20241004

Si el nuevo Gobierno Vasco situó el análisis de las bajas médicas por Incapidad Temporal (IT) entre sus principales prioridades ante el alto absentismo laboral en Euskadi y Gipuzkoa, toda vez que la cifra de días de media de baja por trabajador a causa de una enfermedad en el territorio se ha duplicado en los últimos diez años, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Ejecutivo central esbozó ayer un plan para tomar, directamente, cartas en el asunto. En concreto, la titular del área, Elma Saiz, anunció que pretende materializar una reforma para «flexibilizar» las situaciones en las que un empleado no puede ir a su puesto por una dolencia justificada, de forma que «que no sea estar de alta o de baja». Eso sí, siempre «desde la voluntariedad» del interesado como, por ejemplo, en el tramo final de un cáncer. La ministra convocará de manera «inminente» a patronal y sindicatos para abordar la propuesta. El número de bajas laborales se está incrementando en el Estado a niveles nunca vistos y, especialmente en Gipuzkoa, que supera en un 31% la media española en días de ausencia por trabajador y año, con 22,09. Y en consonancia, también se ha disparado el gasto que tienen que destinar las haciendas para ello. En 2023 se perdieron más de 396 millones de jornadas laborales en el Estado, como consecuencia de los procesos de incapacidad temporal (IT), una cifra que supone elevar en un 62% las perdidas en 2018. Bajo este contexto, la ministra explicó que «hay que poner encima de la mesa del diálogo social de manera inminente una reforma de la incapacidad temporal para adecuar esa situación también a los tiempos que vivimos, a los avances médicos y a los avances tecnológicos», y abogó por «flexibilizar» estos procesos al estilo de lo que se ha planteado en la última reforma de la jubilación parcial y activa. La propuesta, anunciada durante un desayuno de ‘Nueva Economía Forum’, causó cierto malestar en algunas centrales y, en este sentido, fuentes de CC OO y UGT de Euskadi aseguraron a este periódico que no fueron informados «antes de que la ministra lo anunciara», además de que consideraron «muy difícil» que exista «una figura a medio camino entre una alta y una baja». Por ahora, añadieron, desconocen cuándo serán convocados por el Gobierno central para abordar el asunto.ELA prefirió no comentar la citada propuesta hasta no tener más información, al igual que la patronal vasca, Confebask.

Contra la forma pero también contra el fondo. La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, cargó ayer con dureza contra el ‘impuestazo’ que aprobó el Gobierno central y que grava los ingresos de las empresas energéticas –de la misma forma hay otro que hace lo propio con la banca– porque, advirtió, «puede poner en peligro la transición energética». La titular foral de Hacienda lanzó su crítica en el transcurso de una jornada organizada por Petronor en Bilbao para debatir sobre diferentes aspectos fiscales relacionados con la energía y el futuro. La posición de la diputada foral vizcaína contrasta, aunque en realidad puede ser parte de una estrategia perfectamente diseñada, con la postura del PNV que mantiene negociaciones abiertas en Madrid para que este gravamen sea permanente y no temporal como hasta ahora. «Estamos en un momento de impulso, de inversión, de mayor competitividad y que por tanto, lejos de coadyuvar, puede frenar esta tan necesaria y ansiada transición, no solo energética sino también industrial. No podemos perder el foco. No podemos dejar de ser competitivos», dijo Berrojalbiz en relación directa a este ‘impuestazo’. Así, se refirió a la necesidad de impulsar y apoyar las inversiones en tecnología e industria vinculadas a la descarbonización, para considerar que ese movimiento que hizo el Ejecutivo central va en dirección contraria. La responsable del fisco vizcaíno criticó el fondo, el objetivo puramente recaudatorio de la medida, pero también que se instrumentase como una «prestación» en vez de como un impuesto, lo que dejó esta figura fuera del ámbito del Concierto Económico. Sin embargo, su partido, el PNV, parece dispuesto a apoyar la pretensión del Gobierno de Pedro Sánchez de extender la vigencia del gravamen, ahora ya como impuesto, para convertirlo en permanente, a cambio de que se cumpla el compromiso –uno más de los que están en la lista de espera entre las administraciones central y vasca– de concertarlo y conceder capacidad normativa a las diputaciones.

La diputada de Hacienda de Bizkaia, Itxaso Berrojalbiz, desveló ayer que la reforma tributaria que preparan las diputaciones vascas, y que al menos teóricamente debería entrar en vigor el próximo 1 de enero, incorporará ayudas para la transición energética y en concreto a la electrificación de la movilidad. Se refirió a la introducción en el IRPF de deducciones por la adquisición de vehículos sin emisiones, eléctricos y también abarcaría a otras tecnologías aún menos desarrolladas, como la pila de hidrógeno, así como también a la instalación de cargadores. La titular de Hacienda vizcaína no desveló las cuantías y las características que tendrán estas ayudas. Con esta maniobra, las haciendas vascas tratan de recortar la brecha que se había abierto en las ayudas a la adquisición de vehículos eléctricos desde que la Administración central incluyó en el IRPF, a mediados del pasado año, una deducción del 15% en la compra de este tipo de turismos. Inicialmente, esa deducción es temporal y se aplica a la adquisición de vehículos eléctricos durante todo el año 2024, es compatible con el Plan Moves de subvenciones y no se descarta que se pueda prorrogar en el futuro. La diputada foral de Bizkaia dio a entender que la deducción vasca en el IRPF será permanente y formará parte de un plan más ambicioso de impulso a la transición energética a través de la política tributaria. En la actualidad la matriculación de vehículos puros eléctricos, no híbridos, mantiene una cuota de mercado muy baja en nuestro entorno, muy por debajo del resto de países europeos.

El sindicato ELA se manifestará el 16 de noviembre en Bilbao para exigir a las instituciones vascas una reforma fiscal que «aumente de manera notable los impuestos al capital y a la riqueza», así como un cambio del modelo impositivo actual para que sea «más justo». ELA demandó ayer que las próximas reformas fiscales que se lleven a cabo en Euskadi contemplen un aumento de los impuestos al capital y a las rentas altas puesto que, tal y como subrayó, con el actual modelo «se recauda poco, de forma injusta y el fraude fiscal está a la orden del día». Esas tres conclusiones les llevan a afirmar que es «la clase trabajadora de Euskadi la que sostiene el sistema fiscal», ya que, tal y como denunció su secretario general, Mitxel Lakuntza, hoy día, «las empresas vascas solo pagan un 9% de sus beneficios en el Impuesto de Sociedades, cuando deberían pagar un 25%». Así, agregó que las diputaciones recaudaron por este concepto «500 millones menos que en 2007, pese a que los beneficios empresariales se han disparado».

La industria guipuzcoana presume de músculo al ser el único territorio vasco que acumula un crecimiento del 1,8% hasta agosto. No ocurre lo mismo en Álava y Bizkaia, que presentan un descenso de la producción de un 1,7% y de un 1,4%, respectivamente. La suma de los tres territorios deja a Euskadi con un índice de producción industrial un 0,2% menor al de los ocho primeros meses del año pasado, según los datos publicado ayer por el Eustat. Gipuzkoa cierra, no obstante, el periodo estival con dos consecutivos descensos en la producción industrial. Si en junio el territorio lideró la citada actividad en Euskadi con una evolución interanual de un 2,2%, durante los pasados meses de julio y agosto ese guarismo ha registrado dos descensos seguidos, de un 0,1% y 0,3%, respectivamente. Pese a ello, en los ocho primeros meses Gipuzkoa registra esa subida del 1,8%. En relación al mes anterior, la producción industrial del territorio se mantiene plana.

Las empresas de Gipuzkoa continúan sorteando el difícil contexto geopolítico que afecta a toda la economía mundial. Las ventas de las firmas del territorio suben un 0,7% hasta agosto, impulsadas sobre todo por los productos y servicios comercializados en el conjunto del Estado (1%). Las exportaciones, por su parte, crecen en menor medida (0,3%) por la debilidad de los principales clientes europeos. Y es que la relación comercial de las compañías guipuzcoanas con países como Alemania, Francia o Italia caen un 2,2% en los ocho primeros meses del año. Las ventas al resto de países sí arrojan números en verde al aumentar un 3,4%. La portavoz foral, Irune Berasaluze, llamó ayer a la «prudencia» e incidió en la necesidad de «analizar más las tendencias. Es cierto que los datos de actividad de agosto no son buenos, algo habitual en este mes, y que son las ventas a los mercados de fuera de la UE las que están permitiendo tener unas cifras en positivo, ya que el estancamiento de las economías europeas tractoras tiene su reflejo en el descenso de las ventas en estos países. Esperamos que la mejoría que muchos agentes pronostican para el segundo semestre del año se produzca». Si ponemos el foco en los distintos sectores económicos, el ascenso de las ventas en los ocho primeros meses del año se debe principalmente al +2% registrado en el sector servicios, ya que bajan en la construcción (-3%) y se mantienen sin variación en la industria, aunque el sector manufacturero sí registró en agosto una caída del 8,7%, así como la construcción (-12,6%). El empleo también arroja buenos datos, ya que el número de personas perceptoras de rendimientos de trabajo aumentó un 2,3% en julio, un 2% en agosto, y un 1,7% en el acumulado del año. Por sectores, se observa en el acumulado del año que en la industria aumenta significativamente, un 2,6%. 

La industria de la construcción vasca generó 10.700 millones el año pasado, lo que supone el 13% del PIB de Euskadi. Así se desprende del informe socioeconómico y medioambiental del impacto de la industria de la construcción en Euskadi en 2023 que ha elaborado Build:INN, Basque Construction Cluster (antes Eraikune), en colaboración con PwC Consulting. La presentación del informe tuvo lugar ayer en una jornada en Getxo, que contó con el viceconsejero de Vivienda de Gobierno Vasco, Miguel de los Toyos, y el presidente de Build:INN, Alberto Marín. Miguel de los Toyos indicó que su Departamento «va a hacer una apuesta clara por el fortalecimiento del sector de la construcción y por su apoyo a la innovación». Esta contribución supone un aumento del 41% en los últimos cuatro años, frente al 15% de crecimiento de la economía vasca durante el mismo período. En términos de empleo, la industria de la construcción dispone de 122.031 puestos de trabajo a tiempo completo, representando el 12,4% del total de ocupados en Euskadi. Supone además un incremento del 6% desde 2019. Además, aportó 2.237 millones en ingresos tributarios, un 54% más que en 2019, y que equivale al 11,8% del total que recauda Euskadi. A esto se suma el significativo efecto multiplicador de la industria: por cada euro de PIB generado directamente, se producen 2,5 euros adicionales en la economía vasca, según destacaron. Asimismo, exportó por valor de 1.831 millones en 2022, marcando un récord.

Las empresas también tienen sus etapas vitales que empiezan por la creación, siguen con el crecimiento y, por último, una fase de consolidación que mire al futuro. Transitar con éxito por cada una de ellas pasa por entender bien las necesidades del momento y saber cómo darles respuesta. Pero, a grandes rasgos, los tres pilares básicos que sustentan a una empresa saludable y exitosa son la financiación, el conocimiento y la ilusión. En ello coincidieron las cuatro personas, pertenecientes a los ámbitos de la empresa, la consultoría, las finanzas y las instituciones públicas, participantes en el foro ‘Avanzando desde el País Vasco. Claves para el crecimiento empresarial’. Euskadi, según el informe GEN –referente en este ámbito–, destaca como entorno para crear una empresa (el cuarto mejor lugar de Europa). Pero el País Vasco no sale tan bien parado en cuanto a la tasa de actividad emprendedora. Aquí se sitúa «por debajo de la media europea y estatal», subrayó Joseba Mariezkurrena, director general de Emprendimiento, Talento y Competitividad Empresarial de la Diputación Foral de Bizkaia. «Por eso hay que trabajar la cultura emprendedora», destacó. Según ese mismo estudio, los hombres deciden emprender más que las mujeres, y también predominan los de edad mediana, entre 40 y 42 años. Lo que caracteriza a todas estas personas «es que están muy ilusionadas, con ganas de crear y crecer y de generar un impacto positivo en su entorno», valoró Marta Alonso, directora Territorial Norte de BBVA en España. Entre las inquietudes de este colectivo, Alonso citó la necesidad de «sentirse respaldado», lo que en primer lugar pasa por «contar con la financiación suficiente». 

Lo que realmente diferencia la estrategia de crecimiento de una empresa es «la apuesta por la digitalización, la sostenibilidad, la expansión y la salida al exterior». Así lo cree Marta Alonso, directora Territorial Norte de BBVA en España. En su opinión, las pymes españolas han dado grandes pasos en la adopción de tecnologías digitales, «pero aún queda mucho camino por recorrer». La sostenibilidad, aparte de imprescindible, «es una gran oportunidad de negocio para las empresas en general», si bien «en la mayoría de los casos no saben cómo afrontar estos procesos». En este sentido, subrayó que BBVA «acompaña a todos aquellos que quieran afrontar su transición energética». En cuando al acceso a nuevos mercados, las pymes necesitan «un acompañamiento adicional» ante situaciones «desconocidas». En este campo las soluciones digitales de apoyo a la internacionalización –pagos en distintas divisas, financiación ‘online’ o acuerdos con socios estratégicos– cobran una especial importancia. Nerea Uribe-Etxebarria, directora de Desarrollo de Negocio en Geinsa, citó tres retos: el tecnológico, el laboral y el medioambiental. En el primero se atisba la llegada de la Industria 5.0, cuando aún se está consolidando la 4.0. En lo laboral, Uribe-Etxebarria advirtió que los jóvenes «están muy formados», pero que son demasiado pocos. Y en cuanto al medio ambiente, « las empresas tenemos que estar preparadas en asuntos como la eficiencia energética». Lola Vivanco, socia en Barante Business Development, consideró de que las empresas que no hayan hecho bien sus deberes, como las excesivamente endeudadas, lo tendrán más difícil. Y Joseba Mariezkurrena, de la Diputación Foral de Bizkaia, insistió en «seguir innovando» y ahondar en «la transición ecológica y digital».

Una delegación de empresarios de Taiwán, vinculados a la Taiwan Global Cherry Friendship Social Foundation e invitados por la empresa vasca del sector de la gestión financiera Talde, se encuentra de visita en Euskadi para conocer de primera mano sus capacidades tecnológicas e industriales, de cara a analizar la posibilidad de realizar futuras inversiones. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha encabezado la representación del Gobierno Vasco, y les ha mostrado los sectores y empresas punteras vascas y el centro tecnológico guipuzcoano situado en Arrasate, Ikerlan.

Vitoria se despide de uno de sus proyectos más novedosos en materia de hidrógeno. Hyvalue Gasteiz, el consorcio creado por Tubacex, Novargi e Iet Ecology, ha renunciado a hacer realidad la planta con la que querían producir hidrógeno verde a partir de la basura de Vitoria. El proyecto, creado en 2021, pretendía que la basura que no se conseguía procesar en las plantas de tratamiento mecánico o de compostaje fuese tratada en una planta y se usase para producir hidrógeno verde. La iniciativa pretendía que 12.000 toneladas de basura se convirtiesen en 1.600 toneladas de hidrógeno verde listas para ser usadas por las empresas que integran el Corredor Vasco del Hidrógeno, la alianza liderada por Petronor y Repsol en esta tecnología. El proyecto planteaba que ese gas 'green' propulsase a trenes como los de CAF o flotas como las de los autobuses de las diputaciones o futuros vehículos de Tuvisa. También se contemplaba un uso industrial. Sin embargo, el proyecto finalmente no se hará realidad. El Ayuntamiento de Vitoria había ofrecido a la empresa una serie de parcelas en Júndiz contiguas a la planta de compostaje que pretende licitar la Diputación, pero esa oferta no se había materializado en un contrato de reserva. A principios de septiembre, sin embargo, los promotores renunciaron a los terrenos y comunicaron al Consistorio que no estaban interesados en firmar la transferencia de esas parcelas porque no era viable ponerse en marcha. Portavoces del proyecto señalan que la renuncia se debe a que la normativa europea «no califica ese hidrógeno como verde» y, por tanto, no hay clientes interesados en el gas producido con la basura de la capital alavesa. Los promotores afean la calificación a la Comisión Europea, que fue la que descartó a este tipo de hidrógeno de la categoría de sostenible cuando antes habían otorgado 4,5 de los 14 millones que iba a costar la iniciativa alavesa. «Hemos perdido una oportunidad de quitar un problema (la basura) y de hacer un proyecto circular», afirman sus portavoces. 

En plena vendimia, los viticultores alaveses han recibido el mayor de sus alivios para estos tiempos de crisis. El Gobierno vasco anunció ayer la resolución del paquete de ayudas a la destilación. A través de un comunicado, Lakua trasladó que 136 bodegas se beneficiarán de 7,35 millones de euros en ayudas para quemar vino tinto y rosado con el fin de convertirlo en alcoholes para productos sanitarios o biocombustibles, entre otros. La cifra es ligeramente inferior a los 7,5 millones presupuestados para esta convocatoria, pero mejora con creces las ayudas del curso anterior, cuando se presupuestaron 8 millones pero los subsidios pincharon y apenas se consumieron 2,9. El Ejecutivo ha notificado a las bodegas la resolución y ahora ellas disponen de 15 días hábiles para aceptar la ayuda o renunciar. Si no contestan, se entenderá que se acepta. El Gobierno no desveló los nombres de los viticultores más agraciados, pero este periódico ha accedido al listado completo de bodegas agraciadas. Y entre las 136 producciones agraciadas –en realidad son menos porque hay marcas que han recibido ayudas diferenciadas según el tipo de vino–, la que más dinero ha recibido del Ejecutivo es una cooperativa. La Unión de Cosecheros de Labastida, responsable de marcas como Manuel Quintano o Bodegas y Viñedos Labastida, recibirá 774.336 euros del Ejecutivo para quemar casi 900.000 litros de vino.

El Gobierno vasco estima la necesidad de 6.500 viviendas al año en Euskadi y el pasado ejercicio se levantaron solo 5.000. Así lo recordó ayer el viceconsejero de Vivienda del Ejecutivo, Miguel de los Toyos, en la presentación de un estudio del clúster vasco de la construcción que estima en 10.700 millones la aportación del sector a la economía de la comunidad autónoma. De los Toyos reconoció que hay «escasez de suelo y una burocracia que ralentiza y encarece» la vivienda. Por eso defendió la necesidad de aumentar la oferta con 6.500 viviendas anuales durante los próximos 15 ejercicios, entre edificación libre y VPO. Un diagnóstico que compartió el presidente del clúster del sector –Build:Inn–, Alberto Marín, al señalar que «la industria de la construcción es clave para dar una respuesta a la crisis de oferta que atraviesa la vivienda».  Para Marín «es necesario construir más y en menos tiempo». Una receta que pasa por seguir impulsando la industrialización del sector. Un proceso que además de resolver esas demandas permite afrontar también uno de los principales problemas de las empresas: la falta de perfiles profesionales adecuados, así como mejorar la sostenibilidad del proceso y de los edificios construidos. En cuanto a los precios, que siguen subiendo como consecuencia del desajuste de oferta y demanda en el mercado, Marín destacó que precisamente con la industrialización se pueden reducir los costes permitiendo el abaratamiento del acceso a los hogares.

La Ley de Vivienda aprobada el año pasado, y en particular los condicionantes que incorpora en las llamadas zonas tensionadas, especialmente los límites para la fijación de los precios de alquiler, ha promocionado una nueva modalidad de arrendamiento que es un híbrido entre el de larga duración y el de corta estancia. Se trata del contrato de alquiler «de hasta 11 meses», una alternativa hasta ahora dirigida a un nicho concreto de inquilinos que necesitan alojarse más tiempo que el que se pasa en un establecimiento turístico pero que no necesitan un alquiler estable (profesores, estudiantes...). Las nuevas condiciones regulatorias han hecho que este tipo de contrato se esté implantando de forma masiva en Cataluña, la única comunidad que en el momento actual tiene aprobados oficialmente por el Gobierno municipios tensionados (41, entre ellos las cuatro capitales de provincia) y, por tanto, donde ya es de aplicación el Índice de Precios de Referencia del Alquiler que elabora el Ministerio de Vivienda. Este índice es el que se utiliza para topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas a aquellas viviendas que salgan por primera vez al mercado (en realidad que no hayan estado alquiladas en los cinco años anteriores) y para los pisos propiedad de los llamados grandes tenedores. Esto es, personas o entidades que posean cinco o más propiedades en el mismo área. En ambos casos, el precio que el propietario puede pactar con su inquilino no podrá exceder el límite superior del rango establecido por el Gobierno. Los arrendadores con menos de cinco pisos no están sujetos a ese límite, como tampoco las viviendas ubicadas en zonas no tensionadas, ni las que se alquilan por temporada.

Primera llamada de atención del nuevo gobernador del Banco de España al Gobierno a cuenta del problema de la vivienda: José Luis Escrivá, exministro del gabinete de Pedro Sánchez hasta hace apenas medio mes, dejó entrever ayer que no hay evidencias de que medidas como los topes a los precios del alquiler ayuden a relajar la tensión del mercado inmobiliario. Lo hizo en su primera intervención pública tras su polémico nombramiento cargado de tintes políticos. «No me consta», aseguró el gobernador durante una entrevista en la emisora radiofónica Onda Cero, en referencia a si la declaración de zonas tensionadas que propone la ley de vivienda –y que las autonomías del PP no están dispuestas a aplicar– es una medida eficaz para que los precios de los alquileres desciendan. Escrivá apuntó a la dificultad de recopilar datos que ofrezcan señales claras de cómo impactan medidas de este tipo en el sector. Pero apuntó a que «el Banco de España está en grupos de trabajo internos con otras administraciones» en los que la evidencia del fondo de los problemas es «que faltan viviendas frente al número de hogares que se está creando». Es decir, apuesta por la vía del incremento de la oferta para relajar los precios. El propio Banco de España calculó recientemente que hacen falta 600.000 viviendas nuevas en España hasta 2025 para cubrir el déficit existente.

La intención del Ejecutivo es que ganen ritmo y “granularidad”. Esto es, que los fondos fluyan hacia las pymes con mayor intensidad y que una mayor cantidad de ellos lo hagan directamente, y no a través de grandes proyectos tractor comandados por las grandes empresas. Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer 4.500 millones en subvenciones específicas para pymes y más de 50.000 millones en préstamos y avales, articulados principalmente a través del ICO. En su intervención en el acto Transformando las Pymes con el Plan de Recuperación, organizado en la Escuela de Organización Industrial, Sánchez anunció que el Gobierno destinará 4.500 millones de euros en subvenciones directas y cerca de 50.000 millones de euros en créditos e instrumentos financieros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a pequeñas y medianas empresas. “Nunca en la historia se ha puesto semejante volumen de recursos económicos para modernizar nuestro tejido productivo –señaló, en alusión al conjunto de los fondos europeos– y, por tanto, tenemos una gran responsabilidad, pero también una gran oportunidad”. De esas subvenciones y préstamos anunciados por Sánchez, 1.380 millones están ligados a subvenciones de Red.es; 3.000 millones de subvenciones de los Perte; 630 millones de las garantías de la Compañía Española de Reafianzamiento; 2.400 millones del Fondo de Impacto Social y el Fondo de Coinversión de Cofides; más de 30.000 millones de las líneas ICO verde e ICO empresas y emprendedores y 16.400 millones de la Sociedad Estatal para la Transformación Tecnológica (SETT), con el Mecanismo del Perte Chip, el Fondo Next Tech y la línea Audiovisual Hub.

A Bruselas se le ha agotado finalmente la paciencia con España ante su retraso en abrazar el nuevo marco de fiscalidad global. La Comisión Europea denunció ayer al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la aplicación del nuevo tipo mínimo internacional del 15% en la imposición fiscal a grandes empresas y multinacionales, que la legislación europea le obligaba a adoptar antes de que concluyese 2023 y cuya aprobación sigue hoy en el aire. La Comisión Europea ya había dado un ultimátum a España en este sentido el pasado mes de mayo, cuando envió un dictamen motivado reclamando al país la adopción pendiente del nuevo tipo mínimo global consensuado por 138 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se trata del llamado Pilar 2 de la fiscalidad global, que supone aplicar un tipo mínimo societario del 15% sobre el resultado neto contable ajustado de las compañías que facturen al menos 750 millones de euros al año para desincentivar que las multinacionales operen desde países con baja o nula fiscalidad. El Pilar 1, aún pendiente, implicaría el reparto de la recaudación entre los países en que las compañías operen aunque no tengan presencia física. España, que retomó la transposición de la normativa el pasado diciembre tras el limbo parlamentario que abrió la convocatoria anticipada de Elecciones Generales del pasado año, reaccionó a la llamada de atención de Bruselas aprobando el texto definitivo del proyecto de ley en el primer Consejo de Ministros del pasado mes de junio, pero su tramitación parlamentaria sigue pendiente. Para ganar tiempo, el Ministerio de Hacienda impulsó a la vez el desarrollo reglamentario que requerirá la ley.

España no desvela todas sus cartas para la votación clave de hoy en Bruselas para decidir el futuro de los aranceles a los coches eléctricos chinos, pero una cosa le ha dejado clara a la Comisión Europea: quiere mantener las negociaciones abiertas con el gigante asiático y evitar la guerra comercial a toda costa. Así se lo ha hecho saber al vicepresidente ejecutivo y comisario de Comercio, Valdis Dombrosvkis, en una carta enviada a Bruselas ayer por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. “En este momento, creemos necesario mantener abiertas las negociaciones y agotar todas las vías para una solución de compromiso”, reclama la misiva, en la que no anticipa el sentido del voto. La carta apunta a posibles puntos de encuentro, como la “reducción del nocivo impacto de los subsidios”, señalando a la acusación que hace la Comisión de que los vehículos eléctricos del gigante asiático parten con una ventaja ilegal (de acuerdo con las leyes internacionales de comercio) por la ingente cantidad de ayudas que recibe. También reclama en la misiva que parte de la producción de baterías se traslade a Europa. En España, precisamente, ya se está instalando una gran factoría de vehículos chinos en las instalaciones que hasta hace poco ocupaba el fabricante japonés Nissan. También hay un proyecto para instalar baterías de litio en Extremadura.

El petróleo suma su tercera jornada al alza ante el temor a un repunte de las dificultades en el suministro proveniente de Oriente Próximo, mientras continúan los bombardeos en Beirut y se espera una escalada bélica entre Israel e Irán. El barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, se disparó un 5% ayer y se situó en los 77,62 dólares tras conocerse unos comentarios del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reconociendo que estudia con Israel posibles ataques a las instalaciones petroleras iraníes. “Estamos debatiendo sobre eso”, aseguró en declaraciones recogidas por Bloomberg. El crudo de referencia en el Viejo Continente se encamina a su precio más alto desde finales de agosto. En los últimos cuatro días, el crudo gana casi un 7%, lo que le posiciona como la mayor subida semanal desde febrero, cuando las tensiones geopolíticas también dispararon la cotización del oro negro por encima de los 82 dólares. Por su parte, el barril de West Texas Intermediate, la principal variedad en EE UU, rozó los 74 dólares y registró una subida del 5,36%. La región representa aproximadamente un tercio del suministro global de crudo, y el mercado está preocupado porque la última escalada pueda afectar flujos si se atacan instalaciones energéticas o se bloquean las rutas de suministro. Irán es el séptimo productor mundial de crudo, con un volumen de 3,2 millones de barriles diarios, que suponen el 4% del total de la oferta global.

La irrupción de Irán en la guerra abierta en Oriente Próximo abre un enorme abanico de posibilidades de hacia dónde puede evolucionar el conflicto. La primera y más preocupante en lo económico es que, en respuesta, Israel lance un ataque sobre infraestructuras clave en la hoy engrasada cadena de exportación de petróleo iraní. Esa opción, adelantada el miércoles por el medio digital estadounidense Axios, no solo dañaría la principal vía de ingresos del régimen: también añadiría un punto más de presión sobre el precio del petróleo, que encadena ya cinco jornadas consecutivas al alza. Obligaría, además, a otros grandes países productores del Golfo a poner más crudo en el mercado para compensarlo. Y muy probablemente arrastraría a Teherán a una respuesta mucho mayor que el contenido ataque del martes, que causó un muerto y apenas dejó daños. El peso de la industria petrolera iraní ronda el 20% de su producto interior bruto. Es, además, su mayor fuente de reservas y, en palabras de Viktor Katona, jefe de análisis petrolero de la consultora Kpler, también el eslabón “más frágil” de su engranaje económico. “De ahí que pueda ser objetivo de Israel, sobre todo los puertos”, subraya por correo electrónico. La gran mayoría de las exportaciones fósiles del país se canaliza a través de una única terminal marítima: la de la isla de Jark, en el golfo Pérsico. “Un ataque sobre las refinerías, en cambio, es poco probable que tuviera un gran impacto”, aquilata Katona.

La mayoría de los cánceres se supera ya gracias a las nuevas terapias aparecidas en las dos últimas décadas; pero en la lucha frente a las enfermedades oncológicas lo peor está por llegar. «No estamos tomándonos en serio el cambio climático, que actuará como un auténtico tsunami y multiplicará los casos de una manera aún inimaginable», ha advertido el neurocientífico Juan Fueyo, investigador del Centro Anderson de Houston (EE UU), que ha visitado Bilbao para participar en la ceremonia de apertura del congreso de la sociedad científica Semergen de médicos de Atención Primaria. El agujero en la capa de ozono y la contaminación –tanto del aire que respiramos como el agua que bebemos– favorecerán el crecimiento exponencial del número de afectados «como si se tratara de una epidemia». «Será irremediable», ha advertido el especialista. Sus vaticinios no son sólo el resultado de la reflexión de un experto, sino que se fundamentan en la evidencia científica. El fenómeno que describe ya ha comenzado y hay pruebas que lo demuestran. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) ya ha advertido de que la incidencia del cáncer de piel ha crecido en nuestro país en torno al 50% en los últimos 20 años, empujada fundamentalmente por el calentamiento global. España es, de hecho, uno de los países del mundo más castigados por este fenómeno.