20240228

Por primera vez en Euskadi, los asalariados con contrato fijo son ya ocho de cada diez trabajadores por cuenta ajena. El récord de empleo alcanzado el año pasado en Euskadi viene acompañado del mayor volumen de asalariados indefinidos en la economía vasca. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hechos públicos ayer, la CAV cerró 2023 con 670.800 trabajadores por cuenta ajena con contrato fijo, lo que supone 31.600 más que el año precedente, que había marcado el anterior registro máximo. En 2022 se superaron por fin los datos del récord de 2010, pero con un leve crecimiento que no alcanzó el 1%. La dinámica se ha acelerado y el ritmo del curso pasado casi multiplica por seis el crecimiento. De modo que el mercado laboral vasco está a punto de alcanzar una relación entre empleo fijo y temporal significativa. Casi ocho de cada diez asalariados tiene en estos momentos contrato indefinido. La correspondencia era de siete a diez en 2006, primer dato de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística (INE). La barrera del 80% de empleo indefinido estuvo al alcance también en 2013, pero el avance de la contratación temporal frenó el avance. Las previsiones de creación de puestos de trabajo para este año apuntan que la dinámica se reforzará con otro máximo histórico.

2023 supuso en la industria de la automoción la recuperación definitiva de la pandemia gracias a la fabricación de más de 90 millones de coches, cifra que mejoraba por primera vez desde 2019. En ese contexto, Gestamp firmó unas ventas de 12.274 millones, un techo histórico que convirtió en unos beneficios netos récord de 281 millones, un 8% más. La compañía que preside Francisco J. Riberas y que se dedica a la fabricación de chasis y puertas de automóviles, entre otras piezas, rentabilizó como nunca su estrategia de construir cerca de sus clientes. Una apuesta que le ha llevado a acompañar a los grandes fabricantes como Mercedes, Volkswagen o Renault a 24 países. Esto, junto a la apuesta por el coche eléctrico, le permitió alcanzar unas cifras sin precedentes en 2023, cuando los componentes para el vehículo enchufable representaron ya el 20% de las ventas. Gestamp lleva años trabajando en el ‘battery box’, el espacio diseñado para albergar las celdas de las baterías eléctricas, un punto crítico en el diseño de estos coches. La compañía se ha posicionado en este segmento siendo el proveedor principal también de fabricantes chinos como ByD y del norteamericano Tesla. Asia, precisamente, con un crecimiento del 15,2% se consolida como su tercer mercado con 1.892 millones de euros, por delante de Europa del Este, que supone 1.713. Europa occidental sigue siendo el principal área de negocio con 4.671 millones, seguida de Norteamérica con 2.472.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) se apuntó el año pasado un beneficio de 92 millones de euros, lo que supone un alza del 68%, que le permitió desquitarse de un 2022 que estuvo marcado por los elevados costes y los problemas de suministro de componentes. El 2023, sin embargo, ha sido un muy buen año, culminado además con un nuevo récord histórico en la cartera de pedidos, que se disparó un 7% hasta los 14.200 millones de euros, con un fuerte arreón en los últimos meses del ejercicio, según la información publicada ayer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Los grandes pilares de este resultado fueron de una parte el tirón del segmento ferroviario, también en el capítulo de servicios, con los activos comprados en su día al pricipal rival (la francesa Alstom) a pleno rendimiento, y de otra un Solaris que, plenamente recuperado de los problemas de aprovisionamiento que sufrió en 2022, sólo dio alegrías. La filial especializada en autobuses ‘limpios’ resultó uno de los grandes protagonistas del año.w La firma pilotada por Javier Martínez Ojinaga se felicitó por haber cumplido los objetivos del Plan Estratégico y puso en valor el crecimiento del resultado operativo bruto, que ascendió a 179 millones, un 29% anual más. Al repasar los número de CAF del pasado año, destaca la cifra de contratación, que se situó en 4.775 millones de euros, por debajo de la de 2022 (6.025 millones), que resultó extraordinario, pero muy por encima de la de los ejercicio anteriores y también por encima de los objetivos. Ver nota de CAF. 

Faes Farma cerró 2023 con unas ventas de 473 millones que logró traducir en un récord de beneficios de 92 millones, un 2,5% más que el ejercicio anterior. El buen comportamiento de su medicamento estrella, el antihistamínico Bilastina, ha sido una de las palancas para ese crecimiento. Su nueva versión para aplicación oftálmica fue lanzada con éxito en España y Portugal y ha contribuido a elevar sus ventas un 10%, por encima de los 120 millones. La otra clave del negocio ha estado en las ventas internacionales. Crecieron un 6% hasta los 263 millones y se consolidan por segundo año consecutivo en más de la mitad del negocio de la farmacéutica vasca presidida por Mariano Ucar. Todo ello, además, en puertas de iniciar la comercialización del medicamento para la alergia en China, que comenzará este 2024. El grueso del negocio de la compañía sigue concentrado en la Bilastina, el Calcifediol (para tratar la falta de vitamina D en enfermos renales o en pacientes con problemas óseos por falta de calcio) y la Mesalazina, destinada al tratamiento de problemas digestivos como el colon irritable. Los tres fármacos alcanzaron una facturación de 183 millones, cuatro de cada diez euros de las ventas de la compañía. Nueva planta en Derio. Estas cifras han permitido destinar en 2023 un total de 97 millones para la nueva planta de producción en la localidad vizcaína de Derio, en el Parque Tecnológico de Bizkaia. Unas instalaciones con un inversión total de 160 millones que comenzarán a funcionar este año y supondrán un salto en la producción muy relevante.

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal lleva desde 2018 acercando el sector industrial a las aulas, con un objetivo claro: despertar el interés de las y los jóvenes. Actualmente participan en Industria Erronka 53 empresas industriales y 60 centros de enseñanza de Bizkaia, que ponen en valor el atractivo y el futuro del sector para el desarrollo profesional y personal del alumnado. Esta iniciativa cuenta con la colaboración, a través de su patrocinio, del Grupo SPRI. Este proyecto nace de uno de los factores que más preocupan a las empresas: la dificultad de encontrar perfiles adecuados para trabajar. Este factor, sumado a la baja ocupación de estudios relacionados con los ámbitos STEAM hizo que, en 2018, las empresas del Metal de Bizkaia diesen un paso adelante abriendo sus puertas para que las y los futuros estudiantes pudiesen conocer de primera mano la realidad del sector. Desde entonces, ya han pasado por Industria Erronka más de 10.000 jóvenes. Todo a través de este proyecto, que ofrece a los centros de enseñanza visitas a empresas o encuentros en las aulas y que está dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO, bachillerato y 1º y 2º de FP Grado Medio. El equipo coordinador de Industria Erronka ya está preparando el próximo Día de la Industria, evento principal del proyecto, que reunirá a 800 estudiantes en el BEC! el próximo 10 de abril y que se podrá seguir desde industriaerronka.eus. Leer más en SPRI

Bizkaia vive un boom turístico, pero de eso no come toda la población. Ni es lo que se pretende. El gran anhelo de las instituciones es reforzar y modernizar el tejido empresarial, que ha ido perdiendo brillo de un tiempo a esta parte. Tiene menos lustre especialmente en las comarcas de Busturialdea, Lea Artibai y Las Encartaciones. El declive de sus potentes industrias de antaño las ha metido en un bucle difícil de romper: ante la falta de oportunidades laborales y unas comunicaciones mejorables, los vecinos más formados emigran. Una fuga de talento que no compensan los inmigrantes, salvo en pueblos concretos, porque prefieren zonas con más oportunidades. Se queda la población envejecida, un panorama que ahuyenta a los emprendedores. Por poner algunos ejemplos: Las Encartaciones es de las pocas comarcas que ha perdido población la última década, en Busturialdea hay menos industria y también menos sectores «avanzados», cuando lo normal es que si el primer valor baja suba el segundo, y Lea Artibai tiene la tasa de envejecimiento más alta del territorio. El 25,2% de sus habitantes tienen más de 64 años. En conjunto, las tres zonas suman poco más de 107.000 empadronados, el 9% de la población vizcaína, y los núcleos urbanos más pequeños y dispersos. Solo en Busturialdea hay algún municipio con más de 10.000 vecinos. Así está naciendo la Bizkaia «a dos velocidades», el concepto con el que agentes socioeconómicos y partidos políticos vienen alertando de que mientras Bilbao y el entorno se han agarrado al sector servicios y a la alta tecnología para despegar tras la difícil reconversión industrial de los 80, la periferia no arrancó a la vez, y sigue sin hacerlo ahora. Y el problema es que las zonas retroceden. La Diputación lo sabe y busca remedio, aunque aún no ha dado con la tecla.

El gasto en pensiones sigue encadenando un récord tras otro después de que se recuperase la revalorización de las prestaciones según la inflación. Este mes, la factura en Euskadi de las prestaciones contributivas (jubilación, incapacidad temporal, viudedad y favor familiar) se ha situado en los 891 millones de euros, cada vez más cerca de la barrera de los 900. La cifra ha crecido un 5,7% solo en el último año, según la estadística publicada ayer por el Ministerio de la Seguridad Social. El aumento anual se explica por varios factores: en primer lugar por la revalorización del 3,8% aplicada a las pensiones correspondiente al IPC promedio de 2023, en segundo a que los nuevos jubilados tienen prestaciones más elevadas, y en tercero por el incremento del número de perceptores ante el envejecimiento de la población. Aunque ha habido reformas que han tratado de frenar el aumento de este gasto, como la de Rajoy de 2013 que desligó su subida de la inflación, el incremento en los últimos años ha sido exponencial. En el caso de Euskadi, el gasto en pensiones contributivas prácticamente se ha duplicado en los últimos 15 años al pasar de 451 millones en 2009 a los citados 891 millones actuales y se ha elevado un 31% desde 2019, cuando suponía 681 millones. Esta escalada es fruto, por un lado, de que la pensión media se ha disparado desde los 932 euros de febrero de 2009 hasta los 1.548 euros de la actualidad. Por otro, el número de prestaciones contributivas ha crecido desde las 484.000 de aquel entonces hasta las cerca de 576.300 de este mes, aunque el número de personas pensionistas es de 521.000, ya que cabe recordar que una misma persona puede recibir en ciertas circunstancias dos pensiones. El incremento del gasto en pensiones está siendo mucho mayor que el de las cotizaciones sociales, pese a la recuperación del mercado laboral y a los recargos establecidos por la reforma del exministro Escrivá. Eso está haciendo que se dispare el déficit del sistema, que ya en 2022 superó los 4.300 millones en Euskadi.

“Hoy damos la bienvenida al inicio formal de la segunda fase del Plan de Recuperación, dando un primer paso para movilizar hasta 40.000 millones de euros, a través del ICO, que vienen de fondos europeos” ligados al Plan de Recuperación, anunció ayer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La reunión se saldó así con la canalización de los primeros créditos blandos procedentes del programa Next Generation a través de cinco instrumentos de inversión que buscan “fomentar la innovación y la competitividad; ayudar a pymes y empresas en materia climática y de digitalización; impulsar al sector audiovisual; a las tecnologías disruptivas; o la construcción de vivienda para alquiler asequible”, resumió Cuerpo. El ministro de Economía detalló que la articulación de diferentes líneas de financiación a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) permitirá “trasladar condiciones ventajosas hasta las empresas, mediante préstamos que permitirán financiar hasta el 100% de los proyectos de pymes y autónomos” en un modelo “en la que será clave la participación de las entidades financieras”, que gestionarán 20.000 millones. Cuerpo recordó que España aspira a recibir un total de hasta 163.000 millones del programa Next Generation, incluyendo los 83.000 millones en créditos blandos solicitados en la adenda de ampliación del Plan de Recuperación remitida a Bruselas el pasado año, que empiezan a gestionarse ahora. De momento, el Gobierno venía centrándose en movilizar los primeros 70.000 millones en subvenciones no reembolsables sobre los que a cierre de 2023 se había registrado “un 45% de ejecución que ha llegado a la economía real”, estimó Cuerpo. 

El Gobierno asume que la subida del IVA de la luz, cuya rebaja quedó condicionada al nivel de precios de la electricidad, “debe seguir su curso”. Así lo manifestó ayer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que descartó la toma de medidas para evitar que la imposición fiscal sobre el precio de la energía vuelva a recuperar su tipo habitual del 21% a partir del próximo mes como consecuencia del abaratamiento de la energía. El Gobierno llegó a rebajar el IVA de la luz del 21% al 5% para tratar de paliar los efectos de la crisis energética y de alza de precios que agravó la invasión rusa sobre Ucrania. A partir del 1 de enero de 2024, sin embargo, el IVA aplicado a la energía eléctrica volvió a elevarse al 10% y, de hecho, se proyectó la vuelta al 21% original desde el mes siguiente a que el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista bajase de los 45 euros. Teniendo en cuenta que ayer la cifra se situaba ya en 41,25 euros (frente a los 132,7 de hace un año) según los datos del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE), después de la barata generación eólica que ha propiciado en los últimos días la borrasca Louis, es de esperar que el alza fiscal se produzca automáticamente en marzo. Y el Ejecutivo no prevé evitarlo. El ministro de Economía consideró ayer, de hecho, que el alza fiscal en ciernes denota la evolución “positiva de los precios de la energía”. “Tenemos que ser conscientes del elemento diferencial que estamos teniendo en España, o en la Península Ibérica, respecto al resto de la Unión Europea, y esto no solo tiene que ver con la evolución creciente de las condiciones climáticas, sino con la alta penetración de renovables, por la apuesta que se está haciendo por las renovables, y que está ya teniendo efectos claros”, defendió.

Naturgy ha superado sus propias expectativas. La primera gasista española y tercera mayor eléctrica rozó los 2.000 millones de euros de beneficio al cierre de 2023, un 20,4% más que en 2022. Con el sector de nuevo pendiente de la futura reforma del Gobierno a la tasa sobre sus ingresos, el presidente de la compañía, Francisco Reynés, fue claro. «Sí, son unos de los mejores resultados en la historia de la compañía y no nos vamos a esconder por ello», aseveró ante los medios ayer durante la presentación de los últimos estados financieros. Aunque el protagonismo ayer lo acaparó la inversión. La gasista movilizó en 2023 un volumen récord, de casi 3.000 millones de euros, un 53% más que en el año previo. El 66% de la inversión total se destinó a España. El mercado patrio sigue aportando el 59% del ebitda (beneficio bruto de explotación), frente al 41% que suman el resto de geografías. A diferencia de algunos de sus competidores, Reynés reafirmó su apetito por crecer en España, eso sí, reclamó que la visibilidad regulatoria sea «al mayor largo plazo posible». «En el año 2023, la inversión ha estado centrada en dos aspectos, la transición energética, desde el punto de vista de destino, y España, desde el de la localización. Esto seguirá siendo así en 2024, en parte, porque los proyectos llegan a maduración cuando llegan. Las inversiones en el mundo industrial no ocurren de golpe, por lo tanto, la mayor parte de los proyectos que tenemos en desarrollo en España no vamos a dejar de hacerlos porque ya se iniciaron», aseguró.

La cadena de supermercados Mercadona ha revelado la cifra de empleados alcanzada al final del pasado ejercicio, que se sitúa en 104.000 personas, lo que representa un aumento de 5.000 trabajadores respecto a los 99.000 con los que terminó 2022. Rebasa así por primera vez la barrera de los 100.000 empleados. De este incremento, el mayor número corresponde a su plantilla en España, pero porcentualmente Portugal registra un mayor crecimiento. Ahora cuenta con 98.700 empleados en España –ha aumentado en 3.200– y 5.300 en Portugal –con un incremento de 1.800 personas–. Mercadona destaca que inició una gran transformación a finales de 2016, “para consolidar un modelo de empresa más digital, productiva y sostenible”. Desde entonces, la compañía ha creado 25.000 nuevos empleos, lo que en términos relativos supone un incremento del 32%. El grueso de la plantilla (el 82% del total) desarrolla su trabajo en tiendas, mientras que un 12% lo hace en logística y el 6% restante en oficinas. El 61% del total son mujeres y crece el porcentaje de directivas, hasta alcanzar al cierre del ejercicio el 47%. Mercadona ha situado el salario mínimo en la compañía en 1.553 euros brutos al mes. Además, la cadena abona primas por cumplimientos de objetivos, a las que el año pasado destinó 600 millones.

Un taxi volador, robots de diversos tamaños, formas y colores, portátiles con pantallas transparentes y móviles que se doblan. Son solo algunas de las novedades asombrosas que se pueden ver en la 18 edición del Mobile World Congress (MBWC), que se celebra en Barcelona hasta mañana. Se prevé que 95.000 visitantes pasarán por este encuentro internacional que ya no es una feria «sólo de dispositivos móviles, sino que celebra el ecosistema más amplio de actores que son fundamentales para la transformación digital», según la organizadora, GSMA. De hecho, casi la mitad de los congresistas proceden de sectores no relacionados con la telefonía móvil.

El auge de la paquetería y el reparto de mercancías, impulsado si cabe aún más por la pandemia, pone a las empresas del sector frente al desafío de la sostenibilidad. De cómo reducir la huella ecológica de estas actividades, que consumen ingentes recursos de energía y material contaminante, y aprovechar los últimos avances tecnológicos para ganar en eficiencia, se hablará en la Feria Empack y Logistics&Automation, que se celebra hoy y mañana en el BEC. Decenas de empresas, asociaciones, clústeres, centros de investigación e instituciones tomarán parte en la cita, celebrada por segundo año consecutivo en Euskadi por su papel puntero en un buen número de sectores económicos, como el metal, la maquinaria, bebidas, automoción...«El País Vasco es un ‘hub’ y un nudo estratégico dentro del corredor Atlántico. Además, concentra entre el 8 y el 10% de las infraestructuras logísticas de toda España, con mucho fabricante de maquinaria de envasado y de ‘packaging’ (envoltorio para cuidar la mercancía en su almacenamiento y traslado)». Así lo asegura a este periódico Óscar Barranco (Madrid, 1977), máximo responsable en España y Portugal de Easyfairs, empresa internacional de eventos que organiza la feria. Estarán presentes empresas como Coca-Cola, Kaiku, Grupo Uvesco, Bimbo, Pepsico, Cepsa, Iberdrola, instituciones como el Puerto de Bilbao y clústeres como Basque Food, de Logística y Movilidad. Un heterogéneo grupo de actores protagonistas en distintos «eslabones de una misma cadena»: el envase y embalaje, la logística y el transporte. Reducir la huella ecológica en el ‘delivery’ (reparto de comida a domicilio) y entrega de paquetería será uno de los objetivos en los que más se avance en los próximos años. En su opinión, será clave minorar ese trasiego de vehículos y mercancías «creando ‘hubs’, taquillas de recogida (‘lockers’) repartidos en puntos concretos de las ciudades». Y, por supuesto, «avanzar en la electrificación de los vehículos». Una estrategia que «tiene que ir acompañada de unas leyes, especialmente de urbanismo. La legislación es importante para que esa mercancía sea accesible y contamine lo menos posible», explica. También para reducir la llamada ‘logística inversa’. «Compras un producto de 8 euros que te llevan a casa, no te gusta y te lo vienen a recoger dos días después. Eso no tiene sentido. Hay cosas que no se sostienen como modelo de negocio», advierte. No obstante, reconoce que «la conciencia del usuario respecto a cómo adquiere esos productos está cambiando».

Las urbes españolas incumplen los nuevos límites de concentración en el aire de los principales contaminantes que ha revisado la UE y serán de obligado cumtas plimiento en 2030. Con datos de 2002, ninguna de las 20 ciudades más pobladas respeta el techo para el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas PM₂,₅, y solo cuatro están bajo el tope del dióxido de nitrógeno (NO₂). Las instituciones europeas acordaron la semana pasada el endurecimiento de los límites de concentración en el aire de los principales contaminantes. Supone en varios casos rebajar a la mitad los niveles respecto a lo permitido hasta ahora. Los países de la Unión Europea tendrán que ponerse al día en los próximos seis años, porque serán de obligado cumplimiento a partir de 2030. Y, a la vista de los datos actuales, España no será una excepción. De hecho, ninguna de las 20 ciudades más pobladas del país cumple en estos momentos los nuevos límites anuales para dos de los principales contaminantes: el dióxido de nitrógeno (NO₂) y las partículas PM₂,₅ (las de un diámetro menor a 2,5 micras), que están detrás de decenas de miles de muertes prematuras al año en España. Partiendo de los datos de 2022 ninguna de estas dos decenas de urbes cumpliría con el nuevo máximo legal de las PM₂,₅ (que pasará de los 20 microgramos por metro cúbico actuales a 10) y solo cuatro —Las Palmas, Alicante, Vitoria y Elche— respetarían la nueva concentración establecida para el NO₂ (que pasa de 40 microgramos por metro cúbico a 20). Miguel Ceballos, experto en contaminación, advierte de que los nuevos límites “deben cumplirse en 2030 como tarde, por lo que han de ponerse en marcha ya las políticas” para mejorar la calidad de aire. Y lo primero es “cumplir de manera rigurosa con las medidas que ya contempla la legislación vigente”. 

La nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) apuesta por abrir la institución a financiar nuevos proyectos nucleares, aumentar la inversión en defensa y asumir más riesgos como parte de una nueva política del mayor prestamista multilateral del mundo. Nadia Calviño, exministra de Economía española que asumió la presidencia del BEI de manos del alemán Werner Hoyer el mes pasado, explica en una entrevista concedida a Financial Times varias áreas en las que tomará un rumbo diferente al de su predecesor. Hoyer había alejado al banco de inversiones en nuevas plantas nucleares y se mostraba notoriamente reacio al riesgo. El BEI, con un fondo de más de 500.000 millones de euros, no tiene prohibido invertir en energía atómica, pero ha rechazado nuevos proyectos de energía nuclear desde 1987, en parte debido a la postura en contra de esta fuente de energía de países como Alemania. Calviño afirma, sin embargo, que Europa “necesita estar activa en este aspecto porque no puede quedarse atrás” en los reactores modulares, que aún se encuentran en etapa de investigación y desarrollo. Actualmente, la tecnología de reactores modulares avanzados solo está operativa en China y Rusia, pero varios países, incluidos Francia, Reino Unido y Estados Unidos, están intentando implementarla también. “Cada proyecto se valora por sus propios méritos, en función de su viabilidad económica, técnica y financiera y sostenibilidad ambiental”, apunta Calviño.

“A pesar de encontrarse entre las economías más vulnerables al cambio climático dentro de la Unión Europea (UE), España puede llegar a convertirse en una de las más competitivas en la transición hacia un sistema sostenible”, se asegura en el informe Empresa familiar y financiación sostenible: es hora de aumentar la marcha, de Valora, que ha realizado un análisis sobre un panel de 700 empresas familiares españolas. Para lograrlo, es necesario que este sector, que suma el 89% del panorama empresarial del país y representa un 57,1% del PIB del sector privado, se transforme y, según las estimaciones de Valora, las inversiones necesarias para ello superarán los 140.000 millones de euros hasta 2030. ¿Están dispuestas? Un 90% de las empresas familiares españolas admite que tendrá que aumentar sus inversiones en ESG (medio ambiente, social y gobernanza, por sus siglas en inglés) en la década actual. Casi la misma proporción, un 80%, considera que el cambio climático impacta en términos de riesgo físico en su negocio. En la UE, el porcentaje es del 57%, según el estudio What drives firms’ investment in climate action?, del BEI. Además, en el último barómetro de la institución se muestra que tan sólo el 36% asegura haber puesto en marcha iniciativas para combatirlo. Volviendo al caso español, el 85% de las empresas familiares no contaba con una estrategia ESG, según la Encuesta Mundial de la Empresa Familiar 2023, de PwC. Al contrario de lo que ocurre en algunos países del norte de Europa, como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Países Bajos, “las empresas españolas han tendido a ver la transición hacia una economía descarbonizada más como un riesgo para su negocio actual que como una oportunidad para desarrollar nuevos procesos, productos y servicios”, dice el informe de Valora. 

El Gobierno presentó ayer un nuevo índice de referencia para los precios del alquiler en España, un paso más en una política de vivienda que busca limitar el porcentaje de renta que los ciudadanos deben destinar a un bien como este, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez plantea como “el quinto pilar del Estado de Derecho”. En concreto, esta medida será aplicable, a partir del 13 de marzo, en aquellas zonas que tienen un mercado tensionado y solo en los arrendamientos de viviendas que no estuvieron en el mercado los cinco años anteriores y en aquellas cuyos propietarios son grandes tenedores, es decir, que tienen cinco inmuebles o más. Para los inmuebles que ya están en el mercado y de pequeños tenedores, se aplicará una renovación de los contratos que en este año será de un alza máxima del 3%, mientras que a partir del año que viene este límite lo estipulará un índice que el INE todavía tiene pendiente definir. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, dio ayer a conocer una página web en la que cualquier ciudadano puede introducir los datos de un inmueble de casi todas las regiones de España, excepto de País Vasco y Navarra, y conocer el índice de precios de alquiler aplicables que, en este caso, es una horquilla. Es decir, que no es un tope, sino una franja de precios en la cual arrendador e inquilino pueden negociar a cuánto asciende la mensualidad del alquiler. Para la elaboración de este índice, el ministerio ha dividido la geografía española en secciones censales de 500 y 2.000 habitantes y analizado en cada una de ellas, a través de los datos tributarios, los precios de los alquileres en activo. Esto explica, por un lado, por qué no está País Vasco ni Navarra, que tienen su propio régimen foral, pero también que los índices pueden sufrir modificaciones anuales, puesto que se actualizarán con los datos de las declaraciones del IRPF. En la versión presentada ayer, cuenta con los datos de las declaraciones de 2022.

El Gobierno calcula que la ampliación de permisos paternales que tiene previsto acometer este año debería estar aprobada para el verano. El Ejecutivo, según avanzó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, tiene previsto ampliar de 16 a 20 semanas el permiso por paternidad y remunerar cuatro de las ocho semanas de licencia para la crianza de los menores de ocho años. La duda que tienen en Derechos Sociales es si estos permisos se crearán vía enmienda a la ley de Familias –que ayer aprobó el Consejo de Ministros– o si formarán parte de la ley de Presupuestos de 2024, que el Ejecutivo negocia con sus socios parlamentarios y que aún no sabe cuándo podrá enviar al Parlamento para su aprobación. Será una decisión instrumental, aseguraron las mismas fuentes. Según se desarrolle la marcha de la negociación presupuestaria, los permisos podrían ir en una sola ley o repartidos entre ambas. El criterio será que las licencias se creen donde antes entren en vigor. De hecho, al menos uno de los dos nuevos permisos debe estar ya desplegado en agosto. Ese mes concluye el plazo máximo que la UE ha dado a España para que amplíe en cuatro semanas retribuidas el tiempo de crianza. La ley de Familias, uno de los proyectos que puede albergar los nuevos permisos, fue remitida al Parlamento con la petición gubernamental de que Congreso y Senado la tramiten por el procedimiento de urgencia, lo que significa que los plazos para su debate, enmienda y aprobación se reducen a la mitad. Para que cuente con el apoyo del PP o al menos para atenuar la posibilidad de que la mayoría conservadora la ralentice en el Senado, fuentes ministeriales extendieron la mano a los populares para consensuar la norma.

La sangre llegó al río. Muchos creían en el PSOE que José Luis Ábalos acabaría claudicando y que, pese a su resistencia numantina de los últimos días, desde que el pasado jueves María Jesús Montero le ‘invitó’ por primera vez a entregar el acta de diputado por responsabilidad política en el ‘caso Koldo’, presentaría su dimisión antes de concluir el plazo de 24 horas que le dio el lunes al mediodía la ejecutiva federal. Su decisión de no hacerlo y de comparecer ante la prensa para acusar a la dirección del partido de abandonarle y ofrecerle en sacrificio a una derecha insaciable, y su anuncio de que a partir de ahora luchará por su honor desde el Grupo Mixto para no acabar «como un corrupto cuando soy inocente», han sumido a los socialistas en estado de ‘shock’. La reacción de la ejecutiva a su desobediencia resultó casi inmediata. Ábalos fue suspendido cautelarmente de militancia y pesa sobre él un expediente disciplinario que, con toda probabilidad, acabará con su expulsión, si es que no se va él antes. La resolución en la que se le comunica la medida llegó apenas media hora después de que toda la cúpula del partido le escuchara despacharse contra quienes, a pesar de su entrega personal en tiempos muy difíciles, han decidido hacerle «contingente y fungible» porque, dijo, «anteponen las cuestiones de poder a las de la justicia». El exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista no mencionó por su nombre a Pedro Sánchez, pero recordó, como parte esencial de su hoja de servicios, episodios ligados a la trayectoria del hoy presidente del Gobierno, desde las primarias de 2017, en las que –a diferencia de buena parte de quienes hoy lo acompañan en La Moncloa– permaneció a su lado, a la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy. En el PSOE hay quien cree que otro gallo habría cantado si el jefe del Ejecutivo se hubiera dignado a tener una conversación personal con su antiguo ‘número tres’, siquiera para decirle que la necesidad de marcar unos estándares éticos elevados requerían su renuncia aunque no haya cometido irregularidad alguna.

Con un helado en la mano, Joe Biden anunció ayer su «esperanza» de lograr el inicio de «un alto el fuego en Gaza a partir del próximo lunes». Tras una entrevista en la NBC, el presidente de Estados Unidos se acercó a un puesto de helados y allí, como si el cucurucho fuera un micrófono, aseguró que sus asesores le han confirmado que la tregua «está muy cerca». Tras la negociación en la que EE UU, Francia, Catar y Egipto han actuado como mediadores y con el visto bueno de Israel, se ha trasladado a Hamás una propuesta de alto del fuego de seis semanas que incluye la liberación de 40 rehenes hebreos y de 400 prisioneros palestinos. El borrador del pacto contempla también la reparación de centros médicos y panaderías, y la entrada en la Franja de 500 camiones al día con combustible y ayuda humanitaria, además de 200.000 tiendas de campaña y 60.000 caravanas para los refugiados. Las operaciones de reconocimiento aéreo de la aviación israelí se reducirán a ocho horas al día. Habrá un retorno gradual de los gazatíes al norte, con la excepción de los hombres en edad militar. Y las tropas de Israel se reubicarán lejos de los núcleos con más densidad de población. Además, Tel Aviv permitirá el uso de maquinaria pesada para el desescombro de las ciudades. Tras las declaraciones de Biden, Hamás negó que el acuerdo esté cerrado y acusó al presidente de EE UU de «precipitarse» y de «tratar de salvar la cara de Israel». A Biden también le llovieron las críticas por el lugar elegido para lanzar este anuncio. Mientras daba cuenta del cucurucho, dijo que la tregua «estaba cerca» y que «en principio» se extendería durante el mes sagrado musulmán, que comenzará el 10 o el 11 de marzo, en función del país.