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La renuncia a la compra de PNM por parte de Iberdrola va a dotar a esta compañía de un músculo financiero histórico para liderar la carrera de fusiones y adquisiciones, incluso con una operación de un tamaño superior a la que planteaba con ese grupo americano. Así se desprende del análisis de los datos financieros que están llevando a cabo los inversores y analistas. Iberdrola anunció ayer que Avangrid, su filial en Estados Unidos, ha desistido de su contrato de fusión con PNM Resources. La cancelación de esta operación, planteada hace ya más de tres años, se produce tras los reiterados retrasos producidos por los problemas para conseguir la aprobación del regulador de Nuevo México, que bloqueó la operación en diciembre de 2021 por posibles conflictos de interés en la estructura corporativa de Iberdrola y otras preocupaciones, como el “pobre historial” de Avangrid con los servicios públicos en el noreste de EEUU. La cancelación del proyecto de fusión se produce de mutuo acuerdo con PNM, una vez que ha vencido la última fecha tope que se habían dado ambos grupos para llegar a un acuerdo, el pasado 31 de diciembre. PNM es la principal eléctrica de Nuevo México y Texas, y su compra habría supuesto para Iberdrola un salto estratégico en EEUU. Pero los continuos retrasos han hecho que la operación se trunque, algo que a la postre podría favorecer a Iberdrola, que así despeja incertidumbres y libera recursos para acometer otras inversiones, justo cuando abundan otras opciones. La renuncia a la compra de PNM libera al menos 11.000 millones de euros de recursos para Iberdrola, si se suma el conjunto de lo que suponía esa compañía en el plan estratégico. El acuerdo contemplaba un pago de 4.318 millones de dólares en efectivo (3.900 millones de euros al cambio actual). A esa cifra había que sumar 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) de deuda neta. El resto eran inversiones a acometer en PNM, destinada a ser una pieza clave del grupo.

Javier Quesada Suescun (Barcelona, 1954) atesora una experiencia de más de tres décadas en el sector de componentes de automoción. Empezó como empresario con una planta en Zaldibar (Bizkaia) con 29 trabajadores que fue el germen de Teknia. Un grupo de capital familiar, con 3.500 empleados en 23 fábricas ubicadas en 13 países, y que en 2023 facturará más de 400 millones. Jubilado hace tres años y presidente de honor de Teknia, le preocupa la pérdida de competitividad de una industria afectada por unos altos niveles de absentismo, entre otros problemas. “Un grupo no se crea limitándote a trabajar 37,5 horas a la semana...En 1992, en el inicio de Teknia, el sector nacional de componentes de automoción era competitivo. Tenía un nivel tecnológico adecuado, los costes salariales eran razonables y la gente tenía ganas de trabajar, con una sociedad que valoraba la cultura del esfuerzo para mejorar personal y profesionalmente. La combinación de estos factores generaba una industria rentable, en la que las empresas reinvertían los beneficios...El absentismo laboral se ha disparado en España. En las plantas de Teknia en el país ronda el 8,5%, mientras que en los centros de Estados Unidos, México y Brasil oscila entre el 2,5% y el 3%. Así no puedes ser competitivo. Y la legislación no ayuda, con normas nuevas cada tres meses que van contra la rentabilidad empresarial. En una fábrica de 100 operarios hay puestos insustituibles. Profesionales que manejan una prensa que cuesta cuatro millones y si faltan hay que parar la producción porque la calidad, en otras manos, se deteriora. Y en la industria en España, el 10% de los empleos tiene este perfil...La mayoría de la plantilla está fuera de España. En las dos plantas del País Vasco trabajan 250 personas. No sé si estarán ahí dentro de diez años, porque con la competitividad a la baja no se puede ganar dinero. En Euskadi hemos pasado de unos márgenes ebitda (beneficio bruto de explotación) de más del 20% sobre ventas a un 5%. Si no hay mejoras, no hay futuro. En el grupo, el margen ebitda consolidado es del 11%, con intención de llegar al 13%, según el plan a 2025. Las plantas de México y del centro de Europa, por ejemplo, son muy competitivas...En Suecia o Alemania no hace falta justificación médica si faltas al trabajo, se da por hecho que hay un problema real..."

El secretario general de SEA-Empresas Alavesas, Juan Ugarte, ha advertido de que las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente está fijado en 1.080 euros, generan "un deslizamiento y una tensión" en el resto de la masa salarial. Ugarte, en una entrevista en Radio Euskadi recogida por Europa Press, se ha referido a las diferencias que mantienen los sindicatos y la patronal española respecto al incremento del SMI para este año, que los primeros estiman que ha de situarse en torno al 5%, mientras que la segunda apuesta por limitarla al 3%. El secretario general de SEA ha afirmado que la subida del SMI  --que actualmente está fijado en 1.080 euros mensuales-- tendrá un efecto "poco" significativo en Euskadi, dado que los salarios de la comunidad autónoma "son los más elevados de todo el Estado". No obstante, ha subrayado que este tipo de medidas generan "un deslizamiento y una tensión en el resto de la masa salarial". "Tenemos la media salarial más alta de todo el estado; son muchos menos los trabajadores a los que les afecta esta medida", ha afirmado Ugarte, quien ha precisado que, no obstante, "hay otros elementos que suelen estar referenciados al Salario Mínimo Interprofesional" en los que un incremento de este "sí tiene efectos", entre los que ha citado  los complementos por antigüedad. Por otra parte, tras mostrar su deseo de que pueda avanzarse hacia "un escenario de paz social", ha expresado su "preocupación" por el hecho de que "algunos sindicatos" mantengan una posición "conflicto por el conflicto", algo que genera una "mala sensación" para el desarrollo de proyectos "importantes" en el territorio. Ugarte, que ha afirmado que SEA maneja unas previsiones que apuntan a la creación de 13.000 nuevos empleos este año, ha reiterado la preocupación de la patronal alavesa por los problemas para el "relevo" de plantillas y por los niveles de "absentismo" de los trabajadores en Euskadi.

La industria de la eurozona en general, y la española en particular, cerraron 2023 con malos augurios de cara al año que acaba de comenzar. En España, la economía del sector manufacturero se mantuvo en terreno negativo en diciembre, por noveno mes consecutivo, en un contexto de caída de la producción y de los nuevos pedidos. El índice PMI de actividad del sector manufacturero español, elaborado por S&P Global (que ahora integra a IHS Markit) se situó en 46,2 puntos, frente a los 46,3 registrados en noviembre, por debajo de los 50 que separan el crecimiento de la contracción. El informe que acompaña al dato señala que tanto la producción como los nuevos pedidos cayeron con fuerza el mes pasado. En consecuencia, añade, las empresas se mostraron cautelosas en las compras y prefirieron reducir excesos de existencias en sus plantas. Las presiones deflacionistas, según relata el informe, volvieron a ser evidentes, ya que tanto los precios pagados como los cobrados disminuyeron a una tasa más rápida. “El sector manufacturero español cierra el año con una nota sombría. Nuestro modelo de estimación en tiempo real del PIB [...] indica una contracción de la producción para el cuarto trimestre. Los indicadores clave de futuro, como son los nuevos pedidos y los pedidos pendientes, han disminuido a un ritmo más rápido que en el mes anterior”, explica en el informe el economista jefe de Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia. “Las perspectivas para principios de 2024 parecen bastante deslucidas”, añade. Entre tanto pesimismo, el informe destaca como nota positiva la confianza de los fabricantes, que creen que la producción mejorará y esperan un aumento de la demanda del mercado.

El operador ATAC S.p.A. ha adjudicado a Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) un acuerdo marco para el suministro de la nueva flota de tranvías para la capital italiana. En concreto, el contrato abarca el diseño y fabricación de 40 tranvías, su mantenimiento durante un periodo de 5 años y las piezas de parque correspondientes. Así mismo la entente incluye la posibilidad de incrementar el número de unidades del proyecto en 81 vehículos adicionales, hasta 121 totales. El importe del contrato base se situaría por encima de los 130 millones de euros, pudiendo superar los 400 millones si el cliente hace efectivas todas las opciones contempladas en el mismo, según informó ayer la empresa pilotada por Javier Martínez Ojinaga al mercado. ATAC S.p.A., la sociedad concesionaria del transporte público del área metropolitana de Roma y 100% propiedad de dicho ayuntamiento, es la empresa de transporte urbano más grande de Italia y una de las más importantes de Europa. Además de la red tranviaria, gestiona también las tres líneas de metro de Roma, el tren suburbano, así como las líneas urbanas de autobús y trolebús que vertebran la movilidad de la ciudad.

Las ventas de coches registraron una notable recuperación el año pasado. En Euskadi se matricularon 24.408 turismos y todoterrenos, una cifra que supone un incremento del 11% respecto al ejercicio anterior, cuando hubo un desplome hasta mínimos históricos. Por tanto ha habido una importante mejora desde ese punto tan bajo, pero el dato aún está muy lejos de los niveles previos a la pandemia, cuando los concesionarios vascos sacaban a las carreteras casi 40.000 unidades. En el conjunto de España el aumento fue aún mayor, casi el 17%, con lo que las matriculaciones se quedaron en las puertas de los 950.000 vehículos, una cifra que supera las previsiones pero que también está muy por debajo de los 1,26 millones que se vendían en 2019, antes del covid. La recuperación del mercado ha sido posible al solucionarse los problemas de suministro que había dejado la pandemia y se ha producido a pesar de otros factores en contra, como la persistencia de los altos precios y la subida de los tipos de interés. La transición desde los motores tradicionales de combustión hacia otras opciones consideradas más ecológicas ha continuado ante las crecientes restricciones, como el establecimiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Cabe destacar, en este sentido, que casi la mitad de todas las ventas en Euskadi han sido de coches alternativos (híbridos, eléctricos o gas). En concreto, se han matriculado 12.168 coches de este tipo, un 32% más. La mayoría de ellos (8.148) son híbridos no enchufables, con lo que funcionan en gran medida con motores de combustión. Los enchufables (1.541) y eléctricos puros (1.535) suponen solo el 12,6% del total de matriculaciones. Aparte, se venden casi un millar impulsados por gas. El caso es que los motores alternativos ya han superado a los de gasolina, que el año pasado registraron 9.611 unidades, prácticamente las mismas que ejercicio anterior. El diésel continúa su declive, con 2.629 vehículos, un 15% menos.

El País Vasco cuenta con el mayor porcentaje de empresas innovadoras de toda España en los dos últimos años y es la tercera comunidad con mayor gasto en actividades innovadoras en 2022, según la 'Encuesta de Innovación en las Empresas', realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El estudio revela también que el 29,8% de las empresas vascas —de diez o más personas 
asalariadas— fue innovadora de producto o en sus procesos de negocio, lo que hace que Euskadi sea la comunidad autónoma con más empresas de este perfil entre 2020 y 2022 y supere en casi seis puntos a la media nacional. Por detrás, quedan Cataluña (29,3%) y Navarra (26,1%). Por otro lado, en lo que a inversión se refiere, Euskadi gastó 1.900 millones de euros en actividades innovadoras a lo largo de 2022, lo que supone el 9,1% del total de esta materia. Por delante solo se encuentran Madrid (6.289 millones) y Cataluña (5.452 millones), mientras que el gasto en el conjunto de España fue de 20.836 millones de euros. A a cabeza de los sectores empresariales más intensivos en I+D se encuentra la industria siderometalúrgica y de bienes de equipo (18,26%). En segundo lugar se sitúa la de transporte (15,92%) y en tercera posición, la electrónica y servicios TIC (12,90%). 

El Gobierno vasco está dando los últimos retoques a su nueva regulación de entidades de previsión social voluntaria (Epsv), la versión autonómica de los planes de pensiones, que entrará en vigor, previsiblemente, en el primer trimestre de 2024. Pese a las demandas y alegaciones de las entidades financieras para limitar el tijeretazo previsto a las comisiones pagadas, el Departamento de Hacienda mantiene en la redacción final del decreto de Epsv un sensible recorte de los gastos de administración. Éstos van a pasar del 1,6% del patrimonio gestionado actual, con independencia del tipo de inversión, a una horquilla que irá del 0,9% al 1,5%, incluida la comisión de depositaría. Las comisiones irán en función del tipo de inversión: las Epsv de renta fija y garantizadas se aplicarán el umbral del 0,9%; las de renta fija mixta (con menos del 30% de variable) tendrán gastos del 1,3%; y el resto de entidades, un 1,5%. En el conjunto de España, la comisión va del 1,05% al 1,7%, incluidos en ambos casos el 0,2% de gastos de depositaría. El nuevo decreto desarrolla la figura de Epsv de empleo preferente, que pretende convertirse en el motor para generalizar la previsión social. El pago de prestaciones de este producto se realizará en forma de renta vitalicia, aunque a partir de un umbral de 27.000 euros de patrimonio acumulado. Hasta este volumen, el titular del plan de empleo podrá cobrarlo como capital. Precisamente, el cobro como renta es la principal diferencia de los planes de pensiones de empleo preferente vascos. En el resto de España, no se prevé esta exigencia.

El Gobierno acaba de extender hasta junio la rebaja del IVA de los alimentos básicos, hasta abril mantiene el IVA del gas al 10% –en lugar del 21% habitual– y el de la luz todo el año al 10%. Una decisión con la que no está de acuerdo el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que en un artículo publicado ayer por EY Insights indicó –aunque sin apuntar directamente al Ejecutivo español– que «los gobiernos deberían revertir las medidas de apoyo asociadas a la crisis energética» y que la orientación de la política fiscal «debería ser restrictiva ya en 2024 para reducir los elevados niveles de deuda y déficit estructurales de algunos países». Hernández de Cos, que también es miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, considera en su artículo que esta eliminación es «esencial para evitar que aumenten las presiones inflacionistas, lo que haría necesaria una orientación aún más restrictiva de la política monetaria». Pero el ‘escudo social’, como lo llama el Gobierno, se compone fundamentalmente de rebajas fiscales que se han ido actualizando desde 2021. Aunque la situación ya no es la misma: la inflación ha bajado, no ha habido recesión y, sobre todo, hay que cumplir las reglas fiscales que Europa recupera a partir este año. España se ha comprometido con Bruselas a reducir el déficit público al 3% del PIB en 2024 y para ello hay que recortar ayudas que merman la recaudación, mientras que el impacto fiscal del último decreto anticrisis aprobado la semana pasada asciende a 2.500 millones. En sus últimas previsiones macroeconómicas de hace unas semanas, el Banco de España apuntó a que la inflación de 2024 será del 3,3%, un punto menos de lo previsto hace solo tres meses precisamente por la previsible extensión de las subvenciones fiscales durante el primer semestre. 

Entre las novedades económicas que trae 2024 se encuentra la cotización de los becarios que realizan prácticas en empresas, ya sean remuneradas o no, sin ningún tipo de distinción. El nuevo régimen procede de la última reforma de las pensiones llevada a cabo por el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aunque su puesta en marcha se retrasó a este 1 de enero frente a la fecha inicial prevista para su aplicación, en octubre pasado. Un retraso debido a la presión de empresas y universidades, que pedían más tiempo para adaptarse a la nueva regulación y ante el temor de que una parte de los becarios se viera perjudicado si las empresas no querían asumir ese coste. Cuantía que, en cualquier caso, apenas alcanzará los 10 euros al mes al encontrarse prácticamente bonificada por el Estado esa cotización. A este régimen se acogen los alumnos que realicen prácticas formativas o prácticas académicas externas incluidas en programas de formación en el sistema de Seguridad Social. Y así lo recordó ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se congratuló de que más de un millón de estudiantes en prácticas de Formación Profesional y universitarios hayan empezado a cotizar. «Las prácticas no remuneradas ya cotizan. Saldamos una deuda de años con los becarios, por justicia social. 2024 será el año de seguir ampliando derechos y de mejorar la vida de los jóvenes en España», señaló en sus redes sociales. Casi el mismo mensaje que escribió en las suyas la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría: «Los estudiantes de Formación Profesional ya cotizan también por sus prácticas en empresas. Una medida que va a mejorar la vida de miles de jóvenes en nuestro país». Y en la misma línea, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, subrayó que empieza en año «ampliando derechos».

Esta reclamación histórica de los estudiantes de cotizar por las prácticas no remuneradas se trasladó al Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de diciembre, lo que ha permitido que entre ya en vigor al inicio del año. Pero esta medida no solo afectará a los que realicen prácticas no laborales y académicas a partir de este inicio de año sino también a los antiguos becarios. Y es que contempla la posibilidad de suscribir un convenio especial que permita el cómputo de la cotización por el periodo de prácticas realizados antes de la entrada en vigor de esta norma y hasta un máximo de cinco años. En cualquier caso esta medida no es todavía definitiva, ya que se está negociando en el marco del diálogo social y está pendiente de desarrollo normativo a través de una Orden ministerial. En cualquier caso todavía está pendiente de aprobar el Estatuto del Becario, una norma que se ha ido retrasando por las diferencias entre las partes afectadas. El 15 de junio el Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentaron un acuerdo al respecto que limitaba las prácticas extracurriculares a 480 horas y planteaba la compensación de gastos. Pese a la cesión realizada por la ministra Yolanda Díaz, la patronal rechazó el texto y también lo hizo el PSOE. El Ministerio de Trabajo tiene la intención de volver a convocar la mesa de diálogo social con el objetivo de que la patronal se incorpore al acuerdo y lograr el consenso sobre una norma que regule unas prácticas que han sido en muchas ocasiones foco de precariedad.

La reforma del subsidio por desempleo aprobada por el Gobierno en las postrimerías de 2023 se quedó a medio camino de las aspiraciones de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que, además de elevar la cuantía de la prestación (hasta 570 euros al mes desde los 480 actuales), buscaba compatibilizar el cobro de un salario por nuevo empleo con el subsidio durante seis meses “sin reducción de la cuantía” de la ayuda. Al final, los cambios, aprobados tras un importante tira y afloja entre los ministros socialistas y populistas del Ejecutivo, salió adelante con un importante matiz: se podrá compatibilizar la percepción de un salario con el cobro de la prestación durante esos 180 días, pero la cuantía del subsidio irá decreciendo. Esto es, durante el primer trimestre y para un trabajo a tiempo completo, el subsidio será el 80% del Iprem (unos 480 euros); sin embargo, en el segundo trimestre, el subsidio bajará al 60% (360 euros); al 40% en el tercero; al 30% en el cuarto y al 20% a partir del año y trimestres sucesivos. Esta escala decreciente de las ayudas, que serán inferiores en el caso de que se compatibilicen con un trabajo a tiempo parcial, fue el postrero legado de Nadia Calviño antes de su marcha a la presidencia del Banco Europeo de Inversión (BEI) tras su último pulso con Díaz. A pesar de esa válvula de escape, que mitiga el impacto económico de la medida, el coste de la reforma del subsidio seguirá pasando una abultada factura a las arcas públicas. En concreto, si el número de nuevos beneficiados asciende a 400.000 personas, como se prevé, aumentaría las necesidades financieras del país “en 2.500 millones de euros al año (0,17 puntos de PIB)”, o, si se prefiere, en unos 612 millones por cada 100.000 nuevos beneficiarios. Así lo recoge un informe publicado ayer por Fedea, elaborado por el economista Miguel Ángel García Díaz, en el que se advierte de que “mantener la renta individual como condición de acceso al subsidio por desempleo, aunque se forme parte de una unidad familiar, provoca una pérdida de eficiencia en el uso del dinero público y de equidad en su posible utilización en fines alternativos”.

2023 fue un año que sirvió de punto de inflexión en el mercado inmobiliario. La transición es clara: de un 2022 de récord, con un número de compraventas que no se veía desde 2007, así como unas espectaculares subidas de precio; hemos pasado a un ejercicio, el del pasado año, en el que hubo un recorte significativo en las operaciones, aunque más que hablar de ellas como un bache, lo indicado sería considerarlo una vuelta a la normalidad después de un 2022 hiperactivo. Pero la bajada de las compraventas en 2023 no implica una bajada de precios, sino todo lo contrario, por dos razones. Primero, porque cuando el mercado se contrae, los precios tardan un poco en acusarlo; segundo, y más importante, porque hay graves problemas estructurales en el mercado que se resumen en un hecho: la oferta es muy escasa, lo que impide que los precios bajen, sobre todo cuando la demanda, que es muy inferior a la de hace unos meses, sigue estando muy por encima de dicha oferta. Esta tensión es aún más notoria en la vivienda nueva que en la de segunda mano. Así, en el cómputo del año pasado, el precio de la vivienda nueva avanzó un 5,1% , según datos de Sociedad de Tasación. Y eso que ya van cuatro trimestres seguidos de moderación en las subidas, que tocaron techo a finales del 2022 en el 7,1%. Pero estas subidas son muy heterogéneas por capitales, puesto que algunas superan con mucho este porcentaje. “El enfriamiento de mercado está ejerciendo cierta presión [sobre los precios], moderando su velocidad de crecimiento, pero la tendencia de los mismos, en general, continúa al alza”, señala Consuelo Villanueva, directora de Instituciones y Grandes Cuentas en Sociedad de Tasación. Villanueva achaca este avance del 5,1% a “la escasez de stock nuevo terminado —especialmente visible en los principales núcleos de población, como Madrid o Barcelona; y en ubicaciones con un fuerte componente turístico como Málaga, Palma de Mallorca o Valencia—, que es insuficiente para hacer frente a la demanda actual”.

La reanudación del curso escolar tras las vacaciones de Navidad se antoja convulso en la red concertada vasca. Los sindicatos han convocado diez días más de huelga antes de marzo –los días 17, 18, 23, 24 y 25 este mes y 6, 7, 8, 19 y 20 de febrero– en los colegios denominados de iniciativa social; esto es, la mayoría de los centros concertados de Euskadi. El objetivo es actualizar el convenio que rige las condiciones laborales de 9.000 trabajadores de unos 200 colegios con 130.000 alumnos. Una de las principales patronales, Kristau Eskola, se pronunció ayer para pedir a las centrales «responsabilidad» y se mostró dispuesta a «consensuar» un «acuerdo viable» para evitar la huelga. También considera «importante» la participación del Gobierno vasco para resolver el conflicto. ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT dan continuidad a los nueve días de huelga que tuvieron lugar entre finales del curso pasado y el primer trimestre del actual año académico. Kristau Eskola, que gestiona la mayoría de centros religiosos de la comunidad con 7.000 empleados y cerca de 110.000 alumnos, mostró su «preocupación» ante esta nueva convocatoria por su «impacto negativo sobre el derecho a la educación del alumnado y las dificultades para las familias en el ejercicio de la conciliación». La entidad aseguró que respeta el derecho a la huelga, pero llamó a los sindicatos a un ejercicio «responsable» de todas las partes implicadas, ya que recordó que las fechas planteadas pueden afectar al período de matriculación de cara al próximo curso escolar 2024-2025. «Todo ello añade inquietud a la red de colegios de Kristau Eskola y sus plantillas, ya que el sistema educativo viene padeciendo una caída continuada en la cifra de matriculaciones consecuencia de la baja natalidad», añadió.

El largamente negociado impuesto de sociedades mínimo del 15% para multinacionales entró el lunes en vigor en la UE, que se convierte así en la primera gran región que traduce a su derecho imperativo esta normativa acordada por casi 140 países en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2021 y ratificada por los Veintisiete un año más tarde. Con ella se esperan recaudar más de 220.000 millones de dólares (200.000 millones de euros) adicionales al año a escala global. “Este nuevo año marca un nuevo punto de partida de la fiscalidad de las grandes multinacionales”, dijo el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. “La entrada en vigor en Europa y en territorios de todo el mundo de esta histórica reforma constituye un paso importante hacia un sistema de imposición de las empresas más equitativo”, defendió en un comunicado. También animó a los demás signatarios del acuerdo fiscal mundial a que “avancen en las conversaciones” para adoptar “con rapidez” también una “reforma fundamental que puede generar 220.000 millones de dólares adicionales al año para ayudar a los países a financiar inversiones cruciales y unos servicios públicos de alta calidad”.

Hace casi tres meses, cuando Israel comenzaba a salir del ‘shock’ tras los ataques perpetrados por Hamás en su territorio, el ejército hebreo se fijó una prioridad clara: liquidar a todos los líderes de la milicia palestina. Uno por uno. Ayer cayó Salah al Arouri, su número dos, en un bombardeo en Líbano que causó al menos seis fallecidos más –entre ellos sus guardaespaldas y otros dos altos mandos del brazo armado de Hamás, Samir Findi y Azzam al Aqra–, y varios heridos. El ataque con un dron tuvo lugar en los suburbios del sur de Beirut, en una zona conocida como Mushrifiyá, y se dirigió contra un edificio que albergaba oficinas del grupo terrorista. Dos plantas del bloque, según testigos, volaron por los aires tras el impacto del aparato. Un alto cargo de Hamás calificó lo ocurrido de «cobarde asesinato» y advirtió de que continuará la «resistencia». Israel golpea a la cúpula de Hamás con este asesinato mientras extiende la guerra a Beirut y Oriente Medio contiene la respiración ante el riesgo real de que el conflicto se propague con fuerza por la región. Tel Aviv activó de manera inmediata el nivel de alerta máxima ante la más que posible respuesta de Hezbolá. Al Arouri era uno de los tres grandes líderes del grupo islamista en estos momentos junto a Mohamed Deif, responsable del ala militar, y Yahya Sinwar, cabecilla político en la Franja. Los israelíes le consideraban uno de los cerebros de los ataques del 7 de octubre en los que el brazo armado de Hamás logró superar la verja de seguridad, matar a 1.200 personas en las comunidades próximas a Gaza y secuestrar a más de 200.