20240705

El salario medio de los trabajadores vascos durante el año 2023 fue de 2.188 euros mensuales, alcanzando un nuevo máximo histórico según el estudio anual de The Adecco Group Institute. En comparación con la media estatal, de 1.914 euros, el sueldo medio del País Vasco fue un 14,3% más alto, superando la media española en 274 euros. El aumento, de un 4,2% en 2023 respecto a 2022, en la renta media en Euskadi equivale a una ganancia de 1.068 euros al año. La remuneración media en el conjunto del Estado aumentó un 5,1% con respecto a 2022, por lo que, en este último año, el salario medio vasco aumentó a menor ritmo que el estatal. En cuanto al poder adquisitivo, en 2023, de media, el incremento del IPC en Euskadi fue del 3,6% con respecto al año anterior. A pesar de esta subida, el aumento en salario medio hizo que el poder adquisitivo aumentase en un 0,6%. Por sectores, la industria continúa siendo la que ofrece las remuneraciones más elevadas en Euskadi con una media de 2.602 euros por mes, cifra que bate récord histórico para este sector y comunidad. En este caso, el sueldo medio en el sector se encuentra un 0,1% por encima del salario medio vasco (3 euros más al mes o 39 euros más al año). Al comparar con el salario medio total vasco (2.188 euros), los sueldo en la industria son un 18,9% más altos, lo que se traduce en 4.971 euros más al año. A pesar de que la industria es el sector que ofrece salarios medios más elevados, las actividades económicas dedicadas a los servicios registraron una mayor subida en los salarios medios en el año 2023. En concreto este sector presenta el mayor incremento con un +4,4% (2.077 euros mensuales), seguido de la propia industria con un +4,3% (2.602 euros) y la construcción con un +3,3% (2.191 euros/mes).

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, ha apostado por Iñaki Ruiz como viceconsejero del área de Economía y responsable de la gestión de los fondos europeos. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UPV/EHU, y máster en Dirección Comercial por ESIC, Ruiz (Portugalete, 1971) es, desde 2015, presidente del Colegio Vasco de Economistas y vicesecretario de la Comisión Permanente del Consejo General de Economistas en Madrid. Casado y padre de tres hijos, ha desarrollado toda su carrera profesional en el mundo financiero. Trabajó en BBVA, Ipar Kutxa y desde la fusión con Caja Laboral, lo ha hecho en Laboral Kutxa dirigiendo la estrategia de comunicación de la entidad, donde es director de Publicidad desde 2012. Iñaki Ruiz se encargará de pilotar la nueva área que han logrado los socialistas durante la negociación con el PNV. En la pasada legislatura, la Vicelehendakaritza segunda que ocupó Idoia Mendia se dedicaba a Empleo y Trabajo. Ahora, en el cuatrienio 2024-2028, también asumirá Economía y fondos europeos. Una decisión que el PSE de Eneko Andueza vendió como un «gran logro». No lo tendrá fácil ya que la gestión de los fondos comunitarios ha sido uno de los grandes caballos de batalla entre el PNV y el Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Las críticas del exconsejero de Hacienda jeltzale Pedro Azpiazu fueron una constante en la recta final del mandato de Iñigo Urkullu ya que reivindicaban tener más mano en el reparto.

El Ministerio de Economía, que hasta ahora había permanecido en un discreto silencio, irrumpió ayer en el terreno de juego para negociar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas precisamente en un momento de máxima tensión, apenas unas horas después de que los empresarios gritaran un «basta ya» a las injerencias del Gobierno con la lectura de un manifiesto por la libertad de las empresas. Y lo hace para situarse en una banda más cercana a la patronal, mostrando su predisposición a ceder en dos de las reivindicaciones que habían pedido en la mesa del diálogo social, aunque fuera verbalmente: ampliar el plazo de aplicación y dar una mayor flexibilidad a las empresas en la distribución de las jornadas y poder hacer más horas –aunque sean complementarias y no extras– para adaptarse al nuevo recorte horario, algo que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había rechazado y no recogió en la propuesta que puso encima de la mesa. Así, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, abogó ayer, en una entrevista en Onda Cero, por «encontrar un punto de equilibrio» entre las partes y darse «el tiempo necesario» para alcanzar un acuerdo final, unas palabras que encuentran eco en el sentir del ala socialista del Gobierno, partidaria de alargar la negociación si con eso se consigue atraer a los empresarios. «Existe margen y flexibilidad para llegar a ese acuerdo», defendió Cuerpo, quien reconoció que hay sectores que se van a ver más afectados por esta medida y también las pymes, ya que «tienen menos capacidad de ajustar personal y horas». Por ello, no solo pidió que todas estas circunstancias se tengan en cuenta, sino que prometió que «se van a tener en cuenta». Cuerpo dio un paso más y se atrevió a sugerir algunas de las medidas que podrían llevarse el lunes a la mesa: flexibilizar los plazos para ponerla en marcha y «aumentar las bolsas de horas» en algunos sectores, como el comercio y la hostelería. Esto permitiría a las empresas contrarrestar el recorte de 2,5 horas semanales con jornadas más irregulares, manteniendo los mismos horarios pero creando una bolsa de horas para librar en los momentos de menor demanda.

La industria en la primera potencia europea sigue de capa caída, lastrada por la debilidad de la demanda europea y la pérdida de competitividad. La cartera de pedidos del sector manufacturero alemán retrocedió en mayo por quinto mes consecutivo, con un descenso 1,6% respecto a abril, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, según los datos publicados ayer por la Oficina Federal de Estadística (Destatis). Con ello, el descenso interanual se amplía hasta el 8,6%. Con todo, esta evolución fue muy diferente en los distintos sectores industriales. En particular, en el sector de otros vehículos, como aviones, barcos y trenes, la demanda cayó en mayo un 19,2% respecto al mes anterior, debido a un volumen de grandes pedidos inferior al de abril en la construcción aeronáutica. También el descenso del 2,9% de la entrada de pedidos en la industria del automóvil tuvo un impacto negativo muy significativo en el resultado global, debido al elevado peso de este sector en el conjunto de la actividad. En sentido contrario, el mayor empujón positivo vino del aumento del 11,2% de la demanda de equipos de procesamiento de datos y productos electrónicos y ópticos. Por categorías, la demanda de bienes de inversión retrocedió un 4,3%, mientras que la de bienes intermedios y la de bienes de consumo subió un 1,4% y un 4,9%, respectivamente. Los pedidos nacionales crecieron un 0,5% y los extranjeros se contrajeron un 2,8%, debido tanto a la debilidad de la demanda en la eurozona como a la pérdida de competitividad en el exterior, además de los problemas en los mercados asiáticos derivados de la fragmentación del comercio internacional tras el estallido de la guerra en Ucrania. 

El consejero delegado de MásOrange, la firma surgida de la fusión entre Orange y MásMóvil, Meinrad Spenger, visitó ayer las instalaciones de Euskaltel por primera vez desde la fusión empresarial. La tecnológica vasca fue adquirida por MásMóvil hace tres años y ahora, el nuevo conglomerado, suma en Euskadi un total de 115 puntos de venta y una plantilla de 3.000 personas. Spenger se reunió en la sede de Euskaltel en Zamudio con el presidente de la filial, Xabier Iturbe, y su director, Jon Ander de las Fuentes. En la reunión respaldaron el próximo plan inversor que dejará en el País Vasco un total de 200 millones en los próximos tres años. Se trata de una serie de actuaciones para mejorar y ampliar la actual red de dos millones de líneas, de las que el 80% son de banda ancha. En total, las marcas que conforman la nueva estructura empresarial acumulan una inversión en Euskadi de 3.700 millones. Precisamente la extensión de la fibra y la adecuación de esta infraestructura, que representó un activo histórico de Euskaltel, es uno de los objetivos principales. La fibra FTTH –la de última generación– llega a 1,25 millones de hogares y está presente en 251 ayuntamientos con lo que cubre prácticamente el 100% de la población. Su desarrollo se ha centrado en mejorar la calidad de la acometida que une el tronco central con las conexiones en hogares y viviendas, que venía empleando cobre. Gracias a este desarrollo, la firma vasca de MásOrange ha podido comenzar a comercializar el servicio FTTR –conocido como fibra invisible por su fácil colocación y extensión en los hogares con hilos casi imperceptibles–. Por otra parte, más del 92% de la población vasca dispone de cobertura 5G y prácticamente el 100% tiene cobertura 4G. Otra parte de las inversiones se destinarán al centro de datos que la compañía impulsa junto al Gobierno vasco y Dominion.

El Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi repuntará este año hasta el 2% por el buen comportamiento del sector servicios, el mercado laboral y el consumo. Es la principal conclusión que se extrae del Informe de la Economía Vasca elaborado por el departamento de Estudios de Laboral Kutxa, presentado ayer en Bilbao por el propio director del departamento, Joseba Madariaga, y el director de desarrollo de negocio, Ibon Urgoiti. La realidad «ha sorprendido positivamente» al departamento de la entidad bancaria, que eleva sus previsiones de crecimiento seis décimas respecto al avance realizado a finales del año pasado (1,4%). Esta tasa de crecimiento para este presente 2024 también se sitúa una décima por encima de las previsiones del Gobierno Vasco (1,9%). El crecimiento se sustenta en el ‘trinomio’ formado por servicios, que es el sector «con mayor dinamismo», el mercado laboral, «con tasas de paro en mínimos históricos», y el consumo, que tiene «una oportunidad para aportar crecimiento a la economía, máxime cuando los salarios crecen». La «recuperación cíclica» que constata la entidad financiera de Mondragon en su informe se ve opacada en parte por la «debilidad» que aún persiste en la industria, debido a la evolución de la economía alemana. No obstante, el departamento de estudios de Laboral Kutxa sí ha apreciado una mejoría del sector industrial vasco en este primer trimestre del año, «lo que ha hecho repuntar las expectativas de crecimiento». Conviene, sin embargo, coger con cautela esta previsión de crecimiento del sector manufacturero, puesto que dependerá de la evolución del sector en Europa y de la situación de países como Alemania. Madariaga reconoció durante la presentación del informe que todavía está «por confirmar» el «despegue» de la industria europea, lo que supondría «una gran noticia» para economías como la vasca. Ver informe Laboral Kutxa. 

Hoy se producirá un nuevo paso en la opa que BBVA ha lanzado para intentar absorber Banco Sabadell. Es el primer paso decisivo en el que esta iniciativa pasa a ser objeto de refrendo. En este caso, entre los accionistas de la entidad ‘opante’, que han sido convocados en Bilbao a una junta extraordinaria. El objeto formal del cónclave es un paso aparentemente burocrático. Se trata de obtener el respaldo de los titulares de las acciones de BBVA a una ampliación de capital en la que renunciarían a su derecho preferente de suscripción. Una ampliación de hasta un máximo de 1.126 millones de acciones nuevas, que servirían como moneda de cambio para los accionistas de Sabadell que acepten la oferta. Todo ello, claro está, si la operación recibe los parabienes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Banco Central Europeo (BCE) y de Competencia (CNMC). Pero lo cierto es que la junta es mucho más que un acto formal. Todo apunta a que puede ser un respaldo masivo, un auténtico empujón para el consejo de administración del banco y su presidente, Carlos Torres. Un alto porcentaje de participación en la junta, mediante voto directo o delegado y una aprobación mayoritaria tiene el efecto de un referéndum para una iniciativa que ha resultado polémica en varias vertientes. El primer frente de oposición con el que ha chocado la opa –no es el único–, es el del consejo de administración de Banco Sabadell. El presidente de la entidad de origen catalán remitió ayer una carta a los accionistas, dividida en dos partes claramente diferenciadas. La primera es curiosa y está dirigida a accionistas que desconozcan el intrincado proceso de una opa. El objetivo principal es transmitir tranquilidad, ante lo que se intuye como una primera explosión de alegría de BBVA tras la junta de hoy. «Usted está aún lejos del momento en que, si se diera el caso, tenga que tomar alguna decisión»,

Según los datos publicados ayer por el Instituto de Estudios de Automoción (IDEAUTO), la edad media de los automóviles que circulan en Euskadi no deja de crecer y se sitúa ya en los 14,5 años. Son 5,2 años más que en 2010, y 0,3 más que el dato del conjunto de España. El Instituto prevé que este año el 76,4% del parque móvil supere los cinco años de antigüedad. La principal consecuencia de esta coyuntura está en el número de vehículos que no cumplen los estándares mínimos para acceder a las nuevas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas a establecer. Concretamente, el 59,8% del parque móvil está clasificado con una etiqueta B o no tiene ninguna. Eso quiere decir que, cuando acaben las moratorias, 626.000 turismos pueden ser expulsados de las zonas cubiertas por estas ZBE. En el extremo opuesto, a pesar de que un 11,8% de los automóviles matriculados en Euskadi en lo que va de año han sido eléctricos puros e híbridos enchufables, se certifica que los vehículos de emisiones cero aún son una rareza, ya que solo el 0,9% de todos los automóviles cuenta con una Etiqueta 0. Es un dato que está cuatro décimas por debajo del conjunto del Estado. En el caso de los calificados como ECO, la diferencia con la media nacional es aún mayor: en Euskadi la tiene un 4,1% del parque móvil, frente al 5,2% del conjunto de España. Estos datos no son especialmente positivos para la descarbonización del sector. Por eso, ayer la patronal de concesionarios Faconauto propuso en San Sebastián un plan Renove exclusivo para el País Vasco que permita achatarrar en 2024 1.100 automóviles de más de diez años con un coste para el Gobierno vasco estimado en 2,9 millones de euros. Es una cantidad a la que los propios concesionarios sumarían una ayuda fija por cada vehículo y que, según cálculos de la propia Faconauto, se vería compensada con una recaudación fiscal de 3,4 millones.

Los vehículos eléctricos fabricados en China tendrán desde hoy que pagar al entrar en la UE unos aranceles que van del 17,4% hasta el 37,6%, que se suman al que ya existe de un 10%. Es la mayor medida de defensa comercial que ha adoptado la Unión hasta ahora y, por el momento, estará vigente durante cuatro meses. Al mismo tiempo, Bruselas está negociando con Pekín para buscar una salida que no pase —o no solo— por el incremento de las tarifas aduaneras, Y que, además, sirva para cerrar un contencioso que empezó en octubre, cuando la Comisión Europea decidió abrir una investigación a los fabricantes de coches eléctricos en China para averiguar si recibían subsidios que distorsionen la competencia: la primera conclusión ha sido que sí y de ahí la subida arancelaria. Esta medida provisional tendrá que ser votada por los Estados miembros en el Consejo de la UE, pero el resultado de la votación no será vinculante para la Comisión. Sin embargo, sí que dará pistas de la cohesión interna y las fuerzas con las que cuenta Bruselas para negociar con Pekín durante los cuatro meses que restan del proceso —hasta noviembre— para dar con la solución definitiva y que no tiene que pasar necesariamente por subir los derechos de aduana, como declaró el vicepresidente de la Comisión y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis: “Los aranceles, en cierto sentido, no son el único resultado posible de esta investigación. Hay otras maneras, como eliminar esta distorsión del comercio”.

El gigante asiático ya ha registrado más patentes de IA generativa que el resto de países del mundo juntos, de acuerdo con el último informe anual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés). Lo cierto es que hace tiempo que Pekín echó el resto por el control de la IA, de hecho, mantiene este dominio casi absoluto en materia de patentes de forma ininterrumpida desde 2017, superando cada año desde entonces la actividad investigadora del resto del planeta en esta tecnología. Si nos remontamos a la última década, los inventores chinos han superado las 38.000 familias de patentes (conjunto de estas licencias que cubren una misma invención en distintos territorios) en este campo. Muy por detrás, en segunda posición, se sitúa Estados Unidos, con 6.300 familias de patentes registradas entre 2014 y 2023. Para China, toda esa actividad investigadora es «un nuevo arma de negociación». Así lo analiza Javier Polop, asociado de Balder, despacho de propiedad industrial especializado en patentes de software. El especialista matiza que el país asiático ha venido aumentando el volumen de patentes de inteligencia artificial progresivamente, pero asegura que su ritmo de investigación en el caso de la IA generativa «llama especialmente la atención». Es en las fases más incipientes de una tecnología, cuando se pueden patentar la base de los desarrollos tecnológicos futuros. 

La educación vasca se enfrenta a su propia Selectividad. El elevado déficit de integración de un alumnado migrante que seguirá creciendo en los próximos años, la crisis de la natalidad que podría abocar al cierre al 20% de los centros educativos en los próximos años, el deterioro de los resultados académicos o la fuga de talento una vez terminada la educación superior son solo algunos de los exámenes en los que Euskadi saca mala nota, según un estudio presentado ayer en los Cursos de Verano de la UPV/EHU. En los 75 minutos que duró la comparecencia se dibujó un mapa educativo con luces (como el éxito de la FP) y sombras, en el que afloraron aspectos a mejorar, como el empeoramiento de los resultados académicos, el envejecimiento del profesorado o los dispositivos tecnológicos en el aula. Gortazar llegó a referirse ayer incluso a que «el País Vasco se empieza a acercar a un estado de emergencia educativa». Solo en Cataluña hay más segregación escolar por origen migrante. Los datos son «preocupantes». Con esa palabra se refirió Lucas Gortazar ayer al hablar sobre la segregación escolar que existe en Euskadi por origen migrante. En un informe de 2023 del Consejo Escolar de Euskadi ya se anticipaba que «queda mucho camino por recorrer para conseguir que la matriculación de alumnos de otros países en la red pública y concertada sea equilibrada», tal y como exige ahora la nueva ley educativa vasca. En cuanto a la crisis de natalidad, en Euskadi existe la amenaza «real» del cierre de entre un «10% y un 20%» de los centros educativos en los próximos «5 o 10 años, un par de legislaturas en lenguaje político», según Gortazar. Las razones que estarían detrás serían, en primer lugar, «los recursos públicos, que van a menguar en Educación para aliviar la presión que empiezan a ejercer otras áreas de interés social como la Sanidad, los Servicios Sociales y la Seguridad». Si a ello le sumamos la caída constante de la natalidad –solo sostenida por la población inmigrante–, se produce una tormenta perfecta ante la que va a haber que prepararse. «Ya sé que esta es la decisión más dura que se puede tomar... Pero esto va muy en serio, y va a afectar a todas las redes educativas», advirtió ayer el representante de Esade EcPol.  «Este tipo de decisiones pueden provocar una importante bronca social y yo espero que en Euskadi se puedan anticipar para hallar cuanto antes la solución a un problema que se ha dado en otros países europeos, como Moldavia, en el que no supieron frenar a tiempo y hubo que cerrar muchas escuelas de la noche a la mañana».

El abandono es el gran problema de la Formación Profesional, la etapa educativa que más ha crecido en los últimos años. El nivel es alarmante en las titulaciones de FP de grado básico (42%), muy elevada en las de grado medio (31%), y más razonable en las de grado superior (19%). El mayor estudio realizado hasta la fecha al respecto, elaborado por Caixabank Dualiza y el Laboratorio de investigación de la Universidad de Baleares, publicado ayer, revela qué factores influyen en que se produzca: la edad de inicio de los estudios —cuanto más tarde, peor, aunque con matices—, el género —los chicos abandonan más en general y de forma especial en las titulaciones feminizadas, y las chicas también tienden a dejarlo en mayor medida en los ciclos muy masculinizados—, la clase social, la comunidad autónoma y, de forma destacada, la familia profesional a la que pertenece el título. El abandono —que se calcula observando cuántos alumnos no han conseguido titularse ni están matriculados a los cuatro años de haber iniciado los estudios, que en teoría duran dos cursos— es altísimo en Edificación y Obra Civil, cuyos grados medios abandona casi la mitad de los chavales (el 45%), mientras en los superiores, lo hace más de uno de cada tres (35%). En el grado básico —un tipo particular de FP, pensada para que los chavales que van mal terminen la Educación Secundaria Obligatoria— de la misma familia profesional de Edificación, el abandono se dispara al 54% (el título se llama, en concreto, Reforma y Mantenimiento de Edificios). La siguiente rama profesional con mayor abandono es la de Madera, Mueble y Corcho, con un 47% en el grado básico (en el título llamado Carpintería y Mueble), un 43% en sus grados medios, y un 32,5% en el superior. Al otro extremo, con un bajo abandono, se sitúa la rama de sanitaria, que no tiene ciclo básico, y presenta tasas de abandono del 19% en grado medio, y 13,6% en superior. 

Los esfuerzos de la banca española por defender su operativa con las cláusulas suelo de las hipotecas vuelven a toparse de lleno con el muro de la justicia europea, que acaba de dictaminar que las demandas colectivas son un mecanismo válido de reclamación por parte de los clientes, algo que habían puesto en duda desde el sector financiero y el propio Tribunal Supremo. En una sentencia muy esperada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) deja claro que las macrodemandas como la interpuesta por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) contra 101 entidades financieras que operan en España –en representación de 820 consumidores– sirven para pleitear por la transparencia de los contratos de consumo, y no hace falta ir caso por caso. «Ninguna disposición de la Directiva indica que el control judicial de transparencia queda excluido en el marco de una acción colectiva», explica el alto tribunal, con sede en Luxemburgo. Es decir, rechaza los argumentos de los bancos al asegurar que sí es posible controlar la transparencia de las cláusulas en el marco de una macrodemanda, aunque esta comprenda a todo el sistema bancario de un país. «Las dificultades organizativas planteadas por la complejidad del asunto –debida al elevado número de entidades y de consumidores– no pueden menoscabar la efectividad de los derechos subjetivos reconocidos por la directiva a los consumidores», indica la sentencia, que insiste en que el necesario control debe simplemente «adaptarse a las particularidades de las acciones colectivas y concentrarse en las prácticas contractuales y precontractuales estándar del profesional con respecto al consumidor medio».

Búsqueda de confianza, sí, pero no inmovilismo. Esa es la actitud que el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) parece haber adoptado de cara al proceso de rebajas de los tipos de interés en esta nueva etapa de su batalla contra la inflación. Según rezan las actas de la última reunión de política monetaria celebrada el pasado 6 de junio –en la que la autoridad optó por recortar en 25 puntos los tipos de interés– los banqueros centrales reflexionaron acerca de cuánta confianza necesitan en la trayectoria de la inflación para sentirse cómodos bajando los tipos de interés. “En un momento dado, es necesario tomar una decisión basada en la información disponible, incluso aunque esa información sea menos concluyente de lo deseado”, indican las actas, en las que los miembros del Consejo de Gobierno subrayan que “este enfoque no entra en conflicto con la decisión de depender de los datos, pues esperar a una confirmación total implicaría casi con certeza recortar los tipos de interés demasiado tarde”. Este argumento ha cimentado el primer descenso del precio del dinero en la zona euro, pero sirve también de base para los próximos meses. El BCE valora los riesgos de quedarse corto en su batalla contra la inflación, pero también los de pasarse de frenada y dañar en exceso la economía. Así lo aseguran las actas de la cumbre en la que los banqueros centrales sostuvieron que “las decisiones sobre el futuro siempre tienen que tomarse en presencia de la incertidumbre”.

El BOE ha publicado ayer las bases de la línea de cadena de valor del vehículo eléctrico del tercer Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), dotada con 200 millones. Las empresas podrán presentar sus solicitudes de ayudas entre el 16 de septiembre y el 4 de octubre a las 14:00 horas. El Gobierno ya encadena el tercer Perte VEC. El primero tuvo un impacto bajo, ya que solo repartió 793 millones de un presupuesto de 2.975 millones; mientras que el segundo, que sigue todavía activo, contaba con un presupuesto de casi 1.400 millones. De la línea de baterías se han adjudicado 628 millones, mientras que de la segunda, de la que todavía quedan por conocerse todas las adjudicaciones definitivas, se han repartido algo menos de 300 millones. Para dar continuidad al apoyo a la transformación del sector al coche eléctrico, el Ejecutivo lanzó el 17 de junio la primera parte (línea de baterías) de la tercera convocatoria del Perte VEC. En conjunto, la tercera edición busca repartir hasta 500 millones, de los que 300 millones corresponden a la línea primera. Ayer se publicó, sin embargo, la segunda parte del Perte VEC 3 (la ventanilla se abrirá en septiembre), dedicada a proyectos vinculados con la cadena de valor del coche eléctrico y con un presupuesto de 200 millones, de los que 100 millones son para ayudas directas y otros 100 millones, para financiación blanda. La intención del Gobierno, según señaló el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el pasado jueves en el XI Encuentro de Sernauto, es agotar la totalidad de los 200 millones disponibles.

La patronal que favorece el Gobierno para que haga de contrapeso a la crítica Cepyme asesora a Begoña Gómez en el impulso de su plataforma para empresas. Según un documento inédito al que ha tenido acceso El Mundo, Conpymes tiene firmado desde junio de 2022 un convenio con la cátedra que dirige la esposa del presidente del Gobierno de modo que participa en su «comité asesor empresarial». También ofrece a sus empresas asociadas para testar y desarrollar la plataforma Transforma TSC, que tiene registrada a su nombre la propia esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según el documento, aún vigente y no difundido por la Universidad Complutense, el actual presidente de Conpymes, José María Torres, se compromete a «colaborar con asesoramiento desde su conocimiento de las pymes en la plataforma de medición». Además, ofrece a la directora de la cátedra «acceso al ecosistema de Conpymes para las acciones necesarias (testeo, consultas, entrevistas...) con objeto del desarrollo del MVP [el embrión del proyecto] y su evolución posterior de la plataforma de gestión de impacto». Esta plataforma es la herramienta digital que Gómez ha querido que sea el proyecto estrella del máster y basa en ella su propio proyecto empresarial personal. Tiene registrada la marca de la herramienta a su propio nombre en vez de a la Complutense en una de las cuestiones que deberá explicar en su declaración este viernes ante el juez. En paralelo, el Gobierno está impulsando a esta asociación, que se presentó hace apenas tres años amadrinada por la propia Gómez.

Los tribunales españoles y, por extensión, la política nacional afrontarán hoy un acontecimiento sin precedentes en un país que va rebasando listones de lo impensable en sus cuatro décadas de democracia. A las diez de esta mañana, los juzgados madrileños de Plaza de Castilla acogerán la primera personación ante un instructor de la mujer de un presidente del Gobierno investigada por presuntos ilícitos penales. Esa es la hora a la que está fijada la declaración de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ante el magistrado Juan Carlos Peinado para responder a sus preguntas en la causa que la señala por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de las actividades profesionales que viene desarrollando desde que el líder del PSOE llegó a la Moncloa en junio de 2018, gracias a su victoriosa moción de censura contra Mariano Rajoy. Gómez podrá acogerse, si así lo considera, a su derecho constitucional a callar ante el interrogatorio del titular del Juzgado de Instrucción número 41. «Va ser muy desagradable», resumen en el círculo más próximo a Sánchez. Es una incógnita cuál será el desenlace del día, en el que también está citado, él en calidad de testigo, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache (el centro académico ha pasado de amparar la cátedra de la hoy imputada a declararse afectado por su consultoría empresarial). También si el presidente acompañará o no a su esposa, aunque algún miembro del Gobierno sugería ayer que, si se lo consultara, «se lo desaconsejaría». En todo caso, la decana de los juzgados, María Jesús del Barco, ha accedido a la petición formulada por motivos de seguridad por Presidencia del Gobierno y blindará el impacto de la imagen de Gómez, haciendo el temido ‘paseíllo’.

El nuevo Gobierno de centroderecha de Portugal planea reintroducir las controvertidas exenciones fiscales que atrajeron a una ola de extranjeros al país, pero garantizará que los pensionistas expatriados ricos no puedan beneficiarse de la ventaja. Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Finanzas, explica a Financial Times que la exención “atraerá a algunas personas” al país como parte de un paquete de 60 medidas presentado este jueves para estimular el crecimiento. Las exenciones fiscales se introdujeron en 2009 para ayudar a Portugal a recuperarse de la crisis financiera, y el anterior Gobierno socialista las suprimió el año pasado, calificándolas de “injusticia fiscal” a la que atribuyó el aumento de los precios de la vivienda en una de las economías de ingresos más bajos de la eurozona. Miranda Sarmento, que forma parte de un Gobierno frágil que carece de mayoría parlamentaria, explica que el régimen incluirá el mismo tipo fijo del 20% de impuesto sobre la renta pero sólo cubrirá “salarios e ingresos profesionales”. “Excluirá dividendos, plusvalías y pensiones, que supusieron un problema entre Portugal y países como Finlandia o Suecia”, afirma. Las naciones nórdicas encabezaron denuncias de que la exención fiscal estaba atrayendo a jubilados que dejaban de pagar impuestos en sus países de origen. Portugal inicialmente eximió a las pensiones del pago de impuestos, pero luego introdujo un tipo fijo del 10% en respuesta a las críticas de los miembros de la UE, mientras que las ganancias de capital sólo quedaron exentas en unos pocos casos.

 Sin sorpresas. Al menos, así lo corroboraron anoche las primeras encuestas a pie de urna tras el cierre de los colegios electorales en el Reino Unido. Los laboristas se han adjudicado una victoria histórica y habrían cosechado 410 escaños, 170 más de los que son necesarios para obtener la mayoría absoluta en el Parlamento británico. Los sondeos corroboran, además, la debacle tan temida por los conservadores. La formación liderada por el ‘premier’ saliente, Rishi Sunak, pasaría de los 365 asientos que logró en los comicios de 2019 a 131. Toda una catástrofe para los conservadores que han dirigido el país durante los últimos catorce años. Los liberales habrían incrementado su peso de 11 a 61 escaños, pero la sorpresa estaría en Reform UK, el partido fundado por el populista Neil Farage, que pasará a disponer al menos trece escaños. El líder laborista, Keir Starmer, encabezará hoy el nuevo Gobierno del Reino Unido salvo que las firmas de encuestas hayan cometido un extraordinario error. Y no es lo normal. Atrás quedará una cadena de cinco primeros ministros conservadores desde 2015 y el paso a una nueva era; histórica si como pronostican los sondeos, el laborismo obtiene una aplastante victoria. Con 49 millones de electores en total, la participación se estimó en un 67%, similar a la de 2019 pero mayor a la esperada por los propios partidos y los politólogos. 

No hay una mañana buena para Joe Biden desde hace una semana, cuando ofreció una imagen de debilidad inédita durante su debate con Donald Trump en la CNN. Se desayuna con comentarios de discreto recelo hechos por algunos de los suyos, sondeos que le muestran muy rezagado del aspirante republicano o artículos que piden su marcha como un acto de grandeza a favor de la democracia. Y además se ve constantemente presionado por ese recordatorio de que cualquier vacilación o síntoma de desorientación en los abundantes actos que tiene hasta mediados de mes pueden ser los últimos que comete en esta campaña electoral. Biden, a sus 81 años, ha entrado a en una carrera contra el reloj para demostrar que está por encima de la naturaleza. «Permítanme decir esto de la forma más clara que pueda: me postulo. Soy el candidato del Partido Demócrata. Nadie me está echando», lanzó ayer a los participantes en un acto de recaudación de fondos donde reivindicó que tiene la salud necesaria para ganar los comicios y volver a ser el inquilino de la Casa Blanca. Nunca el líder demócrata se ha sentido cómodo con las recurrentes alusiones a su edad. Le enfada que sugieran una pérdida de facultades. El candidato es ahora el hombre que trata de salvarse del naufragio nadando a toda velocidad. En una única jornada, ayer, el histórico 4 de julio, se mensajeó con contribuyentes, concedió una entrevista a una emisora de Milwaukee, organizó una barbacoa en la Casa Blanca con motivo del Día de la Independencia, pronunció una conferencia ante un grupo de militares y veteranos y asistió a un espectáculo de fuegos artificiales en el National Mall. En la entrevista admitió que delante de Trump «la cagué. Cometí un error. Pero aprendí de mi padre que cuando te derriban, tienes que levantarte. Vamos a ganar».