –un 26,5% más– y representan ya el 19,2% de todos los trabajadores vascos, su mayor tasa desde 2016. Precisamente hoy el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la ley de la reducción de la jornada laboral que establecerá un máximo de 37,5 horas semanales sin afectar al salario. Una cifra de la que se estima que se podrían beneficiar 350.000 trabajadores vascos, un territorio donde los convenios laborales ya han venido estableciendo jornadas de trabajo inferiores, y a cerca de 12 millones de ocupados en toda España. Por otro lado, la EPA muestra como el paro vasco mantiene una tendencia contraria a la del resto del país. Así, en un primer trimestre de 2025 que no se ha beneficiado del efecto de la Semana Santa, únicamente Euskadi y Cantabria consiguen mejorar sus tasa de desempleo. La del País Vasco se ha reducido desde el 8,17% con el que cerró 2024 hasta el 7,71%, su cifra más baja para un comienzo del año desde 2008. En números absolutos, 4.300 personas menos, por lo que el número de desempleados se queda en 82.900. Mientras, la media nacional ha ido al alza. El pasado trimestre creció desde el 10,61% hasta el 11,36%, sumando 193.700 personas en situación de paro hasta rozar los 2,8 millones. La tasa de desempleo en Euskadi es la segunda más baja de toda España. Únicamente la supera Navarra, que marcó un 7,49%. Aunque históricamente el País Vasco cosechaba los mejores resultados, este último trimestre los datos suponen una escalada desde la quinta posición que registró al cierre de 2024.

La construcción y los servicios son los sectores que más han contribuido al crecimiento del mercado de trabajo en el último año en Euskadi, pero lo cierto es que la tendencia que siguen es diferente. Mientras que el primero presenta un ritmo sostenido de ascenso, en el caso del segundo se dan muchas más fluctuaciones, consecuencia de la mayor temporalidad en la contratación. La Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) que ha publicado esta semana Eustat recoge que, al término del primer trimestre del año, el sector vasco de la construcción empleaba, de forma aproximada, a 58.400 personas, lo que supone 4.000 más que hace un año y 1.600 más que a la conclusión del último trimestre de 2024. El empleo en la construcción no ha dejado de ganar peso desde el fin de la pandemia. De hecho, en los últimos cinco años ha ganado algo más de 8.000 ocupados, según las estadísticas de este informe que elabora Eustat. Dentro del sector, la rama de reformas y rehabilitación de viviendas es la que acumula un mayor crecimiento debido a la obligatoriedad, por parte de las comunidades residenciales de edificios, de cumplir con las normativas de sostenibilidad y de eficiencia energéticas que marca la legislación europea. El Clúster de la Construcción de Euskadi ha subrayado recientemente que el sector cerró el año 2023 con un incremento del 7,7% en su facturación, alcanzando los 10.052 millones de euros. La rehabilitación de viviendas se consolidó como el principal motor del negocio, representando el 24% de los ingresos del sector, mientras que la edificación de vivienda nueva supuso el 20,6%. 

El número de desempleados aumentó en 193.700 personas en el primer trimestre del año, hasta los 2,79 millones, y el empleo se redujo en 92.500 ocupados, hasta los 21,76 millones, según la Encuesta de Población Activa (EPA). El paro subió en 193.700 personas entre enero y marzo, lo que supone un 7,4% más que en el trimestre anterior, mientras que la ocupación se reduce en 92.500 personas (-0,4%), según la primera EPA del año hecha pública ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Al finalizar el trimestre había un total de 2.789.200 parados, la cifra más alta desde el primer trimestre de 2024. La cifra de ocupados alcanza los 21.765.400 trabajadores, bajando así de las cifras récord 21,8 millones de ocupados logradas registradas en dos trimestres precedentes. El aumento del desempleo en el primer trimestre del año, un periodo estadísticamente negativo en términos de creación de empleo, también ha sido superior al registrado en el periodo anterior y la tasa de paro aumenta 75 centésimas hasta el 11,36% de la población activa. El aumento del paro fue superior a la caída del empleo por la incorporación a la franja poblacional de actividad laboral de 101.200 personas, que deja la población activa en 24,55 millones. La pérdida de empleo EPA se concentra en el sector público, donde se destruyeron 92.200 puestos de trabajo. El incremento del paro en los tres primeros meses de este año es el más pronunciado en un primer trimestre desde 2013, cuando aumentó en 257.200 personas. Por su parte, el descenso de la ocupación mejora el registro del primer trimestre de 2024, cuando se destruyeron 139.700 personas, pero no el de 2023, en el que se perdieron 11.100 puestos de trabajo.

Solo tres de las 17 comunidades autónomas, País Vasco, Murcia y Cantabria, iniciaron el año con crecimiento del empleo y a la vez descenso del paro en el primer trimestre, mientras en el resto se incrementó el desempleo y, en muchas de ellas, se redujo también el número de personas ocupadas. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) el número de ocupados bajó hasta el 31 de marzo en todas las comunidades excepto País Vasco (donde subió un 1,14 %), Murcia (0,63 %), Madrid (0,42%), Cantabria (0,31%) y Canarias (0,04%). Por el contrario, cayó en Baleares (7,10%), Navarra (2,38%), Extremadura (1,82%), La Rioja (1,59 %), Comunidad Valenciana (0,86%), Asturias (0,79%), Castilla-La Mancha (0,78%), Castilla y León (0,77%), Aragón (0,45%) y, por debajo de la media (0,42%) en Andalucía (0,36%), Galicia (0,28%) y Cataluña (0,15%). Al mismo tiempo, el paro se redujo en el primer trimestre en País Vasco (4,93%), Cantabria (4,27%) y Murcia (4,23%), mientras aumentó con fuerza en Baleares (un 80,49% en comparación con cómo acabó 2024). 

Cada día que pasa sin que se concrete la solución para Talgo, se complica el futuro de la empresa hasta el punto de comprometer su viabilidad. Esa fue la llamada de alerta que trasladó el propio presidente de la compañía, Carlos de Palacio, la semana pasada en su carta a Renfe pidiendo revisar las condiciones del contrato y las sanciones del operador público. La situación de la multa de 116 millones por los retrasos en la entrega de los 30 trenes Avril, entre otras cosas, bloquea la financiación bancaria en la que trabaja Talgo con un ‘pool’ de 23 bancos, además de llevar al fabricante a pérdidas de 107 millones en el pasado año. La determinación del Gobierno central es sacar adelante una empresa a la que considera estratégica y sobre la que bloqueó los intentos internacionales por adquirirla de los húngaros de Magyar Vagon, primero, y de los polacos de Pesa y los indios de Jupiter Wagons, después. Es por ello que el Ejecutivo central trabaja en una hoja de ruta que pasa por una toma de participación en Talgo. Una inyección de capital en la empresa que reforzaría su delicada situación, pero que debería esperar a que se complete el acuerdo por el que el consorcio vasco que lidera el industrial José Antonio Jainaga culmine la toma de control en el fabricante de trenes adquiriendo el 29,7% de las acciones que están todavía en poder del fondo inversor Trilantic. El presidente de Sidenor, el Gobierno vasco, BBK y Vital firmaron con Trilantic el pasado 14 de febrero un principio de acuerdo que debería rematarse en 15 días. Una propuesta por la que el consorcio pagaría hasta 183 millones –en principio Jainaga entra con 45 millones, al igual que el Gobierno vasco y la Fundación BBK, mientras que Vital pone 20– por el 29,7% de las acciones de Talgo. Pero la operación está en un callejón sin salida.

Ormazabal, el fabricante vasco de soluciones para la red eléctrica, ha iniciado una nueva etapa de expansión industrial con una inversión de 20 millones de euros en su planta de Igorre, la mayor de la compañía. La operación incluye nuevas líneas de producción para optimizar la eficiencia, integrar tecnología de última generación e impulsar una estrategia de crecimiento ligada a la transición energética. La inversión se enmarca dentro del plan estratégico que busca fortalecer su capacidad industrial y tecnológica ante la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles. La nueva línea de producción, especializada en celdas con tecnología libre de SF6, permitirá a Ormazabal optimizar procesos de producción, reducir costes operativos y reforzar su competitividad en los mercados internacionales. Estas celdas de tecnología libre de SF6 son aquellas que, en lugar de utilizar el hexafluoruro de azufre (SF6) como gas aislante y medio de extinción, emplean alternativas más sostenibles. Esta innovación permite reducir de forma significativa la huella ambiental de las infraestructuras eléctricas, favoreciendo tanto el cumplimiento de las normativas medioambientales más exigentes como el avance hacia una red eléctrica más limpia, segura y eficiente. La propia compañía señaló ayer que esta inversión «reafirma su apuesta por la industrialización, la creación de empleo y la generación de riqueza en el entorno». El CEO de Ormazabal, Jorge González, precisó que la operación «supone una enorme inversión para la generación de valor añadido a través de una industria competitiva y digital».

El Gobierno vasco comenzará a aplicar este año el nuevo canon a las grandes instalaciones de energías renovables, con el que prevé recaudar unos 700.000 euros anuales. El gravamen afecta a los parques eólicos y las plantas solares del territorio y busca compensar el impacto medioambiental y social que generan estos proyectos. La medida forma parte de la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, aprobada por el Parlamento vasco en el tramo final de la pasada legislatura con el voto favorable de PNV, PSE-EE y EH Bildu, y convierte a Euskadi en una de las primeras comunidades en poner precio al uso intensivo de suelo para las renovables. El impuesto fue introducido en la normativa a propuesta de una coalición soberanista obligada a hacer equilibrios internos entre su apuesta por la energía limpia y la defensa de la conservación de los entornos naturales. El viraje de la izquierda abertzale hacia posiciones más pragmáticas, favorables a la construcción de parques eólicos y solares para garantizar la soberanía energética del territorio, ha generado importantes discrepancias en su base social, que rechaza la transformación del paisaje. Estas tensiones internas —agravadas en las últimas semanas por la dimisión de tres concejales en Arratzua Ubarrundia, frustrados por no poder frenar un macroproyecto solar, y por el ataque a la casa del hermano de Pello Otxandiano— impulsaron a EH Bildu a reclamar la implantación de este canon. El propósito de la tasa, por lo tanto, es el de compensar económicamente a los municipios afectados por las energías renovables de su instalación. Aunque el dinero que prevé recaudar el Gobierno vasco con este impuesto es anecdótico –700.000 sobre un Presupuesto de 15.000 millones– su valor simbólico y político es considerable.

El Ministerio de Trabajo ha puesto encima de la mesa del diálogo social un borrador de texto para indexar el SMI, como mínimo, al 60% del salario medio. Lo hace a las puertas del Primero de Mayo y cuando hoy llevará al Consejo de Ministros por segunda vez el proyecto de ley para reducir la jornada. El documento que ya tienen los sindicatos y empresarios en sus manos establece que la renta legal más baja de España se fije de forma automática cada año en función de unos parámetros pero que, además, sea «en todo caso igual o superior al sesenta por ciento del salario medio neto en España», según recomienda la Carta Social Europea. En la actualidad el Gobierno tiene la potestad de decidir cada año el nuevo SMI, previa consulta a los agentes sociales, basándose en cuatro parámetros: la inflación, la productividad, la coyuntura económica y el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional. Díaz tendrá en cuenta estos cuatro factores pero los precisa y amplía. Así, además del IPC, aboga por incorporar en el nuevo modelo de cálculo también el poder adquisitivo y, además, exige que el nuevo salario mínimo tenga la «garantía de un nivel de vida digno» y suponga un «incremento de la cohesión social y de la convergencia social al alza, atendiendo al fenómeno de la pobreza laboral», según recoge el texto. La CEOE ya ha manifestado su «rotundo» rechazo a este nuevo modelo de cálculo del SMI que precisa«no responde a razones sociales ni económicas, ni a normativas o mandatos europeos, sino una vez más, al igual que la propuesta de reducción de jornada, al pacto de coalición entre Sumar y PSOE». La patronal carga contra Díaz por volver a socavar el diálogo social al tratar de «incidir de nuevo, directamente, en la esencia de la negociación colectiva que ya se está viendo ralentizada en los últimos meses».

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar en segunda vuelta este martes el proyecto de ley para hacer efectiva la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas, entre otras medidas, y enviar al Congreso de los Diputados la normativa para que inicie su tramitación parlamentaria. Junts, decisivo en muchas votaciones clave, ha anticipado que, con el texto de la propuesta, su postura es una enmienda a la totalidad. Fuentes del partido citadas por la agencia Servimedia consideran que es totalmente «inviable», ya que con el actual planteamiento tendría un gran impacto económico para el tejido productivo, mayoritariamente pymes y autónomos. El Gobierno solo cuenta con el aval de los sindicatos CCOO y UGT y el rechazo frontal de las patronales, sobre todo las catalanas. La formación que encabeza Míriam Nogueras en Madrid se muestra clara ante lo que consideran una propuesta que sencillamente «exprime» a las empresas, a los comercios, y a los autónomos, con un aumento de costes que puede acabar perjudicando a los propios trabajadores. Las mismas fuentes aseguran que cualquier medida que se adopte para reducir la jornada debería ir acompañada de incentivos claros, más medidas de flexibilidad y que se tenga en cuenta la productividad y las necesidades de cada sector. «Los trabajadores quieren cobrar más, no trabajar menos», añaden. Para Junts, además, el foco debe situarse en cómo mejorar la productividad, en reducir el absentismo y en tener un mercado laboral con mejores condiciones para los trabajadores. El Gobierno de coalición, con la vicepresidenta Yolanda Díaz como gran valedora, también introduce una reforma del control horario para que las jornadas se registren digitalmente de forma obligatoria, hecho inviable para la mayoría de pymes según los independentistas, además de pretender aumentar las sanciones en materia de desconexión digital. El endurecimiento de las sanciones aumenta en varios ámbitos. La posición de Junts vuelve a ser de oposición frontal y entienden que medidas como el registro de jornada está desconectado de lo que realmente es urgente en el mercado laboral y empresarial, mientras que la desconexión digital implica «más control y fiscalización» por parte del Gobierno cuando las necesidades son otras.

Nunca un presidente había recibido una nota tan mala a estas alturas del mandato, lastrada por el temor a la inflación y sus salidas de tono.  En solo cien días Trump ha dinamitado el capital político con el que en noviembre ganó las elecciones. Partía de números bajos, porque el 47% de aprobación con que fue investido era el menor desde 1953, cuando Eisenhower llegó a la Casa Blanca tras la Guerra de Corea. En comparación, Barack Obama arrancó con un 68%, Bill Clinton con un 58% y George W. Bush con un 57%. Pero si en enero la población estadounidense estaba salomónicamente dividida, hoy el 44% que le atribuye Gallup y el 42% de Reuters reflejan el rechazo mayoritario de la población estadounidense, ya que un 53% en ambas encuestas desaprueba la gestión del presidente. Incluso en las más favorables, Trump nunca alcanza la satisfacción de la mitad de los estadounidenses. Salvo en el caso de Andrew Napolitano, el jurista expulsado de Fox News por acoso sexual, cuyo show de YouTube ‘Juzgando la Libertad’ tiene medio millón de suscriptores, el único en el que el presidente vence a los escépticos por un punto (49% - 48%). Esto es, según Trump, quien sacó a colación las encuestas fallidas de las elecciones, porque buscaban «un resultado negativo», aseguró. «¡A esta gente deberían investigarla por FRAUDE ELECTORAL y, de paso, añadir al encuestador de Fox News!», bramó.