20240906

La vivienda es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía vasca. En el segundo trimestre de este año el precio de la vivienda nueva ha subido nada menos que un 15,2% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior en el País Vasco. Ese porcentaje recuerda a las subidas enloquecidas que ocurrían en la demoledora burbuja inmobiliaria de hace un par de décadas. Es más, estamos por encima de aquellos niveles. Según los datos hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), esa subida del 15,2% es la mayor de los últimos 17 años; los registros arrancan en el primer trimestre de 2007, cuando el aumento había sido del 11,2% en pleno delirio del ladrillo. Además, el repunte vasco actual es el mayor de todas las comunidades autónomas junto con el de Cantabria, que registra un alza similar. A continuación está Navarra (14,6%), Andalucía y Aragón (ambas con el 13,4%). En cuanto a la vivienda de segunda mano, la subida, siendo muy importante, se ha quedado en un punto bastante más contenido, del 7%. Eso hace que a nivel general en el mercado en su conjunto, nuevo y usado, el repunte haya sido del 8,5% en el último año, el más elevado también desde 2007. Es una cifra superior al 7,8% de media en el conjunto de España, pero se queda por debajo de los registros de seis autonomías; encabeza el ascenso Navarra, con el 10,3%, y le siguen Aragón (9,9%), Andalucía (9,5%), Cantabria (8,6%) la Comunidad Valenciana (8,6%) y La Rioja (8,6% también). En definitiva, estos datos del INE vienen a reflejar que el mercado de la vivienda se consolida en un momento de importantes subidas en todo el país sin excepción, y de un modo especial en Euskadi, sobre todo en lo tocante a las nuevas promociones. Lo hace además muy por encima del IPC y, lo que es más importante, muy por encima del aumento de la capacidad de compra que tienen las familias y mucho menos los jóvenes.

«Talgo tiene capacidad productiva suficiente para hacer frente a su cartera récord de pedidos». Este es el mensaje que trasladó ayer la dirección del fabricante de trenes al comité de empresa durante una reunión celebrada a mediodía en Madrid. Los representantes de los trabajadores (CSIF, UGT y CC OO) habían solicitado el encuentro ante la incertidumbre desatada por el veto del Gobierno central a la opa del grupo húngaro Magyar Vagon. Temían que, bloqueada esta opción, la compañía tuviese problemas para atender en tiempo y forma los encargos por más de 4.000 millones que tiene acumulados. Pero les han asegurado que sus miedos son infundados. Sus temores venían precisamente de que el principal argumento utilizado por el consejo de Talgo para defender la opa de Magyar Vagon era que el grupo aportaba sus ocho plantas en Hungría, lo que suponía un desahogo para la compañía de origen vasco, que tiene 1.200 trabajadores repartidos entre los centros de Rivabellosa (Álava) y Las Matas (Madrid). El otro punto a favor, claro, era que los húngaros ponían sobre la mesa una oferta de compra por el 100% del capital, a 5 euros la acción, lo que suponía un total de 617 millones de euros y permitía por fin salir del capital al principal accionista de Talgo, el fondo de inversión británico Trilantic, deseoso de vender desde hace tiempo. Pero el Gobierno español vetó esta opa el 27 de agosto con el argumento de que dejar Talgo en manos de los húngaros suponía «riesgos insalvables para la seguridad nacional y el orden público».

A comienzos del verano de 2023 Siemens Gamesa decidió paralizar la venta y la producción de sus dos principales aerogeneradores terrestres: los modelos 4.X y 5.X. Varios cientos de unidades de esos equipos instalados en medio mundo habían mostrado graves defectos de diseño, de tal forma que entraban en una fase de vibración que no era posible compensar y se autodestruían. En las próximas semanas la firma iniciará conversaciones con los representantes sindicales para abordar un ajuste laboral de 4.100 empleados, de los cuales 430 tienen su puesto de trabajo en España. Ayer, la compañía anunció que retoma las ventas de uno de ellos, el menos potente, rebautizado ahora como S5, aunque la fabricación aún se va a demorar bastante. La empresa vasca espera que podrá entregar las primeras unidades a sus clientes a finales de 2025. Hasta entonces sus factorías dedicadas a estos modelos –son los únicos que se producen en España– seguirán paradas. La recuperación de la producción del más potente –previsiblemente será bautizado como S7– no se espera hasta finales de 2026, apuntan fuentes próximas a la compañía. La empresa remitió ayer un comunicado interno a toda la plantilla en tono optimista, ya que es el primer paso positivo desde que entrase en una seria crisis, como consecuencia de los problemas técnicos de sus aerogeneradores.

Alivio en la sede de Siemens Energy (SE) en Múnich (Alemania). Su filial eólica Siemens Gamesa (SG) inicia el camino para dejar atrás la grave crisis reputacional provocada por los fallos técnicos en sus turbinas terrestres de mayor éxito, los equipos 4.X y 5.X, que determinaron el cese de su producción y venta durante más de un año, en concreto desde agosto del año pasado, para satisfacción de competidores como Nordex y Vestas. En el mundo solo hay cuatro grandes fabricantes de aerogeneradores y la ausencia de la empresa vasca ha sido ocupada por los equipos de los rivales en estos últimos 13 meses. Siemens Gamesa da por resueltos todos los problemas técnicos tras un exhaustivo análisis de los componentes que provocaban los fallos, que han sido el quebradero de cabeza de un equipo de especialistas dedicado al 100% a identificar y solucionar las anomalías. Los principales errores se han detectado en la fábrica de Palas de Vagos (Portugal) y en la planta de montaje de Ágreda (Soria). También había fallos en la mecánica del motor. Superada la reparación y con el sello de calidad total, la filial de Siemens Energy retomará este mes las ventas de la turbina terrestre 4.X, que tiene una potencia unitaria de 5 MW. Ofertará el equipo a una serie de clientes seleccionados del sur de Europa, la zona con una calidad del viento a la que mejor se adapta el 4.X. Las propuestas en precio serán vinculantes y no vinculantes, como es habitual en los ciclos comerciales de esta industria.

Tras la primera ronda de encuentros mantenida por el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, con los agentes sociales, destacó que uno de los diez retos de la legislatura es abordar el crecimiento de la siniestralidad laboral, por lo que mostró el compromiso institucional de aumentar el número de inspectores de trabajo, al tiempo que hizo un «llamamiento a la clase empresarial a invertir más y mejor en temas de prevención». Mikel Torres realizó ayer una valoración de esta primera toma de contacto con los agentes sociales y se mostró dispuesto a mantener abiertas las vías de diálogo para abordar los principales retos de la legislatura. Un decálogo que deriva de las preocupaciones que le han transmitido estos días los sindicatos ELA, LAB, CC OO y UGT, además de Confebask. El consejero también recoge una queja recurrente de las patronales vascas, como es la elevada conflictividad laboral y su incidencia de la sociedad vasca. Otro de los temas que considera fundamentales es el «alto nivel de las bajas médicas por incapacidad temporal y su duración en el tiempo, muchas veces derivadas –señala– del envejecimiento de los trabajadores, riesgos psicosociales...». Cabe recordar que esta cuestión se está abordando en la Mesa de Diálogo Social, en la que no participan ni ELA ni LAB. Asimismo, se compromete a avanzar en el debate y proyecto impulsado por su antecesora Idoia Mendía de reducción de la jornada laboral sin merma salarial, como alternativa flexible para las empresas de cara a aumentar su productividad y para los trabajadores de poder conciliar ambos ámbitos de la vida, el personal y el laboral. Un proyecto, cuyo diseño se ha encargado a Fabrika, impulsada por Adegi, y que ha sido criticado por Confebask. La atracción y retención del talento es otro de los aspectos en los que incidirá también su departamento. 

El vicelehendakari segundo y responsable de la cartera de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, se mostró convencido ayer de que al final de la actual legislatura, que prácticamente acaba de comenzar, se alcanzará el «pleno empleo» en Euskadi. Torres realizó estas declaraciones tras haber mantenido en los últimos días sus primeros encuentros oficiales con los representantes de los sindicatos y también de la organización empresarial. «Uno de nuestros principales objetivos de legislatura es alcanzar el pleno empleo, pero no cualquier empleo, sino un empleo de calidad e inclusivo, fundamentado en una efectiva igualdad de oportunidades, la igualdad entre hombres y mujeres, que garantice los derechos de las personas trabajadoras y sirva a las oportunidades de las empresas y contribuya a construir una sociedad más avanzada y cohesionada», dijo ayer el vicelehendakari socialista del Ejecutivo vasco. En la actualidad la tasa de desempleo en el País Vasco está situada en el 7,5% –según los últimos datos del Eustat– y el termino «pleno empleo» es una referencia técnica a una tasa inferior al 5%. Por otra parte, señaló que entre los objetivos de su gestión estará elaborar una nueva Ley de Empleo, contribuir para reducir la conflictividad y también una reducción de la jornada laboral. 

El Banco Central Europeo ha dado su visto bueno a la opa lanzada el pasado mes de mayo por BBVA para hacerse con el control de un paquete mayoritario del Banco Sabadell. Tras la junta extraordinaria de accionistas del banco vasco, que respaldó de forma amplia la operación a principios de julio, este es el paso más importante en la tramitación de esta iniciativa que, previsiblemente, no se materializará hasta ya iniciado 2025. La autorización del BCE, el supervisor bancario europeo, era una condición necesaria pero no suficiente para continuar con al tramitación de la oferta. Todavía está pendiente el informe de Competencia y la autorización definitiva por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que aún tardarán algunos meses. Es posible, incluso, que Competencia ponga algunas condiciones de cara al futuro en el caso de que la oferta tenga éxito y BBVA acabe controlando el Sabadell. El presidente de la entidad vasca, Carlos Torres, ya ha anticipado que espera «recibir el resto de autorizaciones según el calendario previsto y avanzar en el proyecto más atractivo de la banca europea». Aunque esperada y previsible, la decisión de la institución que preside Christine Lagarde es trascendente porque supone un espaldarazo de la primera autoridad bancaria europea. El BCE siempre ha abogado por fusiones que permitan crear bancos más sólidos en la zona euro.

Las empresas energéticas no ceden en su presión al Gobierno para que retire el impuesto extraordinario fijado en plena guerra de Ucrania. Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, abogó este jueves por la supresión del mismo. “Cuanto antes desaparezca y tengamos una situación normalizada desde el punto de vista fiscal, más aceleraremos la inversión”, subrayó. Según dijo, “ni siquiera” el Gobierno puede contar con una mayoría parlamentaria para que pueda seguir vigente el próximo año. El gravamen se fijó como contribución de las empresas por los ingresos extraordinarios obtenidos al incrementarse los precios de la energía tras el conflicto bélico. Fue prorrogado de forma extraordinaria en 2024. Por su parte, Francisco Reynés, presidente de Naturgy, apuntó al exceso de burocracia. “Todos tenemos proyectos parados o ralentizados porque no nos atrevemos a darles recursos, ya que no sabemos el tiempo que pasará desde su diseño hasta completar la ejecución”, manifestó. Según recalcó, existen “muchas oportunidades para conseguir descarbonizar la economía” y la electrificación “no es la única solución” para lograrlo.

En el Ministerio de Hacienda trabajan ya en el diseño del paquete tributario que acompañará las cuentas, bajo la batuta del propio Sánchez y tratando de contentar al mayor número de socios parlamentarios. El lote busca, a la vez, conseguir nuevos recursos para apaciguar a las comunidades autónomas tras el pacto de financiación singular para Cataluña; cumplir con las nuevas reglas fiscales; acometer la reforma tributaria que Bruselas exige a cambio de las ayudas europeas; y revertir las rebajas universales desplegadas frente a la inflación, tratando de convencer de paso al mayor número de diputados posible de apoyar las cuentas. En este marco, el Gobierno baraja nuevas subidas fiscales al capital; una vuelta de tuerca a la imposición verde; la perpetuidad de los tributos a banca y energéticas; o la restitución de los tipos tradicionales de IVA en energía y alimentos. Algunas de las claves del plan fiscal los desveló Sánchez este miércoles en el acto de apertura del curso político. “Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen, y de los que se benefician, ciertas elites de nuestro país y vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas”, anunció. “Lo haremos no para perjudicar a los millonarios sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto”, apostilló, defendiendo que “España será un país mejor si tiene más automóviles eléctricos, más autobuses y transporte público y menos Lamborghinis”.

La ausencia de Presupuestos en 2024 (el Gobierno gestiona con las Cuentas prorrogadas de 2023) quizás haya evitado nuevos tributos, pero no que la carga fiscal haya seguido subiendo. De un lado, porque la reiterada negativa del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF durante la peor crisis inflacionaria sufrida en décadas ha supuesto, de facto, un aumento de impuestos para muchos españoles. Y de otro, porque han entrado en vigor alzas fiscales aprobadas con anterioridad, como el incremento de las cotizaciones sociales a través del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) para intentar sostener las pensiones y que han subido al 0,7% este año frente al 0,6% anterior. A ello se añade el mantenimiento este año de los impuestazos a la banca y las energéticas, o del llamado Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. En otras palabras, 2024 ha sido un año de transición en lo fiscal, pero las subidas amenazan con reanudarse con fuerza en 2025 si Pedro Sánchez lograr sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año que viene, cuyos apoyos parlamentarios están hoy por hoy en el aire. El propio presidente del Gobierno afirmó el miércoles, en un acto de apertura del nuevo curso político y económico, que su intención es aprobar los PGE de 2025 prometiendo a sus aliados que seguirá avanzando en una “fiscalidad más progresiva, con impuestos que graven más a quienes más tienen”. Esto es, poniendo el foco en “ciertas élites”: “Vamos a gravar fiscalmente a quienes tienen en el banco dinero suficiente para vivir cien vidas”. Con la amenaza de un nuevo mazazo fiscal en el horizonte, la trayectoria de los gobiernos de Pedro Sánchez ha dejado tras de sí la estela de un más que notable aumento de la carga impositiva que soportan los españoles. Y es que entre 2018, año en que Sánchez aterrizó en la Moncloa, y 2024 sus ejecutivos de coalición han aprobado al menos 69 subidas de impuestos; esto es, prácticamente a razón de un incremento mensual de media, según los datos recopilados por el Instituto Juan de Mariana. 

Las comunidades reciben cada año los recursos que necesitan para poder costear los servicios y las políticas en las que tienen competencias a través de diferentes vías. En este amplio conglomerado se encuentran entre otros el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales (FGSPF) y los de convergencia, pero también los fondos de compensación interterritorial (FCI), pensados para intentar corregir los desequilibrios económicos que hay entre unas autonomías y otras. Esta última palanca es la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido duplicar con el fin de aplacar las críticas que ha desatado la financiación singular catalana pactada entre PSC y ERC y la aparente salida de la Generalitat del régimen común. Sin embargo, a juzgar por los números oficiales, el impacto de la medida será completamente residual, ya que estos recursos suponen únicamente el 0,3% de toda la financiación con la que cuentan los territorios.

Alemania cerró 2023 con poco más de 2,8 millones de ventas de coches nuevos frente a los más de 3,6 millones que había registrado en 2019, según datos de OICA, la organización internacional de fabricantes automovilísticos. En ese mismo periodo, la OICA resalta que la producción automovilística alemana pasó de 4,66 millones de unidades anuales a 4,11 millones. Este año, la producción arrastra un retroceso del 4% hasta julio en comparación con 2023, con 2,41 millones de unidades ensambladas, según VDA, la patronal de fabricantes alemana. Tras el anuncio de Volkswagen, los sindicatos alemanes, que tienen peso en el consejo de supervisión del fabricante, se pusieron en marcha y movilizaron a 25.000 trabajadores de la compañía que se presentaron el miércoles en la sede del grupo en Wolfsburgo, para ver con sus ojos a los miembros del consejo de administración explicar los planes de recorte. “Hemos perdido unas 500.000 ventas de coches, lo que equivale a la producción de dos plantas. Y eso no tiene nada que ver con nuestros productos ni con el bajo rendimiento de las ventas. Simplemente, el mercado ya no existe”, afirmó con crudeza Arno Antlitz, director financiero, citado por la televisión pública. El problema principal reside en la marca que da nombre al grupo, que en el primer semestre redujo su margen de ganancias hasta el 2,3% en comparación con el 3,8% del mismo periodo del año pasado. La situación ha estremecido al Gobierno alemán, que anunció el miércoles un paquete de incentivos a la compra de vehículos eléctricos para el periodo 2024-2028, por el que las empresas podrán deducirse el 40% del valor de los coches eléctricos durante el año de la compra, cifra que se irá reduciendo hasta el 6%. Italia también vive momentos difíciles, ya que allí el grupo Stellantis (su principal accionista es la familia Agnelli y posee históricas marcas italianas como Fiat o Alfa Romeo), la segunda mayor automovilística europea, está reduciendo su huella industrial y llevándose modelos a otros países con menores costes. 

El Gobierno de Alemania ha rectificado su postura frente al coche eléctrico y ha decidido recuperar parte de las ayudas que suprimió en 2023 ante el desplome de las ventas de turismos eléctricos. El Ejecutivo que dirige Olaf Scholz aprobó el miércoles un paquete de incentivos a la compra de vehículos eléctricos, entre los que se contempla una reducción de impuestos por un importe medio anual de 465 millones de euros entre 2024 y 2028. Según el proyecto, las empresas podrán deducirse hasta el 40% del valor de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables recién adquiridos. Estas deducciones forman parte un paquete de medidas más amplio para impulsar la economía alemana. El ministro de Economía, Robert Habeck, anunció que se tomarán las medidas necesarias para “apoyar a la industria y hacer más atractivo el mercado de la movilidad eléctrica”. El Gobierno alemán rechaza un posible cierre de fábricas de Volkswagen, que defiende sus planes de reducción de costes ante la caída de las ventas, que la compañía cifra en unos 500.000 vehículos al año desde 2019. El mayor sindicato de Alemania, IG Metall, amenazó ayer con ir a la huelga en octubre en las plantas de Volkswagen si la cúpula de la empresa suprime los acuerdos de seguridad laboral firmados hasta 2029. Según el sindicato, hasta medio millón de trabajadores podría participar en las movilizaciones.

El 98% de las empresas en España son pymes y un 83,3% se podrían considerar micropymes al no llegar a los diez empleados. Sin embargo, aunque esta es la media, hay comunidades autónomas en las que la proporción de estas compañías de tamaño tan reducido es especialmente alta como Castilla-La Mancha, donde un 86% de las empresas tiene de uno a nueve trabajadores; Extremadura, con un 85,5%, y Castilla y León, con 8 5,3%. Así se desprende del informe La perspectiva regional de la Central de Balances publicado ayer por el Banco de España a partir de información inédita extraída de esa base de datos de información económico-financiera de empresas no financieras, que refleja que el País Vasco es la comunidad con menor proporción de este tipo de compañías: un 79,4%, seguida por La Rioja, con un 79,7%. La mayor representatividad de las empresas de muy reducido tamaño o del empleo en las mismas en algunas comunidades autónomas es relevante para entender las dinámicas de crecimiento regional, ya que como recuerda el Banco de España, «constituye uno de los factores más relevantes para explicar el bajo dinamismo de la productividad». Cuanto más pequeñas, menos productivas son las empresas por definición. «Madrid sobresale como la comunidad autónoma con un mayor porcentaje de empresas grandes (1,1%), lo que puede estar relacionado con el denominado ‘efecto sede’, que consiste en la tendencia de las empresas, especialmente de las más grandes, a ubicar su sede social en grandes ciudades, con el fin de aprovechar la abundancia de perfiles profesionales altamente especializados o la concentración de determinados servicios», recoge el supervisor. La diferencia de la Comunidad de Madrid con el resto de autonomías es notable, ya que las siguientes con mayor proporción de compañías de más de 250 trabajadores son el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, pero se quedan a mucha distancia, con un 0,6% de empresas de este tamaño. Cataluña aparece junto a Cantabria en cuarto lugar, con un 0,5%.

El interés por levantar parques eólicos en Bizkaia es creciente. El Gobierno vasco ha recibido recientemente otras dos solicitudes –hay más de una decena en tramitación en el territorio– para poner en marcha dos centrales que aprovechen el viento con un total de 13 molinos y 85,6 MW, muy superior al potencial actualmente instalado, que se circunscribe a los 25 MW del Monte Oiz y los 10 MW del dique de Punta Lucero. Los proyectos, de seguir los procesos adelante –ayer se publicaron en el boletín oficial para su estudio y autorización–, se ubicarían en el Duranguesado y en el Valle de Arratia. El más potente, Mendia 2, contaría con 8 aerogeneradores de 49.6 MW en terrenos de Zeanuri y Dima. Mendia 3, con 5 turbinas y 36 MW, se ubicaría en los términos municipales de Elorrio y Atxondo. La empresa que promueve estos dos parques, Mendia Wind, también pidió autorización a finales de año para impulsar otras dos centrales eólicas en la provincia, una en las inmediaciones del monte Jata, entre Bakio y Lemoiz, idéntica en número de molinos y potencia a la de Zeanuri y Dima. Esta misma mercantil aspira a levantar otra, de 5 aerogeneradores, entre Lemoiz y Gorliz. En todos los casos se trata de instalaciones por debajo de los 50MW, cuya tramitación es más ágil y económica. Portavoces del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad confirman el registro de las dos últimas solicitudes, que elevan a trece las que están actualmente en tramitación en Bizkaia. Insisten, eso sí, en que «estamos muy lejos de poder confirmar si las iniciativas van a salir adelante o no». 

Imanol Pradales marcó ayer distancias con su predecesor y el discurso que mantenía el anterior Gobierno vasco en un asunto central del autogobierno: Osakidetza. El lehendakari se presentó en la primera reunión de la mesa de diálogo en la que ha juntado a una treintena de agentes sanitarios, sociales y políticos para revisar el sistema de salud público con un crudo diagnóstico del momento que atraviesa la sanidad. La propuesta de partida del nuevo Ejecutivo de coalición PNVPSE pasa por ejecutar un «cambio sistémico» que frene el «deterioro continuo» del servicio. A diferencia de lo que hicieron Iñigo Urkullu y su equipo, que hasta el último día lamentaron las «críticas injustificadas» que recibían Osakidetza y su gestión, Pradales proclamó la imperiosa necesidad de ejecutar una profunda reforma para suturar las costuras y adaptar el servicio de salud a los nuevos tiempos. Euskadi es ahora mismo una sociedad envejecida y necesitada de más atención que la de hace 40 años, cuando echó a andar la sanidad pública. Una realidad que ha desbordado. Las crecientes listas de espera y la falta de personal, por ejemplo, en la Atención Primaria, han convertido el asunto en una de las principales preocupaciones de la población tras la pandemia. El compromiso de llevar Osakidetza a una nueva era aparece en el preámbulo del documento de 264 páginas que el Gobierno entregó a todos los asistentes a la Mesa de Salud, activada en busca de un acuerdo de país que siente las bases de lo que debe ser el sistema público durante los próximos «diez o quince años». Acudieron a la cita representantes de nueve colegios profesionales, los partidos políticos y los sindicatos mayoritarios, tres universidades, Confebask y una plataforma de usuarios. Sólo faltó ELA, que considera que el cónclave únicamente se ha organizado con fines «propagandísticos».

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, optará a la reelección en el próximo Congreso Confederal del sindicato, que tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre en Barcelona. Así lo anunció ayer en la capital catalana en la reunión de la Comisión Ejecutiva Confederal. Álvarez dirige UGT desde 2016, cuando tomó el relevo de Cándido Méndez. “El sindicato tiene que estar orgulloso del trabajo que ha hecho durante estos ocho años, pensando en el conjunto de la organización”, dijo Álvarez. De lograr la reelección, el dirigente asturiano iniciaría un tercer y último mandato, ya que los estatutos del sindicato establecen un máximo de tres mandatos consecutivos. Fuentes de la organización señalan que no se vislumbran candidaturas alternativas. La fecha del que será el 44º Congreso Confederal del sindicato se decidió a finales del año pasado. Entonces Álvarez no aclaró si se presentaría, incógnita que ha mantenido abierta. Álvarez, que cumplió 68 años en marzo, nació en Belmonte de Miranda, un pueblo del interior de Asturias. Se afilió a UGT en 1975, con 19 años, cuando vivía en Barcelona y acababa de empezar a trabajar en la empresa metalúrgica Maquinista Terrestre y Marítima (ahora parte de la multinacional francesa Alstom).

El objetivo de lograr unas normas básicas globales para controlar el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial está un poco más cerca después de que ayer las principales potencias occidentales dieran luz verde a la Convención sobre IA impulsada por el Consejo de Europa. Este tratado, respaldado por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, las tres principales potencias occidentales que desarrollan tecnologías de inteligencia artificial, es el primer acuerdo internacional jurídicamente vinculante sobre IA. El texto, redactado a lo largo de los últimos dos años, exige a los países firmantes que rindan cuentas por los resultados perjudiciales y discriminatorios de los sistemas de inteligencia artificial desarrollados por sus empresas o institutos de investigación. También exige que los algoritmos respeten la igualdad y el derecho a la privacidad, y que las víctimas de violaciones de derechos relacionados con la IA tengan acceso a recursos legales. En la negociación del tratado han participado más de 50 países, entre ellos Canadá, Israel, Japón y Australia, que ahora podrán sumarse después de que en el día de ayer se abriera la firma durante la conferencia de los ministros de Justicia del Consejo de Europa en Vilna. “Debemos garantizar que el auge de la IA sostenga nuestras normas, en lugar de socavarlas”, señaló la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, durante el acto de ratificación.

El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió ayer, dos meses después de las elecciones legislativas, nombrar un primer ministro conservador: será Michel Barnier, exministro y excomisario europeo, quien fue el negociador de la UE para el Brexit. La decisión es un desaire al Frente Popular, la coalición de las izquierdas que es la primera fuerza política de la Asamblea Nacional, y contraviene el frente republicano por el que la izquierda y el centro retiraron decenas de candidatos para concentrar el voto contra la ultraderecha. Al final, la líder ultra Marine Le Pen ha sido tomada en cuenta en el proceso. El Partido Socialista denunció “la negación democrática llevada a su apogeo”. Francia tiene desde ayer un nuevo primer ministro, aunque nadie sepa completamente por cuánto tiempo. Emmanuel Macron, presidente de la República, ha decidido, dos meses después de las elecciones legislativas, que el nuevo inquilino de Matignon sea el conservador Michel Barnier, exministro y excomisario europeo, conocido también por haber sido el negociador europeo del Brexit. El nombramiento pone fin a semanas de quinielas, calabazas a derecha e izquierda y, sobre todo, nombres que ardieron en la hoguera de los tres grandes bloques políticos surgidos de los últimos comicios y profundamente divididos. Barnier será el quinto primer ministro de la era Macron. También el de futuro más incierto.