20240702

Entrevista con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe. Aprovechando la reciente constitución del nuevo Ejecutivo vasco, desde Confebask consideran que hay que trabajar en reforzar la competitividad regional y acelerar el crecimiento económico. Y  para ello, según su presidenta, hay que mantener y actualizar el Plan de Desarrollo Industrial, que sea “ambicioso en los objetivos  y eficiente en los apoyos. Hay que impulsar y facilitar todas las transformaciones empresariales que están en marcha y, para ello, la industria necesita un apoyo claro para poder llevarlas a cabo.  De dichas transformaciones va a salir el tipo de industria que queremos ser en el futuro”. Considera, asimismo, necesario lanzar políticas de empleo, de formación, de apoyo a la FP, a la universidad... Y, por supuesto, hay que trabajar en la “falta de personal cualificado e impulsar una nueva mirada fiscal” que apoye el crecimiento económico y la competitividad. "Cuando hablamos de reforma fiscal en Confebask, no hablamos de recaudar menos, sino de recaudar mejor. Pongo un ejemplo muy claro, el incentivo fiscal a las productoras audiovisuales. Desde su entrada en vigor, muchísimas producciones se graban en Euskadi, lo que ha conllevado un incremento de la recaudación. También hay que potenciar el arraigo de las empresas para que no se vayan, la innovación... Y nos inclinamos también por una deflactación de las tablas, sobre todo en momentos de máximos de recaudación...

La Diputación de Bizkaia ha elaborado su primer ‘Barómetro de la situación empresarial’ en el territorio. Una especie de termómetro de coyuntura y expectativas a corto plazo, realizado mediante un sondeo entre 512 sociedades mercantiles de diferentes tamaños y sectores de actividad. El 47% de las encuestas se ha realizado entre empresas industriales y el resultado refleja un sensible clima de optimismo en torno a la evolución que va a tener su actividad en los próximos meses. Los resultados se parecen bastante a los últimos resultados de la encuesta semestral que realiza la patronal vizcaína Cebek y que también arrojaba un clima de moderado optimismo. El trabajo, que ha sido coordinado por la sociedad pública de promoción de empresas Beaz, arroja una buena perspectiva de cara al dinamismo de las inversiones en los próximos meses. El 63% de las empresas están dispuestas a invertir en activos fijos o en nuevos procesos de investigación y desarrollo, la mayor parte de los cuales estarían ligados al lanzamiento de nuevos productos. Es el dato más esperanzador porque revela que las empresas están pensando en crecer y además ven opciones para ello. Habitualmente la inversión empresarial va por delante de una previsión de crecimiento de la demanda. El 57% de las compañías encuestadas ven un mercado en crecimiento y el 34%, por su parte, cree que se va a mantener estable, lo que aleja en principio grandes temores en torno a un retroceso en las previsiones de subidas en el PIB. Otra cosa son los márgenes de negocio, que solo han crecido para el 35% de las encuestadas. Los costes laborales, la capacidad para atraer buenos profesionales a sus empresas, los costes de las materias primas y el absentismo laboral son las principales preocupaciones que afloran en la encuesta realizada entre las empresas.

Los empresarios, pese al ultimátum de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acudieron a la reunión de ayer para negociar la reducción de la jornada de trabajo sin una propuesta por escrito. Por ello, el Gobierno elevó el tono, dio un golpe encima de la mesa y dio por concluidas las negociaciones con la patronal. Así lo avanzó, visiblemente enojado, el número dos de Díaz, Joaquín Pérez Rey, quien calificó de «burla a la ciudadanía», «burla democrática» y «burla al diálogo social» esta actitud «incomprensible» de la CEOE y advirtió de que a partir de ahora trabajarán solo con los sindicatos para «pulir» el texto que les envió hace poco más de una semana. En esa propuesta no se recoge ninguna de las peticiones que había dejado caer la patronal, como aumentar el número de horas extras para compensar la reducción de jornada, contar con un periodo transitorio más largo, ciertas excepciones por sectores y dotar de mecanismos de flexibilidad para llevarlo a cabo. «El Gobierno plantea reducir la jornada de verdad. No les vamos a decir a los ciudadanos que lo que ganan por un sitio lo pierden por otro. Que tienen que hacer más horas extras por la reducción de jornada, que una medida pensada para la conciliación se va a convertir en jornadas irregulares y más imprevisibles», argumentó el secretario de Estado de Empleo. Y añadió: «No caben medidas que sean una estafa, que reduzcan la jornada sin reducirla. Esto es una negociación seria. Todos los trabajadores tienen derecho a horarios razonables».

La intención del Ministerio de Trabajo de aprobar la reducción de jornada laboral hasta las 37,5 horas -sin merma salarial- para todos los trabajadores y con vigencia a partir del próximo 1 de enero, va a tener un impacto menor en la Comunidad Autónoma Vasca que el resto de territorios debido a una composición de las relaciones laborales en la que la mayoría de convenios ya recogen tiempos de trabajo muy cercanos a los que el Gobierno de coalición quiere instaurar. En cualquier caso, sí tendrá más efecto en el sector servicios, donde las condiciones son, por lo general, más precarias que en la industria. Desde Confebask subrayan que el Gobierno tiene “capacidad legítima” para impulsar el cambio y optan por la cautela a la hora de la valoración, pero sí admiten que la reducción de jornada es una medida “disruptiva” que va a impactar de forma “relevante” en algunos sectores. “Queremos que se respeten los convenios negociados y acordados, que se asientan sobre la base de un equilibrio entre salarios y jornadas. Todos sabemos lo que cuesta cerrar el pacto para un convenio”, apunta Virginia Múgica, directora del área Jurídico-Laboral de la patronal vasca. 

La reforma fiscal que Gipuzkoa y Euskadi deben aprobar este año toma velocidad de crucero. Las juntas Generales metieron ayer una marcha más y presentaron el informe preliminar de la ponencia después de que más de 70 expertos y asociaciones hayan aportado su punto de vista en estos últimos meses. Muchos han sido los retos y objetivos a tratar, pero hay uno que destaca sobre el resto: impulsar la vivienda tanto pública como privada en alquiler para proteger a jóvenes y colectivos vulnerables. La retención y captación de talento, impulsar la competitividad empresarial del tejido guipuzcoano, la fiscalidad verde o una mayor progresividad (que paguen más los que más tienen) son otros de los retos prioritarios que se recogen en este primer informe de la ponencia. Ahora, los grupos políticos tendrán esta semana para hacer sus aportaciones, y será el próximo 18 de julio cuando la comisión de Hacienda de las Juntas se reúna para dar su dictamen al informe y emitirlo a la Diputación de Gipuzkoa, que posteriormente deberá redactar un proyecto de norma foral. Vivienda en alquiler. Dentro de los diez desafíos que presenta el informe de la ponencia fiscal, el acceso a la vivienda copa un buen número de epígrafes y párrafos. Antes de hincar el diente a esta problemática, el documento arranca con un hecho incontestable. Gipuzkoa encabeza la clasificación de las provincias más caras del Estado, con una media general de 3.429 euros el metro cuadrado y una subida de los alquileres del 6,6%. Por este motivo, reza el informe, se deben centrar los esfuerzos en garantizar el acceso a una vivienda asequible a los guipuzcoanos, haciendo especial hincapié en los colectivos vulnerables y los jóvenes. Como respuestas a esta problemática, la ponencia considera que se debe impulsar la construcción de vivienda pública en alquiler hasta conseguir tener un parque lo suficientemente amplio que pueda atender la demanda existente.

Iberdrola tendrá que subir un 10% el salario de 1.500 trabajadores por discriminación salarial. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dado por acreditado la existencia de la doble escala salarial en la compañía que perjudica tanto a los empleados contratados a partir de 2021 como a las futuras incorporaciones. La sentencia, con fecha 28 de febrero pero que trascendió ayer, abre así la puerta a los sindicatos para renegociar las condiciones laborales de la plantilla. El fallo aún no es firme, pues cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Los magistrados de la Audiencia Nacional han estimado la demanda presentada por los sindicatos CC OO y UGT, a la que se adhirieron CGT y ELA, en la que impugnaron la tabla salarial que se fijó en el octavo convenio colectivo de la mayor eléctrica europea y la segunda mayor del mundo. En la sentencia, consultada por este diario, el tribunal considera que hay evidencias claras de la existencia de una doble escala salarial: a los trabajadores que entraron a la compañía antes del 1 de enero de 2021 se les aplica las tablas salariales de 2020, establecidas en el anterior convenio; mientras, a los contratados con posterioridad, se les aplica los salarios acordados después. Estos, según indican las organizaciones sindicales, suponen unos ingresos un 10% menores. Para la Audiencia Nacional, esta doble escala salarial, entendida como diferente trato salarial para un mismo trabajo o para el que se atribuye un valor igual, no tiene “justificación objetiva y razonable”. Además, rechaza el argumento de que la reducción de los salarios sirva para llevar a cabo el compromiso de 500 nuevas contrataciones.

LAB propondrá al nuevo Gobierno vasco, dentro de la ronda de reuniones anunciada por el lehendakari, establecer un salario mínimo en Euskadi de 1.600 euros en 14 pagas y reforzar los servicios públicos, principalmente con más inversión en Osakidetza y un cambio de modelo en el sector de los cuidados. Así lo trasladó ayer la coordinadora general del sindicato, Garbiñe Aranburu, en una comparecencia en la sede de Bilbao para detallar las «demandas concretas» que ha ultimado y hará llegar en esas rondas de contactos anunciadas tanto por Imanol Pradales como por el nuevo consejero de Empleo, Mikel Torres. Tras criticar que el anterior Ejecutivo autónomo «dio la espalda a los trabajadores», manifestó su desconfianza respecto al nuevo equipo tras analizar el acuerdo de Gobierno suscrito por PNV y PSE. «No hay voluntad de un cambio profundo en las políticas públicas que se han realizado hasta el momento» denunció Aranburu. Una vez manifestados estos recelos, la responsable de LAB puso sobre la mesa su lista de peticiones. Entre ellas destaca que el establecimiento de una Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acorde a la realidad socioeconómica vasca. El Ejecutivo de Pradales ya se ha comprometido a impulsarlo, tal como se acordó en el Parlamento, pero el sindicato le da una cifra de referencia: los 1.600 euros brutos en 14 pagas que suponen el 60% del salario medio vasco según el INE.

La empresa vasca Sidenor recibirá 5,7 millones de euros de los fondos europeos, según dio a conocer ayer el Ministerio de Industria, dentro de los recursos que están asignados al Perte de Descarbonización Industrial. En este caso se trata de una adjudicación provisional, que forma parte de un nuevo paquete de ayudas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez a proyectos que tratan de reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en procesos industriales de fabricación. Industria anunció ayer la concesión de 123,4 millones de euros a doce proyectos de inversión de empresas españolas, entre las que se encuentra Sidenor, única del País Vasco en este grupo. El anuncio lo realizó el ministro Jordi Hereu durante unas jornadas que se celebraron en Barcelona y en este grupo de empresas que van a recibir ayudas también se encuentra la firma Derivados del Fluor, ubicada en el municipio cántabro de Castro Urdiales. Con este nuevo paquete de ayudas son ya 27 los proyectos que se han aprobado dentro del Perte de Desacarbonización Industrial, que ha movilizado hasta ahora 219 millones en subvenciones directas de fondos de la UEa Desde Industria se ha destacado que estas actuaciones van a permitir reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera en 711.000 toneladas anuales.

Las tensiones en los precios vuelven a aflorar en toda Europa. Y eso, a pesar de que la actividad industrial se ve refrenada. En concreto, los Índices de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés), publicados ayer por S&P Global muestran que la producción manufacturera europea cayó en junio al ritmo más rápido en lo que va de año y moderó su avance significativamente en España, todavía en positivo, pero ello no impidió que las empresas notaran mayores subidas de costes y las repercutieran a sus clientes. El índice PMI del sector industrial registró 45,8 puntos en junio 1,5 enteros por debajo del dato de mayo, lo que supone un pequeño varapalo muy llamativo después del relativamente buen dato del quinto mes del año, si bien S&P global apunta a que se trataría de un deterioro puntual. Un dato por encima de 50 puntos señala crecimiento económico y por debajo, contracción. Aunque España registró un dato algo mejor, por encima de esta frontera (52,3 enteros), el segundo mejor de Europa, también señala una cierta debilidad si se compara con los 54 puntos del mes anterior. Y, a ello hay que sumar que esta aparenta fortaleza tiene los pies de plomo si se tiene en cuenta que todas las demás grandes economías de la eurozona están sufriendo una dura contracción y que únicamente Países Bajos se encuentra en positivo, aunque por la mínima. Así, S&P señala que la actividad industrial en la eurozona se contrajo intensamente en junio, si bien “nos inclinamos a verlo más como un problema temporal que como una señal de una desaceleración prolongada”, explicó Cyrus de la Rubia, economista jefe del Banco Comercial de Hamburgo y responsable del informe.

A lo largo de los últimos dos años, la institución que preside Christine Lagarde ha llevado a cabo la subida de los tipos de interés más rápida e intensa de la historia. Desde el pasado mes, el BCE ha iniciado el camino a la baja para sus tasas, recortando el precio del dinero hasta el 4,25%. En su discurso de apertura del foro, la presidenta optó por un enfoque mucho más cauto que en pasadas intervenciones recientes al señalar que “un aterrizaje suave de la economía todavía no está garantizado”. El debate sobre el riesgo de causar un daño económico excesivo por los altos tipos de interés parece haber cuajado en el Consejo de Gobierno del BCE. La inflación, tras haber descendido desde más del 10% hasta el 2,6%, ya no es la única variable que miran los banqueros centrales a la hora de tomar sus decisiones. Y eso resulta extremadamente relevante en un momento en el que los mercados se debaten sobre si el BCE bajará una o dos veces más las tasas este año. Sabiendo que el crecimiento de los precios coqueteará con el objetivo del 2%, pero sin llegar a alcanzarlo hasta la segunda mitad del año que viene, una mayor atención a las perspectivas de crecimiento pueden –junto a la evolución de los salarios– centrar las discusiones sobre cuándo volver a bajar los tipos de interés. “La fortaleza del mercado laboral implica que podemos tomarnos tiempo para recopilar nueva información, pero también debemos ser conscientes del hecho de que las perspectivas de crecimiento siguen siendo inciertas”, apuntó Lagarde, abrazando un debate que con la inflación elevada sólo era considerado por el ala más cauta del banco central. Ahora, si el BCE detecta un daño excesivo a la economía –que no contempla en su escenario central– podría reducir el tiempo de pausa entre las bajadas de los tipos de interés y acelerar el ritmo de relajación.

La venta de coches se ha estancado en Euskadi. Así lo demuestran los 12.448 turismos matriculados durante la primera mitad de este año, que apenas suponen un incremento del 0,7% respecto a 2023. Se observa, además, una preocupante caída en el segmento de electrificados, con un descenso del 3%. En concreto, se matricularon 1.471 híbridos enchufables y eléctricos puros, lo que supone 46 unidades menos que en el primer semestre del pasado ejercicio. Esta no es la única tendencia recogida en el informe publicado ayer por las tres patronales del sector –Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)–. En él también se adivina que los consumidores vascos no están en contra de que sus coches se muevan con una batería, siempre que no tengan que conectarla a un punto de carga. De hecho, a lo largo del año, los híbridos no enchufables han crecido un 30%. Van matriculadas 5.147 unidades –cuatro de cada diez coches adquiridos en Euskadi–, como parte de un fenómeno que también se apoya en las etiqueta ECO, con las que la Dirección General de Tráfico (DGT) garantiza el acceso a las ciudades para los vehículos con batería, por muy limitada que sea. Sólo en junio los híbridos no enchufables ya superaron el millar (el 45% de todos los vehículos vendidos), mientras que se agudizó el desplome en los modelos electrificados. Cayeron un 12,2%, al alcanzar los 274 turismos. También se precipitan, como viene siendo frecuente, los modelos puros de gasolina. En Euskadi perdieron casi una cuarta parte (el 23,5%), mientras que los diésel se dejaron un tercio (33,33%). 

El precio medio diario del mercado mayorista de la electricidad (pool) cerró en junio en 56,08 euros/ MWh, un 84,47% por encima de mayo. Según el informe mensual de Grupo ASE, aunque se trata de una subida relevante, este precio fue un 39% inferior al de hace un año y el promedio de junio de los últimos cinco años. Sin embargo, el alza contrasta sobremanera con los de la pasada primavera en la que, por primera vez, se acumuló el equivalente a varias semanas de horas a precios negativos. Como es sabido, al descender el precio de los 45 euros/MWh, el IVA de la electricidad baja de manera automática del 21% al 10%. En junio, la renovable y la nuclear no fueron capaces de cubrir la demanda en las primeras horas de la mañana y fue necesaria la intervención de los ciclos combinados de gas, lo que elevó los precios, según el informe. A medida que iba avanzando la jornada y la fotovoltaica alcanzaba su plena producción, el gas se iba reduciendo hasta casi desaparecer, aunque la situación se invertía en las últimas horas de la tarde: al decrecer la fotovoltaica, coincidiendo además con el pico de demanda, el sistema eléctrico volvía a recurrir a los ciclos combinados y el precio subía con fuerza al anochecer. Esta entrada y salida de las diferentes tecnologías, y el consiguiente vaivén de los precios, “produce una peculiar forma, similar a un pato nadando”, señalan los analistas de Grupo ASE. En su opinión, este año los precios de las horas solares caen con más fuerza que en 2023 (un 62%), lo que hace aún más pronunciada esta curva.

La digitalización de los procesos internos de gestión y de relación con los clientes, la irrupción de nuevas tecnologías, la creciente competencia en servicios comerciales de alta velocidad o la liberalización a la vista en los servicios públicos de Cercanías obligan a un rejuvenecimiento y entrada de nuevos perfiles en la plantilla de Renfe. Para ello, ha pedido el plácet del Ministerio de Hacienda a planes de jubilación, desvinculaciones y a cambios en el programa de empleo ante la necesidad de acelerar el relevo generacional entre unos equipos que suman más de 16.000 efectivos. Renfe tiene a más de 1.400 empleados apuntados a sus planes de desvinculación voluntaria y de jubilación ordinaria. En el programa de 2024 hay 520 candidatos a la salida voluntaria, de los que 25 son de la estructura directiva, y otros 356 se han apuntado a la jubilación parcial, 19 de ellos con categoría de directivo. Ya para el plan de 2025, la lista de desvinculaciones voluntarias asciende a 242 empleados, mientras que otros 287 están dispuestos a una jubilación parcial. Esta última figura, la jubilación parcial, permite dejar de trabajar en un porcentaje de la jornada laboral antes de llegar a la edad de jubilación. En Renfe, la porción en la que ya no se cuenta con el trabajador es del 75%. Y la empresa está obligada a dar entrada a nuevo personal a través de contratos de relevo indefinido por el 100% de la jornada, con lo que dice lograr el doble objetivo de captar personal joven y el del traspaso de conocimientos de los perfiles sénior a los recién llegados. 

El lehendakari Imanol Pradales llamó ayer a la «unión» de los tres territorios vascos y a aparcar la visión localista o estrictamente vizcaína, alavesa o guipuzcoana de los desafíos pendientes para hablar, en cambio, de «retos de país». «No hay problemas que afecten sólo a Bizkaia, Álava o Gipuzkoa, sino retos de país. Es la unión lo que nos hará ser más fuertes frente a las incertidumbres internacionales que estamos viviendo», reclamó el jefe del Ejecutivo vasco tras reunirse en Ajuria Enea con los tres diputados generales, Elixabete Etxanobe, Eider Mendoza y Ramiro González. El lehendakari, en su primer acto público tras la toma de posesión de sus quince consejeros, y de nuevo en el Palacio de Ajuria Enea, arrancó con los tres máximos representantes forales la anunciada ronda de contactos con instituciones, partidos y agentes sociales para compartir con ellos el recién aprobado programa de gobierno. Tanto Etxanobe, como Mendoza y González, todos ellos del PNV, habían manifestado en los prolegómenos de la reunión su disposición a impulsar la «colaboración» interinstitucional y la intervención de Pradales, que compareció solo quizás para evitar disonancias imprevistas, ahondó en esa misma idea.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo entiende que el desvío de fondos públicos para financiar el ‘procés’ no es amnistiable y, por tanto, rechaza el perdón para sus líderes. La decisión de los magistrados –cinco a favor y un voto particular en contra– puede tener repercusiones políticas imprevisibles en Cataluña y en la estabilidad del Gobierno de Sánchez. Además, la resolución mantiene las órdenes de detención contra los huidos y la inhabilitación hasta 2031 para Oriol Junqueras. En el Gobierno no ocultaban ayer su decepción por la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la amnistía para los delitos de malversación cometidos durante el ‘procés’. Un movimiento que pone en jaque la estrategia con la que Pedro Sánchez sostiene la legislatura, ya que la medida de gracia fue la cesión que posibilito la investidura del presidente del Gobierno, fruto de un pacto con Esquerra y Junts. La misma que ahora se ve cercenada al afectar directamente a dirigentes como Oriol Junqueras o Carles Puigdemont en plena negociación para convertir al socialista Salvador Illa en president de la Generalitat. La legislatura ya se encontraba trabada por la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y la prórroga de los Presupuestos de 2023. A estas circunstancias se le suma una primera consecuencia, que el juez Pablo Llarena mantiene la orden de detención contra Puigdemont, que no podrá pisar territorio español sin ser detenido. Un hecho que afecta a la relación que Moncloa mantiene con Junts, clave con siete diputados en el Congreso para aprobar las iniciativas del Gobierno.

En la sentencia más esperada del año, la Corte Suprema dictaminó ayer que Donald Trump tiene derecho a cierto nivel de inmunidad procesal por sus actos mientras ocupó la presidencia de Estados Unidos. Esta decisión conlleva enormes consecuencias constitucionales, ya que blinda parcialmente al magnate de su conspiración para anular el resultado de las elecciones de 2020, las que perdió ante Joe Biden. Según el veredicto, los expresidentes tienen derecho a «inmunidad absoluta» ante la ley por sus actuaciones «dentro de la autoridad constitucional». El fallo especifica también que ese blindaje en lo «actos oficiales» no les protege en las acciones realizadas a título privado. El fallo, con seis votos a favor y tres en contra, no implica sin embargo una victoria total para Trump, ya que al mismo tiempo remite a los tribunales inferiores la cuestión de si la conducta del expresidente en el ataque al Capitolio el 6 de enero está bajo la protección de la inmunidad constitucional. En cualquier caso, esta sentencia hará que se retrase ese proceso hasta después de las elecciones de noviembre. En el último día del año judicial, la Corte dictó esta resolución, que ha sido deliberadamente aplazada por el Supremo hasta después del debate presidencial del pasado jueves entre Biden y Trump. La decisión, adoptada por la mayoría ultraconservadora que Trump ayudó a constituir en el tribunal, tiene importantes repercusiones legales en los casos federales que involucran al expresidente: el de la trama para invalidar el voto de los electores y la victoria de Biden para aferrarse así al poder y el de su papel en la incitación violenta al ataque al Capitolio después de que todo lo demás fallara.