20240201

Casi un centenar de instituciones y agentes sociales, económicos y educativos vascos participaron ayer en la firma del Pacto Social por el Empleo en Euskadi, una iniciativa promovida por la vicelehendakari, Idoia Mendia, que busca fomentar la cooperación para abordar los grandes retos económicos «con más igualdad, competitividad y calidad en el empleo». Los firmantes asumen diez compromisos entre los que figuran la apuesta por el diálogo social, la formación permanente o la integración de los inmigrantes en el mercado laboral. El acto tuvo lugar en el Edificio del Ensanche en Bilbao y participaron junto al Departamento de Trabajo y Empleo otras áreas del Gobierno vasco, las tres diputaciones forales y 31 ayuntamientos, entre ellos los de las tres capitales vascas. Suscribieron también el documento Confebask, CC OO, UGT, USO, la Asociación de Autónomos de Euskadi, Konfekoop, ASLE, Enpresariak, las Cámaras de Comercio de los tres territorios, entidades del tercer sector, 12 agencias comarcales de desarrollo, 14 clústeres empresariales, la Universidad del País Vasco, la de Mondragón y la de Deusto, junto con diversos centros formativos. En su intervención, la vicelehendakari Mendia explicó que quedan desajustes por abordar en el mercado laboral a pesar del récord histórico de cotizantes en la Seguridad Social, con más de un millón de trabajadores vascos en alta, y de la fuerte reducción de la temporalidad tras la reforma laboral. Entre esos desajustes citó los «altos niveles de parcialidad no deseada o que los salarios presentan un cierto estancamiento en el último decenio». Advirtió, en ese sentido, «de la necesidad de vigilar los niveles de desigualdad y la pobreza salarial». Ver más en Confebask. Ver documento Pacto Social. 

El encargado de anunciar que el proyecto ha entrado en una «larga recta final» fue el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, exalcalde socialista de Irún, en un acto en Bilbao. La culminación del trazado es un hito muy considerable, pero en ningún caso es el final de las obras de la ‘Y’ vasca. Aún queda tajo para rato. Vayamos por partes: una vez quede culminado el recorrido, tocará instalar la llamada superestructura: vías, catenaria, señalética, sistemas de seguridad... convertir el hormigón en una línea ferroviaria con capacidad para que los trenes pasen a una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora. Será después de eso, y de que se realicen los viajes de prueba y de formación de maquinistas, cuando el TAV podría ser inaugurado, aproximadamente dentro de tres años. Es la estimación con la que trabajan las instituciones. La llamada nueva red ferroviaria vasca tiene una longitud de 175 kilómetros, 94 corresponden al ramal Bilbao-Vitoria y los otros 81 al que surca Gipuzkoa. Más de la mitad del trazado discurrirá en túnel y en la parte que queda a cielo abierto se han ejecutado 44 viaductos. La inversión necesaria para desarrollar la obra superará los 4.000 millones, según adelantó el propio Santano. La escarpada orografía de la comunidad autónoma hace que el trazado que utilizará el TAV esté considerada la obra «más compleja» de cuantas se han hecho en España durante los últimos 30 años para desarrollar la red de alta velocidad.

El imperio digital de Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, aterrizará en el País Vasco y utilizará el primer Data Center puesto en marcha en Euskadi para alojar información en sus servidores. El titular de la infraestructura situada en el polígono de Arasur (Álava) es Merlin Properties, que acaba de cerrar un acuerdo con Meta, la compañía presidida por Zuckerberg y que integra a Instagram, Facebook y Whatsapp. La multinacional se convierte así en el primer cliente corporativo de la compañía española que gestiona activos logísticos y que ha abierto esta línea de negocio con tres centros de datos en España, el de Euskadi y otros dos en Madrid y Barcelona. El crecimiento de servicios en la nube empleados por empresas y particulares, así como la expansión de contenidos en redes sociales y plataformas de música, series y películas ha disparado la demanda de grandes centros de almacenamiento de datos. Merlin Properties ha aprovechado sus activos logísticos para abrir esta línea de trabajo. Con este acuerdo logra un espaldarazo a su apuesta empresarial. El centro de Álava cuenta con una inversión de 180 millones para levantar en tiempo récord la nave que alberga los primeros servidores. Hace poco más de un año que el lehendakari Urkullu acudió a la colocación de la primera piedra en el inicio de las obras. El edificio del proyecto, bautizado como Centro de Procesamiento de Datos (CPD), se ha construido en una parcela de 23.153 metros cuadrados en Arasur y tiene 3 MW de potencia. Además, contempla unos planes de crecimiento con otros dos bloques más que elevarán la inversión hasta los 900 millones. Euskadi reforzará esta instalación con otro centro de datos, este impulsado por el Gobierno vasco junto a MásMóvil, propietaria de Euskaltel, Dominion y el grupo Teknei. Se trata de una infraestructura que arrancará en las próximas semanas su funcionamiento y que está en el parque tecnológico de Abanto, en Bizkaia. En total contempla una inversión de 117 millones y se ha denominado ‘Euskadi-Atlantic Data Infraestructure’.

La Diputación aspira a que una industria «avanzada», que otorgue un «alto valor añadido» al tejido empresarial vizcaíno, se asiente en los terrenos que van a quedar libres en Basauri con el traslado de Mercabilbao a Ortuella. Si el guion que manejan las instituciones no varía, la mudanza está prevista para 2027, un horizonte aún largo que impide al Gobierno territorial bajar a lo concreto y hablar de proyectos, sectores o nombres de empresas. «Se está trabajando porque esos suelos son una oportunidad y el objetivo es generar actividad», explicó ayer la responsable foral de Promoción Económica. Ainara Basurko respondió de este modo a una pregunta planteada por el PP en la sesión de control que las Juntas Generales celebraron en Gernika. El traslado de Basauri a Ortuella se enmarca en un ambicioso proyecto destinado a incrementar la actividad de Mercabilbao y a crear a su alrededor un polo empresarial especializado en cuestiones gastronómicas. La sede actual se ha quedado pequeña para esos planes y no existe opción de expansión porque la parcela está encajonada entre el río Nervión y el entorno urbano. De los 1.200 empleos directos actuales se pretende superar los 2.000 trabajadores, sumados los de la despensa de Bizkaia y los del campus alimentario que nacerá a su alrededor.

Mercedes Vitoria vuelve a levantar el pie. Después de haber comunicado a los sindicatos las desactivaciones de los días 2, 12, y 13 de febrero, la factoría de la Avenida de Los Huetos sumó ayer otra cancelación más. Los trabajadores de la planta alavesa tampoco acudirán a trabajar el próximo 9 de febrero. En una comunicación remitida a la plantilla, la firma señaló que la decisión obedece a «la necesidad de ajustar la capacidad productiva de la planta a las de los mercados», sin mención a las tensiones internacionales en este caso. La anulación afectará a los tres turnos de esa jornada y a los tres talleres productivos: montaje bruto, pintura y montaje final. Con esta decisión, el personal de la fábrica más grande de Euskadi, con unos 5.000 empleados, se encuentra con otro ‘puente’ más allá de los dos que ya fijaba el calendario laboral. Quienes no tengan que acudir en fin de semana a la Avenida de Los Huetos dejarán de trabajar el jueves y no volverán a su puesto hasta el miércoles. De por medio, un puente de carnavales que los trabajadores podrán aprovechar para descansar. Las cancelaciones, de acuerdo al escrito de la compañía, afectarán a «todo el personal directo, indirecto y coaligados a los tres turnos, con la excepción de aquellas personas que sean requeridas para llevar a cabo tareas de necesaria realización». El frenazo productivo es el cuarto del año en la Avenida de Los Huetos y todos se concentran en apenas once días de febrero. A pesar de las cancelaciones, las últimas semanas han estado repletas de buenas noticias para Mercedes Vitoria. El 2023, tal y como adelantó este periódico, se cerró con un récord productivo de 157.507 furgonetas y el nuevo año ha arrancado con la licitación de las obras del centro de fabricación avanzada. 

Distintos ayuntamientos del Urola se están uniendo estos días para presentar alegaciones a varios proyectos de parques eólicos de la zona, coincidiendo con el final de plazo de alegaciones, y pedir su paralización. Es el caso, por un lado, de los alcaldes de Azpeitia (EH Bildu), Azkoitia (PNV), Zumarraga (PSE) y Ezkio-Itsaso (independientes) con el proyecto de Buruzai, de Capital Energy; y el del consistorio de Urretxu, en manos del PNV, con el parque eólico de Trekutz, promovido por la misma firma. Nagore Alkorta (Azpeitia), Ana Azkoitia (Azkoitia), Mikel Serrano (Zumarraga) y Joseba Telleria (Ezkio-Itsaso) se han unido para presentar una veintena de alegaciones contra el parque eólico de Buruzai que la empresa con sede en Madrid Capital Energy proyecta en terrenos de estas cuatro localidades. Reclaman que la compañía cumpla todas las garantías si quiere seguir adelante. Entienden que el desarrollo de Buruzai y sus infraestructuras no pueden continuar al faltar algunos trámites de aspectos técnicos y de impacto medioambiental. El proyecto Buruzai fue presentado oficialmente el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial del País Vasco, abriéndose con ello el plazo de un mes para presentar recursos. Grupos ecologistas como Sañu Bizirik u Oletan ere ez han recogido firmas para presionar a los consistorios. El proyecto prevé la construcción de cuatro aerogeneradores de 200 metros de altura y de 5 MW de potencia individual: dos aerogeneradores en el lado de Izazpi, dos más en el entorno de Oleta y una pista que atravesaría toda la cima montañosa entre Izazpi, Samiño y Oleta.

Ekonomian, jaiotze tasak eta bizitza luzeagoa duen populazioaren eraginak sortzen duten zirrararen aurrean egonezina dago. Dubravka Suica, Demokrazia eta Demografia gaietarako komisarioaren iritziz, “trantsizio demografikoak berdearen edo digitalaren inportantzia adina edo gehiago du”. Demografia oso geldo aldatzen da; bere eragina kontuan ez izateko moduan. Gudek eta gorabehera politiko desatseginek aldaketa honi egunerokoan arreta jartzea zaildu egiten dute. Gehiago irakurri hemen. 

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, inauguró ayer en la ciudad canadiense de Montreal una nueva oficina de la red exterior de apoyo la internacionalización de la industria vasca. Esta oficina hace el número 21 de esta red mundial que ofrece, también a través de delegaciones y consultores en más de 90 países, un servicio a la carta para fomentar las exportaciones y la internacionalización de las empresas vascas facilitando la asistencia en las implantaciones comerciales y productivas y prestando apoyo a los proyectos financiados por organismos multilaterales. Este año está previsto llegar a 22 oficinas en funcionamiento, tras la apertura de la de Australia, según informó el Departamento de Desarrollo Económico. Tapia destacó la importancia de este modelo impulsado por el Ejecutivo autonómico que atiende a las empresas «combinando el conocimiento sectorial en nuestras oficinas en Euskadi y el conocimiento geográfico en las oficinas en el exterior, lo que da como resultado mayor especialización y proximidad y servicios que responden a las necesidades concretas de las empresas, pertenezcan al sector que pertenezcan». Canadá es uno de los países priorizados en la estrategia de internacionalización del Gobierno vasco para el periodo 2021-2024. Se considera al país norteamericano como una economía «consolidada, mercado complejo, pero de gran atractivo y acceso a clientes con gran actividad internacional, especialmente en tecnologías y sectores específicos y con baja presencia de empresas vascas», indican desde la consejería. 

Los más de 2.400 empleados con los que Mercadona cuenta en Euskadi se beneficiarán de la prima adicional que la empresa de distribución ha decidido repartir entre su plantilla. En total, la compañía compartirá con sus trabajadores 600 millones en primas este año, un 50% más que el año pasado. Según informó ayer en un comunicado la cadena valenciana, su comité de dirección ha decidido, dentro de la estrategia de compartir los beneficios, repartir media prima adicional entre las más de 100.000 personas que forman la compañía, que se une a la prima por objetivos que tradicionalmente reparte cada año. En Euskadi, la iniciativa llegará a más de 2.400 personas de las 31 tiendas distribuidas en Bizkaia (17), Álava (6) y Gipuzkoa (8). Los trabajadores, desde el primer año y en caso de alcanzar los objetivos pactados al principio del año, cobran en marzo una mensualidad extra en su nómina, cantidad que asciende a dos mensualidades una vez se superan los cinco años de antigüedad y, «excepcionalmente» este año, recibirán también una prima extra correspondiente a la mitad de su mensualidad. Según la cadena, «esta medida hace patente que los trabajadores de Mercadona son los principales responsables del éxito de la compañía».

Banco Santander batió en 2023 ampliamente su récord de beneficios y ya apunta más alto para este año. La entidad presidida por Ana Botín ganó 11.076 millones de euros en 2023, superando por primera vez la barrera de los 10.000 millones en un ejercicio, según comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Y según la previsión para 2024, este techo se volverá a romper y rebasará los 12.000 millones. “Son unos beneficios récord que se han conseguido de la mejor manera para que estos resultados sean sostenibles a lo largo del tiempo. Si 2023 ha sido bueno, 2024 va a ser aún mejor”, expresó. Al igual que el resto del sector financiero español, los números del Santander se han impulsado por las continuas subidas de tipos de interés que han ejecutado los bancos centrales desde 2022 en los principales mercados del grupo. Así, el margen bruto creció un 10,2% hasta los 57.423 millones. El avance se apoyó principalmente en el margen de intereses, que escaló hasta los 43.261 millones, un 12% más. Los ingresos por comisiones contribuyeron en menor medida, ya que apenas aumentaron un 2,3% hasta los 12.057 millones. Los resultados contaron con el beneplácito del mercado y las acciones repuntaron ayer un 2,08% en Bolsa.

La carrera empresarial del hidrógeno en España, que empezó hace ya más de un año con decenas de empresas como Cepsa, Repsol, Iberdrola, Endesa, Acciona, Redexis, Nortegas, EDP, Engie, BP y otros grupos anunciando todo tipo de proyectos, a cada cual más ambicioso, está desbocada. Enagás, el gestor de las grandes redes de gas –cuyo papel va a ser clave para crear nuevas infraestructuras para el hidrógeno y gestionar los flujos de esta nueva energía–, ha contabilizado un total de 650 proyectos por parte de 206 empresas. Así se desprende del primer censo oficial en España a partir de proyectos firmes, presentados en lo que Enagás ha bautizado como call for interest (sondeo de mercado previo). En el call for interest, cuyo resultado se presentó públicamente ayer, Enagás se ha dedicado a recibir peticiones de uso de sus futuras redes de hidrógeno, tanto de productores como de consumidores y comercializadores. Es una forma de ajustar el diseño de sus infraestructuras a la oferta y la demanda del mercado. El problema es que la realidad ha superado todas las expectativas y ahora hay que rebajar el suflé. Enagás va a tener que cribar decenas de proyectos porque, sencillamente, ni en el mejor de los escenarios de producción y consumo de hidrógeno, podrían caber tantos proyectos, ni en las redes ni en el mercado. Los 650 proyectos presentados son más del triple de lo que se calculaba que había hace apenas dos meses en España, cuando ya este país lideraba la fiebre del hidrógeno en el mundo. De los cerca de dos mil proyectos a nivel internacional que tenía contabilizados a noviembre del pasado año la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por su siglas en inglés), en torno a doscientos estaban localizados en España.

La decisión del presidente Joe Biden de paralizar las nuevas terminales para la exportación de gas natural licuado (GNL) ha causado la ira del sector y de la oposición republicana, pero también el júbilo de los defensores del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. La Casa Blanca ha congelado los permisos a nuevas exportaciones de GNL estadounidense a países con los que Washington no mantenga un tratado de libre comercio, lo que en la práctica deja en suspenso 17 proyectos de infraestructuras. Entre ellos, Calcasieu Pass 2, la que iba a ser la mayor terminal de exportación del mundo, en Luisiana, con un coste de 10.000 millones de dólares (9.190 millones de euros) y que ya había generado fuertes críticas de las organizaciones ecologistas sobre su posible impacto ambiental. La presidencia de EE UU alega que la medida es necesaria para que el Departamento de Energía pueda evaluar y actualizar los efectos en el mercado, en el clima y la seguridad de esta modalidad energética: los análisis que maneja son, en su mayoría, de hace cinco años, cuando la industria estaba aún casi en ciernes en este país. Hoy día, Estados Unidos es el principal exportador del mundo, tras superar el año pasado a gigantes del sector como Australia o Qatar. 

El gigante holandés de los chips NXP apunta a Barcelona como escenario para crecer en España a través del Perte Chip. La compañía ha dado en los últimos meses pasos para incrementar su presencia en el país con nuevos proyectos orientados a la innovación que tendrían la ciudad condal como sede de operaciones, según señalan fuentes cercanas al proceso y se desprende de documentos oficiales. El pasado lunes, el ministro de Transformación Digital, Jose Luis Escrivá, señaló en el Congreso de los Diputados que se negociaba con «varias empresas» del sector con el objetivo de cerrar operaciones de calado y con especial foco en instalaciones dedicadas a la innovación. Una de estas podría ser la de esta compañía de origen holandés. Desconocida para el gran público, NXP es un gigante que vale casi 55.000 millones en Bolsa, una capitalización que le situaría como la cuarta empresa más valiosa del Ibex 35, por dimensionar su tamaño. Especializada en chips para coches, lo que le facilitaría encontrar clientes en España, pero con dedicación a prácticamente todos los sectores, la compañía es una de las que lleva largo tiempo siendo cortejada por el Gobierno para acogerse al Perte Chip, con reuniones que se remontan a hace dos años. Ahora, estas reuniones parecen haber dado sus frutos. Este verano la empresa cambió su estructura societaria en España, pasando de ser una sucursal de la firma holandesa a una Sociedad Limitada, una estructura que le permitirá recibir ayudas.

Las empresas de trabajo temporal (ETT) firmaron de enero a noviembre de 2023 un total de 3,3 millones de contratos de puesta a disposición con empresas usuarias para la cesión de trabajadores, un millón menos de los que firmaban antes de la aprobación de la reforma laboral en diciembre de 2021. Según la estadística publicada este martes por el Ministerio de Trabajo, las ETT firmaron en los primeros once meses del año un 2,2% menos de este tipo de contratos que en el año anterior y casi un millón menos de los que gestionaban antes de la aprobación de la reforma laboral. En 2021, último año antes de la nueva norma, las ETT firmaron 4,1 millones de contratos de este tipo, mientras que en 2019 –último año previo a la pandemia– se registraron 4,3 millones. Tras la firma de esos contratos, las ETT cedieron en los primeros once meses de 2023 un total de 1,97 millones de trabajadores a empresas usuarias, 153.000 menos que en 2022 y casi 400.000 menos que en el ejercicio 2021. La reforma, que ya lleva dos años en vigor, limitó la contratación temporal reduciendo las posibilidades de las empresas de recurrir a este tipo de servicio. Por un lado, estableció un límite máximo de tres contratos temporales sucesivos que puede concatenar una misma persona con una ETT en un periodo de 18 meses y, por otro, al eliminar el contrato por obra y servicio, que era el que más usaban estas compañías, redujo su potencial de actividad para cubrir necesidades de empleo temporal de sus clientes. Estas compañías, no obstante, han podido canalizar la demanda de trabajadores temporales por medio de la figura del empleado fijo discontinuo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció ayer nuevas medidas para hacer compatible la vida familiar con la vida laboral. Medidas que también puedan incentivar la natalidad. Ante la Comisión de Trabajo y de Seguridad Social del Congreso de los Diputados, Saiz anunció que en agosto pondrá en marcha permisos retribuidos de “al menos” cuatro semanas para los trabajadores con el fin de cuidar de los hijos. Para atender situaciones de enfermedad de los mismos o de necesidad de atención especial, si los padres no tienen con quién dejarlos. En esta línea de incentivar la conciliación de la vida familiar y laboral y también la natalidad, la ministra se comprometió a ampliar de 16 a 20 semanas los permisos de paternidad y de maternidad. Además, la ministra informó a los diputados de que el Fondo de Reserva de las pensiones llegará este año hasta los 9.000 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 63% respecto a los 5.500 millones, con los que el Gobierno había previsto cerrar 2023. El Ejecutivo espera terminar la legislatura –en 2027, si no lo impide la inestabilidad del Gobierno en el Parlamento– con 25.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. Todo ello , si se mantiene el ritmo de creación de empleo y, por lo tanto, los ingresos por cotizaciones, además de que Hacienda pueda contribuir anualmente a la Seguridad Social, para que se puedan pagar las pensiones.

La buena evolución del crecimiento económico, con un 2,5% de avance del PIB en 2023, y su consiguiente efecto revitalizador del mercado laboral —el número de personas que trabajan en España está en máximos—, contribuyeron a mejorar la situación financiera de los hogares y empresas españolas en el segundo semestre de 2023, según concluye un informe que publicó ayer por el Banco de España. El texto señala que se produjo un incremento de las rentas, una reducción del endeudamiento y un aumento del valor de los activos, y apunta a que el impacto negativo de las subidas de tipos de interés sobre las familias con menos recursos fue limitado. “Se estima que el aumento acumulado de los tipos de interés durante este ciclo habría elevado la proporción de hogares endeudados vulnerables de forma leve, gracias al incremento de las rentas”, asegura. En el caso de las empresas, la marcha favorable de los beneficios corporativos también habría ayudado a contener el número de las que sufren una elevada presión financiera, que sería “muy moderado”, una tendencia que no esperan que cambie en 2024. En el caso de la deuda, el supervisor afirma que el efecto del alza de la inflación sobre las rentas nominales permitió que la ratio de lo que deben los hogares se redujera hasta el 76,6% de la renta bruta disponible en el tercer trimestre del año pasado, su nivel más bajo desde 2002, hace más de dos décadas. El dato coloca a España en una posición de privilegio en la zona euro, pues es 12 puntos porcentuales inferior al promedio de los 20 países que la conforman. Y está muy lejos del pico que alcanzó en 2008, justo antes del estallido de la Gran Recesión, cuando la deuda de los hogares era del 134,9% de la renta bruta. 

Buenas noticias para particulares y familias que tengan una hipoteca variable y cuyo interés se revise semestralmente (una minoría respecto al total) con el euríbor de enero. El índice al que se encuentran referenciadas la mayoría de este tipo de préstamos ha cerrado el pasado mes en el 3,609% (siete centésimas menos que en diciembre), y encadena ya tres meses consecutivos de descensos. Si tomamos como ejemplo una persona que tiene una hipoteca variable media de 150.000 euros a 25 años con un interés de euríbor más 1%, y revisa su tipo semestralmente con el valor de enero, sus cuotas bajarán de los 890 a los 843 euros mensuales, aproximadamente. Es decir, que se ahorrará unos 47 euros al mes y alrededor de 280 euros en el conjunto del próximo semestre. No ocurrirá lo mismo con aquellos hipotecados que revisen su cuota anualmente (la gran mayoría), puesto que registrarán un encarecimiento mensual de unos 23 euros al mes (277 euros al año). El importe de las nuevas mensualidades, eso sí, podrá ser mayor o menor en función del capital y del plazo pendientes, del interés aplicado y de los años que hayan transcurrido desde la firma del contrato hipotecario. El Banco de España prevé caídas de las cuotas hipotecarias a lo largo de este 2024. «Con las expectativas actuales del mercado sobre los tipos de interés, las revisiones pasarían a ser a la baja en marzo para los contratos de revisión anual ligados al euríbor a 12 meses, reducciones que serían superiores a los 150 puntos básicos para aquellas actualizaciones que tengan lugar en el último tramo de 2024», aseguró ayer el regulador estatal. 

La Reserva Federal mantuvo ayer los tipos de interés en su nivel más alto de los últimos 23 años, entre el 5,25% y el 5,5%, que se alcanzó en julio del año pasado. Se trata de la cuarta vez consecutiva que el banco central estadounidense mantiene sin cambios el precio del dinero. La novedad en esta ocasión es que por primera vez dejó de hablar de posibles alzas en el futuro y, por el contrario, reconoció abiertamente que a partir de ahora se plantean los recortes, aunque sin establecer un calendario: “No es apropiado reducir los tipos hasta que no haya suficiente evidencia de que la inflación se sitúa en el entorno objetivo del 2%”. Mientras que en la reunión de diciembre el debate entre los gobernadores de la Fed giró en torno a si serían necesarios o no ajustes adicionales en los tipos de interés, a partir de ahora la duda está en cómo fijar el calendario para suavizar la política monetaria. El presidente de la Fed, Jerome Powell, reconoció ayer que todavía existe “mucha incertidumbre” sobre la evolución de los precios. Hizo hincapié en que “probablemente el ciclo alcista haya tocado techo y los tipos se recortarán en algún momento a lo largo de este año”, pero al mismo tiempo insistió en que “la Fed mantendrá los tipos altos incluso más tiempo del previsto si es necesario”. Todo dependerá de cómo evolucione la inflación.

España será el mercado que sufrirá el mayor número de cierres de tiendas de H&M. La propuesta de 28 clausuras que la empresa trasladó hace unos días a los sindicatos, y que conllevará el despido de casi 600 trabajadores, es el ajuste más elevado que el grupo sueco tiene previsto realizar durante este año en todos los mercados en los que opera. Así lo reconocieron ayer sus responsables, tras presentar unos resultados anuales que fueron acompañados de una sorpresa: la salida de su hasta ahora consejera delegada, Helena Helmersson, tras cuatro años en el cargo, que es sustituida por Daniel Ervér, director de la marca H&M. El periodo de Helmersson está marcado por la pandemia, la guerra en Ucrania y continuos problemas en la cadena de suministros. Como reconoció la ejecutiva, ha sido “muy exigente a nivel personal”. Ante ese contexto, H&M ha respondido con ajustes, el último, los cierres en el mercado español. “España es el país con el mayor número de cierre de tiendas en 2024. No hay otro mercado con un ajuste de esa magnitud”, dijo ayer el responsable de relaciones con los inversores, Joseph Ahlberg, en la conferencia con analistas. La hasta ahora CEO, Helena Helmersson, insistió en el mensaje que se ha dado desde la compañía en los últimos días para justificar el plan: “Es algo que siempre supervisamos: contar con tiendas en las localizaciones adecuadas y ser competitivos Ahora estamos en una fase en la que creemos que este tipo de decisiones pueden ayudarnos a crecer en el futuro”, dijo la ejecutiva.

La Unión Europea lanzará en apenas dos semanas, el próximo día 17, su misión de protección a los buques comerciales sometidos al acoso de los rebeldes hutíes en el mar Rojo. El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, hizo este anunció ayer, poco antes de entrar en una reunión con los ministros de Defensa de la UE con quienes tenía previsto cerrar los detalles del dispositivo. El jefe de la diplomacia ya había advertido de antemano que no esperaba discusiones de calado. Los países comunitarios tienen libertad de elección para participar en esta «importante» operación y el que no lo haga solo debe «echarse a un lado», dijo. La Unión no quiere que este delicado asunto, pues el viejo continente es un gran perjudicado de los ataques hutíes a los mercantes, se transforme en gasolina política para generar discrepancias entre los socios comunitarios o dentro de cada gobierno, como ha sucedido entre los ministros de Defensa y Exteriores españoles. Anoche siete países habían respondido afirmativamente al emplazamiento para tomar parte en la misión, bautizada con el nombre de Aspides, cuyo significado puede traducirse como escudo. España sigue sin contemplar su participación en esta nueva iniciativa, según fuentes diplomáticas, de la misma manera que tampoco se sumó en diciembre a la organizada por Estados Unidos, pese a que entonces el propio Pentágono incluyó al país en su lista de aliados.