20240124

La iniciativa, que agrupa a 71 empresas, desarrolla acciones en automoción, ferrocarril, transporte de hidrógeno y en el centro tecnológico de Abanto. El saldo, después de ese tiempo, empieza a dar sus frutos y así lo reivindicó ayer el presidente de la asociación, José Ignacio Zudaire, en la celebración en Bilbao de la Asamblea Anual de la entidad. Lo que era una declaración de intenciones son hoy 50 proyectos, de los que 22 tienen asignación de fondos europeos y que están en marcha en un 70% de los casos. Las iniciativas residencian en Euskadi un liderazgo tecnológico que compite con Asturias, donde el dinero ya comprometido es mayor gracias a la transformación de las plantas de Arcelor Mittal. Solamente la acería angloindia ha recibido más de 400 millones de los fondos europeos asignados por el Gobierno central para desarrollar su inversión de 1.000 millones. Entre las iniciativas más destacadas del Corredor Vasco está el primer electrolizador que está en funcionamiento en Euskadi. Se trata de un sistema que obtiene el hidrógeno del agua con energías renovables. Es el dispositivo que ha impulsado Petronor para desarrollar la planta piloto de combustibles sintéticos. La petrolera vasca, filial de Repsol, tiene en esa instalación una de sus grandes apuestas para producir un carburante neutro en emisiones y compatible con los actuales motores de combustión. En el proyecto participan también el Gobierno vasco y la saudí Aramco. En el apartado de obtención de hidrógeno verde también se cuenta la primera planta mundial con un sistema que permite obtener este gas del amoniaco y el metanol. Un proyecto con tecnología de Tecnalia y que impulsa H2Site. En cuanto al almacenamiento y transporte, Zudaire destacó los logros de Nortegas, el segundo distribuidor de gas en España, que ha mezclado con éxito hidrógeno hasta en un 15% con gas natural. La iniciativa busca utilizar la actual red de gas para canalizar y transportar hidrógeno. Además, los fabricantes vascos de trenes, CAF y Talgo, han puesto en marcha sus respectivas locomotoras en la carrera que disputan para llegar al tren de hidrógeno. Talgo se ha asociado para este reto con Petronor, mientras que CAF lidera un consorcio con la participación de Renfe e Iberdrola. En el transporte destaca también el primer prototipo de autobús de hidrógeno elaborado por la compañía guipuzcoana Irizar.

Talgo -que tiene una de sus principales plantas productivas en el Estado en Ribabellosa- continúa profundizando en su apuesta por iniciativas de innovación disruptiva, en este caso en la vía de los trenes propulsados por hidrógeno. Así, este fabricante ferroviario lidera la alianza de una decena de empresas -entre las que se incluye también la pyme alavesa Optimus 3D- en torno al proyecto Hympulso, que busca adaptar por primera vez la propulsión de hidrógeno a un tren de alta velocidad. El proyecto Hympulso pretende  diseñar y construir un sistema de propulsión basado en pila de hidrógeno renovable e instalarlo por primera vez en el mundo en un tren de alta velocidad. En concreto, adaptarán el tren todoterreno Talgo 250, desarrollando, fabricando y probando la tracción dual-híbrida de baterías de hidrógeno en una rama de Talgo 250 destinada a operaciones de larga distancia en tramos mixtos: parcialmente electrificados. Talgo lidera esta alianza en torno a Hympulso, en la que se intengran también importantes socios como Repsol, Sener, Ingeteam, Golendus y la alavesa Optimus 3D. Esta pyme, con sede en el Parque Tecnológico de Álava, se encargará de trabajar en nuevos materiales y procesos para emplearlos en aplicaciones de hidrógeno "más eficientes y duraderos basados en fabricación aditiva".

El programa lanzado por Lanbide a mediados de noviembre para incentivar la contratación de mayores de 50 años está dando frutos con suma rapidez. En apenas dos meses han presentado su solicitud 102 empresas para 105 contrataciones, especialmente entre los sectores de la industria manufacturera y los talleres de automoción. Se ha superado así la mitad de sus previsiones para todo el año. El plan, que contempla subvenciones de hasta 17.000 euros, está dotado con 2,2 millones, un presupuesto que podría ser ampliado ante el éxito de la convocatoria, según apunta el departamento de Trabajo y Empleo dirigido por Idoia Mendia. Las condiciones del programa se publicaron el pasado 18 de noviembre en el Boletín Oficial del País Vasco. El plan, pactado en la Mesa de Diálogo Social, está destinado a los mayores de 50 años que lleven en paro un año o menos con la intención de que no se queden estancados en el desempleo, lo que suele ser muy habitual en esas edades. Para que los contratos sean subvencionables es necesario que duren un mínimo de seis meses, aunque para alcanzar la ayuda máxima se requiere que sean indefinidos. La subvención alcanza en ese caso la mitad de la retribución bruta mínima anual que debe alcanzar el contrato según el nivel de formación: 28.300 euros para licenciaturas, 24.300 para FP Grado Superior, 18.700 para FP Grado Medio y 15.120 para Educación Secundaria o sin estudios. Las cuantías de la subvención se verán incrementadas en un 15% cuando la contratación sea de mujeres o personas mayores de 55 años y un 10% si son personas que en 2022, 2023 ó 2024 han finalizado en Lanbide una acción formativa con compromiso de contratación. En caso de que se reúnan las dos condiciones, el incremento será del 20% y se puede alcanzar el máximo de 17.000 euros.

El Gobierno vasco ya tiene listo el texto del decreto para regular algunos de los aspectos más importantes del sistema vasco de complemento a las pensiones, las ESPV. Una fórmula que el Ejecutivo de Iñigo Urkullu reivindica como un añadido esencial a la prestación por jubilación de la Seguridad Social. El decreto regula una de las cuestiones más delicadas: cómo cobrar el ahorro acumulado en las EPSV de empleo preferentes, aquellas en las que aportan tanto el trabajador como su empresa y dan prioridad al cobro en forma de renta. Y la principal novedad es que aunque el criterio general será siempre el cobro de lo ahorrado en esas EPSV mediante una renta mensual, excepcionalmente permitirá cobrar de una sola vez hasta un límite de 36.165 euros. Una cantidad superior a los 27.000 euros que planteaba el primer borrador del decreto elaborado el pasado año. Las EPSV de empleo preferentes son, de momento, tres: Lagun Aro, que gestiona las aportaciones de 47.501 socios; la de los funcionarios forales y municipales, Elkarkidetza (30.485 socios) y la puesta en marcha por la patronal guipuzcoana, Geroa (297.082 socios). También entrarán en este grupo la EPSV de empleo que promueve la patronal vizcaína Cebek para los futuros convenios colectivos que firmen con los sindicatos, y la impulsada por las Cámaras de Comercio para los autónomos. El Gobierno, en el texto al que ha tenido acceso este medio, no deja lugar a dudas y plasma de manera clara que el criterio general será siempre el cobro de lo ahorrado en esas EPSV mediante una renta mensual que complemente a la pensión y no con un único pago. Solo con carácter excepcional y si así lo señalan expresamente los estatutos de las EPSV concernidas se permitirá el pago de una sola vez, aunque con un límite de 36.165 euros, importe que corresponde a «dos veces y media la prestación anual mínima por jubilación con cónyuge a cargo del sistema de la Seguridad Social», según especifica el decreto. 

El PNV se afanó ayer en intentar sofocar el incendio provocado por el lehendakari y la diputada general en torno al Guggenheim de Urdaibai. Las dudas respecto a la viabilidad del proyecto que expresaron ambos dirigentes la víspera durante su encuentro en Ajuria Enea fueron despejadas de un voleón por diferentes portavoces del partido, tanto en público como en privado, en un intento por dejar claro que el proyecto sigue adelante. Que no hay frenazo, ni enfriamiento, ni nada de nada. Eso, pese al escepticismo de Iñigo Urkullu y la decisión del Patronato del museo, que se ha dado un plazo de dos años para determinar si construir la nueva pinacoteca «es factible». La más tajante fue Itxaso Atutxa. La presidenta del Bizkai buru batzar aseguró en Radio Euskadi que el proyecto para levantar dos nuevas sedes del museo en Gernika y Murueta «no se paraliza en absoluto», y que no parece haber en el horizonte «obstáculos insalvables» que vayan a impedir su desarrollo. En su opinión, lo que va a ocurrir durante 2024 y 2025 es únicamente un «decalaje» en el que avanzarán los trámites administrativos y urbanísticos que preceden a las obras. Un argumentario casi idéntico al de Atutxa planteó la portavoz de la Diputación. «La apuesta (por el nuevo Guggenheim) es firme», dijo Leixuri Arrizabalaga en Bizkaia Irratia. El Gobierno vizcaíno recupera así la postura firme a favor del proyecto que Elixabete Etxanobe ha venido mostrando desde la campaña electoral, en la que llegó a decir que el nuevo museo se hará «si o sí». En su visita al lehendakari anteayer la dirigente vizcaína habló de «darse un tiempo» asumiendo la mesura de Urkullu. Cuestión de cortesía institucional, explican las fuentes consultadas.

El Gobierno vasco ha rechazado las alegaciones presentadas por los ayuntamientos de Bilbao, Arrankudiaga, Arrigorriaga y Alonsotegi contra la nueva normativa autonómica que incluye el macizo del Ganekogorta dentro de las zonas de especial aprovechamiento eólico de Euskadi. Una etiqueta que simplificaría en el futuro la tramitación de parques con aerogeneradores en esta cima, en su cordal y en el área también del monte Pagasarri. El Plan Territorial Sectorial (PTS) de las Energías Renovables fue aprobado de forma inicial en mayo pasado. El documento pretende dar un impulso a la producción de energía limpia, en un contexto en el que los estados miembro de la UE están obligados a aumentar de manera considerable el peso de las renovables en el mix de su consumo eléctrico antes de 2030. Para entonces, el 42,5% del fluido generado debería proceder de fuentes renovables. Ahora mismo, en Euskadi este indicador está en el 10% y el objetivo que se plantea Lakua es pasar al 21% en siete años. De hecho, hay ya 12 proyectos de nuevas centrales eólicas tramitándose en Bizkaia (ninguno de ellos por ahora en el Ganekogorta-Pagasarri).

Gestamp, una de las principales empresas industriales españolas, tiene un alto consumo energético, por lo que está apostando por una estrategia de 360 grados para reducir su huella de carbono e impulsar la economía circular. Así lo explica el director de Compras de la empresa, Javier Imaz, que tiene una amplia experiencia en siderurgia, tras su paso por empresas como Arcelor y Gonvarri, hasta que en 2020 se incorporó a Gestamp para liderar el área de compras. “En poco tiempo pasé de hablar de toneladas de hierro a hablar de megavatios hora”, afirma el directivo, en relación con la transformación que está experimentando la industria en general, y su compañía en particular, a la hora de descarbonizar su actividad. Imaz, que es director de Compras del fabricante de componentes para automóviles desde poco antes de que estallara la crisis del Covid, subraya que la pandemia borró de un plumazo la estrategia que iba a desarrollar. “Tras el Covid, los conceptos de sostenibilidad, economía circular y ESG entran en las empresas como un tsunami de forma transversal”, explica. El directivo señala que había que dar respuesta –aunque Gestamp ya estaba implementando desde hace años su estrategia de sostenibilidad– a las nuevas demandas tanto de la sociedad como de los clientes y de los proveedores. Gestamp ya tenía un plan estratégico de sostenibilidad cuando estalló el Covid, muy enfocado en la gestión de residuos, también en temas sociales y de gobernanza, pero tras la pandemia se dio un “impulso nuevo”, con el área de compras en el centro de todo. Así, Imaz señala que definieron la nueva estrategia de compras de Gestamp orientada a la descarbonización y basada en tres ejes. 

Siemens Gamesa (SG) sigue en racha negativa. En su primer trimestre de 2024, que su accionista al 100% Siemens Energy (SE) contabiliza de octubre a diciembre, perdió 426 millones. Unos números rojos que siguen siendo abultados pero que están un 43,8% por debajo de los registrados en el mismo periodo del ejercicio anterior. Suponen un margen negativo sobre ingresos del 20,9% (el anterior fue del 37,8%). El mercado apuntaba a unas pérdidas superiores, de 576 millones, como ha querido especificar SE en el avance de resultados del primer trimestre del año. Los ingresos del fabricante de aerogeneradores se mantienen por encima de los 2.000 millones, con un ligero incremento del 1,74% pese al parón de la producción de las turbinas 5.X y 4.X por fallos de sus componentes. En esta industria, entre el encargo de un pedido y su posterior entrega y facturación pasa un año, lo que explica que de octubre a diciembre no se haya notado este impacto en el volumen de ventas. Desde Siemens Energy mantienen el discurso de resolver los problemas de calidad de estos equipos antes de reiniciar su producción. La buena noticia es que Siemens Gamesa mantiene un alto ritmo de nuevas contrataciones. De octubre a diciembre entraron pedidos por importe de 1.565 millones, aunque un 2,73% por debajo del nivel anterior.

La recaudación de impuestos por parte de la Diputación de Álava marcó un récord en 2023. En el último ejercicio, las arcas forales ingresaron 2.841 millones de euros a través de tributos concertados de gestión propia, 112 millones más que el año anterior. Esto supone un 4,1% más que en 2022 en lo que los responsables del Fisco consideran que es un síntoma de la evolución positiva de la economía en el territorio histórico. Una cifra que se ajusta a los cálculos publicados en el mes de octubre por parte de la Diputación, ya que apenas suponen cinco millones menos. El buen comportamiento del Impuesto de Sociedades –un 9,2% más– y el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) –8,4%– han sido los principales ‘impulsores’ de esta positiva tendencia. Es el tercer año consecutivo que se rompe el ‘techo’ del ejercicio anterior. La pandemia y sobre todo el aplazamiento o fraccionamiento de algunos impuestos hicieron que la recaudación se viese notablemente lastrada en 2020. A partir de ahí, la cifra se ha ido mejorando año tras año. De todo lo que se recaudó, 1.420 millones correspondieron a impuestos directos (un 8,4% más). En concepto del IRPF, se han recaudado 1.077 millones, sobre todo a través de los rendimientos del trabajo y actividad profesional, que ha mejorado un 7,5%. El descenso del paro y el aumento de salarios tienen mucho que ver en este importante crecimiento.

2023 fue un año de récord para Gipuzkoa, que sumó la cifra más alta de población de la historia y superó los números prepandemia. Con 728.027 habitantes, el territorio finalizó el curso con 3.609 personas más que en 2022, y muy cerca de las 727.121 de 2020, cuando estalló la crisis del coronavirus. Atrás quedó el bajón de población en los años más duros del Covid –2021 y 2022– y, con un incremento del 0,49% respecto al año pasado, Gipuzkoa continúa con la tendencia al alza que ha vivido desde el comienzo de la serie que registra el Instituto Nacional de Estadística desde 1996, según los últimos datos hechos públicos ayer. Los descensos de 1.088 personas entre 2020 y 2021 y de 1.615 entre 2021 y 2022 han pasado a la historia. Por aquel entonces, el coronavirus causó una bajada de la población, tanto por el fallecimiento de los más vulnerables como por el retorno a sus países de origen de centenares de migrantes tras el parón de la vida y la pérdida de empleo en Gipuzkoa. Entre 2022 y 2023, el territorio ha ganado 3.609 habitantes, esto es, alrededor de 300 al mes. Destacan el millar de nuevos vecinos de la capital, Donostia, así como los 20.000 que alcanzó Tolosa o los 6.000 de Lazkao, entre otros.

El Ejecutivo quiere recortar hasta las 38,5 horas semanales este año y hasta las 37,5 en 2025, desde las 40 horas actuales. Un recorte generalizado que Díaz quiere acometer con o sin el plácet de la patronal y sin tener en cuenta las necesidades ni particularidades de los distintos sectores, porque una medida de ese calado no afecta a todos por igual. Así lo denunció ayer la Confederación Española de Comercio (CEC), que directamente considera “inasumible la reducción de la jornada laboral planteada por el Gobierno”, advirtiendo de que esa iniciativa “se va a traducir en una grave pérdida de competitividad del comercio de proximidad frente a las grandes plataformas de venta online”. La patronal esgrime que los efectos de esa medida, que afectará a unos 12 millones de trabajadores del sector privado sin rebaja de sueldo, según Yolanda Díaz, cifra que el sindicato CCOO sitúa en unos 10 millones, impactará de forma muy diferente dependiendo del tamaño y la actividad de las empresas. Esto es, afectará en mayor grado a aquellos sectores extensivos en horario y con plantillas pequeñas “como son la hostelería, la agricultura y el comercio; todos ellos estratégicos y fundamentales para la economía de nuestro país”, señaló la CEC. De hecho, el abanico horario es tan amplio como sectores existen y va desde las 37,5 horas de los funcionarios (que buscan reducir su jornada a 35) a las más de 40 que se trabajan en la hostelería, el sector del transporte, la agricultura, o entre los empleados del hogar. En el comercio, se rozan las 40 horas. Para la CEC, que recuerda que la ley vigente permite la apertura de los comercios hasta 90 horas semanales, resulta “incomprensible” que la jornada se reduzca hasta las 37,5 horas lo que, de cristalizar finalmente, supondría “una subida salarial encubierta equivalente al 6,25% al tener que pagar lo mismo por menos horas de trabajo”, obligando además a contratar más personal para cubrir esa diferencia de horas. Según la CEC, “todo ello dispararía los costes para los comerciantes de una forma inasumible”.

La banca española ha endurecido aún más las condiciones para acceder al crédito al consumo durante el cuarto trimestre del año. Así se refleja en la encuesta de préstamos bancarios, publicada ayer por el Banco Central Europeo, en la que el supervisor constata cómo las condiciones macroeconómicas de mayor riesgo debido a los altos precios y tipos de interés han llevado a las entidades financieras a aplicar condiciones más duras para acceder al crédito. Y aunque el endurecimiento ha sido generalizado en Europa, en España ha sido especialmente intenso en el crédito al consumo. “Los bancos de la zona del euro endurecieron aún más sus estándares crediticios en el cuarto trimestre de 2023. Se suma al sustancial endurecimiento acumulado desde 2022, que ha contribuido, junto con la débil demanda, a la fuerte caída del crecimiento del crédito, apunta el BCE en el informe. Aunque el supervisor puntualiza que ese endurecimiento ha sido más moderado que en los trimestres anteriores, el 4% de los bancos europeos aseguran haber elevado las exigencias para conceder financiación a las empresas, el 2% ha aumentado los requisitos en hipotecas y el 11% de las entidades ha endurecido el crédito al consumo. En el caso de España, tanto las condiciones del crédito a empresas como de las hipotecas se han mantenido invariables. Las entidades nacionales ya habían reportado en el trimestre anterior un endurecimiento por encima de la media europea en todos los segmentos y en el cierre del año frenaron esa escalada dando un cierto respiro a los clientes. No obstante, el crédito al consumo experimentó un fuerte endurecimiento, ya que el 25% de los bancos aseguraron haber aplicado criterios más duros (la media europea es del 11%; en Alemania, el 4%; en Francia, del 14%, y en Italia, del 23%).

El lema del ‘Renovables sí, pero no así’, que tanto ha proliferado con protestas políticas y sociales en algunas comunidades autónomas, como Euskadi, por la proliferación de plantas renovables ha derivado en un anuncio de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien ayer puso sobre la mesa en el Congreso un proceso de consulta con todos los actores del sector energético para llevar a cabo un despliegue «ordenado» de las energías renovables que repercuta en beneficio de los territorios. Buena parte del resquemor por la implantación de instalaciones eólicas o fotovoltaicas procede precisamente de País Vasco, Cataluña o Galicia, algunas de las comunidades autónomas en las que varios grupos parlamentarios socios del Gobierno se encuentran electoralmente asentados. De ellos depende, de hecho, la mayoría de la legislatura. En este contexto, la idea de Ribera para por impulsar los objetivos de generación renovable hasta un 81% para 2030, acorde con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, cuya actualización Ribera confía en tener aprobado en los «próximos meses». Pero a partir de ahora esta implantación será mucho más monitorizada, algo que puede suponer un retraso en las licitaciones y permisos para avanzar en la descarbonización, apuntan fuentes del sector energético. La vicepresidenta insistió durante su primera comparecencia de la legislatura en la Cámara baja que la transición ecológica requiere de una visión «ordenada y justa», de modo que se vele por que en el territorio las cosas «se hagan bien» y estas renovables aseguren una «adecuada redistribución de los beneficios».

Las grandes empresas del Ibex desconfían totalmente de la capacidad del Gobierno para rebajar el déficit hasta el 3% del Producto Interior Bruto (PIB) este año. No se creen la previsión del Ejecutivo. Y estiman, en consecuencia, que España incumplirá con las reglas fiscales europeas. CaixaBank y BBVA Research, por ejemplo, estiman que la desviación presupuestaria será del 3,7% y el 3,6%, respectivamente. Repsol adelanta un dato del 3,5%. Y Mapfre Economics se va hasta el 3,8%, aunque este último dato podría sufrir alguna modificación ya que la firma actualiza este mismo miércoles sus previsiones. En cualquier caso, todas estas grandes compañías forman parte, además, del panel de Funcas que recoge un total de 19 opiniones de analistas y en el que la discrepancias con el Gobierno son la tónica general. Sólo dos, AFI y el Centro de Predicción Económica, coinciden con la estimación oficial del 3%. Banco Santander no da una previsión de déficit y el resto, incluidas las grandes del Ibex ya apuntadas, no se creen al Ejecutivo. El dato más elevado del panel es el de Oxford Economics, que adelanta un 4%, y el Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank de CEOE que se distingue por sus acertadas estimaciones, contempla una desviación del 3,8%. Pero más allá de todos este baile de cifras, lo relevante es esa poca credibilidad que suscita la previsión del Ejecutivo y el hecho de que se vayan a incumplir las mencionadas reglas fiscales europeas.

Los grandes bancos han rebajado sus previsiones de crecimiento del PIB para este año hasta el 1,4%, un punto menos que el pasado ejercicio. Un año, en el que, además, la economía acusará un frenazo del empleo, una inflación persistente y un déficit fiscal que tardará en corregirse, de acuerdo con el consenso de analistas recogido en el Panel de previsiones de la economía española, publicado ayer por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). En concreto, los servicios de estudios de CaixaBank y Santander han rebajado sus previsiones de crecimiento del PIB para este año hasta el 1,4%, en la misma línea que la CEOE o la OCDE. Y, aunque hay algunos analistas que apuntan algo más alto (BBVA Research o la propia Funcas mantienen un pronóstico del 1,5%), también hay otras casas más pesimistas, como es el caso de Repsol, que prevé un escaso incremento del 1,2%. Un frenazo que podría reducir el avance de la actividad hasta la mitad del incremento logrado el año pasado y que “se sustentará en la demanda nacional”, si bien con una desaceleración tanto en el gasto público como en el privado, mientras que “el sector exterior restará una décima porcentual” por los problemas en los principales socios comerciales y el aumento de las importaciones. Finalmente, “la inversión mostrará más vigor” que el año pasado, aunque seguirá acusando el alza de los tipos de interés. Esta ralentización de la actividad pesará sobre el mercado laboral que, después de haber creado más de medio millón de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo el pasado año, pasará a generar entre 200.000 y 300.000 empleos, de acuerdo con la mayor parte de los analistas. Una ralentización en la que jugarían un gran papel tanto el incremento de las cotizaciones sociales que ya se produjo el año pasado como la reducción de la jornada laboral prevista en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, de acuerdo con los comentarios realizados meses atrás por analistas como BBVA Research. 

El Tribunal Supremo obliga a CEOE, Cepyme y UGT a devolver 30,6 millones de euros al Ministerio de Educación. El alto tribunal, que atiende un recurso de la organización Conpyme, que tiene su origen en las pymes catalanas, considera que el Gobierno, en un real decreto de diciembre de 2022 “no acreditó” las circunstancias que, en ese momento, “impidieron el procedimiento ordinario de convocatoria pública previsto en la Ley General de Subvenciones”. Es decir, la epidemia del Covid-19 y la guerra de Ucrania. La norma mencionada reguló la concesión directa de subvenciones para la digitalización del sector productivo, dentro del plan de recuperación financiado por la UE, por una cuantía total máxima de 30,6 millones de euros. De esta cantidad, según la sentencia, CEOE recibió 15.312.500 euros; UGT, 10.208.333 euros, y Cepyme, 5.104.166 euros. El tribunal considera que invocar como hizo el Gobierno en el real decreto la crisis del Covid-19 y la guerra de Ucrania para obviar la convocatoria pública de las subvenciones, “no tiene justificación en un momento en el que ya se da un desenvolvimiento ordinario de las actividades ciudadanas”. Es decir, que el tribunal considera que entonces, y a pesar de todo, España ya había recuperado la normalidad.

La composición del mercado automovilístico español está cambiando con la llegada de nuevas marcas, principalmente procedentes de Asia. Hasta hace pocos años, los primeros puestos en ventas eran para firmas como Seat, Renault o Citroën, mientras que Toyota y Kia llevan dos años consecutivos como las más vendidas en España. Este nuevo orden tampoco tiene visos de permanecer inmóvil mucho tiempo, ya que las marcas chinas han puesto el foco en el mercado español y es probable que en pocos años veamos alguna de estas enseñas en las primeras posiciones comerciales. En apenas tres años, las firmas salidas del gigante asiático han pasado de tener una posición testimonial en el mercado español de menos del 1% a cuadruplicar su presencia, ya que a cierre de 2023 contaban con una cuota del 4% en España, muy por encima del 1,4% contabilizado el año pasado. El crecimiento de las marcas chinas de coches en España está siendo muy significativo tanto en lo referente a la llegada de nuevas firmas como en términos de volumen y es previsible que siga aumentando a corto y medio plazo, al igual que sucedió anteriormente con las enseñas japonesas y coreanas y que ahora lideran las matriculaciones nacionales. Pese a la mayor presencia asiática en el mercado español, las firmas europeas continúan siendo, con diferencia, las que concentran una mayor penetración, con un 55,7% en 2023. 

Lleva años siendo una de las mujeres más poderosas del mundo: como ministra de Finanzas francesa, presidenta del FMI o jefa del BCE. Sin embargo, Christine Lagarde no es tan popular intramuros, entre el personal de los cuarteles generales de Fráncfort. Un informe elaborado por el sindicato del Eurobanco, el IPSO, muestra el descontento del personal con la gestión interna de la francesa. Pero si Jean-Claude Trichet o Mario Draghi podían justificar que descuidaban esa labor para centrarse en las decisiones de política monetaria, a ojos de los empleados, Lagarde no puede hacerlo. De hecho, el 50,6% de los trabajadores que han respondido el sondeo tampoco cree que la jefa del BCE sea una buena presidenta. El informe ha generado malestar en la cúpula de la autoridad monetaria. Una portavoz afirmó que es “deficiente” y criticó que aborde cuestiones que no están dentro del ámbito de competencia del sindicato. Medios de comunicación y analistas europeos publicaron en noviembre sus balances sobre la mitad de mandato de Lagarde. La propia jefa del BCE lo hizo. Y entonó el mea culpa al considerar que Fráncfort debería haber reconocido con mayor celeridad las tensiones inflacionistas. Los sindicatos ahora han realizado su examen sobre los primeros cuatro años de la francesa. Y los resultados no son alentadores: sus empleados la suspenden tanto dentro como fuera de la entidad. La encuesta, que avanzó Reuters y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, recibió 1.159 respuestas de empleados de la institución, que cuenta con 5.080 trabajadores y becarios. Además, 375 personas remitieron comentarios cualitativos. El sindicato IPSO los ha publicado todos, incluso aquellos que critican la encuesta. “Este no es un cuestionario justo. Esto es populismo en lugar de una crítica seria”, dice uno de ellos. Funcionarios del Eurobanco advirtieron de que Lagarde recibiría críticas más feroces por ser mujer. 

Con una deuda pública que supera el 140% del PIB y un pobre crecimiento económico (el 0,7% en 2023 y un 0,8% para este año, según las previsiones del Banco de Italia), el Gobierno de Giorgia Meloni ha decidido poner en el mercado algunas de sus ‘joyas’ empresariales para tratar de mejorar las cuentas. Después de que la semana pasada el Ejecutivo de Roma diera su aprobación a la venta de la red fija de la ‘teleco’ TIM, que cuenta con una participación estatal, por 22.000 millones de euros al fondo estadounidense KKR, el lunes la primera ministra anunció que prevé nuevas privatizaciones. Meloni dijo en una entrevista televisiva que espera vender «algunas cuotas de sociedades públicas sin comprometer su control», que seguirá en manos del Estado cuando dichas compañías resulten «fundamentales». Entre las empresas en las que podrían entrar accionistas privados destaca Trenitalia, el principal operador ferroviario del país y que ahora mismo está controlado al 100% por el Ministerio de Economía. Otras corporaciones en las que parece posible que el Estado reduzca su participación son Poste Italiane (servicios de correo y paquetería) y la energética Eni. Con la venta de parte o de la totalidad de las acciones de ambas compañías que ahora mismo están en manos públicas se podrían obtener hasta 5.000 millones de euros. Más compleja parece que resultaría la privatización total de otra empresa con fuerte presencia del Estado como es la eléctrica Enel, que a su vez controla la española Endesa, por el riesgo de perder sus riendas.

La ministra de Educación de Estonia, Kristina Kallas, es tajante: sí a la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la enseñanza, como un buen asistente del profesorado, que debe seguir siendo el corazón y núcleo del sistema. “La idea no es que la máquina se haga cargo del proceso de aprendizaje, sino que el profesorado la use para ajustarla a ese proceso”, señala Kallas, (Kiviõli, Estonia, 47 años). La responsable de Educación del país báltico, líder de la UE en resultados del informe PISA, cree que habría que implantar a escala europea programas de digitalización en pedagogía que Estonia ya aplica y que permitieron que el país no viviera abruptamente el salto a la educación en línea durante la pandemia. “La digitalización de la educación no significa cambiar un libro de texto por una pantalla. Significa que se pueden aprender de manera más eficiente con ayuda de la tecnología ciertas habilidades y competencias que necesitamos”, remarca en una entrevista en Bruselas. "La IA nos pone a todos bajo una presión evolutiva, un desafío. Necesitamos cambiar nuestras habilidades cognitivas a otro nivel, durante siglos las hemos desarrollado aprendiendo a través de la repetición. Es conocimiento, pero también comprensión cognitiva del mundo, los estereotipos también son una forma muy típica de aprender: si en una de esas situaciones has aprendido que hay que comportarse de cierta manera, en toda situación similar lo harás igual. Son las habilidades cognitivas primarias o inferiores. Y en cierta forma, ese entrenamiento puede hacerlo mejor la IA, pero la idea no es que la máquina se haga cargo del proceso de aprendizaje, sino de que el profesorado la use para ajustarla al proceso de aprendizaje...La aplicación de la digitalización en el sistema educativo no puede basarse simplemente en la creencia ideológica de que es bueno, debe hacerse junto con científicos, psicólogos, psicólogos del desarrollo infantil, neurólogos, expertos en tecnología y desarrollo del cerebro. Especialistas que señalen cómo los niños aprenden cosas diferentes a través de la tecnología y qué impacto tiene en ellos el desarrollo tecnológico y otros que expongan cuáles son las capacidades de la tecnología. Por eso he creado un consejo asesor para el Ministerio de Educación. Estonia tiene una actitud abierta hacia la IA; si comenzáramos desde la regulación mataríamos la innovación desde el principio. No significa que seamos ingenuos, somos conscientes de que existen riesgos..."

Todo lo que pasa en nuestro cuerpo deja una huella en la sangre. Conocer cuál o cuáles de ellas corresponden a una u otra enfermedad representa uno de los retos más interesantes de la medicina del siglo XXI, en los que ya se han dado grandes avances. Algunas enfermedades se descubren así de manera temprana y otras, como el alzhéimer, que aún requieren complicadas técnicas de detección, se abren camino en esa misma dirección. Un grupo internacional con participación española ha logrado diseñar y probar con éxito otro análisis de sangre para la detección de la más común de las demencias. El trabajo, que ha contado con la participación de 786 pacientes de España, Canadá y Estados Unidos, revela que un simple pinchazo es suficiente para descubrir la enfermedad con tanta precisión como lo hacen las actuales técnicas de neuroimagen o los análisis de líquido cefalorraquídeo. Aunque existían investigaciones previas con resultados parecidos, el hallazgo se cree que contribuirá a simplificar la detección temprana de una enfermedad que, hasta no hace mucho tiempo, sólo podía certificarse con autopsia. La existencia de un test de diagnóstico sencillo y eficaz tendrá dos grandes ventajas. Por una parte, permitirá identificar mejor a los pacientes que puedan beneficiarse de los nuevos tratamientos que están a punto de llegar. Además, facilitará el desarrollo de terapias alternativas al disponerse de una forma fácil y eficaz de evaluar su utilidad.