20240426

Kutxabank presentó ayer unos resultados trimestrales que siguen enganchados al viento de cola que se generó con la subida de los tipos de interés y que ha beneficiado al conjunto de la banca. La entidad vasca alcanzó un beneficio neto de 120 millones de euros entre enero y marzo pasados, tras el fuerte impulso de los recursos que proceden de su actividad crediticia. Esa ganancia supone un 8,5% más que en el mismo periodo del pasado año y un nuevo récord en un primer trimestre. La subida de los tipos de interés ha provocado una ampliación del margen de los créditos –la diferencia entre lo que la entidad abona por obtener dinero y lo que ingresa prestándolo a los clientes–, hasta alcanzar los 345 millones de euros en el primer trimestre, un importante incremento del 46,9%. La otra fuente típica de recursos bancarios, el cobro por comisiones y servicios, creció de forma más moderada hasta un 7,5%. Una parte fundamental de este aumento estuvo vinculada al éxito de Kutxabank en la captación de dinero que se gestiona a través de fondos de inversión, con un volumen de recursos fuera de balance que creció el 15%. El banco señaló en su comunicación de resultados que durante este primer trimestre eximió del pago de comisiones a un millón de clientes. Así las cosas, el margen por las actividades típicas bancarias creció el 31,7% y los gastos de explotación un 8,5%. A este respecto el banco recordó que en el primer trimestre se convirtió en indefinidas a 73 personas en línea con el compromiso de alcanzar 275 nuevas incorporaciones hasta marzo del próximo año. Aunque la tasa de morosidad de Kutxabank es extraordinariamente baja – de 1,39% frente al 3,62% de media del sector financiero español– la entidad ha hecho un esfuerzo para incrementar su colchón de seguridad. 

La búsqueda de un empleo es un proceso que mezcla nervios, adrenalina y esperanza, sobre todo, cuando se es joven y se está cerca de terminar la carrera universitaria. En este caso, los primeros contactos con las entidades ocurren, en muchos casos, en las visitas que realizan las empresas a los centros de enseñanza. Y, como se vio ayer en el Foro de Empleo del Campus de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco, los perfiles técnicos, como los ingenieros, son muy demandados ya que las empresas tienen dificultades para encontrar personal suficiente y cada vez tienta más irse a trabajar al extranjero. El foro, organizado por la UPV/EHU, tenía como objetivo entablar conversaciones y, en algún caso, intercambiar contactos con el fin de conseguir un puesto de trabajo. Un total de 39 firmas, entre ellas bancos, empresas del sector industrial, consultoras e incluso entidades sanitarias, abrieron sus ‘stands’ en el Centro Ignacio María Barriola donde unos cuatrocientos jóvenes acudieron para charlar con el personal de las distintas organizaciones. Uno de los jóvenes alumnos que se acercaron es Álex Rivas. Este gasteiztarra de 20 años es uno de los estudiantes que aprovechó la ocasión para «probar suerte». Estudiante de Ingeniería informática con especialidad en Software asegura que «puede que sea uno de los elegidos» ya que «las empresas se pelean por un perfil como el mío». Y es que los ingenieros jóvenes son apreciados en otros países. «En Alemania, Inglaterra e Irlanda existe mucha demanda por un perfil como el mío», asegura. No obstante, recuerda que «primero sería preferible empezar a trabajar en Euskadi».

El fabricante alavés de tubos inoxidables sin soldadura, Tubacex, tuvo un primer trimestre mediocre en cuanto a resultados que quebró la senda de recuperación que había iniciado en 2022. La empresa obtuvo un beneficio neto en el entorno de los 3,8 millones de euros frente a los 10 logrados en el mismo periodo del pasado año. Su cartera de pedidos se mantiene en niveles similares a los del cierre de 2023, con una valoración en torno a los 1.600 millones. Este resultado sorprendió de forma negativa al mercado y las acciones de Tubacex experimentaron ayer una caída del 4% en su cotización bursátil. En su comunicación de resultados la empresa dirigida por Jesús Esmorís muestra su convencimiento de que la cuenta de resultados enderezará su rumbo en el segundo semestre, ya que según aclararon buena parte del pinchazo en el inicio del año está condicionado por el aplazamiento en la entrega de algunos pedidos que estaban programados. Aunque la empresa trabaja bajo pedido, lo cierto es que esos retrasos en las entregas han generado un considerable aumento de la producción que permanece en sus almacenes, algo que además de castigar la cuenta de resultados ha obligado a la empresa a incrementar de forma considerable su endeudamiento. La deuda financiera neta alcanza ya los 364 millones de euros –la liquidez asciende a 190 millones– lo que supone 77 millones de euros más que al cierre del primer trimestre de 2023. Un incremento importante que la compañía ha justificado por la inversión de 30,7 millones en la planta de Abu Dabi y también por el momento del acopio de materias primas y productos acabados a la espera de ser entregados a los clientes.

CAF se estrena en el mercado ferroviario español de 2024 con el primer gran pedido de Metro de Madrid, que le ha encargado la construcción de 40 nuevos trenes con un presupuesto de inversión de 450 millones de euros. El fabricante vasco se consolida como el mayor proveedor del suburbano capitalino. El Gobierno regional lanzó el año pasado el macropedido de 80 trenes por valor de unos 900 millones d e euros. CAF fue el único competidor en el primer lote, que consiste en la entrega y mantenimiento de convoyes formados por seis coches con pasillos intercomunicados y preparados con la última tecnología para la reducción del consumo energético, de los precios de los repuestos y de las emisiones de CO2 mediante la introducción de nuevos refrigerantes. Metro de Madrid tiene previsto adjudicar el segundo lote en los próximos meses con la compra de otros 40 trenes (240 coches) que se asignarán a la Línea 1, entre Pinar de Chamartín y Valdecarros (la primera que inauguró el servicio de Metro en 1919), con un valor estimado de 518,4 millones de euros. Los nuevos trenes de CAF irán destinados principalmente a las líneas 6 (Laguna-Lucero) y 8 (Nuevos Ministerios-T4 Aeropuerto). Su entrada en servicio supondrá la retirada de los modelos más antiguos, como los de la serie 5000, mejorando, según metro de Madrid, el servicio. El contrato incluye el desarrollo e implantación de un programa de optimización del ciclo de vida de dichos trenes, lo que conlleva el asesoramiento y asistencia técnica para su conservación durante un periodo de 10 años.

Danobat, que estos días celebra su 70 aniversario, inauguró ayer una impresionante planta industrial de 12.000 metros cuadrados en su sede de Elgoibar en la que la cooperativa del Grupo Mondragon ha invertido 20 millones de euros. La instalación del gigante de la máquina-herramienta, que se levanta pared con pared con su cuartel general, está concebida para dar respuesta a las crecientes demandas de sus clientes y a su estrategia de crecimiento a medio y largo plazo. Además, se suma a las inversiones de 20 y 10 millones de euros que Soraluce y Goimek (miembros también del Grupo Danobat junto al centro de investigación Ideko) llevan a cabo, respectivamente. Así lo explicó Xabier Alzaga, CEO de la compañía, quien ante numerosos representantes políticos y económicos de Euskadi y Gipuzkoa puso el acento en el concepto de legado y en la importancia de agradecer «el trabajo, la valentía y el esfuerzo de los pioneros» y todo lo recibido de las anteriores generaciones y, al mismo tiempo, en la obligación de repetir ese esfuerzo y esa mirada al entorno más próximo pensando en nuestros hijos y los que vengan después. «Para este mismo año prevemos crecer a una facturación de 200 millones de euros y consolidarla en el siguiente periodo estratégico, posicionándonos como referentes en las soluciones de precisión en las que competimos», señaló el directivo, que no perdió la ocasión de mostrar un agradecimiento expreso al actual presidente de Mondragon, Iñigo Ucín (allí presente), quien en un par de meses se jubila pero que antes de tomar las riendas de la Corporación llevó con éxito las de DanobatGroup. «Empleo de calidad, innovación y apuesta por el entorno; los años pasan, los retos cambian pero los principios siguen siendo los mismos. Setenta años después estamos más jóvenes que nunca», sentenció el CEO. 

La bajada de los precios del zinc ocasionaron durante el primer trimestre del año un descenso del 38% en los beneficios netos de Befesa, compañía especializada en el reciclaje de residuos de acerías y en la recuperación de aluminio. En total generó 9,4 millones de euros, frente a los 15,2 del año pasado. La caída contrasta con la mejora de los volúmenes –un 6% en el caso de la acería de hornos de fusión y afino–, con el descenso favorable de los cargos de tratamiento del zinc y hasta con los menores precios de la energía. Los ingresos totales de Befesa cayeron un 7% durante el primer trimestre (hasta los 298,3 millones de euros) y el Ebitda un 3% (48,6 millones) respecto al mismo periodo de 2023. El zinc se mantuvo en una media de 2.282 euros por tonelada durante los primeros tres meses del año. El dato representa una bajada del 23% respecto a los 2.915 del año pasado. El grupo señaló que esta bajada se compensó parcialmente por los mayores precios de cobertura.

La sociedad de inversión Lemnos Capital, fundada por Jorge Larrea y Zorion Ugalde, anunció ayer la adquisición del 100% de la empresa Cartonajes Limousin a sus trabajadores, propietarios de la firma a través de una Sociedad Laboral. Ubicada en Tolosa hace más de 100 años, Cartonajes Limousin se dedica a diseñar y fabricar envases y embalajes de cartón ondulado. Durante los últimos cuatro años ha incrementado sus ventas en un 40%, concentrando la mayor parte de su actividad en el País Vasco. La empresa cuenta con una plantilla de 45 trabajadores que, según de Lemnos Capital, «mantendrán todos su puesto de trabajo». El vehículo de inversión –una sociedad formada por un grupo de empresarios, inversores y emprendedores comprometidos con la industria del País Vasco– ha sido asesorado para esta operación por Barrilero Legal Angels y PKF Attest, mientras que Cartonajes Limousin ha recibido el apoyo de Sayma Consultores. Los nuevos propietarios han reconocido en Cartonajes Limousin su centenaria labor como cartonera integral, combinando la maquinaria y tecnología más avanzada junto a la experiencia que le confiere el conocimiento de años de trabajo artesanal. Esto ha permitido llegar a proporcionar un servicio robusto, completo y extremadamente ágil sin descuidar sus raíces y manteniendo las sólidas vinculaciones establecidas con diferentes agentes sociales de su zona de influencia. Con la compra, Lemnos Capital hace «una apuesta por la sostenibilidad ambiental, económica y social debido a sus procesos productivos limpios, eficientes y responsables, su apuesta por las tintas en base agua 100% y el liderazgo en recuperación y reciclaje del sector del cartón».

El centro tecnológico Ikerlan ha conseguido tener el primer laboratorio de ciberseguridad industrial en España acreditado por la ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación. De esta forma, en su laboratorio de Arrasate se realizarán ensayos de verificación de los requisitos funcionales de seguridad de productos industriales, sin que las empresas tengan que recurrir a laboratorios extranjeros para ello. Esta acreditación valida la capacidad de Ikerlan para llevar a cabo ensayos para verificar el cumplimiento de los requisitos funcionales de seguridad especificados en la norma IEC 62443-2 de los componentes utilizados en sistemas de control y automatización industrial (IACS), durante la fase de desarrollo del producto. Se trata de un logro de importancia capital para este centro tecnológico de Mondragon Corporación, de cara a la preservación de la ciberseguridad en entornos industriales, teniendo en cuenta el riesgo y las amenazas asociadas a las infraestructuras industriales y las potenciales consecuencias que sobrevendrían a una brecha de ciberseguridad en las mismas. El laboratorio acreditado por ENAC se ubica en Digilab, el laboratorio de tecnologías digitales más avanzado del Estado inaugurado a finales de 2022 en Arrasate.

La compañía sevillana Ayesa, proveedor global de servicios de tecnología e ingeniería y que a principios de este año culminó la absorción de la emblemática donostiarra Ibermática, sufrió un ciberataque este pasado miércoles que le obligó a activar su protocolo de actuación de ciberseguridad con el que logró bloquear un ataque dirigido a sus equipos internos. Un ataque que también afectó a su sede donostiarra, ubicada en el Parque Tecnológico de Miramon. Fuentes de la compañía confirmaron ayer que «nuestro equipo de ciberseguridad detectó el miércoles por la mañana un incidente de seguridad que afectó a nuestra infraestructura tecnológica», por lo que «en ese mismo instante» se tomaron «todas las medidas necesarias para manejar la situación con el mayor rigor y urgencia, logrando contener su propagación tanto interna como externa». La empresa confirmó además que «el número de servidores corporativos afectado fue limitado y no ha existido ningún impacto en los equipos de usuarios ni en dispositivos personales». El ataque, tipo ‘ransomware’, busca que el ciberdelincuente tome control del equipo o sistema infectado y lo ‘secuestra’ de varias maneras, cifrando la información, bloqueando la pantalla, etc. Fue identificado en concreto en la mañana del 24 de abril por el equipo de seguridad, cuando detectó «el cifrado no autorizado de varios archivos dentro de nuestro sistema», apuntando que fueron capaces de «contener la propagación tanto interna como externa de este ataque, aunque un número limitado de servidores corporativos se ha visto afectado». Aún así, insistieron en que «no ha existido ningún impacto en los equipos de usuarios ni en dispositivos personales». Fundada en 1966, Ayesa es un proveedor global de servicios tecnológicos y de ingeniería, con más de 13.000 empleados y presencia directa en 23 países de Europa, América, África y Asia. La compañía liderada por José Luis Manzanares Abásolo supera los 700 millones de euros de facturación anual. En su sede de Donostia, Ayesa cuenta con medio millar de empleados, más otros en sus subsedes en Elgoibar, Mendaro y Bergara, y la compañía sevillana espera crear a futuro 1.600 nuevos empleos en Euskadi.

Los sindicatos CC OO y UGT de Euskadi quieren que las empresas «repiensen las relaciones laborales» el próximo 1 de Mayo. Las centrales presentaron ayer la jornada del Día Internacional del Trabajo, que aprovecharán para reclamar «menos jornada y más salarios», un pacto de cuidados y un abordaje «serio» al problema de la vivienda. La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, compareció junto a su homólogo de UGT, Raúl Arza, para recordar que el miércoles será un «día de lucha y reivindicación». Ambas centrales lo celebrarán de manera conjunta con manifestaciones en las tres capitales vascas para sacar a las calles demandas como la del «pleno empleo». García defendió que es el momento de «recoger los frutos» tras las reformas pactadas los últimos años, que han logrado un aumento de la contratación indefinida, menos temporalidad y «datos históricos» de cotizantes a la Seguridad Social. «Hemos firmado, no sin coste y sin mucha movilización y jornadas de huelga, convenios colectivos que en estos momentos están dando cobertura a una gran cantidad de trabajadores de este país, con incrementos salariales de media en lo que va de año de un 5,4%», resumió. El secretario general de UGT Euskadi citó, por su parte, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y de las pensiones, así como los efectos de la reforma laboral sobre la contratación indefinida, entre otros. 

Una inflación disparada y la negativa de la mayor parte de los Gobiernos a ajustar sus impuestos sobre la renta a la escalada de los precios. Esta combinación de factores provocó que, en el año 2023, los trabajadores de la mayoría de los Estados miembros de la OCDE tuviesen unos ingresos reales tras el pago del tributo menores que los registrados en 2022. En total, el fenómeno tuvo lugar en 21 de los 38 países analizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos en su último informe sobre fiscalidad salarial (Taxing Wages), publicado ayer. En este grupo se situaron España y otros socios europeos como Francia, Italia o Grecia. Por el contrario, en países como Alemania, Portugal, Reino Unido o Estados Unidos los ingresos posteriores al abono del IRPF aumentaron entre un ejercicio y otro. En su análisis, la OCDE toma como referencia a un trabajador medio, soltero y sin hijos. A partir de aquí, concluye que la pérdida de ingresos tras el pago del impuesto sobre la renta se debe a varios factores. Es decir, puede darse porque los salarios caen y la tasa impositiva no lo hace en la misma proporción; porque el gravamen aumenta o permanece sin cambios, mientras que el salario real antes de impuestos disminuye; o porque el tipo medio crece más que el salario real antes de impuestos. En el caso de España, concluye el informe, ha sucedido la tercera de las opciones. De entrada, los salarios reales previos a las obligaciones tributarias mejoraron en 2023, ya que las remuneraciones totales avanzaron de media un 5,1%, mientras que la inflación se situó en el 3,5%. Es decir, los niveles salariales antes de impuestos aumentaron un 1,5%. ¿Qué sucede entonces? Que la tasa impositiva media a la que los trabajadores tienen que hacer frente creció un 2,4%, un volumen superior al de la mejora de los ingresos. Para explicar las causas que se esconden tras estos números, la OCDE señala a la “ausencia de una indexación automática de los sistemas tributarios en muchos países”. Cuando este ajuste –conocido también como deflactación– no se produce, “la alta inflación tiende a aumentar las obligaciones tributarias de los trabajadores, al empujarlos a tramos impositivos más altos". 

La OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) que aglutina a los países más desarrollados del mundo, estima que los españoles se dejan un 40,2% de su salario bruto en impuestos para Hacienda y cotizaciones a la Seguridad Social. Frente a esa proporción, en la media de la OCDE sus trabajadores pagan un 34,8%, aunque al mismo tiempo, entre las grandes potencias, España está por debajo de Alemania (47,9%) o Francia (46,8%). La actualización de la clasificación de la OCDE llega días después de que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pidiera que las empresas ingresaran todo el sueldo a los trabajadores y estos se hicieran cargo por su cuenta del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Más allá de esta polémica, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo un tenso debate con el diputado José María Figaredo sobre el IRPF que pagan quienes cobran el salario mínimo. Los datos de la OCDE, fruto del estudio de la organización correspondiente a 2023, revelan que la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en 0,13 puntos porcentuales respecto a 2022, mientras que en el caso de España el aumento fue de 0,62 puntos porcentuales. La ‘cuña fiscal’ del 40,2% soportada en el salario bruto de trabajadores solteros y sin hijos refleja un peso del IRPF del 12%, frente al 13,3% de la media de la OCDE. España se ubica en el puesto 21 de los 38 analizados. Por su parte, las cotizaciones sociales pagadas por las empresas supusieron el 23,3% y las abonadas por los trabajadores un 4,9%, cuando el promedio de los países desarrollados se situó en el 13,1% y el 8,4%, respectivamente. España fue el sexto país con mayor peso de la contribución de las empresas, solo por detrás del 26,6% de Francia, el 25,3% de Estonia y Chequia, el 24% de Italia y el 23,9% de Suecia. En una clasificación sobre costes laborales España se situaría en el puesto número 14, por encima de su posición en 2022. Este ‘ranking’ sigue liderado por Bélgica, donde se retiene a los trabajadores el 52,7% de su salario.

Un 5,4% de las horas cotizadas a la Seguridad Social en el último trimestre de 2023 realmente no se trabajaron debido a una baja por Incapacidad Temporal (IT), frente a un 4% en el mismo periodo de 2019, antes de que irrumpiera la pandemia. Según el Informe de horas cotizadas y horas efectivamente trabajadas actualizado ayer por el Ministerio de Seguridad Social a partir de datos de la Tesorería, el número total de horas cotizadas se sitúo en 7.117 millones en el último cuarto del año pasado, de las que 386,69 millones no se trabajaron por IT, es decir, por estar en una situación en la que la persona está imposibilitada temporalmente para trabajar por enfermedad –común o profesional– o accidente –laboral o no–, así como por interrupción del embarazo o por menstruación incapacitante. Si se comparan estos datos con los registrados en el último trimestre comparable previo a la pandemia, el último de 2023, se observa un incremento del 10,5% en el número total de horas cotizadas y un alza del 48,3% en el número de horas en IT, de ahí el incremento hasta el 5,4% del porcentaje de horas en las que no se acude al puesto de trabajo por estar de baja por enfermedad o accidente. El número de horas en IT ha crecido cuatro veces más que el total de horas cotizadas. Los datos demuestran, además, que el incremento de las horas en IT no responde a que ahora hay más trabajadores dados de alta a la Seguridad Social, ya que el número de horas de baja por IT por asalariado ha subido de 17,4 de media en el cuarto trimestre de 2019 a 23,7 en el último de 2023, un 36,4% más que antes del covid.

No es la primera vez que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncia sobre el plazo para reclamar los gastos hipotecarios, pero ayer lo hizo de forma mucho más contundente en sendos fallos que suponen un golpe definitivo a la banca y una victoria para el consumidor. El TJUE establece que el tiempo de cinco años para exigir los gastos de gestoría, notaría o registro solo empieza a correr una vez que el juez, en sentencia firme, declara abusiva la cláusula que impone dichos gastos al cliente, con independencia de cuándo se firmó la hipoteca. El margen en consecuencia es muy amplio. «No deja lugar a dudas, esta vez es muy claro y zanja el debate», señala Iñaki Velasco, abogado de la asociación de consumidores EKA-ACUV. El conflicto en torno a los gastos hipotecarios viene de lejos. Ya en 2015 se dictaron los primeros fallos que consideraban abusivas las cláusulas que cargaban todos los gastos a los clientes. En enero de 2019 el Supremo estableció cuál debía ser el reparto tras ratificar su abusividad. Pero la banca se había aferrado a la posible prescripción para rechazar su devolución. Ahora este argumento queda anulado. El TJUE ya se pronunció sobre este asunto en enero pasado, aunque lo hizo en términos más ambiguos. Entonces estableció que el plazo para reclamar solo empezaba a correr una vez que el cliente conocía que la cláusula era abusiva, pero no fijaba de forma clara cuál era ese momento. No obstante, sí dejaba entrever que no se podía dar por hecho que el consumidor había tomado consciencia de la abusividad cuando se dictó la sentencia del Supremo de 2019. «No cabe presumir que la información de que dispone el consumidor, más escasa que la del profesional, incluya el conocimiento de la jurisprudencia nacional», señaló el tribunal.

El Gobierno ultima los preparativos de la tercera edición del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC III). Según avanzó ayer el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, este programa de ayudas a la industria del automóvil se lanzará en mayo, lo que supone un retraso respecto al anuncio previo del ministro que situaba su lanzamiento en el primer trimestre de 2024. En la nueva edición, el Perte VEC contará con 500 millones de euros, de los cuales 300 se destinarán a proyectos de producción de baterías y los 200 millones restantes a la conocida como línea de cadena de valor. El ministro hizo el anuncio en el I Foro de Anfac (la patronal de fabricantes de coches) de Vehículo Pesado y Autobús, donde ha destacado que el Ejecutivo ya ha puesto a disposición de la industria casi 1.700 millones entre subvenciones directas y préstamos provenientes de los anteriores Perte VEC, de los cuales 270 millones han ido a parar a proyectos relacionados con el vehículo industrial. El tercer Perte VEC fue anunciado en enero como un programa que en principio iba a contar con 300 millones (más tarde se amplió hasta los ya mencionados 500 millones de euros). A la vez, Industria informó entonces de que el esperado Perte VEC de 1.250 millones se retrasaba hasta la segunda mitad del año.

La mayor petrolera española, Repsol, se anotó un beneficio neto de 969 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,9% menos que en el mismo periodo de 2023. El resultado ajustado, que mide mejor su desempeño operativo, fue de 1.267 millones, un 33% peor. Una caída que la energética achaca a la caída en el precio de los combustibles fósiles y, muy particularmente, del gas natural. También a los menores márgenes de refino, uno de los pilares de sus cuentas en los últimos tiempos y que ahora aflojan el paso. Pese a ser mejores resultados de lo esperado por los analistas, sus acciones han iniciado la sesión bursátil con una caída cercana al 2%, mejorando hasta terminar prácticamente planas, con un retroceso del 0,03% en el cierre. La deuda neta, por su parte, se situó en 3.901 millones, unos 1.805 millones más que el pasado 31 de diciembre, por el reparto del dividendo, el aumento del fondo de maniobra y el crecimiento de las inversiones orgánicas y externas. Aunque ese aumento elevó la ratio de apalancamiento —una variable clave de la salud financiera de una compañía—, la liquidez sigue siendo sólida: 10.332 millones, suficiente para cubrir casi cuatro veces todos los vencimientos de deuda a corto plazo. “Los resultados de Repsol en el primer trimestre son mejores que [lo esperado por] el consenso”, apuntan los analistas de Jefferies en una nota para clientes.

Repsol, la primera petrolera española, ha alcanzado un beneficio neto de 969 millones de euros en el primer trimestre de este año, lo que supone un 12% menos que entre enero y marzo de 2023. El beneficio neto ajustado, eliminando el efecto del valor de los inventarios, se situó en 1.267 millones de euros, lo que supone un 33% menos. La caída responde a la bajada de los precios del gas, el deterioro de los márgenes de refino y el pago, durante este trimestre, del primer tramo de los dos que tiene liquidar Repsol con respecto al impuesto a energéticas y bancos que creó el Gobierno de Pedro Sánchez. Ese impuestazo, o tasazo como se denomina coloquialmente en el sector energético, ha supuesto para Repsol un impacto de 168 millones en el trimestre. En septiembre, deberá pagar otros 168 millones, con lo que sumará un total de 336 millones en el conjunto del año. En 2023 pagó 443 millones de euros. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, que ayer explicó los resultados trimestrales del grupo ante los analistas financieros, se mostró convencido de que el impuesto extraordinario del Gobierno que pesa sobre las energéticas “se va a acabar”. Imaz estimó que en las últimas semanas se percibe “un movimiento nuevo” desde el lado político, tanto desde Bruselas como desde el Gobierno español, en el sentido de que “no hay razón” ya para este tipo de impuestos y la prioridad debe pasar por garantizar la seguridad de suministro y la inversión en el sector energético.

Todo el socialismo ha cerrado filas para pedirle a Sánchez que continúe al frente del Gobierno, a la espera de lo que decida el lunes. El expresidente Zapatero llamó ayer a una movilización general desde toda España para mostrarle mañana su apoyo en Madrid, donde el PSOE celebra su comité federal sin su presencia. La posibilidad de que Pedro Sánchez opte por presentar la dimisión el próximo lunes, cuando concluyen los cinco días que ha decidido tomarse para «reflexionar» sobre tu futuro, tiene al conjunto del Gobierno y al PSOE conmocionados. Ni personas de tanta confianza como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que correspondería asumir la jefatura del Ejecutivo en funciones, o como el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, conocían el contenido de la carta en la que el presidente comunicó a la ciudadanía el miércoles la suspensión de su agenda pública hasta prácticamente el momento de su publicación, según afirmaron ambos ayer. El anuncio cogió inicialmente a todo el mundo por sorpresa y luego ha generado entre los socialistas una enorme ola de solidaridad interna. Es difícil encontrar en el PSOE una voz crítica con el movimiento realizado por su jefe de filas. También entre los socios de Gobierno, por más que algunos duden de si, al margen de padecer una genuina aflicción personal por lo que considera ataques desmedidos e injustificados de la derecha y la ultraderecha a su esposa, Begoña Gómez, Sánchez no está también perpetrando una operación para reforzarse políticamente y atar a sus sostenes parlamentarios –singularmente a ERC y Junts– con el argumento de la amenaza de un enemigo común, en víspera de unas elecciones catalanas que amenazaban con agitar el tablero político.

Con el pie cambiado. Así ha cogido a las grandes empresas el periodo de reflexión y la posible dimisión de Pedro Sánchez, al igual que a los dirigentes del PSOE o al resto de parlamentarios. De los tres escenarios que se podrían dar (cuestión de confianza, dimisión o nueva convocatoria electoral), los empresarios consultados por Cinco Días solo admiten como buena la primera y rechazan las otras dos por el impacto negativo que tendría sobre la economía, especialmente la tercera. “Lo previsible, tras la decisión de suspender su agenda durante cinco días, es que el presidente se someta a una moción de confianza. Un adelanto electoral mataría a las empresas”, recalca el directivo de una de las grandes firmas constructoras consultadas. Entre los más temerosos por el futuro escenario político están aquellos que tienen abiertas negociaciones con el Gobierno, como el caso de las grandes patronales de la construcción en la búsqueda de ampliar la colaboración público-privada en un escenario en el que se van a reactivar las reglas de control fiscal en la UE; o entre aquellas compañías que dependen de la pericia del Ejecutivo con Bruselas para que sean atendidos sus intereses entre las autoridades comunitarias. Es el caso de las que dependen de la obra pública. “Los motores de la licitación y ejecución de proyectos de obra pública se paralizan durante meses en periodos electorales y de formación de nuevos Gobiernos”, afirma un alto directivo. En el sector del transporte aéreo también cunde la preocupación por la inestabilidad política en un momento en que se requiere consenso para afrontar posiciones como país. Está en discusión en el seno de la UE la reforma de la directiva de fiscalidad europea que puede derivar en un impuesto al queroseno utilizado en vuelos intraeuropeos, lo que penalizaría a España como destino turístico frente a otros del norte de África. 

Idoia Mendia, la actual vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo en funciones, será candidata a las elecciones europeas del próximo 9 de junio y ocupará uno de los puestos preferentes en la lista –circunscripción única– que encabeza Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Democrático. El PSOE aprobará, en el comité federal de mañana, la lista completa, casi al límite del plazo legal. Salvo algunas nuevas incorporaciones, como la de Mendia o Ribera, se perfila una candidatura continuista, con pocos cambios respecto a la de 2019. En la última cita electoral europea la socialista bilbaína Eider Gardiazabal fue elegida europarlamentaria tras ocupar el número 8 en la lista del PSOE. Hace cinco años, con Josep Borrell como cabeza de cartel, el PSOE logró 20 eurodiputados y el 32% de los votos. España fue de hecho el único país de los seis grandes del continente donde se impuso la socialdemocracia. El PP mantuvo la segunda plaza, con 12 escaños y el 20% de los sufragios y evitó el ‘sorpasso’ de Ciudadanos, que pinchó con siete escaños y el 12% de los votos. Por detrás quedaron Unidas Podemos, con seis representantes (10%) y Vox, con tres ( 6%).

La primera economía del mundo mantiene casi intacto su vigor. El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció en el primer trimestre del año a una tasa trimestral anualizada del 1,6% (un 0,4% trimestral), según la primera estimación publicada ayer por la Oficina de Análisis Económico, dependiente del Departamento de Comercio. Eso supone un brusco frenazo con respecto al ritmo del 3,4% (un 0,8% trimestral) del cuarto trimestre del año pasado, aunque sigue siendo un crecimiento apreciable. Es el menor crecimiento desde la primera mitad de 2022, cuando la economía se contrajo. Está por ver si este frenazo se consolida o es una pausa tras el fuerte dinamismo del segundo semestre de 2023.

Una creciente preocupación pública por la violencia juvenil sacude Francia. Las estadísticas han dejado ver un problema que se incrementa a medida que avanza el siglo y al que los gobernantes no consiguen poner freno. Los últimos datos recogidos por el Ministerio de Justicia galo desvelan una situación alarmante: la mayoría de los delitos, no necesariamente de poca entidad, son cometidos por adolescentes de entre 13 y 16 años. Pero aún son más escandalosos los datos aportados desde la cartera de Interior, donde se afirma que los menores de 13 años representan el 2% de los sospechosos de agresiones, muchas con armas blancas, y el 1% de los robos con violencia. Abusos sexuales, violencias relacionadas con el tráfico de estupefacientes, atentados contra la autoridad, agresiones a profesores y conductores de autobús, saqueos de locales comerciales, incendios de coches... conforman el catálogo de desmanes. Hablamos incluso de asesinatos y linchamientos. Dos adolescentes mataron a golpes a un hombre de 22 años la semana pasada en Grande-Synthe, un suburbio de Dunkerque, y, hace tres un muchacho de 15 años murió tras ser atacado por otros jóvenes cuando regresaba a casa desde la escuela en Viry-Châtillon, en la periferia de París. Por esas mismas fechas, una niña de 13 años quedó en coma después de ser golpeada por sus compañeros de colegio en Montpellier por no llevar un velo musulmán. Ya el pasado año el presidente, Emmanuel Macron, se vio obligado a convocar un gabinete de crisis y a adoptar medidas excepcionales que sólo dieron resultados puntuales. Una alarma social recorre el país y son cada vez más las voces que reclaman medidas drásticas.