20240615

El sector de la construcción en Gipuzkoa dio ayer la voz de alarma sobre la situación del sector y pidió ayuda a las instituciones vascas para que revisen las normativas vigentes y, sobre todo, «agilicen los trámites administrativos» para favorecer un incremento de la producción, con la vista puesta en el problema de la vivienda y la escasa oferta de vivienda nueva y protegida, que acaba inflando los precios. Y es que, en su asamblea anual, celebrada en Chillida Leku, la patronal de la Construcción, Ascongi, alertó de que este sigue siendo el sector más «rezagado en recuperar los niveles de 2019», es decir antes de la pandemia de Covid. El aumento de costes (un 30% más que en 2019) y precios está siendo el principal impacto que está alterando todos los parámetros. La Asociación de Empresas de la Construcción de Gipuzkoa lanzó un SOS con los distintos problemas que acucian al sector en su ‘Informe Construcción en Gipuzkoa 2023’. Dos son los principales: que existe «un problema de escasez de mano de obra que puede dificultar su futuro»; y que «el número de licitaciones públicas durante el año 2023 han descendido un 28% respecto a 2022». En este sentido, su importe total cae un 66%, 407 millones de euros, siendo la menor cifra de licitaciones desde 2016. Respecto a las viviendas de obra libre nueva iniciada en Gipuzkoa, aunque ha crecido un 29% en 2023, sólo suponen 1.459 viviendas en 2023, entre las cifras más bajas de los últimos 30 años, detalló el presidente de Ascongi, Txema Muñoz. Para dar respuesta al «acuciante problema de vivienda en Euskadi», y de paso revitalizar el sector de la Construcción, Ascongi planteó «revisar la normativa, agilizar las tramitaciones administratitivas y favorecer un incremento significativo de la producción, para lo que el sector pone a disposición su conocimiento, experiencia y capacidades». El de la edificación es junto a la licitación de obra pública el otro pilar de actividad del sector. Y el problema de la vivienda sigue agravándose en Gipuzkoa. 

PSOE y PNV han registrado en el Congreso una proposición de ley conjunta repescando la reforma de la Ley del Suelo, que estaba destinada a dar seguridad jurídica a los planes urbanísticos evitando que un mero defecto formal o de procedimiento, perfectamente subsanable, pueda derivar en su completa invalidación, como sucede ahora en muchos casos. Unos cambios que ayuntamientos, comunidades autónomas, constructores y promotores inmobiliarios no solo veían con buenos ojos, sino que esperaban como agua de mayo, por lo que la retirada del proyecto de ley fue recibida con una mezcla de decepción y preocupación. El texto pactado entre socialistas y peneuvistas para resucitar la reforma de la Ley del Suelo es muy similar al del proyecto original, aunque incorpora un matiz muy importante. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística tienen que regirse “en los términos que dispongan las normativas autonómicas”. Esto es, añade garantías de que el Estado no invadirá competencias de las comunidades autónomas. De hecho, la nueva redacción de la ley establece que estos instrumentos podrán ser “modificados o sustituidos” en los términos en los que dispongan las normativas regionales. Este cambio puede vencer parte de las reticencias de los socios independentistas catalanes, ERC y Junts, entre cuyos argumentos de rechazo sobresalían los relacionados con posibles invasiones competenciales.

El efecto combinado de un crecimiento moderado de la economía, que se situó en el 1,7% en el primer trimestre del año, junto a la inflación y la derivada de unos aumentos salariales significativos en el arranque de 2024, supone un buen ‘negocio’ para las haciendas forales vascas. Así, en los cinco primeros meses del año las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa han ingresado un total de 6.521 millones de euros, cifra que supone el 1,42% más que en el mismo periodo de 2023 y con ello 91 millones más en las arcas del fisco. Pero esa es la simple apariencia de las estadísticas. Un análisis más detallado, despojando a las cifras de cuestiones extraordinarias que han sucedido tanto este año como el pasado, permite apreciar que la tendencia del crecimiento de los recursos de la Administración pública es mucho mejor. De un lado, en 2024 se realizaron actuaciones especiales de recaudación en Bizkaia en materia de tributación de hidrocarburos, que permitieron un ingreso extraordinario que ya no se repite. Por contra, este año han entrado en juego las reclamaciones de antiguos mutualistas que pagaron un exceso de impuestos por sus declaraciones de ingresos y que ahora tienen derecho a una devolución. Así las cosas, eliminados los principales efectos extraordinarios, el crecimiento de la recaudación hasta finales de mayo se situaría muy cerca del 6%. Una tasa que encaja bastante bien con un aumento del PIB vasco del 1,7% en el primer trimestre y una inflación que se sitúa ahora en torno al 3,6%. El conjunto del IRPF, pero sobre todo las retenciones que se efectúan cada mes en las nóminas de los trabajadores por cuenta ajena, es el principal motor de ese aumento sostenido de los ingresos fiscales en Euskadi. Esas retenciones han crecido el 4,7% en Bizkaia; el 6,3% en Álava y nada menos que el 11,9% en el caso de Gipuzkoa. Detrás de estas cifras está no solo el ligero aumento del empleo sino también las revisiones de convenios que se han sucedido durante este tiempo en el País Vasco.

No hay un gran salto, ya que el índice de confianza que recogía la encuesta del banco vasco hace tres meses era de un 49,8 y la de ayer de un 47,4. Una leve caída en un dato que hay que leer atendiendo a que 50 quiere decir ‘estabilidad en la actividad’. Pero afinando la lectura, el informe del departamento de estudios económicos de la cooperativa de crédito revela un deterioro en todos los puntos analizados. La previsión de las 142 empresas consultadas sobre su facturación cae de un 50,3 a un 48,2. El 57% cree que se mantendrá igual y un 23,2% cree que empeorará. El movimiento es similar en la actividad. Un 64% pronostica que seguirá igual, pero un 26,8% se muestran convencidos de que empeorará. Unas respuestas que llevan al indicador al 41,2, el valor más bajo del estudio. Las perspectivas para invertir ajustan poco, pero también a la baja. El indicador pasa del 51,2 al 47,2. Solamente el mantenimiento o ampliación de plantillas genera una mayoría de opiniones favorable. El 81% de las empresas mantendrá el personal y un 12% contratará a más gente. El resultado no deja de ser reflejo del momento de cierta incertidumbre que atraviesa la economía. La actividad industrial, en Euskadi muy marcada por la demanda de Europa, está plana por la desaceleración y el frenazo de Francia y Alemania. Así que no queda otro remedio que refugiarse en el gasto y el consumo gracias a un empleo que sigue resistiendo en el País Vasco. Ver nota Laboral Kutxa. 

El tono positivo que tiene la evolución de la economía y con ello el comportamiento de los ingresos por impuestos ha permitido que la Administración vasca mantenga bajo control su endeudamiento. Esto es, sin grandes cambios. Así, Euskadi se mantiene como la tercera comunidad menos endeudada de España en términos relativos, en relación a la riqueza que se genera. Una posición de privilegio que mantiene desde hace tiempo y por detrás de Canarias y Navarra, las dos comunidades más aplicadas en el arte de controlar el gasto. La Administración vasca debía 11.113 millones a finales de marzo, 315 millones menos que un año antes. Según los últimos datos aportados por el Banco de España, a finales del pasado mes de marzo las comunidades autónomas españolas debían 329.000 millones de euros, una cifra que se sitúa 3.700 millones de euros por encima del cierre de 2023 pero que representa 7.600 más que a finales del primer trimestre del pasado año. Eso son los términos absolutos. Los relativos, sin embargo, gracias al crecimiento sostenido del PIB –el valor agregado de los bienes y servicios que se producen en el país– reflejan una tendencia de descenso. No con la recta final de 2023 porque el porcentaje de deuda sobre PIB se mantiene intacto, el 22,2%, pero sí en comparación con marzo del ejercicio anterior cuando estaba situada en el 23,3%. El tope máximo de endeudamiento en el País Vasco se alcanzó a finales de 2020, en pleno estallido de la pandemia del Covid, cuando se llegó al 16,2% del PIB.

Se han necesitado cinco años para desatascar la tramitación administrativa de las obras del soterramiento del tren de alta velocidad (TAV) en Vitoria, la nueva estación de la calle Dato y la solución para el ‘nudo’ de Arkaute. Una larga espera que ha llegado a su fin y ahora se dará inicio a la fase constructiva. La noticia fue celebrada por las principales instituciones del territorio, que llevaban un largo tiempo esperando este «punto de inflexión» en un proyecto sobre el que se viene hablando desde hace casi tres décadas. Sin embargo, esa satisfacción no llega a ser plena ya que piden concreción en las fechas y respetar el reparto de la financiación suscrito. Y es que el acuerdo en vigor recoge que el Gobierno central asume el 50% del coste, mientras que la otra mitad se divide entre el Ejecutivo vasco (25%), el Ayuntamiento (15%) y la Diputación de Álava (10%). La cuestión es que estas obras se han encarecido un 30% en los últimos años hasta colocarse alrededor de los 1.000 millones. Ante semejante contexto inflacionista, el ministro socialista Óscar Puente recientemente sugirió que las administraciones locales deberán abonar el 70% de los soterramientos, si bien es cierto que se trataba de una reflexión de carácter genérico y que en ningún caso se refirió a Vitoria de forma directa. La alcaldesa Maider Etxebarria, compañera de partido de Puente, insistió ayer que el protocolo sigue vigente y que la antigua cartera de Fomento firmó asumir con la mitad del coste. Aun así, el diputado general, Ramiro González (PNV), pide concreción, claridad y celeridad. «Se trata de una noticia positiva, pero hay mucho trabajo por delante. Es importante culminar el proyecto básico para abordar cuanto antes el proyecto constructivo y la ejecución de las obras», recalcó en declaraciones a este periódico. 

 Los Premios Toribio Echevarria que anualmente conceden el Ayuntamiento de Eibar y BIC Gipuzkoa ya tienen finalistas. Se trata de 13 jóvenes empresas que desarrollan tecnología puntera para sectores estratégicos de la economía guipuzcoana como la biosalud, la energía, la industria, el foodtech, las TIC y el deporte. Sus propuestas han resultado seleccionadas de las 26 candidaturas presentadas y la decisión final del jurado se conocerá el próximo 20 de junio. Los organizadores de estos premios han recordado que las categorías a las que optan estos planteamientos son “Startups y proyectos empresariales” y “Empresa innovadora” como las principales, a las que se suman los dos premios que el Ayuntamiento de Eibar entrega a proyectos asentados en la localidad o dispuestos a hacerlo por un periodo mínimo de dos años junto con el “Reconocimiento Iñaki Goenaga a la empresa eibarresa”. Las finalistas de “Startups y proyectos empresariales” son Orbik Cybersecurity centrada en la ciberseguridad industrial, Safeloc Systems que potencia la seguridad y la productividad para la industria y la logística, y Zenit que posibilita la creación y gestión de comunidades energéticas inteligentes. También optan Sealteknik con su tecnología de sellado, Dive Medical que emplea Eye Tracking e Inteligencia Artificial para evaluar la función visual de pacientes, y Nuuk Technologies con su gestión de contenido multimedia en tiempo real. 

Los 26.000 trabajadores de la hostelería de Bizkaia siguen envueltos en la incertidumbre, sin saber si finalmente se va a firmar el convenio colectivo sobre el que se alcanzó un preacuerdo a finales de mayo, con el apoyo de CC OO, LAB y UGT. Ese pacto, que permitía actualizar un convenio no renovado desde 2019, fue cuestionado primero por el sindicato Comisiones y, cuando este rectificó, afloraron las reticencias de la Asociación de Hostelería de Bizkaia por el riesgo de que sea impugnado por la patronal estatal de las grandes cadenas. El embrollo no se resuelve. El preacuerdo, del que se desmarcó ELA, se alcanzó el 27 de mayo y contemplaba una subida salarial del 12,2% ya desde ese mes de mayo para recuperar el poder adquisitivo perdido, correspondiente al periodo 20222024. También recogía un alza del IPC más el 0,5% para 2025 y 2026, así como el IPC más el 1,6% para 2027. Había otros asuntos como unos mínimos para los trabajadores fijos discontinuos o la obligación de que todos los establecimientos establezcan el fichaje telemático. Asimismo, contempla un recorte de jornada de cuatro horas hasta las 1.746. El primer contratiempo vino por parte de CC OO, que una vez cerrado el preacuerdo exigió mayores garantías para los fijos discontinuos. Al no obtenerlas, se dio por roto el pacto, pero el sindicato rectificó en unas horas con lo que parecía que las aguas volvían su cauce. Pero entonces fue la Asociación de Hostelería de Bizkaia la que advirtió de que no podía firmar debido a la amenaza de impugnación por parte de la patronal estatal de las grandes cadenas, la AEMR, que considera que se ha invadido su ámbito funcional. Y es que en el preacuerdo se ampliaba el alcance del convenio y se extendía a los trabajadores de este segmento, que en Euskadi suman unos centenares. «No podemos asumir este riesgo», asegura Héctor Sánchez, gerente de la asociación vizcaína. El sindicato LAB ha dejado claro que no va a firmar si no se incluye a los trabajadores de las grandes cadenas, que están sujetos a un convenio firmado a nivel nacional por CC OO y UGT. Y si la central abertzale se queda fuera no hay mayoría. «Es algo que se veía venir y que finalmente ha estallado», dice Susana García, de CC OO Euskadi.

Con el reciente recuerdo de los históricos atascos de camiones de hace días en las carreteras de Gipuzkoa por la protesta de baserritarras en el peaje de Biriatou, la mesa negociadora del convenio del transporte de mercancías por carretera del territorio arrancó con una advertencia similar. El sindicato LAB advirtió a la patronal, Guitrans, que si «bloquea la negociación del convenio», ellos harán un llamamiento a «bloquear las carreteras». El sindicato lanzó este mensaje a toda la comunidad del sector y a la sociedad. Los sindicatos LAB, ELA, CC OO y UGT y la patronal Guitrans constituyeron la mesa negociadora del convenio de transporte de mercancías por carretera de Gipuzkoa. El sector, que cuenta con más de 6.000 trabajadores, está sin convenio desde el 31 de diciembre de 2009. Según explicaron desde LAB, los sindicatos se pusieron en contacto con Guitrans para convocar la constitución de la mesa negociadora, cuya reunión estaba prevista para el 7 de febrero, pero la patronal «decidió renunciar» a la convocatoria, que se volvió a plantear para el 29 de febrero aunque tampoco pudo celebrarse. Tras dos renuncias a las convocatorias, LAB, ELA, CC OO y UGT decidieron presentar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por entender que Guitrans «vulneraba el derecho a la negociación colectiva que tienen las personas trabajadoras». El juicio estaba previsto para el 18 de junio y, a falta de una semana, Guitrans se puso en contacto con los sindicatos «para evitarlo». LAB ha valorado positivamente el «cambio de actitud» de la patronal, pero considera que «es terrible tener que llegar a los tribunales para forzar dicho cambio».

Igor Villarreal. Auto elektrikoaren salmenta sustatzeko finantzazioari garrantzia eman behar zaiola uste du Mubileko arduradunak. Aldaketa ugari izaten ari da sektorea, eta lehiakorrago izateko teknologia, elkarlana eta dibertsifikazioa jo ditu gakotzat. "Gipuzkoako enpresetan egin dugu analisietan %60 dibertsifikazio prozesuan dagoela ikusi dugu, eta erdia baino gehiago aukera berriak topatzen ari da datorren mugikortasun teknologiko horretan". Gehiago irakurri hemen. 

Las líneas maestras del próximo Gobierno vasco van esbozándose a menos de una semana de que Imanol Pradales sea investido lehendakari en el Parlamento gracias a los votos del PNV y PSE-EE. Se sabe que Eneko Andueza no estará en el futuro Ejecutivo, que el PNV mantendrá las principales carteras que ha gestionado en los últimos años –Educación, Seguridad y Salud–, que los socialistas harán lo mismo con las suyas –Transportes, Vivienda y Turismo– y que el PSEEE quiere seguir contando con una Vicelehendakaritza aunque su secretario general no esté en el Ejecutivo. A partir de ahí las novedades –los socialistas seguirán gestionando uno de sus departamentos ‘estrella’, Trabajo y Empleo– y las incógnitas. Y estas últimas no son pocas: aparte de quiénes serán los consejeros, tampoco está claro el número de carteras. La negociación entre ambas partes enfila ya el tramo final con la vista puesta en la próxima semana. El preacuerdo anunciado el pasado lunes se hará oficial el miércoles con el acto de firma al que, previsiblemente, acudirán Andoni Ortuzar, Imanol Pradales y Andueza. Una foto simbólica que servirá para certificar el tercer gobierno de coalición entre el PNV y PSE. No se descarta que el contenido concreto del documento –solo se conoce un resumen de once páginas– no se desvele hasta el mismo jueves, el día del pleno del Parlamento. Lo mismo ocurrió hace cuatro años, cuando se demoró su presentación para no dar argumentos a la oposición. 

Los socialistas asumirán Políticas Sociales mientras Medio Ambiente, Igualdad e Industria están en el aire. Ambos partidos mantienen un hermetismo total del contenido de sus conversaciones, que quieren blindar hasta el próximo sábado después de la jura del lehendakari Imanol Pradales en Gernika cuando, oficialmente, se dará a conocer la estructura definitiva del gabinete. En el nuevo Ejecutivo el PSE tendrá, en principio, cuatro carteras, una más de las que dirigía hasta el momento, o incrementará las áreas que gestionan. Se da por supuesto que asumirán el control de las políticas sociales y que coordinarán el área de cuidados que en este momento dirigen las diputaciones forales y que era uno de los elementos más novedosos de su último programa electoral como propuesta a medio plazo. El secretario general del PSE, Eneko Andueza, que ya comunicó el jueves que él no entrará finalmente en el nuevo gobierno de coalición con el PNV, aunque aspira a mantener una o un vicelehendakari socialista entre los miembros del PSE que formen parte del gabinete del Pradales. En principio, los socialistas mantendrán las actuales carteras de Planificación Territorial, Transportes y Vivienda, y Comercio, Turismo y Consumo, además de Empleo y Trabajo. Todo apunta a que se desgajará la macroconsejería de Política Social, aunque aún sin saber qué ocurrirá con el área e Igualdad, en este momento gestionada por la jeltzale Nerea Melgosa junto a Justicia. Otra incógnita afecta a la macroconsejería de Arantxa Tapia, que agrupa Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, y que incluye áreas como Industria, Tecnología e Innovación, Puertos y Asuntos Pesqueros, Agricultura y Ganadería. Se considera bastante probable que algunas de estas direcciones del departamento sean repartidas entre lo dos socios de la futura coalición pero aún no está cerrada la estructura definitiva.

La bilbaína Eva Eguiguren Medinabeitia será la nueva rectora de la Universidad Euneiz sustituyendo así a Lluís Vicent. Eguiguren, doctora en Business Administration (administración de empresas), Master of Science Executive Education, MSc in Analytics, Design and Management Information Systems y Bachelors en Business Administration, llega a Vitoria con el reto de impulsar «el crecimiento y consolidación de su proyecto académico, el anclaje territorial y la internacionalización de la institución y sus estudiantes». En el acto de presentación de Eguiguren ante el equipo docente celebrado ayer, el presidente de la Universidad, Jordi Roche, afirmó que «seguimos dando los pasos previstos en el plan de desarrollo». «Tras la primera fase de arranque, abordamos una nueva etapa en la que el objetivo es alcanzar aquellas metas que nos permitan dar un salto cualitativo como institución académica con peso en Euskadi y fuera de Euskadi». En este sentido, agradeció el trabajo realizado por el hasta ahora rector, Lluís Vicent, en estos dos primeros años, que «siempre son complejos cuando se pone en marcha un nuevo proyecto», y mostró su confianza en la nueva etapa. «Estamos ante un punto de inflexión en el que la institución se refuerza al tiempo que reafirma su apuesta por la creación de talento y la trasferencia de conocimiento que contribuya al desarrollo económico y social de Álava y Euskadi». Quiso asimismo enfatizar la formación y competencia de la doctora Eva Eguiguren, «en liderazgo, dirección y gestión académica, unas aptitudes que serán vitales en el crecimiento y consolidación de la universidad». La nueva rectora, por su parte, destacó que «aspiramos a convertirnos en un referente de conocimiento y motor de cambio para el progreso del territorio. Para ello trabajamos en la mejora continua de alianzas y acuerdos, tanto nacionales como internacionales, que benefician no sólo a nuestros estudiantes y docentes, sino a todo el ecosistema vinculado con la universidad».

Hace un año que se firmó el estatuto del becario, pero no se ha aprobado todavía por el rechazo de los socialistas No gusta a CEOE, ni a los rectores, ni a los socios del Ejecutivo, pero sí a los estudiantes. Los agentes sociales no recuerdan un caso similar al del estatuto del becario: un texto que un ministerio acuerda con los sindicatos, lo presenta en sociedad y, después, no es aprobado por el Gobierno. Ni pasa por el Consejo de Ministros ni mucho menos por el Congreso de los Diputados. Este sábado se cumple un año de aquella firma, que estamparon en la sala de prensa del Ministerio de Trabajo la responsable del departamento, Yolanda Díaz, y los líderes de UGT, Pepe Álvarez, y de CC OO, Unai Sordo. El texto avanza en derechos para los estudiantes, ya que contempla la compensación de gastos en los que incurran y limita aún más las prácticas extracurriculares. Para entender el freno en esta normativa hay que retroceder más de un año, a otoño de 2022. Entonces los sindicatos y el Ministerio de Trabajo alcanzaron un acuerdo aún más ambicioso que el actual, que respondía a la posición original de las centrales y del departamento de Díaz. Eliminaba del todo las prácticas extracurriculares, es decir, aquellas que no forman parte del plan de estudios y que no son exigibles para que el alumno consiga el título. La concatenación de este tipo de prácticas, muy a menudo impagadas o con retribuciones bajísimas, cronifica etapas de precariedad ante la vaga esperanza del estudiante de acceder a un empleo.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, replicó el viernes a la dimisión del presidente de Seat, Wayne Griffiths, de la presidencia de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), sustentada, según el ejecutivo, en la falta de apoyo del Gobierno al impulso del coche eléctrico en España. Como máximo responsable del departamento que consigna las ayudas, Hereu admitió la importancia de la decisión que calificó como “toque de atención que tenemos que tener presente”. Así lo manifestó este viernes en declaraciones a la prensa antes de su participación en la 35 Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra en La Seu d’Urgell en la que, por otra parte, reivindicó el trabajo del Gobierno en la electrificación: “Estamos invirtiendo no centenares, sino miles de millones de euros”. Hereu recordó los diferentes proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (Perte) del vehículo eléctrico que ha impulsado el Gobierno y la “gran transformación de las cadenas productivas de la automoción” que comportan, informa Europa Press. El ministro replicó de este modo al ejecutivo, quien sorprendió el jueves cuando anunció ante la asamblea de la patronal nacional del motor con su marcha inmediata e irrevocable tras sentir la falta de apoyo gubernamental a la electrificación. Griffiths contó con el agradecimiento de las otras dos patronales de la industria, Faconauto (que aglutina a los concesionarios) y Sernauto (que reúne al sector auxiliar de la automoción).

«La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no dice que los interinos de larga duración deban ser declarados fijos. Al contrario, supone un cierto jarro de agua fría para las expectativas de fijeza». Es la lectura que hace Garbiñe Biurrun, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), del fallo publicado este jueves y que difiere en gran medida de otras interpretaciones. La magistrada advierte de que el TJUE no impone en ningún momento la conversión en fijos de los interinos que hayan encadenado contratos temporales de forma irregular, sino que solo recomienda esta solución «en caso de que no implique una interpretación del Derecho nacional contraria a la Ley». Y, a su entender, el Tribunal Supremo tiene claro que sí contraviene la normativa nacional. Biurrun, que realizó estas declaraciones en Radio Euskadi, explicó que el Superior vasco tiene paralizados todos los procedimientos sobre esta materia a la espera de que el TJUE conteste a las dudas planteadas por el propio Tribunal Supremo. Esta instancia se opone en principio a la conversión automática de los interinos en fijos al considerar que contraviene los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia que rigen el acceso a la función pública. Por eso ha preguntado también si el problema se podría solucionar con una indemnización por despido mayor a la actual, de 20 días por año trabajado con un máximo de doce mensualidades.

Mario Draghi, el hombre que en 2012 salvó el euro con tres palabras en inglés (Whatever it takes, que en español significa “lo que haga falta”), respalda que se aumenten los aranceles en Europa ante la amenaza de una China que en poco tiempo puede tener la capacidad de inundar el mundo con productos imprescindibles en la transición climática a muy bajo coste. No se trata de que la UE pase de abanderada mundial del libre comercio al proteccionismo indiscriminado, argumenta. El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) apuesta por este botón nuclear de la política comercial —también por conceder subsidios— cuando países o áreas competidoras de la Unión hayan generado “una ventaja injusta [en el mercado] a través de políticas industriales y devaluaciones del tipo de cambio”. El italiano lo ha defendido en el monasterio de Yuste, en Cáceres, donde ayer recibió el premio Carlos V. Pero la diana de sus palabras estaba muy lejos de Extremadura: era China, algo evidente en la semana en que la Comisión Europea ha anunciado que va a multiplicar, en algunos casos casi por cinco, lo que pagan los coches eléctricos del gigante asiático al llegar a los puertos del Viejo Continente. “Nos ha hecho un spoiler [un adelanto]”, definió Felipe VI al oír el discurso de Draghi. El Rey se refería al informe para mejorar la competitividad de la UE que el gran gurú de la economía europea está ultimando por encargo de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Si se cumple la previsión, el contenido íntegro del informe se conocerá en unas semanas, en julio. Aunque el también ex primer ministro italiano y exgobernador del Banco de Italia deja pistas claras de lo que va a plantear. 

Richard Koo (Kobe, Japón, 70 años) es uno de esos economistas a los que conviene tener en cuenta cuando el fantasma de una crisis ronda el vecindario. Lo suyo son las “recesiones de balance”, un monstruo que se alimenta de las heridas que deja el pinchazo de una burbuja, cuando la economía de manual salta por los aires y la cosa comienza a ir de mal en peor porque todo el mundo, de las familias a las empresas, está tratando de reducir sus deudas a la vez: nadie pide prestado, se hunde la demanda, caen los precios, y esto vuelve a su vez más difícil pagar las deudas. El sistema implosiona en una espiral que, según Koo, economista jefe del banco de inversión Nomura y asesor de varios Gobiernos japoneses, solo puede detenerse con un Ejecutivo que pide dinero prestado y endosa una inyección de estímulo fiscal. El economista alumbró su tesis tras ver la larga y aparatosa digestión de la crisis que estalló en Japón en 1990. Se le escuchó (pero poco) en la UE durante la Gran Recesión. Y así nos fue: algunos países, como España, “sufrieron enormemente de forma innecesaria”, aseguró el pasado martes en una entrevista en línea. Se le hizo algo más de caso en Estados Unidos –el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, “por suerte”, dice, leyó sus teorías–. Estos días se le sigue de cerca en China. A la segunda economía del planeta se le atraganta una burbuja inmobiliaria de proporciones colosales. Su demanda interna, tras la pandemia, no termina de arrancar. Y lo que haga Pekín para salir del atolladero puede marcar al resto del planeta: si lo fía todo a la exportación, como trató de hacer Japón en los noventa, se encontrará con un mundo en fase de repliegue proteccionista, advierte este economista.

Indisciplina financiera. Quédense con este término porque previsiblemente marcará la evolución de las Bolsas europeas al menos hasta que se celebren las elecciones legislativas adelantadas de Francia. Los mercados han cerrado una de sus peores semanas en meses después de mucho tiempo mirando al alza. Y la caída ha sido considerable por el temor a lo desconocido: las políticas del partido de Le Pen o de la nueva coalición de izquierdas, los dos grupos con mayor proyección electoral en París. El dinero es miedoso y ante cualquier novedad, se disipa. Ayer mismo, el índice CAC francés se dejó un 2,5%, una de las mayores caídas de toda Europa. Desde que se celebraron las elecciones europeas, este mercado bursátil se ha desplomado más de un 7%. Y ha arrastrado al resto de parqués en el temor de lo que pueda venir. De hecho, la prima de riesgo de Francia se ha disparado a niveles que no veía desde 2017. Y lo ha hecho después de que el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, haya advertido de que el país corre el riesgo de vivir una crisis financiera similar a la que vivió Reino Unido bajo la presidencia fugaz de la exprimera ministra Liz Truss. «Hoy pagamos más que Portugal por nuestra deuda», ha señalado Le Maire, que ha explicado que «esto se debe a los programas políticos que están sobre la mesa en relación de si podremos seguir pagando esta deuda». En el caso de España, el Ibex 35 no ha sido inmune a esta situación. El selectivo perdió ayer un 0,67% de su valor. Lo peor de todo es que ha abandonado la cota de los 11.000 puntos, que tanto le costó conseguir, y sobre la que se había asentado en los últimos tiempos. En esta semana de resaca de elecciones, el Ibex se ha dejado un 3,6%, en su peor semana desde marzo de 2023. 

De la importancia creciente de los premios Fronteras del Conocimiento habla con elocuencia un dato: 26 de sus ganadores fueron galardonados posteriormente con el Nobel en sus respectivas especialidades. Como anuncian desde hace unas semanas los carteles situados en las luminarias de Bilbao, la villa acogerá esta semana una nueva edición de la gala de entrega de los premios promovidos por la Fundación BBVA, que este año alcanzan su decimosexta edición, la quinta consecutiva en la capital vizcaína. Será este miércoles y el jueves en el Euskalduna cuando algunos de los científicos y personajes de la cultura más importantes del mundo reciban su merecido homenaje. La lucha contra el cambio climático se ha convertido desde hace varias décadas en uno de los principales retos de la humanidad. Dorthe Dahl-Jensen, Jean Jouzel, Valerie Masson-Delmotte, Jakob Schwander y Thomas Stocker han sido reconocidos este año en esta categoría por ser los pioneros en detectar en el hielo los indicios del calentamiento global. ¿Cómo hacer ver a la ciudadanía su importancia? No con datos catastrofistas, cree que la psicóloga Elke Weber, ganadora en el área de Ciencias Sociales. La experta alemana considera que el mensaje realmente importante que hay que transmitir es que es posible actuar. Para que las proteínas puedan cumplir con su función, estas deben estar plegadas correctamente. Cuando no es así, pueden desencadenar todo tipo de enfermedades. Ulrich Hartl, Arthur Horwich, Kazutoshi Mori y Peter Walter han sido premiados en Biología y Biomedicina por sus investigaciones sobre este mecanismo. Gerardo Ceballos y Rodolfo Dirzo han calculado que el ritmo actual de desaparición de especies es entre cien y mil veces más rápido que en el pasado. Por ello se llevan el premio en el área de Ecología y Biología de la Conservación. Partha Dasgupta lo recibirá en Economía, Finanzas y Gestión de Empresas por sentar las bases de la llamada economía medioambiental. En plena disputa de la Eurocopa y con los Juegos Olímpicos a dos meses vista, las espectaculares retransmisiones deportivas actuales no habrían sido posibles sin Takeo Kanade, el padre de las retransmisiones en 360 grados...