20240528

La ejecutiva donostiarra Isabel Busto, ingeniera informática y consejera de Zucchetti Spain, se perfila como la primera mujer en presidir la patronal guipuzcoana en sustitución de Eduardo Junkera, quien agotará ahora los seis años de mandato. La candidatura de Busto es la única que se ha presentado después de que concluyera el plazo para hacerlo el pasado sábado, confirmaron fuentes de la asociación empresarial guipuzcoana. Adegi arrancó el pasado mes de marzo el proceso para renovar sus órganos de gobierno, que culminará el próximo jueves con la celebración de su Asamblea General en Donostia, donde se elegirá a la presidencia, 9 vocalías de elección directa por sufragio universal, 12 vocalías por tamaño (4 por empresa pequeña, 4 por mediana y 4 por empresa grande) y 18 por sector (10 por el sector industrial, 7 por servicios y 1 por construcción). Las candidaturas, tanto para la presidencia como para las vocalías del Consejo Rector, debían ser presentadas en el plazo que mediaba entre la convocatoria de la asamblea (20 de marzo) y cinco días antes de su celebración, es decir, concluía el pasado sábado. Una vez terminado el plazo, Isabel Busto ha sido la única persona que ha presentado su candidatura a la presidencia de Adegi, que por primera vez en su historia tendrá al frente a una mujer.

Pasado y futuro de la industria vasca convergen en Jorge Pérez Berdud. Nombrado CEO de Fagor en 2017, es desde hace dos años presidente del clúster AFM de Máquina-Herramienta, cargo para el que acaba de ser reelegido. La próxima semana, Euskadi acoge la gran cita del sector, la Bienal de Máquina-Herramienta (BIEMH), que Pérez Bredud ya vaticina como «exitosa». "Al abrigo de EE UU, México es una potencia industrial de máximo interés y para nosotros el primer mercado de latinoamérica. El año pasado fue el quinto mercado en exportación y captamos más de 183 millones de euros en pedidos...Hay pocos jóvenes, y eso es un hecho, pero además hay competencia. Debemos generarles interés por la industria desde muy pequeños. Nuestras empresas son atractivas, con carreras interesantes, cuidadas y bien remuneradas. Estamos siempre al límite de la tecnología para solventar problemas. Por ejemplo, fueron máquinas vascas las que plantaron los depósitos para el cohete indio que fue a la luna. Ahora hemos creado la plataforma Joind.es, una materialización de nuestra estrategia para acercar jóvenes, que tendrá una presencia importante en la BIEMH. Aportará información sobre el empleo y generara atracción por el sector...El Gobierno vasco es muy consciente de la relevancia que tiene nuestro sector para la industria en Euskadi y contamos con una batería de programas abundante, bien dotado y con sentido. Es cierto que detectamos que en España la inversión en maquinaria es menor de lo que le tocaría a un país que quiere ser competitivo. Pediríamos mantener lo que hay; impulsar la dinámica de los Renove más allá de la subvención directa, con incentivos fiscales contundentes y generosos como ha hecho Italia; y trabajar junto a la administración para que la inversión en equipamiento productivo tenga el apoyo que necesita..."

El director general de Elkargi, Zenón Vázquez, reclamó ayer orientar la fiscalidad para seguir fortaleciendo la innovación en las empresas –no solo emprendimiento– de todos los tamaños, en diferentes sectores pero poniendo el foco en los estratégicos de futuro. «Debemos acompañar al crecimiento de las empresas, porque el tamaño, dijo, es hoy un problema». Esta es una de las ideas que defendió durante su intervención en la Comisión de Juntas Generales de Gipuzkoa, en la que están participando diferentes agentes de cara a la futura reforma fiscal que se quiere aprobar antes de que finalice el año en todo Euskadi. Zenón Vázquez dejó claro que la fiscalidad no es solo recaudar, sino que es una potente herramienta que, como otras, se tienen que ir adaptando a las nuevas necesidades de las empresas. Defendió que tanto la fiscalidad como la cultura financiera, en la que también hay que profundizar, son imprescindibles para seguir financiando la innovación, proyectos de futuro y ganar así en competitividad. Recordó que «somos un país industrial y que la industria es mucho más intensiva en innovación que otros sectores». Sin embargo, indicó que «nuestro PIB en I+D+i (2,4%) está muy por encima de la media del Estado y de la UE, pero por detrás de otras regiones en las que debemos mirarnos». Mostró su convencimiento de que «si mejoramos el conocimiento financiero de nuestras pymes podríamos sacar partido a valiosas herramientas como el 64 Bis o el artículo 66 para cultura. Creemos en la fiscalidad como fuente de financiación», remachó. En este contexto indicó que desde una escucha activa al tejido al tejido empresarial comparten otras tres ideas. Una de ellas es una fiscalidad homogénea y estable en todos los territorios. Otra, la necesidad de medidas para potenciar, hacer crecer y atraer el talento. Y una tercera, que es dejar constancia de que la red de conexiones e infraestructuras son fundamentales.

 Kutxabank ha decidido crear un ‘área de sostenibilidad’ dentro de su estructura, encargado de promover y desarrollar iniciativas que encajen en ese concepto y que aborden también la transición energética y el cuidado del medio ambiente. Entre las acciones que se van a emprender figura elevar hasta 10.000 millones de euros la inversión en créditos que puedan calificarse como ‘verdes’ o ‘sostenibles’ en los próximos dos años, así como rescatar el programa de microcréditos destinado a personas en riesgo de exclusión social. Así lo indicó ayer en una comparecencia Fernando López de Eguilaz, que asume la dirección de Kutxabank Eragin, el nombre que la entidad financiera ha dado a esta área de actuación. Contará con un equipo de 12 personas destinadas a su gestión e incluso con una oficina propia en Bilbao fuera del cuartel general del banco. Por su parte, el presidente de Kutxabank, Antón Arriola, participó en un acto de inauguración de la oficina donde se ubicará el equipo encargado de estas actividades. A ese acto asistieron el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto; la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, así como representantes de BBK, Kutxa y Vital. «No se trata tan solo de englobar lo que ya hacemos. Queremos hacer más cosas» señaló Arriola.

La actividad en el sector de la construcción en Euskadi en el primer trimestre del año 2024 ha sido, en precios corrientes, un 5,2% superior a la observada en el mismo trimestre del año anterior, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat. El incremento interanual a precios corrientes de este trimestre, una vez extraídos los efectos de calendario, se explica por el comportamiento positivo tanto del subsector Obra civil, que ha experimentado una subida del 2,1%, como por el subsector de Edificación, cuyo crecimiento con respecto al primer trimestre de 2023 ha sido del 5,7%, ha informado el organismo estadístico. Según los datos del Instituto Vasco de Estadística, si se compara la actividad del sector en este primer trimestre del 2024 con la del trimestre precedente, el cuarto de 2023, el Índice coyuntural de la construcción aumenta un 0,8% en términos nominales o precios corrientes, una vez extraídos los efectos estacionales oportunos. En concreto, la actividad en la Obra civil ha ascendido un 0,4% en relación al trimestre precedente, mientras que la de Edificación lo ha hecho un 0,8%. El índice de personal ocupado, tras un descenso del 0,4% en relación al trimestre anterior, se ha situado el primer trimestre de 2024 un 0,3% por debajo del observado en el mismo trimestre del año 2023. 

Batacazo del mercado hipotecario en marzo. En Euskadi solo se firmaron 1.357 préstamos para la adquisición de vivienda ese mes, un 29% menos que en el mismo periodo del año anterior. El retroceso se debe en gran medida a que la Semana Santa cayó esta vez en marzo, pero aun así supone una quiebra de la recuperación que se atisbó en febrero, con la primera mejora en un año. El retroceso es muy superior al registrado en el conjunto de España, donde fue del 18%. De hecho, Euskadi se situó como la tercera comunidad con peor comportamiento, solo por detrás de Castilla y León y Canarias, ambas con un desplome algo superior al 31%. Tras esta caída, el acumulado del primer trimestre del año arroja un descenso del 13% en la firma de hipotecas en Euskadi, con 4.726 operaciones entre enero y marzo. Durante el primer trimestre en el conjunto de España se cerraron algo más de 100.000 préstamos, lo que se traduce en un descenso del 8%, según los datos que el Instituto Nacional de Estadística (INE) hizo públicos ayer. El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas alcanzó en marzo el 3,41%, frente al 3,33% de febrero. Con excepción de enero de este año, mes en el que se situó en el 3,46%, el de marzo es el interés más elevado durante prácticamente la última década. Para superar estos datos hay que remontarse a diciembre de 2014.

No habrá sorpresas. El Banco Central Europeo (BCE) ya ha decidido que el próximo 6 de junio bajará los tipos de interés, previsiblemente en 25 puntos básicos hasta el 4,25%. El economista jefe de la entidad, Philip Lane, se sumó ayer a otras voces del organismo que llevan semanas preparando al mercado para ese primer recorte desde que se inició el abrupto ciclo de subidas en julio de 2022. «Salvo grandes sorpresas, en este momento hay suficiente convicción en lo que vemos para eliminar el nivel máximo de restricción», indicó Lane en una entrevista en el diario ‘Financial Times’. Sin embargo, esto no implica que la institución haya entrado ya en una senda a la baja sin descanso. Ni mucho menos. Al igual que ya hizo el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, Lane dejó claro que los movimientos del resto del año serán muy graduales, con una política monetaria «que seguirá siendo restrictiva» durante el resto del ejercicio. Es decir, no será hasta 2025 cuando se pueda empezar a hablar de bajadas más consistentes en las tasas de referencia. «El año que viene, cuando esperamos que los salarios se hayan desacelerado y algunos de los efectos de las medidas fiscales que elevan la inflación se hayan desvanecido, entonces habrá un debate sobre la normalización», expresó Lane. El economista irlandés apuntó a «la magnitud de la inflación que todavía se observa en servicios y en la tasa subyacente» para defender su teoría, con el IPC general en el 2,4% en la zona euro, todavía por encima del objetivo del 2%.

El grupo vasco de material ferroviario CAF ha sido el único que ha pasado a la fase final del concurso convocado por Metro Madrid para renovar los trenes de la línea 1, con la mejor oferta técnica y económica. Aunque Metro Madrid no ha comunicado aún la adjudicación formalmente, se da por hecho que el contrato de 412 millones de euros irá al fabricante de Beasáin (Guipúzcoa). Será el segundo pedido del suburbano madrileño a CAF en poco más de un mes, tras la adjudicación a finales de abril del suministro de 40 trenes para las líneas 6 (Laguna-Lucero) y 8 (Nuevos Ministerios-Aeropuerto) por 450 millones. Estos convoyes atenderán también la ampliación futura de la línea 11 hasta Conde de Casal. La licitación prevé la entrega de 40 trenes con 240 coches, que se destinarán a la línea 1 que une las estaciones de Pinar de Chamartín y Valdecarros. Esta línea fue la primera que inauguró el metropolitano madrileño en 1919. CAF tendrá que realizar el diseño, la fabricación, el suministro y la puesta en marcha de los trenes, así como su mantenimiento durante 10 años. También se ocupará de desarrollar y poner en práctica un programa de optimización durante el ciclo de vida útil de todas las unidades, que rondará los 40 años. Los convoyes estarán compuestos por seis coches: cuatro motores y dos remolques, en composición continua con pasillos de intercomunicación y con una cabina de conducción en cada coche extremo de la composición. En un primer momento tendrán una conducción semiautomática (protegida con maquinista) y en el futuro podrán pasar a una operación sin tripulante.

Adif, la sociedad pública que construye las líneas de tren de alta velocidad en España, ha solicitado una prórroga del permiso ambiental imprescindible para iniciar las obras del tramo del TAV entre Burgos y Vitoria. La entidad ha tomado esta decisión porque la autorización que obtuvo en 2021 caducará a corto plazo y ya no sería válida para la ejecución de los trabajos. La sociedad dependiente de Transportes logró el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente el 21 de junio de 2021, después de superar unos trámites complejos. Aquella resolución tiene una vigencia de cuatro años. Es decir, obliga a Adif a meter las máquinas e iniciar el tajo antes del 22 de junio de 2025. El problema es que el proyecto, que prevé invertir 1.500 millones de euros en levantar un trazado de 100 kilómetros entre ambas ciudades, acumula un retraso considerable. La sociedad pública ve muy difícil comenzar con la obra antes de esa fecha. Por ese motivo y para evitar echar por tierra los estudios y análisis del entorno natural realizados en el pasado, han pedido formalmente una prórroga. Una vez que se dilucide el trámite de las consultas previas a otras administraciones, Medio Ambiente tendrá un plazo de tres meses para dar una respuesta a Adif. En caso afirmativo, la sociedad encargada de las obras del TAV entre Vitoria y Burgos contaría con un margen añadido de dos años más para iniciar las obras (hasta junio de 2027).

Bares, restaurantes y hoteles vizcaínos serán los primeros de todo el Estado en obligar a fichar a los trabajadores de forma telemática para evitar abusos por parte de las empresas. Así lo establece el convenio del sector que firmaron ayer los sindicatos CC OO, LAB y UGT y del que se ha quedado fuera ELA. La hostelería de Bizkaia, que abarca a 7.000 establecimientos y 26.000 trabajadores, llevaba sin renovar su convenio desde 2019 y por fin lo ha actualizado con la incorporación de importantes novedades como la del registro horario. Para los sindicatos esta era una cuestión clave porque, según dicen, es uno de los sectores en los que más irregularidades se producen. En el convenio de Gipuzkoa, que se firmó hace un año, ya se había adoptado la condición de que los bares y restaurantes con más de cinco trabajadores tengan fichaje telemático, pero el de Bizkaia es el primero de España que extiende la obligación a todos los establecimientos, aunque con un decalaje: los de más de cinco empleados tendrán que tenerlo en el plazo de un año desde que el acuerdo se publique en el boletín y al resto se le da de margen hasta su vencimiento en 2027. El convenio permite la recuperación de la inflación de los últimos años, según explican en CC OO-Euskadi. Así, desde este mismo mayo se aplicará una subida salarial del 12,2%, correspondiente al periodo 2022-2024; para el próximo año el alza será del IPC más el 0,5%, lo mismo que en 2026; en 2027 será el IPC más un 1,6%. El acuerdo recorta en cuatro horas la jornada anual y regula la figura de los fijos discontinuos a tiempo parcial.

ELA defendió ayer en las Juntas Generales de Gipuzoa que el sistema impositivo sea «más justo y redistributivo», por ello reclamó una reforma fiscal que incorpore «un notable incremento de los impuestos a pagar por los beneficios empresariales, por la riqueza y por las rentas altas». Todo ello tras recordar que la presión fiscal de la CAV fue en 2022 del 32,9%, lo que supone 7,2 puntos menos que la media de la UE-27, y que de haber sido la misma se hubiera recaudado 7.106 millones más. Para el sindicato, una de las cuestiones previas que deberían abordar las administraciones es la transparencia en la información que se ofrece, entre otras cosas, porque no es homogénea, lo que no permite realizar análisis rigurosos. Pero más allá de eso, propone en lo que respecta al IRPF aumentar los tipos impositivos a las rentas altas y aumento de tramos; que las rentas de capital paguen lo mismo que las de trabajo y modificar la tributación de las EPSV y planes de pensiones. En Sociedades, propugna establecer un tipo efectivo del 25% sobre los beneficios y la eliminación de las deducciones e incentivos fiscales y de la ingeniería fiscal. En Patrimonio, reclama un recargo específico que sea progresivo y se sitúe entre el 1% y el 10%, con el objetivo de recaudar 2.000 millones más en la CAV; doblar la tarifa del impuesto y eliminar el tope de tributación de este impuesto y el IRPF. Además, plantea inspeccionar a todas las empresas en un plazo de cuatro años, así como a las rentas de capital y a las actividades económicas.

La productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea (UE), lo que supone que en caso de disponer de los mismos recursos (en términos de empleo y capital) nuestro país sería capaz de producir en cada hora un cuarto menos que la media comunitaria; mientras que la UE, a su vez, produciría un 22% menos que Estados Unidos, una brecha preocupante, ya que de la productividad depende casi todo el crecimiento económico y la prosperidad. «El reducido nivel de productividad laboral en España cobra todavía más relevancia cuando se tiene en cuenta que la tasa de desempleo en España duplica la de la UE y que el crecimiento de la productividad de la Eurozona ha sido menor que el de EEUU en las dos últimas décadas", explican Fedea y BBVA Research en su noveno Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo presentado ayer. Este desajuste no es homogéneo en todo el territorio nacional: hay comunidades autónomas en las que los niveles de productividad son muy superiores a la media nacional, mientras que otras se encuentran muy lejos de la convergencia. Matilde Mas, profesora emérita de la Universidad de Valencia y directora de proyectos internacionales del IVIE, explicó ayer que la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Cataluña y la Comunidad Foral de Navarra presentan los niveles de productividad más altos del país y recuerda que existe una correlación positiva con muchos otros factores. «Son las que tienen un nivel de capital humano más elevado, en comparación con Extremadura y la Región de Murcia que se sitúan a la cola. Lo mismo sucede con el capital humano o el nivel de capacitación de los empresarios, con los salarios, el porcentaje de empleo indefinido –aunque esta variable no presenta una relación tan estrecha–, la proporción de teletrabajo e incluso el gasto público medio por nacimiento». Esto último se refiere a las ayudas que ofrecen las comunidades, al margen de las prestaciones de la Seguridad Social, para facilitar la crianza y, junto al teletrabajo, son claves para promover la conciliación de los trabajadores.

Las grandes tecnológicas han dado un mordisco al negocio de los bancos. Desde hace años, la banca viene mirando de reojo los movimientos de compañías como Apple, Amazon o Google para prestar servicios que tradicionalmente habían explotado las entidades financieras. Y el auge de los pagos electrónicos, la digitalización de las finanzas y una regulación más favorable ha provocado que el mordisco a la banca en créditos sea de más de medio billón de euros. “El crédito concedido globalmente por las big tech en la última década ha pasado de una cifra insignificante a representar el 11% de sus ingresos, con un volumen de crédito que supera los 570.000 millones de dólares”, señala Banco Sabadell en un documento remitido a la CNMV, citando datos del Comité de Basilea, y en el que reconoce que el avance de las grandes tecnológicas supone uno de los principales riesgos para el negocio bancario. El sector de los pagos es en el que más incursiones han realizado los gigantes tecnológicos. La popularización del comercio electrónico ha provocado que estas compañías desarrollen plataformas como Apple Pay o Google Wallet, que suponen un negocio millonario en comisiones que cobran a los emisores de tarjetas por cada compra que se hace desde el móvil y a través de estar carteras digitales. Antes el negocio se lo repartían entre los bancos y los emisores de tarjetas. Se da la circunstancia de que negocio de los pagos tiene altas tasas de rentabilidad, pero requiere de mucha inversión en infraestructura tecnológica y solo los bancos de mayor tamaño pueden explotarlo por sí solos. Las entidades de menor tamaño han optado en los últimos años por vender sus filiales de pago o dar entrada a un socio industrial más especializado con el objetivo de no quedarse atrás. En ese sentido, CaixaBank mantiene varios acuerdos con el gigante estadounidense Global Payments y el Sabadell vendió el año pasado el 80% de su filial de pagos a Nexi.

EY, el auditor que ha puesto de relieve la maltrecha situación que atraviesa Holaluz –uno de los emblemas de los nuevos jugadores del sector eléctrico y de renovables–, advierte también de “incertidumbre” en el informe de auditoría elaborado sobre Soltec, otro de los nuevos grupos surgidos con el boom de las energías verdes. Se trata de una advertencia en relación a una “incertidumbre material relacionada con la empresa en funcionamiento”. EY llama la atención sobre una póliza de crédito que contrajo la compañía con un límite de 90 millones de euros, dispuestos en su totalidad, y formalizada con un sindicato de entidades con el objetivo de financiar actividades de la empresa. Esa póliza vencía el 11 de febrero. Soltec, grupo especializado en equipamientos y desarrollo de fotovoltaicas, ya informó en su día de que se había ampliado el plazo hasta el 31 de mayo para negociar un nuevo acuerdo con los bancos. Hasta ahora, Soltec no ha informado sobre la concreción de un acuerdo para la novación del crédito, su extensión temporal o la ampliación o minoración del volumen económico. EY advierte que esta circunstancia “puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento”. Los directivos de Soltec indican que “el préstamo vigente tiene un vencimiento programado para el día 31 del mes de mayo”. En este sentido, añaden, “nos encontramos en plena negociación con las entidades bancarias involucradas. Este proceso se está llevando a cabo dentro de un marco de normalidad y siguiendo los procedimientos habituales”.

Repsol prepara una megaoperación de rotación de activos para un gran paquete de renovables en Estados Unidos. El grupo energético busca inversor para incorporarlo como socio a una cartera de unos 800 megavatios (MW) en fase de operación o a punto de entrar en funcionamiento. La valoración del 100% es de unos 600 millones de euros, indican fuentes del mercado de renovables. Se trataría, entre otros, de los proyectos fotovoltaicos Jicarilla (145 MW) y Frye (637 MW). La idea es sacar este paquete de instalaciones al mercado en el segundo semestre del año. Repsol está todavía ultimando la oferta, que podría modularse de aquí a julio en función de la situación del mercado o del grado de desarrollo de otros activos que se puedan incorporar. Repsol está barajando posibles bancos asesores, sin que haya tomado una decisión definitiva. El modelo de rotación para EEUU es diferente del que suele darse en otros mercados como España. En lugar de mantener una participación mayoritaria, de más del 50%, Repsol mantendrá exactamente ese porcentaje, que en EEUU le permite desconsolidar deuda. Estados Unidos fue siempre un mercado clave cuando Repsol era exclusivamente una petrolera. Ahora, que Repsol avanza hacia la multienergía, lo es mucho más por el potencial de las renovables de ese país.

Valencia se suma hoy a la lista de capitales que limitan los pisos vacacionales para frenar el turismo masivo y su impacto en la vivienda. La oferta ilegal, con decenas de miles de inmuebles, crece a doble dígito. El Ayuntamiento de Valencia aprueba hoy en el pleno la penúltima moratoria municipal en las ciudades españolas para poner coto al auge imparable de pisos turísticos. En la capital valenciana proliferan en bajos comerciales de todo tipo de barrios y la suspensión cautelar de licencias durante un año, prorrogable por otro más, es la primera medida de la alcaldesa, la popular María José Catalá, para echar el freno al turismo de masas. La segunda llegará en 2026 con la prohibición a los megacruceros de atracar en el Puerto de Valencia, un anuncio que ya le ha valido por primera vez las críticas del lobby empresarial que preside el naviero Vicente Boluda. La moratoria de apartamentos turísticos llega también precedida de polémica, porque la Patronal de Viviendas de Uso Turístico de la Comunidad Valenciana (APTURCV) ya ha pedido que se respete la «seguridad jurídica de los alojamientos legales y los proyectos ya tramitados conforme a la ley». En total, las viviendas turísticas contabilizadas son hoy 10.854. La moratoria, en todo caso, dejará fuera a los bloques completos de apartamentos turísticos y a los propios hoteles, a pesar de que así lo pedía la Asociación Valenciana de Viviendas de Alquiler de Corta Estancia (AVAEC). El camino que ahora quiere explorar el PP en Valencia pretende favorecer el «turismo de calidad y sostenible», en palabras de Catalá. «Los turistas son bienvenidos», insisten fuentes municipales, «pero queremos un crecimiento controlado».

Las fuertes concesiones que el Gobierno ha hecho para que las personas que trabajaron como becarios puedan rescatar esos años de vida laboral ante su futura jubilación han dado sus frutos. El Ministerio de Seguridad Social alcanzó ayer un principio de acuerdo con los sindicatos para reformular el método que ya había puesto en marcha para recuperar esos periodos de cotización que no se habían reflejado en su historial en la Seguridad Social y que había generado un rechazo absoluto por las cuantiosas sumas que debían desembolsar, según confirmaron UGT y CC OO. La patronal también ve con buenos ojos estas mejoras, pero no considera que sea objeto de negociación y, por tanto, tener que pactarlo. Los antiguos becarios, muchos de los cuales son investigadores y científicos, pagarán cuotas de entre 40 y 140 euros por cada mes que quieran aflorar en su historial laboral y podrán abonarlas a plazos, una novedad que no se permitía con la redacción actual. Así lo establecerá la nueva orden que el departamento dirigido por Elma Saiz comenzará a tramitar esta misma semana para suceder a la publicada el pasado 1 de mayo. Para ello, aquellos alumnos que realizaron desde los 80 hasta el año 2011 períodos de prácticas formativas, de prácticas académicas externas o la participación de graduados universitarios tendrán que suscribir un convenio especial –por cinco años– por el que pagarán la cuota que les hubiera correspondido, con un descuento del 23%, durante el período en el que estuvieron trabajando, no la cuota que pagarían en la actualidad. 

El 44% de los trabajadores dicen sentirse estresados, una cifra récord en la historia que sugiere que el síndrome del trabajador quemado no es un problema psicológico sino estructural. Si el burnout o síndrome del trabajador quemado reflejaba un fenómeno individual, el gran agotamiento viene a señalar la problemática colectiva que hay detrás. La cultura e internet han tenido un papel crucial en la propagación de esta idea, desde los memes hasta la literatura o la música. El libro de Serrano es un buen ejemplo. “Para mí hay dos momentos clave para entender todo esto. Uno fue la crisis de 2008, que nos obligó a buscarnos la vida. Y otro fue la pandemia, que nos obligó a pararla”, explica la autora. Cuando la actividad se recuperó algo se había roto. El mundo obligaba a retomar el ritmo anterior, pero mucha gente, simplemente, no quería.

La monitorización del mercado de trabajo es una tarea ardua y no exenta de polémica. Las fuentes de información más recurrentes y contrastadas para su estudio son, en primer lugar, la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE de forma trimestral; y la estadística mensual de paro registrado, compuesta por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE, dependiente del Ministerio de Trabajo), a partir de las altas que se computan en sus oficinas. Ocurre, sin embargo, que los resultados de estas dos series han empezado a dibujar escenarios no siempre paralelos, singularmente desde que el instituto estadístico ha incorporado las cifras del Censo de Población y Viviendas de 2021 a la EPA de los últimos tres años (frente al censo de 2011 que se venía utilizando). Con esta actualización, los últimos resultados respecto a las series de paro se han agrandado hasta ofrecer un diferencial, en valores absolutos, de 800.000 personas desde 2018, según el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo del primer cuatrimestre de 2024 elaborado por Fedea, y presentado ayer en Madrid. La falta de convergencia en el número de parados, que arroja un resultado considerable al estar cercano al millón de personas, se nutre de las divergencias en los comportamientos de los parados dependiendo de su edad.

Malas noticias para todos aquellos que tienen pendiente en los tribunales y, especialmente, en el Supremo sus aspiraciones para convertirse en trabajadores fijos de las administraciones públicas, después de haber estado durante años como interinos. En una reciente sentencia del pasado 29 de abril, el Tribunal Supremo dicta que el acceso a la función pública, sin hacer las correspondientes pruebas u oposiciones, “es incompatible con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública”. Modelo “que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente”. Como en el sector privado, estos últimos están cubiertos por la negociación colectiva y se regulan por el Estatuto de los Trabajadores. Además, el Tribunal Supremo sostiene que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE, del pasado 22 de febrero, no le dijo a España que, “automáticamente”, tenía que convertir en funcionarios, o en trabajadores fijos, a todos aquellos interinos que llevasen trabajando en las administraciones. Luxemburgo dijo que no encontraba en la legislación española una forma de resolver este problema. Y añadió que, entre tanto se solucionaba el problema, la mejor forma de castigar a las administraciones que abusan de los interinos es su conversión en fijos de todos aquellos que se encontrasen en esa situación.

China ha creado un fondo dotado con 344.000 millones de yuanes (43.775 millones de euros) para promover la industria doméstica de microchips, crecer en un negocio clave en pleno proceso de digitalización mundial y reducir la dependencia de la tecnología de EEUU y Taiwán, en medio de las tensiones geopolíticas y comerciales entre Pekín y Washington. El nuevo fondo, el mayor desvelado por Pekín para la industria de semiconductores y que se nutre de bancos, organismos y empresas públicas, es el tercero de una estrategia puesta en marcha por el Gobierno hace una década a través del denominado China Integrated Circuit Industry Investment Fund. La gran novedad es que la cuantía de la nueva fase del megafondo para chips e industria auxiliar supera la suma de los dos anteriores, lanzados en 2014 y 2019, juntos. La tensión política y comercial de China y EEUU se ha recrudecido en los últimos años, especialmente en un sector tan sensible como las nuevas tecnologías y los chips, y Washington ha vetado o restringido la exportación de tecnología, equipamientos y chips avanzados Made in USA a las empresas chinas. La última ronda de sanciones del Gobierno de EEUU se produjo en octubre, cuando el Ejecutivo de Biden restringió la venta a China de chips avanzados para el negocio de la inteligencia artificial (IA) generativa.

Una ayuda militar sin precedentes en la historia reciente de España. Pedro Sánchez y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, firmaron ayer en Madrid un acuerdo de cooperación en materia de seguridad por el que el Gobierno se compromete a enviar a Kiev un paquete de armamento valorado en 1.129 millones de euros. La donación incluye misiles Patriot y carros de combate Leopard, dos elementos que, desplegados en el campo de batalla, pueden ser decisivos para contrarrestar por aire y tierra la nueva ofensiva lanzada por Moscú en las últimas semanas, además de proteger a la población civil. El hito se produjo durante la segunda visita del líder ucraniano a España –la primera con carácter oficial–, que incluyó una nutrida agenda iniciada con el recibimiento del Rey Felipe VI a Zelenski a pie de pista tras su aterrizaje, por la mañana, en el aeropuerto de Barajas. Un gesto protocolario de primer orden solo reservado para las grandes visitas de Estado. Pero mientras Zelenski, en su comparecencia posterior a su encuentro con Sánchez en Moncloa, agradecía a los españoles por «no mirar hacia otro lado» desde que Rusia lanzó su ataque contra Ucrania hace ya algo más de dos años, los aliados parlamentarios del PSOE, incluido Sumar, el socio minoritario del Gobierno, criticaban al presidente del Ejecutivo por no haber llevado este convenio internacional al Congreso para su ratificación.