20241012

Los secretarios generales de CC OO y UGT en Euskadi, Loli García y Raúl Arza, respectivamente, han aceptado la invitación de la patronal Confebask para intervenir en la jornada del 7 de noviembre en la que se analizará el problema del absentismo y, más en concreto, la alta tasa de bajas médicas en el País Vasco, donde la media de ausencias por trabajador es de 22 días frente a las 16,8 del conjunto de España. Consideran que deben estar en el foro, pese a sus diferencias con la patronal en esta materia, precisamente para dar su versión sobre las causas y aportar posibles soluciones. Confebask ha convocado esta jornada para concienciar sobre este problema que, aparte de suponer un coste directo de más de 400 millones al año para las empresas –y otros 1.000 en prestaciones–, «supone una merma de competitividad». La jornada incluye una mesa redonda en la que van a participar la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, los secretarios generales de CC OO y UGT en Euskadi y, por parte de las administración públicas, el director en Bizkaia del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), José Félix de Jaime, y la nueva directora general de Osakidetza, Susana López. Son múltiples los factores que influyen en la alta tasa de IT en Euskadi: el mayor envejecimiento de la población, el peso del sector industrial y del público... CC OO y UGT incluso reconocen que incide la mayor presencia sindical y la existencia de complementos a las prestaciones de IT porque «hay menos miedo a estar de baja hasta recuperarse». Pero su tesis es que el factor más determinante es el colapso de Osakidetza. «Tardan meses en una resonancia», dice Loli García. Y también coinciden en el análisis de que un 25% de las bajas se deben a problemas de ansiedad y estrés a los que no se reconoce su origen laboral. «Además, no hay que olvidar que las bajas no se cogen sino que las da un médico», insiste Raúl Arza. Sus soluciones pasan por reforzar la prevención y los servicios públicos. La jornada la clausurará el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, que se ha comprometido a hacer «un análisis profundo del absentismo», si bien ha remarcado que en Euskadi los trabajadores «no se cogen bajas de forma deliberada».

Las empresas guipuzcoanas miran con atención y máxima preocupación al conflicto de Oriente Medio, que corre el riesgo de recrudecerse y extenderse a más territorios, sobre todo si Iran se implica de lleno en una guerra abierta. No en vano, se juegan más de 200 millones en ventas a los distintos países de esa área geográfica. Unas exportaciones que aunque solo suponen el 3,1% del total del territorio, sitúan a Gipuzkoa como la quinta provincia de todo el Estado con una mayor relación comercial. Y es que nuestro territorio no solo tiene intereses comerciales con Israel, el principal implicado en el conflicto, sino también con Palestina, Irán, Arabia Saudí, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Irak. En concreto, con los datos de la Dirección Provincial de San Sebastián de Comercio Exterior (ICEX), Gipuzkoa ha exportado en los siete primeros meses (enero-julio) un total de 181,15 millones, mientras que ha importado otros 7,32 millones. Si nos atenemos únicamente a las ventas al exterior, éstas han registrado una caída del 26,87% en relación al mismo periodo del año anterior. Pero hay que tener en cuenta que 2023 fue un año extraordinario en lo que respecta a las exportaciones a Oriente Medio, ya que se alcanzaron en el conjunto del ejercicio los 448 millones, con una subida del 52% en relación al ejercicio anterior. Una cifra nunca vista en la última década, ya que las ventas a esa zona de las empresas del territorio oscilan entre los 200 y los 300 millones, hasta el punto de que tan solo en 2017 se había rebasado esa barrera de los 300 millones. Una cifra histórica la de 2023 que está relacionada con el contrato logrado por CAF en 2019 para el tranvía de Jerusalen, proyecto valorado en 1.000 millones, pero que comparte a medias con su socio Shapir. Posteriormente, en 2022 se adjudicó otro megacontrato en Tel Aviv por valor de 525 millones.

Según el registro mercantil, en la última década el saldo entre las empresas que han ido y las que se han marchado de Euskadi arroja una cifra negativa de 465 compañías. En 2023, fue de 32. Fueron algunos de los datos que señaló ayer el parlamentario del PP Álvaro Gotxi en el pleno de control del Parlamento vasco para denunciar una pérdida de peso empresarial en Euskadi. El portavoz popular para cuestiones económicas se encontró con una respuesta escueta y contundente del consejero de Industria del Ejecutivo de coalición, Mikel Jauregi: «No hay fuga de empresas en Euskadi». Gotxi respondió que, «aunque el consejero no se haya enterado, no significa que no sea verdad». Ese fue el arranque del debate de esta cuestión en la Cámara. Y es que el responsable de la cartera industrial del Gobierno vasco no consideró que se pueda calificar el proceso de salida de empresas como algo masificado. Con el eco en la actualidad de situaciones como la de Talgo o Supermercados BM, Jauregi explicó que su departamento viene trabajando «con discreción para que salgan proyectos como país». Además, defendió los contactos «que mantenemos con los principales agentes empresariales para ver cómo sacamos esto adelante». El consejero insistió en que el Gobierno prepara un nuevo Plan de Industria con el que tratar de potenciar este sector en Euskadi. «Trabajamos con responsabilidad, de modo sosegado, sin prisa y sin pausa, pero sobre todo con ambición, con la que merece esta sociedad y este país», señaló.

Suma y sigue. La Diputación de Álava tumbó ayer viernes el proyecto fotovoltaico Vitoria Solar 2 que impulsaba Solaria. Los responsables del Departamento foral de Ordenación del Territorio (un equivalente a Urbanismo) niegan los permisos, pues consideran que en el plan especial existen «aspectos sustanciales no subsanables» que «incumplen el planeamiento urbanístico municipal de Vitoria». Con este proyecto serían ya cuatro los huertos fotovoltaicos de la cotizada madrileña que se topan con un ‘no’ de las instituciones. En Álava sólo quedaría en pie Vitoria Solar 1 –gemelo del que ahora decae– y otra central en Treviño, a la espera de que otros veinticuatro parques arranquen sus trámites. Y eso que este huerto solar de 79 hectáreas –ubicado en los alrededores de Lubiano– había conseguido ya buena parte de los permisos. De hecho, el Gobierno vasco le había concedido la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable. Pero el boletín del territorio histórico de Álava (BOTHA) publicó ayer la orden foral que deniega el plan especial para dar cauce urbanístico a la central. La Diputación se basa en el informe publicado hace una semana y que indicaba que el huerto ni cumple con el actual plan general de ordenación urbana (PGOU) ni con el futuro, el que está pendiente de su aprobación tras el acuerdo entre el PSE, PNV y Elkarrekin. Además, esta resolución pone fin a la vía administrativa. La única forma de recurrir el dictamen suscrito por el hasta ayer diputado foral del área, Anartz Gorrotxategi, antes de cesar en el cargo es a través de un recurso contencioso-administrativo en «el plazo de dos meses» ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El traspié urbanístico no es baladí. Ahora Solaria se enfrenta a la paradoja de que tiene una central viable medioambientalmente pero con una configuración de parcelas que no son compatibles con el ordenamiento urbanístico de Vitoria. Cambiar de terrenos implicaría volver a la casilla de salida medioambiental.

Entrevista con Pedro Campo Presidente de Cecobi.  «No puede ser que las rebajas se prolonguen a lo largo de todo el año. Son un despropósito. A las dos semanas ya están obsoletas». Campo, que abandonará en enero la presidencia de Cecobi, asegura que si las tiendas bilbaínas «no abren en festivos es porque no es necesario». "Tengo 70 años y llevo mucho tiempo en labores institucionales. Cecobi ha sido como un hijo. Durante años me he dedicado en cuerpo y alma y he sacrificado mi vida personal y profesional...El comercio tenía que reestructurarse. El gran salto ha sido el paso de la venta física a la online. Veo a jóvenes, incluso niños, a todas horas con la ‘tablet’, el móvil... Si quieren una camiseta, se meten en internet, la piden y se acabó. Ese es nuestro auténtico competidor...Cuando me hablan de rapidez y dicen que con internet los productos te llegan en dos en días, yo respondo ‘en nuestros comercios los tienes al momento, debajo de casa’. Debemos poner en valor nuestros negocios y a los consumidores...Los horarios comerciales son muy sacrificados. Si el domingo es el único día que tienen libre los comerciantes, ¿se lo vamos a sacrificar? Otra cosa es que me digas que hay posibilidad de negocio, pero no la hay. Se lo digo de verdad...Que cada uno haga lo que quiera. No se pueden despreciar las posibilidades de venta, pero el turista viene aquí a ver el Guggenheim y San Mamés y comer en los tres sitios de moda. Además, los pequeños pueden abrir todos los domingos, si no lo hacen es porque no quieren y no lo consideran necesario...Lo que no comparto es que haya que cerrar por obligación los sábados a la tarde en verano. Es una aberración que atenta contra la libertad empresarial...Me voy convencido de que el pequeño comercio no va a morir nunca, nadie va a acabar con nosotros. En Bilbao también hemos visto la marcha de grandes firmas. Tenemos que convencer a los jóvenes de que el comercio puede ser una salida profesional...Ojalá pudiéramos contratar más. De todas formas, la media de negocios asociados a Cecobi es de 4 a 5 trabajadores. Una media razonable que está bien...Es muy complicado encontrar a gente joven que quiera entrar en el comercio. Los jóvenes prefieren sacar una oposición de funcionario". 

Más de tres centenares de invitados se acercaron al Euskalduna a la 25 edición de los premios de Cecobi (Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia), presidida por Pedro Campo. El acto comenzó con una breve intervención de Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, y fue presentado por Xabier García Ramsden. Se entregaron seis premios comarcales que recayeron en Teresa Ferrero Estilistas, Boutique Loycar, Nattex Zalla Descanso, LealAuto, Fermin Berria y Labores Ugalde; un reconocimiento especial para Ana Morgado y cuatro premios principales que fueron para Luz Bilbao a la trayectoria profesional, representada por Iñaki Zuazo, sus hijos Mónica y David y su nieto Diego; a la innovación, que recayó en Homyvet y fue recogido por Sonia de Bizkarra; al relevo generacional para Los Encajeros, representados por Manuel Mendoza y su hija Mónica; y premio Made in Bizkaia para la diseñadora Leyre Doueil. Entregaron los reconocimientos los alcaldes y concejales Ainhoa Basabe, Iban Rodríguez, Unai Diago, Maitana Martínez Goiri, Ziortza Bilbao, Amaia del Campo y Kontxi Claver; Txomin Telletxea, responsable de Relaciones con las Asociaciones de Zona; Julia Diéguez, presidenta de Euskomer; los expresidentes de Cecobi Ricardo Pascual y Julián Gómez; María López-Negrete, vicepresidenta de Cecobi; y Ainara Basurko, diputada foral de Promoción Económica. Pedro Campo recibió su merecido homenaje por su próxima despedida del cargo, donde sus amigos y su mujer, Nerea Ruiz, consiguieron emocionarle.

El Puerto de Bilbao incorporará a 42 estibadores con contrato indefinido hasta 2027, con el objetivo de mantener una plantilla mínima fija de 300 trabajadores, que sea capaz de atender «con la máxima eficacia y seguridad» la demanda de servicio y compensar las jubilaciones y las bajas por otras contingencias. De manera inmediata, y tras el primer proceso de selección, se incorporarán 20 estibadores que hasta ahora venían trabajando de forma temporal. En los próximos años está previsto realizar nuevas contrataciones. Bilbaoestiba aseguró que está en condiciones de garantizar el servicio a todos sus clientes. Estas contrataciones se producen tras una modificación parcial realizada sobre el convenio firmado en 2022 y vigente hasta 2027. El centro portuario detalló que la culminación de estas incorporaciones no podría llevarse a cabo «sin la colaboración y el compromiso con el empleo» y con «la continuidad» de la propia empresa, del sindicato Outpb-Coordinadora, única central firmante del acuerdo, y de los socios de Bilbaoestiba (CSP, Bergé, Toro y Betolaza y SLP). El objetivo es «dejar atrás el pasado reciente para lograr una mayor estabilidad y productividad del CPE y de las empresas que operan en el Puerto de Bilbao». En Bilbaoestiba calificaron la incorporación de los nuevos empleados fijos de «imprescindibles» para afrontar la prestación del servicio, sobre todo en el futuro. La plataforma ampliará progresivamente las infraestructuras y, según aseguró, «está cosechando los excelentes resultados de sus sucesivas apuestas estratégicas».

La empresa que puso en marcha el presidente del Athletic, Jon Uriarte, para gestionar los inmuebles agrupados en la sociedad inmobiliaria (socimi) All Iron sigue creciendo. Sus 19 edificios valorados en 274 millones de euros y el tirón del turismo este año han hecho que los ingresos por alojamiento hayan crecido en el primer semestre un 62% hasta alcanzar los 3,4 millones de euros. Unas cifras que han permitido a la sociedad alcanzar un beneficio antes del pago de impuestos y costes financieros (ebitda) de 2 millones, más del doble que el año pasado. Las ganancias netas alcanzaron los 6 millones, un 13% menos por la revisión del valor de los activos inmobiliarios. Son datos que avalan la apuesta por una gestión turística basada en la compra de inmuebles completos que se reforman en apartamentos para alquiler turístico y de media estancia. La socimi está presidida por Pedro Luis Uriarte, el que fuera presidente del BBVA y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno –es padre de Jon–. All Iron Socimi fue la estructura de la sociedad que Uriarte se quedó tras el acuerdo con el que era su socio en TicketBis, Ander Mitxelena. All Iron posee 19 edificios, de los que 10 están operativos y 5 en reforma. Tiene presencia en Euskadi (Bilbao, Vitoria y San Sebastián), Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Pamplona, Alicante y Málaga. Según ha informado la compañía al mercado secundario en el que cotiza, BME Growth, prepara una ampliación de capital privado para obtener recursos con los que seguir comprando inmuebles por un importe de 80 millones. 

Acaban de abrir oficina en Bilbao en lo que es una especie de segunda vida, una reconstrucción tras una voladura súbita y traumática. En 2002, una de las cinco grandes firmas mundiales de servicios profesionales y auditoría, Arthur Andersen, saltó por los aires, se disolvió como un azucarillo en medio de importantes sanciones de la Administración norteamericana, después del conocido como ‘escándalo Enron’. Una compañía energética a la que la firma auditaba y asesoraba al mismo tiempo y cuya balance resultó ser más falso que un billete de tres dólares. Aunque el Tribunal Supremo acabaría por eximir a la firma de responsabilidades, la sentencia llegó tarde. Las acusaciones de haber primado la facturación global que obtenía de Enron pesaron sobre la calidad de la auditoría. Paso a paso, aunque solo para ofrecer servicios legales, la firma sigue un camino de renacimiento que le ha llevado a estar ya presente en 180 países. Su director en España, José Vicente Morote, defiende que en muchos ámbitos del asesoramiento, sobre todo en el tributario, actuar con profesionales locales es «imprescindible». "Después del 'caso Enrón' unos socios de la firma, un tanto visionarios, deciden quedarse con la marca en el proceso concursal. Lo hicieron porque consideraron que era totalmente injusto lo que había sucedido y pensando que en algún momento serían capaces de reflotarlo. Con mucha paciencia, cuando el Tribunal Supremo absolvió a la firma de cualquier responsabilidad, decidieron relanzar la marca a nivel mundial. Y la primera decisión que tomaron fue contactar con antiguos socios de la firma en todo el mundo para ese nuevo proyecto. Y en eso estamos..."

El sector del transporte por carretera de Gipuzkoa puede vivir un final de otoño convulso. ELA y LAB amagan con llevar a cabo movilizaciones en el Transporte de Mercancías del Gipuzkoa en el marco de las negociaciones del convenio provincial, que afecta a más de 6.000 trabajadores. Unas protestas que de llevarse a cabo se añadirían a las jornadas de huelga convocadas por CC OO y UGT en todo el Estado para reclamar la aplicación de coeficientes reductores en aras a favorecer la jubilación anticipada de los profesionales del sector debido a la penosidad y peligrosidad del trabajo. Las negociaciones del convenio del Transporte de Mercancías por Carretera de Gipuzkoa, que está decaído desde 2009, se pusieron en marcha a finales de junio, tras solicitarlo los sindicatos, pero tras cuatro reuniones con Guitrans no se registra ningún avance, según explican ELA y LAB en sendos comunicados de prensa enviados ayer tras el cuarto encuentro mantenido con la patronal. Las dos centrales critican que Guitrans insista en plantear condiciones laborales basadas en el II Acuerdo Estatal del Transporte. «Es inadmisible que tras quince años ni siquiera se hable de actualizar las tablas del convenio de Gipuzkoa y que la única respuesta sean unas condiciones laborales precarias y de miseria», señala ELA, que exige una negociación basada en la realidad del sector y del territorio. Por su parte, LAB subraya que «quieren dejar en nada el marco vasco de relaciones laborales, lo que indica la falta de voluntad negociadora». Considera necesario que se renueve el convenio para dar seguridad jurídica y normas claras a los trabajadores del territorio y, en especial, al sector del transporte de Mercancías por Carretera».

Las reuniones para negociar el recorte de la jornada máxima legal a 37,5 horas a partir de 2025 empiezan a agotar la paciencia, sobre todo, de los sindicatos. “No hay ningún avance de nada”, declaraba el jueves la secretaria de Acción Sindical de CC OO, Maricruz Vicente, al término de un nuevo encuentro del Ministerio de Trabajo con los interlocutores sociales. Mientras que el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Lujan, añadía que “hay que empezar a trasladar a la opinión pública que esta negociación no puede durar eternamente”. Sin embargo, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, mucho más optimista, aseguraba que “hay posibilidades de acuerdo”. En un nuevo encuentro mantenido el viernes, y cuando se cumple un año desde el inicio de las negociaciones, el ministerio puso encima de la mesa dos claros mensajes. Por un lado trasladó a patronal y sindicatos su propuesta por escrito del Plan 375 de acompañamiento a las empresas de menos de 10 trabajadores para apliquen la futura reducción legal de la jornada. Esta incluye bonificaciones en las cotizaciones no solo para los nuevos contratos fijos que hagan estas pymes para compensar el recorte horario legal, sino también, como novedad, para aquellas ampliaciones de jornada de los contratos a tiempo parcial que se lleven a cabo con el mismo motivo. El segundo mensaje del viernes es que el Gobierno llevará a cabo el endurecimiento del registro horario obligatorio en las empresas “sí o sí”, aunque la disminución de la jornada no lograra salir adelante en el Parlamento.

El Ministerio de Trabajo dio ayer un paso más para convencer a CEOE y Cepyme sobre la reducción por ley de la jornada laboral, desde las 40 a las 37,5 horas semanales, y sin recortar el salario. El Gobierno bonificará las cotizaciones sociales de los contratos a tiempo parcial que se conviertan en indefinidos a tiempo completo en las empresas de hasta diez trabajadores. Así lo explicó ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, en la reunión que mantuvo sobre esta cuestión con la patronal y con los sindicatos. Esta medida está dentro del denominado Plan 375 que Trabajo ha ofrecido especialmente a los empresarios. Bien es verdad que, con carácter general, las subvenciones de cotizaciones sociales beneficiará a una sola contratación por empresa de diez trabajadores. O, alternativamente, a la conversión de un contrato a tiempo parcial en contrato a tiempo completo. Otra exigencia de Trabajo es que las empresas beneficiarias de la subvención de las cotizaciones no podrán facturar más de dos millones de euros. Y también tener hasta diez trabajadores. En el caso de que las empresas hagan contratos a tiempo parcial, Trabajo subvencionará las cotizaciones sociales cuando la jornada laboral dure más del 50% de la jornada. En este último caso, la bonificación se reducirá en proporción al tiempo parcial. Además, los nuevos contratos tendrán que suponer un aumento del empleo neto de la plantilla y será obligatorio su mantenimiento durante tres años. Trabajo también plantea que la subvención de cotizaciones aumente en 55 euros cuando la contratación se haga a parados que sean mujeres, jóvenes menores de 30 y personas mayores de 55, sobre todo parados de larga duración.

El Ministerio de Trabajo puso ayer sobre la mesa, por primera vez por escrito, lo que ha bautizado como Plan Pyme 375 o, en su versión larga, el Plan de medidas de acompañamiento a la pequeña empresa en la implantación de la reducción y el registro de jornada. El documento fue entregado este mismo viernes a los negociadores de la patronal y los sindicatos, que ahora tienen que analizar la letra pequeña. Tras un primer vistazo a un documento que incluye novedades respecto a lo ofrecido previamente de viva voz en la mesa de diálogo social, pero que todavía no concreta en qué proporción específica serán bonificadas las cuotas de los contratos, fuentes de la CEOE rechazan la propuesta: «Las bonificaciones son aún más restrictivas», critican. Y es que en su plan de acompañamiento para pymes el Gobierno limita considerablemente el alcance de las ayudas, ya que sólo se beneficiarán las empresas de hasta 10 trabajadores con un volumen de negocio inferior a dos millones de euros al año y que tengan que implantar la reducción de jornada prevista legalmente (es decir, aquellas que no tengan ya una jornada efectiva por debajo de 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual). El Ministerio no ha concretado, por el momento, la bonificación máxima en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, pero sí acota la ayuda a la «contratación indefinida de personas trabajadoras con ocasión de la aplicación y puesta en marcha de la reducción de jornada máxima legal». Es decir, a aquellos contratos que se firmen para cubrir las necesidades productivas por la nueva jornada, que tendrán que ser en todo caso indefinidos.

Nueva reunión sin acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, sindicatos y patronal para pactar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales en 2025 desde las 40 horas actuales. Un encuentro en el que el Gobierno ha planteado por escrito, tal y como reclamaban los sindicatos, su plan para ayudar a las pymes a adaptarse a la propuesta. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, incluye una serie de bonificaciones para las empresas que apliquen la medida, con mucha letra pequeña que ahora debe ser analizada por los empresarios y los representantes de los trabajadores. En principio, el denominado ‘Plan Pyme 375’ incluye bonificaciones que se antojan de alcance limitado, pues solo podrán acceder a las ayudas las pymes de menos de 10 trabajadores, cuyo negocio no exceda los dos millones de euros, y que hagan una «contratación indefinida de personas trabajadoras con ocasión de la aplicación y puesta en marcha de la reducción de jornada máxima legal». Según reza el documento, esta ayuda queda acotada a un solo trabajador por empresa. Es decir, si una pyme de 10 empleados quiere contratar a tres para cubrir los turnos que implicará aplicar la reducción de jornada, solo se beneficiará de la ayuda por uno de ellos. Y solo durante un año, bajo el compromiso de mantener toda su plantilla (en este ejemplo, 13 empleados) durante tres ejercicios, una condición que podría restar atractivo para las empresas. «Las bonificaciones se aplicarán a los contratos o conversiones que se realicen en los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reducción legal de la jornada legal de trabajo», especifica el texto. Además, los contratos deben ser indefinidos, sean a tiempo completo o parcial, siempre que en este último caso superen el 50% de la jornada a tiempo completo. «En este último caso, la bonificación se reducirá en proporción a la parcialidad», indica el documento.

Las palabras con las que la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, abrió la puerta a crear bajas laborales “flexibles” han supuesto un terremoto en el debate laboral. Esas declaraciones, el 3 de octubre, han agitado la conversación sobre la incapacidad temporal en España, en cifras récord. Pero el asunto ya estaba en la mesa de la Seguridad Social: uno de los puntos más importantes de la última reforma de pensiones, suscrita con sindicatos y patronales, es una estrategia para acortar la duración de las bajas traumatológicas. La idea consiste en dar más peso a las mutuas en esos procesos, en colaboración con las comunidades. El ministerio ya ha puesto en marcha reuniones con las autonomías para explicarles el plan y, según las opiniones recabadas por este periódico, la mayoría de territorios que han reflexionado sobre el asunto se pronuncian a favor. El 30 de septiembre se celebraron los primeros encuentros entre representantes del ministerio y de algunas consejerías, solo 12 días después de que Ejecutivo, sindicatos y patronales firmaran el pacto en La Moncloa. El acuerdo se propone “impulsar un mejor aprovechamiento de los medios asistenciales de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en los procesos traumatológicos, acelerando los diagnósticos y los tratamientos”. Ello se articulará, según especifica el texto, mediante “la celebración de convenios de colaboración a suscribir entre la Consejería de Sanidad de cada una de las Comunidades Autónomas, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social [...] por los que las mutuas ponen a disposición sus recursos humanos y materiales con el fin de mejorar la salud de las personas trabajadoras y evitar la prolongación innecesaria de los procesos”.

Las compañías que cotizan en el Mercado Continuo han sellado un buen primer semestre y mantienen las ganancias en niveles récord gracias a la excelente marcha de bancos y compañías turísticas, y a los buenos resultados de algunas empresas energéticas, de concesiones y de telecomunicaciones. Las empresas sostienen así el ritmo pese a la incertidumbre global y los conflictos geopolíticos y alargan el ciclo virtuoso de resultados históricos que anotaron entre 2021 y 2023, una vez superado el golpe de la pandemia que estalló hace cuatro años. Las cerca de 120 compañías que conforman el Continuo obtuvieron un beneficio neto conjunto de 37.051 millones de euros entre enero y junio de 2024, lo que supone un incremento del 10,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Pese al buen dato, la evolución se frena porque en el primer trimestre, con datos de unas 90 compañías sobre el total del Continuo –en dicho periodo no están obligadas a presentar las cuentas–, las ganancias subieron más del 19%. Comparando las cuentas con 2019, las empresas en Bolsa obtuvieron un beneficio neto un 47% superior al que anotaron en el primer semestre del año anterior al Covid (25.164 millones). En el desempeño global tan positivo de 2024 destaca la buena marcha de las empresas del Ibex, que ganaron un récord de 32.542 millones entre enero y junio, un 12,6% más, pese al impuesto del Gobierno a las ganancias extraordinarias de bancos y energéticas.

Los Presupuestos vascos de 2025 serán «los más altos de la historia», según avanzó ayer Imanol Pradales, y tienen ya un autoproclamado candidato al acuerdo en las filas de la oposición. Y es que EH Bildu, en un nuevo golpe de efecto para tratar de marcar el paso de la legislatura, propone ahora a PNV y PSEEE un pacto global para aprobar las Cuentas tanto en el Gobierno vasco como en las tres diputaciones forales. Un ofrecimiento con el que la coalición soberanista exprime su vena más pragmática, validada por las urnas en las últimas convocatorias electorales, pero que el lehendakari cuando menos pone en cuarentena por sus «dudas» sobre la actitud de la izquierda abertzale. El planteamiento, oficializado por Pello Otxandiano en el Parlamento y presentado con antelación a los socios de coalición, llega incluso antes de que las cuatro administraciones concernidas presenten sus números. Lakua tiene previsto hacerlo el 29 de octubre y pondrá sobre la mesa una capacidad de gasto de más de 15.000 millones. Tanto en el Gobierno vasco como en la Diputación de Bizkaia existe una plácida mayoría absoluta de PNV y PSE-EE que garantiza su aprobación, pero la alianza está en minoría en Álava y Gipuzkoa. Sendas instituciones tuvieron que prorrogar sus Cuentas para este año tras unas conversaciones fallidas que estaban condicionadas por la cercanía de los comicios autonómicos.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, reconoció ayer que «hace tiempo» tiene tomada su decisión respecto a su continuidad o no al frente del Euskadi Buru Batzar ante la celebración de la próxima Asamblea General prevista el próximo mes de marzo de 4047 en San Sebastián donde se culminará la renovación del partido. Ortuzar, que no quiso desvelar el sentido de su decisión, la encuadró en el «necesario respeto» que merece el debate interno de «las bases» en el seno de las organizaciones municipales del PNV. Ortuzar reconoció que Iñigo Ansola –exdirector del Ente Vasco de la Energía– es uno de los nombres, junto a otros, que se barajan en esta primera vuelta que se va a desarrollar en las organizaciones municipales de Bizkaia en las próximas semanas como aspirante a suceder a Itxaso Atutxa al frente del Bizkai Buru Batzar. En ese sentido, dejó la puerta abierta a que ese proceso de renovación se lleve a cabo también en Gipuzkoa y en otros territorios, si la militancia así lo decide, aunque precisó que la renuncia de María Eugenia Arrizabalaga como parlamentaria vasca era una decisión anterior que estaba pendiente y que no tiene que ver con este proceso interno. La actual burukide del EBB –que figura como uno de los posibles relevos de Joseba Egibar en Gipuzkoa al frente el GBB– es la actual portavoz jeltzale en las Juntas Generales de este territorio y miembro de la Ejecutiva nacional del partido.

El vasto informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que revela las maniobras de la ‘trama Koldo’ con Pedro Sánchez para el rescate de Air Europa en plena pandemia vuelve a poner el foco en Begoña Gómez y su papel en una operación que supuso el desembolso de 475 millones de euros por parte del Ejecutivo. Los propios investigadores de la unidad de élite de la Guardia Civil han advertido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que hay que indagar mucho más a fondo en este asunto porque, además de los encausados en este procedimiento (José Luis Ábalos; su mano derecha, Koldo García, y el conseguidor Víctor de Aldama) hay otras personas implicadas, en lo que, según todas las fuentes, es una referencia velada a la esposa del presidente. Ahora queda por ver cómo este informe policial influye en tres frentes. El primero, hasta qué punto la investigación del ‘caso Koldo’ se solapa o absorbe a las diligencias del ‘caso Begoña Gómez’. El segundo es saber qué va a hacer el juez Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Gómez por tráfico de influencias y corrupción y al que la Audiencia Provincial de Madrid el pasado lunes vetó indagar sobre la supuesta mediación de Gómez en el rescate en tanto en cuanto no hubiera más pruebas de su intervención. Y el tercero es conocer qué van a hacer los primeros investigadores de la UCO que en el informe remitido a Peinado se limitaron a bucear por internet para descartar cualquier relación entre Gómez y el salvamento de la aerolínea y que ahora son puestos en evidencia por sus propios compañeros de la Unidad Central Operativa. La UCO, en el nuevo informe de esta semana, es tajante: el tema de Air Europa no está ni mucho menos claro. 

El viernes de la semana pasada, los Estados miembros de la UE ratificaban los aranceles a los automóviles eléctricos fabricados en China y que se vendan en la región. «El comercio libre y justo es esencial para garantizar la igualdad de condiciones para todos» dijeron entonces desde la patronal europea de fabricantes Acea. Aunque dejaron una importante coletilla: «pero ese es solo un aspecto de la competitividad global». E insistieron en un ya viejo mensaje por tan repetido. En la carrera mundial por el coche eléctrico «es fundamental [para Europa] contar con una estrategia industrial integral, como se destaca en el informe Draghi». Eso supone asegurarse el acceso a materiales críticos y energía asequible; establecer un marco regulatorio coherente; expandir la infraestructura de recarga (eléctrica y de hidrógeno); o brindar incentivos de mercado, entre otras medidas. Están en juego, recordaron desde la asociación, parte de los 12,9 millones de empleos que viven de la automoción en el Viejo Continente. Esta semana, que se ha celebrado el Pleno del Parlamento de la UE, los eurodiputados se han mostrado dispuestos a atender esas peticiones. «La próxima Comisión va a desarrollar un plan de acción industrial para el sector» dijo el vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis. Aunque primero, asegura, «hay que identificar los retos a corto y medio plazo...». También hay que consensuar una posición y someterla a votación. Pues bien, el primero de los retos a identificar es más que conocido: reducir un 15% las emisiones de los coches desde 2025. Esto supondrá dejarlas en 93,6 gramos de CO2 por kilómetro recorrido y por coche. El frenazo en las ventas de modelos eléctricos –su cuota de mercado en la UE ha pasado del 14,2% al 12,6% en los 12 meses– ha hecho que sea mucho más difícil de cumplir. Y quien no llegue al objetivo, pagará importantes multas.

El Gobierno francés desveló el pasado jueves cómo pretende sanear las arcas del Estado y lograr un ajuste en términos de ahorro por valor de 60.000 millones de euros. El objetivo es reducir el déficit al 5% del PIB en 2025, mediante drásticos recortes de gasto público y aumentos de impuestos a grandes empresas y fortunas. El esfuerzo, calificado de “inédito” por el ministro del Presupuesto, será “colectivo” aunque no afectará a todos de la misma manera. La norma financiera empezará su recorrido legislativo a mediados de mes, un proceso que se anuncia difícil, con un Ejecutivo frágil y sin una mayoría absoluta en el Parlamento, dirigido por el conservador Michel Barnier. “Tenemos que tomar decisiones valientes ahora para evitar otras dolorosas más adelante”, dijo el ministro del Presupuesto, Laurent Saint-Martin, tras el Consejo de Ministros que validó el proyecto de finanzas para que sea debatido en la Asamblea Nacional. Junto al ministro de Economía, Antoine Armand, ha insistido en que el texto se podrá mejorar durante los debates parlamentarios, donde deberá conseguir una mayoría de apoyo para ser aprobado antes de Navidad. Los aumentos de impuestos, han recalcado ambos, serán “temporales, selectivos y excepcionales”. El Gobierno, que integran miembros del partido conservador Los Republicanos y la alianza de centroderecha del presidente Emmanuel Macron, presentó dos documentos. Un proyecto de ley de finanzas y otro de financiación de la Seguridad Social. Para lograr un ajuste de 60.000 millones de euros, la segunda economía de la Unión Europea quiere reducir el gasto público en 40.000 millones de euros e ingresar 20.000 millones de euros con impuestos a los ingresos más altos y a las grandes empresas. Los recortes del sector público, por ende, representan dos tercios del esfuerzo y afectarán principalmente al Ejecutivo central.