20240213

El Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos, a través de Eudel, han puesto esta tarde su firma en un nuevo récord de recaudación en la CAV en 2023, el tercero consecutivo. Por primera vez, las haciendas vascas han superado la barrera de los 18.000 millones de euros y, lo más importante, es que afrontan este año con la previsión de otro récord, más de 19.000 millones en un contexto de "suave recuperación de la economía". Además, tras comprobar que el modelo tributario funciona, las administraciones vascas encaran este año un proceso de retoques fiscales centrado en dar respuesta a los retos del país: demografía, vivienda, transición económica e igualdad de genero, entre otros. El ritmo de las modificaciones lo marcará Gipuzkoa, en cuyas juntas, por unanimidad, se ha puesto en marcha una ponencia que analiza el sistema actual. Será una piedra de toque en torno a los apoyos de los cambios. El Gobierno de coalición PNV-PSE cuenta con mayoría en Bizkaia, pero no en Gipuzkoa y Araba. De modo que Gipuzkoa será un banco de pruebas clave del respaldo de una reforma de baja intensidad que deberá contar con el visto bueno del Órgano de Coordinación Tributaria, que ya está trabajando en la materia. Ver nota del CVF e intervención de Pedro Azpiazu. 

El Gobierno central ya lo llevó a cabo hace días y las diputaciones vascas aseguran que están «estudiando» eliminar la tributación en el IRPF de aquellos contribuyentes que cobran el salario mínimo, después de que el último incremento de esta remuneración básica haya provocado un impacto sustancial en quienes lo reciben. Así lo reconocieron ayer los máximos responsables de las diputaciones forales tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas, aunque también se evidenció que no hay un consenso sobre el momento adecuado para hacerlo. La Diputación de Bizkaia, que aparentemente es la más partidaria de tomar ya decisiones, ha presentado una propuesta en este sentido en el Órgano de Coordinación Tributaria (OCT). Hasta ahora, los perceptores del salario mínimo estaban exentos de tributar en el Impuesto sobre la Renta e incluso de las retenciones mensuales que se producen en las nóminas de los empleados por cuenta ajena. Sin embargo, el aumento del salario mínimo hasta 15.876 euros brutos anuales ha situado a este colectivo –en torno a 50.000 contribuyentes vascos– ante una nueva realidad. Sus nóminas mensuales, si no tienen hijos, van a experimentar una retención del 6%, lo que supone un descuento de casi 953 euros anuales. La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, aseguró que ya han presentado la propuesta en el Órgano de Coordinación Tributaria, al menos para poder reformar la tabla de retenciones, que es un trámite sencillo y que no necesita el respaldo de las Juntas Generales. La modificación definitiva en el impuesto para evitar que este colectivo tenga que pagar en la liquidación anual del IRPF se abordaría más adelante. En su comparecencia ante los medios de comunicación, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, advirtió que el tema se estudiaría «en la ponencia creada en las Juntas Generales». También el diputado general de Álava se refirió inicialmente al debate sobre la reforma y descartó «cambios a corto plazo», aunque horas más tarde matizó que la voluntad de su Ejecutivo foral es «hacerlo cuanto antes sea posible». De no aprobarse esa exención con celeridad, quienes cobran nómina con el salario mínimo se verían obligados a presentar la declaración de renta y esperar hasta la primavera del próximo año para recuperar las retenciones que les apliquen las empresas. Algunas fuentes apuestan por la aprobación de una norma foral con algunas medidas urgentes en materia fiscal, previsiblemente tras las próximas elecciones autonómicas.

Gipuzkoa batió en 2023 su récord de recaudación vía impuestos gracias al buen momento que atraviesa su economía. Ni una inflación que aprieta los bolsillos, ni las tensiones internacionales provocadas por la geopolítica ni las incertidumbres por la falta de relevo o la carencia de perfiles técnicos fueron capaces de manchar el motor económico, que avanza a toda máquina. Así, la Hacienda foral ingresó el año pasado 5.960 millones de euros, cifra nunca antes alcanzada, tras registrar un crecimiento del 6,5% respecto al ejercicio anterior. El Consejo Vasco de Finanzas (CVF), que reunió ayer en Vitoria al Gobierno Vasco, las Diputaciones forales y Eudel, en representación de los ayuntamientos, certificó el cierre de los ingresos de las Haciendas y su correspondiente reparto entre las instituciones. En lo que respecta a la distribución de los ingresos por impuestos, el IRPF y el IVA suelen ser siempre los dos grandes actores protagonistas, pero en esta ocasión llama la atención el excelente comportamiento del Impuesto de Sociedades. Este tributo, que grava los beneficios empresariales, aportó 440 millones a Gipuzkoa, un 30% más que en 2022. Se trata de la segunda mejor recaudación de Sociedades en Gipuzkoa desde el año 2008, antes de que estallara la crisis financiera. Entonces el fisco obtuvo 529 millones. Conviene matizar que este impuesto tiene un peso del 7% en la recaudación total, mientras que entre el IRPF y el IVA concentran el 78% de lo que llega a las arcas. Pero también es verdad que si Sociedades aporta buenos guarismos es señal de que los balances financieros de las compañías están saneadas, de que la economía carbura, de que sus proyectos salen adelante y de que las inversiones aumentan, lo que redunda en el beneficio general de una sociedad.

Álava roza el pleno empleo, pero hay colectivos que aún tienen serias dificultades de inserción en el mercado laboral. En esa situación se encuentran los jóvenes sin formación previa y, por eso, las instituciones han puesto en marcha un proyecto para recuperar la figura del ‘maestro aprendiz’. Es decir, una combinación de formación teórica y de trabajo en ‘pymes’ de la provincia para facilitar la incorporación a los puestos que exactamente demandan las compañías cotizando desde el primer día a la Seguridad Social y cobrando un sueldo acorde a convenio. Existen tres itinerarios en esta formación dual. Se está desarrollando una primera experiencia piloto para operarios de montaje y mantenimiento de equipo industrial y líneas automatizadas. En el presente mes de febrero, se buscan participantes para una segunda línea de soldadura y lo próximo será otro para mecanizado de máquina-herramienta. El programa lo lideran la Diputación y SEA-Empresas Alavesas, y cuentan con el apoyo financiero de Lanbide. El director general de la organización patronal, Juan Ugarte, reconoció que el proyecto responde a la falta de adecuación que en ocasiones existe entre la oferta formativa y las necesidades reales del tejido económico. «Hemos constatado dificultades especialmente entre las micropymes de incorporar perfiles en ciertos puestos de cualificación media-baja bien porque no existen candidatos en desempleo o no cuentan con la cualificación mínima requerida», ha afirmado Ugarte. Esta iniciativa «pionera» –como la describió Cristina González, teniente de diputado general y titular foral de la cartera de Empleo– permitirá a entre 40 y 45 jóvenes alaveses de entre 16 y 30 años aprender un oficio, trabajar y obtener de forma gratuita un certificado de profesionalidad. Pueden optar personas que hayan completado la ESO, el Bachillerato o un ciclo medio de Formación Profesional (FP) distinta al aprendizaje que se va a obtener, pero que no consiguen ofertas de trabajo.

«Esta obra parece interminable, pero no lo es». Fue el consejero de Transportes, Iñaki Arriola, el que resumió ayer el momento que atraviesa el proyecto del TAV. Lo hizo durante un acto en el que anunció que el ramal guipuzcoano de la alta velocidad ya está completamente ejecutado tras 16 años de obras y una inversión de 2.000 millones. Se trata del primer gran hito de un proyecto al que aún le quedan numerosas etapas por superar en Bizkaia y Álava, pero en el que «se empieza a ver la luz al final del túnel». Las instituciones volvieron a ratificar que el objetivo es poder inaugurar la infraestructura «a finales de 2027». Aunque no parece que las tengan todas consigo. «Ojalá que sea así», recalcó Arriola. «Intentaremos cumplir el plazo», añadió el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso. El último kilómetro en culminarse de los 60 que componen el trazado guipuzcoano ha sido el que conecta Hernani y Astigarraga por encima del río Urumea y por debajo de la carretera A-15. Se trata de un puente «atirantado», el primero de estas características que se ejecuta en la red de alta velocidad española, que fue visitado ayer por Arriola y por Itxaso. Al fin y al cabo, la obra la ha ejecutado el Gobierno vasco adelantando un dinero que después descuenta del Cupo que entrega al Estado.

Talgo y el Gobierno central han mantenido contactos en los últimos días para analizar la situación generada tras el interés de un grupo industrial húngaro por adquirir el 100% del fabricante de trenes de origen vasco. Así lo confirmaron ayer fuentes conocedoras del proceso que espera acontecimientos después de que el viernes pasado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no admitiera una OPA sobre Talgo sin que estuviera resuelta previamente la financiación de su deuda. El conglomerado de empresas de Andras Tombor, un exasesor del presidente de Hungría, sí confirmó su interés en realizar una oferta de unos 615 millones de euros por el 100% del único fabricante de trenes de alta velocidad en España. Este aspecto es uno de los que confiere especial trascendencia a Talgo y, aunque desde el Ministerio de Economía confirmaran ayer a este medio que «hasta que no conozcamos los detalles de la operación no vamos a hacer valoraciones», sí ha habido intercambio de información con la empresa. Y es que la Administración General del Estado es uno de los principales clientes de la compañía presidida por Carlos de Palacio y Oriol y, además, es socia con Talgo en Tarvia. En esta sociedad, que es encargada del mantenimiento de los trenes operados por Renfe, la empresa pública tiene el 49%, por un 51% el fabricante ferroviario. Además, el Ejecutivo tiene intención de hacer valer la disposición transitoria del real decreto sobre inversiones exteriores, conocido como el ‘decreto anti-OPA’. En definitiva, que el Ejecutivo podrá condicionar la operación con su análisis y aprobación en el Consejo de Ministros.

No han pasado ni dos meses desde la última huelga en todo el sector público vasco y los sindicatos convocantes –ELA, LAB, CC OO, Steilas, Satse y ESK– vuelven a la carga. Hoy martes anunciarán nuevas movilizaciones ante la falta de avances en la mesa de diálogo, según anunciaron ayer en un comunicado conjunto. UGT volverá a quedarse al margen, tras denunciar el carácter político de estas protestas y sus discrepancias en cuestiones como las elevadas exigencias de euskera en los procesos de consolidación de los interinos. El bloque sindical convocó a finales del año pasado dos huelgas que abarcaban a los 150.000 trabajadores del sector público de sus diferentes ámbitos –Osakidetza, educación, transporte, Lakua...–. La primera fue el 25 de octubre y la segunda el 19 de diciembre. En esta última se notó una menor incidencia, quizás por el hartazgo de tantas movilizaciones ya que a estos paros generales se sumaron otros sectoriales. Educación y transporte fueron las áreas con más seguimiento del paro en ambas huelgas. Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos es la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y la exigencia de que los partidos políticos vascos reclamen en Madrid que las decisiones sobre el empleo público se tomen en Euskadi. En este sentido, el PNV negoció con el PSOE, en el marco de la investidura de Pedro Sánchez, disponer de un mayor margen de maniobra, pero las centrales tacharon el acuerdo de insuficiente. La subida salarial de los funcionarios el año pasado fue del 3,5%. En un principio se situó en el 2,5%, pero se añadió un punto al cumplirse las dos condiciones establecidas para sumar extras: la inflación y un crecimiento superior al 2,1% de la economía española. La de este ejercicio, fijada en el 2%, está pendiente de que se aprueben los Presupuestos.

La protesta de ganaderos y agricultores que la semana pasada se extendió por toda España presentó diferencias desde el principio en los tres territorios vascos, que ayer se volvieron a evidenciar. Gipuzkoa, que hasta ahora se había mantenido llamativamente al margen, vivió su primera tractorada con una convocatoria organizada por Whatsapp al margen de los sindicatos, que apostaban por esperar al 1 de marzo. Álava, que fue la primera en sumarse a la ola, mantuvo el pulso, también con manifestaciones independientes de las organizaciones oficiales. En contrastaste, Bizkaia, que tuvo su gran día el viernes pasado de la mano de EHNE y ENBA, volvió a la calma al abrirse un tiempo de espera; las centrales quieren reunirse con los partidos políticos y las instituciones para ir trabajando sus propuestas. Lo más sorprendente fue lo de Gipuzkoa. Ante el inmovilismo de los sindicatos, los ganaderos y agricultores del territorio se organizaron por su cuenta a través de las redes sociales y consiguieron sacar a la calle más de un centenar de tractores y decenas de todoterrenos, que partiendo en columnas desde Andoain y Zarautz se adentraron en San Sebastián hasta la sede de la Diputación de Gipuzkoa. Los sindicatos EHNE y ENBA, conscientes del malestar entre sus propios afiliados por haberse quedado al margen la semana anterior, habían tratado de canalizar la protesta con un llamamiento para el 1 de marzo realizado este fin de semana. Su argumento era que querían «separarse de las movilizaciones del resto del Estado y realizar unas reivindicaciones más concretas». Pero no lograron retener la protesta.

Euskadi registró en el primer mes de este año 4.059 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 29,6% respecto al mismo mes del pasado año y 926 siniestros más. Los accidentes de trabajo con resultado de muerte se elevaron a ocho, tres más que en el ejercicio precedente, según los datos ofrecidos por Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral. Estas cifras incluyen tanto los siniestros en jornada de trabajo, como los ocurridos ‘in itinere’, además de las recaídas. Los accidentes en jornada ascendieron a 3.391 (un 28,6% más) y los contabilizados ‘in itinere’ a 474 (29,2% más). Del total de accidentes en jornada de trabajo, 3.359 fueron leves (+28,3%), 25 graves (+92,3%) y siete mortales, frente a cinco en enero de 2023. Los siniestros ‘in itinere’ de carácter leve fueron 469 (+28%), hubo cuatro graves (solo uno en enero de hace un año) y se registró una víctima mortal (ninguna un año antes). El sector con más siniestralidad en jornada de trabajo fue Servicios (1.875 accidentes), seguido de Industria (1.042), Construcción (412) y Agricultura, Ganadería y Pesca (62).

La jubilación activa en España no despega. Apenas 67.164 personas compatibilizan el cobro de una pensión con el empleo, de los que más de un 85% son autónomos, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social, aunque datan de hace más de un año. Una cifra muy inferior a la de otros países del entorno, donde tienen más desarrollada esta modalidad de retiro, y aunque se ha duplicado desde 2016, es también inferior a la del año anterior. Esta reducción se debe a que desde enero de 2022 para acceder a la jubilación demorada tiene que transcurrir un año desde la edad ordinaria de jubilación, por lo que en ese ejercicio no se producen prácticamente nuevas altas. Es por esto que Fedea carga contra la actual legislación española por no favorecer la permanencia de las personas mayores en el mercado de trabajo y no incentivar fórmulas de transición gradual entre la etapa de trabajo y la de pensionistas, y pide «darle la vuelta como un calcetín» creando un nuevo contrato laboral que sea plenamente compatible con la pensión. Así, propone reformar la legislación para que exista una sola modalidad de jubilación desde la primera edad posible de retiro anticipado (entre los 61 ó 63 años), en la que se permitiera hacer la pensión «plenamente compatible» con cualquier trabajo con objeto de «no desaprovechar» el talento sénior. «España tiene una legislación pensando en que los trabajadores mayores molestan, que se vayan del mercado laboral y así dejen el espacio a una persona joven. Es la única forma de entender cómo tenemos esta legislación», denunció ayer el investigador de Fedea Ignacio Conde Ruiz. El objetivo del nuevo contrato laboral que propone esta organización es que el jubilado activo pueda seguir trabajando, a tiempo completo o parcial, en la misma o distinta empresa, por cuenta ajena o propia, sin que existan topes máximos de retribución y cobrando la pensión completa. A partir de la edad normal de jubilación y, por tanto, sin tener que esperar una año como marca la actual legislación, la pensión sería plenamente compatible con cualquier salario o renta.

“Tengo un hotel de 300 habitaciones cerrado desde finales de noviembre y tiene que estar listo para principios de abril. En estos dos meses he sufrido retrasos en las entregas, un sobrecoste en el presupuesto por el encarecimiento de los materiales y tiemblo cada vez que un trabajador anuncia que se va”. Esa tormenta perfecta, desvelada por uno de los empresarios hoteleros más longevos de España, con 52 hoteles repartidos entre las 52 provincias (nueve en Madrid y cinco en Barcelona, entre otros), describe con exactitud las dificultades que están pasando estos días propietarios y operadores de hoteles en España para cumplir los plazos y los presupuestos fijados para sus reformas. Todas ellas están encaminadas a tener los hoteles listos para la temporada más importante de su historia. En la actualidad, hay en marcha 88 reformas en toda España que afectan a 14.841 habitaciones, según el último informe sobre rehabilitaciones que la revista especializada Alimarket Hoteles publica estos días. El gran cuello de botella viene provocado por el cierre de la ruta del mar Rojo, por donde pasan miles de barcos que transportan bienes desde Asia hacia Europa, lo que ha generado que hasta 18 compañías navieras hayan redirigido sus envíos por Sudáfrica. Este cambio ha encarecido el precio de los bienes que vienen de Asia y también ha provocado que se esté retrasando la entrega de los mismos, comprometiendo las fechas pactadas entre constructoras y propietarios de hoteles. “Hay bienes como butacas, sillas o textiles que se pueden comprar en España o en otros mercados de proximidad como Portugal, pero hay otros productos específicos como la electrónica o que por volumen, como las pantallas de televisión, que tienen que venir obligatoriamente de Asia”, recalca Jordi Ferrer, consejero delegado de Hesperia, quien indica que en algunos casos están tardando hasta dos meses en llegar desde la fecha en la que son solicitados.

“Tenemos capacidad más que adecuada para cubrir sus necesidades”, asegura el vicesecretario de Energía, Mike Considine. Biden ha paralizado los planes de expansión de las terminales de GNL. La Administración de Joe Biden soltó la bomba informativa a finales de enero y sembró el temor entre los principales compradores de este combustible, con la Unión Europea al frente: los Veintisiete dependen más que nunca de la producción fósil estadounidense. Un par de semanas después, las autoridades del gigante norteamericano niegan la mayor. “Con las instalaciones actuales, tenemos capacidad más que adecuada”, subraya Mike Considine, vicesecretario del Departamento de Energía de EE UU, en conversación con El País durante su reciente visita a España. “Antes de tomar la decisión, hicimos cálculos para estar seguros de que no habría ningún tipo de interrupción”, apunta el alto funcionario, con más de 15 años de experiencia en el campo de la inversión extranjera en energía, un área en el que ha trabajado con Administraciones demócratas –como ahora– y republicanas. “Se hizo un gran esfuerzo de análisis de la capacidad actual y de lo requerido, particularmente por Europa en el corto plazo”. Sentado en una sala de la Embajada estadounidense en Madrid, Considine limita el impacto respecto a los temores que despertó la decisión en un primer momento: “Afecta solo a los nuevos permisos, un número muy pequeño [de terminales]. (...) La capacidad actual [de licuefacción] excede las necesidades [de exportación] de GNL, especialmente a Europa”.

Estados Unidos no consumía un gas tan barato desde hace más de tres años: 1,8 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBtu, una unidad de medida que suena a otros tiempos pero que aún se emplea en el mundo anglosajón). El principal índice estadounidense, el Henry Hub, de hecho, solo había bajado de la barrera de los dos dólares en dos periodos en las últimas décadas: en 2016, en los albores de la revolución del fracking y el gas de lutita, que ha dado la vuelta por completo al calcetín energético estadounidense y mundial; y en 2020 marcado de principio a fin por el Gran Confinamiento. Hasta febrero de 2024. La caída acumulada, de más del 40% en menos de un mes, es relevante por varios motivos. Primero, por su propia envergadura: aunque los mercados gasistas son pasto de volatilidad desde hace casi tres años –antes incluso de la invasión rusa de Ucrania–, no es fácil dar con un movimiento de esta magnitud. Segundo, por el momento en el que llega: es el síntoma definitivo de que la crisis energética ha pasado de ser objeto de titulares de prensa a material de análisis para los historiadores económicos. Y tercero, porque coincide en el tiempo con la polémica decisión del Gobierno de Joe Biden de vetar la construcción de nuevas terminales de licuefacción de gas, pieza clave para la seguridad de suministro en Europa: a la luz de los datos, y pese al temor inicial, los inversores parecen más que confiados en que no habrá problemas. Al menos, a corto y medio plazo. La meteorología, con unas temperaturas más altas de lo habitual por estas fechas en el hemisferio norte –que reducen la ratio de uso de las calefacciones– y los altos volúmenes de gas almacenados en los inventarios son, a juicio del jefe de análisis de materias primas de Saxo Bank, Ole Hansen, los principales causantes de este aterrizaje. Y permiten, según expresa, pensar en nuevas bajadas, también en Europa.

Fondos soberanos, fondos de pensiones públicos o semipúblicos, sociedades de cartera, empresas estatales o semiestatales, bancos centrales y gobiernos regionales. La inversión pública de los países extranjeros en la Bolsa española llega por varias vías. A veces son difíciles de rastrear, pero la conclusión es la misma: es mucho dinero y muy variado. Expansión ha identificado cerca de una veintena de países, tan dispares como EEUU o Ghana, Japón o Suecia, Singapur o Alemania. En conjunto, suman algo más de 70.600 millones de euros invertidos en España en 351 participaciones. Algunas son tan relevantes que sitúan a determinados países como primeros accionistas de algunos grupos: Qatar en Iberdrola, IAG y Colonial; Italia en Endesa; Singapur y Canadá en Cellnex, y Arabia Saudí en Telefónica. Por volumen destaca Noruega, cuyo fondo de pensiones Norges suma 13.800 millones. Italia, con su energética semiestatal Enel, controla el 70% de Endesa (13.300 millones). Francia y Alemania participan en Airbus con 12.000 millones cada uno. Además de GIP (Singapur) y CPPIB (Canadá), Cellnex se ha convertido en puerta de entrada para el Gobierno de Abu Dabi, que también está en Enagás. Arabia Saudí, con STC, ha irrumpido ahora en Telefónica, como Argelia entró en 2011 a través del monopolio Sonatrach en Naturgy , donde aún sigue. Hay Gobiernos que no tienen una inversión estrella, sino pequeños porcentajes en decenas de empresas. Japón participa en 26 cotizadas con su fondo estatal GPIF. El Gobierno central de EEUU no está presente pero sí diez de sus estados. Sobre todo Colorado, cuyo fondo de pensiones de funcionarios públicos está en 46 cotizadas. Esa multipresencia contrasta con Suecia, cuyo Gobierno está sólo en Coca- Cola EP.

El panel de expertos monetarios al que el BCE consulta periódicamente para conocer la opinión del consenso sobre la dirección de sus políticas monetarias ha dado la sorpresa. En la última encuesta publicada por el banco central, estos analistas procedentes de las firmas más influyentes y conocedoras de la realidad monetaria de la región anticipan que el ciclo de rebajas de los tipos de interés no irá más allá del 2,5% (desde el 4,5% actual). Su previsión responde a la expectativa de una inflación estructural más potente de lo esperado y a los efectos que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, podrían tener en el potencial de crecimiento y la productividad de la zona euro. Su 2,5% se sitúa, de hecho, 25 puntos básicos por encima de lo que hasta hace no mucho se consideraba que era el límite para entrar en una política monetaria restrictiva para la economía comunitaria. De esta forma, si sus pronósticos se materializan, las bajadas de tipos se limitarían a 200 puntos básicos de recortes, frente a los 450 puntos básicos del ciclo de alzas. Si se tiene en cuenta que las rebajas de tipos se producirán, con una alta probabilidad, de 25 en 25 puntos básicos, este cálculo dejaría ocho bajadas de los tipos de interés. De ellas, se producirían cuatro este mismo año, tres en 2025 y una ya en 2027. Ese año, por tanto, los tipos llegarían a su punto más bajo, pero seguirían en terreno restrictivo.

Ucrania se afana en construir drones explosivos con el fin de paliar la drástica falta de misiles y obuses en sus arsenales, así como de sortear la ‘línea roja’ de Occidente que le prohíbe recurrir a sus armas para atacar Rusia. Su aspiración consiste en poder utilizar estos aviones no tripulados de fabricación propia en incursiones que lleguen al «corazón del enemigo». El viceprimer ministro de Innovación, Mykhailo Federov, anunció ayer por primera vez que Kiev estará este año en disposición de fabricar «miles» de aparatos capaces de llegar a Moscú y San Petersburgo con cantidades significativas de explosivos a bordo. El anuncio coincide con los primeros pasos del nuevo Estado Mayor surgido tras el cese del comandante Valeri Zaluzhny y su sustitución por Oleksandr Syrskyi. Anterior jefe del ejército de tierra, Syrskyi despierta opiniones contrapuestas en el seno de las Fuerzas Armadas. Mientras unos defienden sus éxitos en los dos años de campaña a punto de cumplirse desde la invasión rusa, otros lo califican como un mando especialmente duro al que no le importa poner en riesgo a sus hombres. Frente a Zaluzhny, más alineado con las tácticas occidentales, su sucesor tiene fama de heredero de las estrategias soviéticas.

De audaz calificaron los medios israelíes la operación que en la madrugada del domingo al lunes permitió liberar a los rehenes Fernando Simón Marman, de 60 años, y Luis Har, de 70, de origen argentino y que permanecían en manos de Hamás en una vivienda de Rafah desde el 7 de octubre. El rescate lo realizó un comando antiterrorista de élite que irrumpió en el apartamento al tiempo que la Fuerza Aérea bombardeaba varios edificios alrededor para despejar su vía de regreso, dejando un reguero de cadáveres y ruinas. Los elogios al «heroísmo» lanzados por los medios israelíes contrastan con el estupor y la críticas de gran parte de la comunidad internacional por el alto precio que siguen pagando los habitantes de Gaza: en el ataque de «cobertura» de los bombarderos murieron cerca de un centenar de personas, según la milicia palestina. Hamás no dudó en calificar los hechos como una «masacre». La pretensión del ejército israelí de ocupar Rafah ha despertado una gran alarma, ya que este pedazo de tierra fronterizo con Egipto reúne a más de un millón de palestinos y es el último lugar mínimamente seguro de la Franja. Con decenas de miles de fallecidos en Gaza –la mayoría civiles– y con el número de muertos aumentando cada día, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cree que es momento de «pasar de las palabras a la acción». Numerosos ministros de la UE han advertido al Gobierno de Netanyahu de que las operaciones militares que está llevando a cabo en la Franja «no son proporcionadas» y Borrell planteó ayer a Estados Unidos un embargo de armas a Israel.