20240117

Euskadi no es ajena a las dificultades económicas que Europa atraviesa con una desaceleración que raya la recesión técnica. Así, tampoco escapa al frenazo de la inversión extranjera. Y es que, según los datos que obran en la Secretaria de Estado de Comercio, esta se redujo en un 34% en los nueve primeros meses de 2023. El capital foráneo que llegó al País Vasco en ese plazo fue de 1.495 millones, 770 menos que en el mismo periodo de 2022. Euskadi sufre además porque el objetivo del dinero que recibe en los últimos años se centra más en comprar empresas que en desarrollar nuevas firmas. Así, en los nueve primeros meses del pasado año, de los 1.495 millones que llegaron solamente 100 fueron para el desarrollo de proyectos o ampliaciones de capital. El último movimiento de Siemens para absorber Gamesa copó casi la totalidad de la inversión. Hay que recordar que la decisión formal última fue adoptada por el consejo en enero del año pasado. Esta tendencia se viene agudizando desde el año 2020. Así, de cada 10 euros que han llegado a Euskadi del exterior, casi 8 han sido para comprar empresas. En cifras, del total de 9.280 millones ‘aterrizados’ en la comunidad autónoma, 7.187 se centrado en algunas de las operaciones más voluminosas. Es el caso de la compra de Solarpack, la compañía impulsada desde Euskadi para la promoción de parques fotovoltaicos que fue adquirida por el fondo sueco EQT por 800 millones. O también en el sector de las renovables, la operación de 613 millones por la división de parques de Gamesa. Una línea de negocio que fue adquirida por la británica SSE Renewables. Otra de estas compras fue la gestionada en uno de los procesos corporativos que más tinta han hecho correr en los últimos años. Fue la adquisición de ITP Aero por parte del fondo norteamericano Bain Capital por 1.700 millones. El proceso dejó desde Estados Unidos algo más de 1.000 millones. Es una problemática que ha provocado la pérdida de arraigo de las empresas en Euskadi, así como el alejamiento de sus centros de decisión.

Desde el comienzo de su gestión los fondos europeos han estado acompañados de una fina tensión que se ha ido tejiendo con sordina entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco. Un debate que también se ha aderezado con las críticas de la patronal, Confebask, sobre la falta de llegada a las empresas, especialmente las pymes, de parte de esos 163.000 millones que conforman la asignación de estos recursos comunitarios para España. Este martes, en el Forum Nueva Economía celebrado en Bilbao, el delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso, ha reivindicado que «los fondos europeos sí están llegando a Euskadi. Es un sí rotundo y lo corroboran los datos». Una afirmación que ha realizado para, en referencia velada al Gobierno vasco, señalar que «no se puede desincentivar a las empresas insistiendo en discursos que dicen que los fondos no llegan». «Los actores tienen los datos, y debemos referirnos a ellos para reflexionar sobre esta cuestión y no apoyarnos impresiones». De ahí, que haya insistido en la necesidad de «sumar y colaborar» para aprovechar esta oportunidad«. Itxaso, ha recordado que la asignación de recursos a Euskadi asciende actualmente a 2.339 millones, un 47% más que los 1.591 millones con los que se arrancaba el año pasado. De esta cantidad, ha explicado el representante del Gobierno central, 1.152 millones han sido transferidos al Ejecutivo vasco para su gestión en diferentes programas de ayudas. Y otros 1.187 millones han sido adjudicados directamente por el Gabinete de Pedro Sánchez, principalmente a los grandes proyectos (PERTE) relacionados con el coche eléctrico, como la fábrica de Mercedes, las baterías, como Basquevolt, o el hidrógeno, como el proyecto de combustible sintético de Petronor. Las asignaciones, según se desprende del Informe de Ejecución del Plan de Recuperación correspondiente a diciembre, han llegado a 1.500 entidades locales y organismos públicos en Euskadi y 17.750 empresas y centros de investigación. Además de los PERTE, destacan los recursos destinados para 1.500 plazas 0-3 años, 8.000 para FP o los 75 millones para mejorar la inserción laboral de parados en larga duración en Lanbide y los 32 millones para Osakidetza. El kit digital ha llegado a 3.579 compañías.

«En estos momentos no parece que haya situaciones de emergencia, pero lo cierto es que la industria vasca se ha puesto en alerta», aseguró ayer la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, en torno a la situación conflictiva generada en el mar Rojo y su influencia en el transporte de mercancías entre Asia y Europa. La consejera hizo estas manifestaciones en el transcurso de una comparecencia tras la celebración del consejo de gobierno presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Como ya es conocido, la conflictividad desatada en el mar Rojo, con continuos ataques terroristas a buques mercantes, han provocado un cambio radical en las rutas del tráfico marítimo para eludir esa ruta, la más corta entre Asia y Europa, que permite utilizar el paso del Canal de Suez. Así, las navieras se han visto obligadas a abrir nuevas rutas, mucho más largas, que bordean el cabo de Buena Esperanza para dirigirse al norte y también al sur de Europa. Una modificación de rutas que ha provocado ya un aumento muy importante del coste de los fletes pero que ha generado también importantes retrasos en la llegada y salida de mercancías con origen o destino en algún país asiático. La consejera apuntó que el Gobierno vasco ha realizado un sondeo de urgencia entre las asociaciones sectoriales de empresas para valorar el impacto real de esta crisis de transporte en la industria vasca. Algunas empresas ya han anticipado rupturas de su cadena de suministro, como es el caso de Michelin en Vitoria por falta de caucho, la materia prima que utiliza para la producción de neumáticos. La situación de momento no es grave, anticipó la consejera tras ese primer sondeo con las empresas. Pese a ello dio a entender que el conjunto de la industria vasca teme ya que el impacto se puede produ- cir en las próximas semanas, cuando exista ya una acumulación de retrasos en el transporte de larga distancia y algunos de los nuevos puntos de distribución acusen el impacto de una saturación en el movimiento de mercancías para la que no están preparados.

Aunque la inestabilidad generada en el mar Rojo afecta prácticamente a todo tipo de mercancías, uno de los sectores más sensibles a las disrupciones en las cadenas de suministros es el de la automoción, por su dependencia de determinados componentes procedentes de Asia. Así ocurre, por ejemplo, con las baterías para coches eléctricos, que figuran entre los principales damnificados de esta crisis por la dificultad que empieza a entrañar la llegada de éste y otros componentes a Europa, según señalan fuentes del sector automovilístico español. Porque no se trata solo de baterías; también se han detectado problemas en el suministro de chips o de caucho para la fabricación de neumáticos. Un escenario sombrío para el sector, donde varias marcas se han visto obligadas a anunciar paros en sus factorías. De momento, son interrupciones parciales y/o temporales, pero las mismas fuentes advierten de que su impacto dependerá de la duración de la crisis. Si es cuestión de días, la producción perdida ahora podría recuperarse en las semanas posteriores. Sin embargo, si se prolonga varias semanas, no se descarta que la industria tenga que recurrir a ERTE, con una producción que difícilmente podría recuperarse después. Ante este inquietante panorama, varias compañías han decidido, o se plantean hacerlo, importar determinados componentes por avión para mitigar la falta de suministros, como es el caso de Stellantis, que engloba marcas como Fiat, Citröen, Opel o Peugeot. “Para contrarrestar el alargamiento de los plazos de entrega de algunos buques desviados, Stellantis ha adoptado el uso de un número limitado de envíos en aviones de carga”, señaló recientemente el fabricante en un comunicado. Sin embargo, es un parche más que una solución en espera de que la tormenta escampe. De un lado, porque la vía aérea solo es viable para importar los insumos más pequeños, ya que los más grandes, como las baterías, normalmente procedentes de China, Corea del Sur y Japón, solo pueden llegar por ruta marítima o por ferrocarril. Y de otro, porque esta alternativa, esencialmente paliativa, representa un significativo incremento de costes para el producto final.

Valencia, Algeciras y los puertos del Atlántico que, con los precedentes observados hace tres años cuando el Canal estuvo cerrado una semana, apuntan a una considerable alza de las importaciones. “La situación de inestabilidad en el mar Rojo está provocando desvíos de buques por rutas marítimas alternativas, especialmente por el sur de África, lo que conlleva aumentos en los tiempos de navegación, y por lo tanto retrasos y también aumentos de costes. Aunque no disponemos en estos momentos de cifras exactas, sí se espera un aumento del tráfico de contenedores en algunos puertos españoles, especialmente en Valencia”, señalan desde puertos del Estado, que también añaden que “los puertos españoles disponen de capacidad suficiente para hacer frente a picos puntuales de actividad extra y evitar problemas de desabastecimiento”. De hecho, el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce, señaló ayer que “el puerto de Algeciras está preparado” para que las cadenas de suministro se resientan lo menos posible, si bien reclamó “una política de Estado que ponga en valor su renta de situación estratégica y se traduzca en inversiones en conectividad terrestre (accesos ferroviarios y viarios)”. Las navieras están evitando la ruta por el canal de Suez (la mayor del mundo, por la que en condiciones normales discurre el 15% del comercio mundial, si bien en enero el tráfico de mercancías ha caído un 30%) que permitía llevar las mercancías hasta los puertos griegos y, de ahí, al resto de Europa, y están circunnavegando África por el Sur, con lo que la ruta les lleva ahora hacia puertos españoles, franceses, belgas, holandeses o alemanes, entre otros. Aunque puertos del Estado señala específicamente a Valencia, es muy probable que Algeciras también esté entre los puertos más beneficiados por el aumento de la carga de trabajo, dado que se trata de la principal infraestructura portuaria por volumen de mercancías. 

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, resucitó ayer el enfrentamiento de los empresarios con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Garamendi aprovechó una intervención pública para responder a las últimas propuestas de la vicepresidenta a la patronal y los sindicatos respecto al diálogo social. Garamendi contestó a la última propuesta de Díaz sobre la reducción de la jornada, sin recortar el salario, que eso supone “elevar el salario mínimo interprofesional de forma implícita; sobre todo, en las pequeñas empresas”. Garamendi acusó a la vicepresidenta de decir “falsedades” sobre las intenciones de la CEOE en la negociación del salario mínimo interprofesional y de “engañar” a las empresas. Díaz dijo el lunes que la patronal le había pedido una última reunión sobre el SMI para poder convencer a su Junta Directiva. Garamendi respondió que “eso es falso, y lo tengo que decir así. Yo no tenía que pedir permiso a mi Junta Directiva, porque ya habíamos tomado una decisión”, que era no firmar un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional. En pocos días, la responsable de Trabajo ha subido un 5% el Salario Mínimo Interprofesional, hasta 1.134 euros al mes y ha propuesto a los agentes sociales abrir una negociación sobre la reforma del subsidio del desempleo y la reducción de la jornada laboral sin rebaja del salario. En este último punto, se trata de rebajar por ley el tiempo de trabajo semanal, para 2025, desde las 40 a las 37,5 horas a la semana. Eso sí, sin reducir el salario.

La última reforma fiscal ha tenido un impacto positivo anual en la recaudación de Bizkaia de 196,4 millones de euros. Son datos presentados ayer por la diputada foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, en las Juntas Generales, centrados en 2021 y 2022 y que son fruto del análisis elaborado por la Diputación de cara a la revisión del modelo fiscal vasco que acometerá este año el gobierno foral. Berrojalbiz no concretó las claves de los cambios, que, como aclaró a finales del año pasado, no será una reforma al uso. Básicamente se aprobarán retoques en los principales tributos, IRPF y Sociedades, para adaptarlos a los retos de las transiciones económicas y avanzar en la progresividad de los impuestos. PNV y PSE cuentan con mayoría en las Juntas de Bizkaia para aprobar las modificaciones, pero no ocurre lo mismo en Araba y Gipuzkoa, donde están obligados a contar con el apoyo de otro partido para mantener el equilibrio entre la autonomía fiscal de cada territorio y la armonización de las reglas de los ingresos que recibe el Gobierno vasco de las tres diputaciones forales. Tal vez por ello Berrojalbiz no concretó las claves de las modificaciones, que pasarán antes de su presentación en Juntas por el tamiz del Órgano de Coordinación Tributario en el que comparten mesa el Ejecutivo y las tres diputaciones. Lo que sí dejó claro es que las líneas rojas que guiarán los cambios serán la solidaridad, la garantía de mantenimiento de los servicios públicos y el estímulo de la economía. Todo ello alineado con los retos sociales, energéticos y de transformación del tejido productivo que va afrontar Euskadi los próximos años. 

Esta rebaja fiscal ha disparado a doble dígito el volumen de devoluciones registradas en aquellos territorios y comunidades (Galicia, Navarra, Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía Canarias, Castilla y León y Madrid) que sí han aplicado la deflactación, con Gipuzkoa en el octavo puesto que más millones ha devuelto a sus contribuyentes sobre un total de 38 provincias. En concreto, la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2022, celebrada en primavera de 2023, se saldó en Gipuzkoa con 401.749 declaraciones, la cifra más alta en diez años. De ellas, 285.853 declaraciones se saldaron con resultado a devolver por parte del fisco foral, y su importe se elevó a un récord de 334,2 millones de euros. Se trata de un incremento del 18,2% respecto a la campaña anterior y el octavo más pronunciado de todos los territorios o provincias que han aplicado el mencionado ajuste en las tablas del IRPF. Fueron Tenerife (+54,43%), Las Palmas (+30,24%) y Madrid (26,46%) las que lideran esta clasificación.

Entrevista con Ángela Fernández, directora gerente de Grupo Agaleus. Agaleus está reforzando su imagen de marca como un grupo de servicios medioambientales con múltiples sinergias y mercado en el País Vasco, donde asegura Ángela Fernández, "faltan plantas de valorización de los flujos que está generando la industria", por lo que "todos nuestros planes contemplan la inversión en este tipo de infraestructuras". "Agaleus es un grupo que ofrece servi­cios medioambientales para la indus­tria a través de cinco divisiones con ins­talaciones en Zorroza, Zamudio y Bil­bao. Actualmente estamos reforzando la imagen del grupo presentándolo co­mo un todo, pero apoyado en todas y cada una de sus marcas:· Logística, Ser­vicios, Limpiezas, Valorización y Trata­miento; en el marco de una única uni­dad de negocio con múltiples sinergias...Estamos en proyectos de I + D para tra­tar, por ejemplo, residuos plásticos en los que no estamos. Desarrollaremos tecnología para abordar la recuperación química del plástico. Y acabamos de ini­ciar una nueva línea de negocio en Agaleus Servicios, que tiene que ver con la gestión y retirada de amianto a clientes de la administración pública, industria y construcción. Desde diciem­bre, tenemos peticiones de oferta del sector industrial...En Euskadi faltan plan­tas de recuperación y valorización de los flu­jos que está generando la industria y que, has­ta el momento, acaban en vertedero. Por tanto, no solo es que las chi­meneas emitan menos sino que,. además, no extraigamos tantas ma­terias primas y recursos naturales. Los retos son enormes...Noso­tros y otras muchas industrias encon­tramos dificultades para obtener los permisos a la hora de implantar un proyecto en un municipio. En ese caso, el bien co­mún se diluye..."

Neinor cierra 2023 con un beneficio neto de 90 millones de euros, lo que supone un 7% menos frente a los 96,6 millones del año anterior, y un beneficio bruto de explotación (ebitda) de 140 millones de euros, una caída cercana al 5%. Ambas cifras están en línea con los objetivos marcados en el plan estratégico que Neinor presentó al mercado en febrero de 2023. La promotora cumple también con la estimación de entregas que adelantó en su hoja de ruta, con unas 2.500 viviendas entregadas en 2023, de las cuales más de 1.800 se han producido en el segundo semestre. En 2022, el grupo entregó 2.743 unidades. La promotora, que anunció estos datos preliminares ayer, presentará sus resultados finales el 21 de febrero. Neinor señaló además que el próximo mes de febrero repartirá el segundo tramo de su dividendo con cargo a 2023 con el pago de 40 millones de euros (53 céntimos de euros brutos por acción), que representa una rentabilidad del 5%. Como en otras ocasiones, este pago se estructurará como reducción de capital con devolución de aportaciones para “optimizar el tratamiento fiscal y maximizar el retorno a los accionistas”, indican desde la empresa. Con este segundo pago, Neinor habrá completado en febrero la distribución de aproximadamente 125 millones en dividendos, un 21% del total previsto para el periodo 2023-2027.

En un año marcado por un leve retroceso de la inflación, las instituciones alavesas continuaron teniendo problemas para encontrar empresas interesadas en cubrir determinados servicios. Pese a que 2023 cerró mejor de cómo empezó en contratación desierta, han sido más de cuatro millones de euros los que se han quedado en el limbo después de que nadie haya concurrido a las licitaciones públicas. Si en el ejercicio anterior el lastre lo provocaba el desinterés (por su supuesta baja rentabilidad) en ciertos servicios –las subcontratas de limpieza o la gestión de las cafeterías municipales de Vitoria, por ejemplo–, ahora el problema se ha focalizado de nuevo en las obras públicas. A ellas corresponde el grueso de los contratos que se quedaron desiertos. Porque si bien es cierto que se contuvo la subida de las materias primas –con bajadas de precios en primavera y verano, según el índice de costes de construcción del Eustat–, el tramo final del año experimentó un repunte acelerado de los precios. Llegaron a ser un 4,6% más altos que en 2022. Con este inconveniente han tenido que lidiar las administraciones públicas. Con él y con las elecciones municipales y forales que se celebraron el pasado 28 de mayo, que frenaron los procesos de contratación. Un total de dieciséis expedientes de obra pública se quedaron en el aire en todo el territorio. El problema se ha dejado sentir especialmente en los ayuntamientos medianos, que concentran el grueso de la contratación fallida. 

Después del 'pinchazo' de las ayudas que el Gobierno vasco destinó a la destilación de vino, criticadas desde la UAGA por su complejidad burocrática, Lakua se enfrenta a otro fracaso en sus planes para apoyar a los viticultores alaveses. Las ayudas extraordinarias por bajadas de rendimiento y para la cosecha en verde -el arranque de uva antes de que madure- apenas han consumido el 50% del presupuesto destinado a apoyar a los productores de Rioja Alavesa. La resolución de los dos programas de subvenciones, publicada ayer en el Boletín Oficial del País Vasco, deja un listado de 806 beneficiarios pero un reparto exiguo de 3,5 millones de euros para los 7,3 que había reservado el Departamento de Desarrollo Económico a este fin. En el conjunto de los incentivos extraordinarios, al igual que en la destilación, es Marqués del Riscal la bodega que más dinero recibe de Lakua. Con 64.457 euros lidera un listado en el que siguen una sociedad dependiente de Faustino, Eguren Ugarte, Bodega Albizu y Señorío de Urarte. Entre los beneficiarios vuelven a aparecer figuras vinculadas al proyecto de Viñedos de Álava e incluso ayuntamientos como el de Baños de Ebro, que recibe del Gobierno vasco casi 14.000 euros. Ayer mismo el diputado general, Ramiro González, aseguró que tomaba nota del fracaso de las ayudas de destilación y prometió «mejorar los procesos» ante las quejas de la UAGA por las trabas burocráticas.

Los jóvenes vascos necesitarían siete años de salario íntegro para poder pagar la entrada de un piso, según el Observatorio de Emancipación. Emanciparse comprando una vivienda o marchándose de alquiler se está convirtiendo cada vez más en un jeroglífico difícil de descifrar para los jóvenes vascos. En un año, según el informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE), los jóvenes vascos de entre 16 y 29 años que han abandonado la casa de sus padres han pasado del 15,4% al 14,8%, y se coloca punto y medio por debajo de la media estatal (la tasa se eleva hasta el 70% entre los jóvenes de entre 30 y 34 años). La radiografía que traslada el informe no hace presagiar, al menos a corto plazo, que esa tendencia vaya a sufrir un vuelco reseñable. La combinación entre bajos ingresos, temporalidad y altos precios tanto de venta como de alquiler suponen una barrera difícil de superar para los jóvenes vascos, que ven complicado emanciparse incluso contando con compañía para hacerlo y sufragar los gastos. El informe concluye que «ni siquiera dedicando el 100% del salario mediano, un joven podría permitirse vivir en solitario» en Euskadi. Una circunstancia que solo sucede en el País Vasco y por lo que resultan cada vez más indispensables las ayudas públicas para la emancipación. De hecho, el observatorio refleja que un joven de entre 16 y 29 años necesita más del 115% de su sueldo para poder irse a vivir solo. Y los jóvenes vascos de entre 30 y 34 años tampoco tendrían un panorama mucho más claro, ya que necesitan de algo más del 90% de su salario para independizarse en solitario. En el conjunto de España, la media del salario requerido en este epígrafe por los menores de 30 años sería del 75% más o menos, y en el caso de los jóvenes de entre 30 y 34 años, del 50%. En el extremo opuesto se sitúa Extremadura, donde para independizarse en solitario los jóvenes necesitan invertir menos del 35% de sus sueldos.

Los sindicatos de los centros de iniciativa social mantienen la convocatoria de huelga tras acabar ayer sin acuerdo la reunión ‘in extremis’ con la patronal. El encuentro duró algo más de dos horas. Los paros arrancan hoy y tendrán lugar mañana y los días 23, 24 y 25 de enero y los días 6, 7, 8, 19 y 20 de febrero, lo que eleva ya a 18 las jornadas de huelga en lo que va de curso (19 si se suma una el pasado, el 26 de abril). El conflicto va camino de enquistarse. Desde que caducó el convenio en 2021, han tenido lugar 17 reuniones, aunque en los últimos once meses sólo se han celebrado cuatro (tres de ellas, en la última semana). No hay previstas más citas a corto plazo, pese a que ambas partes aseguran estar dispuestas a reunirse. La huelga afecta a unos 200 colegios en los que estudian 130.000 alumnos y en los que trabajan 9.000 profesionales. La propuesta de Kristau Eskola tiene como punto principal la equiparación salarial con los empleados de la escuela pública para 2027, «una histórica reivindicación del profesorado de la concertada». El incremento sería de en torno al 20% en el sueldo de los docentes de Primaria y de un 17% en el de los de Secundaria. Los aumentos también se aplicarían a otros colectivos profesionales, como los profesores de Infantil, especialistas de apoyo educativo, personal de administración y servicios...Estos incrementos salariales estarían vinculados a un aumento de la financiación por parte del Departamento de Educación. La propuesta «obedece al principio de gratuidad de la enseñanza». Los sindicatos, por contra, exigen como punto de partida un aumento salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo de los últimos tres ejercicios por el incremento del IPC. Consideran, además, que las conversaciones deben ceñirse a las mesas de negociación colectiva y no vincular los salarios a un eventual aumento de financiación pública.

Tras varios años de fuerte crecimiento, espoleado por la crisis de precios de la electricidad y las ayudas públicas, el auge del autoconsumo parece haber tocado techo en España. En 2023, hogares y empresas sumaron 1.706 megavatios (MW) de nueva potencia instalada en tejados y cubiertas, según las cifras oficiales de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Es un 32% menos que un año antes, cuando se añadieron 2.507 MW, pero también un 42% más que en 2021. España cerró el ejercicio pasado con casi 7.000 MW de potencia instalada en tejados y cubiertas, casi el quíntuple que cuatro años atrás y una cantidad suficiente para abastecer a centenares de miles de hogares en las horas centrales del día. Los técnicos de UNEF calculan que solo en 2023 se sumaron al autoconsumo más de 84.500 familias, a razón de 4,4 kilovatios por instalación (KW). Por segmentos, el tono es mucho mejor en la industria que en el sector comercial y, sobre todo, que en el residencial. La patronal fotovoltaica achaca el menor ritmo de instalación a tres factores: el agotamiento de las subvenciones con cargo a los fondos europeos —aunque la adenda del plan de recuperación ha añadido 500 millones más que muchas comunidades aún han repartido entre los solicitantes—, la crecida inflacionaria —con la consiguiente merma en la capacidad de ahorro de las familias— y la menor percepción de precios altos de la energía. Este último ingrediente es fundamental: tras superar los 110 euros por megavatio hora (MWh) en 2021 y —atención— los 167 euros en 2022, el año pasado la electricidad promedió 87 euros en el mercado mayorista, del que antes o después beben todas las tarifas domésticas y empresariales. Para los próximos años, los futuros apuntan a unos precios aún menores, sobre todo en las horas solares.

Entrevista en Davos con Ignacio Sánchez Galán. Se muestra pletórico. Iberdrola ha superado mucho antes de lo previsto sus objetivos de crecimiento y dividendos del plan estratégico 2023-2025, y el 21 de marzo se ha propuesto actualizarlo y lanzar una nueva hoja de ruta. Habrá “un eje estratégico claro: la electrificación con renovables, redes y almacenamiento”. Y por otro lado, “un eje social: la creación de valor para la sociedad en forma de menos emisiones, mejores precios y mejor servicio, más seguridad energética y más actividad y empleo”. Para lograr todo eso, “será esencial continuar invirtiendo con fuerza, cuidando siempre nuestro balance”, explica Galán, que insiste en sus dos palabras fetiche: “electrificación” y “renovables”.  “Electrificación con renovables es igual a eficiencia energética y económica para todos los consumidores”, comenta. “De acuerdo con los estudios que manejamos, si en Europa duplicamos en 2050 la penetración de la electricidad en los usos energéticos finales, pasando de apenas el 20% al 40%, automáticamente ganaremos un 30% de eficiencia energética, es decir, consumiremos un 30% menos de energía sin reducir la actividad”. ¿Por qué? “Porque los procesos de combustión, en los que se basan las energías fósiles, suponen pérdida de energía”. “Para rebajar el consumo total, por tanto, hay dos acciones que pueden dar frutos de inmediato: Uno, la sustitución de tecnologías de generación de electricidad fósiles por renovables. Y otro, la extensión de la electrificación a muchos más usos. Por ejemplo, al transporte, o la climatización de hogares, donde las bombas de calor aportan una eficiencia de más de 4 veces frente a una caldera de gas”. Pero para Galán, además de electrificación y renovables ahora hay otro componente en la ecuación. “Lo que necesitamos es un sistema energético capaz de suministrar energía fiable y competitiva las 24 horas los 365 días del año”.

“La solución de toda crisis consiste en centrarse en sus causas verdaderas, en este caso la dependencia de los combustibles fósiles”, dice Ignacio Galán cuando se le pide un diagnóstico sobre lo que en Davos se ha bautizado como la “permacrisis” (estado permanente de crisis en la economía, por distintas causas aparentemente inconexas). “Sólo evitando la dependencia de los combustibles fósiles podremos reducir la volatilidad, mejorar la seguridad energética y la balanza de pagos, e incrementar la competitividad”. En otras palabras, “beneficiar a los consumidores”. Y, para ello, “tenemos que electrificar con más renovables, con más redes eléctricas, con más almacenamiento y más servicios y productos verdes”, explica el presidente de Iberdrola.

Entrevista en Davos con Jose María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica. Es uno de los veteranos de Davos, pero esta edición es especial, porque participa tras un considerable cambio en su accionariado con la entrada del grupo saudí STC y el anuncio del Gobierno de que hará lo propio. El presidente de Telefónica se muestra satisfecho con las declaraciones tranquilizadoras en la víspera el ministro saudí de Economía y asegura que donde tiene el foco es en el plan estratégico «va a cambiar radicalmente la percepción del valor» de su empresa. "El mensaje de que se vea a STC como un inversor de largo plazo fiable coincide con los mensajes que a nosotros nos llegan desde el momento en que comunicaron su operación. El del ministro saudí es un mensaje coherente con lo que habíamos escuchado hasta ahora...-¿Cuál es el mensaje que lanza en Davos?- El de la necesidad de desregulación de nuestro sector. Voy a insistir mucho en ello.- ¿Y no va en contra de eso que vuelva el Estado a Telefónica?- Son dos cosas distintas. Una cosa es la regulación y otra el carácter estratégico de Telefónica. La desregulación es necesaria esté o no esté el Estado presente en el capital de la compañía. Ya lo pedíamos antes de que el Gobierno manifestara su intención. Y a la vez somos estratégicos. No pedimos por eso una regulación favorable. No pedimos protección. Lo que pedimos es que se nos deje competir porque los motivos por los que se nos reguló han dejado de existir...A nosotros se nos reguló en la privatización porque éramos un monopolio incumbente de cobre. En primer lugar, ya no somos monopolio. Hay más operadoras de telecomunicaciones en España que en China. Y ya no somos grupo incumbente con las últimas operaciones de competidores. Ni siquiera somos el líder en banda ancha en nuestro país. Y el 19 de abril de este año cerraremos la red de cobre en nuestro centenario. Seremos una compañía de fibra y por lo tanto, en ese nuevo mundo, las razones que dieron motivo a la regulación han desaparecido. Si solo tuviera que pedir una cosa es que me desregulen, que me dejen competir y para eso es igual que el Gobierno esté o no en el accionariado. Y no sólo a Telefónica, sino al sector..."

La Comisión Europea no obligará a MásMóvil y Orange a vender una base de clientes de telefonía móvil y de banda ancha fija a Vodafone España, tal y como solicitó Zegona, el grupo financiero británico que ha pactado adquirir la filial española de Vodafone, según han señalado fuentes conocedoras del proceso. La compañía británica se había dirigido a la Comisión Europea a finales del pasado año, aprovechando el proceso conocido como market test, en el que el Ejecutivo comunitario se pone en contacto con los otros grupos interesados o afectados por la fusión, para solicitarles su opinión sobre los remedies que habían pactado Orange y MásMóvil con la teleco de origen rumano Digi, el receptor de los remedios. En el transcurso de ese procedimiento que todavía continua con audiencias en Bruselas a los grupos interesados para que ofrezcan su opinión, Zegona había pedido a la Comisión Europea que se produjera una transferencia de una base de clientes desde Orange y MásMóvil a Vodafone. Zegona exigía que se traspasase a Vodafone una base de clientes de Orange y MásMóvil, tanto de servicios de banda ancha fija como de telefonía móvil, y que incluyeran desde clientes minoristas a clientes mayoristas, es decir, de terceros operadores que utilizasen las redes de Orange y MásMóvil y pasasen a usar las redes de Vodafone.

El consejero delegado de Barceló Hotels Group para Europa, África y Oriente Medio, Raúl González, se mostró ayer cauto con sus previsiones para la industria turística durante 2024. Tras dos años de incrementos récord, Raúl González consideró, en una rueda de prensa en Madrid, que “el crecimiento a doble dígito del sector no es sostenible a corto plazo”. De hecho, el ingreso por habitación disponible (Revpar) ahora evoluciona de manera negativa, afirma. Sin embargo, la segunda cadena hotelera española por número de habitaciones pretende llevar sus resultados récord del año que acaba de finalizar (para el que estima un ebitda o resultado de explotación superior a los 400 millones de euros) por encima de los 500 millones en 2024 tras experimentar una mejora generalizada en todas las geografías, y crecer por encima del 23% de la industria, según González. La compañía de la familia Barceló, que abrió 25 hoteles el año que acaba de concluir y cuenta con un total de 290 en 30 países, piensa invertir 400 millones durante el presente ejercicio, la mitad en reformas y transformaciones y la otra mitad en comprar nuevos activos. De momento, ya tiene identificados proyectos por valor de 260 millones, señaló el ejecutivo. Su principal objetivo es Oriente Próximo, “donde el crecimiento es brutal”, tras el acuerdo sellado con el fondo soberano de Omán (Onram) y tras la firma de un hotel con un socio local en Arabia Saudí, “un país en el que hay que estar, porque quiere convertirse en el top 5 mundial”. La cadena pretende mantener este año el ritmo de aperturas de 2023, esto es, inaugurar un hotel cada dos semanas. Estrenará tres establecimientos en Marruecos, otro en la Capadocia turca, en Cabo Verde, Maldivas, Tailandia, Sri Lanka, además de en España, donde el pasado ejercicio inauguró 12. “Estamos creciendo en nuevas geografías sin perder dinero, lo cual no es normal”, señaló González.

Casi la mitad de las empresas ya recurren a la inteligencia artificial (IA), según un estudio difundido ayer por Randstad Research y presentado en la sede de la patronal CEOE en Madrid. Así, el 46% de las compañías españolas consultadas dicen que usan la inteligencia artificial en su día a día para llevar a cabo alguna de sus funciones. Entre las tareas para las que más frecuentemente se recurre a la IA destacan el análisis y predicción de datos (46%), la optimización de tareas administrativas (38%) y la automatización de procesos productivos (36%). Respecto al efecto en el empleo, solo el 2% de las empresas que usan esta tecnología afirman que han recortado plantilla, frente a un 8% que han contratado más personal al implementarla. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha destacado la importancia en presente de la IA y su carácter “transversal”. Es decir, su posible desembarco en sectores de todo tipo. “La irrupción aún es pequeña, pero las empresas están recurriendo a ella para eliminar tareas tediosas”, ha añadido Ana Requena, directora ejecutiva de Randstad. El director del equipo de estudios de esta empresa de recursos humanos y de trabajo temporal, Valentín Bote, ha desgranado los datos del informe, entre los que ha destacado ese 46% de compañías que ya recurren a la inteligencia artificial. Además de las funciones ya mencionadas (un 46% la utilizan para análisis de datos, un 38% para administración y un 36% para automatizar procesos), las empresas que recurren a esta tecnología también se sirven de ella para la atención al cliente (33%), como asistente virtual (30%), para optimizar el marketing (28%) y para controlar el fraude (16%). Cabe destacar otro 15% que usa la IA en procesos de recursos humanos como la selección de personal, la misma proporción que recurre a ella para el control de calidad. También hay un 13% que la emplea en robótica, otro 13% en mantenimiento, un 7% en gestión de riesgos y un 5% en diseño de productos.

Según sus vigentes proyecciones, el BCE prevé que la inflación se situará de media en el 2,7% en 2024, caerá al 2,1% en 2025 y se situará en el 1,9% en 2026. La realidad, sin embargo, apuntaría a unos números más bajos para los dos primeros años, con el crecimiento de los precios alcanzando el objetivo del 2% del banco central ya en 2025. Más allá de recabar más información sobre la tendencia en los salarios, con la evolución del dato de remuneración por empleado del primer trimestre del año como pilar para la toma de decisiones, gran parte de la revisión de las proyecciones podría estar ya recogida. La clave está en la fecha de corte para los cálculos que realiza la plantilla del BCE, que para las estimaciones de diciembre llegó antes de las últimas sorpresas positivas en la inflación, lo que, según los expertos, prácticamente asegura el nuevo ajuste a la baja en marzo por el efecto arrastre. Salvo que surgieran nuevas presiones derivadas de shocks inesperados o la transmisión de la política monetaria se volviera sustancialmente más débil, los banqueros centrales dan por sentado que llegará esa revisión a la baja de las proyecciones. Sólo una relajación excesiva de las condiciones de financiación en los mercados, como anticipo de los recortes del precio del dinero que pudieran llegar, podría generar dudas sobre la rebaja en las expectativas de inflación. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso de elaboración de las previsiones apuntan a que es muy poco probable. 

La economía china avanzó el año pasado un 5,2%. El primer ministro del país, Li Qiang, aprovechó la visita que hizo ayer al Foro de Davos para anunciar el dato. El gobierno de Xi Jinping se había fijado para 2023 un objetivo de crecimiento “en el entorno del 5%”, sin especificar una cifra concreta. Por lo tanto, el crecimiento se encontraría en línea con las expectativas de Pekín aunque, eso sí, en la parte alta de la horquilla. Las cifras oficiales del PIB se conocerán hoy. Los expertos y analistas han vaticinado que en el último trimestre del año la economía china habría avanzado un 1% en términos intertrimestrales y un 5,3% en términos interanuales. En su intervención en Davos, Li Qiang analizó la situación actual de la economía de su país y las expectativas que maneja el gobierno de cara al corto y medio plazo. El primer ministro aseguró que la economía china, “después de décadas de desarrollo, ha asentado cimientos sólidos y sanos” y que, “como una persona sana, tiene un sistema inmune fuerte y sólido”. “La economía china puede conocer altibajos en sus resultados”, reconoció Li, quien, no obstante, aseguró que “seguirá progresando e impulsando la economía mundial”, de la cual es “un motor importante de desarrollo”, con una contribución que “sigue alrededor del 30%”. El numero dos del ejecutivo chino reconoció que el país está inmerso en una “transición hacia un crecimiento lento y ecológico”, aunque destacó que en ese terreno, las capacidades del país están aumentando de manera consistente.

Donald Trump no solo ganó con claridad los caucus de Iowa que dan el pistoletazo de salida a la temporada de primarias. Es ya el candidato inevitable para representar al Partido Republicano en las próximas elecciones de noviembre, en lo que será una repetición de Biden contra Trump. Así de contundente ha sido su victoria del lunes, que ha noqueado al resto de los contendientes. Dos de ellos –Vivek Ramaswami y Asa Hutchinson– se retiraron esa misma noche, mientras que los otros dos –Ron DeSantis y Nikki Haley– han mostrado su propósito de seguir adelante hasta el final. Pero con las encuestas en la mano, los expertos no ven una hoja de ruta viable para que ninguno de los dos pueda desbancar al favorito. En la más favorable de las encuestas, Haley va siete puntos por detrás en New Hampshire, un estado más moderado que es su mejor baza para destacar. Allí los desmanes de Trump, sus intentos de dar la vuelta a los resultados electorales de 2020 y los casos judiciales que enfrenta enfrían a los conservadores moderados e independientes en los que confía Haley para ganar en el estado de «Vive Libre o Muere». De Santis está condenado a ser tercero y no tiene posibilidades ni en los caucus de Nevada ni en las primarias de Carolina del Sur, donde ya está haciendo campaña, tras haberse saltado New Hampshire, que votará el martes próximo. La gran humillación para Haley sería perder el 23 de febrero en su propio estado, donde ha sido gobernadora. Eso es lo que Trump se propone, dejarla K.O. antes del ‘Supermartes, fecha en la que votarán 14 estados, y coronarse vencedor para ese día temprano de marzo en el que todavía faltará por votar la mitad de la Unión.