20240719

El mercado de trabajo sigue dando muestras de fortaleza en Euskadi gracias al comportamiento del consumo y del sector servicios, que es el que más empleo genera y ocupa ya al 73% de los trabajadores vascos, mientras que en la industria lo hace apenas el 20%. La encuesta del último trimestre del Eustat revela que el paro se ha reducido al 7,5% –80.100 personas–, una tasa que no se conocía desde la gran crisis financiera de 2008. El mercado de trabajo en Euskadi sigue dando muestras de fortaleza gracias al comportamiento del consumo y del sector servicios. El final del curso reforzó las contrataciones en estas áreas y el número de trabajadores subió en el segundo trimestre del año hasta 992.600. Son 11.700 más que el 31 de marzo y la mayor cifra en 16 años, desde la crisis financiera de 2008. Además, en lo que se refiere a la población parada, hasta el 30 de junio, descendió en 4.500 dejando un total de 80.100 personas en busca de empleo. Son cifras que dejan la tasa de paro vasca en un 7,5%. Así se desprende de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) que realiza trimestralmente el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Los datos se hicieron públicos ayer y confirman la tendencia que vienen marcando las afiliaciones mensuales a la Seguridad Social en Euskadi, con cifras históricas por encima del millón de personas. Por sectores, el de los servicios sigue siendo el que más empleo genera. En los últimos tres meses ha crecido en 10.100 personas hasta alcanzar 728.000 trabajadores, el 73% de los ocupados. Se trata de un área en la que se contabilizan también todas las contrataciones del sector público, Osakidetza y Educación. Además de las de hostelería, que han reforzado plantillas de cara al verano. Es un incremento que, sin embargo, choca con las cifras de la industria. En este sector, la población ocupada se redujo en 300 personas quedando un total de 199.500, el 20% de las personas con un trabajo en Euskadi. Y es que la economía vasca, al igual que la del conjunto del país, se está refugiando en el consumo y el turismo frente a la desaceleración europea que castiga, sobre todo, al sector industrial.

El sector del metal de Bizkaia registra un leve descenso de su actividad durante la primera mitad del año. Así consta en el informe semestral de coyuntura económica presentado ayer por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM), que evidencia la primera caída de su facturación, de un 1,7%, después de tres años consecutivos al alza. Se regresa así a cifras similares a las de junio de 2022, frenadas por la guerra de Ucrania. Ahora el motivo radica en una debilidad económica nacional y europea, principalmente de Alemania y Francia, «mercados destino de muchas de nuestras exportaciones», subrayó la nueva presidenta de FVEM. Begoña San Miguel catalogó los resultados como una «estabilización de las ventas», y avanzó que para el próximo semestre «se espera un aumento muy moderado de la facturación hasta llegar a cifras similares a la segunda mitad de 2023». En cuanto al empleo, los últimos seis meses han traído 1.281 nuevos puestos de trabajo, a los que esperan sumar otro millar en el segundo semestre. Siete de cada diez empresas consideran su plantilla actual adecuada y un 18% la ve insuficiente. «Nos sigue sorprendiendo el buen comportamiento del empleo ya que está creciendo más que la actividad del sector», añadió la presidenta de FVEM, que predijo a lo largo del año «una mayor volatilidad» para un sector que tiende a la estabilidad, aunque el resultado se traducirá en un incremento neto de la plantilla colectiva. San Miguel atribuyó este aumento de personal a la transición digital y ecológica en la que están inmersas las empresas y que requieren mayores esfuerzos en I+D. También lo relacionó con la necesidad de conservar a los trabajadores ante uno de los principales retos destacados por las compañías asociadas: la dificultad de conseguir perfiles acordes a sus necesidades. «El 42% de las empresas dice que ha dejado de contratar más personas por no haber encontrado candidaturas adecuadas», destacó. No es el único motivo de alerta. Además del exceso de regulaciones, que satura de forma especial a las pymes (el 88% de las empresas asociadas a FVEM), destacaron el problema creciente del absentismo. San Miguel subrayó que esta realidad se ha convertido en un elemento «disuasorio» ante las inversiones y la implantación de empresas, y se preguntó por qué Euskadi lidera siempre los ‘rankings’. El último dato cerrado del que disponen, de 2022, situaba su índice en un 10,8%, superior a los de 2021, 2020 y 2019. «Es un aspecto que tenemos que gestionar como país», apostilló. Ver más en FVEM. 

Las ventas de las empresas españolas dan muestras de atonía, aunque con una cierta divergencia: mientras que los servicios se aceleran ligeramente, la industria entra en contracción. El Índice de Cifra de Negocios en la Industria retrocedió un 0,5% en mayo respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), un retroceso que pone fin a una breve racha de dos meses en positivo, mientras que el indicador referido al sector servicios apunta a una pequeña aceleración de siete décimas, hasta el 3,7% interanual, gracias en buena medida al excelente momento que atraviesa el sector turístico. Por un lado, los ingresos del sector manufacturero se han contraído en mayo respecto al año pasado, lastrados por la debilidad de los bienes de equipo (que caen un 4% anual) y de los bienes intermedios (3,5%), algo que contrasta con el avance de los bienes de consumo (3,5%) y el incremento bastante mayor de los ingresos de las empresas energéticas (12,7%, el mayor avance en año y medio). No obstante, hay que tener en cuenta que los ingresos de la energía muchas veces responden más a un aumento de precios (como ha sucedido en mayo) que a un aumento de la demanda, por lo que pueden ser negativos a medio y largo plazo para la facturación en el sector, por la pérdida de competitividad derivada de ello.

Los planes de pensiones colectivos de empleo generalizados se han reactivado en Euskadi gracias a la normativa de ámbito nacional. Así, la patronal vizcaína, Cebek, ha lanzado su EPSV, Etorkizuna, forzada por la aplicación del convenio de la construcción, que se acordó en diciembre. Un marco que recoge la aportación a un plan de pensiones colectivo por parte de las empresas porque ya venía en el acuerdo de ámbito estatal. Ayer se hizo oficial la adjudicación de la gestión a Kutxabank que, según confirmaron fuentes de la patronal, está previsto que funcione en septiembre. Será entonces cuando reciba las aportaciones pactadas a cargo de 2023 y las de este 2024. La ESPV, que reproduce el modelo de Geroa, ya en vigor en Gipuzkoa, tiene pendiente cerrar los órganos de gobierno, que deben ser paritarios con los sindicatos. Está previsto que, además de ir incorporando a los 140.000 vizcaínos sujetos a negociación colectiva, integre también a los alaveses. En los convenios que se han ido firmando en Álava, la patronal ha dejado la disposición abierta para elegir cómo organizar su plan de pensiones. La idea, explican fuentes del empresariado, es la integración de ambos territorios. Este fue el tema central de la reunión entre la presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, y el nuevo consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël D’Anjou. En el encuentro, los representantes empresariales urgieron al Gobierno a acelerar las medidas fiscales y cambios que afectan a las EPSV ya que son una de las claves para que trabajadores y empresas realicen aportaciones. El director general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, ha defendido, en explicaciones a este medio, que la posición es que las empresas puedan deducirse el 100% de sus aportaciones a EPSV en el Impuesto de Sociedades. Ver más en Cebek. 

El nuevo consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, celebró ayer su primer acto público con el mundo de la industria al reunirse en el BEC de Barakaldo con los 17 clústeres industriales de Euskadi. En ese marco, Jauregi anunció la elaboración de un nuevo Plan de Industria 2024-2028 en el que se establecerán iniciativas para las que se intensificará la colaboración interclúster. El nuevo responsable de Industria del Gobierno Vasco trasladó asimismo el compromiso del Ejecutivo autonómico de «avanzar en los retos que ofrece la Ley de Transición Energética y Cambio Climático». Jauregi apeló al «espíritu pionero» de Euskadi para afrontar los retos y oportunidades del futuro. Trasladó a los presentes la necesidad de colaboración entre diferentes para decidir como pueblo la forma de afrontar «las tres grandes transiciones: la energético-climática, la socio-sanitaria y la tecnológico- digital». En el encuentro participaron las personas que dirigen los 17 clústeres industriales de Euskadi y durante más de dos horas, Jauregi constrastó con ellos la situación general, global y sectorial de la Industria vasca.

La decisión definitiva se conocerá a final de año, pero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a dejar claro que es «más plausible» enlazar la ‘Y’ vasca con Pamplona por Vitoria frente a la opción de EzkioItsaso que defiende la Diputación, en un nuevo enfrentamiento institucional en torno al TAV. La conexión de la alta velocidad ferroviaria entre Euskadi y Navarra continúa siendo objeto de debate y una incógnita aún por resolver. Mientras la Diputación de Gipuzkoa insiste en que el enlace del TAV con la comunidad foral se haga a través de Ezkio-Itsaso e Irurtzun atravesando la sierra de Aralar mediante un túnel de 22 kilómetros, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ve «más plausible» la opción de Vitoria. Así lo reconoció ayer el ministro Óscar Puente durante una visita a Pamplona, donde explicó que la propuesta por la que se decanta Gipuzkoa «nos ofrece problemas tanto de carácter técnicos como operativos». En palabras de Puente, «no estamos pudiendo hacer los sondeos hidrogeológicos en la zona porque no se nos está autorizando por parte de algunos ayuntamientos e incluso de algunos particulares», lo cual, dijo, «nos dificulta la toma en consideración de ese tramo». Asimismo, el ministro reiteró que la opción de Ezkio-Itsaso «nos obligaría a invertir la marcha al llegar a un punto concreto para dar el servicio, y eso tiene complejidades técnicas y también en tiempos». En consecuencia, indicó, «no les oculto que la opción de Vitoria es, sobre el papel, la más plausible».

La multinacional Pernod Ricard ha vendido su división de vinos en España al fondo de inversión AWL, las siglas por las que se conoce a Australian Wine Holdco Limited. Entre las bodegas que se ven afectadas por esta operación, se encuentra la riojanoalavesa Ysios, que tiene su sede en el singular edificio diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava en Laguardia, a los pies de la Sierra de Cantabria. Esta operación también incluye otras reconocidas etiquetas de la denominación de origen calificada (DOCa) Rioja como Campo Viejo y Azpilicueta, así como Tarsus, que forma parte de Ribera del Duero. «Esta venta fortalecerá aún más nuestra estrategia de dirigir recursos hacia la cartera de licores y champañas premium internacionales, que impulsa el crecimiento de nuestro negocio», alega Pernod Ricard en un comunicado. La operación está cerrada, pero aún necesita la minuciosa supervisión de las autoridades australianas, lo que podría retrasar su ejecución hasta «la segunda mitad del próximo año» y entonces será cuando anuncien la cifra total de la venta. Ysios ya ha comunicado a los agricultores que esto no modificará la política de adquisición de uvas ni la organización laboral en bodega.

La diputada de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, confirmó ayer que trabaja en consonancia con el Gobierno vasco y que la reforma fiscal que se encuentra perfilando su equipo «incentivará» el acceso de los jóvenes a la vivienda. Se trata de uno de los objetivos prioritarios que marcó anteayer el lehendakari a la hora de abordar una cuestión, la falta de pisos protegidos ante una demanda creciente, que ha sido elevada a problema de primer orden por el nuevo Gabinete de Pradales. Berrojalbiz aseguró que la «potente herramienta» que supone la fiscalidad se utilizará en la nueva era para «impulsar» la compra y el alquiler porque el tema de la vivienda también «ocupa y preocupa» a la Diputación. De hecho, la responsable foral considera que es una de las cuestiones que contará con nuevas deducciones, igual que «el reto demográfico, la transición verde y las pensiones». «Sabemos dónde están las necesidades», dijo en relación a los problemas de los jóvenes para emanciparse. Del mismo modo, fijó el reto de intentar que más personas pongan viviendas en alquiler ya que «el equilibrio entre oferta y demanda es el que hará que se tenga que destinar menos salario» a las mensualidades. En ese sentido, considera necesario dotar de «seguridad jurídica» al proceso de arrendamiento, una carencia que «preocupa» y retrae a algunos propietarios.

Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer el dictamen del informe de conclusiones de la ponencia para la reforma fiscal, con el apoyo de PNV, PSE y EH Bildu, y la abstención de PP y Elkarrekin Gipuzkoa. El documento se hará llegar a la Diputación foral, y se espera que en septiembre se presente el anteproyecto para la reforma fiscal en el territorio. El documento recoge once desafíos que se prevén abordar en dicho anteproyecto que se desarrollará durante los próximos once meses. La vivienda, la demografía, el nuevo modelo de cuidados, la sostenibilidad de las pensiones, la atracción de talento, la competitividad e innovación, la reducción de niveles de desigualdad, la igualdad de género, la conciliación, la fiscalidad verde y el comercio local son los once retos. Además, el portavoz del PSE, Jesús Zaballos, desveló durante la comisión en Juntas que el equipo de Gobierno foral formado por peneuvistas y socialistas ha logrado incorporar al texto final un 67% de las 256 enmiendas de todos los grupos, defendiendo así el carácter «negociador» de los dos socios. En el caso de EH Bildu, principal fuerza de la oposición y cuyo apoyo ha sido finalmente decisivo para la mayoría absoluta, PNV y PSE han aprobado o transaccionado 82 de sus 95 enmiendas, el 86%. Más de 60 personas expertas internacionales y locales, y agentes sociales del territorio han aportado su conocimiento y punto de vista en las distintas sesiones de los últimos meses. El diputado de Hacienda y Finanzas, Jokin Perona, resaltó que la ponencia «ha permitido escuchar la visión de los agentes locales» y escuchar experiencias de otros países y regiones. En los turnos de exposición, el PNV hizo hincapié en «tres retos cruciales: el demográfico, la vivienda y el euskera». 

Las tres haciendas vascas parecen dispuestas a acabar con la impunidad fiscal que han permitido a decenas de grupos sociales vascos –gran parte de ellos afines a la izquierda abertzale– no pagar impuestos. La advertencia lanzada por la Diputación foral de Álava sobre la obligación de las txosnas de Vitoria a implantar un sistema de control denominado ticketbai (ticket, sí, en euskera) ha desatado la polémica. Los portavoces de estos grupos amenazan con boicotear las fiestas locales que comenzarán el 4 de agosto. Las diputaciones forales implantaron el sistema ticketbai a partir de diciembre de 2022 aunque cada Territorio Histórico estableció calendarios distintos. El sistema obliga a todos los establecimientos comerciales a comunicar cada venta de forma automática a sus respectivas haciendas en el momento que se emite el ticket de compra. Álava aceleró este proceso de control destinado para todo tipo de empresas pero especialmente para el pequeño comercio y la hostelería. Este sistema de control se convirtió en una «amenaza» para los centenares de colectivos que se instalan en recintos festivos de todas las ciudades y pueblos vascos. Espacios presuntamente «alternativos» en los que se vende bebidas y comida con laxos controles sanitarios y, hasta ahora, sin ningún control fiscal sobre los ingresos recaudados. No existen estimaciones que concreten los millones de euros recaudados a lo largo de todas las fiestas del verano vasco por los integrantes de las txosnas aunque las tres normativas fiscales vascas establecen su obligación de emitir tickets y pagar los impuestos correspondientes, salvo que cada una de ellas sea reconocida como asociación sin ánimo de lucro.

La atracción de talento y favorecer la investigación son dos de los pilares de la convocatoria de ayudas aprobada ayer por el Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco. La UPV destinará 700.000 euros «ampliables» a garantizar la continuidad de los grupos de investigación que ya han finalizado su financiación, a apoyar la creación de más equipos y a incorporar nuevo personal doctor. La rectora, Eva Ferreira, resaltó que se trata de «estimular la incorporación de nuevo personal que pueda realizar nuevas aportaciones a los proyectos e iniciativas, facilitar la atracción de nuevo talento y, en definitiva, fortalecer los grupos de investigación activos». En ese sentido, explica Inmaculada Arostegui, vicerrectora de Investigación, las subvenciones tienen dos líneas, la de aportaciones económicas a grupos y la de personal. En la primera calculan que pueden recibir «una veintena de solicitudes», ya que muchos todavía cuentan con financiación de las convocatorias anteriores y del Gobierno vasco, que sacará «en 2025» un nuevo plan de apoyo a la investigación. Con la segunda modalidad, dirigida a incentivar la incorporación de «gente del exterior», buscan que esos grupos tengan «más músculo» y sean «más fuertes y competitivos» cuando salga el plan del Ejecutivo. De esa manera, tendrán más opciones de conseguir fondos a largo plazo. En este caso, sin embargo, van a más a ciegas, y no disponen de una estimación sobre las solicitudes que recibirán.

“Quiero ser taxativo. La negociación ha entrado en bucle y va a haber movilizaciones en septiembre”. Así de claro se expresó ayer en la cadena SER el líder de CC OO, Unai Sordo, sobre la respuesta de su sindicato al momento en que se encuentra la negociación para reducir la jornada. Dos horas después, en Badajoz, el jefe de UGT, Pepe Álvarez, se expresó en términos parecidos: “Si no hay un compromiso de CEOE evidente las organizaciones sindicales hace tiempo que venimos trabajando con la idea de un proceso de movilización”. Tras conocer esta posición de los sindicatos, la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reivindicó la autoridad de los sindicatos para protestar: “Es un derecho constitucional y ellos tiene la legitimidad para hacer lo que sea pertinente. Pero yo voy a trabajar por un acuerdo”. Los negociadores de ambos sindicatos ya advirtieron el miércoles, al salir de la última reunión, que habría protestas, pero con un condicionante importante. Se producirían en función del resultado de la próxima reunión, que tendrá lugar el lunes, 29 de julio. Sordo corrigió esa posición a primera hora y anticipó que los sindicatos saldrán a la calle para protestar por la falta de avances en la contracción del tiempo de trabajo, una promesa que PSOE y Sumar consolidaron en su programa de Gobierno. Este movimiento de las centrales aumenta la presión sobre CEOE y el Ministerio de Trabajo de cara a la reunión del 29 de julio. “No veo otro escenario porque en este momento los movimientos que hace el Gobierno todavía no han producido ningún cambio de posición en CEOE”, denunció Sordo en la entrevista. “Es que CEOE sigue sin aclararnos si está dispuesta a negociar una reducción del tiempo de trabajo porque dicen que esto se haga en la negociación colectiva. En eso llevamos 40 años, pero toca empujar con un cambio en la ley”, añadió.

La productividad de las pymes se encuentra de capa caída. La facturación real por cada empleado (esto es, una vez descontada la inflación) se redujo un 3,3% en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, lo que supone el quinto retroceso consecutivo, de acuerdo con el estudio Situación de la Pyme del primer trimestre del año, publicado ayer por la patronal Cepyme. Con ello, “el volumen medio de ventas por empleado, en el primer trimestre, era un 2,8% menor que la del mismo trimestre de 2019”, antes del estallido de la pandemia del coronavirus, y “la productividad es actualmente un 9,7% más baja que la del primer trimestre de 2011”. Sin embargo, se observan diferencias según el tamaño de la empresa: “Mientras que las firmas pequeñas presentan una caída del 13,1% en la productividad entre el primer trimestre de 2011 y el mismo de 2024, en las empresas medianas el retroceso acumulado desde entonces es del 2,1%”. Por ello, Cepyme defiende que es necesario tener estos datos en cuenta a la hora de implementar la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, ya que esta medida supondría un golpe a la productividad manteniendo los costes laborales por trabajador, lo que daría un golpe añadido a las empresas. En este sentido, el estudio también señala que el coste laboral total de las pymes subió un 4,7% interanual, tras diez trimestres consecutivos con incrementos por encima del 5%, debido al aumento del SMI y otros costes laborales.

El Banco Central Europeo (BCE) pisa el freno, pero no para dar un volantazo, sino para atravesar con más cautela y más despacio un camino complicado. Así interpreta la política monetaria la institución que preside Christine Lagarde, que anunció ayer, en su cumbre en Fráncfort, que mantiene los tipos de interés en el 4,25%, nivel al que los redujo en junio. El BCE, por lo tanto, se decantó por la más que descontada pausa. La inflación mejora y avanza hacia el objetivo del 2%, pero se esperan “baches en el camino” y, por lo tanto, se opta por la prudencia tras varios años de crecimiento de los precios muy por encima de lo deseado. “Las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas, la inflación de los servicios es elevada y es probable que la inflación general continúe por encima del objetivo hasta bien avanzado el próximo año”, detalló el Consejo de Gobierno en su comunicado. A diferencia de cuando subió los tipos, que el organismo actuó de forma rápida y contundente, la persistente inflación doméstica –que todavía ronda el 4%– ha llevado al BCE a diseñar una senda de relajación con pausas. La autoridad monetaria se concede así más tiempo para observar la evolución de la inflación antes de seguir recortando el precio del dinero, aunque se asume ahora que sólo hay una dirección: a la baja. “La información más reciente respalda, en líneas generales, la anterior valoración del Consejo de Gobierno sobre las perspectivas de inflación a medio plazo. Si bien algunos indicadores de la inflación subyacente aumentaron en mayo debido a factores transitorios, la mayor parte se han mantenido estables o han descendido en junio”, resumió el BCE.

Infraestructura de carga insuficiente, el que en España se viva más en pisos que en casas unifamiliares o el mayor precio respecto a los modelos de combustión son, para Sébastien Guigues, director general de Renault y Alpine en España y Portugal, los principales motivos de que la movilidad eléctrica no haya despegado a la velocidad que se esperaba. “Pasar a un país al coche eléctrico no puede hacerse con modelos de 60.000 euros”, explica en una entrevista en la que recuerda que Renault lanzará este año el Renault 5, con un precio de partida de 25.000 euros, y en 2026, un Twingo eléctrico, desde 20.000 euros. Guigues considera que las ayudas de 7.000 euros que ofrece el Gobierno a la compra del coche eléctrico son más que suficientes, aunque identifica que el Plan Moves, cuya reciente extensión es una “buena noticia”, tiene el problema de que el cliente cobra la subvención más de un año después de la compra del coche. Para evitar esto, Renault ofrece un crédito al 0% a sus clientes de coche eléctrico a devolver en 18 meses, que es la media de lo que se tarda en cobrar el Plan Moves. El director general de Renault y Alpine en España y Portugal destaca la apuesta del grupo por la electrificación, a pesar de que tiene un efecto negativo sobre la rentabilidad, ya que los motores diésel y gasolina son ya tecnologías “ultra amortizadas”. “A los fabricantes la electrificación nos cuesta dinero y afecta a la rentabilidad”, añade, aunque subraya el compromiso de Renault y de todos los fabricantes con la descarbonización de la movilidad.

Las obras de la gigafactoría de baterías para vehículos eléctricos del grupo Volkswagen en Sagunto (Valencia) avanzan según los plazos previstos, según se puso de manifiesto ayer durante una visita del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre el terreno. Los trabajos –que al final totalizarán 3.000 millones de euros– comenzaron en mayo y actualmente están en la fase de canalizaciones, drenaje y urbanización de las parcelas. Para este otoño “habrá cambiado el skyline” de esta área de Parc Sagunt, según señaló el responsable financiero de PowerCo –la filial de Volkswagen titular de la planta–, Javier Rivera. Sus planes señalan que el próximo año se realizará el grueso de la construcción y que la primera fase de la fábrica podrá empezar a producir en 2026, con la mitad de la capacidad que tendrá al final –es decir, con 20Gigawatios– y habrá incorporado para entonces a la mitad de la plantilla total que tendrá la fábrica, es decir, unos 1.500 de los 3.000 trabajadores que acabarán prestando servicio en la gigafactoría. La compañía también ha firmado ya la compra de gran parte del equipamiento necesario para la fabricación de las celdas, que comenzará a instalarse en Sagunto a lo largo de 2025, coincidiendo con la contratación de los primeros operarios de planta que trabajarán directamente con la maquinaria “y que serán formados específicamente sobre nuestro proceso productivo en el Battery Campus”, señaló Rivera. En estos momentos, se mueven diariamente cien camiones y excavadoras, que movilizan 70.000 metros cúbicos de tierra, que no salen de la zona, sino que se emplean también en la construcción, explicaron sus responsables.

Repsol ha firmado un acuerdo de exclusividad con la francesa EDF Renewables, filial de energías verdes de EDF, para cooperar en futuras licitaciones de energía eólica marina (off-shore) en España y Portugal. El acuerdo de Repsol se produce una vez que su anterior aliado para el desarrollo de esta tecnología, la danesa Ørsted, decidiera abandonar el mercado español. Repsol y EDF han explicado que su alianza aúna el compromiso de Repsol por el crecimiento multienergético y su conocimiento de los mercados español y portugués con la experiencia de EDF Renewables en eólica marina, ya sea fija o flotante. En abril de 2022, Repsol ya anunció una alianza para irrumpir en el desarrollo de proyectos de eólica marina en España con Ørsted –antigua Dong Energy–, uno de los grandes grupos en esta tecnología en el mundo. No obstante, esta alianza quedó rota después de que el pasado mes de febrero la multinacional danesa, inmersa en una grave crisis por el impacto de su negocio en Estados Unidos tras detener el desarrollo de dos parques eólicos debido al golpe por el aumento de los costes y los retrasos con los proveedores, anunciara su decisión de abandonar el mercado español, el portugués y el noruego.

La pasada semana, el Gobierno de coalición alemán tomó, por fin, una decisión definitiva acerca de la presencia de la tecnología de fabricantes de redes móviles chinos –fundamentalmente Huawei y ZTE– en las redes de 5G de los operadores germanos, como Deutsche Telekom, Vodafone y Telefónica Deutschland, que opera bajo la marca O2. La decisión del Gobierno alemán no ha satisfecho a ninguna de las partes en conflicto, puesto que supone, definitivamente, ponerle fecha a la desaparición completa de los fabricantes chinos de las redes móviles alemanas, aunque el plazo para ejecutar esa medida es bastante amplio. El nuevo veto gubernamental establece que los operadores deberán haber retirado la tecnología china de los core de red –el núcleo central donde radica la inteligencia y las funciones esenciales de las redes de 5G– antes de finales de 2026. Para la sustitución del equipamiento chino de las decenas de miles de emplazamientos radioeléctricos desplegados a lo largo de torres y azoteas por todo el país, que es la parte más cara y más complicada de sustituir dado su alto número, el Gobierno ha otorgado un plazo más amplio, ya que debe estar completada antes de finales de 2029, es decir, que los operadores tienen casi 5 años y medio para ello. Es decir, que por un lado, los operadores se ven obligados a acometer un cambio que no querían y que los dos fabricantes chinos consideran injusto e injustificado, puesto que, alegan, no existe ninguna prueba ni la ha existido durante estos años de que su tecnología suponga un riesgo de espionaje de los datos que discurren por las redes desplegadas con componentes chinos o de un potencial sabotaje.

Meta sube un peldaño más en su pulso con Bruselas. La compañía anunció ayer que no desplegará en Europa sus nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) generativa, los que son capaces de crear contenidos a partir de instrucciones escritas. La decisión es una respuesta a lo que desde Menlo Park se considera una excesiva intromisión de la Unión Europea en su industria a través del complejo entramado regulatorio europeo. “En los próximos meses lanzaremos un modelo Llama multimodal, pero no en la UE debido a la naturaleza impredecible del entorno regulatorio europeo”, dijo en un comunicado un portavoz del gigante tecnológico. La nueva versión de Llama será capaz de procesar vídeos, audios, textos e imágenes y se podrá usar desde el teléfono móvil o desde las gafas inteligentes Meta Ray-Ban. Pese a que el modelo Llama se sacará con licencia abierta, las empresas europeas no podrán usarlo. De la misma forma, las empresas de fuera de la UE que incorporen esa herramienta no podrán ofrecer servicios relacionados con esta en territorio Europeo. Lo que Meta sí lanzará en la UE, según fuentes de la compañía, es una versión solo de texto de su modelo Llama 3. La decisión de la compañía fundada por Mark Zuckerberg llega pocos días después de que la propia Meta renunciara a usar los datos de sus usuarios de Facebook o Instagram para entrenar sus modelos de IA. Ese movimiento, a su vez, vino propiciado por la investigación abierta al respecto por parte de la autoridad de protección de datos de Irlanda, país en el que Meta tiene su sede europea. Apple, por su parte, dijo hace un mes que no desplegará en Europa todas las nuevas funcionalidades basadas en IA en las que trabaja, al considerar que algunas de sus características podían chocar con la regulación europea. 

España es el país de la Unión Europea en el que más sube la presión fiscal. Así lo señala la Comisión Europea en su reciente informe anual sobre tributación relativo a 2024, y en el que recoge la evolución que se produjo en el periodo 2019-2022, esto es, en plena pandemia y durante la crisis económica que se derivó del Covid. En ese documento, la CE explica que en «en 2022, la presión fiscal era inferior a los niveles anteriores a la pandemia en la mitad de los países de la Unión Europea». Prosigue apuntando que la presión creció en 13 Estados miembros y disminuyó en los 14 restantes, y certifica que «el aumento más significativo se ha producido en España», con un incremento de 2,9 puntos porcentuales. Le siguen Chipre, con un avance de 2,4 puntos, Grecia (1,7 pp) y Portugal (1,5 pp). Y los datos que incluye el documento no hacen más que constatar la afirmación. En 2019, la presión fiscal de España, siempre incluyendo las cotizaciones sociales, era el 34,8% del Producto Interior Bruto (PIB) mientras que en 2022, último año del que la Comisión recoge datos, la cifra ascendía al 37,7%. En la media de la UE el dato crecía en apenas 0,2 puntos, y en otras potencias económicas como Alemania o Italia el incremento fue de 0,7 y 0,5 puntos porcentuales, respectivamente. En Francia el repunte llegó a los 0,9 puntos, y la mayor caída se registró en Dinamarca, con un retroceso de más de cinco puntos en la presión fiscal. El sensible aumento de presión fiscal que se registra en España se debe, fundamentalmente, a dos efectos. Por una parte, que aplicó menos rebajas de impuestos que buena parte del resto de países de la UE e, incluso, decretó diferentes subidas. Y, por otra, que el PIB retrocedió mucho más en otras economías durante la pandemia, con lo que el resultado es que el dato relativo se dispara. 

La alemana Ursula von der Leyen recibió ayer el respaldo del pleno del Parlamento Europeo para un segundo mandato de cinco años al frente de la Comisión Europea. Con 401 votos a favor, 284 en contra y 15 abstenciones, la Eurocámara selló la ratificación de la política conservadora, que forma parte del Partido Popular Europeo (PPE) –ganador de las elecciones europeas de junio– y fue designada como candidata a la presidencia del Ejecutivo comunitario por los Estados miembros. A pesar de haber logrado la victoria en las urnas y de contar con el apoyo de los socialdemócratas y liberales –hacían falta 361 apoyos–, el voto secreto y el hecho de que no exista la disciplina de grupo en la Eurocámara hacían prever un recuento ajustado. Ya en 2019 fue elegida con un margen de tan sólo nueve votos. En esta ocasión, se garantizó el apoyo de los socialistas con un discurso contrario a la ultraderecha y el de los Verdes con varias «soluciones de compromiso» a las que han logrado llegar en las últimas semanas. En el grupo de ultraderecha de los Conservadores y Reformistas (ECR) –en el que se encuentra el partido de la primera ministra italiana Giorgia Meloni– el voto fue libre y la mayoría del grupo lo hizo en su contra. La Izquierda y las formaciones ultra de Patriotas por Europa y Europa de los Estados Soberanos rechazaron asimismo la candidatura de Von der Leyen.

Una Europa blindada en defensa, en sus fronteras y en su economía, pero también más social. La conservadora Ursula von der Leyen prometió un nuevo “plan europeo de vivienda asequible”, con una estrategia para la construcción e inversión, y en el que el Ejecutivo comunitario abrirá la mano en los fondos de cohesión y permitirá ayudas de Estado para ese capítulo. La alemana, de la familia del Partido Popular Europeo, recoge así el guante de los Socialistas y Demócratas (S&D), que habían exigido medidas sobre vivienda, un gran problema europeo transversal, para apoyarla. En un momento cada vez más turbulento a nivel global, en el que Europa busca un shock inversor para no quedarse atrás, Von der Leyen se comprometió también a lanzar un plan de prosperidad europeo, un proyecto de inversión pública, para competir con China y Estados Unidos; además de un paquete de medidas para combatir y contrarrestar la difusión de bulos. “Europa se enfrenta a una crisis inmobiliaria que afecta a personas de todas las edades y familias de todos los tamaños. Los precios y los alquileres se están disparando. La gente está luchando por encontrar viviendas asequibles”, remarcó la alemana en Estrasburgo, ante un hemiciclo lleno. La dirigente también prometió asignar a un comisario las competencias específicas de esta materia. La estrategia que lanzará, inédita en la UE, incluirá un primer paso “inmediato”: Bruselas propondrá inyectar liquidez en el mercado, para permitir a los Estados miembros duplicar las inversiones previstas en la política de cohesión en viviendas asequibles. También revisará las normas sobre ayudas estatales para permitir medidas de apoyo al sector, especialmente para viviendas sociales y accesibles, y energéticamente eficientes, ha dicho la alemana. Son los cimientos del plan, que aún necesita más desarrollo.

Sube la presión sobre Biden para que se retire. Obama, una de las voces más respetadas entre los demócratas, declaró ayer que debe «reconsiderar seriamente la viabilidad de su candidatura». Si Biden necesitaba «señales del todopoderoso» para reconsiderar su candidatura presidencial, como dijo en una entrevista, las ha tenido. El peso más pesado del Partido Demócrata, Barack Obama, ha sido la última figura en pronunciarse privadamente sobre la necesidad de que el mandatario se retire y deje paso a otra generación, antes de que sea imposible vencer a Donald Trump en noviembre. Y, según el New York Times, citando a personas de su entorno, el propio presidente «habría comenzado a aceptar la idea de que no puede ganar el próximo 5 de noviembre y de que debe retirarse de la carrera». Desde la debacle del pasado 27 de junio, cuando su actuación en el debate dejó palpable el deterioro físico y cognitivo del presidente de 81 años, el hombre que le llevó a la Casa Blanca como su segundo en 2009 ha recibido numerosas llamadas de demócratas preocupados por la terquedad del anciano a aceptar la realidad. Es algo que no debe sorprender a nadie que tenga que lidiar con un padre octogenario, pero que en este caso tiene consecuencias mundiales al tratarse del inquilino de la Casa Blanca. Obama ha querido respetar a su colega y amigo, e incluso defendió al principio, por experiencia propia, que todo el mundo puede tener una mala noche en un debate, pero a medida que la crisis se agudiza y el deterioro de Biden resulta cada vez más palpable, el peso moral del partido ha advertido en privado a otros barones que el futuro de todo lo que ha hecho como presidente está en peligro si los republicanos llegan a controlar la Casa Blanca y el Congreso.