20241021

En los últimos cinco años Tecnalia, el centro tecnológico líder en Euskadi, ha rentabilizado el impulso a la investigación y la innovación. Su facturación ha crecido un 10% hasta alcanzar los 137 millones en 4.000 proyectos con 2.000 empresas. Es el resultado de una apuesta que suma administración pública y empresas privadas. Pero también es fruto de una lluvia de recursos públicos sin precedentes, entre otras cosas, gracias a los fondos europeos. El presidente de Tecnalia, Alex Belaustegui, renueva su mandato en este contexto reclamando la importancia de mantener la inversión en I+D como la mejor vía para que Euskadi retenga perfil industrial con el desarrollo de tecnologías avanzadas. "Con el gasto público hay un debate, es verdad, pero a nadie le caben dudas de que la generación de tecnología e industria es un motor para la economía y el bienestar social. Confío en que no se dé esa involución. Además, en España, la economía está creciendo, no está tan marcada por esa desaceleración europea...– Ha habido agentes empresariales que han cuestionado la asignación de los fondos europeos. Desde Tecnalia, ¿qué valoración hace? – Creo que el saldo no puede ser más que positivo. Es verdad que en el inicio fuimos algo críticos y reclamamos más agilidad. Pero, obviamente, se ha reforzado la estructura de funcionarios para acelerar esa tramitación. Y el efecto va a ser netamente positivo. Y respecto al futuro, estamos a la expectativa...– El lehendakari pidió más ambición con el Concierto. Puso el ejemplo del cine. ¿Echa en falta ese espíritu en la fiscalidad industrial y de innovación? – Bueno, todo lo que sean herramientas de apoyo al tejido industrial y a la innovación serán más que bienvenidas. Me consta que las diputaciones son conscientes de eso y vamos a ir por el buen camino. Efectivamente, la fiscalidad del cine es un ejemplo de éxito. Pues lo que funciona, trasladémoslo, copiémoslo...Apostamos por energías verdes, pero no me pongas el molino al lado de casa. Y es que aquí tenemos todos los elementos de la cadena valor y debiéramos, entre todos, contar el relato para ver el beneficio que comporta. La potencia que tenemos instalada es pírrica...La dirección de las políticas sobre el coche eléctrico es correcta, pero no puedes aplicarlas dejando atrás a la ciudadanía y olvidándote de que hay toda una industria que vive del motor, del vehículo. La transición en plazos hay que acompasarla y quizás estos hayan sido muy acelerados...– ¿Estamos depositando en el hidrógeno verde demasiada expectativa?– Hay una cierta inflación de la expectativa, sí. Creo que la apuesta seguirá siendo buena, pero es cierto que se ha corrido mucho y se ha inflado un poco el globo. Los electrolizadores hoy son muy caros y la producción del kilo de hidrógeno verde está muy lejos de los 2,5 ó 2,7 euros que son deseables..."

El grupo automovilístico Stellantis –propietario de marcas italianas como Lancia o Fiat, francesas como Citroën o Peugeot, alemanas como Opel o estadounidenses como Jeep o Chyrsler– se ha posicionado en contra de los aranceles establecidos por la Comisión Europea (CE) a la importación de automóviles eléctricos fabricados en China por diferentes razones, tanto de mercado como por la necesidad de mantener la libre competencia en Europa. El recién nombrado director de Operaciones de Stellantis para Europa, Jean-Philippe Imparato, que también es responsable de la unidad de negocio de vehículos comerciales del grupo (Stellantis Pro One), asegura entender los motivos que han llevado a la Comisión Europea a tomar esta decisión proteccionista, aunque considera que esta medida no soluciona el problema de la competencia con las marcas chinas en el territorio europeo. Imparato recuerda que lo que está sucediendo ahora es similar a lo que ya pasó en la década de los años 80 y 90 con las firmas japonesas y a principios del 2000 con las enseñas venidas de Corea del Sur y afirma que la competencia china es una realidad que no se va a desvanecer por la imposición de aranceles. “Ahora tenemos el mismo problema con las marcas chinas, pero ya están aquí”, alerta el directivo. Además, indica que esta medida proteccionista en Europa puede ocasionar represalias en China. “Si estableces aranceles en Europa, tendrás algún tipo de respuesta a nivel local. Como grupo no estamos expuestos a este tipo de decisiones en ese sentido –el grupo vendió solo 32.000 coches en China, India y Asia-Pacífico en el primer semestre, frente a los 2,87 millones de vehículos matriculados en todo el mundo–, como sí lo están algunos de nuestros competidores”, apunta el ejecutivo francés.

El anuncio del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de que se va a perpetuar el impuesto a las empresas energéticas -para intentar cuadrar cuentas en el llamado plan fiscal y estructural enviado esta semana a la UE- ha desatado una contundente reacción de Repsol, que es la empresa más afectada. Su decisión: trasladar ya una primera inversión a Portugal. El Ministerio de Medio Ambiente de Portugal lleva tiempo intentando atraer a Repsol sin la presión fiscal y regulatoria de España y lo acaba de lograr. En el grupo español confirman que el primero de los varios proyectos de hidrógeno verde para el que estaban buscando ubicación en España se irá a Portugal. «Sí, hemos decidido llevar a Sines una inversión de hidrógeno renovable ante el anuncio del Gobierno de España de que será permanente el impuesto energético», aseguran fuentes autorizadas del Repsol. Se trata de un proyecto de electrolizador -clave para el hidrógeno- que se ubicará finalmente en el creciente complejo industrial luso de Sines con una capacidad de producción equivalente a 4 MW (megavatios) de consumo de electricidad y 600 toneladas anuales de hidrógeno. «La decisión es firme», sentencian. El gravamen español es «arbitrario, anticonstitucional y discriminatorio», remachan. El montante de inversión prevista en Sines, 15 millones de euros, no supone a primera vista una gran cuantía, pero se une a los 650 millones programados ya en este complejo luso y tiene una doble importancia cualitativa. Por un lado, los electrolizadores, aún incipientes, son estratégicos para que España tenga alguna posibilidad de cumplir el llamado Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) en el que la vicepresidenta Teresa Ribera ha decidido precisamente elevar la apuesta por el hidrógeno antes de irse de eurocomisaria. Por otro, supone sacar de España el proyecto de electrolizador más grande adoptado en firme por Repsol hasta la fecha, porque el otro, puesto en marcha en 'Vizcaya' (sic) en 2023, es de apenas 2,5 MW. 

El grupo vasco de ingeniería Idom prevé cerrar este ejercicio con una facturación de 450 millones de euros, un 6,6% más que en 2023; y un aumento del resultado del 13%, hasta 30 millones (importe del que, en función de un sistema propio de retribución, se distribuye parte a socios y trabajadores). Su presidente, Luis Rodríguez Llopis, destaca que Idom es una empresa muy diversificada, tanto en mercados como en negocios. “Tenemos muchas patas y todas muy equilibradas, lo que supone para nosotros un punto fuerte”, dice. En la actualidad, la inversión en descarbonización y la repatriación de plantas en China de fabricantes occidentales están impulsando la actividad. El negocio de Idom se centra en la ingeniería –desde proyectos industriales hasta robots para plantas nucleares, pasando por energía, medio ambiente, metales, puertos, carreteras y ferrocarriles–. También tiene un área de arquitectura y otra de consultoría. Por mercados, los principales son Arabia, España, resto de Europa, Iberoamérica, EEUU y Canadá. La cartera de pedidos de la ingeniería ronda los 500 millones, y su política es de endeudamiento bajo. “Aquí no hay aventuras ni endeudamiento, porque nuestro objetivo es mantener el negocio en marcha”, asegura Rodríguez. A su juicio, Idom “lo está haciendo bien”, pese a que las cuentas muestren un resultado bajo. En 2023, el grupo tuvo una facturación de 422 millones, y el beneficio neto fue de 11,8. De estas ganancias –puntualiza el presidente– se descontaron antes 14,7 millones distribuidos a socios (trabajadores propietarios) y al resto de trabajadores.

El Ministerio de Migraciones ultima un nuevo reglamento de extranjería que facilitará trámites a los 6,5 millones de inmigrantes que ya viven en España. Y a otros muchos que planeen venir a trabajar. Está previsto que la norma llegue al Consejo de Ministros a mediados de noviembre, según fuentes ministeriales, y abrirá la puerta a la potencial regularización de decenas de miles de personas. “[Esto], el paso a paso, callado y sin alharacas, es más efectivo que un proceso de regularización extraordinario”, mantiene una fuente gubernamental al tanto de la reforma. Esta modificación del reglamento, la segunda en tan solo dos años, cambiará la letra pequeña de la aplicación de la ley de extranjería: se reducirán plazos para acceder a permisos de residencia y trabajo, se harán renovaciones de mayor duración, se eliminarán requisitos y se facilitará, de forma generalizada, la incorporación al mercado laboral. Aunque aún está sujeto a cambios, varios colectivos se verán especialmente beneficiados con las nuevas normas, entre ellos los estudiantes, los trabajadores en busca de empleo, las familias, y decenas de miles de solicitantes de asilo a los que les han denegado su petición en los últimos años. El nuevo reglamento se aprobará por Real Decreto, que no necesita convalidación parlamentaria, y es un procedimiento distinto a la reforma de la ley de extranjería que Canarias y el Ejecutivo negociaban con el PP para imponer una redistribución más solidaria de menores extranjeros no acompañados. También es independiente de la iniciativa legislativa popular (ILP) para una regularización extraordinaria y generalizada que sigue su trámite parlamentario. La reforma busca simplificar la burocracia, gestionar la nueva realidad demográfica y garantizar derechos, aunque hay una clara lectura económica, en la senda que ya inició el entonces ministro José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España. “Se espera un impacto económico positivo por razón de la atracción y retención de las personas extranjeras en el mercado de trabajo y por su contribución a la economía y el sostenimiento del estado del bienestar”.

Una nevera por la mañana y un horno a partir de mediodía. Un ex diputado foral relataba que a primera hora despachaba con el abrigo puesto y poco tiempo después tenía que remangarse la camisa para dejar de sudar. Esta anécdota ilustra claramente que los despachos de la Casa Palacio de la Provincia son un ejemplo de baja eficiencia energética. Este inmueble, actual sede del Gobierno foral y del Salón de Plenos de las Juntas Generales, se construyó en 1833 y, pese a los múltiples y continuos intentos por adecuar sus instalaciones, mantiene una calificación de tipo ‘F’. Esta letra es la segunda peor y se les asigna a aquellas construcciones con aislamiento mínimo y sin un sistema de calefacción apropiado, por lo que necesitan un consumo mayor para garantizar una situación de confort a quienes trabajan allí. El caso del noble inmueble de la plaza de la Provincia no es una excepción. De las 335 propiedades que suman entre el Ayuntamiento de Vitoria y la Diputación hay 140 con una clasificación ‘E’, ‘F’ o incluso ‘G’, las tres más bajas. Es decir, cuatro de cada diez (41,8%) derrochan energía y emiten demasiado CO2 a la atmósfera, por lo que se considera que perjudican al medio ambiente. Por lo tanto, conviene aplicar medidas correcto. Derrochan energía y la huella de carbono que dejan en la atmósfera es perjudicial para el medio ambiente con el fin de mejorar su eficiencia como también se reclama a la sociedad para tratar de avanzar en la lucha contra el cambio climático.

Bandar Alkhorayef, ministro de Industria de Arabia Saudí. Carga con una de las carteras de mayor contenido estratégico en la Visión 20230 el gran proyecto que el reino saudita ha puesto en marcha para transformar el país en un plazo de tiempo que permita cruzar el declive del petróleo como primera fuente de energía mundial con el despegue de fuentes alternativas de riqueza, como es la industria, el turismo, las renovables o la tecnología. La Agencia Internacional de la Energía prevé ese declive a partir de 2030. Por eso, Alkhorayef transmite a sus interlocutores dos ideas: una, que aunque proyectos como, por ejemplo, atraer 100 millones de turistas puedan parecer un delirio a ojos occidentales, el país va muy en serio. Y dos, que no tiene tiempo que perder. En Madrid se entrevistó con los ministros de Economía, Industria y la secretaria de Estado de Energía, además de tomar contacto con empresas privadas que no cita. Los grandes fondos saudíes están presentes en Repsol y de un modo que inquieta al Gobierno en Telefónica, aunque Alkhorayef despacha el asunto como una cuestión «del sector privado saudí». "Mantenemos una gran relación, existen buenos intercambios comerciales, tenemos muchos proyectos conjuntos pero creo que hay mucho más por hacer si se tiene en cuenta nuestra estrategia industrial en Arabia Saudí, porque nuestra intención es ampliar la oferta de participación en proyectos a otros sectores donde las empresas españolas demuestren know how y experiencia. Hay oportunidades para que las empresas se aprovechen de estos planes...- ¿Para qué áreas específicas buscan socios e inversores?- Numerosas... pero puedo citarle como ejemplo el procesamiento de alimentos, el sector agro, el farmacéutico, automoción, equipamiento industrial, maquinaria, renovables.... queremos establecer relaciones con el sector privado y con el Ministerio de Industria sobre proyectos concretos para el desarrollo de toda la industria en Arabia Saudí. Incluyo aquí el interés del reino en el desarrollo de la minería porque tenemos capacidad para atraer inversión a esta actividad en la que nos interesa la especialización tecnológica, la geología, mapeo de minerales..."

Masdar, el gigante de renovables controlado por el Emirato Árabe de Abu Dabi, sigue apostando por crecer en España y convertir a este país en su gran plataforma dentro de la Unión Europea. El grupo, que el pasado mes de julio selló una multimillonaria alianza con Endesa para coinvertir en renovables en España, negocia una ampliación de este acuerdo para incluir cientos de megavatios más con inversiones millonarias adicionales. En concreto, Masdar y Endesa están negociando un nuevo acuerdo sobre una cartera de entre 400 y 500 megavatios (MW) de proyectos fotovoltaicos. Los proyectos estarían en estado muy avanzado de desarrollo y prácticamente en disposición de ir entrando en operación a lo largo de los próximos dos o tres meses. Es previsible que el acuerdo se cierre en ese periodo. El nuevo acuerdo replicaría al primero. Tomando como referencia las cifras de la primera alianza, la cartera adicional de activos estaría valorada en más de 400 millones de euros. En el primer acuerdo, Masdar entró como socio de Endesa en multitud de instalaciones solares en operación en España, con una capacidad total instalada de aproximadamente 2.000 megavatios. Esa cartera colgaba de la sociedad Enel Green Power Solar (EGP Solar), propiedad ahora al 100% de Enel Green Power España, a su vez propiedad al 100% de Endesa, controlada en un 70% por el gigante italiano Enel. El acuerdo contemplaba el pago por parte de Masdar de 817 millones de euros para la adquisición del 49,99% de EGP Solar. El valor empresarial del 100% de esta sociedad rondaba los 1.700 millones de euros.

"...Hay un debate en curso, a nivel mundial, acerca de la conveniencia de introducir un impuesto sobre el patrimonio de los que llamaríamos superricos, de los ricos milmillonarios, una bolsa de un puñado de personas...Adelantaré que me sumo al colectivo refractario a cualquier figura impositiva que suponga una doble exacción sobre rentas o patrimonios previamente gravadas. Citaré solamente uno de los varios argumentos. Mientras que el impuesto sobre la renta grava las rentas pasadas, el de patrimonio realiza una pirueta mental asumiendo la estabilidad del valor latente de esos activos en el futuro, como si no estuviesen sometidos a los avatares del mercado. ¿Qué sucede si la cuantía del patrimonio gravado decae? ¿Reparará la Agencia Tributaria la pérdida incurrida devolviendo la parte alicuota de lo tributado? ¿Y debe el mismo patrimonio ser gravado una y otra vez a lo largo de cada año? Sin olvidar lo dicho, lo que aquí se comenta se refiere a otro colectivo de mayor calibre, al de los superricos, al de los ricos de solemnidad. La paternidad de la idea se atribuye al joven economista francés Gabriel Zucman, correligionario de otro látigo de las ricos, el también francés Thomas Piketty. Zucman ha propuesto un nuevo impuesto para los más ricos del mundo, del 2%, que afectaría en principio a alrededor de 2.700 contribuyentes. La lista está redactada...Se argumenta que un impuesto de estas características puede ser una herramienta poderosa para combatir la creciente desigualdad económica y redistribuir parte de la riqueza de los extraordinariamente ricos. Los fondos así generados podrían destinarse a programas sociales, infraestructura, educación y atención médica, mejorando las condiciones de vida de las personas en todo el planeta y fortaleciendo el tejido social. Con ello se contribuiría, además, a reforzar la equidad fiscal. Los defensores del impuesto proclaman que es una forma justa de asegurar que aquellos con mayores recursos contribuyan proporcionalmente más al sostenimiento del sistema económico del que se benefician. Todos estos fines son elogiables. Pero quedan invalidados por el método utilizado: el resentimiento y la expoliación. Pocos recuerdan, además, que las fortunas de los más agraciados contribuyen activamente con sus diarias transacciones al fortalecimiento de los niveles de inversión y de empleo del sistema. Tampoco conviene olvidar que los grandes magnates son asimismo líderes de la filantropía, lo cual es de aplaudir...El debate sobre el impuesto a las grandes fortunas revela una tensión fundamental entre la justicia fiscal, la legalidad y la eficiencia económica. Mientras que la progresividad del impuesto sobre la renta es ampliamente aceptada, los gravámenes al patrimonio, además de obsoletos, se enfrentan a críticas más tajantes.."

El Ministerio de Vivienda obligará a inscribirse en un registro público a todos aquellos dueños de pisos que los quieran destinar al alquiler turístico, de temporada, por habitaciones o de corta duración. La medida, que cuenta con apoyo claro de las empresas turísticas tradicionales, que fueron las primeras en alertar de las consecuencias nocivas de la competencia alegal derivada del auge de los pisos turísticos en el centro de las principales ciudades, busca aflorar la economía sumergida que florece en torno a esta actividad económica. La coordinación con los registros de alquileres ocasionales ya creados por administraciones locales y autonómicas para garantizar que las viviendas cumplen las condiciones de acceso y sanitarias mínimas para dedicarse al alquiler turístico o de temporada debería contribuir a un mayor control y transparencia sobre dónde están, a quién pertenecen y quién utiliza estos pisos. Más discutible resulta que la medida vaya a servir para incrementar la oferta de alquileres tradicionales. La patronal turística Exceltur estima en 400.000 los pisos destinados al alquiler para turistas, concentrados principalmente en cinco ciudades: Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Sevilla. Por tanto, ni siquiera desplazando todas esas viviendas al alquiler tradicional se podría cerrar la brecha entre la oferta y la demanda. Por otro lado, está por ver que tal trasvase pueda lograrse únicamente imponiendo mayores exigencias y condicionantes a los dueños de todos esos inmuebles...

Las pensiones subirán en enero de forma mucho más moderada que los dos ejercicios precedentes. Aunque faltan aún dos meses para cerrar el dato definitivo, se elevarán con carácter general menos de un 3% en 2025, entre un 2,7% y un 2,8%, según las estimaciones realizadas para este periódico por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). Se trata del menor incremento desde 2022. Es más, supone casi una tercera parte del 8,5% que se revalorizaron en 2023 y un punto por debajo del alza de este año (3,8%). La ‘culpa’ es de la ‘desinflación’. La desescalada que está protagonizando la inflación en los últimos meses, que se sitúa por fin por debajo del deseado 2% (en septiembre cayó hasta el 1,5%), impactará en los más de 9,2 millones de pensionistas, puesto que sus nóminas están vinculadas directamente a los precios. Desde 2022 las pensiones contributivas se elevan de forma automática con la inflación media de los últimos doce meses, de diciembre a noviembre, sin necesidad ya de que el Gobierno de turno apruebe la nueva subida, puesto que así se acordó en la última reforma de las pensiones diseñada por el entonces ministro José Luis Escrivá con el objetivo de dar seguridad a los mayores y blindar su poder adquisitivo. La inflación media de diciembre a septiembre se sitúa en un 2,94%, pero falta el dato de los dos próximos meses para saber con certeza cuánto subirán las nóminas de los pensionistas (se conocerá de forma oficial el 13 de diciembre), pero casi con total seguridad estará por debajo del 3%, puesto que la inflación en esta recta final de año seguirá moderándose, según las previsiones de los principales organismos.

El Gobierno ha puesto bajo la lupa a varias agencias inmobiliarias por cobrar cantidades ilegales en el alquiler de viviendas. Consumo investiga prácticas abusivas, como el cobro de comisiones por la gestión de arrendamientos, prohibido por ley, o la imposición de contratos temporales sin justificación. Se estima que podrían haber incurrido incluso en infracciones muy graves, penadas con multas de hasta un millón de euros. El Gobierno ha puesto bajo la lupa a varias agencias inmobiliarias por cobrar comisiones ilegales en el alquiler de viviendas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha iniciado una investigación tras detectar una serie de prácticas abusivas sobre los inquilinos, como el cobro de comisiones por la gestión de arrendamientos, la imposición de contratos temporales sin justificación legal y la inclusión de cláusulas abusivas. La Dirección General de Consumo, el organismo que formalmente ha impulsado la investigación, recibió varias denuncias desde el sector inmobiliario, y ha detectado estas prácticas en empresas que operan en todo el territorio español, aunque no detalla los nombres de las agencias ni el número de ellas que están siendo investigadas. Fuentes cercanas al proceso indican que algunas de las infracciones observadas podría calificarse de graves, lo que conllevaría sanciones de 100.000 euros, e incluso de muy graves, lo que supondría multas de un millón de euros. Uno de los principales motivos de denuncia es que algunas agencias están trasladando de manera ilegal los costes de gestión y formalización del contrato a los inquilinos, una práctica que va en contra de la Ley del Derecho a la Vivienda, la cual prohíbe expresamente este tipo de cargos. 

PwC cerrará el año 2024 con un total de 1.528 nuevas contrataciones en sus filas en España, entre el periodo comprendido 1 de enero y el 31 de diciembre. En concreto, la firma espera incorporar a 864 profesionales con experiencia y a 665 recién licenciados. Se trata del segundo año consecutivo en el que la firma supera la cifra de 1.500 contrataciones nuevas al año. Estas incorporaciones se están realizando en todas las líneas de negocio: Auditoría (626), Consultoría (379), Asesoramiento Legal y Fiscal (340) y Transacciones (183). Como explica PwC, la contratación de profesionales con experiencia se centra en perfiles que combinen habilidades técnicas, una sólida comprensión de las necesidades de negocio y las dinámicas empresariales en el entorno actual, integrando la tecnología en soluciones de valor que impulsen el crecimiento, la productividad, la eficiencia y la confianza. En este caso, las áreas de mayor crecimiento se centran en las de Auditoría, Gestión de Riesgos, Asesoramiento Fiscal y Legal, Sostenibilidad, Ciberseguridad, Transformación y Estrategia Digital, AI generativa, soluciones Cloud, Automatización y Robotización y Data Analytics. Por su parte, en cuanto a las incorporaciones de recién licenciados, PwC se enfoca en atraer perfiles con una sólida formación académica, combinando conocimientos de negocio y tecnología, lo que abarca desde titulaciones de grado, doble grado o máster del ámbito de los negocios (ADE, Economía, Finanzas y Contabilidad, Derecho o Business Analytics) hasta titulaciones STEM, potenciando la incorporación de todo tipo de ingenierías (informática, telecomunicaciones, industriales, matemáticas, o física...).

Las incidencias en Chamartín y Atocha no cesan. Los viajeros acumulan meses de problemas en las estaciones de referencia de Madrid, lo que ocasiona cancelaciones y, sobre todo, grandes retrasos en los trenes que llegan o salen hacia cualquier punto del país. Dos incidencias casi simultáneas registradas el pasado sábado han dejado a miles de pasajeros atascados durante el fin de semana, y han vuelto a poner de manifiesto que la ya conocida frase del ministro de Transportes, Óscar Puente, de que estamos «en el mejor momento del tren» en España carece de objetividad. A diferencia de lo que ha ocurrido otras veces, esta vez los problemas no tuvieron origen técnico o estuvieron provocados por las obras que se desarrollan en las terminales. La principal incidencia fue el descarrilamiento de un tren sin pasajeros en el túnel que conecta Atocha y Chamartín, y la otra se debió a la presencia de una persona no autorizada en las vías, lo que se relaciona con un posible intento de suicidio, según confirmaron fuentes policiales. Ambas incidencias obligaron a cancelar ayer 22 trenes, todos entre Madrid y la Comunidad Valenciana y Murcia, así como a la modificación de muchos otros horarios. El director de Operaciones de Renfe, Óscar Gómez Barbero, cifró en 13.700 el número viajeros afectados. A último hora de la tarde de ayer Adif informó de que hoy regresará la normalidad a los tráficos tanto de cercanías como de alta velocidad. La operadora canceló ayer la venta de plazas para reubicar a los viajeros que aún no habían podido salir a sus destinos. El portavoz de Renfe aseguró que el objetivo es resolver la situación «lo antes posible», pero reconoció que era imposible volver a la normalidad durante el fin de semana y que sería a lo largo de la jornada de hoy cuando posiblemente la situación mejoraría, cosa que se confirmaría más tarde.

Boeing, el fabricante de aviones, y el sindicato que representa a sus maquinistas llegaron este fin de semana a un acuerdo provisional que podría poner fin a la huelga de cinco semanas que ha paralizado las operaciones de Boeing. Según los representantes de los trabajadores, el acuerdo incluye un aumento salarial del 35% en cuatro años, frente a las ofertas anteriores de Boeing del 30% y el 25%, pero aún por debajo del objetivo declarado del sindicato del 40%. Las operaciones de Boeing han sufrido un impacto estimado de 1.000 millones de dólares al mes debido a la huelga.

Ni Kamala Harris ni Donald Trump serán los próximos protagonistas de un milagro económico en Estados Unidos. Gane quien gane las elecciones en noviembre, los expertos coinciden a la hora de señalar el peligro oculto en los programas de ambos candidatos: el precipicio fiscal en las cuentas públicas. La única diferencia está en la velocidad: el doble de rápido en el caso de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca y cumpla con todas sus promesas electorales. Desde la Universidad de Harvard hasta la escuela de negocios de Wharton han alertado del peligro de seguir subiendo las apuestas para arañar votos. Kamala Harris llegó la última a la carrera presidencial, con meses de desventaja frente a Donald Trump y muy retrasada en las encuestas. Para alcanzar a su rival, nada mejor que un golpe de efecto, que consistió en prometer todavía más gasto público que Joe Biden, y no solo en temas sociales, sino también para aumentar el tejido empresarial. Más ayudas y créditos fiscales para renovables, inteligencia artificial y casi cualquier industria que apueste por producir dentro de las fronteras estadounidenses. Trump contrarrestó, anunciando más rebajas fiscales para todos. Y Harris, que iba a subir los impuestos hasta niveles desconocidos, se comprometió a subirlos un poco menos. Incluso a bajarlos en el caso de start up y emprendedores. ¿Y quién paga todas estas promesas? Harris lo tiene claro: las multinacionales y las grandes fortunas. Ha prometido crear “una economía de oportunidades” y reducir la inflación “recortando el coste de los alimentos”. Se plantea incluso intervenir los precios si es necesario. Trump ha prometido crear la mayor oferta laboral en la historia de Estados Unidos “recuperando las fábricas que están en el extranjero” e imponiendo aranceles a todo el mundo para impulsar la economía local. No es que la política de Harris sea más abierta, ya que también apuesta por el proteccionismo, aunque en su caso las tarifas comerciales quedarían reservadas para China y Europa quedaría fuera de la guerra comercial.