20240305

Valoración de Confebask de los últimos datos de paro y empleo correspondientes al mes de febrero. En declaraciones a diferentes medios de comunicación, el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, ha asegurado que los datos de febrero recién conocidos “han sido positivos, tanto desde el punto de vista del paro, que baja en más de 1.700 personas en- términos interanuales, como en el aumento de los afiliados a la Seguridad Social”. En ese sentido, Pablo Martín ha destacado que “consolidamos unos buenos datos, que vienen acompañados, además, de caídas del paro en Construcción, Servicios e Industria, y que hacen que la cifra total de parados sea la más baja para un mes de febrero desde 2008". “Asimismo – continúa el responsable de Economía de Confebask – y en relación con la creación de empleo, en un año se computan 19.400 afiliados más, de tal forma que los datos del segundo mes del año son los mejores en afiliación de un mes de febrero desde 2007. Parece que en los próximos meses va a seguir dándose creación de empleo y reducción del paro respecto al año pasado. Por lo tanto, sí esperamos que 2024 sea, de nuevo, un buen año para el mercado laboral vasco". Ver más en Confebask 

El mercado laboral vasco cogió impulso el pasado mes, recuperado del tradicional bache de enero, y selló el mejor febrero desde 2007, cuando se vivía un auténtico ‘boom’ económico antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. En concreto, se crearon 4.376 empleos, el mejor dato en 17 años, según las cifras publicadas ayer por los ministerios de Seguridad Social y Trabajo. Con este empujón la cifra total de cotizantes se situó en 1.007.567, por encima de la cota del millón, pero por debajo de los máximos históricos que se encadenaron a partir de octubre –en diciembre se alcanzaron los 1.012.947 afiliados a la Seguridad Social, un récord absoluto–. Los sectores de educación y las actividades administrativas protagonizaron el tirón del empleo, al sumar casi 1.500 cotizantes en el primer caso y mil en el segundo, si bien la mejora fue bastante generalizada. Solo se desmarcaron con retroceso de afiliados el ámbito sociosanitario y el comercio. Es conveniente aclarar que este aumento de cotizantes a la Seguridad Social no deriva de la nueva obligación de cotizar por los alumnos en prácticas, ya sean remuneradas o no. Los 200.000 estudiantes a los que se ha dado de alta en España –en Euskadi se estima que sumarán 40.000 a lo largo del año– no contabilizan en la estadística del ministerio, según aclararon ayer los secretarios de Estado en la presentación de los datos. En lo que respecta a la contratación, durante el pasado mes de febrero se firmaron 55.986 contratos, de los que 14.321, un 25,6%, tuvo carácter indefinido, en línea con lo que viene ocurriendo desde que se aprobó la reforma laboral, que entró en vigor en 2022. No obstante, una vez más se observa que se incrementan los temporales respecto al año anterior, lo que refleja un agotamiento de los efectos del cambio normativo. También es justo apuntar que el recorrido de mejora es muy limitado puesto que el 83% de los cotizantes es ya indefinido, un máximo histórico.

El mercado laboral recuperó el pulso en febrero, exhibiendo resiliencia en un entorno económico incierto. El mercado cerró el mes con 103.621 cotizantes más, que elevan hasta 20,7 millones el número de afiliados a la Seguridad Social (por debajo del récord alcanzado en julio de 2023, en 20,89 millones) y 7.452 parados menos, que situaron el número de desempleados en 2,76 millones, según los datos publicados ayer por los Ministerios de Seguridad Social y de Trabajo. Es el mayor incremento de cotizantes en un mes de febrero desde 2007, cuando se crearon 137.400 nuevos empleos, mientras que el paro registrado reanudó su senda descendente tras haber repuntado en 2023 (+2.618) y sobre todo en 2021, cuando, pese a la reapertura de la economía tras el Covid, más de 44.400 personas acabaron en las oficinas de desempleo. Aun en términos desestacionalizados, en una economía que, para bien o para mal, sigue teniendo un fuerte componente estacional, el saldo es positivo, con 73.492 ocupados más y unos 28.200 parados menos. Sin embargo, no todo el monte laboral es orégano, ni la aparente fortaleza del empleo es homogénea. De hecho, la creación de empleo, que en el último día laborable de febrero sufrió la baja de 158.300 cotizantes frente a unas altas de solo 49.700, descansó sobre todo en tres sectores: la hostelería, que sumó 29.230 cotizantes, sobreponiéndose así en parte al varapalo sufrido en enero tras el final de la Navidad; la educación, que añadió 28.941, y la construcción, que creó 18.189 nuevos puestos de trabajo. Entre los tres aglutinaron prácticamente dos tercios del empleo generado en febrero y ayudaron a compensar la debilidad mostrada por las actividades sanitarias que, tras empezar a reducir los refuerzos para afrontar las epidemias invernales, perdieron 10.252 cotizantes, y el comercio, que después de destruir más de 45.000 empleos en enero, perdió otros 9.590 en febrero. 

El Gobierno da marcha atrás y, para no empañar el buen comportamiento con el que está sorprendiendo el mercado laboral, que ha creado más de 100.000 empleos en febrero, descarta ahora publicar los datos del número de fijos discontinuos que no están trabajando cada mes pero tampoco computan como parados. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se comprometió a hacerlo hace ya más de un año, tras el ‘boom’ que experimentó esta modalidad contractual con la entrada en vigor de la reforma laboral, de forma que los centenares de miles de contratos temporales que se firmaban cada año se transformaron la mayor parte en fijos discontinuos. «Nosotros nos hemos comprometido a poder dar ese dato una vez que se haya depurado, pero la realidad es que no podemos avanzar y, simple y llanamente, no lo podemos ofrecer. Es un dato que no tiene consistencia, no tiene coherencia si lo damos porque incluye muchas más categorías que los fijos discontinuos», se justificó el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien argumentó que son estadísticas que dependen de cada uno de los 17 servicios de empleos autonómicos. Pero hasta hace un año, cuando se convocaron las elecciones, este problema no lo habían advertido y, mes a mes, en las ruedas de prensa, prometían que lo darían pronto y que cada vez estaban más cerca de poder ofrecerlo. Eso sí, Pérez Rey insistió en que esto no «resta ni un ápice de transparencia al dato de paro registrado», estadística en la que –recordaron– el Ejecutivo no ha introducido ningún cambio y se contabiliza igual desde 1985. Las estadísticas, efectivamente, son las mismas, pero sí han cambiado las reglas de juego, y donde antes había trabajadores temporales que se iban al paro cuando terminaba la actividad de sus empresas, ahora hay trabajadores fijos discontinuos que dejan de trabajar e incluso cobran una prestación por desempleo, pero no suman como parados. Es por esto que la fotografía del mercado laboral en España no será completa si finalmente no se conoce el número de trabajadores discontinuos que, queriendo trabajar, no tienen empleo y están a la espera de que les llamen sus empresas.

La puesta en marcha a finales de 2023 del primer electrolizador de Euskadi en la refinería, representa un avance en su objetivo de exportar hidrógeno renovable y combustible sintético y un hito en su estrategia hacia la transición energética. La instalación, para uso industrial y de movilidad, está situada en la planta de Petronor en Muskiz. Cuenta con una potencia de 2,5 megavatios (MW) y produce unas 350 toneladas de hidrógeno renovable a través de una canalización desplegada por Nortegas. Esta tecnología se emplea en la actualidad para descarbonizar la producción de combustibles en la propia refinería, además de como fuente de energía para el edificio del Energy Intelligence Center, el Living Lab de Tecnologías de Hidrógeno, y para propulsar los autobuses y el transporte pesado en la plataforma logística del Parque Tecnológico de Ezkerraldea-Meatzaldea de Abanto-Zierbena. Para ello, Repsol y el Ente Vasco de la Energía (EVE) construirán allí la primera hidrolinera (surtidor de hidrógeno) de Euskadi, que obtendrá el hidrógeno mediante un hidroducto que cubre una distancia de cerca de dos kilómetros y que opera a 30 bar de presión. El Parque Tecnológico de Abanto-Zierbena es el primero de Europa con un suministro continuo de hidrógeno renovable. Esto le posiciona como un emplazamiento ideal para la instalación de empresas y centros tecnológicos relacionados con el hidrógeno y la creación de un polo industrial en torno a su economía.

Un parque eólico. Cuatro aerogeneradores de 120 metros de altura. Cinco megavatios de potencia cada uno. Este es el proyecto que la empresa Plauri Energy pretende levantar entre los terrenos de Otxandio, Ubide y Legutio. Los trámites para impulsar este tipo de parques son largos y requieren un sinfín de autorizaciones previas. Algunas veces, incluso, quedan en una mera consulta a la administración. Sin embargo, en este caso, ya se han dado los primeros pasos para que el proyecto sea una realidad. De esta manera, ayer el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) sometió a información pública las solicitudes de autorización administrativa previa y declaración de impacto ambiental del proyecto del parque eólico ‘Kastillo’, como aspira a denominarse la futura infraestructura. Además de los cuatro aerogeneradores mencionados, el proyecto también contempla la construcción de una torre meteorológica de 121 metros de altura en Ubide. Del mismo modo, se plantea una nueva infraestructura para conectar la energía generada por las turbinas con la red eléctrica. Para ello sería necesario la construcción de una línea subterránea para la instalación del cableado que una ambos puntos. Por el momento, el proyecto está sometido a 30 días naturales de exposición pública, plazo que personas e instituciones tienen para alegar al mismo, algo que parece que ocurrirá. El alcalde de Ubide, Zigor Iturrioz, señala que todavía tienen que estudiar a fondo el proyecto, pero que, de entrada, están en contra por el impacto natural que supone. De esta manera, explica que una vez lo examinen en profundidad, contactarán con el resto de ayuntamientos afectado para plantear una respuesta unitaria.

El proyecto venía de atrás, pero el Gobierno aragonés (PP y Vox) dio el paso a finales de enero. El día 30, el Consejo de Gobierno daba luz verde a un gravamen sobre “el impacto en el medioambiente de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas” que entrará en vigor en la segunda mitad del año. El impuesto va en dos direcciones: en el caso de la eólica tiene una parte variable en función de la altura de los aerogeneradores y una fija, en función de la potencia total del proyecto; en el de la fotovoltaica, es solo variable, en función de la superficie de la instalación. El movimiento del Ejecutivo de Jorge Azcón no es ni mucho menos un gesto aislado, y eso es lo que tiene en vilo al sector de las energías limpias. Aragón sigue la estela de otras cuatro comunidades autónomas que llevan tiempo gravando los proyectos renovables: Galicia, Cantabria y las dos Castillas. Los argumentos son comunes a prácticamente todas ellas; el fin, también: recibir su parte del pastel, más allá de los ingresos fiscales que reciben los municipios en los que están asentados estos proyectos. “Esto de hacer impuestos ambientales sobre las energías que más cuidan y respetan el medioambiente nos hace mucha gracia... Por no decir otra cosa. Es un sinsentido”, carga por teléfono José María González Moya, director general de la asociación APPA Renovables. González Moya ve, además, “muy preocupante” que haya regulaciones fiscales “tan diferentes” entre unas autonomías y otras, y pide una “armonización fiscal para que ”cada territorio no acabe legislando por su cuenta”. Los proyectos renovables, recuerda, “ya pagan mucho IBI e ICIO [el que grava las construcciones, instalaciones y obras]”. Todos ellos, eso sí, de índole municipal. El caso de Aragón es quizá el que más escama al sector. 

El 40% de la energía consumida en Europa se gasta en los edificios de viviendas. De ahí que la UE aspire a que, para 2035, el parque residencial reduzca su uso en torno a un 20%. Para lograrlo, se está revisando la directiva relativa a la eficiencia energética de los inmuebles, que previsiblemente se aprobará este año. Y eso supone que, en una década, al menos 385.490 viviendas vizcaínas tendrán que afrontar reformas para ser más sostenibles o sus propietarios no podrán venderlas ni alquilarlas. Los hogares se catalogan en función de su consumo y de sus emisiones con etiquetas que van de la letra A, la mejor valoración, a la G, la peor. Entre otras medidas, la regulación comunitaria contempla que, para 2033, los domicilios que tengan una acreditación por debajo de la calificación D queden fuera del mercado, tanto para comprar como para arrendar. El Registro de Certificados de Eficiencia Energética del Gobierno vasco es el lugar al que deben aportarse estas clasificaciones. Están inscritos en torno a 432.000 pisos y casas vizcaínos, de los que nueve de cada diez no aprueban. «Tenemos por delante un enorme reto», expone Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Ejecutivo autonómico, que vincula esta situación a que el parque de Bizkaia es «muy antiguo». Se trata, de hecho, de uno de los más envejecidos a nivel estatal. Casi la mitad de los hogares se construyeron antes de 1970, según el censo del INE, frente al 32,1% de la media nacional. En ninguna otra provincia hay un porcentaje tan elevado de casas levantadas antes de esa fecha. «Los procesos migratorios», puntualiza, impulsaron la construcción en el territorio hace más de medio siglo y entonces, aclara, «no había ninguna norma» de eficiencia. En el otro extremo se encuentran los inmuebles construidos este milenio, que apenas suponen el 15% de los vizcaínos. 

La histórica Mecaner, la troquelería nacida en 1961 que emplea a 144 trabajadores en Urduliz, comienza la cuenta atrás para su cierre definitivo. Su propietaria, la multinacional francesa Stellantis, oficializó ayer el inicio de las negociaciones con el comité de empresa para el ERE de extinción. A partir de ahora se pone en marcha el protocolo para poner punto final a la compañía. Stellantis dio el preaviso del cierre el pasado 1 de septiembre. Desde entonces se han sucedido las movilizaciones de la plantilla y los contactos con las instituciones para pedir su apoyo y mediación con objeto de evitar la desaparición de la empresa. Los sindicatos ESK y LAB, mayoritarios en el comité, presentaron un plan para transformar la actividad y canalizarla hacia las energías renovables. Pero no ha cuajado. Stellantis –propietaria de marcas como Peugeot, Citröen o Fiat– mantiene sus planes de cierre. «Ahora se abre el periodo para constituir la mesa negociadora y el día 12 tendremos otra reunión», señalaron fuentes de LAB. Todo apunta a que la historia de Mecaner se acerca a su fin y no es una historia cualquiera. Fue la primera troquelería de Euskadi, fundada por los Erhardt en 1961 para atender un pedido de Seat. A partir de ahí se creó toda una industria matricera en el País Vasco que ahora agoniza.

El impacto económico en Euskadi de un recinto ferial como el Bilbao Exhibition Center (BEC) es innegable. Solo en 2023 la entidad contabilizó que su actividad supuso un impacto en el PIB vasco de 156 millones, un récord gracias a 224 eventos. Pero la apuesta supone un desembolso importante para las administraciones vascas. El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer el decreto que autoriza al Ejecutivo autonómico a ampliar el capital de la sociedad del BEC con 16 millones. Los mismos que tendrá que poner la Diputación de Bizkaia y que hacen un total de 32 millones. La cantidad es el triple que la que han tenido que poner para compensar las pérdidas de la sociedad del ferial de Barakaldo en los últimos tres años. Desde 2020 a 2023, el BEC había pactado una moratoria con sus bancos acreedores sobre los 200 millones de euros de deuda. Los préstamos se reparten entre el Banco Europeo de Inversiones (BEI), con un saldo pendiente de 75,75 millones, y Kutxabank, con 114. El primer crédito vence en 2029 y el segundo en 2031. El caso es que el fin del aplazamiento supondrá al BEC tener que abonar unos 28 millones anuales empezando este 2024 y que se mantendrán los siguientes ejercicios, condicionados por la evolución del euríbor. A este gasto se añaden, además, las pérdidas acumuladas en cada ejercicio. Y es que esta moratoria no ha impedido que el BEC cerrara con números rojos tanto en 2020 (-21,7 millones) como 2021 (-19,4) y 2022 (-15,1). En ese último año, la celebración de la Bienal de Máquina Herramienta no fue suficiente para evitar las pérdidas. Así reza en la auditoría de cuentas, a la espera de que la entidad haga públicas las cifras del ejercicio pasado.

Parte de la élite internacional de la arquitectura opta a construir las dos sedes que el Basque Culinary Center (BCC) prevé para su ‘campus del vino’. Según la documentación, 31 firmas optan a levantar los dos centros que EDA (Edariak eta Ardoa) Drinks & Wine tendrá en Álava, una en Vitoria y otra en Laguardia. Dos edificios que serán «singulares y emblemáticos» para convertirse en estandarte de este proyecto. Firmas nacionales, pero también de Holanda, Bélgica, Estados Unidos o Dinamarca optan a un premio de 48.400 euros (IVA incluido) al ganador y dos áccesits que ascienden a 30.250 euros cada uno, que se anunciarán en el mes de mayo. A partir de ese punto, el primer clasificado dispondrá de un presupuesto de 1.111.500 euros para la posterior redacción del proyecto de ejecución y la dirección facultativa de las obras. La sede central se encontrará junto a la estación de autobuses de la capital alavesa y en el caso de Laguardia, en unos terrenos contiguos a la Casa del Vino. Un jurado preseleccionará a los tres finalistas, que a continuación recibirán información detallada del programa de necesidades y los requerimientos urbanísticos para diseñar y edificar las sedes.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo ayer que que no le parece “razonable” que en España los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada, pues en el resto de Europa cierran más pronto. Díaz plantea reducir el horario de la hostelería para rebajar la jornada laboral de sus trabajadores. En el mismo momento en el que negocia con la patronal y los sindicatos la reducción por ley del tiempo de trabajo, para 2025, y con carácter general, desde las 40 horas a las 37,5 horas semanales. “[El horario de la restauración] es una locura en España”, dijo la vicepresidenta, en una reunión del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso de los Diputados. En su opinión, la reducción de la jornada “puede vertebrar la sociedad española, pero para ello tiene que ir acompasada con la racionalización de los tiempos en la sociedad”. “No son razonables los horarios de algunos establecimientos hosteleros ni tampoco que se convoquen reuniones a las ocho de la tarde [en las empresas]. No son razonables”, dijo Díaz. La vicepresidenta informó de que su Ministerio está trabajando con un grupo de 60 personas en la racionalización del tiempo de trabajo. Sin embargo, Díaz recibió el rechazo de los empresarios de la hostelería a su propuesta. La patronal del ocio nocturno, España de noche, dijo que la propuesta de Díaz sería “como pegarse un tiro en el pie”. En un comunicado, los empresarios respondieron a la vicepresidenta que “España tiene la mejor hostelería, ocio y vida nocturna del mundo. La oferta y actividad es uno de los pilares de que sea el primer país del mundo en turismo vacacional. Cualquier experimento que ponga en peligro nuestro modelo de vida, nuestro atractivo turístico y la actividad de las empresas del sector, sólo puede provocar el rechazo social y empresarial”.

Las profesiones tecnológicas (conocidas por las siglas STEM, en inglés) son las mejor retribuidas, las que ofrecen mayores oportunidades de empleo, y un mayor desarrollo profesional. Tres de cada cuatro de estos empleos están ocupados por hombres. El origen de esta brecha de género se sitúa mucho antes de acceder al mercado laboral, incluso en la Educación Primaria. Así lo atestigua el último informe del ‘think tank’ educativo EsadeEcPol ‘Mujeres en STEM: Desde la educación básica hasta la carrera laboral’. El documento, que cuenta con el apoyo de banco Santander, se basa en una ingente documentación y distintos estudios científicos a nivel internacional. Es conocido que ellas obtienen peores notas que ellos en Matemáticas, que a fin de cuentas es la asignatura fundamental para que luego opten por itinerarios tecnológicos. Es una constante en todas las ediciones de la prueba internacional PISA desde el año 2003. También lo reflejan los exámenes periódicos que realiza el Departamento de Educación del Gobierno vasco. Más allá de los meros resultados, la brecha es también un problema de autopercepción. Ya en 4º de Primaria (10 años), las niñas aseguran disfrutar menos que sus compañeros con las Matemáticas y las catalogan en menor medida como su materia preferida. También hay más chicas, proporcionalmente, que confiesan que las ‘mates’ les ponen nerviosas, que consideran que se les dan mal y, en fin, que admiten que les provocan ansiedad. Todo esto se traduce, según distintas investigaciones, en que las chicas pierden más rápido el interés por esta materia. A la hora de dar el salto a los estudios superiores, los datos son aplastantes. Apenas el 15% de los estudiantes de Informática son mujeres. La proporción aumenta en Ingenierías (26,5%), Matemáticas y estadística (37%), Servicios (40,6%) o Ciencias físicas y químicas (42,5%). Las ramas más feminizadas son Educación (78% de mujeres), Salud y servicios sociales (73%), Ciencias sociales y periodismo (63,4%) y Artes y humanidades (62%). En Formación Profesional (FP) la cosa no varía mucho. Según el último informe de Hetel, la patronal de centros de FP concertados de Euskadi, los ciclos superiores STEM apenas matriculan un 10% de mujeres. «Es evidente que aún queda trabajo pendiente en el ámbito de la orientación», analizaba al respecto su presidente, Julen Elgeta.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha concluido la instrucción del caso Popular tras seis años y medio de investigación y propone juzgar al expresidente de la entidad, Ángel Ron, a otros diez altos directivos y a la auditora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016. Esta operación se produjo un año antes de la resolución del banco por las autoridades europeas y, como consecuencia, 300.000 accionistas y bonistas de Popular perdieron toda su inversión. El juez indica en un auto muy duro que “no alberga duda” de que los inversores que compraron acciones en esa ampliación de capital lo hicieron “engañados”, puesto que las cuentas del primer trimestre de 2016 y las anuales de 2015 “no reflejaban la imagen fiel, ni del balance ni del patrimonio”. Las cuentas, según el magistrado, ocultaban “un importante déficit de provisiones”. Fuentes del entorno de Ron aseguraron, apenas dos horas después de conocerse el auto, que recurrirán la decisión. Lo harán ante una instancia superior de la Audiencia Nacional. Su abogado es José Antonio Choclán, magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, que montó hace años su propio bufete. En total, el juez ha decidido llevar a juicio a 14 (incluido PwC como persona jurídica) de los 35 investigados. El juez sostiene que hay indicios suficientes para llevar a abrir juicio a los principales directivos de los que se rodeó Ángel Ron en Popular. Entre ellos, Roberto Higuera, Francisco Gómez, Francisco Sancha y Javier Moreno. En cambio, ha exculpado a Pedro Larena, que apenas estuvo unos meses en el banco. También están procesados los dos auditores de PwC: Pedro Barrio y José María Sanz.

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en una sentencia de 28 de febrero de 2024, ha declarado que cabe obtener la devolución de lo pagado por plusvalía municipal –el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana– en liquidaciones tributarias firmes cuando en la transmisión por la que se giró no existió incremento del valor de los terrenos y, por tanto, se pagó por una ganancia que realmente no se produjo. El obstáculo para recuperar lo abonado en tal concepto era que en los casos de liquidaciones firmes, es decir, que no se recurrieron dentro de plazo, no existía un cauce claramente establecido en la legislación tributaria para obtener la revisión de oficio de estas liquidaciones, aunque fueran el resultado de haber aplicado una ley inconstitucional. La sentencia del Alto Tribunal del 11 de mayo de 2017 declaró inconstitucional determinadas normas de la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos si no se había producido un aumento del valor de los terrenos, pero la doctrina jurisprudencial hasta ahora había venido considerando que esta declaración de inconstitucionalidad no podía afectar a los actos de liquidación firmes y consentidos, al no existir cauce de revisión de oficio en la Ley General Tributaria. En la sentencia de 28 de febrero de 2024, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Toledano Cantero, el Tribunal Supremo revisa su anterior jurisprudencia y concluye que, al no existir ninguna limitación de efectos en la declaración de inconstitucionalidad que hizo la sentencia del Tribunal Constitucional, las liquidaciones firmes por plusvalía que obligaron a pagar a los contribuyentes en estos casos, en los que no existió ningún incremento de valor de los terrenos, son nulas de pleno derecho, y que la regla general que impone la Constitución para estos casos es limitar al máximo posible los efectos de la ley inconstitucional. Es decir, que los ayuntamientos se pueden enfrentar a miles de solicitudes de revisión y devolución de la plusvalía pagada.

El análisis de la Comisión Europea sobre los efectos de la pretendida toma de Air Europa por IAG ha llegado a un punto en que la Dirección General de la Competencia de la UE ha precisado parar el reloj para pedir información más detallada a la parte compradora. El mecanismo, conocido en la jerga comunitaria como stop the clock, se usa de manera habitual en este tipo de procesos y sirve para recabar información adicional sin consumir el tiempo reglamentado para la investigación de una operación de concentración. En este caso concreto, el calendario expiraba el próximo 7 de junio, por lo que se espera que la fecha límite vaya ahora más allá. Fuentes de la compañía señalan que “IAG trabajará para facilitar lo antes posible todos los datos solicitados que estén en su poder”. El deseo de IAG, según esas fuentes internas, es que la Comisión Europea autorice con “todas las garantías la compra de la aerolínea”. Ayer se insistía desde el cuartel general de la compañía en Londres en que “la operación permitirá aunar la fuerza de Iberia y Air Europa en España, lo que traerá importantes beneficios para los consumidores, para el hub de Madrid-Barajas y para la competitividad de la economía de nuestro país”. Sin embargo, en Bruselas se da por descontado que el análisis será de la máxima exigencia. Este ya ha entrado en lo que comúnmente se conoce como segunda fase, sin olvidar que ya en 2021 fue cancelada una primera propuesta de integración de las firmas españolas ante la dureza de las peticiones de la Comisión respecto a las concesiones (remedies) que debía realizar a sus rivales la firma resultante del matrimonio entre Iberia y Air Europa.

Bruselas ha impuesto una multa de 1.840 millones de euros a Apple por abuso de posición dominante en el mercado de la música por streaming. La quiebra de las leyes europeas de Competencia se produce, según la Comisión, porque la tecnológica estadounidense impide a sus competidores, por ejemplo, Spotify, llegar a sus potenciales clientes que utilizan iPhone o iPad y ofrecerles servicios alternativos a Apple Music u ofertas más baratas. La sanción es la más alta que se ha impuesto a esta empresa por abusar de su posición en el mercado. No obstante, el Ejecutivo europeo obligó a Apple a devolver 14.300 millones de euros a Irlanda en impuestos no pagados, aunque el caso sigue abierto en los tribunales. La multa impuesta al gigante tecnológico de California es bastante más alta de lo esperado. La Comisión lo justifica argumentando que es “proporcional a los ingresos globales de Apple y necesaria para lograr [un efecto] de disuasión”. También detalla el Ejecutivo de la UE que han impuesto el castigo teniendo en cuenta la duración y la gravedad de los hechos, la facturación, la capitalización de mercado de la tecnológica y que, además, ha añadido “una cantidad a tanto alzado adicional para garantizar que la multa tiene efecto disuasorio”. Además, Bruselas ha ordenado a la compañía que dirige Tim Cook que elimine las restricciones a la competencia que ha detectado en este caso.

La sentencia fue unánime. Los nueve jueces del Tribunal Supremo de EE UU consideran que ningún Estado de la Unión puede eliminar unilateralmente a Donald Trump de sus papeletas electorales basándose en la tercera sección de la Decimocuarta Enmienda constitucional, que descalifica a aquellos que tras haber jurado un cargo público se involucran en una insurrección. «Se equivocó la Corte Suprema de Colorado al ordenar la exclusión del presidente Trump de las papeletas de primarias presidenciales de 2024», que se celebran hoy, han resuelto los magistrados al revocar la decisión. Concluía así el sueño de los anti Trump de que su papel inspirador y conspirador en la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 para impedir la certificación de los resultados electorales que dieron la victoria a Joe Biden pudiera descalificarle para volver a presentarse a las elecciones presidenciales. Los juristas siempre lo consideraron una quimera, pero si bien la mayor parte de los Estados en los que se presentó ese reto jurídico se pronunciaron en contra, Colorado, Maine e Illinois consideraron que la investigación del Congreso sobre el 6 de enero dejaba clara su participación en esos hechos y por tanto lo consideraban un insurrecto, inhabilitado para un cargo público. Ni siquiera el fiscal especial Jack Smith le ha acusado de serlo en el pliego de cargos federales contra él, pero la tercera enmienda no requiere que se le haya acusado ni juzgado por ello.