20240312

Kutxabank y las organizaciones empresariales vascas que constituyen Confebask, Adegi, Cebek y Sea, han creado la línea especial de financiación denominada 'Kutxabank Eco Finance' y dotada de 2.000 millones de euros. Con esta iniciativa, pretenden favorecer las inversiones empresariales de carácter sostenible, cuyo objetivo sea realizar actividades que minimicen el impacto medioambiental negativo, mejorar la eficiencia energética, reducir la huella de carbono y desarrollar el crecimiento sostenible e integrador. El convenio suscrito fija unas "condiciones preferentes y sin comisión de apertura" para financiar iniciativas que conlleven un impacto medioambiental positivo, tanto en operaciones de leasing como de préstamo. Según ha explicado Kutxabank, el objetivo de esta línea especial es fomentar "la adecuación progresiva" de la actividad empresarial con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas. En ese sentido, apoyará las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética de las empresas, la utilización de energías renovables, la adquisición o adecuación de inmuebles y equipos de bajo consumo, la adquisición de vehículos de baja o cero emisiones de carbono. También se beneficiarán de estas condiciones las inversiones en la gestión sostenible del agua u otros recursos naturales, la prevención y control de la contaminación, la reducción de las emisiones de CO2 y las iniciativas de agricultura ecológica. El convenio, que permanecerá vigente hasta marzo de 2025, ha sido firmado este lunes por el consejero delegado de la entidad financiera, Eduardo Ruiz de Gordejuela, y por Eduardo Junkera, presidente de Adegi, Carolina Pérez Toledo de Cebek, y por Pascal Gómez de SEA Empresas Alavesas. En el acto, el consejero delegado de Kutxabank ha recalcado el "compromiso histórico" que vincula al banco con la sostenibilidad. "El compromiso medioambiental forma parte de nuestro ADN. Por ello queremos ser el aliado fundamental del tejido empresarial de Euskadi en la minimización de la huella de carbono en nuestro entorno", ha agregado. Ver más en Kutxabank

El 63,8% de la población trabajadora vasca se encontraba, al finalizar 2023, con sus convenios actualizados, mientras el 30,6% tenía sus acuerdos en situación de prórroga y únicamente el 5,6% se hallaba con sus convenios decaídos y sin cobertura. En su informe, el CRL señala que se trata de los mejores datos desde la aprobación de la reforma laboral de 2012, tanto en los que se refiere al porcentaje de población trabajadora con sus convenios vigentes, como al de personas con sus convenios decaídos. El incremento salarial medio de los convenios negociados en Euskadi el pasado año se situó en el 4,59%, más de un punto por encima de la subida pactada para los convenios colectivos en el conjunto del Estado, que se situó en el 3,46%. En relación a la situación de la negociación colectiva al comienzo del año 2024, en los convenios negociados en Euskadi, su incremento medio ha sido del 3,14%,  mayor que en los convenios de ámbito estatal con incidencia en el País Vasco, donde el aumento ha sido del 2,86%. Por otra parte, la jornada media pactada para el año 2023 en aquellos convenios que se encontraban vigentes y con sus condiciones actualizadas fue para el conjunto de Euskadi de 1.698 horas. Y en cuanto a las huelgas, entre enero y octubre de 2023 se registraron en Euskadi un total de 273 , que contaron con 54.475 participantes y generaron un total de 142.631 jornadas no trabajadas. En relación con el ejercicio previo, dichas cifras suponen unos descensos del 3,9%, 20,2% y 37,3% respectivamente. Ver informe completo del CRL. 

Confemetal, la patronal de las pequeñas y medianas empresas del metal, ha planteado a los sindicatos CCOO y UGT la elaboración de un plan de pensiones para todo el sector. Más bien llamado un plan de empleo que dé cobertura a las 220.000 empresas y los 1,5 millones de trabajadores que hay en él. Se trata de regular para los empleados un proyecto de previsión complementaria a la pensión de la Seguridad Social, según las distintas fuentes del sector consultadas. El plan formaría parte del V convenio general para toda España, que establece las líneas generales de las relaciones laborales, salvo en el salario y la jornada, que se negocian en los acuerdos provinciales. La patronal no ha hecho más que esbozar su propuesta a los sindicatos, por lo que falta entrar en el detalle, en una negociación que se puede alargar durante varios meses o un año. Sin embargo, se trata de la primera vez que Confemetal, que está integrada en CEOE, plantea una propuesta semejante a los sindicatos CCOO y UGT. Una parte del incremento salarial pactado se destinaría al plan de pensiones. Bien es verdad que la primera respuesta de los sindicatos ha sido desigual. UGT se ha mostrado dispuesta a entrar en la negociación, frente a las reticencias iniciales de CCOO, que teme que si los planes de empleo se extienden por los sectores, al final resulte perjudicada la propia Seguridad Social. No obstante, las distintas fuentes del sector expresaron su convencimiento de que CCOO terminará negociando. De hecho, la industria del metal sigue a la construcción, que ya ha puesto en marcha un plan de empleo sectorial. Y CCOO participó en la negociación del plan de empleo del mismo.

Euskaltel cuenta en Euskadi con 400.000 clientes de fibra. Es decir, casi medio millón de hogares a los que lleva la conexión de internet. Se trata de un volumen más que considerable para desarrollar economías de escala con servicios suplementarios. Es lo que comenzó a hacer la compañía adquirida por MásMóvil en 2022 al ofrecer el servicio de alarmas y que ahora extiende también a la energía. Euskaltel ofrece desde esta semana también a sus clientes la posibilidad de implementar en su servicio la contratación de luz y gas. Reproduce un movimiento que las tecnológicas llevan años analizando para ampliar su abanico de oferta y lograr nuevas ventanas de rentabilidad sobre uno de sus principales activos: la base de sus clientes a los que prestan servicios. Y es que el sector de los operadores de internet y telefonía ha sido de los que menos ha subido los precios de sus servicios. La fuerte competencia entre las marcas ha obligado a sacrificar márgenes para no perder cuota de clientes. En esa coyuntura, la posibilidad de ofrecer servicios añadidos que no incrementen mucho los costes es una de las claves del negocio. Con esta apuesta, Euskaltel ofrece acceso a internet, telefonía, televisión, alarmas y ahora energía con la contratación de luz y gas. Según fuentes de la compañía del grupo MásMóvil, el precio del kilowatio hora de energía eléctrica se ofrece a 0,118 euros y el de gas a 0,078 euros el kWh.

La falta de talento es un problema en el que en el último año inciden en repetidas ocasiones los empresarios vascos, pero no es una preocupación exclusiva de Euskadi, sino que se extiende por todo Europa. Su efecto negativo se focaliza en la competividad, pero también tiene ramificaciones en el ámbito de los salarios. Según refleja el informe de LKS Next, la mayor falta de perfiles cualificados repercutirá en una mayor rotación de puestos de trabajo y en un incremento de salarios en la lucha por retener un talento escaso que tendrá un amplio abanico de oportunidades laborales donde elegir. La cuestión se complica con la implantación del teletrabajo, cuya consecuencia directa es que perfiles cualificados vascos puedan desempeñar su labor desde casa para una empresa radicada en cualquier país del mundo. A este respecto, el director de consultoría de personas de LKS Next, Ander Sansinenea, asegura que hay personas en Euskadi que trabaja para empresas de Estados Unidos o Dinamarca “con un salario que, si bien no llega a los que se pagan en esos países, son superiores a los de aquí”. “Quien más, quien menos, está sufriendo ese problema”, constata, para añadir que su consecuencia es un retraso en la ejecución de proyectos, lo que merma la competitividad de las empresas vascas. Y no parece que este obstáculo desaparezca a corto plazo. “Vamos a notarlo en 20 años, la demografía en Euskadi es la que es”, lamenta Sansinenea, quien opina que se ha reaccionado tarde a este problema, y que las diferentes iniciativas que se impulsan desde instituciones y empresas son “parches”. El consultor aboga por “acelerar el proceso” e impulsar políticas que fomenten la inmigración que es, a su parecer, la solución al problema. No obstante, recuerda que el fomento a la inmigración tiene que estar muy analizado y debe traducirse en políticas estratégicas globales, que contemplen “cómo integrar en la sociedad euskaldun” al elevado número de personas que lleguen para trabajar en el territorio.

La falta de mano de obra en las empresas españolas ya no es solo una cuestión de puestos altamente cualificados. Ni tampoco solo de la hostelería, donde la búsqueda de camareros en temporada alta se ha vuelto misión casi imposible en los últimos años. El problema se extiende ya a otras ramas de actividad, convirtiéndose en uno de los obstáculos que más entorpecen la actividad y las previsiones de inversión, una de las patas que sustentan el crecimiento económico. En total, un 43,8% de las empresas nacionales asegura sufrir esta dificultad en estos primeros meses del año, 1,2 puntos más que en el último trimestre de 2023, según la ‘Encuesta a las empresas sobre la evolución de su actividad’ publicada ayer por el Banco de España. El documento deja claro que el problema afecta a muchos sectores. Pero sigue siendo especialmente pronunciado en la hostelería, agricultura y construcción. Es más, un 50% de las compañías que forman parte de estas tres ramas de actividad sufren esa falta de profesionales. Son muchos los factores que influyen en ese vacío de vacantes. En un reciente informe, los analistas de Funcas lo achacaban al envejecimiento de la población y, sobre todo, a unos salarios por debajo de las expectativas de los potenciales trabajadores. Pero también a la transición digital y verde, «que demandan habilidades técnicas» que no siempre se encuentran entre los candidatos a un puesto de trabajo.

La cifra de extranjeros que residen en Gipuzkoa marca un nuevo récord. Según los datos del Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, uno de cada ocho habitantes ya es de origen foráneo en el territorio. La cifra total de nacidos en otros países se eleva así hasta los 88.000 habitantes, el 12% de la población total, tras la llegada de 5.000 inmigrantes el año pasado. Gipuzkoa ha batido un nuevo récord de población extranjera y llega, por primera vez en su historia, al 12,1% de personas foráneas sobre el total de sus habitantes, con Marruecos, Nicaragua y Colombia como principales países de origen. La cifra de las personas nacidas fuera de España con residencia en el territorio escala así hasta las 88.005. La llegada de 4.994 inmigrantes en 2023 confirma la recuperación de los flujos prepandemia, y supone una ganancia de 4.333 foráneos en Gipuzkoa respecto a 2022, cuando había 83.672 personas de procedencia extranjera, el 11,5% sobre el total. De hecho, sólo en el último año han llegado más extranjeros que en 2022 (1.582) y 2021 (1.877) juntos, aunque todavía menos que en 2020 (5.772). La presencia de la población extranjera en Gipuzkoa ha aumentado casi cuatro puntos porcentuales respecto a 2016, desde las 62.442 personas (el 8,8% del total) a las citadas 88.005 de 2023 (el 12,1%). Aunque el crecimiento en los últimos años haya sido progresivo, la llegada de 4.994 nuevos habitantes de origen extranjero en 2023 supone una de las cifras más altas registradas hasta la fecha, lo que eleva 0,6 puntos porcentuales su presencia respecto a 2022, el doble que de 2021 a 2022, cuando pasó del 11,2% al 11,5% de los habitantes. Desde que en 2019 la población extranjera alcanzara en Gipuzkoa el 10% del total, su presencia en el territorio ha crecido en cerca de 10.000 personas, de una forma más acelerada que en Bizkaia y Álava.

A más población extranjera, más peso de esta en el mercado de trabajo, ya que el objetivo de toda persona o familia que se desplaza a un país distinto al suyo es encontrar una ocupación que le permita una vida mejor que la que tiene o puede tener en su lugar de origen. Así, en consonancia con el aumento registrado de habitantes foráneos en Gipuzkoa, también crece su presencia en el ámbito laboral. Según los últimos datos pormenorizados de afiliación a la Seguridad Social, correspondientes al pasado mes de enero, ese mes hubo de media en Gipuzkoa 31.259 cotizantes nacidos fuera de España. Son 2.673 más (9,35%) que en el mismo mes del año pasado. A esta cifra oficial hay que sumar un número indeterminado de personas que trabajan sin contrato en la economía sumergida. Esos más de 30.000 trabajadores representan el 9,36% de las 333.872 personas con trabajo legal en el territorio. Es decir, casi uno de cada diez. El peso de los trabajadores extranjeros en el total de la masa laboral es en Gipuzkoa el más bajo de Euskadi, pero superior a la media estatal (8,05%). En el caso vasco, en Bizkaia la población forastera ocupa el 10,98% de los empleos, y en Álava, el 9,44%, para una media autonómica del 10,15% y 90.575 trabajadores. Tres de cada cuatro ocupados extranjeros en Gipuzkoa (22.727) son nacidos en países de fuera de la Unión Europea, mientras que los otros 8.532 son oriundos de alguno de los otros 26.

En la lista de transferencias pendientes figuran los tres aeropuertos vascos y los puertos de Bilbao y Pasaia, reclamación que los gobiernos central y vasco reconocen compleja. Aun así, el PNV presionará para asumir la gestión de Foronda y disponer de una pista para vuelos transoceánicos. Oficializado el traspaso de Cercanías, la acogida de inmigrantes y la homologación de títulos. Si bien el proceso de transferencias y los plazos nunca han sido buenos amigos –el Estatuto de Gernika lleva casi 45 años pendiente de completarse–, los gobiernos vasco y central remataron ayer, en tiempo y forma, los tres traspasos que Pedro Sánchez se comprometió a materializar como máximo en marzo a cambio del apoyo del PNV a su investidura. Euskadi gestionará el servicio de Cercanías, la acogida de migrantes y la homologación de títulos extranjeros. Pero ahí no acaba todo, ni mucho menos. Aquel pacto también planteó recibir el resto de competencias para finales de 2025 y los jeltzales ya presionan con materias como los aeropuertos, con especial énfasis en el de Foronda.

Con una subida del 75%, Tubacex fue una de las grandes estrellas del ejercicio bursátil 2023. Este año, el valor está acusando el esfuerzo y pierde un 7,7%, hasta los 3,23 euros, con la acción mostrando una cara muy irregular en las últimas sesiones. El pasado 29 de febrero, el grupo presentó unos resultados de 2023 récord en ventas y ebitda que se situaron en línea con lo esperado por el mercado y que, de momento, no han conseguido cambiar el rumbo de Tubacex en Bolsa. Sin embargo, los analistas que siguen la compañía han reafirmado sus valoraciones y recomiendan en bloque comprar una compañía que ha ganado recorrido alcista teórico tras los últimos descensos. Las firmas que siguen el valor le otorgan un precio objetivo medio de 4,85 euros, lo que supondría un potencial alcista del 50,2% desde los niveles actuales. “Tubacex cotiza muy por debajo de sus múltiplos históricos, lo que ofrece a los inversores un atractivo punto de entrada. La compañía está preparada para beneficiarse de la transición energética, ya que está centrada en aumentar su exposición a las tecnologías de descarbonización”, asegura JB Capital, que recomienda comprar con un precio objetivo de 4,60 euros.

Los fabricantes tradicionales de neumáticos, al igual que las marcas europeas de automóviles, se enfrentan a un aumento de competencia con la llegada de nuevos rivales chinos que atacan por precio. En un entorno de incremento de precios por el encarecimiento de las materias primas y de los costes energéticos, grandes grupos como Bridgestone, Michelin o Goodyear están reorientando sus estrategias para seguir compitiendo. La japonesa Bridgestone –con una gran presencia industrial en España, al operar plantas en Burgos, Bizkaia y Santander– anunció ayer un paso decidido para competir con los rivales chinos, ya que se lanza a impulsar sus productos de mayor valor añadido y de más margen. Su actividad en España será la gran beneficiada de esta apuesta, ya que la compañía prevé invertir hasta 207 millones en su planta de Burgos hasta 2030 para reforzar sus capacidades industriales y aumentar la producción de neumáticos del segmento prémium de gran diámetro (llantas de 18 o más pulgadas). Este monto representa la mayor inversión individual de la compañía en toda su historia en España y una de las más importantes en el conjunto del continente europeo. El monto servirá para introducir innovaciones tecnológicas en la factoría hasta 2030, así como para mejorar la productividad del centro en un 20%. La compañía apostará por reforzar la automatización de los procesos en la fábrica, así como por aumentar la capacidad de fabricación y por la creación de un almacén automatizado que permita incrementar el stock de neumáticos recién fabricados. Esta inversión llevará a elevar a siete millones de unidades al año la producción de neumáticos prémium en dicha instalación, lo que supone una subida del 75% y situará a la planta de Burgos como una de las de mayor volumen de ruedas de furgonetas de la compañía en Europa.

Los 150.000 trabajadores del sector público vasco están llamados hoy a la que será la tercera huelga en apenas seis meses. Ya hubo una el 25 de octubre y otra el 19 de diciembre. Pero los sindicatos convocantes –ELA, LAB, CC OO, Steilas y ESK–, consideran que «no ha habido voluntad política» para atender sus reclamaciones, entre las que destacan la recuperación del poder adquisitivo y que las condiciones laborales del funcionariado se negocien en Euskadi, sin interferencia de Madrid. UGT-Euskadi no ha participado en ninguna de las tres movilizaciones tras criticar su carácter político, mientras que el sindicato de enfermería Satse se ha descolgado en esta última ocasión. La protesta afecta a todas las áreas dependientes de la Administración –transporte, Educación, Osakidetza, Lakua, diputaciones, ayuntamientos...– y tiene como lema ‘A favor del servicio público, consensuar aquí los salarios y el empleo’. Desde primera hora se formarán piquetes informativos y después se dará paso a manifestaciones en las tres capitales vascas, a partir de las 11.30 horas. Los sindicatos han impugnado los servicios mínimos al considerarlos abusivos. «En algún caso habrá más personal trabajando que en un día normal», denuncian. La huelga se presentó a mediados de febrero en la sede de ELA, antes de que se confirmase la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de abril, aunque ya se daba por descontado que se celebrarían en ese fecha. El lehendakari, Iñigo Urkullu, y otros representantes del Gobierno vasco y del PNV han arremetido en varias ocasiones contra los sindicatos por estas movilizaciones, al interpretarlas como una estrategia alineada con Bildu para desgastarles de cara a las urnas. 

El Gobierno quiere apartar a una experta española del comité que decidirá en Estrasburgo si la normativa nacional del despido respeta la Carta Social Europea. El representante de España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) pide a la presidenta de este organismo que recuse a Carmen Salcedo. Lo hace porque en julio de 2022, cinco meses antes de ser nombrada, Salcedo escribió en un artículo que la normativa actual no se adecúa a la Carta, justo el asunto que dirimirá el Comité a petición de UGT. Estas son las “interferencias manifiestas” de las que el sindicato viene acusando al Gobierno en las últimas semanas y que el Ministerio de Justicia negó en el Congreso. Fuentes conocedoras del histórico de este organismo aseguran que un intento de recusación como este es “inaudito”. El asunto parece muy técnico, pero es importante. PSOE y Sumar se comprometieron en su programa de Gobierno a que la normativa del despido dé cumplimiento a la Carta Social Europea. Si el Comité interpreta que la normativa española responde a este texto, que España refrendó en 2021, los socialistas (los menos entusiastas ante la posibilidad de tocar este tema) tendrían un argumento para dejarla como está. Si el Comité da la razón a UGT, y después a CC OO en otra reclamación parecida, Sumar tendría todo de cara para reclamar un cambio. La tesis de los sindicatos, y de Sumar, es que las indemnizaciones por despido improcedente no siempre resarcen el daño causado al trabajador, sobre todo cuando la relación laboral ha sido corta. La Carta establece “el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. Y el máximo de 33 días por año trabajado del sistema tasado español, interpretan algunos laboralistas, no siempre es “adecuado” o “reparador”.

Victoria de Iberdrola contra ACS en los tribunales. La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena por competencia desleal que un juzgado de lo mercantil impuso en 2022 a la constructora presidida por Florentino Pérez por difundir en un medio digital una noticia, que no resultó ser cierta, acerca de que preparaba una demanda de 2.600 millones de euros contra la eléctrica como consecuencia del caso Villarejo. El tribunal entiende que el contenido de esta publicación tenía como objetivo dañar la “buena reputación en el mercado” de Iberdrola, según la sentencia fechada el 5 de marzo. Los hechos se remontan al 22 de febrero de 2021, con la publicación de una noticia firmada por Agustín Marco, que relataba que ACS buscaba el resarcimiento por los espionajes que presuntamente el grupo liderado por José Ignacio Sánchez Galán encargó al comisario jubilado José Manuel Villarejo para recopilar información sensible del también presidente del Real Madrid y evitar cualquier intento de tomar el control de Iberdrola. Por estos hechos, que están pendientes de juicio en la Audiencia Nacional, Pérez está personado como perjudicado en dicha causa. Tras publicarse la información, Iberdrola pidió a la constructora una rectificación. La negativa de ACS motivó la presentación de una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, que en abril de 2022 estimó íntegramente las peticiones de la eléctrica. La sentencia dio por probada la filtración de dicha noticia por parte de ACS y señaló que su actuación fue un “acto de denigración”, cuyo único propósito era perjudicar a Iberdrola y trasladar un “hecho negativo” al mercado, ya que solo dos días después tenía que presentar sus resultados anuales.

La crisis del mar Rojo y su derivada sobre el canal de Suez ya afecta de una u otra forma a una de cada cuatro empresas. De acuerdo con una encuesta del Banco de España, el 26,2% de las empresas acusan dificultades en su negocio derivadas de esto; unos problemas que se intensifican en los sectores de la industria y la energía, el comercio o la agricultura. En concreto, el 26,2% de las 6.500 compañías españolas consultadas en la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial (EBAE) sufre problemas logísticos por la caída del tráfico marítimo a través del canal de Suez, que ha afectado a dos terceras partes del tráfico por esta vía, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Así, el 15,6% alude principalmente al encarecimiento de los costes del transporte, derivado del rodeo a través del sur de África al que se ven obligados los buques que circulan entre Asia y Europa, seguidas de las que critican el retraso en la entrega de mercancías (8,6%) y, a mucha distancia en una posición algo minoritaria, las que se quejan de que tienen que acumular más inventarios para evitar problemas de suministro (1,1%) y las que dicen haber tenido que buscar proveedores más caros (1%). Sin embargo, la situación es muy heterogénea a nivel sectorial. Destaca la industria y la energía, donde el 45,3% de las empresas declara verse negativamente afectadas por esta perturbación, seguidas del comercio (41,9%), la agricultura (28,8%), la construcción (24,3%), el transporte (23,7%) o los servicios no de mercado (21,4%). En cambio, hay otros sectores donde el impacto ha sido bastante más reducido, como es el caso de la información y las comunicaciones (7,4%), las actividades inmobiliarias (10,2%), las actividades profesionales, científicas y técnicas (10,5%) o la hostelería. 

Es, quizá, la mayor voz emergente en el siempre fecundo —y tantas veces desatendido— campo de la heterodoxia económica. Isabella Weber (Núremberg, Alemania, 1987) fue una de las primeras en achacar buena parte de la escalada inflacionista de los últimos años a los márgenes empresariales y hoy llama a los bancos centrales a bajar ya los tipos. Es profesora de Economía de la Universidad de Massachusetts Amherst e investigadora asociada del Fairbank Center de Harvard. "Ha sido una inflación de vendedores en un contexto de emergencias superpuestas en los mercados de energía, transporte de mercancías, alimentos y materias primas. Esos choques han creado un impulso que, luego, las empresas, con sus decisiones de fijación de precios, han propagado a todo el sistema. Por eso digo que es inflación de vendedores: porque es lo que ha generalizado estos shocks sobre el conjunto de la economía...Si las empresas de un mismo sector reciben el mismo shock de costes, es una señal de que es el momento de que suban precios. Si no lo hacen, pueden verse penalizadas por los mercados financieros. Además, si una compañía sube los precios, puede estar bien segura de que sus competidores también lo harán, así que no tiene riesgo de perder cuota de mercado. Tan solo protegiendo sus márgenes, las empresas han conseguido aumentar beneficios...Cuando hay un cuello de botella, hay una capacidad temporal para ejercer un monopolio o un cuasimonopolio. Cuando estas situaciones se alargan en el tiempo, puedes subir precios de forma que, más allá de proteger tus márgenes, los aumentas. Lo hemos visto, también, en energía y en materias primas...Los gobiernos podrían haber sido más ambiciosos: tardaron meses en darse cuenta de que tenían que actuar, hasta que vieron que la subida de precios iba a acabar destrozando la economía y la sociedad. La mayoría se movió demasiado lento, porque en la mentalidad colectiva estaba la idea de que cualquier política de estabilización de los precios era una locura injustificada. Creo que eso tiene que ver con el imaginario neoliberal..."

El Gobierno ya admite que habrá retrasos en el siguiente pago del fondo de recuperación de 10.000 millones y no descarta un desembolso parcial. España aún no tiene siquiera aprobado un proyecto de Presupuestos para este año, y en Bruselas ya se empieza a hablar de cómo tienen que ser las cuentas de 2025. El Eurogrupo ha lanzado sus líneas básicas para el próximo ejercicio y plantea que sean “ligeramente contractivas” siguiendo las orientaciones de las nuevas reglas fiscales. Es decir, reclaman recortes de gasto o subidas de impuestos para empezar a reducir el déficit y la deuda y, al mismo tiempo, combatir la inflación. Defienden los ministros de Finanzas de la zona euro que esta es la apuesta presupuestaria adecuada a pesar del estancamiento en el área monetaria por la necesidad de reducir el endeudamiento acumulado en los años precedentes, con dos grandes crisis, la de la pandemia y la energética y de precios por la guerra de Ucrania, que han requerido importantes desembolsos públicos para evitar que el golpe en Europa sea mayor en hogares y empresas. Desde las instituciones comunitarias reclamaron a los Estados miembros que para las cuentas de este año se fueran retirando esas medidas extraordinarias de ayudas y que el ahorro se destinara a reducir el déficit público. Este 2024, en el plano presupuestario, está siendo un año de transición: las nuevas reglas no están plenamente vigentes —todavía no las ha aprobado el Parlamento Europeo—. En el caso español la situación es aún más compleja. España aún no tiene las cuentas de 2024 aprobadas porque tuvo que prorrogar las de este año por el calendario electoral. Las autoridades españolas presentaron en Bruselas una proyección presupuestaria, orientativa y no definitiva hasta que logre aprobar los Presupuestos de este año. 

Orange y MásMóvil, las dos operadoras de telecomunicaciones que van a cerrar en las próximas semanas su fusión en España, se están planteando alcanzar un pacto con Telefónica para optimizar sus despliegues de redes fijas de fibra óptica hasta el hogar (fiber to the home o FTTH), según señalan a EXPANSIÓN fuentes conocedoras. La operación se orientaría a renegociar los acuerdos mayoristas que ahora mantienen las dos compañías con el operador histórico, para optimizar las inversiones futuras de la joint venture y, al mismo tiempo, mejorar su situación competitiva en el mercado español. Se trata de alcanzar un acuerdo con Telefónica cambiando la relación comercial entre el operador histórico y la empresa conjunta, de forma que en vez de acuerdos de bitstream (alquiler puro de la línea de fibra de Telefónica) se alcanzasen IRUs (Indefeasible Right of Use o derecho de uso inembargable), que es un tipo de relación comercial más próximo a la co-inversión, en el que la empresa que va a usar la red de otro, se compromete a utilizarlo a muy largo plazo (20-30 años) y es un acuerdo que no se puede anular por ninguna de las dos partes. Estos contratos normalmente obligan al comprador a pagar una parte de los costes operativos y de mantenimiento de la infraestructura. A cambio, lógicamente, los precios del IRU son mucho más baratos que los precios de un acuerdo mayorista convencional. Fuentes de Orange España y de MásMóvil han declinado hacer comentarios sobre esta información.

Sobre la mesa del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, las elecciones celebradas el domingo arrojaron un montón de piezas muy difíciles de encajar en el puzle político luso. El empate técnico entre los conservadores de Luís Montenegro (Alianza Democrática) y un Partido Socialista a la baja encabezado por Pedro Nuno Santos vino acompañado por la eclosión de Chega. La formación de ultraderecha dirigida por el populista André Ventura ha multiplicado por cuatro sus resultados al cosechar un millón de votos. Casi uno de cada cinco portugueses ha apoyado a un partido radical e irrelevante hasta hace nada. Montenegro ya ha anunciado su «predisposición» a formar un Gobierno en minoría. E insiste en que no pactará con Chega. Eso le obligará a acordar la abstención de los socialistas o a apoyarse puntualmente en la ultraderecha. Portugal entra en un periodo de inestabilidad, en un puzle donde las piezas no cuadran. Ni siquiera se ha acabado el recuento. Concluirá dentro de unos días cuando se añadan los votos de la emigración. Ahora, con el 99% escrutado, el Partido Socialista (PS) tiene el 28,66% de los sufragios, mientras Alianza Democrática (AD) registra el 28,63. Empatados. Por su parte, Chega sube hasta el 18%. En escaños, a falta aún de esos votos por contar, AD logra 79 diputados en un Parlamento de 230 asientos. El PS suma 77 y Chega obtiene más de 40. Nadie llega a los 116 que dan la mayoría absoluta que sí disfrutó el PS en la anterior legislatura. Los socialistas se han hundido. Portugal era una de las pocas banderas que le quedaban a la izquierda en Europa.