20240718

«Tenemos un problema demográfico evidente, una población que envejece y una demanda de aumento de los servicios sociales. En ese contexto necesitamos ser atractivos para atraer talento y actividad económica, de lo contrario tendremos problemas», apuntó ayer José Ignacio Zudaire, presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao, para aportar a continuación la posible solución: «Hay que hacer una política fiscal inteligente», dijo. Un mensaje, a las puertas de que se conozcan las propuestas de las haciendas forales en torno a la reforma fiscal, en el que coinciden la corporación vizcaína y la patronal vasca, Confebask. Zudaire eludió tomar una posición sobre cada una de las medidas concretas que ya ha esbozado la patronal –eliminación del Impuesto de Patrimonio, reducción de los tipos mínimos en Sociedades, flexibilización en la compensación de pérdidas y deducciones por la creación de «empleo de calidad», entre otras–, pero se mostró alineado con el hilo conductor que se desprende de esas ideas. «Creo que hay que tomar el ejemplo de países que tienen una fiscalidad atractiva, que han conseguido incrementar su actividad económica y con ello la recaudación de impuestos. Abogar por una subida de impuestos puede resolver un problema de corto plazo pero genera otro de largo alcance», advirtió. En torno al turismo –una actividad que en la economía vasca tiene un peso creciente pero aún pequeño–, Zudaire llamó la atención sobre el fenómeno de contestación social que ya se ha evidenciado en otras zonas de España. La ‘turismofobia’ comienza a ser un factor más sobre la mesa. Así y centrado en que una parte importante de esa reacción está generada por la proliferación de apartamentos turísticos, el máximo responsable de la corporación empresarial no ocultó la preocupación de la Cámara. Por otra parte, la encuesta de coyuntura realizada entre empresarios refleja la preocupación por el absentismo laboral. Una estadística en la que el País Vasco está a la cabeza del ránking español.

El vicelehendakari y consejero de Trabajo, Mikel Torres, se reconoció ayer sorprendido de que los empresarios pidan una reducción de la presión fiscal «justo en un año en el que hay récord de beneficios». Mientras, la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, fue tajante al manifestar su oposición a eliminar el Impuesto sobre el Patrimonio. «Son unas propuestas que siempre han estado sobre la mesa», apuntó Torres en unas declaraciones a Radio Popular, realizadas en respuesta a las iniciativas que había planteado esta semana la organización empresarial vasca, Confebask. «Nuestra postura no es bajar la tributación, sino mantener una justa a las empresas para que contribuyan a los servicios públicos», añadió. Así se mostró crítico con situar el tipo mínimo de Sociedades en el 15% frente al 17% actual –pese a que es el 15% el que está en vigor en la normativa del Estado–, aunque se mostró dispuesto a valorar otras propuestas como incentivar el empleo estable o la inversión en aspectos ligados al medio ambiente. La diputada general de Bizkaia también dio respuesta a las iniciativas de los empresarios, en su caso durante una entrevista en la radio pública vasca. Etxanobe se mostró dispuesta a analizar la rebaja del 17 al 15% planteada por Confebask para el Impuesto de Sociedades, un planteamiento que no es nuevo para la institución y del que reconoció compartir «parte de la visión». Sin embargo también remarcó su rechazo a la eliminación del Impuesto de Patrimonio que «se mantendrá como hasta ahora». La diputada general de Bizkaia explicó que la fiscalidad «es una herramienta muy potente e importante para atraer empresas al territorio», y apostilló que éstas son «las que generan actividad económica y empleo», en lo que señaló «coincidir plenamente» con el discurso de la patronal.

 Tras un arranque de año con algunas dudas por el complejo contexto global, la economía vizcaina ha acelerado en el segundo trimestre del año y afronta el resto del ejercicio con perspectivas más favorables de lo que se preveía. Las empresas del territorio han alcanzado el punto de estabilidad necesario para invertir y crear empleo, gracias a un ritmo de crecimiento de ventas constante y sólido. Son las conclusiones principales del último informe de Coyuntura Económica de la Cámara de Comercio de Bilbao, presentado ayer y en el que destaca la mejora de las previsiones de evolución del PIB para el conjunto del año. La Cámara de Comercio prevé un incremento del PIB para Bizkaia de entre un 1,9% y un 2% para 2024. Es un dato que concuerda con la previsión del Gobierno Vasco para el conjunto de la economía vasca. Y esa una de la claves principales del informe, ya que hasta ahora Bizkaia iba un paso por detrás de Gipuzkoa y Araba. La economía vizcaina ha alcanzado la velocidad de crucero de los otros dos territorios de la CAV y afronta la parte final del curso con buenas perspectivas. Ver informe Cámara Bilbao.  

La economía vasca continuó en junio su ascenso y roza ya la zona de 'crecimiento sólido' al alcanzar un valor de 99,3 puntos sobre 150, casi dos puntos más que en mayo, con lo que acumula 15 meses de subidas. Así lo refleja el 'Termómetro Económico' que publica el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco correspondiente a junio y que analiza un centenar de indicadores. En marzo de 2023 Euskadi entró en la zona de 'crecimiento suave' (por debajo de 100 puntos) por primera vez desde el mismo mes de 2021. Desde entonces la tendencia ha sido al alza y este pasado mes de junio estuvo a punto de pasar a la zona de 'crecimiento sólido' (por encima de los 100 puntos) al llegar a los 99,3 puntos frente a los 97,4 puntos de mayo, con lo que ha marcado un nuevo máximo. El estudio detalla que el mayor aporte al dinamismo de la actividad económica desde el punto de vista de la demanda llegó de la mano del crecimiento del consumo privado. Como contrapartida, se perdió la contribución del saldo exterior debido al incremento de las importaciones. La industria por su parte, aunque sigue débil, mejoras sus perspectivas, y el incremento del empleo impulsó en junio al sector servicios. 

La incertidumbre que atraviesa Talgo en mitad de la opa presentada por la húngara Magyar Vagon, que está a la espera de la autorización del Gobierno de España, y una propuesta de integración de la checa Skoda ha despertado las alertas del Ejecutivo vasco. Según fuentes del departamento de Industria consultadas, el Gobierno vasco confiesa que «las informaciones de las últimas horas nos preocupan especialmente». El departamento que dirige el nuevo consejero jeltzale, Mikel Jauregui, asegura que lo relevante es priorizar la opción que «disponga de un proyecto industrial sólido, con un plan de viabilidad». Además, a la luz de las informaciones sobre la operación, afirman «desconocer por qué el Gobierno de España prioriza la opción de una empresa checa respecto a la húngara». La situación ha llevado al consejero a ponerse en contacto con el Ministerio de Industria «para solicitar la información disponible» y para plantear que la decisión «esté basada en criterios industriales». Talgo, de orígenes vascos, cuenta en Euskadi con su principal centro de fabricación. En la localidad alavesa de Rivabellosa se emplean más de 700 personas. Los sindicatos, además, se han reunido con los responsables del departamento hace unas semanas. Moncloa no ve con buenos ojos la opción de Magyar Vagon por el apoyo que recibe del Ejecutivo de Hungría y ha especulado, además, con conexiones de capital ruso, que la empresa ha desmentido. Por ello ha buscado una alternativa en la propuesta de Skoda, que se ha hecho pública esta semana.

Los tres proyectos de Solaria para instalar parques fotovoltaicos en Álava (Ribera Baja, Vitoria y Zigoitia) esperan a que el Gobierno vasco resuelva las miles de alegaciones que han presentado las instituciones –incluida la Diputación– y distintos colectivos sociales. La empresa ya mostró hace un par de semanas su disposición a cambiar los planteamientos que están en fase de revisión por parte de la administración y ayer reivindicó que la actividad de sus huertos aportará más de 1.350 millones de euros a las arcas forales durante los treinta años de vida útil que tendrán las instalaciones. «Esto redundará en la mejora de los servicios públicos que van a poder recibir los ciudadanos a lo largo de estos años», subrayó ayer Aitor Uriarte, coordinador de Relaciones Institucionales de Solaria en Euskadi. Esa mayor capacidad de recaudación se suma a la «importante» creación de empleo que la compañía prevé que se vivirá en Euskadi durante los próximos años. Según sus cálculos serán 6.000 nuevos puestos durante la fase de construcción y 150 más para las labores de operación y mantenimiento para cuando estén en funcionamiento. «Generarán un impacto positivo a los pueblos del territorio», afirmó Uriarte. Además, la compañía anunció que ofrecerá «al menos un 20% de la propiedad del proyecto o de su financiación» a ciudadanos, personas jurídicas y entidades públicas o privadas radicadas en municipios de Álava.

Acompañado por Itxaso, el consejero del ramo, Pradales dio la máxima prioridad al problema de la vivienda ante la dificultad de acceso sobre todo para los jóvenes, planteando mejoras fiscales y más construcción. El nuevo Gobierno vasco tiene dos objetivos prioritarios entre ceja y ceja. Los anunció Imanol Pradales durante la campaña electoral y resulta evidente en el arranque de mandato. El primero es mejorar Osakidetza, para lo que ya se busca un «pacto de país» con la oposición. El segundo, buscar soluciones para el problema del acceso a la vivienda que padecen especialmente los más jóvenes, se activó ayer. Se trata de una cuestión crucial porque, aparte de impactar en la calidad de vida, retrasa la emancipación y ahonda la crisis demográfica. Otro de los grandes males que azota Euskadi. El lehendakari reunió en Vitoria por primera vez al Pacto Social por la Vivienda (PSV), un foro creado hace dos años del que forman parte 88 entidades públicas y privadas que tienen algo que decir en este asunto. A todas ellas les pidió «solidaridad» para afrontar una situación «que no tiene fácil solución». Una «tormenta perfecta» definió el consejero del ramo, el socialista Denis Itxaso. «Necesitamos un mayor número de casas por la progresiva disminución de miembros de las familias», y encima la compra o el alquiler «cada vez exigen un mayor porcentaje del salario mensual». El PSV tiene fijada desde su constitución una hoja de ruta a quince años que contempla, por ejemplo, aumentar un 50% el número de viviendas protegidas (de 74.000 a 116.000) y duplicar las que se destinan al alquiler público (de 26.000 a 50.000). Grandes magnitudes a las que el Ejecutivo sumó ayer pasos más precisos que considera que habría que empezar a dar a corto plazo. Uno de ellos es ajustar la fiscalidad para que los jóvenes lo tengan más fácil. ¿Qué significa eso? Está por ver, pero la petición llega en el momento adecuado: las haciendas forales están inmersas en una revisión del marco tributario que PNV y PSE, socios en las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, calculan que podrían concretar antes de que acabe el año.

Tras cerrar el 2023 como el peor año para la natalidad en Bizkaia, con menos de 6.700 alumbramientos, se vislumbraba en este 2024 cierta recuperación. El año empezó con una ligera subida en los nacimientos, de un 1,43%, pero esos brotes verdes no llegaron a crecer y el acumulado de enero a mayo se sitúa por debajo de las cifras del pasado año. Es, además, una realidad que lastra el crecimiento natural de Euskadi, ya que el desplome en este territorio, el más poblado, no llegan a compensarlo Álava y Gipuzkoa, regiones en las que sí está aumentando la natalidad. El INE publicaba ayer la estimación mensual de nacimientos hasta mayo. Hasta entonces habían llegado al mundo 2.588 vizcaínos, un 3,28% menos que en 2023 por esas fechas, cuando ya habían visto la luz 2.676 bebés. En 2019, en el mismo periodo, eran 3.113. La diferencia equivale, prácticamente, al total de alumbramientos que se registran en el territorio en un mes. Sin embargo, Gipuzkoa experimentó un crecimiento del 8,23%, con 1.912 bebés, y en el último año solo ha contabilizado un descenso, de apenas un 0,2%, en agosto. Eso se traduce en que este territorio recorta cada vez más distancias con Bizkaia, donde solo nacieron en los primeros meses del año 676 niños más que en la provincia vecina, cuando en las mismas fechas de 2019, por ejemplo, la diferencia ascendía a 1.020. En Álava, sin llegar a bajar, se contuvo ligeramente la natalidad entre enero y mayo, firmando en los cinco primeros meses del año un ascenso del 0,22%, con 842 nacimientos. Y es que hablamos de contención porque, por ejemplo en enero, se anotó un crecimiento cercano al 9%.

LKS Nexteko Pertsonen Aholkukaritzako zuzendaria da Ander Sansinenea Mendieta. Psikologoa ikasketaz, Giza Baliabideen Zuzendaritzako Masterra egin zuen gerora. Giza baliabideen sailak landu eta zuzendu ditu bere ibilbide profesionalean, eta Deustuko unibertsitatean irakasle bezala ere aritzen da. Gazteen laneratzea, enpresek eskatzen dituzten gaitasunak, talentuaren kudeaketa edota telelana izan ditu mintzagai EnpresaBIDEAn. Enpresek, lanpostua eta soldataz harago, proiektu oso bat eskaintzearen garrantzia azpimarratu du LKS Nexteko Pertsonen Aholkularitzako zuzendariak. Lan merkatua globalizatzen ari dela gogoratu du, eta lau eguneko jardunaldia sektore batzuentzako erakargarria izan daitekeela uste du. Gehiago irakurri hemen. 

El Congreso de Mondragon, celebrado ayer en Bilbao, formalizó el cambio de presidente en la primera corporación empresarial de Euskadi y la décima de España. Iñigo Ucín, tras ocho años al frente, se jubilará el 1 de agosto cediendo la presidencia a Pello Rodríguez. Se abre una nueva etapa que viene definida por el Plan Estratégico que el congreso aprobó este miércoles y que pasa por adaptarse a un mercado cambiante. En lo internacional, el pulso geopolítico con China y la apuesta inversora de Estados Unidos marcan cambios obligados que harán que Mondragon busque nuevos espacios y oportunidades. Se reforzará la presencia en Norteamérica –México y EE UU– y se reducirá en China, donde hay una decena de plantas. Además, se incrementará la apuesta por negocios clave como la digitalización y la energía. Todo lo relacionado con la fabricación flexible y robotización crecerá exponencialmente. Son áreas en las que la corporación cuenta, además, con agentes líderes como Danobat que desarrolla esta tecnología en la máquina herramienta y es, precisamente, la compañía que dirigía el nuevo presidente de la corporación, Pello Rodríguez. En cuanto a la fabricación flexible, Mondragon participará junto a Gestamp en el centro especial que lidera la planta de Mercedes en Vitoria. En el sector energético, se fija el objetivo de crecer en el desarrollo de la descarbonización participando en proyectos relacionados con el hidrógeno. La corporación cuenta ya con empresas proveedoras de piezas críticas en energía fotovoltaica y eólica. Todo ello se afrontará, además, con una apertura a desarrollar alianzas con socios externos a la cooperativa y que aceleren el crecimiento en estas líneas. La corporación empresarial vasca alcanzó en 2023 los 11.056 millones de euros en ventas –un 5,1% más– y elevó su beneficio neto hasta los 593 millones, un aumento del 34%.

Pello Rodríguez Zabaleta (Urretxu, 1975), coge el guante que le pasa Iñigo Ucin en un relevo natural, como los que suele realizar el Grupo cooperativo, ya que se trata una vez más de un hombre de la casa, que ha mamado el cooperativismo desde los inicios de su carrera profesional y se ha forjado en el ámbito industrial, uno de los pilares fundamentales de la Corporación. Arrancó su andadura en el año 2000 en Danobat S. Coop, como gerente de proyectos. Una cooperativa que también forjó a Iñigo Ucín en sus inicios. Además tiene ese necesaria visión internacional para una Corporación que cuenta con una gran implantación en el exterior. No en vano, Pello Rodríguez estuvo seis años en las filiales de Inglaterra (Newal) y Alemania (Overbech), hasta que, en 2007, tras su vuelta del extranjero se hizo cargo del negocio de Torneado y Rectificado de la cooperativa, accediendo en 2013 a la dirección. Desde 2015 es vicepresidente de Mondragon y director general de la división de Bienes de Equipo. Asimismo, ha sido miembro del Consejo General y del Consejo Industrial de la Corporación. En estos meses ha estado trabajando de «forma intensa» con Iñigo Ucin preparando el relevo, como reconocía en una entrevista a este medio el todavía presidente de la Corporación, quien ya adelantaba que «la industria vasca debe compartir proyectos de calidad si quiere competir con China, al tiempo que indicaba que las tecnologías de futuro no se pueden desarrollar con pequeñas compañías frente a los gigantes americanos y asiáticos».

El Gobierno movió ayer sus posiciones para intentar que los empresarios entren en un acuerdo, junto a los sindicatos, sobre la reducción por ley de la jornada laboral, y sin recortar el salario. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey ofreció a las patronales CEOE y Cepyme la siguiente propuesta: la posibilidad de que a lo largo de 2025 las empresas que no tengan ya este tiempo de trabajo puedan hacer una aplicación paulatina de la reducción de la jornada laboral, sin rebajar el salario, hasta las 37,5 horas a la semana. Pérez Rey mantuvo ayer una nueva reunión con la patronal y los sindicatos sobre esta cuestión. Sería un período transitorio que retrasaría desde el 1 de enero desde 2025, la primera fecha que puso el Gobierno para la entrada en vigor de la jornada de 37,5 horas semanales. Sobre todo, para la hostelería, los sectores más importantes del turismo, el comercio o la agroalimentación. El sentido común lleva a pensar, incluso, a que en los sectores y empresas que lo necesiten la medida podría entrar en vigor en 2026. Pero ni el Ministerio ni los sindicatos precisaron ninguna fecha para la entrada en vigor de la medida, aunque parece que está descartado retrasar la reducción de la jornada hasta 2027. Parece que este punto quedó pendiente para la reunión que se celebrará el próximo 29 de julio. Trabajo calcula que la reforma podría afectar a doce millones de trabajadores que tienen una jornada superior a las 37,5 horas a la semana. Otro dato es que, en la negociación colectiva, el baremo medio de esta cuestión está en las 38,2 horas a la semana. CEOE hizo saber en la mesa que niega la mayor y volvió a la posición de partida: los empresarios no aceptan una reducción de la jornada por ley, porque ya se pacta libremente con los sindicatos en la negociación colectiva, en los sectores y empresas que pueden hacerlo, comentaron las fuentes de la organización empresarial. 

La reducción de jornada surtirá un fuerte impacto sobre el mercado laboral, recortando el número de horas trabajadas en cerca de un 1%, de acuerdo con los cálculos de BBVA Research, pero también supondrá un fuerte golpe a los costes de las empresas, lo que lastrará sus márgenes de beneficios, y por tanto su capacidad de inversión, y dará un impulso añadido a los precios. En concreto, la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (Anged) calcula que reducir de forma lineal la jornada laboral de los trabajadores del sector de 40 horas semanales a 37,5 horas, como planea el Gobierno tendría un coste económico de 461 millones de euros para estas empresas, que se elevaría hasta los 2.888 millones para el conjunto del comercio minorista. En concreto, Anged señala en el documento Coste económico de la reducción de la jornada laboral en la distribución, publicado ayer, que el recorte de la jornada laboral supondría un incremento de los costes laborales del 5,8% por la pérdida de 24,2 millones de horas de trabajo anuales. Esto implicaría un coste de 461 millones de euros para las empresas, bien por las nuevas contrataciones necesarias para cubrir las horas perdidas, algo que sucederá sobre todo en las grandes empresas, bien por la facturación que deje de producirse, algo que podría suceder en las empresas más pequeñas, con dificultad para encajar los nuevos horarios. Todo ello supondría un triple golpe para la economía, ya que redundaría en una contracción de márgenes de beneficios, que a su vez laminaría las inversiones, al tiempo que daría un nuevo impulso a la espiral inflacionista que ya ha elevado los precios un 19,3% en los últimos cuatro años. Según explica la economista jefe de Anged, Yolanda Fernández, las empresas pertenecientes a la asociación –El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo e Ikea, entre otras–, que representan el 12,3% del empleo total del comercio, van a asumir el 16% del coste de la reducción de la jornada.

La productividad del mercado de trabajo en España sigue siendo una variable capital a la hora de calibrar el verdadero comportamiento del empleo. La drástica reducción de la temporalidad y la creación de miles de puestos de trabajo –que han permitido romper la barrera de los 21 millones de cotizantes medios a la Seguridad Social–, desde la aprobación de la reforma laboral, dan soporte a la robustez de la situación actual, aunque una de las pequeñas grietas que afea la fachada estadística sigue proviniendo de un aumento desacompasado de la productividad. Circunstancia que enarbolan los empresarios a la hora de contener la reducción de la jornada laboral que plantea llevar a cabo el Ministerio de Trabajo. Un estudio de BBVA Research publicado este miércoles compara los registros nacionales con los de la eurozona, y determina que el déficit de la productividad laboral entre España y el resto de países del entorno se ha ampliado en la última década, hasta situarse en un diferencial del 19,4% en 2023. El informe, titulado Productividad laboral: España vs. UEM y elaborado por Juan Ramón García y Camilo Ulloa, economistas del departamento de estudios del BBVA, tiene como objetivo analizar la evolución reciente de la productividad laboral en España y la Unión Económica y Monetaria (UEM) desde la irrupción de la pandemia y hasta la actualidad, para determinar si esta “ha sido atípica”, teniendo en cuenta los efectos de la crisis sanitaria, las reformas del mercado de trabajo, la llegada de fondos europeos y el choque energético y de precios de los bienes importados que se han producido en este intervalo de tiempo. De acuerdo con los análisis realizados por ambos autores, que utilizan el valor agregado bruto (VAB) –un concepto económico que se utiliza para medir la contribución de cada sector de la economía a la producción total–, para establecer las comparaciones, indican que “el déficit crónico de productividad laboral entre España y la eurozona se ha ampliado en la última década, a pesar de que tanto el valor añadido por hora como por trabajador han avanzado más en España desde 2022″. Esto ha sucedido porque “todos los sectores no agrarios exhiben niveles de productividad menores en España que en la UEM”. 

La reactivación de las reglas fiscales y el fin del periodo de excepcionalidad presupuestaria abierto tras el estallido de la pandemia van dando lugar a los primeros requerimientos formales de saneamiento de las cuentas públicas. En el primer Informe sobre la ejecución presupuestaria, deuda pública y regla de gasto que publica desde la irrupción del Covid, el referente al ejercicio 2024, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) alertó ayer de que España se encamina a incumplir los límites de gasto público recomendados por la Unión Europea y recogidos por las legislación nacional y advirtió de que las flamantes previsiones de crecimiento económico del Gobierno a medio plazo pecan de “optimistas”. La Airef cuestionó las cifras oficiales solo un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el nuevo cuadro macroeconómico que sustentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2025, en el que elevó su previsión de crecimiento económico para 2024 del 2% al 2,4%; del 1,9% al 2,2% para 2025; y al 2% para 2025 y 2026. La sintonía es plena en el corto plazo, pero se quiebra más adelante. De hecho, la Autoridad Fiscal también revisó ayer al alza sus perspectivas de avance del PIB para 2024 del 2% al 2,4%, y, aunque mantiene su previsión del 1,9% para 2025, considera que la estimación del Ministerio de Economía “es factible” dado “el momento cíclico de la economía española”. “Más optimistas nos parecen las previsiones para 2026 y 2027”, advirtió ayer la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, que considera sobreestimados supuestos como la evolución de la productividad o el gasto de las familias, teniendo en cuenta además el ajuste presupuestario que el país encara bajo las nuevas reglas fiscales comunitarias.

La crisis de 2008 –y no pocos excesos empresariales y políticos– se llevó por delante en la Comunidad Valenciana el sistema financiero propio que sustentaban Bancaja, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y Banco de Valencia. Borrados definitivamente del mapa, la única «joya de la corona» que quedó era el Puerto de Valencia, tal y como subraya siempre el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro. Sin embargo, esto no ha impedido que su esperada ampliación haya tenido que esperar años para ser reactivada. Los números dan cuenta de su trascendencia: más de 1.600 millones de inversión público-privada, la mayor de la historia en un puerto español. Planificada por la Autoridad Portuaria de Valencia hace dos décadas, la ampliación norte completó en realidad su primera fase en 2012. Desde entonces, la polémica judicial y política en la que se vio envuelto el proyecto del Puerto de Valencia obligó a retrasar la licitación de las obras de la nueva terminal de contenedores hasta el pasado mes de diciembre. El anuncio del desbloqueo lo celebró con cava el ministro de Transportes, Óscar Puente, junto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón; la alcaldesa de Valencia, María José Catalá; y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao. La foto del brindis será largamente recordada, porque lo cierto es que no pudo celebrarse hasta después de las elecciones autonómicas y generales de 2023. No en vano, la ampliación del Puerto –cuyas obras adjudicó la APV el pasado 1 de julio– ha enfrentado a PSOE y Sumar en el Gobierno de España, como tensó también a socialistas y Compromís en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Valencia hasta que la izquierda fue desalojada del poder por el PP el pasado 28-M. La propia vicepresidenta segunda del Gobierno de coalición, Yolanda Díaz, hizo campaña en Valencia con sus socios de Compromís en contra de la megaobra.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en el Congreso cuatro programas de ayudas de 2.300 millones de euros “para acelerar la transición energética en ámbitos como el hidrógeno verde, la cadena de valor de las energías renovables, un nuevo impulso a las comunidades energéticas y un nuevo programa de apoyo a las renovables en la agricultura, las infraestructuras, y los barrios y pueblos”. Las líneas, que se financiarán con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia puesto en marcha por la UE para acelerar en la salida de la pandemia, estarán gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). Algo más de la mitad del dinero (1.200 millones) irá a parar a proyectos de producción y consumo de hidrógeno renovable en clústeres o valles de hidrógeno renovable, un ámbito que, pese a las esperanzas depositadas, camina más lento de lo previsto. “Es un paso más en las ayudas otorgadas hasta ahora para esta tecnología: 300 millones a 30 proyectos pioneros, otros 40 proyectos de cadena de valor con 230 millones y siete proyectos estratégicos Ipcei [proyectos importantes de interés común europeo] con 794 millones”, apuntan desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Otros 750 millones de euros está previsto que se destinen a lo que el Ejecutivo denomina “proyectos de cadena de valor renovable”.

La Fiscalía Europea investiga si ha habido un uso fraudulento de fondos públicos en la construcción y funcionamiento de la mayor fotovoltaica del continente, la que puso en marcha en 2020 la compañía Iberdrola en Usagre (Badajoz), de 1.700 habitantes, y por la que recibió unas ayudas de 145 millones de euros a cargo del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Se trató de un préstamo ordinario, el nº 90022, y la cantidad fue completamente desembolsada. La planta también obtuvo por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO), adscrito al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, otros 140 millones en créditos blandos para la financiación del proyecto, que cuenta con una potencia de 500 megavatios (MW). Se da la circunstancia de que Emma Navarro fue vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) entre 2018 y 2020, etapa que coincide con las ayudas al proyecto ‘Iberdrola Núñez de Balboa’. También fue presidenta del ICO en 2015 y 2016. La responsable terminó fichando por esta compañía como miembro del Consejo de Administración sólo tres meses después de abandonar la institución europea que presta este tipo de subvenciones. Es el propio BEI quien ahora solicita a la Fiscalía Europea «evaluar los hechos de forma independiente», en consulta con la Fiscalía en España, para verificar «el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea, que se estima en la cantidad de 145 millones de euros». A la vez, da traslado y pide la documentación del caso a los juzgados extremeños que han intervenido en el caso. La planta extremeña fue levantada sobre más de 525 hectáreas para la instalación de 1,4 millones de paneles fotovoltaicas, siendo capaz de suministrar energía solar a 250.000 hogares. El coste total del proyecto se estimó en 290 millones de euros, pero según consta en la documentación oficial aportada por la denunciante –Dorinda Aventín–, la ejecución de la obra se quedó en 168 millones.

Las dos grandes eléctricas, Iberdrola y Endesa, han abierto un nuevo frente en la batalla que libran contra la tarifa aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de junio destinada a sufragar los costes del 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), aprobado, a su vez, por el Gobierno el pasado diciembre (el plan anterior se remontaba a 2006). Tras la decisión de presentar un escrito de interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto de junio que fijó la citada tasa en 10,36 euros/MWh (un pleito que llevará su tiempo), el objetivo se centra ahora en la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), propiedad del Ciemat en un 80% y la SEPI, con el 20% restante, y encargada de la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las plantas. A través de sendos burofax, Iberdrola y Endesa han acusado a la compañía pública de haber incumplido el protocolo que firmó en 2019 con las propietarias de las centrales (además de ellas, Naturgy y EDP) en el que se fijó un calendario para el cierre ordenado del parque atómico español entre 2027 y 2035. Asimismo, el memorando de entendimiento limitó la subida de la tasa al 20%, lo que ya se produjo ese mismo año (no se revisaba desde 2011), cuando el Gobierno la subió hasta 7,98 euros/MWh. Según las afectadas, la aprobada el pasado junio ya excede en un 30% lo acordado. 

El Banco Central Europeo no parece dispuesto a generar sobresaltos que alteren esa placidez estival en la reunión de su consejo de gobierno de este jueves: todo apunta a que mantendrá intactos los tipos de interés en el 4,25%. La institución movió ficha en junio con su primer recorte del precio del dinero en ocho años, y prefiere dejar correr el tiempo para asegurarse, datos en mano, de que nada se ha roto antes de bajar al siguiente escalón. El foco, por tanto, estará puesto en las pistas que pueda dejar su presidenta, Christine Lagarde, en torno a cuándo llegará la próxima rebaja, con buena parte de los analistas situando el momento en septiembre y una minoría en octubre. “El BCE no tiene prisa por recortar más los tipos, las decisiones seguirán tomándose reunión a reunión, y el flujo de datos de los próximos meses decidirá la velocidad”, afirma Konstantin Veit, gestor de carteras de Pimco, que se inclina por una nueva reducción en septiembre. La entidad, igual que el banco ING, ve margen para dos recortes más este mismo año, aunque sin grandes aceleraciones, paso a paso. “Un recorte de 50 puntos básicos en una sola reunión es improbable, ya que las cifras de inflación muestran rigidez y los riesgos de recesión siguen siendo bajos”, añade. Ayer se conoció que la inflación de la zona euro cerró junio en el 2,5%. Es una décima menos que en mayo, y apenas medio punto por encima del objetivo del BCE, pero la mejora sigue sin ser suficiente para que la entidad dé por zanjada la crisis inflacionista. 

Buenas noticias tanto para los hogares que pagan una hipoteca como para los que van a contratar un préstamo para la compra de una vivienda. El euribor a 12 meses, del que depende el precio de cuatro millones de hipotecas variables, bajó ayer hasta el 3,50% en tipo diario, el nivel más bajo desde marzo de 2023. La caída se produce en la antesala de la reunión en la que el mercado espera que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga hoy sin cambios los tipos de interés. El tipo medio mensual, que se usa como referencia para las hipotecas, provisional del indicador se sitúa ahora en el 3,57%, claramente por debajo del 3,65% del pasado mes de junio y mucho más lejos aún del 4,14% del mes de julio del año pasado. Por lo tanto, si continúa por esta senda bajista el bolsillo de los hipotecados que revisen su préstamo este mes registrará un gran alivio. Con el euribor al 3,57% y teniendo en cuenta una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual, las familias pagarán unos 965 euros al mes, lo que supone un ahorro mensual de unos 50 euros. El otro gran impacto tiene que ver con el precio de las hipotecas. La relajación del euribor abre las puertas a que los bancos puedan prácticar rebajas en las condiciones de sus préstamos en las próximas semanas. El sector financiero mantiene una fuerte competencia a la hora de ofrecer las mejores condiciones con el objetivo de aumentar la contratación. El esfuerzo comercial es especialmente potente en hipotecas mixtas y fijas.

Combatir los efectos negativos del Brexit será una de las prioridades del nuevo ejecutivo de Keir Starmer, según se desprende del discurso que ayer pronunció el rey de Inglaterra, Carlos III, en un acto que marcó el inicio formal de la nueva legislatura laborista tras las elecciones del pasado 4 de julio, que dieron una mayoría aplastante (412 de 650 diputados) al partido de Keir Starmer, el primer ministro. “Mi gobierno buscará resetear la relación con los socios europeos y trabajará para mejorar las relaciones comerciales e inversoras con la Unión Europea”, expuso el monarca en un discurso que marca las prioridades del ejecutivo laborista para los próximos cinco años. Carlos III aseguró que, además, se perseguirá un pacto en seguridad que “fortalezca la cooperación para las amenazas comunes de Reino Unido y la UE”. Starmer no pretende volver a la unión aduanera ni al mercado único, pero sí dar más flexibilidad en asuntos concretos que han empeorado las relaciones económicas, como las normas de etiquetado, los controles veterinarios y fitosanitarios y el reconocimiento “mutuo de cualificaciones”. También se espera mejorar aspectos como la movilidad (por ejemplo, de estudiantes). Fuentes diplomáticas aseguran que uno de los cambios será el “espíritu”, muy importante para avances posteriores, dado que Reino Unido tiene ahora un gobierno más europeísta y que ve a la UE como un “aliado”.

Si el presidente pretendía entusiasmar a sus socios con su «plan de regeneración democrática», el efecto fue claramente el contrario. La idea de aumentar el control sobre los «pseudomedios que difunden bulos» y de sustraerles de los ingresos publicitarios de las instituciones fue rechazado por el PP, que por boca de Feijóo acusó a Sánchez de querer «amordazar» a los medios que publican informaciones sobre su mujer, pero también por muchos de sus socios. Tanto ERC, como Junts y el PNV cargaron con crudeza contra una propuesta que tacharon de «vacía». El plan del presidente, aderezado con otras cuestiones como la reforma de la ‘ley mordaza’ en lo relativo a la libertad de expresión (sin más concreción), el endurecimiento de las sanciones a los diputados y senadores que no hagan pública su declaración de bienes, una reforma de la ley electoral para hacer obligatorios los debates entre candidatos y exigir a las casas de encuestas que hagan públicos sus microdatos o una Ley de Administración Abierta «que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental», fue recibido con indignación tanto por la oposición como por sus aliados. No por lo que aborda sino por lo que el jefe del Ejecutivo ni siquiera mencionó. No hubo en su discurso –que aprovechó para anunciar un paquete de 100 millones de euros de ayudas a la digitalización de los medios– nada que indicara que el asunto que le hizo ver que era necesario «regenerar» la democracia española («la caída del caballo en el viaje a Damasco», según la descripción irónica del portavoz del PNV, Aitor Esteban) fue la investigación abierta por el juez Juan Carlos Peinado a su mujer, Begoña Gómez, a raíz de una denuncia de Manos Limpias por corrupción privada en los negocios y tráfico de influencias.

Sin noticias sobre la retribución del permiso parental. Así están las cosas a dos semanas del 2 de agosto, fecha en que expira el plazo para transponer la última parte de la directiva europea de conciliación, que obliga a que esta sea remunerada. En España, desde junio del año pasado, los padres y madres pueden disponer de ocho semanas hasta que sus hijos cumplan ocho años para cuidarlos. Se pueden disfrutar seguidas o de manera discontinua. De momento, eso sí, sin percibir ni un euro. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha repetido numerosas veces en público que, si por él fuera, cuatro de esas ocho semanas ya estarían remuneradas, y fuentes de su departamento confirman que “se ha tratado de sacar adelante esta retribución en el seno del Gobierno”. Es lo que figura en el acuerdo de coalición entre Sumar y el PSOE. Pero de momento ni se sabe cuándo se hará ni tampoco cómo. A estas alturas, parece que España no cumplirá con Europa en tiempo y forma. Tanto el Ministerio de Derechos Sociales como el de Trabajo, ambos en manos de Sumar, recalcan que para ellos es fundamental cumplir con el acuerdo de gobierno y, por tanto, retribuir esas cuatro semanas. Fuentes del departamento de Bustinduy señalan que están trabajando para que ese compromiso se materialice lo antes posible. “Esto implica necesariamente la voluntad de nuestro socio de gobierno”, prosiguen. Y exponen que habría varias formas: a través de un real decreto ley, “que sería la vía más rápida para hacerlo antes del 2 de agosto”, o también incluir la retribución de estos permisos en los próximos Presupuestos o en la ley de familias, actualmente en tramitación parlamentaria.