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Miércoles, 20 de noviembre de 2024
Núm 1789/2024
Año XXXVII

"Nos estamos quedando rezagados, Euskadi debe apostar por la industria como objetivos de país" (Diario Vasco)

Sin ningún tipo de autocomplacencia y con un discurso claro, el presidente del Círculo de Empresarios Vascos y de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), Andrés Arizkorreta, puso sobre la mesa su diagnóstico de la economía vasca durante su intervención en el XVII Foro Empresarial de Gipuzkoa, organizado por DV, en colaboración con Laboral Kutxa y la consultora EY, en la sede del periódico en Miramon. Ante una nutrida representación institucional y empresarial, Arizkorreta realizó un exhaustivo análisis del presente y futuro de nuestro tejido empresarial, de sus fortalezas y debilidades, de los desafíos que debe afrontar para seguir siendo competitivos en un horizonte marcado por la debilidad de la industria europea. Y en ese escenario subrayó la importancia del sector manufacturero como garantía del Estado del Bienestar y del progreso para una sociedad. Una industria que reúne «los empleos de mayor calidad y los mejor remunerados» pero que también tiene ante sí asignaturas donde mejorar para no perder el tren de la prosperidad. Como por ejemplo, el peso que este sector tiene en el PIB de Euskadi es menor que el de hace unos años. Sin embargo, de cada 100 euros que se generan en Euskadi, 24 corresponden a la industria, una media muy superior la del Estado. Además, de cada cinco empleos que hay en el País Vasco, uno corresponde al sector manufacturero. Con esta fotografía general, a nadie pilla por sorpresa que este sector presente en Euskadi salarios mucho más elevados que en otros ámbitos. Se sitúan entre los 28.000 y los 54.000 euros, según sean perfiles manufactureros y o mas vinculados a la energía y mejor pagados, según datos del INE. «La industria genera empleo estables, de calidad y mejor pagados. Pero en los últimos años ha perdido peso en el PIB de todos los países. Debemos asumir nuestra responsabilidad». Algunos datos como los del Producto Interior Bruto evidencian que Euskadi «ha perdido fuelle, o dicho de otra manera, que nos quedamos rezagados», afirmó Arizkorreta. En la última década, el PIB del País Vasco ha crecido menos que el del Estado –un 11,8% frente al 14,9%–, u mucho menos que Madrid (18,2%) o Cataluña (15,3%). En muchos de los parámetros de la competitividad, nuestra comunidad autónoma no está situada entre las principales regiones europeas, y es ahí «donde debemos poner el foco». JÓVENES: «Hoy en día no están en su mejor momento, pero necesitamos que no se vayan fuera». AUTOMOCIÓN: «Es una crisis muy seria que desgraciadamente nos va llegando, pero hay tiempo de darle la vuelta». ESTADOS UNIDOS: «Va a ser casi imposible vender productos industriales en EE UU sin una base industrial allí». 

Arizkorreta defiende que «reconocer el problema del absentismo es el primer paso para resolverlo» (Diario Vasco)

Andrés Arizkorreta no eludió ninguna de las preguntas planteadas por el director de DV, David Taberna, como la del absentismo. Y es que el País Vasco lidera la tasa de bajas laborales por Incapacidad Temporal, que ya alcanza el 5,8%, según los datos ofrecidos por el Instituto Vasco de Competitividad, Orkestra. Francia encabeza el ránking en la eurozona, con un 4,6%, mientras que después se sitúan Italia y España, ambos con una tasa del 4,1%. Los ritmos de la transición energética y al coche eléctrico, el futuro metro de Donostia o la fiscalidad también fueron abordados. -Lideramos la tasa de absentismo en Europa. ¿Qué podemos hacer?-Es un «problema que no me lo explico ni a mí mismo, como para explicárselo a los demás», arrancó su respuesta. A su juicio, «hemos vivido en una cultura en la que el trabajo era importante. Probablemente había cierto desequilibrio entre el trabajo y una vida personal más rica, pero creo que hemos llegado a un equilibrio y lo que no podemos pasar es al otro extremo. No digo que estemos pasando», apuntó, pero «hay cosas que no tienen ninguna lógica». Durante su intervención, Arizkorreta también insistió en la necesidad de «lograr un modelo de relaciones laborales estable, colaborativo y flexible», al tiempo que lamentó que ese consenso entre sindicatos y empresarios está siendo «superado» por algunas actitudes y posiciones «inflexibles, intransigentes y politizadas al extremo», que «han condicionado y perjudicado acuerdos que son imprescindibles para el mantenimiento de nuestra competitividad». En este punto, el presidente del Círculo de Empresarios Vascos aseguró que no termina de encontrar la explicación de que Euskadi sea líder en absentismo. «Yo creo que es urgente actuar. No podemos continuar así. Lo que debemos hacer es reconocer que tenemos un problema, es la única manera de resolverlo y no escondiéndolo. Si metes los problemas en el cajón del olvido, ahí no se arreglan. Hay que sacarlo a la palestra pública y empezar a tomar medidas». -¿Qué opina de la nueva reforma fiscal de Euskadi?  «No podemos convertirnos en un coladero de gravámenes a la carta. Necesitamos un entorno estable y justo para fomentar la competitividad». Dejando de lado medidas que «penalicen». El máximo mandatario de CAF quiso subrayar la importancia del Concierto Económico Vasco. «No es un privilegio, es un elemento esencial del autogobierno vasco. El último acuerdo es un buen ejemplo de ello».

«Si el TAV no enlaza por Ezkio perderemos una oportunidad histórica» (Diario Vasco)

«Como no hagamos Ezkio, perdemos una oportunidad histórica». Así de rotundo se mostró Andrés Arizkorreta, presidente de CAF y el Círculo de Empresarios Vascos, al ser preguntado por la conexión del TAV con Navarra. De esta forma, el trazado guipuzcoano ha sumado una nueva voz autorizada para la defensa de los intereses del territorio frente a Álava. Como ya ocurrió en DV Gunea el mes pasado durante el encuentro con la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la pugna territorial que desde el verano enfrenta a las administraciones y a la clase política de Gipuzkoa y Álava por el recorrido que debe seguir el tren de alta velocidad para su conexión con Navarra fue uno de los temas que estuvieron encima de la mesa en el turno de preguntas. Y al igual que hizo Mendoza, quien considera el trazado por Ezkio-Itsaso como «irrenunciable», Arizkorreta también defendió la vía guipuzcoana. «Para Gipuzkoa y Navarra, prefiero el paso por Ezkio-Itsaso. Como guipuzcoano lo tengo clarísimo, como no hagamos Ezkio, perdemos una oportunidad histórica. La conexión de Vitoria tiene problemas de congestión».

El Gobierno vasco insta a las fundaciones de Kutxabank a participar en la ‘operación Talgo’ (El Correo)

El Gobierno vasco trata de tejer una red de apoyo a la operación que garantice el futuro industrial de Talgo y su arraigo en Euskadi, donde tiene su mayor planta con 700 trabajadores y cuenta con proveedores que emplean a otras 5.000 personas. Según fuentes conocedoras de los contactos, el Ejecutivo del lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado a las fundaciones propietarias de Kutxabank (la BBK vizcaína, la Kutxa guipuzcoana y la Vital alavesa) la petición de analizar la operación para apoyarla con su capital. En el caso de Vital, como adelantó este medio, la disposición es favorable, pero BBK y Kutxa plantean matices. Mientras tanto, el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, trabaja para financiar una oferta que presentar para hacerse con el control de Talgo. El industrial vasco comunicó el pasado 16 de octubre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su disposición para afrontar una compra «total o parcial» del fabricante de trenes. La operación, en cualquier caso, se centra en el 29,9% del capital que controla el accionista principal de Talgo, el fondo inversor Trilantic. Superar ese porcentaje exigiría presentar una opa por el 100% de la compañía, lo que encarecería la operación más allá de los 420 millones. Trilantic pide 5 euros por acción, lo que haría que su participación supusiera 183 millones. Es el precio que los húngaros de Magyar Vagon ofrecieron por Talgo en la opa que el Gobierno central vetó por razones de «seguridad nacional» a finales de agosto. La cotización de la ferroviaria cerró ayer a 3,44 euros, lo que supone un valor de las acciones controladas por el fondo estadounidense de 127 millones. De momento, Jainaga ha recabado el respaldo del Gobierno vasco, que participaría en la inversión recurriendo al fondo Finkatuz –cuenta con 200 millones disponibles– creado para entrar en empresas a fin de garantizar su arraigo y su proyecto industrial en Euskadi.

El Gobierno apoya a Sidenor con la Sepi para comprar Talgo (Expansión)

La compra total o parcial de Talgo por parte de la siderúrgica vasca Sidenor contará con el apoyo económico del Gobierno vasco y, muy probablemente, del Gobierno central a través de la Sepi. “Es una de las posibilidades en la que estamos trabajando”, reconoció ayer el titular de Transportes, Óscar Puente, durante su visita al Global Mobility Call que se celebra en Madrid. Puente, firme opositor de la frustrada opa de Magyar Vagon sobre Talgo a cinco euros por acción en metálico, ha sido el miembro del Gobierno que más intensamente ha trabajado por garantizar el futuro accionarial del fabricante participado por el fondo de inversión Trilantic, uno de los accionistas de referencia que quiere salir de la compañía tras más de 12 años como inversor. Trilantic, junto a Torreal y la familia Oriol, controla el 40% de Talgo a través de una sindicación de acciones cuyo pacto vence a finales de año. Una de las opciones que se maneja es que Sidenor compre las acciones de Trilantic, o bien lance una opa sobre una compañía que vale hoy en Bolsa 425 millones de euros. Los inversores húngaros ofrecieron 620 millones por el 100%. El precio de la participación de Trilantic es el principal escollo para el desembarco de Sidenor, ya que el fondo estadounidense y el resto de accionistas de referencia han tomado como valor los cinco euros que manejó Magyar Vagon. Para los socios del fabricante español, cualquier inversor, español o internacional, debe tener presente ese umbral a pesar de que las acciones de la compañía cotizan en la actualidad por debajo de esa valoración. 

Talgo rebaja su rentabilidad a la vez que avanza el plan con Sidenor (Cinco Días)

El fabricante de trenes Talgo ganó dinero a 30 de septiembre: 6,7 millones, resultado que sufre el impacto de gastos financieros “que siguen siendo elevados”. La compañía continuó sin definir el reparto de dividendos con cargo al presente ejercicio, en el que ha estado sujeta a una opa de capital húngaro, que fue vetada en agosto por el Gobierno por motivos de preservación de la seguridad nacional. En estos momentos es el grupo industrial vasco Sidenor el que explora la compra parcial o total del capital. En Euskadi se trata de conformar un consorcio de empresas, con la siderúrgica al frente, que pueda asumir el control en sustitución de la instrumental Pegaso, en la que reúnen sus participaciones el fondo Trilantic y las familias Abelló y Oriol. Con una cotización que cerró ayer en 3,44 euros, con la pérdida de un 1,15%, el precio actual de la acción está lejos de los 5 euros que puso sobre la mesa el consorcio Ganz-Mavag. La última hora sobre una posible nueva oferta la ofreció este martes el ministro de Transportes, Óscar Puente, al reiterar que el Gobierno apoya el proyecto de Sidenor y podría participar en él a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre otras opciones. A estas alturas del ejercicio, los accionistas habían recibido el año pasado 12 millones de euros entre el dividendo flexible y el programa de recompra.

Hacienda prorroga el impuesto a energéticas y endurece el de banca para salvar su reforma (Expansión)

La esperpéntica sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados reunida la tarde del lunes para abordar la reforma fiscal culminó en la madrugada del martes tras un receso de cuatro horas que el Gobierno aprovechó para negociar in extremis una última ronda de cesiones cruzadas, y hasta contradictorias, a sus diferentes socios con el objetivo de tratar de salvar el cuerpo central de su paquete tributario en la votación definitiva de mañana. Así, cuando hasta el proyecto de ley de transposición del tipo mínimo global para multinacionales que exige la Unión Europea parecía herido de muerte, Hacienda deslizó la promesa de prorrogar un año el impuesto a las energéticas para contentar al alza izquierda de sus socios, a la vez que garantizaba a las derechas que bonificaría a las compañías afectadas, y se ofrecía a endurecer el tributo a la banca para tratar de preservarlo. Un nuevo juego de equilibrios que trata de recoger los apoyos a un proyecto clave ante la creciente erosión del bloque de investidura. “El Gobierno se comporta como si esto fuera una lonja en la que lanza las iniciativas y los grupos tienen que operar entre ellos para intentar mejorarlas”, resumió ayer el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dando cuenta del descontento generalizado. Incluso el socio minoritario del Ejecutivo, Sumar, atacó ayer al ala socialista. “Es bastante obvio que esta negociación tendría que haber empezado por los socios habituales entre ellos del Gobierno, pero también de la mayoría de investidura”, criticó su portavoz Aína Vidal, lamentando que el PSOE iniciara el diseño de la reforma fiscal atendiendo a las exigencias de Junts y PNV de sacrificar el gravamen a energéticas antes de incorporar incluso las propuestas de Sumar. La situación llevó a ERC, Bildu y BNG a tensar la cuerda el lunes, abortando primero el nuevo tributo a la banca y amenazando después con tumbar todo el proyecto si el Gobierno no reinstauraba el impuesto a las energéticas. Ante la inmovilidad del bloque de izquierdas pese a las súplicas de los socialistas, y entre acusaciones de “secuestro” del PP por un receso de “unos minutos” que se alargó hasta pasada la medianoche, Hacienda movió ficha y prometió a ERC, Bildu y BNG impulsar un Real Decreto-ley para prorrogar durante un año más el impuesto extraordinario al sector petrolero, gasistas y eléctrico que de momento está en vigor hasta el 31 de diciembre. Acto seguido, para evitar que el gesto provocase una ruptura al otro extremo del Hemiciclo, el Ministerio emitió un comunicado, al filo de la una de la madrugada, que se limitaba a matizar: “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”.

Garamendi critica la “incertidumbre” y la “inseguridad jurídica” de la reforma fiscal (Expansión)

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, criticó ayer la incertidumbre y la inseguridad jurídica que ha generado la reforma fiscal del Gobierno porque no se sabe qué puede pasar mañana en la votación en el Congreso y censuró los “impuestos a la carta” sobre la banca y a las energéticas. De esta forma se refirió al debate parlamentario sobre la reforma fiscal del Gobierno que, por ahora, no ha conseguido sacar adelante la prórroga de los impuestos a la banca y a las energéticas en la Comisión de Hacienda, aunque aún le queda la votación de mañana en el Pleno del Congreso. Desde Sevilla, durante su intervención en los encuentros de Ser Andalucía, Garamendi reclamó estabilidad regulatoria y se mostró en contra de gravar a la banca, ya que aseguró que tendría un impacto en el crédito de 50.000 millones que afectaría a los pequeños empresarios. En cuanto a las compañías energéticas, Garamendi recordó que ya han anunciado que si se les mantiene el impuesto paralizarán proyectos como el de Cepsa en el valle del hidrógeno verde en Andalucía, entre otros. El presidente de la patronal también se refirió al plan nacional de clima y medio ambiente que necesitará una inversión privada de unos 250.000 millones y que se puede ver afectada por el gravamen a las energéticas, así como su impacto al ser una industria tractora. Garamendi aseguró estar perplejo por lo sucedido en la comisión de Hacienda del Congreso, donde “pasaba una cosa y unas horas más tarde otra y ahora nadie sabe lo que puede ocurrir el jueves en la votación” de la reforma fiscal del Gobierno.

El paquete fiscal continúa en vilo por las exigencias de ERC y Podemos (Cinco Días)

El capítulo de la reforma fiscal no se ha cerrado tras la volcánica sesión de la Comisión de Hacienda del Congreso, en la que el Gobierno tuvo que hacer acrobacias para pactar un texto cuya negociación se prolongó hasta la madrugada del martes. Tras frenéticas conversaciones, se selló un precario acuerdo que este jueves debe ser sometido al pleno de la Cámara y cuya viabilidad sigue en el aire. Podemos amenaza directamente con votar en contra, mientras ERC exige compromisos por escrito al Ejecutivo. Ambos reclaman, con grados distintos, que el Ejecutivo proponga al menos la prórroga por un año más del impuesto a las energéticas, cuya retirada había pactado con Junts. El paquete incluye, en primer lugar, la trasposición de la directiva de la UE para establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para las grandes multinacionales. En caso de no ser aprobada antes de final de año, se pondría en peligro la recepción por España de 7.200 millones de fondos europeos. Pese a salvar el paquete de forma agónica en la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo no tiene aún los votos suficientes para que prospere en el pleno. Podemos, que hace semanas que ha adoptado la estrategia de Junts negociar punto a punto y ley a ley, amenaza con tumbarlo si no se aprueba un impuesto a las energéticas de forma permanente y más elevado. En pleno frenesí para salvar el texto, ERC arrancó del Gobierno en la madrugada del martes, junto a EH Bildu y BNG, la promesa de promulgar un decreto prorrogando por un año más el impuesto a las energéticas. En un ejercicio de equilibrismo, el Ministerio de Hacienda precisó poco después que a la vez considera vigente su pacto con Junts, aunque introdujo el matiz de que este consiste en no gravar a las compañías que mantengan inversiones destinadas a la carbonización. El decreto comprometido con la izquierda soberanista tendría que ser convalidado luego por el pleno del Congreso, donde saldría derrotado si Junts se uniese al rechazo seguro de PP y Vox .

El Gobierno espera regularizar a 900.000 extranjeros hasta 2027 (Expansión, El Correo)

El Gobierno aprobó ayer la reforma más profunda del Reglamento de Extranjería, que data de 2011, con el objetivo principal de facilitar la integración laboral de los inmigrantes. Con ello, el Ejecutivo espera incentivar la regularización en España de unas 300.000 personas al año. O 900.000, en los tres próximos años, según explicó Elma Saiz, la titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, al término del Consejo de Ministros. La norma entrará en vigor en mayo de 2025. Uno de los grandes cambios de la norma es que en todas las fórmulas de arraigo ‘solo’ se pedirán dos años de empadronamiento previo cuando antes eran tres en algunos casos. Una vez cumplido ese tiempo, el requisito para poder trabajar –si es por la vía ‘sociolaboral’– será presentar uno o varios contratos que garanticen al menos una jornada laboral de 20 horas semanales. En el arraigo por formación –ahora rebautizado como socioformativo– se concederá a los extranjeros matriculados en un curso autorización para trabajar, desde el primer momento, un máximo de 30 horas semanales. Antes tenían que acabar la formación y después conseguir un contrato ligado a los estudios realizados, lo que era muy difícil. También se amplían los estudios aceptados, incluyendo niveles básicos. Asimismo se va a simplificar de manera muy notable el paso de la estancia por estudios en España a una autorización de residencia y trabajo. Durante los estudios los alumnos estarán autorizados a trabajar hasta 30 horas a la semana. Además, los visados para la búsqueda de empleo serán de un año y no de tres meses como en la actualidad.

La Inspección de Trabajo detecta un posible fraude en 10.300 contratos a tiempo parcial en Euskadi (El Correo)

La Inspección de Trabajo de Euskadi ha detectado posibles irregularidades en más de 10.300 contrataciones a tiempo parcial en lo que va de año. Por este motivo ha enviado 5.310 comunicaciones a empresas vascas en las que les advierte de los indicios de fraude y les insta a regularizar la situación de los empleados. Se trata de una nueva campaña lanzada a través de la denominada ‘herramienta de lucha contra el fraude’, un programa desarrollado por el Ministerio de Trabajo que utiliza tecnología ‘big data’ para detectar indicios de irregularidades en las empresas. A las compañías se les envía una carta de advertencia y se les da un plazo para que se proceda a la regularización: un mes desde la recepción de la comunicación, momento tras el cual se da inicio a la actividad inspectora. Según han explicado fuentes del departamento, en esta ocasión se ha puesto el foco en empresas que tuviesen un porcentaje de trabajadores a tiempo parcial muy superior a la media del sector. Al listado de compañías con ratios sospechosas se les ha enviado notificaciones. En las misivas se les advierte de que en el caso de que los coeficientes de parcialidad declarados a la Tesorería General de la Seguridad Social no se ajusten a la realidad, deben comunicar de manera inmediata las variaciones de datos conforme a la jornada de trabajo efectivamente realizada por los empleados. Igualmente, se les informa de que deberán ingresar las liquidaciones complementarias a la Seguridad Social por las diferencias de cotización que resulten del periodo de tiempo en que se hayan producido dichos desajustes. En el caso de que no se produzca la regularización, a las empresas se les informa de que serán objeto de revisión y, en su caso, de la correspondiente actuación por la respectiva Inspección Territorial de Trabajo. En total se han enviado cartas a 5.310 empresas por supuestas irregularidades en 10.331 contratos. 

Mañana empieza el juicio de Iberdrola contra Repsol por blanqueo ecológico en España (El País, Cinco Días)

Todo está listo para que el Juzgado de lo Mercantil 2 de Santander reciba mañana a las partes implicadas en la demanda de Iberdrola contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa, cuya vista oral se celebra en la capital cántabra. Su titular, el juez Carlos Martínez de Marigorta, se enfrenta a un sonado juicio (la expectación ha obligado a habilitar una sala más amplia del juzgado) que, más allá del resultado, ha provocado ya un debate sobre las prácticas del llamado blanqueo ecológico, ecopostureo o greenwashing, especialmente, entre las petroleras. Se trata de estrategias publicitarias que algunas compañías utilizan para presentarse, a ellas mismas y a sus productos, como respetuosos con el medioambiente, cuando no lo son. Aunque este tipo de prácticas no figuran aún en el ordenamiento jurídico español, Iberdrola hace alusión en su denuncia a la directiva europea sobre empoderamiento de los consumidores para la transición energética aprobada el pasado mes de febrero que sí las incluye, si bien, reconoce que aún no ha sido transpuesta por España. La demanda, presentada también en febrero, se dirige contra la matriz Repsol S. A. y dos filiales comercializadoras del grupo que preside Antonio Brufau: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos y Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, formada por la cartera de clientes que en 2018 compró Viesgo y que mantienen su sede en Santander.

El 44% de las empresas usará la IA generativa en tres años (Expansión)

La inteligencia artificial (IA) es uno de los temas de moda entre las empresas. Las que no la están implementando lo van a hacer pronto para optimizar sus procesos, aumentar las eficiencias y también para reducir sus costes. De hecho, casi la mitad de las empresas (44%) tiene previsto implementar la IA generativa en sus procesos en los próximos dos o tres años, principalmente en áreas como la producción y la logística, así como en actividades de gestión y de mantenimiento, según la edición de 2024 del informe Smart Industry 4.0, elaborado por NTT Data junto con el Observatorio de la Industria 4.0. El interés hacia esta tecnología se traduce en un esfuerzo inversor por parte de las empresas. Según el informe, el 56% de las compañías tiene intención de invertir en la IA generativa para optimizar su cadena de suministro dentro de uno a tres años, en línea con el objetivo de mejorar la automatización y la innovación tecnológica. De hecho, casi un tercio de las empresas estima implementar este tipo de aplicaciones ya desde el año que viene, lo que pone de manifiesto el interés del sector corporativo por acelerar la adopción de esta innovación. No obstante, pese a la predisposición existente en las empresas respecto a la IA generativa, el documento elaborado por NTT Data resalta que existen algunos desafíos a la hora de una adopción masiva de esta solución en las cadenas de suministro de las compañías, como son la falta de conocimiento especializado, la dificultad de integración con los sistemas existentes, el desconocimiento de casos de éxito en la industria, los costes de implementación o la imprecisión en las respuestas generalizadas. Además, desvela algunas preocupaciones a la hora de implementar este tipo de herramientas, como son la protección contra los ciberataques, el cumplimiento de la regulación en términos de privacidad, el uso inadecuado de los datos de la empresa, la transparencia en el proceso de datos o la inquietud sobre el almacenaje de los datos.

Sin más suelo, el déficit de viviendas rozará los 1,6 millones en cinco años (Expansión, Cinco Días)

El problema de la vivienda en España amenaza con alcanzar cifras dramáticas en los próximos años si no se adopta un plan de choque con medidas a corto, medio y largo plazo que embriden la enorme y creciente brecha existente entre oferta y demanda. Y es que al ritmo actual de construcción de inmuebles residenciales el déficit de viviendas se disparará hasta los 1,59 millones en el próximo quinquenio (de aquí a 2029), casi el cuádruple que en 2023, cuando fue de 408.000, y cerca del triple que este año, cuando cerrará con una carencia de alrededor de 560.000 casas. Así se desprende del informe Necesidad de Suelo en España 2024, elaborado por la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCEspaña) y la consultora Colliers y en el que se pone de manifiesto que sin una terapia enérgica y, sobre todo, sin más suelo edificable, el déficit acumulado se catapultará hasta los 2,74 millones de viviendas en 2039. Este crecimiento exponencial de la falta de viviendas es fruto de una compleja combinación de factores. De un lado, el fuerte ritmo de crecimiento de nuevos hogares en España, que el INE estima en unos 250.000 cada año, frente a unas cifras de construcción de apenas 88.000 viviendas anuales acabadas, del todo insuficientes para satisfacer la creciente demanda. Y de otro, la galopante falta de suelo urbanizable, consecuencia de la ausencia de seguridad jurídica a la hora de abordar el desarrollo de planes urbanísticos, pero también de la lentitud que implica la transformación de suelo rústico en superficie edificable, proceso que se convierte en una verdadera yincana de trámites administrativos y que dilata el desarrollo de nuevos proyectos entre 10 y 15 años, “llegando a superar los 20 años en algunos casos”, señala el informe. A ello se añaden problemas propios del sector en los últimos años, como el aumento de los costes de construcción o la falta de mano de obra cualificada.

España ha dado la residencia en 10 años a 250.000 inversores y ejecutivos extranjeros (El País, Cinco Días)

España ha concedido casi 250.000 permisos de residencia para ciudadanos extracomunitarios a directivos internacionales, investigadores, emprendedores o compradores de inmuebles por valor de más de medio millón de euros, entre 2014 y 2023. Son datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Coinciden con la primera década de vida de una legislación aprobada en 2013 por el Gobierno del popular Mariano Rajoy que buscaba, en plena crisis económica, fomentar el crecimiento e internacionalización de empresas españolas y también atraer capital y talento extranjero de fuera de la Unión Europea. Es la ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores de la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que eliminará las golden visa para compradores de vivienda de más de 500.000 euros e inversiones empresariales. Del total de estos permisos, que también autorizan a trabajar, algo más de la mitad corresponden al titular y el resto, a sus familiares (cónyuge o hijos). Con los datos globales en la mano, el principal colectivo de extracomunitarios que obtuvieron la residencia fueron los que entran en el epígrafe de personal directivo o altamente cualificado (104.303), el segundo grupo son inversores (inmobiliarios en más de un 95%, los beneficiarios de los célebres visados de oro, 61.606 personas). A continuación se situaron investigadores (27.002). Y en menor medida, empleados a quienes sus empresas trasladaron a España, personas que buscan empleo o se están formando, emprendedores y trabajadores audiovisuales o beneficiarios de la tarjeta azul (extracomunitarios procedentes de otros países europeos). Por procedencia de los solicitantes de los permisos, la primera es América central y del sur, seguida de Asia, países europeos no comunitarios (aunque estos han ido creciendo y en 2023 ocuparon la primera posición), América del Norte, África y Oceanía. Por edades, la franja que más permisos concentra es la de personas entre los 24 y 44 años.

Endesa ofrece inversiones récord si el Gobierno no castiga a las eléctricas (Expansión, Cinco Días)

Endesa, la eléctrica española controlada por el gigante italiano Enel, lanzó ayer un nuevo plan estratégico para el periodo 2025-2027 con inversiones previstas de 9.600 millones. Es la hoja de ruta más ambiciosa en inversiones desde que Enel se hizo con el control de Endesa. Pero podría dispararse aún más si el Gobierno atiende las peticiones que hizo ayer el grupo y que también piden a gritos otras energéticas. Endesa, dijeron ayer sus directivos, estaría en condiciones de aumentar en otros 4.000 millones su inversión (por crecimiento orgánico y por compras), hasta los 13.600 millones, si el Gobierno no castigara a las empresas fiscalmente y con la regulación de sus redes de luz. Endesa pide que se elimine definitivamente el denominado impuestazo, el gravamen que creó el Gobierno contra las grandes energéticas y los bancos (ver información adjunta). Pero sobre todo, pide que mejoren los peajes que las eléctricas cobran por sus redes, y que se flexibilice la ley para tender nuevos cables. Con este multimillonario plan, Enel da un giro estratégico a Endesa, su mayor filial fuera de Italia. El gigante italiano se hizo con la totalidad de Endesa en 2009, tras comprar la participación del grupo Acciona, con el que previamente había lanzado una opa por la empresa en una encarnizada guerra de ofertas contra otros grupos desde 2005.

La agencia EFE pide perdón tras publicar dos noticias falsas en una semana (El Correo)

El presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, ha pedido hoy disculpas tras los dos «graves errores» que la institución que dirige ha cometido en menos de una semana. Hace unos días publicaron que un helicóptero se había estrellado contra la Torre de Cristal de Madrid y ayer difundieron que había fallecido el escritor Fernando Aramburu. Ninguna de las dos había ocurrido de verdad. Oliver ha explicado que ya ha hablado con el escritor guipuzcoano para pedirle disculpas. Según los datos de la propia agencia, el fallo se ha debido a que han dado credibilidad a un activista italiano que desde años publica noticias falsas sobre la cultura española. «Una cuenta engañosa en redes sociales ha desencadenado por falta de comprobación un error imperdonable de EFE», ha reconocido Miguel Ángel Oliver. Ante esta sucesión de errores, el máximo responsable de la agencia ha convocado al Consejo de Administración de la agencia pública para crear un protocolo especial contra los bulos y salvaguardar la credibilidad de su servicio. «En el actual contexto, en el que se libra una batalla durísima entre la información veraz y la desinformación, entre los servidores del relato exacto de los hechos y los propagadores de bulos y mentiras, los dos errores que hemos cometido tienen efectos profundos y son desoladores para quienes confían en nosotros y para nuestro equipo», ha asegurado Oliver. En un momento en el que se está debatiendo sobre el aumento de las informaciones falsas en las redes sociales y su capacidad para afectar a la agenda pública, Oliver se ha conjurado a defender «el mejor servicio público» y «contribuir a la limpieza y credibilidad del ecosistema informativo, esencial para la democracia».

Ucrania ataca con misiles de largo alcance y Putin amenaza con una respuesta nuclear (El Correo, El País)

Justo cuando se cumplían los mil días de guerra, Ucrania cruzó la línea roja que habían trazado los rusos para evitar que el conflicto entre en una fase incontrolable. El lanzamiento por primera vez de seis misiles de largo alcance de fabricación estadounidense contra arsenales en suelo de Rusia provocó la inmediata respuesta de Putin, que anunció cambios legales que le autorizan el uso de armas nucleares como respuesta a ataques convencionales.  Desde Río de Janeiro, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, admitió que los proyectiles norteamericanos de largo alcance fueron lanzados contra Rusia en esta primera incursión de forma «repetida». Según sus palabras, «el hecho de que los ATACMS se haya utilizado repetidamente en la región de Briansk es, por supuesto, una señal de que quieren una escalada». «Sin la participación de los estadounidenses es imposible hacer uso de estos misiles de alta tecnología, Putin lo ha dicho muchas veces», añadió Lavrov, que advirtió además que nos encontramos «ante una nueva fase de la guerra de Occidente contra nosotros y reaccionaremos en consecuencia». El jefe de la diplomacia aconsejó también que los países de la OTAN «se lean en su totalidad» la nueva doctrina militar de Vladímir Putin, promulgada ayer y que contempla el empleo de armas de exterminación masiva contra estados que ataquen a Rusia, aunque carezcan de armas atómicas, pero que cuenten con la ayuda de una potencia nuclear. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguraba en un mensaje al Parlamento Europeo al cumplirse ya mil días de contienda que su país «no se rendirá nunca» y que Putin «no se detendrá por sí mismo (…) Si no tiene una motivación real para discutir una salida negociada al conflicto sin incendios en depósitos de municiones (...), sin destrucción de sus bases aéreas, sin la pérdida de sus capacidades de producción de misiles».