20250204

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Pocas horas antes de que el Gobierno estadounidense cumpliera su amenaza de imponer unos aranceles del 25% a las importaciones canadienses y mexicanas, sendas llamadas telefónicas ‘in extremis’ de Donald Trump con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la presidenta de México, la progresista Claudia Sheinbaum, permitieron suspender durante al menos un mes la aplicación de este gravamen y el inicio de una guerra comercial. Los acuerdos que han implicado a los tres países llegaron sobre la bocina, fueron anunciados por Trudeau y Sheinbaum y confirmados luego por Trump. A cambio de la moratoria de treinta días, ambos países vecinos de Estados Unidos se comprometen a reforzar la vigilancia de sus respectivas fronteras para endurecer la lucha contra el tráfico de drogas –en especial del fentanilo, que ha arrasado algunos barrios de muchas ciudades norteamericanas–. En el caso de México, el aumento de efectivos en la divisoria de ambos países tiene además como objetivo reducir a la mínima expresión la inmigración ilegal. El primer ministro canadiense fue el último en dar a conocer el pacto. Poco antes de las once de la noche hora española Justin Trudeau confirmó la suspensión durante un mes de los aranceles del 25% que ambos gobiernos habían anunciado. El Ejecutivo canadiense se comprometió, en este sentido, a vigilar la frontera «24/7» y a lanzar una fuerza conjunta con los estadounidenses contra el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero. Solo en la lucha contra esta droga anunció una inversión de 200 millones de dólares, publicó Trudeau en sus redes sociales en varios mensajes en francés.

Los aranceles a las importaciones estadounidenses desde México, Canadá y China decretados el sábado por Donald Trump causaron ayer un terremoto en los mercados financieros, aunque buena parte de la sacudida se revirtió con la suspensión por un mes de los aranceles a México anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Luego llegaría la conversación con Justin Trudeau, con idéntico resultado. El dólar se disparó buena parte de la jornada frente a las principales divisas, acercándose a la paridad frente al euro, si bien aflojó sus subidas tras el acuerdo con México. El dólar canadiense marcó un nuevo mínimo histórico frente a la divisa estadounidense, mientras que el peso mexicano se depreció hasta su nivel más bajo desde 2022 y las Bolsas mundiales cayeron. Desde las asiáticas, pasando por las europeas, hasta las de EE UU. El petróleo, por su parte, se encareció solo temporalmente, mientras la incertidumbre y la mayor aversión al riesgo provocaron caídas de más de un 20% en algunas criptomonedas. Pese al enésimo giro de guion tras la conversación telefónica con Sheinbaum y la suspensión de los aranceles a ese país por un mes, que moderó el impacto en el mercado, inversores y analistas siguen tratando de encajar las piezas del nuevo rompecabezas geoeconómico que plantea el aparente inicio de una guerra comercial por parte del presidente de EE UU con sus vecinos, pero que amenaza con extenderse a más productos y regiones. En la hoja de ruta del magnate está la imposición de aranceles universales. 

La imposición de un 25% de cargas a las ventas de México y Canadá, así como un 10% adicional a China puso ayer en alerta a muchas empresas vascas, aunque finalmente Trump llegó a un acuerdo de última hora con sus dos vecinos norteamericanos, a los que aplazó un mes la imposición de nuevos gravámenes a cambio de un mayor esfurzo fronterizo de ambos en la lucha contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. Son más de 200 firmas las que tienen presencia en aquellos países y en 2023 ascendieron a 923 millones de euros las exportaciones al norte y sur de EE UU –713 millones a México y 210 a Canadá–. El país liderado por Claudia Sheinbaum tiene más relevancia por el volumen de compras y la presencia empresarial vasca. Lo que ocurra con su economía, que vende en Estados Unidos el 82% de sus exportaciones, no es inocuo para las 192 firmas vascas con sede allí. Así lo confirmó ayer el presidente de la Cámara de Comercio de España en México, Antonio Basagoiti, al señalar que «el impacto de la guerra comercial afectará también a las empresas foráneas ubicadas en México». En primer lugar porque el establecimiento de aranceles conllevaría un movimiento defensivo de inmediato con la depreciación del peso. Ese impacto en la divisa afectaría de lleno a los beneficios de las compañías con sede en México. Además, supondría un enfriamiento que podría afectar a la inversión que ahora impulsa redes y generación energética. Un sector en el que compañías como Arteche –ayer su cotización cayó el 5,19%– o Ingeteam tienen gran presencia. Es también el caso de Iberdrola que, aunque vendió al Estado sus centros de generación con gas, mantiene los renovables. Pero el sector más expuesto es el de la automoción. Su partida es la más importante de las exportaciones con el 12,1% del total –86,6 millones–. Cifras muy escasas comparadas con la presencia y actividad allí. Así, Cie Automotive cuenta con una docena de plantas en México en las que elaboran componentes que, en muchos casos, se envían a fabricantes de Estados Unidos. Lo mismo ocurre con Gestamp, el otro actor internacional de Euskadi en el sector. Ambas cotizadas sufrieron ayer sendas caídas en Bolsa del 1,74% y del 2,26%, respectivamente. Si bien es cierto que el país azteca ha generado su propio mercado al alcanzar una fabricación de vehículos que supera los tres millones de unidades.

Las víctimas de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos se extienden por diversos sectores en los que hay numerosas empresas españolas, como Tubos Reunidos, CIE Automotive o Grupo Antolin, así como productores cárnicos y vitivinícolas. Volkswagen, por su parte, negocia cómo esquivar la tormenta sobre sus vehículos. La bomba de racimo en forma de aranceles lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, ya tiene heridos. Uno de ellos ha sido el automóvil, donde grupos como Volkswagen o Stellantis (los dos principales fabricantes europeos) han sufrido en Bolsa por contar con plantas de producción en Canadá y México, dos países amigos de EE UU que sufrirán un arancel extra del 25%. Si bien aún es pronto para hacer valoración de daños, Volkswagen ha asegurado que mantiene “conversaciones constructivas entre los socios comerciales para garantizar la seguridad de la planificación y la estabilidad económica” de sus actividades en Norteamérica y evitar “un conflicto comercial”. El grupo cuenta con fábricas en las localidades mexicanas de San José Chiapa, Puebla, Querétaro, Silao y Escobedo, donde hace modelos como el Tiguan o el Audi Q5, además de componentes de automoción, muchos de ellos exportados a EE UU. Además de al automóvil, esta guerra comercial golpeará de lleno a actividades tan variadas como microchips, industria pesada o alimentación. Este último ya sufrió un arancel del 25% adicional para 113 productos españoles en la primera legislatura de Trump, con el pretexto de las ayudas públicas a Airbus. La mayoría de los mismos fueron suspendidos en 2021 en un acuerdo entre los Gobiernos de ambos países, ya con Joe Biden al frente de la Casa Blanca. Este vence en 2026, pero nadie tiene la certeza de que vaya a llegar hasta ese año.

Los líderes europeos llamaron ayer a «devolver con la misma moneda» las posibles tarifas a los productos europeos, que llegarían al 10%, según las amenazas de Trump. Y es que ayer mismo, Trump reiteró su intención de imponer gravámenes adicionales al bloque si no importa más automóviles y gas de EE UU, y aumenta su gasto en Defensa. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, aseguró que «no hay ganadores en una guerra comercial» y destacó que –en ese posible escenario– «la que se reirá será China». La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abogó por mantener «una relación pragmática» con Washington, pero «si imponen tarifas injustas, la UE responderá en consecuencia», avisó. Un mensaje que secundó el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, quien destacó que EE UU es un «amigo» de Europa, «pero los amigos también pueden pelearse. Debemos afrontar esta situación defendiendo nuestros intereses y sin comprometer nuestros propios valores». La mayoría de líderes europeos secundaron esta idea y el presidente francés, Emmanuel Macron, aseguró que el bloque «debe hacerse respetar» en caso de que Trump cumpla sus amenazas. «Si nos atacan en temas comerciales, Europa, como una potencia firme, tendrá que hacerse respetar y reaccionar», subrayó e instó al bloque a estar «más unido».

Calma tensa. Así describen en estos momentos en algunas grandes energéticas españolas la escalada de presión empresarial que se vive en medio mundo ante la amenaza de subida de aranceles lanzada por Donald Trump, que hace unos días asumió de nuevo la presidencia de EEUU. Si finalmente se concretan esas amenazas hacia la Unión Europea, España saldría muy perjudicada. Sobre todo porque el sector energético español ha creado desde hace tres años una enorme dependencia del gas norteamericano. El grueso de los intercambios comerciales en estos momentos entre España y Estados Unidos es precisamente por la energía. Según datos del Ministerio de Economía, en 2024, los intercambios comerciales España-Estados Unidos ascendieron a 42.700 millones de euros, de los que prácticamente una cuarta parte (10.000 millones) son intercambios energéticos. Del total de intercambios comerciales, 16.600 millones fueron exportaciones de España hacia Estados Unidos, y 26.100 millones fueron al revés, es decir, exportaciones de EEUU hacia España. De las exportaciones de España a Estados Unidos, el primer lugar lo ocupan los “materiales eléctricos”, con 2.200 millones. Le sigue la “maquinaria eléctrica” con 1.300 millones, y a muy poca distancia, los “hidrocarburos”, con 1.200 millones. Lo que está totalmente descompensado es el gas que compra España a Estados Unidos. De los 26.100 millones de exportaciones de EEUU a España en 2024, 8.800 millones fueron hidrocarburos, según la clasificación del ministerio de Economía, que incluye esencialmente gas.

El sector manufacturero español sufrió en enero una “marcada desaceleración” de su ritmo de crecimiento, según el último índice PMI publicado ayer por S&P Global, que refleja que la industria nacional arrancó el año con “aumentos más débiles tanto de la producción como de los nuevos pedidos”. Su indicador cayó 2,4 puntos en apenas un mes, al pasar de 53,3 puntos en diciembre a 50,9 en enero. Aunque el sector español continúa por encima de los 50 puntos que marcan la frontera entre la expansión (por encima de esa cota) y la contracción (por debajo), se trata de “un ritmo de crecimiento marginal”, según el informe, que subraya que es el avance “más lento desde agosto de 2024”. Esa incipiente debilidad se deja notar sobre todo en los mercados de exportación. Si bien la demanda aumentó en el norte de África, las empresas alertaron de un declive de sus ventas en sus principales mercados europeos y latinoamericanos, en medio de la evidente debilidad de la economía europea, de un lado, y de la incertidumbre que han generado las amenazas arancelarias de Trump, por otro. De este modo, la industria española parece haberse contagiado finalmente, aunque con retraso, de la debilidad que muestran sus homólogos europeos desde hace meses, cuyo deterioro se ha moderado. De hecho, el PMI del sector manufacturero de la zona euro se situó en enero en 46,6 puntos, 1,5 puntos más que en diciembre, mientras que la producción industrial mejoró hasta los 47,1 puntos desde los 44,3 del mes anterior, sus cotas más altas en ocho meses. Aun así, ambos indicadores siguen claramente en zona de contracción, aunque su declive se ha atenuado, lo que hace preguntarse si la crisis del sector ha tocado finalmente fondo. “Es demasiado pronto para hablar de brotes verdes en el sector manufacturero, pero percibimos el aumento del índice PMI como un primer paso hacia la estabilización”, afirmó ayer Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank.

El cierre de Guardian Llodio ha centrado este lunes la sesión de la Juntas Generales de Álava. Dos semanas después de que la multinacional americana comunicase su decisión de apagar el horno, las instituciones insisten en trasladar tranquilidad ante la presencia de «varios inversores industriales» interesados en comprar la factoría. Así lo ha señalado el diputado general. Ramiro González ha llamado a un «gran acuerdo social para recuperar el atractivo inversor de Ayala para las empresas sin perder condiciones laborales». El diputado general ha trazado una cronología de las últimas semanas y su relación con la clausura de Guardian frente a las acusaciones de «falta de previsión» que han lanzado los grupos de la oposición. El máximo responsable del Ejecutivo foral ha asegurado que antes de que la empresa hiciese públicos sus planes «veníamos trabajando para garantizar la continuidad de la empresa». «Existían ya contactos dirigidos desde el Gobierno vasco con un posible inversor para el caso de que Guardian decidiese abandonar la actividad», ha señalado.

Sidenor es la «apuesta de país» y la de los gobiernos central y vasco. Así lo señaló ayer el Secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, al recordar que la siderúrgica vasca es la alternativa para Talgo que reúne todas las exigencias del Ejecutivo central: un proyecto de carácter industrial y nacional para el fabricante de trenes. Un mensaje que llega mientras en el mercado siguen resonando las intenciones de las otras dos alternativas, la impulsada por el Gobierno de Polonia a través de la empresa pública Pesa y la de la india Jupiter Wagons. Fuentes conocedoras de las negociaciones señalan que ambas mantienen la determinación de formular una oferta antes del 14 de febrero que podría contemplar incluso una opa por Talgo. El movimiento sería un desafío al Gobierno de España que ha recuperado el escudo ‘antiopas’ con lo que podría vetar una operación extranjera sobre el fabricante de trenes, como hizo en verano con la opa de la húngara Magyar Vagon por «razones de seguridad nacional». Ayer Santano, en una entrevista en ‘Radio Euskadi’, reiteró las posiciones del Gobierno central e insistió en que están «alineados» con el Ejecutivo vasco para que Talgo «se mantenga como empresa del país». El número dos del Ministerio de Transportes, recordó el bloqueo a la oferta húngara e insistió en que estamos «empeñados» en que el fabricante «mantenga sus raíces en el país». Tanto Moncloa como Lehendakaritza han respaldado en numerosas ocasiones al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, en su intención de hacerse con el 29,9% de las acciones de Talgo.

El pretendiente polaco de Talgo, el fondo estatal de desarrollo PFR, está jugando una baza industrial clave para decantar el interés de la compañía y del Gobierno español por su propuesta de adquisición. Su fabricante Pesa, líder del sector ferroviario en Polonia, tiene espacio disponible en sus plantas para aliviar el problema de capacidad de producción de Talgo. Fuentes cercanas a los contactos de PFR con el Ejecutivo de Pedro Sánchez y con el fabricante español explican que el inversor estatal polaco ha ofrecido al menos uno de los dos puntos de producción de Pesa en Polonia, la fábrica de Bydgoszcz, para que Talgo pueda sacar adelante trabajo ante el déficit de planta en Rivabellosa (Álava) y Las Matas (Madrid). Pesa tiene un total de 4.000 empleados entre ese enclave y la fábrica de Minsk Mazowiecki, en las que se trabaja en dos turnos diarios. La ampliación a un tercero, que ya ha sido propuesta, haría posible atender la carga que llegara desde España. PFR ha trasladado que esas fábricas están equipadas con la tecnología que precisa Talgo para acelerar su producción, desde la robotización y soldadura láser hasta sistemas de control comparables a los de instalaciones avanzadas de otros países europeos. La compañía que preside Carlos de Palacio tiene contratos por 4.000 millones en cartera y acumula retrasos en las entregas.

Los inversores interesados por una parte o el 100% de Talgo tienen hasta mediados de este mes para presentar las ofertas vinculantes por el fabricante ferroviario, un proceso que está dirigiendo PwC. Trilantic, el mayor accionista de Talgo, lidera esta subasta con la que pretende hacer caja y cerrar una inversión de casi 20 años en la compañía, a la que también se sumarían Torreal y la familia Oriol. Los tres inversores, con un 40% de la empresa, aún tienen sindicadas su acciones en el vehículo Pegaso. Aunque todo parecía indicar que la sindicación decaería al finalizar 2024, ninguno de los tres accionistas ha comunicado a la CNMV la ruptura del pacto parasocial que, según los términos descritos en el contrato, no tiene una fecha de caducidad clara. Además del interés manifestado por Sidenor por comprar solo la parte de Trilantic, el 29%, hay otros inversores internacionales dispuestos a pujar por el 100% de la compañía española. Destaca, sobre todo, Pesa, el fabricante de trenes polaco controlado por el fondo de inversión estatal Polish Development Fund (PFR) que está asesorado en la operación por Société Générale y Baker McKenzie. Entre los interesados también figura la india Jupiter Wagons y, según las fuentes consultadas, podrían aparecer más inversores con nuevas ofertas o integrados en las muestras de interés ya manifestadas.

Entrevista con Alex Etxeberria, director general de Atlantic Data Infrastructure (ADI) Data Center Euskadi. Esta nueva infraestructura tecnológica permitirá a empresas e instituciones disponer de gran capacidad de almacenamiento de información en la nube, bajo criterios de máxima seguridad y proximidad, sobre la que desarrollar sus procesos de transformación digital. Y garantizará la custodia de su información bajo el estricto cumplimiento de la legislación europea de protección de datos en vigor... Un centro de datos que aportará “excelencia, fiabilidad, sostenibilidad, escalabilidad y proximidad”, y que generará además “un importante impacto económico y social en su área de influencia”. Se estima que esta infraestructura tecnológica conlleve un impacto en la economía local, con la generación de puestos de trabajo y creación de riqueza en su área de influencia, superior a los 3.000 millones de euros. "Las obras en el Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Campus de Abanto están prácticamente finalizadas y actualmente estamos probando la maquinaria. El objetivo es poder certificarla a finales de marzo y empezar a dotarla de clientes. Podemos decir que ya está en marcha. Es un ‘data center’ preparado para 2 MW IT y ya hemos configurado el primer MW. Una vez completada esa capacidad, ‘llenaremos’ el segundo...La especialización que se puede dar es por cercanía al servicio, un servicio relacionado con los agentes locales y donde la velocidad de respuesta sea importante. Este sería nuestro caso... Nuestro objetivo es dar servicio a un entorno de 200 o 250 kilómetros alrededor. Cada uno de los ‘data center’ que estamos construyendo está así planteado. Y otro objetivo es que se conecten a otros ‘data centers’ e ir creando una red dentro de Euskadi y conectados con otros ‘data centers’ a nivel nacional e internacional. Los clientes vascos tienen que ser capaces de conectarse con otras infraestructuras que estén ubicadas en cualquier parte del mundo. Y un cliente internacional, que tenga posiciones aquí, debe poder ofrecer servicios a todo el territorio..."

El parque eólico que Green Capital, filial de la renovable española Capital Energy, planeaba en Ezkeltzu, entre Zizurkil y Usurbil, no continuará su recorrido administrativo después de que la propia empresa con sede en Madrid decidiera no recurrir los informes técnicos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que estimó que los cuatro molinos proyectados en el Hernio podrían afectar a la seguridad de los aviones dada su altura y cercanía con el aeropuerto de Hondarribia. La compañía comunicó al ayuntamiento de Zizurkil su intención de rechazar «definitivamente» la construcción de los aerogeneradores, cuestión que el consistorio celebró ayer puesto que «generaba serias dudas en torno a los daños al paisaje y al patrimonio local». El organismo estatal Aesa comunicó el pasado mes de junio a Capital Energy que «ciertos elementos» del parque eólico de Ezkeltzu «no serían autorizables», ante lo que la firma presentó alegaciones. Dicha situación llevó a la renovable a pedir a la delegación de Administración Industrial de Gipuzkoa que suspendiera temporalmente la tramitación del proyecto. La alcaldesa de Zizurkil, Maite Amenabar, explicó ayer que «nos informaron en diciembre que el Gobierno Vasco había dado por cerrado el expediente al no recibir respuesta de Aesa a las alegaciones de Capital (el silencio administrativo es negativo en estos casos). De todas formas –agregó Amenabar–, la empresa tenía la posibilidad de recurrir, pero ha decidido renunciar definitivamente». La viabilidad del proyecto residía, principalmente, en la compatibilidad o no de los cuatro aerogeneradores que pretendía enclavar Green Capital entre Usurbil y Zizurkil con elementos concretos de seguridad del tráfico aéreo en Gipuzkoa y del aeropuerto de Hondarribia, definidos como servidumbres aeronáuticas. 

El grupo Mondragón ha comprado Sentinel, una joven empresa portuguesa especializada en visión artificial, para adentrarse en este negocio y aplicarlo a la industria, en línea con la estrategia de diversificar hacia nuevas actividades de las cooperativas. La operación ha corrido a cargo de Mondragón Assembly, cooperativa integrada en MIA, la división de automatización industrial de la corporación guipuzcoana. El objetivo, según Nerea Aranguren, directora de este área, es complementar la oferta de MIA, concentrada hasta ahora en equipamientos, líneas de fabricación, y soluciones de automatización; y desarrollar de manera independiente el negocio de la visión artificial. A sus 4 años de vida, Sentinel factura 2 millones de euros y lleva una evolución positiva en ventas, posicionamiento en el mercado y desarrollo tecnológico, con un software propio de tratamiento de imágenes y aplicaciones para la industria. “Es una empresa con gran potencial”, al aunar su tecnología y la solidez financiera y de gestión de Mondragón, dice Aranguren. Bajo el paraguas del grupo cooperativo, Sentinel traslada su cuartel general a Rubí (Barcelona), aunque en Portugal se mantendrá la actividad de venta, servicio y desarrollo de producto. Más adelante, abrirá otras instalaciones en Euskadi y en el extranjero, ya que Mondragón confía en que su nueva filial diversifique sectores y mercados geográficos hasta convertirse en un grupo internacional que preste servicio a todo tipo de empresas.

Unos 200 profesionales extranjeros, en su mayoría sanitarios, que iniciaron su proceso para homologar sus titulaciones en Euskadi se han quedado en tierra de nadie. La decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar la transferencia al Gobierno vasco de la competencia para acreditar la formación universitaria realizada fuera de la Unión Europea les ha dejado en un limbo. Todos ellos renunciaron al proceso que tenían iniciado en la Administración central para lograr este reconocimiento en Euskadi. Confiaban que fuera más ágil y poder así ejercer en el País Vasco, donde tienen la residencia. Lo hicieron en julio, cuando se materializó el traspaso competencial. Pero antes de que acabase ese mes el alto tribunal dejó en suspenso la transferencia, al atender un recurso presentado por los consejos generales de colegios de médicos y dentistas. A la espera de que el Supremo resuelva sobre el fondo del asunto, hay dos centenares de profesionales no comunitarios que se encuentran atrapados. No saben si esperar a conocer el fallo del tribunal o retomar el proceso de homologación ante la Administración central. Para ellos sería como empezar de nuevo. Esta situación se da, además, en un contexto de falta de facultativos. La transferencia de las homologaciones era una de las herramientas por las que había apostado el Gobierno vasco para paliar la escasez de médicos y enfermeras en Osakidetza. Por el momento no va a poder ponerla en práctica.

La falta de perfiles cualificados para cubrir vacantes críticas fue el diagnóstico en el que se basó la Asociación Vasca de Empresas Químicas (AVEQ-Kimika) en un congreso que repasó la actualidad del sector en Euskadi. En base a ello, se insta a encontrar las soluciones que terminen con esta ausencia, una realidad que se puso sobre la mesa durante una jornada en la que expertos en la materia analizaron los retos y soluciones, destacando la necesidad de formación continua, digitalización y estrategias de retención del conocimiento. La falta de talento, el envejecimiento de las plantillas y la escasa capacidad para atraer a las nuevas generaciones, a pesar de ser una industria que cuenta con una tasa de empleabilidad de entre el 86 y el 91%, dependiendo del subsector, hacen que surja la necesidad de elaborar el Diagnóstico de Necesidades de Formación AVEQKimika 2024, un informe que analiza las carencias y prioridades formativas del sector químico vasco. La creciente dificultad para cubrir vacantes clave, especialmente en perfiles técnicos como ingenieros industriales, técnicos de laboratorio y especialistas en sostenibilidad, es una de las principales conclusiones que se extrajeron del estudio. Ver más aquí. 

Una de las medidas que cayeron de manera colateral tras el rechazo del Congreso de los Diputados al ‘decreto ómnibus’ fue el plan Moves, dedicado a las subvenciones para el coche electrificado –eléctricos puros e híbridos enchufables–. Sin embargo, su derogación no ha impedido el crecimiento de las ventas de estos vehículos en enero. En Euskadi, las matriculaciones de los eléctricos puros aumentaron un 28% respecto al mismo mes del año pasado, hasta llegar a las 136 unidades vendidas. Mientras tanto, los enchufables crecieron en menor medida, un 2,5%, al alcanzar las 161 unidades. En España, el crecimiento de estas motorizaciones fue mayor, del 28,9%, según los datos publicados ayer por las patronales del sector, Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). La cuota de los electrificados, eso sí, sigue siendo marginal respecto al número de vehículos vendidos. Concretamente, los 297 que salieron de los concesionarios vascos tan solo representaron un 13,3% del total, ya que se vendieron 1.972 vehículos en el País Vasco, de los que prácticamente la mitad –977– fueron híbridos convencionales. Por otro lado, los turismos de motor de combustión van perdiendo cada vez más peso. Sumando los tres territorios se vendieron 501 turismos de gasolina frente a los 698 del enero pasado y tan solo se matricularon 87 vehículos diésel, es decir, 71 unidades menos. En un momento tan crucial como eZl actual para el despegue del vehículo eléctrico, la derogación del plan Moves ha caído como una losa en el sector. 

Iberdrola y Amazon han consagrado su matrimonio. El gigante tecnológico y la primera eléctrica europea por capitalización reforzaron ayer su alianza con un nuevo acuerdo que ha elevado a 66.000 gigavatios hora (GWh) la energía renovable que el grupo que preside Ignacio Galán suministrará al coloso estadounidense a nivel mundial. Se trata de un consumo gigantesco igual a la demanda de electricidad de toda España durante tres meses. El contrato se enmarca en el contexto de la apuesta de Amazon por los centros de procesamiento de datos, infraestructuras clave para el desarrollo de la inteligencia artificial que consumen ingentes volúmenes de electricidad. Solo en España, AWS, la compañía de servicios cloud de Amazon, proyectó el desarrollo de data center por 300 megavatios (MW) de potencia eléctrica para los próximos diez años. De todos sus proyectos nacionales, el de Aragón será su apuesta estrella. Sus obras se alargarán hasta 2034 y movilizará unos 15.750 millones de euros, 3.000 en los próximos cuatro años. Tras el acuerdo de este lunes, la energía que Amazon tiene contratada con Iberdrola ya supone el 39% de toda la electricidad producida por la cotizada española en 2023 a nivel mundial. Desde este momento, la asociación entre ambas compañías se extenderá también a España y Portugal, con lo que Amazon ha añadido casi 500 megavatios más a sus contratos de compra de energía verde a largo plazo, los llamados PPA, con la eléctrica. Aunque es difícil concluir el monto total del conjunto de contratos bilaterales entre ambas empresas, pues el precio al que se cierran los PPA es altamente confidencial, si se tienen en cuenta los últimos precios del mercado de contratos de energía eólica a plazos en Europa, el importe total se encontraría en una horquilla de entre 4.000 y los 8.000 millones de euros.

"...Vuelvo sobre este asunto porque me parece de la máxima urgencia el resolverlo, ya que la reactivación de la energía nuclear como energía limpia es una de las decisiones estratégicas más importantes que ha adoptado la Unión Europea para conseguir: reducir emisiones de CO2; aumentar la independencia energética de Europa; mejorar la competitividad de nuestra economía con otra fuente de energía barata, y atender las necesidades planteadas por los nuevos centros de datos cuya demanda de energía presenta características especiales. Cuando la energía nuclear es necesaria para Europa (Teresa Ribera dixit en Bruselas) y en el resto de países vive un renacimiento vinculado a la transición hacia energías limpias y, también, a las nuevas minicentrales SMR, es obligado preguntarse: ¿por qué España es el único país del mundo que quiere cerrar las centrales existentes, que son necesarias para garantizar el suministro y que funcionan a plena satisfacción? Y ello, en contra de la petición explícita en el informe Draghi a países, como España, para que no se cierren centrales en uso. Esperaba las explicaciones de la vicepresidenta, conocer las razones por las que el Gobierno tiene decidido dar un paso irrevocable: prescindir de la energía nuclear, empezando este año por Almaraz I, a pesar del amplio rechazo que la medida está generando en la zona y, de manera creciente, entre amplios sectores económicos, políticos y sociales del país. Y en esto me decepcionó la vicepresidenta, ya que se limitó a reiterar el viejo mantra: el calendario de cierre de las nucleares se pactó en 2019 entre las empresas privadas propietarias y la empresa pública Enresa, encargada de gestionar los residuos y del desmantelamiento de las centrales. Por tanto, como está acordado y nadie ha renunciado al pacto, pues el Gobierno no tiene más remedio que cumplirlo. A ver, vicepresidenta, yo creía que la política energética era responsabilidad del Gobierno y no de las empresas energéticas. Si es así, espero escuchar otro argumento distinto al “eliminamos la energía nuclear”, una de las herramientas más poderosas que tienen los países para defender su autonomía y competitividad, aprobando medidas irreversibles…. ¿porque las empresas privadas lo han acordado? Resulta poco sólido como argumento..."

Los viajeros procedentes de otros países pasan de media 4,37 días en Euskadi. Es, en un momento en el que las instituciones y los agentes turísticos vascos buscan al visitante extranjero, la estancia más baja a nivel estatal. Son casi tres días menos que la media de España (7,26) y quedan lejos de las cifras de otras comunidades como Murcia (12,83), Asturias y Castilla-La Mancha (ambas con 9,96 días). Ese dato, publicado en el balance del INE del gasto de los turistas extranjeros en 2024, puede tener en todo caso diferentes lecturas. Y la de que Euskadi no guste o no ofrezca variedad a los visitantes no parece la más acertada. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco apuntan a varios factores. El primero es que no es una región «comparable» a los «destinos de sol y playa», sino a «los que son similares», una cornisa cantábrica «verde y con costa» como puede ser Cantabria, que alcanza una estancia media de 8,45 días. También, matizan, «forma parte de un circuito de viaje más amplio», en el que los turistas permanecen algunos días en la comunidad y después se desplazan a otras. En ese sentido, aclaran, en las encuestas que realiza el INE entre los extranjeros «se pregunta por el lugar de pernoctación principal, es decir, si Euskadi forma parte del circuito pero no es el principal, no se contabilizaría».

El Gobierno pone en marcha la maquinaria legislativa para tratar de sacar adelante la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas antes de que finalice el año. El objetivo de la vicepresidenta Yolanda Díaz es que las empresas tengan que incorporar el recorte de horas en los convenios colectivos antes del 31 de diciembre, si bien la capacidad de maniobra en las sucesivas negociaciones que deberán abordar empresas y sindicatos en las diferentes mesas dependerá de cuánto se demore el trámite parlamentario hasta la eventual aprobación. Como paso previo, el Consejo de Ministros da luz verde hoy al anteproyecto de ley de la reducción de jornada que modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para fijar el máximo de 37,5 horas semanales. Será abordado por trámite de urgencia, ya que es la única fórmula posible para cumplir con el calendario previsto por el Ministerio de Trabajo, que espera que el Congreso dé el visto bueno definitivo en mayo. Sin embargo, tales son los obstáculos para recabar una mayoría que el propio Gobierno asume que las complejidades podrían demorar la entrada en vigor de la medida. Mismo motivo por el que prácticamente se da por descontado que el texto pactado entre Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO sufrirá modificaciones en el desarrollo parlamentario, durante el trámite de enmiendas, para poder sumar los votos de las formaciones más escépticas hacia la medida, especialmente Junts y el PNV de entre los grupos que sostienen a la coalición del Gobierno. Así lo admiten las fuentes sindicales consultadas y es uno de los escenarios que también estiman las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, que rechazaron el texto pactado de forma bipartita alegando que las compensaciones planteadas para tratar de mitigar el impacto económico del recorte de horas sin merma salarial estaban lejos de cubrir el coste estructural.

Una batalla comercial entre Europa y EEUU, posibilidad que Trump utiliza como herramienta de presión, no haría más que recrudecer la presión al alza sobre los precios, que en la zona euro encadenan varios meses de aceleración. El IPC armonizado de la eurozona repuntó en enero hasta el 2,5%, una décima más que en diciembre y su cuarto acelerón consecutivo desde septiembre, cuando se situó en el 1,7%, según los datos avanzados ayer por Eurostat. Todo ello en un contexto en el que Alemania encadenó en 2024 su segundo año consecutivo en recesión, Francia se adentró en terreno de contracción en la recta final del año e Italia mostró un encefalograma plano. La excepción fue España, que creció un 3,2% en el conjunto del año, pero cuyo peso es insuficiente para poder tirar del carro de una economía europea en la que de nuevo sobrevuela el fantasma de la estanflación (crecimiento escaso o nulo con precios en ascenso). Aunque el BCE intentó lanzar la semana pasada un mensaje tranquilizador asegurando que “el proceso de desinflación sigue avanzando”, la institución que preside Christine Lagarde no ocultó su inquietud por la resistencia a bajar de los precios, admitiendo que “la inflación interna sigue siendo elevada, principalmente porque los salarios y los precios en algunos sectores están aún ajustándose a la anterior escalada de la inflación con un retraso considerable”. Y ello sin contar con los posible efectos del anunciado tarifazo de Trump. 

El proceso interno de elección del EBB del PNV está más abierto que nunca a nueve días de que se inicie la segunda vuelta en sus organizaciones municipales. Dirigentes del sector liderado por Andoni Ortuzar le atribuyen la victoria en todos los territorios, salvo en Gipuzkoa, y buscan ya un pacto integrador para el EBB con Aitor Esteban que implicaría su retirada en la competición en los batzokis con el objetivo de que la futura dirección no nazca tocada bajo el estigma de la rivalidad. Se trataría de un acuerdo para la recuperación de la confianza que parece que se ha quebrado en los últimos tiempos. El portavoz jeltzale en el Congreso, sin embargo, no parece dispuesto a hacerse a un lado, como proponen sus rivales internos porque podría interpretarse como un fraude a los afiliados que han confiado en él. A falta de resultados oficiales, los datos que manejan en su entorno muestran un práctico empate en Bizkaia que augura cualquier desenlace. Sobre todo porque la cifra de participación ha sido hasta ahora bastante baja y a poco que suba puede provocar una sorpresa. La situación ha llegado a un punto inédito en el partido que tiene desconcertada a la militancia. No ha sido un paseo triunfal para Ortuzar, que había vendido la ‘renovación’ para los demás, pero que se ha visto atrapado por esa tela de araña en la medida en que es una excepción que ha argumentado en base a una serie de razonamientos políticos.

Pedro Sánchez viajará a San Sebastián el sábado 15 de febrero para arropar a Eneko Andueza en su reelección como secretario general del PSEEE. El político eibarrés iniciará su segundo mandato sin necesidad de primarias al ser el único candidato al cargo. El presidente del Gobierno y líder del PSOE asistirá a la apertura del 10º Congreso de los socialistas vascos en el Palacio Kursaal, donde también estarán a lo largo del fin de semana el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuatro ministros, Óscar Puente, Carlos Cuerpo, Óscar López e Isabel Rodríguez, así como el president de la Generalitat, Salvador Illa, y la europarlamentaria Idoia Mendia. El cónclave será clausurado el domingo 16 con la intervención de Santos Cerdán, número 3 del PSOE. Antes tendrá lugar la votación de los órganos de gobierno del PSE por parte de los 347 delegados que representan a las 86 agrupaciones socialistas. Elegirán una nueva Comisión Ejecutiva de Euskadi, la Comisión de Garantías, y los miembros del Comité Nacional y del Comité Federal. Con el lema ‘Euskadi, aquí y ahora. Hemen eta orain’, los socialistas vascos quieren dejar claro en este congreso que «Euskadi es nuestra prioridad y que nos toca trabajar desde ya para conseguir nuestros objetivos, que no son otros que liderar este país para hacerlo mejor y hacerlo sin perder el tiempo». 

El pasado fin de semana, David Lebryk, el funcionario de mayor rango del Tesoro de EEUU, fue despedido por negarse a dar acceso total a los sistemas de pago a los nuevos trabajadores del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), controlado por Elon Musk. Lebryk, con tres décadas de servicio, era uno de los pocos con permisos para esos sistemas, gestionados por la llamada Oficina del Servicio Fiscal, que controlan el flujo de más de seis billones de dólares anuales a hogares, empresas y otros sectores de todo el país. De ahí salen los fondos para programas de la Seguridad Social y Medicare, los salarios del personal federal, los pagos a los contratistas gubernamentales y a los beneficiarios de subvenciones o los reembolsos de impuestos, entre decenas de miles de otras funciones. Sólo él se interponía entre Musk y el acceso total. Se negó, así que le pusieron en baja administrativa antes de forzar su jubilación. El hombre más rico del planeta ya tiene acceso a los datos mientras la atención está puesta en aranceles que duran menos de 24 horas, salidas de tono y distracciones varias. La semana pasada, Trump ordenó congelar hasta tres billones de dólares de fondos federales, pero los tribunales lo impidieron, porque existe una ley desde los años 70, cuando Richard Nixon intentó algo parecido, que prohíbe que el presidente decida unilateralmente sobre fondos ya aprobados por el Congreso. DOGE no es un departamento gubernamental, sino un equipo dentro de la Administración, pero ahora que sus subordinados tienen acceso al sistema de pagos podrían buscar una vía para congelar la financiación pública y, según han informado varios medios, Musk ya ha ordenado a sus ingenieros que encuentren formas de cortar el flujo de dinero a programas a los que él y el presidente Trump se oponen.