20240513

Cataluña se adentra en una nueva etapa tras una década zarandeada por las turbulencias del ‘procés’, pero sin que se sepa muy bien en qué va a desembocar el escrutinio de este 12 de mayo que ha dejado impresos dos titulares históricos: una victoria del PSC sin precedentes porque nunca se había impuesto en unas autonómicas en votos –865.000, 210.000 más que en 2021– y también en escaños –42, que disparan los 33 conquistados hace tres años–; y una derrota del nacionalismo que por primera vez desde las autonómicas de 1984 no representa la mayoría del electorado catalán. La potente victoria de Salvador Illa es también la de Pedro Sánchez, al que el veredicto de este 12M carga de razones para reivindicar su estrategia del «reencuentro» frente al ‘procés’ –de cesiones inasumibles, según sus adversarios– en la comunidad de cuyos complejos equilibrios políticos pende la legislatura. Pero siendo eso así, el escrutinio de anoche presenta tantas aristas y algunos reveses tan acusados que nada garantiza que Illa vaya a poder gobernar pese a que la suma con ERC y los comunes da los 68 parlamentarios de la mayoría absoluta. Ni tampoco que Sánchez vea afianzada su difícil legislatura. En una jornada en la que el 58% de participación rebasó la muy limitada de las elecciones de la pandemia pero evidenciando el cansancio que ha sembrado el largo pulso de la Cataluña independentista con la España constitucional, el exministro de Sanidad y candidato del PSC respondió a las expectativas más airosas que habían predicho las encuestas para él y los suyos. No solo por esos 42 escaños que los socialistas no alcanzaban desde la época de Pasqual Maragall y por su arrollador triunfo en votos, sino por comparación con el menguante resultado de un independentismo al que la mayoría de los catalanes –esta vez sí– han pasado factura por el agotamiento ‘procesista’ hurtándole la mayoría. Es verdad que los pactos con el PSOE sostenidos sobre la controvertida ley de amnistía han resucitado a un Carles Puigdemont que estaba en estado de inanición política antes de las generales del 23J. Pero si a alguien ha beneficiado la política del «apaciguamiento» ha sido al tándem Sánchez-Illa, que se ha llevado por delante a una hundida Esquerra Republicana.

Carles Puigdemont no renuncia a formar un Gobierno que le permita ser el próximo presidente de la Generalitat y lanza un mensaje directo a Esquerra: “Un gobierno tripartito [...] es una mala opción para Cataluña”, advirtió. “Y más, gobernado por un partido que hoy [por ayer], con el caos de Rodalies ya ha demostrado su incapacidad para el buen gobierno”, apostilló. Tras felicitar al PSC por la victoria electoral, el candidato de Junts puso de relieve la necesidad de que las fuerzas independentistas se sienten a hablar para “rehacer puentes” y reflexionar sobre el efecto que tiene no llevar “una estrategia compartida”. Puigdemont, acompañado por toda la cúpula de Junts, invitó a ERC a rechazar un pacto con el PSC para “construir un Gobierno sólido de obediencia netamente catalana”. “La repetición electoral sería una mala noticia para los ciudadanos de Cataluña”, añadió. La operación que propone implicaría que el PSC se abstuviera para investirlo a él. La campaña electoral de Junts giró en torno a “restituir” la figura del autobautizado “president legítim”, presidente legítimo, que se marchó a Bélgica en 2017 para evitar ser juzgado por su participación en la organización del referéndum del de octubre. La estrategia del todo o nada estaba pensada para llevarse votos en todo el espectro independentista, más allá de la tradicional bolsa de votantes de Junts y de su antepasada Convergència. ERC se ha hundido y la CUP ha encogido, pero el pretendido chupinazo de Puigdemont se ha quedado en un chiflido.

La XIII Legislatura vasca arrancará mañana con la constitución del Parlamento vasco tres semanas después de unas elecciones que ofrecieron un resultado inédito, un empate a 27 escaños entre el PNV y EH Bildu que, sin embargo, no modificará el resultado final: un acuerdo de coalición entre jeltzales y socialistas que desembocará en la investidura de Imanol Pradales como lehendakari. Ahí radican las principales incógnitas. Cómo se conformará el Gobierno y cuándo jurará el cargo en Gernika el nuevo inquilino de Ajuria Enea. La segunda incógnita se desvelará el jueves de la semana que viene, el día 23, cuando se celebre el pleno de incompatibilidades, un trámite sencillo pero clave para el inicio del mandato de Pradales. Será al acabar la sesión cuando la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, que volverá a ser elegida mañana para el cargo, fije la fecha de la investidura. La elección del 23-M no es inocente. Esa misma medianoche comienza la campaña de los comicios europeos del 9 de junio. La idea es intentar separar todas las negociaciones y procesos que se viven en Euskadi de la carrera electoral. Las dos semanas previas al 9-J se convertirán en una especie de paréntesis. De hecho, la idea con la que trabajan los partidos es que a partir del 10 de junio todo se reactive y la investidura se cierre cuanto antes. No hay fecha fijada, pero se da por hecho que el nuevo Gobierno vasco estará operativo para mediados de junio. Será entonces cuando se resuelva la otra duda: quién lo integrará y cómo se repartirán las carteras. El objetivo del PSE-EE es conservar las consejerías que ha tenido en la última legislatura pero reforzadas, con las políticas sociales en el punto de mira. Sobre quién acompañará a Pradales el mutismo es absoluto, ni tan siquiera está claro si Eneko Andueza formará parte del Ejecutivo o si optará por quedarse fuera para reforzar su perfil político y tener más margen de maniobra para diferenciarse del PNV.

Hay un dato que deja abril que preocupa especialmente: seis de cada diez nuevos afiliados dados de alta este mes son fijos discontinuos; es decir, son trabajadores que van y vienen, que tienen un contrato en vigor pero que se activan y desactivan en función de las necesidades de las empresas, dependientes, la mayor parte de las veces, de la estacionalidad. Así, dejando a un lado el incremento del empleo autónomo –que está también en máximos desde el año 2008–, de los más de 171.600 nuevos asalariados en abril, 105.000 son fijos discontinuos, que sí, efectivamente, tienen un contrato indefinido (y como así se computan), pero que no cuentan con un puesto estable durante todo el año, sino intermitente: están al albur de las llamadas de la empresa para trabajar o no y cuando no lo hacen, no cuentan como parados. Lo que las estadísticas de la Seguridad Social tampoco reflejan es cuántos de esos 105.000 trabajadores discontinuos son nuevos contratos y cuántos corresponden a llamamientos, lo que significaría, por lo tanto, que en realidad no son nuevos empleos. En la otra cara, solo dos de cada diez nuevos afiliados del Régimen General en abril (unos 33.800) son indefinidos a tiempo completo, es decir, tres veces menos que los fijos discontinuos. Cierto es que este porcentaje de indefinidos volátiles no es habitualmente tan elevado y que se debe, fundamentalmente, a que la mayor parte del empleo creado, la mitad, ha sido gracias a la hostelería, que es precisamente el sector que más tira de los trabajadores intermitentes. que los reactiva ahora de cara al comienzo de la temporada turística para darles de baja a finales de verano.

Cuando hablamos de empresas, una larga trayectoria suele ser sinónimo de éxito, capacidad de adaptación, esfuerzo y buen hacer. Ese es, sin duda, el caso de IMQ, una de esas compañías vascas reputadas y señeras que este año conmemora su 90º aniversario como referencia líder de la sanidad privada en Euskadi. No imaginaron seguramente sus fundadores que aquella iniciativa innovadora y pionera, nacida en 1934 de un grupo de médicos vizcaínos para ofrecer atención médico-quirúrgica a quienes entonces no podían permitirse otra cosa que la beneficencia, sería hoy un holding empresarial con casi 50 empresas sanitarias, sociosanitarias y de prevención laboral en su órbita. En los años 30 del siglo XX, la asistencia sanitaria era un lujo solo al alcance de la élite, mientras que amplias capas de la población carecían de toda asistencia, especialmente quirúrgica, al no existir entonces sanidad pública y resultar la atención privada prohibitiva. Fue en ese contexto, cuando, desde el compromiso solidario, 46 médicos, liderados por Vicente San Sebastián, Enrique Ocharan, Daniel García, Santos Pagadigorria como socios fundadores y Severino Achucarro y José Luis Echevarria como adheridos, decidieron, no sin dificultades, fundar el 11 de mayo de 1934 la Asociación del Igualatorio Quirúrgico y de Especialidades, dando lugar al primer sistema de asistencia sanitaria privada organizado que existió en España, 8 años antes de crearse el sistema público. Un modelo de asistencia sanitaria precursor que sirvió también de referencia para los igualatorios y sociedades médicas que surgirían posteriormente a nivel provincial en España. Años después, en 1942, la fusión de la compañía con el Igualatorio Médico Bilbaíno dio lugar al Igualatorio Médico Quirúrgico y de Especialidades, origen del actual IMQ.

Los contribuyentes de Gipuzkoa continúan engordando el número de usuarios de TicketBai, y ya son más de 43.000 los que aplican de forma correcta el nuevo sistema de facturación digital que conecta las cajas registradoras de las diferentes negocios con la Hacienda foral para evitar el fraude. El departamento liderado por el diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, ha estimado a lo largo de estos últimos años que el número total de contribuyentes obligados a adherirse a este sistema se movería entre los 38.000 y los 40.000, pero conviene ser conscientes de que se trata de un censo vivo que sufre variaciones con altas y bajas. Así, como consecuencia de esta volatilidad, la cifra a 16 de abril alcanza los 43.408 contribuyentes, una información solicitada en Juntas por el grupo del PP. Fue en junio del año pasado cuando todos los sectores completaron su adhesión a TicketBai, desde médicos, dentistas, hosteleros, hasta profesionales del comercio, hostelería, construcción, transporte o promoción inmobiliaria. Casi un año después, este sistema se ha ido perfeccionando, evolucionando y adaptándose a las diferentes peticiones o requisitos que demanda el mercado. Precisamente uno de los puntos más sensibles de TicketBai ha sido su cumplimiento por parte de los contribuyentes. Es por ello que la Hacienda foral anunció hace menos de un mes que creará este mismo año el Observatorio del Dato TicketBai (OTB), un proyecto que busca proporcionar, mediante IA y Big Data, una plataforma integral para la recopilación, análisis y visualización de datos relevantes que reflejen el estado de las actividades económicas en Gipuzkoa, así como promover «la transparencia y la eficiencia del sistema.

El director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, es uno de los mayores expertos en financiación autonómica. El catedrático de Análisis Económico y profesor emérito de la Universitat de València urge a reformar un sistema que este año cumple una década caducado y advierte del riesgo que plantea para la solidaridad que Cataluña quiera dejar el régimen de financiación común. Pide reformar el cupo vasco para introducir la solidaridad interterritorial. "Todas las comunidades aportan un 75% de los recursos generados en su territorio y, después, reciben según sus necesidades. Sin embargo, no hay un mecanismo equivalente que haga que las forales aporten. Una cosa es respetar el régimen foral y otra cosa es calcular el cupo de manera adecuada para cumplir con el objetivo de solidaridad. El cupo podría recoger la contribución a la solidaridad de manera similar a la que se da en el régimen común. Es importante subrayarlo cuando se habla de la reforma del régimen común, porque algunas propuestas que hacen desde Cataluña aspiran a una situación como la de las forales. Que Cataluña aspire a un régimen foral plantea un problema grave de solidaridad interterritorial...El sistema educativo tiene una responsabilidad en la medida en que no consigue que todos los jóvenes progresen. Pero en la medida en que consigue que una parte importante alcance los niveles postobligatorios y tenga una inserción laboral más favorable, es el gran ascensor social. No hay que pensar que la precariedad laboral es inevitable. No es un problema de rebajar la media de alumnos por profesor, sino de concentrar los recursos para ayudar a los que tienen mayor riesgo de quedarse descolgados". 

El pasado 30 de abril, el Gobierno aprobó una orden ministerial que permite recuperar la cotización de las prácticas formativas –hasta cinco años– para conseguir que estos periodos computen de cara a la jubilación. Si bien la opción está abierta a cualquier colectivo, en principio a quien puede beneficiar más es a los investigadores, especialmente a quienes comenzaron su carrera entre los 90 y los primeros años 2000, por la naturaleza de su ocupación y porque muchos se jubilarán pronto. Es por ello que en los próximos días diversas asociaciones de científicos se reunirán con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, ya que, tal y como está redactada actualmente la norma, consideran que es completamente inútil y les obligaría a desembolsar cerca de 15.000 euros por persona para poder convalidar esos años. Según denuncian, esto hará que apenas un 1% de los aludidos se acojan a la medida. «Esto nos ha afectado a prácticamente el 80% de los investigadores», lamenta Perla Wahnón, investigadora, catedrática de Química Física de la Universidad Politécnica de Madrid y presidenta de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Su organización, que abarca más de 40.000 científicos de 88 sociedades, emitió un comunicado poco después de que se aprobase la orden en el que calificaba de «inaceptables» las condiciones que fijaba para la regularización retroactiva de cotización de los becarios de investigación.

Las empresas españolas pagan el Impuesto de Sociedades únicamente sobre una parte de sus beneficios y no sobre el total de sus ganancias. Esta separación entre el resultado neto y la base sobre la que después se calcula el gravamen es una constante que sucede desde hace más de 15 años en España, cuando estalló la crisis financiera. El pasado ejercicio, las compañías registraron un resultado neto de casi 300.000 millones de euros. Sin embargo, de ese volumen, únicamente 176.500 millones (el 58,8%) fueron a parar a la cantidad sobre la que posteriormente se aplica el tipo impositivo correspondiente. La cuestión no es menor, ya que del tamaño de esa cuantía dependen buena parte de los ingresos públicos. Para entender el distanciamiento progresivo que se produce entre estos dos conceptos —beneficio y base imponible— hay que remontarse primero a la crisis económica de 2008 y a la generación de una ingente cantidad de créditos fiscales. Estas pérdidas acumuladas actúan en la práctica como salvaguarda al permitir aminorar el pago de impuestos. La serie histórica que actualiza anualmente la Agencia Tributaria da cuentas de la evolución de la brecha y del alcance del fenómeno. Entre 1995 y 2008, los beneficios y la base imponible de las empresas avanzaban casi a la par, de forma que cerca del 90% de los ingresos iban a parar a la base sobre la que se tributa. Tras la gran recesión, la proporción entre ambos conceptos se hundió por debajo del 60%. El suelo llegó en 2019, con un 38% que se fue recuperando hasta el 58,8% de 2023. Pese a esta corrección, avanzan los expertos consultados, el lastre de los créditos fiscales hace imposible volver a los porcentajes de los años de vacas gordas. El Impuesto de Sociedades está condenado a ver escapar sine die buena parte de su potencial recaudatorio. El funcionamiento del crédito fiscal, tal y como detalla Francisco de la Torre, inspector de Hacienda del Estado, es simple. Las empresas generaron miles de millones en pérdidas y las consignaron en sus cuentas. Hoy, esas bases imponibles negativas siguen latentes y pueden compensarse en cada ejercicio fiscal, con el objetivo principal de limitar o aminorar la cantidad final sobre la que se debe tributar. Dicho de otro modo: las compañías pueden detraer las pérdidas pasadas de los beneficios de años posteriores, en una práctica que “supone una erosión brutal de la base imponible consolidada”.

La escasez de mano de obra cualificada en diferentes sectores económicos se ha convertido en un quebradero de cabeza para las economías más maduras, que ven con preocupación el envejecimiento de sus poblaciones y un insuficiente relevo laboral por parte de la migración, que suele desempeñar laborales de baja cualificación. En el Viejo Continente, Alemania, la antaño poderosa locomotora europea, ejemplifica hoy estos achaques. A las secuelas del shock inflacionista, exacerbado por la guerra en Ucrania y su impacto sobre los precios de la energía, la economía germana, que apenas creció un 0,2% en el primer trimestre de este año tras haberse contraído un 0,5% en el último cuarto de 2023, se enfrenta ahora al problema del déficit de mano de obra, cuyos efectos nocivos son notables. Según un informe publicado ayer por el Instituto de la Economía Alemana (IW, por sus siglas es alemán), la economía alemana perderá este año capacidad de producción por valor de 49.000 millones de euros por esa carencia de mano de obra especializada en distintos sectores. “Talleres sin mecánicos, obras sin electricistas y residencias de ancianos sin enfermeras: en todo el país faltan trabajadores cualificados”. Así resume el informe la situación a la que se enfrenta el tejido empresarial germano, donde, pese a que la ocupación batió un récord en 2023 con 45,9 millones de empleados, el año pasado se quedaron alrededor de 570.000 vacantes sin cubrir. Y si la situación presente es delicada, las perspectivas de futuro no son precisamente halagüeñas. El documento advierte de que la gradual jubilación de los baby boomers, generación que en Alemania se encuadra entre finales de la Segunda Guerra Mundial y mediados de la década de los 60 (entre 1946 y 1964), agravará aún más en los próximos años esa creciente brecha de habilidades profesionales. 

Michael Shu, presidente europeo de BYD, asegura que su empresa aspira a desbancar a Volkswagen, Tesla y Stellantis y convertirse en el mayor vendedor de coches eléctricos de batería en Europa esta década. El directivo dice que el grupo planea una “enorme inversión” en fábricas, concesionarios y márketing en la región para convencer a los usuarios de que apuesten por sus automóviles. “Confiamos en que podremos situarnos en una posición de liderazgo antes del final de la década”, declaró en la Cumbre sobre el Futuro del Automóvil organizada por Financial Times. “Estamos pasando a la siguiente fase para decidir una enorme inversión en la UE que ascendería a miles de millones”, añadió. Los planes de BYD incluyen un modelo económico basado en el Seagull, que se vende en China por menos de 10.000 dólares. Según explica, la versión europea debería costar menos de 20.000 euros. Sus comentarios son la declaración más contundente hasta la fecha de los objetivos de BYD para Europa, una de las regiones automovilísticas más competitivas del mundo. La empresa, respaldada por Berkshire Hathaway de Warren Buffett, superó brevemente a Tesla el año pasado como la mayor marca de vehículos eléctricos del mundo y los líderes de la industria la consideran como la mayor amenaza para los fabricantes de automóviles europeos. Bruselas estudia si las marcas chinas usan subvenciones para reducir los precios de sus vehículos, en una investigación que se espera que derive en aranceles más altos sobre los modelos importados. Shu ha declarado que la empresa tiene previsto fabricar sus coches “en Europa y para Europa”, lo que le permitiría eludir las sanciones y frenar los esfuerzos de la UE por impedir la llegada de modelos chinos. También intentará limitar los problemas logísticos a los que se enfrentan las marcas que exportan a Europa. “Enviar coches de China a Europa no va prolongarse mucho tiempo. La intención es producir aquí”, afirmó.

Los objetivos de descarbonización, la necesidad de reducir los costes ante la presión de China y la incertidumbre geopolítica son factores que están llevando a empresas europeas y estadounidenses a lanzar una estrategia de reindustrialización para optimizar recursos de fabricación, lo que provoca un acercamiento de plantas a los mercados de mayor importancia. La apuesta de las empresas chinas por expandir su huella geográfica internacional, sobre todo en Europa y EEUU, ha puesto en alerta a las grandes compañías que ven cómo las firmas del gigante asiático ofrecen productos de una gran calidad con un precio competitivo, lo que pone en jaque su modelo de negocio. Este factor es uno de los que más está pesando en la estrategia que están llevando a cabo las compañías europeas y estadounidenses por la reindustrialización, con una inversión total conjunta de 3,4 billones de dólares (unos 3,2 millones de euros al cambio actual) para los próximos tres años, según recoge un informe del Instituto de Investigación de Capgemini. El informe destaca el impacto sufrido en los últimos años en Europa y EEUU por perturbaciones internas y externas como la pandemia, los conflictos geopolíticos o los efectos derivados como la subida de precios de la energía y de las materias primas. Ante estos problemas, gobiernos y empresas han decidido apostar por la soberanía estratégica, que no es más que asegurarse, ya sea con producción propia o de aliados, los recursos necesarios, para no depender de zonas inestables.

A la enorme patata caliente en que se convertido para la Administración Biden el prolongado y cruento conflicto en Gaza, que ya ha provocado serias fricciones entre Washington y Tel Aviv, se añade la recalcitrante resiliencia de la inflación en EEUU, que empaña la trayectoria económica del país... y la gestión de su actual Gobierno. Tras la moderación de meses atrás, la inflación repuntó en febrero y marzo, aupándose hasta el 3,5% ese último mes, un rebrote mayor al esperado, que cogió con el pie cambiado a las propias autoridades norteamericanas y cuya primera consecuencia ha sido el retraso del calendario de rebajas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. En este contexto, en el que las preocupaciones inflacionistas resurgen entre los ciudadanos estadounidenses, la gestión económica de Biden empieza a perder apoyo electoral cuando faltan apenas seis meses para las elecciones presidenciales de noviembre. Así lo refleja la encuesta FT-Michigan Ross, que muestra que el 80% de los votantes considera que los altos precios representan uno de los mayores desafíos para sus economías. Esa percepción tiene consecuencias en el plano político. Según el sondeo, publicado ayer, el 58% de los encuestados desaprueba la gestión y las políticas económicas de la Administración Biden, tres puntos porcentuales más que el mes anterior (55%), mientras que se desinfla el porcentaje de personas que considera que lo está haciendo bien. En concreto, solo el 28% de los encuestados cree que sus políticas han ayudado a la economía, lo que supone un descenso de cuatro puntos respecto al sondeo previo. El termómetro del electorado desvela así que los estadounidenses aún culpan a Biden del impacto de los altos precios al consumidor, “sin darle crédito por una economía en auge y un mercado laboral fuerte, señala FT.

Los últimos avances de la inteligencia artificial (IA) ya no ofrecen solo respuestas o imágenes más o menos acertadas, sino que aportan soluciones, las planifican y las ejecutan usando el lenguaje natural y en nombre del usuario. Se presentaron como “agentes” en el Google Next celebrado en Las Vegas y son su apuesta en la partida donde juega OpenAI, que tiene previsto presentar hoy su nuevo desarrollo, y el resto de grandes compañías. Solo 10 días después de que Google lanzara sus agentes, el grupo de investigación de la propia multinacional (DeepMind) y una decena de universidades y entidades presentaban una investigación alertando de las implicaciones éticas de este desarrollo. Thomas Kurian, consejero delegado de Google Cloud, describe la última carta de su compañía en el juego de la IA: “Vertex AI Agent Builder aúna modelos fundacionales, el buscador y otras herramientas de desarrollo para facilitar la creación e implementación de agentes. Proporciona la comodidad de una plataforma de creación de agentes sin código junto con potentes capacidades. Ahora puedes crear rápidamente una variedad de agentes de IA basados en la búsqueda de Google y los datos de tu organización”. Para Sam Altman, máximo responsable en la competidora Open AI, los nuevos desarrollos de la IA son más que una aplicación y revolucionará el día a día, según publica MIT Technology Review, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT): “Es un colega supercompetente que sabe absolutamente todo de mi vida, cada correo electrónico, cada conversación que he tenido, pero no se siente como una extensión. Puede abordar algunas tareas al instante y, para las más complejas, salir y hacer una propuesta o regresar con preguntas si es necesario”. Para Altman, DALL-E, Sora o ChatGPT son “increíblemente tontos” en comparación con lo que viene: “Nos han cautivado con su capacidad para generar texto convincente y vídeos e imágenes surrealistas, pero, en su mayoría, siguen siendo herramientas que usamos para tareas aisladas y tienen una capacidad limitada para aprender sobre nosotros a partir de nuestras conversaciones con ellos”. La evolución de la IA, según sostiene al MIT, “será capaz de ayudarnos fuera de la interfaz de chat [el acceso conversacional] y quitarnos de encima las tareas del mundo real”.