20240109

La ministra de Sanidad, Mónica García, propuso ayer a las comunidades autónomas “la autojustificación de las bajas de tres días, para aquellos que tengan una enfermedad leve” con el objetivo de evitar la saturación de los médicos de Atención Primaria y de reducir el número de contagios. Según argumentó la ministra, en esta situación inicial de enfermedad leve, “no es necesario que se vaya al médico y, sin embargo, les estamos de alguna manera obligando a que vayan a por un parte”, y que se basa en la declaración responsable durante los tres primeros días. García señaló que esta medida es demanda “histórica” de los profesionales sanitarios ya que evita “burocratizar la Atención Primaria y colapsar todavía más a los médicos”. De este modo, todo aquel que tenga algún síntoma, solo tendría que llamar al trabajo para avisar de sus síntomas pero no tendría que enviar ningún parte médico ni justificante los tres primeros días. Con todo, esta propuesta ha suscitado críticas entre quienes creen que podría estimular el absentismo por motivos no justificados. De hecho, la patronal Foment del Treball considera que hay “falta de cobertura jurídica” y que la medida supone una “falta de garantías para los trabajadores, que no recibirán la atención médica necesaria, y para las empresas, que deberán asumir determinados supuestos fraudulentos”.

El Ministerio de Sanidad amenaza con devolver al primer plano los pleitos territoriales que acompañaron la gestión de los tiempos más duros del coronavirus. Horas después de fracasar en la búsqueda de un consenso con las comunidades autónomas sobre la obligatoriedad de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante la escalada de infecciones por virus respiratorios, el departamento que dirige Mónica García anunció que mañana implantará el uso forzoso del protector buconasal en hospitales y centros de salud pese al rechazo de Euskadi y otros territorios. La reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para adoptar una postura conjunta sobre el uso del tapabocas había finalizado sin acuerdo. La ministra abogó sin éxito por extender su utilización obligatoria en ambulatorios y en los hospitales, medida que ya habían adoptado Cataluña, Aragón, Murcia y Valencia, y a la que ayer se sumaron Asturias y Canarias. Sin embargo, el resto de autonomías –el País Vasco entre ellas– mantuvieron su postura inicial: el empleo de esta prenda es una recomendación y no una imposición. Ante esta discrepancia, la ministra y los consejeros de Salud optaron por volver a reunirse este miércoles. El principal punto sería de nuevo intentar alcanzar una posición conjunta. El diálogo parecía por tanto todavía abierto, pero esa sensación se esfumó de golpe cuando, avanzada la tarde, desde la cartera de Mónica García se desveló a través de distintos medios que lo que hará mañana el ministerio es implantar el uso obligatorio del protector en hospitales y centros sanitarios. En cambio, no lo hará en residencias y farmacias, como se planteó en el Consejo Interterritorial.

El nuevo año ha comenzado con un giro en la negociación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Si hasta ahora la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había tratado de atraer a la patronal a un acuerdo con una postura más cercana a la de la CEOE que a la de los sindicatos y con un tono suave y conciliador, ayer cambió de táctica utilizando un discurso más agresivo y lanzando una amenaza clara a los empresarios: o aceptan la subida del 4% que hay encima de la mesa y que elevaría el salario mínimo hasta los 1.123 euros al mes, o el incremento será mayor y podría incluso acercarse a ese 5% que exigen los sindicatos. Así de claro lo explicó su número dos, Joaquín Pérez Rey, antes de entrar a la reunión con los interlocutores sociales que terminó, como era previsible, sin acuerdo. «Si la patronal considera que no va a prestar su apoyo al 4%, quien no entra en un acuerdo, paga las consecuencias de no hacerlo», advirtió el secretario de Estado de Empleo, que señaló que están «dispuestos a explorar una cifra que nos sirva para alcanzar un acuerdo con los sindicatos», aunque no desveló cuál podría ser. Pérez Rey además mostró un tono más duro del que mantenían en Trabajo hasta ahora y que constituye todo un aviso a la patronal, con la que mantienen unas relaciones cada vez más tensas tras las últimas decisiones unilaterales tomadas por el Gobierno. El ministerio dirigido por Díaz no apoya las condiciones que quería imponer la CEOE para pactar un nuevo incremento: actualizar los contratos públicos que están en ejecución al nuevo salario mínimo –una petición que también defienden los sindicatos– e incorporar una reducción del 20% de las cotizaciones del sector del campo, uno de los más afectados por esa subida acumulada de casi un 50% durante los últimos cinco años. El Gobierno no cederá a ninguna de estas exigencias.

El volumen de medidas incluidas en los tres decretos con los que el Gobierno se la juega este miércoles en el Congreso es de tal calado que su rechazo obligaría al Ejecutivo a replantearse otro nuevo plan de acción económica que afecta a numerosas áreas y al día a día de millones de hogares y empresas. A la espera de que el PSOE avance en las negociaciones con los socios parlamentarios de la investidura, el recibo de la luz y del gas, los subsidios por desempleo, el impuesto a la banca y energéticas, el transporte ferroviario gratuito o las comisiones bancarias para mayores están pendientes de la votación que se realice en el Congreso. Si finalmente el decreto con las medidas anticrisis no entra en vigor, las facturas energéticas sufrirían un importante aumento al incorporar un IVA del 21%, frente al 10% establecido en los decretos, y el 5% en el que se encontraba hasta ahora. Si se materializa, los recibos de la luz podrían asumir un incremento medio del 25%, según las estimaciones del sector. La OCU calcula que supondría un incremento de la factura de 12 euros al mes. pasaría de los 57,10 del mes de diciembre a 69,09 euros. También desaparecería la posibilidad de aplicar una rebaja en el IVA de los alimentos, como estaba planificado hasta mediados de año. Productos como el pan, las harinas, leches, quesos, huevos, así como las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, se verán gravados al 4% y no al 0% como hasta ahora. Además, el IVA de pastas y aceites, incluido el de oliva, pasaría del 5% al 10%. El Ejecutivo también había prorrogado la gratuidad del transporte ferroviario de proximidad para todos los ciudadanos, así como la subvención del urbano junto a cada comunidad. Otro cambio que quedaría en la cuneta sería la reforma del subsidio por desempleo pactada entre los ministerio de Trabajo y Economía, después de semanas de fricciones entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño. La duda también se cierne sobre el futuro del impuesto extraordinario a las energéticas y a la banca. El Gobierno había decidido prorrogarlos a partir del 1 de enero, aunque en el primer caso con importantes deducciones si se realizaban inversiones en renovables.

Las empresas vascas tienen intereses en la zona por más de 3.400 millones de euros. Compañías como Tubacex o CAF, además, no solo tienen un mercado al que proveen de sus productos, sino que están actualmente desarrollando inversiones con plantas y trabajadores en la zona. Los negocios de las compañías vascas en la región tienen que ver con los recursos naturales de gas y petróleo que hacen tan vulnerable el equilibrio geopolítico de Oriente Próximo. Así, Tubacex logró en 2022 el mayor contrato de su historia, un total de 1.000 millones en Abu Dabi para la provisión de los tubos necesarios para la extracción de gas en el Golfo Pérsico. La actuación contempla, además, una inversión de 100 millones para la construcción de una planta allí, cuyos primeros pasos se dieron el pasado octubre. Fuentes de la compañía dirigida por Jesús Esmorís explicaron ayer «que se mantiene el calendario para el final de año, así como ese pedido de 1.000 millones al que va unida». En el mismo sector, el otro fabricante vasco, Tubos Reunidos, veía en el primer semestre del 2023 cómo se aumentaba la facturación en este área geográfica en un 174% hasta alcanzar los 11 millones. La compañía alavesa señala a este medio que «los planes siguen con normalidad, aunque sin duda con una situación mucho más volátil, que puede afectar a las decisiones de arranque de dichos proyectos». El transporte ferroviario es otra de las oportunidades para las empresas vascas de un sector en el que ejercen un liderazgo internacional. Así, el fabricante nacional de alta velocidad, Talgo, sigue teniendo en Egipto una de las oportunidades de mayor crecimiento. Allí ha entregado ya 15 trenes Talgo 230 para rutas ‘intercity’ por los que facturará 158 millones de euros. Una vía que puede crecer hasta alcanzar los 100 trenes y los mil millones. De momento, los acuerdos con el operador egipcio se ciñen a declaraciones de intenciones. La compañía explicó ayer a este periódico que «todos los proyectos en la región se desarrollan con normalidad». La empresa presidida por Carlos de Palacio juega también en Arabia Saudí un papel fundamental en la ampliación del único proyecto de alta velocidad de la zona, entre Meca y Medina. De ahí que el fabricante «permanece muy atento a nuevas oportunidades», explican desde la empresa. El otro actor ferroviario vasco es CAF. La compañía guipuzcoana de Beasain participa en un consorcio para el desarrollo del tranvía de Jerusalén que se adjudicó el proyecto por 1.000 millones, de los que la mitad serán para la empresa presidida por Andrés Arizkorreta. El desarrollo de las obras ha supuesto abrir instalaciones y trasladar a trabajadores a Israel. Según confirman fuentes de la empresa, los plazos de la actuación y la actividad se mantienen según lo previsto.

Las empresas españolas inician 2024 con un nivel de confianza sobre la evolución de sus negocios superior al de sus homólogas europeas, según se recoge en la 31ª edición de la Encuesta de perspectivas empresariales 2024, elaborada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con Eurocámaras. De acuerdo con el informe, las compañías españolas encaran 2024 con perspectivas positivas en todas las variables analizadas, como las ventas nacionales, la exportación, el empleo y la inversión. Destacan especialmente las expectativas optimistas del tejido empresarial español en lo referente a las exportaciones, con un saldo positivo de 35,2 puntos frente a los 4,3 de la media europea, informa EP. En cuanto a las ventas nacionales, las empresas españolas también presentan un saldo favorable de 21,2 puntos frente a los 7 de la media europea. En el ámbito del empleo y la inversión el optimismo se modera, 4,3 puntos y 5,8, respectivamente, aunque siempre por encima de las expectativas de las empresas europeas de media. En general, y en relación con todas las variables analizadas, las empresas españolas son más optimistas de cara a 2024 de lo que lo eran en 2023.

2023 será más que un buen año para Eroski. La cooperativa vasca ha logrado no solo refinanciar 703 millones de deuda, sino que los datos de los nueve primeros meses de sus ventas han arrojado unas ganancias de 105 millones de euros, un 72% más que en el mismo periodo del año anterior. Es un salto muy superior al crecimiento de la facturación, que se incrementó un 9% hasta alcanzar en los tres primeros trimestres del ejercicio pasado un total de 3.859 millones de euros. El impacto de los precios se ha notado, especialmente en el sector de la alimentación, que elevó sus ventas más de un 11% hasta los 3.290 millones de euros. El IPC medio de la cesta de la compra registró en España una subida cercana al 10%. El caso es que la cooperativa dirigida por Rosa Carabel ha logrado materializar ese aumento de volumen de negocio que, según ha explicado, «afianza nuestra posición en puestos de liderazgo en la zona norte y nos sitúa como cuarto operador en el mercado español». Y es que, con estos datos, Eroski ha recuperado la cuarta posición en el sector nacional de distribución adelantando al Grupo Dia. Según los datos de cuotas de mercado por las distintas marcas que elabora la auditoría de Kantar, la cooperativa de Elorrio cuenta con un 4,3% del mercado en España, por detrás de Lidl (6,4%), Carrefour (9,9%) y Mercadona (26,7%). Además, el plan de eficiencia impulsado por la compañía ha permitido mejorar tanto el beneficio neto, con ese 72%, como el margen operativo que según el ebitda –ganancias antes de impuestos y amortizaciones– ha crecido un 26% con 254 millones. Carabel insistió en «seguir impulsando nuestra nueva política de precios a través de una actividad promocional que contribuye a aliviar el bolsillo de las familias».

El mercado laboral guipuzcoano y vasco, que últimamente no deja de dar buenas noticias, esconde un reverso tenebroso muy alejado del brillo de los récords de empleo que el Régimen General de la Seguridad Social ofrece casi cada mes, incluso a pesar de un entorno macroeconómico y geopolítico internacional de alta tensión. Junto a los trabajadores por cuenta ajena, que crece y alimenta la recaudación, conviven los autónomos, que cotizan al llamado RETA y que no han dejado de mermar en los últimos años. El recorte en este grupo de emprendedores hasta el día de hoy se sitúa en el territorio en 1.078 personas si se toma como punto de partida el final de 2019, antes de que estallara la crisis del Covid,que resultó devastadora para este colectivo y que dejó, lo recordamos todos, muchas puertas y persianas en nuestras calles cerradas para siempre. Se da la paradoja de que en ese mismo periodo de tiempo, el Régimen General ganó 10.670 trabajadores contratados por las empresas de Gipuzkoa. Bien es cierto que ante el zarpazo de la pandemia las Administraciones, también la foral (sobre todo en el plano fiscal) activaron numerosas ayudas y planes de contingencia para aliviar al colectivo de autónomos, pero los números no engañan y demuestran que el golpe ha sido muy duro. Un impacto que fue muy dispar según los años. Así, y siempre en el caso de Gipuzkoa, el ejercicio marcado en rojo fue el de 2020, cuando se perdieron en el territorio 786 autónomos. Entonces, Álava perdió 115 y Bizkaia, 466. Euskadi en su conjunto, 1.349.

Uno de los objetivos del Gobierno vasco es «seguir avanzando en la normalización del euskera, también en el ámbito empresarial». Y para ello, y también para hacer frente al reto que supone la gestión lingüística en un contexto de globalización, organiza el congreso Languages Lanean, que se celebrará entre el 18 y el 19 de enero en el Palacio Euskalduna y el Museo Guggenheim. No disponen de datos sobre la implantación del euskera en los negocios, pero aseguran que el 36,7% de los trabajadores vascos de entre 25 y 64 años son euskaldunes. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha puntualizado este lunes durante la presentación del evento que en el sector industrial ese porcentaje asciende «al 42%». Cuatro de cada diez podrían utilizar la lengua vasca en su lugar de trabajo. De ahí que haya invitado a reflexionar sobre «qué idiomas se usan» en el espacio laboral, «cómo se comunican» las compañías tanto con los clientes como entre quienes forman parte de ellas y «por qué» se utilizan unas lenguas u otras. En ese proceso de intensificación del uso del euskera, «no partimos de cero», ha recordado el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. «Creemos que lo trabajado en los últimos años puede ser útil», ha destacado el portavoz del Ejecutivo vasco, que ha subrayado que «en los últimos 40 años se han desarrollado políticas de normalización en diversos ámbitos, como el educativo, el institucional, el de atención a la ciudadanía y el ámbito laboral y privado». En el congreso, participarán medio centenar de ponentes. En la primera jornada estarán presentes representantes del Gobierno vasco y de la UE, así como responsables de empresas tanto locales como internacionales. Expondrán sus experiencias compañías como Google, GKN y la Corporación Mondragón. Ver más aquí

Artículo de Braulio Gómez, director técnico del Deustobarómetro: "...La preocupación por la mala calidad de la clase política y la corrupción se ha reducido a la mitad en la última década en Euskadi. En el mismo periodo de tiempo han pasado del 28 al 41% los que consideran la situación política como buena o muy buena. A día de hoy tan solo un 10% de la ciudadanía vasca califica como mala o muy mala la situación política. Si la percepción del contexto político ha evolucionado de forma positiva y no transmite señales de crisis, la percepción de la situación económica refleja la misma tónica en el año en el que se van a desarrollar las elecciones vascas. Hace una década tan solo un 13% consideraba la situación económica como buena o muy buena. Ahora son un 41% los que muestran su satisfacción por la marcha de la economía en Euskadi. Solo un 7% valora negativamente la situación de la economía vasca. El paro ha pasado de ser mencionado como preocupación por un 63% de la ciudadanía a un 11% en solo una década y a desaparecer del ranking de los principales problemas de la sociedad vasca. La ciudadanía siente y padece la pérdida de poder adquisitivo al mismo tiempo que reconoce que en Euskadi se sigue viviendo muy bien a pesar de todo. Estos datos de percepción ciudadana describen un clima político y económico poco propicio para capitalizar un descontento popular masivo que suele caracterizar los cambios de gobiernos por razones políticas o económicas. Estos datos explican por qué la mayoría de la ciudadanía vasca no siente la necesidad de expresar su deseo de un cambio de gobierno. No hay un ambiente emocional de cambio, no hay deseo, no hay indignación, rabia o miedo. Los cambios, si se producen, no serán por vuelcos en la opinión pública sino por cambios de las alianzas políticas para formar las mayorías..." (Ver último Deustobarómetro). 

La negativa del Ministerio de Hacienda a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta para compensar el alza de precios y salarios ha elevado a máximos históricos la recaudación obtenida por el Estado en concepto de declaraciones de IRPF con resultado a favor de la Agencia Tributaria. En paralelo, sin embargo, las distintas rebajas fiscales aprobadas por una decena de comunidades autónomas, encabezadas por las gestionadas por el PP, para tratar de paliar los efectos tributarios de la inflación, han disparado a doble dígito el volumen de devoluciones practicadas en dichos territorios, propiciando a su vez un récord nacional de declaraciones y saldos favorables al contribuyente. En concreto, la Campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2022, celebrada en la primavera de 2023, se saldó con algo más de 23 millones de declaraciones de IRPF, una cota inédita tras aumentar un 3,9%. De ellas, 6,43 millones de liquidaciones se saldaron con resultado a pagar al Fisco, lo que supone un descenso del 3,9% pero arrojaron un saldo favorable a la Agencia Tributaria récord de 16.855 millones de euros (8,17% más). A su vez, las declaraciones con solicitud de devolución sumaron 15,7 millones (8,53% más) y su importe se elevó a 11.868 millones de euros. Un incremento del 16,52% respecto al ejercicio anterior, según los datos prácticamente definitivos de cierre de Campaña recopilados por Hacienda. A partir de estas cifras generales, sin embargo, el volumen de devoluciones practicadas por la Administración Tributaria oscila con fuerza por territorios. Así, las devoluciones practicadas al contribuyente llegan a elevarse entre un 26% y un 46% en regiones que han optado por deflactar el impuesto, o aplicar decididas rebajas fiscales, mientras que apenas suben entre el 6% y el 8% en aquellas que han rechazado compensar a sus contribuyentes.

El Foro Nuclear, la asociación que engloba a la industria del sector atómico en España, ha arremetido duramente contra el nuevo plan planteado por el Gobierno para llevar a cabo el cierre definitivo de las centrales nucleares en España. A juicio de la asociación, ese plan contempla sobrecostes millonarios que no han sido consensuados con el sector y soluciones técnicas, como el almacén geológico profundo para enterrar los residuos que se alejan de las recomendaciones de la Comisión Europea. El Foro plantea mantener la continuidad de las centrales, reabriendo así de nuevo el debate sobre España debería o no extender la vida útil de esas instalaciones. El Foro Nuclear se considera la patronal del sector atómico. Está integrado por una treintena de socios fijos, a los que se suman una veintena de socios adheridos, y está encabezado por las grandes eléctricas propietarias de centrales nucleares (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP), con lo que sus manifiestos se consideran la posición de esas grandes compañías. En un nota emitida ayer, el Foro expone sus “consideraciones” con respecto al séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGGR), la hoja de ruta del Gobierno para el sector atómico en España en las próximas décadas. Este plan fue aprobado el pasado 27 de diciembre en Consejo de Ministros. En él se fija el coste definitivo que tendrá el cierre de los siete reactores nucleares de producción eléctrica que quedan operativos en España. El cierre (entre 2027 y 2035), ya fue pactado en 2019 entre el Gobierno e Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, pero bajo unas condiciones económicas determinadas. Entre otras, se estableció en 7,98 euros por megavatio hora producido en las nucleares la tasa que tenían que pagar las eléctricas a Enresa para que, llegado el momento, esta empresa estatal asumiera el achatarramiento de las centrales y la gestión de los residuos radiactivos. Ahora, el problema es que el 7º Plan contempla sobrecostes que no estaban previstos cuando se fijó esa tasa.

El Gobierno francés se ha fijado como objetivo la puesta en marcha de nuevas capacidades de producción de energía nuclear para 2050 equivalentes a ocho reactores de la tecnología EPR (un diseño de reactor de agua presurizada de tercera generación) En un proyecto de ley presentado ayer a la prensa por el Ministerio de la Transición Energética, el gobierno galo explica que el objetivo consiste en construir nuevos equipamientos que representen 13 gigavatios de potencia, lo que equivale a ocho reactores EPR, similar al que está construyendo la eléctrica estatal EDF en Flamanville. Eso significa dos más que los anunciados hasta el momento. El gobierno deberá formalizar su decisión entre este año y el que viene, según precisó la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, en una entrevista a la emisora France Info. Al mismo tiempo, el Ejecutivo que preside Emmanuel Macron pretende con su proyecto de ley que la capacidad de producción nuclear en el horizonte de 2050 sea de al menos 63 gigavatios, lo que incluye los nuevos reactores, pero también el mantenimiento en servicio de buena parte del parque nuclear actual. En ese sentido, se prolongará la explotación de los actuales reactores más allá de los 40 años para los que fueron concebidos (hasta 50 o incluso 60 años). En estos momentos, en Francia hay 56 reactores nucleares en 18 centrales repartidas por todo el país que normalmente aportan cerca del 70% de la electricidad.

¿La energía nuclear es verde? «Soy ingeniera, así que los adjetivos verde, azul, amarillo no me dicen nada. Lo que lo que me dicen son los hechos». Lo que los hechos le señalan a Sama Bilbao y León, directora general de la Asociación Nuclear Mundial (World Nuclear Association, WNA), es que esta opción energética tiene múltiples virtudes a un bajo coste. «Es la fuente de energía limpia más grande de Europa... A nivel global es la segunda, sólo detrás de la hidroeléctrica». Sama tiene 55 años y nació en Bilbao. Cuenta con más de 20 años de experiencia en energía nuclear y política energética. Es ingeniera mecánica. Su amplia trayectoria académica y profesional, que incluye la docencia, ha estado enfocada en conocer y divulgar las bondades de la nuclear. Ahora reside en Londres y preside la WNA desde el 2020. Es la máxima conocedora, española, de esta energía. «Siempre he estado interesada en producir energía abundante, barata y limpia para impulsar el desarrollo socioeconómico del mundo», comparte. La dependencia energética en Europa quedó en evidencia en 2022 con el estallido de la guerra en Ucrania. Según cifras del Consejo de la UE, en 2020 la mayoría de la energía del continente nacía de las importaciones, siendo Rusia el principal proveedor de combustibles fósiles de la UE. «Estuvimos en el filo de la navaja... La gente ha tenido que decidir entre comer y encender la calefacción», recuerda Sama. Aquella situación pudo haberse evitado si se apostara más por la nuclear. Así lo cree la directora de la WNA. Entre las ventajas que defiende están que garantiza el abastecimiento eléctrico y no libera emisiones contaminantes. Es, a su vez, una alternativa a los combustibles fósiles y una aliada de la descarbonización para luchar contra el cambio climático. Otro punto a favor: no depende de las condiciones meteorológicas, a diferencia de algunas energías renovables. Por si fuera poco, tiene aplicaciones en medicina con radioisótopos que se utilizan en terapias, tratamientos y diagnósticos. Son más de 430 los reactores en funcionamiento en el mundo, en 33 países. 

El precio del barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cayó ayer un 3,8% después de que la petrolera estatal Saudi Aramco rebajara sus precios a mínimos desde 2021. De este modo, el barril de Brent cedió hasta los 75,8 dólares por barril, tres dólares por debajo del cierre de la sesión del viernes. Con ello, los precios del crudo acumulan un retroceso de más del 20% a lo largo de los últimos cuatro meses, debido fundamentalmente a la creciente pugna entre los productores por una demanda muy golpeada por la ralentización económica. Y ello, a pesar del pacto entre los grandes exportadores para contener la oferta hasta marzo y de que los ataques en el Mar Rojo amenazan el suministro de crudo a través del Canal de Suez. Esta caída de precios responde al aumento de la oferta de crudo y a la competencia entre los grandes productores por una demanda limitada, lo que ha llevado a la petrolera estatal Saudi Aramco a rebajar el precio de venta oficial en febrero de la referencia del crudo árabe ligero para Asia al nivel más bajo desde noviembre de 2021. Con ello, los precios mundiales del crudo prosiguen la tendencia a la baja registrada en los últimos meses del año pasado. Hay que recordar que 2023 fue el primer ejercicio en el que los precios cayeron después del episodio registrado en 2020 con la pandemia, cuando el barril de Texas llegó a cotizar incluso en negativo. De hecho, en los dos años posteriores la cotización del petróleo se disparó por la guerra en Rusia y las sanciones comerciales, y la tendencia solo ha cambiado por la subida de tipos y la ralentización de la economía mundial en 2023. Para 2024, la tendencia sigue siendo a la baja, debido a que la demanda global agravará su frenazo por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores  y a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios (OPEP+) prevén acabar con los recortes de oferta a partir de abril. 

El premier Rishi Sunak ha hecho frente a una rebelión en sus propias filas por su plan para la concesión de nuevas licencias de gas y petróleo en el Mar del Norte que ayer fue sometido a votación en el Parlamento. Varios diputados del Partido Conservador plantaron cara a su propio líder y expresaron su oposición a un plan que consideran como una ruptura de los compromisos climáticos. «Hace unas semanas, el Gobierno británico firmó el acuerdo de la COP28 para hacer la transición y alejarse de los combustibles fósiles», advirtió el expresidente de la COP26 de Glasgow Alok Sharma. «Esta ley servirá para redoblar las licencias de gas y petróleo. Es justo lo contrario de lo que hemos acordado internacionalmente y contribuirá a reforzar la desafortunada percepción de que el Reino Unido ha dado marcha atrás en sus políticas climáticas», afirmó. El ex secretario de Estado de Energía Chris Skidmore fue aún más allá y anunció su dimisión como diputado por su oposición al plan de Sunak. «Esta ley es una tragedia y no servirá más que para aumentar la produccción de gas y petróleo», aseguró Skidmore, artífice de la estrategia de «cero neto» para el año 2050 durante el mandato de Theresa May. «No estoy dispuesto a dar mi consentimiento a una acción del Gobierno que puede causar daño en el futuro», sentenció. La llamada Ley para las Licencias de Petróleo en Altamar permite efectivamente nuevas concesiones anuales para las explotaciones de combustibles fósiles en el Mar del Norte. Hasta un centenar de licencias podrían ser concedidas en cada ronda en aplicación de la nueva normativa.

La Comisión Europea dio ayer un paso decisivo para impulsar la transición verde y blindar la competitividad del continente con el visto bueno a una ayuda estatal alemana de 902 millones de euros para la construcción de una fábrica de baterías de vehículos eléctricos de la compañía sueca Northvolt. La instalación se situará en la localidad de Heide, a apenas cien kilómetros de Hamburgo y evitará la fuga de inversiones de este sector a Estados Unidos. Así lo aseguró la comisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager que apuntó que el desembolso de esta ayuda –que se da dentro del marco temporal de crisis de la Unión Europea (UE)– permitirá que esta factoría se construya en suelo europeo y no en EE UU, una posibilidad que planteaba Northvolt, por los más de 356.000 millones en inversiones verdes en subvenciones y rebajas fiscales que ofrece la Administración de Joe Biden. La UE contempla la autorización de ayudas extraordinarias en el caso de que una inversión corra el riesgo de alejarse de Europa por los subsidios que otorgan otros países. Y esta ha sido la primera ocasión en la que se activa este mecanismo, con el que Northvolt obtendrá una ayuda por valor de 700 millones de euros y una garantía de otros 202 millones. Bruselas determinó que este desembolso es «proporcionado» y que supone «el mínimo necesario» para asegurar que esta instalación se construye en la UE. Además, en su comunicado, señaló que esta ayuda «tendrá consecuencias limitadas en la competencia y el comercio europeo» y que fomentará la industria de cero emisiones en una ciudad (Heide) «situada en una zona desfavorecida».