20240130

Nuevas reglas para un nuevo ciclo en el que la descarbonización es un objetivo irrenunciable y marca un camino muy definido, incentivar toda inversión en energía renovable que modifique el esquema actual de desarrollo de las renovables. La Ley de Transición Energética y Cambio Climático, acordada por el PNV y el PSE-EE con EH Bildu, superó ayer su penúltimo trámite en el Parlamento Vasco con la aprobación del dictamen del proyecto en comisión. El texto legislativo, sobre el que los partidos que integran el Gobierno Vasco (PNV y PSE) cerraron un acuerdo el pasado día 19, insta al Ejecutivo a iniciar un proceso de desinversión en proyectos de exploración o explotación de combustibles fósiles para reinvertir dichos fondos en energías renovables. La ley incluye, asimismo, la creación de un canon o impuesto directo a la implantación de energías renovables en suelo no urbanizable y la obligación de destinar el 2,5% de los presupuestos públicos a actuaciones de acción climática. Movimientos todos ellos destinados a incentivar el cambio de paradigma energético. El dictamen del proyecto fue aprobado ayer lunes por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara vasca con el apoyo de PNV, PSE y EH Bildu, mientras que Elkarrekin Podemos-IU y PP votaron en contra. La aprobación definitiva de la ley se producirá en una próxima sesión del Pleno del Parlamento. 

La sociedad Arena Green Power 20 pretende levantar un parque eólico en el área montañosa que hay alrededor de la cima del Zubero, un proyecto que afecta a 24 polígonos de los municipios alaveses de Ayala y Okondo, además del vizcaíno de Gordexola. La empresa con sede en la isla de La Cartuja de Sevilla ha solicitado «autorización administrativa previa» al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente –que dirige la consejera Arantxa Tapia– para levantar seis aerogeneradores con una potencia bruta instalada de 35 megavatios (MW). El proyecto se ha registrado en las oficinas de Lakua con el nombre de ‘Las Américas 20’ y se incluye entre los próximos planes de esta compañía que, si bien centra su actividad en Andalucía, tiene en cartera parques para Navarra, La Rioja y ahora también Euskadi. El proyecto presentado contempla la construcción de seis molinos en la muga entre Bizkaia y Álava, en una cordillera de aproximadamente tres kilómetros. Se trata de una zona de pinos en el lateral de la carretera A-625, y en las inmediaciones queda la popular cima de Bikirrio. A partir de ahora, con la publicación de la autorización en el Boletín Oficial del País Vasco, se abre un plazo de veinte días para que «las personas físicas o jurídicas interesadas en la implantación y explotación de dicho parque eólico puedan presentar solicitudes». A partir de ahí empezará el resto del proceso. Los promotores calculan que ‘Las Américas 20’ generará la energía suficiente para cubrir la demanda de alrededor de 25.000 hogares. Con la solicitud de Arena Green Power 20, el número de proyectos eólicos que están sobre la mesa para su estudio y posible ejecución en Bizkaia asciende a trece, con un goteo constante de anuncios durante los últimos meses.

La reforma fiscal que afronta Euskadi toma velocidad. Ayer, la ponencia instituida para ese trabajo en el seno de la comisión de Hacienda aprobó las listas de expertos que presentaron todos los grupos con representación en la Cámara guipuzcoana. Casi un centenar de personas e instituciones están así llamadas a ofrecer su parecer sobre el sistema fiscal vasco y las eventuales mejoras que se pudieran acometer en el mismo. Las conferencias arrancarán a primera hora del próximo lunes con la exposición del diputado de Hacienda, Jokin Perona. Nombres propios conviven con los de organismos expresados en genérico en las citadas listas, que en términos generales incluyen a tres tipos de comparecientes. De una parte, agentes sociales y expertos de carácter local; de otra, especialistas de renombre fuera de la comunidad autónoma e incluso en el extranjero y, por último, algunos perfiles muy concretos y con autoridad destacada en asuntos en los que se supone (los partidos políticos no han desvelado demasiado sobre la letra pequeña de lo que quieren) en temas que se pudieran abordar en la reforma. En el primer apartado se repites algunas citaciones en las que casi todos los partidos políticos coinciden. De este modo, los principales sindicatos en Euskadi (ELA, LAB, CC OO y UGT) así como las organizaciones empresariales (Adegi o Confebask) aparecen en las citadas listas, en las que se incluyen algunos de los nombres de referencia en cuestiones de fiscalidad vasca, como pueda ser el del catedrático de la UPV Ignacio Zubiri. Del mismo modo, los grupos parlamentarios esperan escuchar sus recomendaciones a agentes como la Cámara de Comercio, Konfekoop, Elkarlan, Dendartean, Intermon Oxfam, las entidades financieras con más arraigo, como Kutxabank y Laboral Kutxa, ASLE, SiiS, el propio departamento de Hacienda de la Diputación o la Asociación de Asesores Fiscales y Tributarios de Gipuzkoa o la de Economistas.

Bizkaia estrenó el año pasado unos incentivos fiscales para las producciones audiovisuales que están entre los más altos del sector en Europa. Con competencia normativa propia en el ámbito de Hacienda, el ente foral y el Ayuntamiento de Bilbao lograron captar 151 producciones en 2023 que sumaron 1.026 días de rodaje. Una actividad que generó un impacto de 58,5 millones en la economía del territorio. Un negocio que multiplica por cuatro el obtenido en 2021. La Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao han formado equipo en la sociedad Bilbao Bizkaia Film Commision, que actúa como imán para la atracción de rodajes. Su principal herramienta de persuasión son los citados incentivos fiscales. Las deducciones por gastos oscilan entre el 35% y el 60%, y pueden llegar al 70% para los rodajes en euskera. Esas deducciones se aplican tanto sobre el propio coste de producción como sobre las inversiones realizadas en la emisión de copias y en los gastos de promoción de la película o serie. Bilbao abrirá este año un concurso público para la construcción de un hub audiovisual en la isla de Zorrotzaurre en la capital vizcaína. Contará con un espacio de 100.000 metros cuadrados para el rodaje con platós digitales, espacios de posproducción, filmaciones en exteriores Bilbao construirá un ‘hub’ audiovisual de 100.000 metros cuadrados y camerinos.

El Ejecutivo no ha conseguido desplegarlos al ritmo deseado. Para empezar porque se pusieron unos objetivos de transformación que requieren un diseño y unos plazos bastante más amplios: cualquier inversión precisa de mucho tiempo para planificarse, preparar las licitaciones, publicitarlas, resolverlas e ir luego ejecutándolas. También se tarda en ir pagando conforme se certifican y auditan. De modo que el proceso puede tardar años en culminarse. Todo ello explica que, después de tres años, solo un 45% de estos fondos europeos se hayan adjudicado a beneficiarios finales, según concluye un informe de la consultora Llorente y Cuenca a partir de fuentes públicas. Lograr que estos recursos se ejecuten a tiempo, antes de mediados de 2026, será “un desafío”, subraya. Adjudicar significa que las inversiones o subvenciones tienen nombre y apellidos. Ya se han concedido. Si bien todavía hace falta que se abonen conforme se certifiquen los tramos realizados de las inversiones o una vez se haya comprobado que el adjudicatario cumple. La única información existente sobre pagos efectivamente realizados va con retraso y la publica la Comisión Europea: 2.400 millones en 2021 y 5.200 millones en 2022. Las cifras de adjudicación implican que todavía hay que resolver el 55% de los 70.000 millones. Y hay que añadirles 10.000 millones en subvenciones extra que España consiguió porque su economía fue peor durante la pandemia. Y otros 83.000 millones que hay que canalizar en créditos. “En los próximos dos años y medio España deberá hacer un enorme esfuerzo de ejecución”, señala Llorente y Cuenca. Según el reglamento europeo, los objetivos comprometidos deben estar listos antes de agosto de 2026. Además, el documento subraya que el menor atractivo de los préstamos genera “dudas razonables” sobre la capacidad que hay para absorberlos.

De los 66.296 millones de euros asignados ya a España, está comprometido el 94,3% pero la adjudicación a sus beneficiarios concretos se sitúa en el 46% del total del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según el análisis de la consultora LLYC. «Esto significa que en los próximos dos años y medio España deberá hacer un enorme esfuerzo de ejecución para adjudicar el 55% restante del Plan de Recuperación original y los fondos adicionales de la adenda» (10.300 millones en forma de subvención y 83.200 millones en forma de préstamos), señala el informe. Según los datos del Observatorio ‘NextGen’ de LLYC, en la Administración General del Estado, de los 38.336 millones de euros comprometidos, se han resuelto convocatorias y licitaciones con una dotación de 30.552 millones (78,5% de lo comprometido) a 31 de diciembre pasado, y se han adjudicado a beneficiarios finales 23.977 millones (un 34% de los fondos totales del PRTR inicial). En el caso de las comunidades autónomas, los recursos gestionados ascienden a 24.188 millones, mientras que el importe total adjudicado asciende a solo 8.600 millones de euros. El análisis de la consultora alerta sobre la acumulación «significativa» de remanentes en la ejecución del Plan de Recuperación –fondos no adjudicados en convocatorias resueltas– que llegaría a 6.575 millones de euros solo a nivel de la Administración General del Estado. Si se extrapola a los fondos transferidos a las autonomías, LLYC calcula unos 5.205 millones de euros en remanentes autonómicos. En total, estos remanentes suponen un 16,7% de los fondos originales del Plan de Recuperación, que podría aumentar próximamente hasta un 20%, según este análisis. Por tipo de beneficiario, al sector público se han destinado más fondos (un 45,07% del total de los fondos comprometidos) que al privado (un 40,13%, el resto se ha asignado a entidades mixtas). 

El Gobierno cambia sus planes para las ayudas a la industria del automóvil este año. El Perte del Vehículo Eléctrico (Perte VEC) III, que se esperaba para el primer trimestre de 2024 con una dotación de 1.250 millones de euros, pasará a ser el Perte VEC IV y se publicará en el segundo semestre. Antes que él habrá un Perte VEC más pequeño, de 300 millones, que se publicará este primer trimestre con 200 millones en subvenciones y 100 millones en préstamos. Estos fondos se articularán de la misma forma que el anterior programa: una parte irá destinada a proyectos de baterías y otra a la cadena de valor. A su vez, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, informó ayer de que a partir del 7 de febrero se publicarán las primeras 15 resoluciones provisionales de ayudas del Perte VEC II de la línea de cadena de valor. De esto están pendientes empresas como Stellantis, el mayor fabricante de coches de España, que presentó un proyecto para traer la plataforma de producción STLA Small a Vigo y Zaragoza. Sobre ella se harán los futuros coches eléctricos compactos y pequeños que el grupo saque a partir de 2025, y su llegada al país demandará una inversión superior a los 1.000 millones. Stellantis no solo está pendiente de la línea de cadena de valor del Perte VEC II, sino que está muy atenta al próximo paquete de ayudas para conseguir más fondos para la planta de baterías que proyecta levantar en Zaragoza (la inversión ronda los 3.000 millones). La compañía quedó muy insatisfecha con los 55,86 millones que recibió en el Perte VEC II para este proyecto que denomina Antares, ya que aspira a una cifra cercana a los 200 millones.

Aunque la evolución del mercado laboral en 2023, en conjunto, fue muy positiva, con 534.929 nuevos afiliados a la Seguridad Social, el dinamismo del empleo a lo largo del ejercicio fue muy desigual, ya que este creció con fuerza entre enero y abril de 2023 y se detuvo en seco a partir de mayo, lo que no arroja muy buenas perspectivas para este año. En concreto, el 78,6% de los empleos creados a lo largo del año pasado se generaron entre enero y abril, tomando los datos desestacionalizados, mientras que este ritmo de crecimiento se ralentizó “bastante” en el resto del año. De acuerdo con las cifras de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el incremento medio mensual de la afiliación a la Seguridad Social se frenó del 0,5% en el primer cuatrimestre del año al 0,1% en los ocho últimos meses, según un informe de Fedea publicado este lunes en el que se analiza la evolución de la afiliación a la Seguridad Social el año pasado. Así, el documento Evolución de la afiliación a la Seguridad Social en 2023 y comparación con la situación antes de la pandemia, elaborado por Miguel Ángel García para Fedea, sostiene que “la evolución anual en 2023 ha sido muy positiva con un crecimiento de 534.929 afiliaciones, si bien merece la pena reseñar que la mayor parte del aumento se produjo en el primer cuatrimestre del año (420.301 afiliados, el 78,6% del total)”, mientras que en el resto del año “el ritmo de creación de empleo se ha ralentizado mucho”. Esto se puede deber tanto a un enfriamiento de la economía en la segunda mitad del año (el PIB creció un 1% en el primer semestre, casi el doble que el 0,6% previsto para el segundo) como al efecto de los contratos fijos discontínuos (que implica menos contratos en verano) o a un cambio en el patrón del empleo creado en los últimos años respecto a épocas anteriores (con un menor peso del empleo turístico).

Las empresas españolas incrementarán de media un 3,5% los salarios de sus trabajadores a lo largo de este año frente al 5% registrado en 2023, según el estudio sobre Tendencias retributivas e incrementos salariales 2024, publicado ayer por KPMG Abogados y que se basa en una encuesta a 85 empresas de diferentes sectores (energía, construcción, distribución, turismo, entre otras) realizada entre noviembre y diciembre de 2023. Según el estudio, esta tendencia sugiere una “cautela” en la toma de decisiones salariales, posiblemente influenciada por la moderación de la inflación, aunque quizá también por el incremento de otros costes, como pueden ser la energía y otros insumos, los impuestos y cotizaciones sociales y la subida salarial encubierta que supone el recorte de la jornada laboral planteado por el Gobierno. De hecho, el estudio señala que la reducción en el ritmo de incremento podría reflejar también un enfoque “más conservador” por parte de las empresas, adaptándose a las condiciones cambiantes y buscando un equilibrio entre la retención del talento y la gestión prudente de los recursos financieros ante la previsible debilidad de la demanda por la ralentización económica. Con todo, el informe también destaca que la confianza empresarial aumentó ligeramente respecto al año anterior, pues un 52% de las compañías españolas encuestadas muestra optimismo sobre las perspectivas económicas al considerar que la situación va a ser mejor en los próximos seis meses, frente al 36% del año anterior. Con todo, el estudio recalca la preocupación en la gestión del talento, con un 84% de las compañías encuestadas afirmando que la atracción y rotación de talento es uno de los desafíos más significativos a los que se enfrentan. 

La negociación entre sindicatos y patronales bancarias sigue enquistada y la distancia entre las propuestas de alzas salariales es muy amplia. Además, los representantes de los trabajadores conservan pocas esperanzas para las próximas reuniones, que comienzan hoy con la patronal de las antiguas cajas de ahorros (CECA). Tanto es así que ya han convocado incluso una manifestación para el jueves de la semana que viene, 8 de febrero, solo dos días después del último de los encuentros agendados con la patronal AEB y del final de las presentaciones de resultados anuales de la banca. No es casualidad: los sindicatos tratan de presionar y ganar la batalla del relato tras unos beneficios récord. A río revuelto, ganancia de pescadores. Y en eso están UGT, CC OO y FINE, que esperan sacar tajada ante unas cuentas estratosféricas del sector financiero marcadas por el viento a favor del Banco Central Europeo, que pisó el acelerador de la subida de tipos para combatir la inflación galopante que azotaba al Viejo Continente. “Buscamos mejoras, pero no parece de partida que vayan a ceder. Si sigue así, habrá más movilizaciones”, avanzan fuentes sindicales.

CEOE, Cepyme y UGT no tendrán que devolver las subvenciones directas de 30 millones de euros que recibieron en conjunto en 2023 para la formación de trabajadores en la “digitalización del sector productivo” y que el Tribunal Supremo ha anulado. O no tendrán que devolver la parte de estas subvenciones ya invertidas. Así se lo comunicó ayer por la tarde el Ministerio de Educación, Formación y Deportes a sendas delegaciones de las patronales y de UGT en una reunión en la que se abordaron las consecuencias de la sentencia que el Tribunal Supremo publicó el pasado día 23. Todo ello, por un recurso contra la decisión del Ejecutivo de conceder la subvención. En la misma, el tribunal anula el real decreto de 22 de diciembre de 2023 por el que el Ministerio de Educación concedió directamente, a dedo y sin tener en cuenta a ninguna otra organización social, una subvención de 30 millones de euros a CEOE, Cepyme y UGT, con el siguiente reparto: CEOE, 15.312.500 euros; UGT, 10.208.333 euros, y Cepyme, 5.104.166 euros. El fallo resaltó que, en el real decreto, el Gobierno “no acreditó” las circunstancias que a finales de 2022 le impidieron hacer una convocatoria pública de las ayudas, como está previsto en la Ley General de Subvenciones. El Ejecutivo esgrimió la pandemia del Covid y la guerra de Ucrania. Sin embargo, el tribunal explica que a finales de 2022 España había superado la pandemia y no había ninguna consecuencia de la guerra de Ucrania que impidiese cumplir con la Ley de Subvenciones. Además, el Supremo recalca que el Ministerio concedió las subvenciones en contra del parecer de la Intervención Delegada del Departamento.

El consumo echó el freno el pasado año y las grandes superficies comerciales de Euskadi no escaparon a la tendencia. Así lo constató ayer el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) al revelar que, atendiendo tanto a alimentación como al resto de productos, las compras en este tipo de establecimientos se quedaron en un pírrico crecimiento del 0,2%. Muy por debajo de la evolución de los precios en 2023. Además, el comportamiento fue dispar. En alimentación, donde más se acusó el IPC con incrementos medios cercanos del 9% en la cesta de la compra, los gastos crecieron un 0,5%. En cambio, en el resto de productos el registro anotó un descenso leve del 0,3%. Los datos corroboran la tendencia general del pasado ejercicio en el que la economía experimentó una desaceleración. La combinación de subida de precios y de tipos de interés frenó el consumo que, aunque se mantuvo, no repitió registros de años anteriores. A pesar de la moderación de la actividad, la tendencia que sí mantuvo el sector en positivo fue la del empleo. En Euskadi, las contrataciones de grandes superficies y cadenas de alimentación crecieron en un 3,1% respecto a 2022. Por territorios, Bizkaia y Gipuzkoa crecieron levemente un 0,6% y un 0,4% respectivamente. En cambio, Álava registró el peor comportamiento con un descenso de las ventas en los centros comerciales del 1,4%.

Hasta 3.172 millones de euros es el montante al que ascendieron las hipotecas firmadas por Kutxabank el pasado año. Supone un crecimiento del 2,5% sobre 2022 con un volumen de crédito que creció en 80 millones. La entidad surgida de la fusión de las antiguas cajas de ahorro vascas logra escapar de la tendencia del sector que el pasado año acusó un descenso generalizado de compra de vivienda del 17%. Además, con este impulso, Kutxabank incrementó su cuota de mercado en cinco puntos alcanzando el 41%. Según explicaron fuentes de la entidad, el elevado número de pólizas firmadas responde a las condiciones mantenidas y a una apuesta comercial. Los datos remontan incluso las propias previsiones que la entidad realizó el pasado noviembre en su Estudio sobre el Mercado Hipotecario. El informe preveía para 2023 un retroceso en la concesión de hipotecas en Euskadi del 9,7% y no auguraba una recuperación del ritmo en la adquisición de viviendas hasta 2025. Las hipotecas mixtas crecieron exponencialmente y fueron el 73% de los préstamos. Se trata de un vuelco sobre las cifras del pasado año, cuando los créditos a tipo fijo ganaban terreno.

El buen comportamiento de los mercados en la recta final de 2023 ha permitido a Lagun Aro, la EPSV, que gestiona la previsión complementaria de los cooperativistas de Mondragón, mejorar la subida de la prestación para sus pensionistas en 2024. Así, el incremento será del 2,9% y no del 1% como se pensó en un primer momento, cuando aún no había cerrado el ejercicio. De hecho, en diciembre se llegó a comunicar a los socios que no se podría superar ese 1% y ahora les han informado de la buena noticia. La citada subida del 2,9% afecta a los pensionistas menores de 73 años, es decir, aquellos que se jubilaron después de 2010, que son unos 7.500 sobre un total de 15.200. Para los mayores de 73 años sus prestaciones se revalorizan con el 70% del IPC. La razón de esta división es que en 2010 se remodeló el sistema por la crisis financiera. Hasta ese año el 67% de las pensiones de los cooperativistas dependía de sus aportaciones a Lagun Aro y el 33% de la Seguridad Social. A partir de entonces el peso se invirtió de forma que se pasó a un esquema del 40% y 60% respectivamente. El caso es que para los jubilados después de 2010 se estableció que era necesario alcanzar una ratio de solvencia mínima del 4% para poder elevar las prestaciones con el IPC. En caso contrario, la subida se tenía que limitar al 1%.

Los colegios vascos inician el periodo de matriculación el próximo 7 de febrero y lo hacen mirando a los datos de natalidad, que desde hace unos años muestran una curva descendente. Así, en las aulas de 2 años el próximo septiembre habrá alrededor de 11.000 escolares, mil menos que en el curso 2023-24. Esto supone que el proceso de prematriculación sea mirado con lupa desde ambas redes educativas y más cuando el año pasado se aplicó una nueva normativa que no acabó de gustar a ninguno de las redes educativas que la llegaron a calificar de «opaco». Para el curso que viene las familias tienen hasta el 23 de febrero para pensar y anotar en orden de preferencia en qué colegio quieren que estudien sus hijos. Los trámites de admisión de los más pequeños serán iguales que los del año pasado, pero distintos. Hay un matiz importante que hará que las familias con varios hijos vivan más tranquilas el proceso. Los niños que tengan hermanos en un colegio obtendrán plaza en el mismo centro educativo. Se evitarán las quejas y quebraderos de cabeza de quienes tenían, por ejemplo, gemelos y eran destinados a centros distintos. Además, se incrementa el número de puntos (de 2 a 5) si se elige un colegio situado en el municipio limítrofe con el de la residencia familiar. La prematriculación de nuevos alumnos en Euskadi obligará a todos los centros escolares financiados con fondos públicos (esto es, públicos y concertados) a que se «responsabilicen» de igual manera ante la «vulnerabilidad» socieconómica. Así lo destacó el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, quien incidió en que «en una sociedad cada vez más diversa, lograr una mayor cohesión social es para nosotros una cuestión básica».

El sector agrario vasco descarta cualquier tipo de movilización a diferencia de las tres principales organizaciones estatales (COAG, Asaja y UPA), que hoy han convocado una reunión que podría acabar en la convocatoria oficial de movilizaciones ante los desafíos que se avecinan, algunos distintos y otros comunes a los que han sacado a la calle a los agricultores en Alemania o Francia. La principal organización agroganadera del territorio, Enba, avanza que «por ahora no valoramos ningún tipo de movilización», y traslada «calma». El próximo lunes Enba tendrá la habitual junta directiva de cada mes en la que «este tema estará seguro sobre la mesa», asegura su secretario general, Xabier Iraola. Desde el sindicato agrario Ehne, su presidente, Garikoitz Nazabal, sostiene que tampoco contemplan «ningún tipo de movilización». El hartazgo en el sector agro es absoluto, tanto a nivel autonómico como estatal y europeo. La lista de contratiempos a los que se vienen enfrentando agricultores y ganaderos vascos en los últimos años no tiene fin. El sector lleva un tiempo denunciando que la cadena alimentaria se sustenta en un sector productor que trabaja a pérdidas, una situación que impide atraer a los más jóvenes a un sector que carece de un relevo generacional. Los elevados costes de producción y una burocracia cada vez más exigente son otros de los quebraderos de cabeza de este sector. «El contexto normativo parece que busca premiar la no producción. Cada mes se aprueba una nueva ley o un decreto que ahoga cada vez más al productor y que no tiene un impacto en el precio», concluyen Iraola y Nazabal, que entienden muchas de las quejas de los vecinos franceses. El secretario general de Enba también pone en valor la capacidad de presión del agro francés. «Ellos son capaces de cerrar los accesos a París, mientras que aquí apenas hacemos cosquillas si sacamos 30 tractores a las calles».

La primera granja de engorde de atún rojo de la costa vasca comenzará a funcionar en fase de prueba el 1 de julio, a 3,6 millas náuticas de la costa de Getaria. Las jaulas de engorde se instalarán a partir del mes de marzo con una inversión de 2,1 millones de euros. Si el resultado es positivo, se prevé llegar a producir 100 toneladas el año que viene y 300 toneladas en 2026. La granja marina de engorde de atún rojo que tiene previsto instalar frente a Getaria la empresa Itsas Balfegó, una compañía creada por la catalana Balfegó y el centro de investigación AZTI, comenzará su fase de pruebas el próximo 1 de julio. Si se cumplen los planes previstos, ese día entrarán en dos grandes jaulas sumergibles en el mar 50 túnidos a los que se les alimentará durante dos o tres meses mientras se verifica la viabilidad económica y funcional del proyecto. El siguiente paso, según Juan José Navarro, director adjunto de Balfegó, será el de comenzar con el engorde de miles de atunes. Si la fase de pruebas concluye satisfactoriamente, la empresa tiene previsto que en 2025 pasen por la granja cien toneladas de atunes rojos, una cantidad que en 2026 ascenderá a 300 toneladas. Las jaulas comenzarán a instalarse entre marzo y abril a unas 3,688 millas náuticas del puerto de Getaria. El único trámite que queda por superar es el de la autorización de la administración de Costas del Gobierno central, que llegará «en breve plazo», según el responsable de Balfegó. La colocación de la instalación de engorde será rápida. Se estima que los trabajos durarán alrededor de treinta días y están presupuestados en 2,1 millones de euros. El proyecto tiene como objetivo «iniciar la actividad de engorde de atún rojo vivo en Euskadi procedente de capturas realizadas por barcos de pesca en el Cantábrico». Para ello, plantea transferir las capturas en vivo realizadas por pesqueros de cerco «haciendo pasar los ejemplares vivos desde la red de cerco hasta una jaula de transporte flotante en alta mar» para ser trasladados hasta la instalación de engorde, dos jaulas de 50 metros de diámetro.

El chef de Azurmendi (el tres estrellas Michelin de Larrabetzu, Bizkaia) compartió escenario de Madrid Fusión Alimentos de España con el físico vasco afincado en Silicon Valley Eneko Axpe para contar cómo la nueva tecnología generativa de contenido puede ser «una herramienta más en cocina que nos ayude a ser más precisos y eficientes», explicó el cocineros vasco. Cuando el físico Eneko Axpe se planteó qué pasaría si un menú lo crease íntegramente una inteligencia no humana contactó con Eneko Atxa para plantearle el reto de ser el ejecutor de cuatro recetas generadas a través de una de las herramientas más conocidas, ChatGPT. El físico pidió primero a la IA el nombre de un plato de alta gastronomía, en base a él creó una foto y, por último, una receta para poder elaborarlo. Los problemas surgieron con la ejecución: «Las texturas no salían como esperábamos o los sabores no eran nada apetecibles», reconoció el chef. El siguiente paso era claro para Axpe: «Interactuar con la Inteligencia Artificial, hay que trabajar con ella, preguntarle, como si fuera uno más del equipo». Es en ese momento cuando el chef vasco, quien al inicio mostraba «cierto reparo» al uso de esta fría tecnología en su oficio, comenzó a apreciar las posibilidades que ofrece la IA. Por una razón, explicó: «Puede ofrecer cosas muy precisas si le exigimos soluciones».

Las primeras fisuras en el consenso del consejo del BCE apenas tardaron un par de días en aflorar. Los gobernadores del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau, y de Portugal, Mário Centeno, han puesto de manifiesto las divisiones en el seno del órgano de la autoridad monetaria al apostar por no demorar el abaratamiento del precio del dinero. El sector más heterodoxo, de hecho, empieza a apuntar a la reunión de abril para dar ese paso. “Todo estará abierto en las próximas reuniones”, afirmó el francés, sugiriendo incluso un posible descenso en marzo. Sin embargo, el sector más duro del BCE, constituido por los halcones, sigue arrastrando los pies y apuesta por retrasar la primera rebaja hasta verano para contar con más datos sobre la evolución de los salarios. Los mercados dan por descontado desde finales del año pasado que el próximo movimiento de BCE será una bajada de tipos. La gran pregunta es cuándo se producirá. La jefa del Eurobanco, Christine Lagarde, afirmó que el jueves hubo un “consenso” alrededor de la mesa en que era era “prematuro” hablar de bajadas. Sin embargo, las palomas empiezan a mover ficha después de que los halcones hayan impuesto su ley en el seno del Consejo de Gobierno. A tenor de la última comparecencia de Lagarde, los miembros más ortodoxos tampoco ven la reunión de marzo como el mejor momento para decidir. En ese encuentro, los consejeros tendrán nuevos datos, pero todavía no contarán con todas las cifras sobre evolución de los salarios que Lagarde quiere examinar antes de proponer una reducción del precio del dinero.

En 2023, la eólica lideró con holgura la tabla, por delante de la nuclear y de los susodichos ciclos combinados, que cayeron por debajo del 17% y que el mes pasado generaron menos electricidad que en cualquier diciembre de la última década. En 2024, si todo marcha según lo previsto, la fotovoltaica en suelo (excluidas las instalaciones de autoconsumo, que aún no tienen cabida en las estadísticas oficiales) rebasarán a las centrales de gas, relegándolas al cuarto puesto. “La idea con la que se instalaron en su momento, que fueran una tecnología de base, ha cambiado por completo: ahora es solo un complemento de la variabilidad renovable. Y eso hace que las señales económicas del mercado de energía no sean suficientes para que sean rentables”, expone Luis Atienza, expresidente de Red Eléctrica de España (REE). Un dato lo dice todo: “Los ciclos van a terminar este año operando la tercera parte de las horas de lo que se pensó en su momento, cuando se decidió su puesta en marcha. Y en 2024, a poco que sea normal en lluvias, seguirá bajando aún más”. La paradoja está servida: muchas de estas centrales “ni siquiera pueden hoy recuperar los costes fijos”, según Atienza, pero siguen siendo “muy importantes, sobre todo en el anochecer de los días fríos con anticiclón”, en los que no sopla viento. A principios de octubre de 2022 se vivió uno de esos episodios: con el sistema eléctrico español atravesando la semana más tensa de su historia, REE fue a echar mano de los ciclos y se dio de bruces con una realidad: un número no menor de ellos estaban fuera de juego; “indisponibles”, en la jerga del sector. Ese mes, según las cifras del propio gestor, casi una de cada seis centrales estuvieron fuera de combate. Una parte sustancial de ellas, las más veteranas. El futuro de las centrales de gas, aquilata Natalia Collado, de EsadeEcPol, “es el de responder a picos de demanda”. Eso, dice, “tambaleará la sostenibilidad de estas plantas, que antes eran de base y operaban muchas horas al año”. 

Un hombre que secuestró en compañía de su hijo a una rehén israelí. Otro individuo al que Hamás pidió que llevara bombas de mano. Una mujer que repartía munición a los terroristas. Son algunos de los perfiles que la Inteligencia israelí y estadounidense analizan sobre los doce trabajadores de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) que se han revelado como presuntos miembros de Hamás –salvo uno, seguidor de la Yihad Islámica– y participaron en la masacre contra los kibutz del 7 de octubre. El Gobierno de EE UU tiene en sus manos un amplio informe de Tel Aviv sobre la supuesta infiltración. No es la primera vez que los israelíes formulan esta acusación, pero sí la primera en que acuñan indicios muy serios, como mensajes de texto incriminatorios o triangulaciones de teléfonos móviles que sitúan a varios sospechosos en el lugar y la hora de la matanza. Washington todavía debe verificar la información, pero el hecho de haber congelado cautelarmente su subvención a la agencia indica que la considera factible. Israel identifica a cada sospechoso por su nombre, apellido y el puesto que ocupaba en la oficina de ayuda humanitaria. Al parecer, siete eran profesores en las escuelas dirigidas por la UNRWA.