20240730

En Euskadi, y respecto a 2018, el porcentaje de empresas innovadoras ha crecido en todos los tamaños de empresas, salvo en las más grandes, donde baja ligeramente (-5,5%). La mayor subida del porcentaje de empresas innovadoras se da en el tramo de 50 a 99 empleados (+8,3%), seguido de las de 10 a 49 empleados (+7,2%), y de las de 0 a 9 empleados (+6,3%). El 24,2% de las empresas vascas realizan actividades de innovación, pero hay una gran diferencia según el tamaño de la empresa. Así, el 54,5% de las empresas de 100 y más empleados son innovadoras, frente al 50% de las de 50 a 99 empleados, bajando el porcentaje de manera clara en las de 10 a 49 empleados (34,8%) y en las de 0 a 9 empleados (22,8%). Es una de las principales conclusiones que se puede extraer del último newsletter de Confebask sobre dimensión empresarial, y que constata que el tamaño de la empresa es clave a la hora de innovar. Además, en este newsletter se incluyen distintos informes, entre los que destacan el “Informe Letta”, encargado por la Comisión Europea sobre el futuro del mercado único, el del Banco de España sobre “Retos Estructurales de la Economía Española”, o el del Instituto Español de Analistas “El Reto del Tamaño Empresarial en España”. Todos insisten en la necesidad de contar con empresas de mayor tamaño, y que para ello es imprescindible mejorar y aligerar las regulaciones que están limitando el crecimiento de las empresas. Ver más en Confebask. 

Cada vez más empresas vascas apuestan por la innovación. Casi una cuarta parte de las compañías de Euskadi invierten en la mejora de sus productos y sus procesos, y cuanto mayor es su tamaño en número de trabajadores, más evidente se hace esta tendencia. De hecho, en torno a la mitad de las empresas que superan el medio centenar de empleados –un 50% de las que llegan hasta los 99 trabajadores y el 54,5% de las que rebasan esta cifra– desempeñan notables esfuerzos relacionados con la innovación. El último informe elaborado por Confebask confirma esta tesis. La patronal vasca incide en el crecimiento que se observa al comparar los datos recogidos por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). Según la comparativa entre los ejercicios 2018 y 2022, la tendencia ha subido en 6,4 puntos durante esos cuatro años, desde los 17,8% marcados entonces hasta el 24,2% actual. De hecho, este porcentaje de compañías innovadoras crece en todos los tamaños, salvo en una franja: la de las mayores plantillas, donde el valor se ha ajustado desde el 60% anterior hasta el 54,5% que muestran los datos más recientes. Aunque las mayores empresas son las más centradas en la innovación, la subida se refleja, sin embargo, en el resto de los tamaños de compañías. Las que incorporan hasta nueve empleados alcanzan el 22,8% (ganan 6,3 puntos entre 2018 y 2022). Las que llegan hasta los 49 empleados crecen hasta un 34,8% (suben 7,2 puntos); y las que se mueven entre los 50 y los 99 empleados suponen la mitad (incorporan 8,3 puntos, hasta ese 50%). «Se constata que el tamaño de la empresa es clave a la hora de innovar», recoge Confebask. En su última ‘newsletter’ también alegaron que por eso es necesario contar con empresas de mayor tamaño, «y para ello es imprescindible mejorar y aligerar las regulaciones que están limitando el crecimiento de las empresas». Ver en enpresaBIDEA.

El Gobierno y los sindicatos enviaron ayer un mensaje a CEOE y a Cepyme: todo está listo para que en septiembre, o no mucho más allá, sea posible cerrar un acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, sin recortar el salario. Reducción de la jornada desde las 40 horas a las 37,5 horas semanales. Tiempo que, en conjunto, se pueda hacer en términos anuales, para que sea más fácil a las empresas la distribución de la jornada. “El perímetro de la negociación está delimitado; creo que el acuerdo es posible y ahora es la patronal la que debe mover ficha” para que todo termine bien, dijo ayer Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Díaz pronunció estas palabras después de la última reunión sobre la reducción de la jornada laboral que mantuvo ayer el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, con los representantes de CCOO y UGT y de CEOE y Cepyme. La vicepresidenta recordó a los empresarios que, después de siete meses de negociaciones, el Ministerio de Trabajo podría haber cerrado ya un acuerdo con los sindicatos, y no lo hizo, a la espera de que se sumen los empresarios. También es verdad que Díaz cambió de opinión en el último momento, porque el pasado día 3 Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa, publicó a los cuatro vientos un manifiesto durísimo contra el Gobierno y, particularmente, contra ella. A la que acusa de entrometerse en la organización interna de las empresas, en las relaciones laborales y, por ende, en la negociación colectiva. Por eso dijo: “Creo que hay margen para el acuerdo. Desde luego, no va a ser por voluntad del Ministerio de Trabajo, y creo que lo estamos demostrando. Porque podíamos cerrar con los sindicatos un acuerdo y no lo hemos hecho”.

Era un secreto a voces en estos últimos cuatro meses pero ya es oficial. El Comité Europeo de Derechos Sociales da la razón a UGT y resuelve que España incumple la Carta Social Europea y su despido contraviene el derecho comunitario por no cumplir con la obligación de dar una compensación adecuada cuando el cese es injustificado. En definitiva, que despedir injustamente sale barato a los empresarios. «Existe una violación del artículo 24.b de la Carta europea», concluye este comité con sede en Estrasburgo por trece votos a favor y uno en contra. Estrasburgo ya ha se ha pronunciado a favor de reformar el despido en España para elevarlo –al igual que resolvió para Francia, Italia y Finlandia– pero ahora la pelota está en el tejado del Gobierno. No se trata de una sentencia que haya que cumplir obligatoriamente, como sucede con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyos fallos sí son vinculantes. Pero el Gobierno español ratifico en 2021 la Carta Social Europea y se comprometió a cumplirla en su acuerdo de legislatura. Sin embargo, dentro del propio Ejecutivo no hay una posición única y común. Mientras la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se comprometió de nuevo ayer a «tocar» el despido (de la mano de los agentes sociales), elevar la indemnización y que esta sea ‘a la carta’, en función de la situación personal del afectado, la parte socialista niega que exista esta violación de la Carta Social Europea, tal y como sostuvo en su escrito de alegaciones. 

El Ministerio de Trabajo presentó ayer a la patronal y a los sindicatos una propuesta de regulación del derecho de los trabajadores a la desconexión, como parte novedosa de la negociación para la reducción de la jornada, que el Gobierno quiere cerrar definitivamente en septiembre. El texto propuesto por el Gobierno para regular esta materia en el Estatuto de los Trabajadores incluye, entre otras cosas, que “las personas trabajadoras no puedan renunciar al derecho a la desconexión por exigencia empresarial, por contrato, convenio o práctica”. Se tratará, por tanto, de un mayor desarrollo de este derecho laboral que podrán exigir los empleados que realicen su actividad tanto presencialmente, como “particularmente, mediante teletrabajo”.  Así lo establece la propuesta gubernamental a la que ha tenido acceso este periódico y que pretende establecer también en la ley el deber empresarial de garantizar el derecho a la desconexión de sus empleados fuera del horario de trabajo. Este, dice el texto, se concretará en “la ausencia de toda solicitud a realizar una prestación laboral o iniciativa de comunicación” ya sea de la empresa, la persona en la que esta delegue o incluso de tercero con relación comercial, con la persona trabajadora. Y esas comunicaciones deberán cesar “por cualquier dispositivo, herramienta o medios digitales”. Es más, se propone igualmente que el empresario garantice también el derecho “a no ser localizable” fuera del citado horario de trabajo. Tras la reunión de ayer con la patronal y los sindicatos para la reducción de la jornada, donde se materializó esta propuesta, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, resumió la futura regulación de la desconexión digital con una idea: “No coger el teléfono al jefe o no contestar un email al encargado fuera del horario laboral es un derecho que podrán esgrimir los trabajadores, y no podrán sufrir ninguna represalia, ni la más mínima consecuencia negativa por ejercitarlo”. 

La pérdida de dinamismo del mercado automovilístico se hace notar en las cuentas de la multinacional vasca Gestamp, dedicada a la fabricación de componentes como chasis o puertas. En el primer semestre del año sus beneficios cayeron más del 34% hasta los 106 millones de euros, según los números que presentó ayer en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En este retroceso también pesó el impacto de los mayores tipos de interés en los gastos financieros. Las ventas en el periodo se situaron en 6.140 millones de euros, un 2% menos, mientras que el beneficio bruto de explotación o Ebitda cedió un 8% hasta los 642 millones de euros. «El segundo trimestre ha confirmado la previsible ralentización del mercado de producción de vehículos en 2024 y la volatilidad en la transición del vehículo eléctrico», explicó el presidente ejecutivo de la compañía, Francisco J. Riberas durante la presentación de resultados. En este sentido, los responsables del grupo recordaron que los volúmenes de producción de vehículos crecieron solo un 0,5%, un aumento muy modesto que se explica en parte «por el extraordinario incremento del mercado en el primer semestre de 2023». Sin embargo para este año se prevé una ralentización en todos los mercados en los que está presente Gestamp, a excepción de Norteamérica, donde está implementando el plan Phoenix para mejorar la rentabilidad de sus instalaciones, y Asia, donde el grupo ha mantenido un crecimiento sostenido por encima del mercado gracias a su posición competitiva en el segmento del vehículo eléctrico. Por regiones, la mayor caída de ventas del primer semestre se registró en Europa Occidental, un 11,6%. 

«Bizkaia está bien». La diputada general, Elixabete Etxanobe, reivindicó ayer un territorio «en marcha», con «buena calidad de vida». Un lugar con bajos índices de desempleo y «buenos» servicios sociales. Pero, reconoció, «hay problemas». Las dificultades que mencionó la diputada no son exclusivas de Bizkaia. Algunas, como la soledad no deseada o el reto demográfico, aquejan a la mayoría de sociedades occidentales contemporáneas. Pero hay otras, inmediatas, que preocupan seriamente a los vizcaínos. Una de las principales, la vivienda. «Tenemos un problema cuando a alguien le resulta imposible acceder a una casa porque el sueldo no llega», expuso la diputada. Esta problemática es ya una prioridad de todas las administraciones. El Gobierno vasco la ha situado como uno de los «ejes» de la legislatura y plantea utilizar la fiscalidad como herramienta para combatir la falta de vivienda. Y ahí las diputaciones tienen mucho que decir, aunque Etxanobe no ahondó ayer en el asunto. La diputada realizó su intervención ante 500 invitados del mundo político, económico, cultural, deportivo y de la sociedad civil con motivo de la festividad de San Ignacio. El suyo fue un discurso de marcado tono humanista al estilo, por ejemplo, de los que ha realizado el lehendakari, Imanol Pradales, presente ayer en la cita. La fuga de talento por la falta de oportunidades (uno de cada cinco jóvenes vizcaínos de 25 a 29 años se ha ido a vivir a otra provincia, según el INE), las agresiones sexuales («tenemos un problema cuando una mujer no se siente segura en la calle», dijo Etxanobe) o las dificultades económicas (la mandataria se acordó de los autónomos que «se plantean cerrar su negocio») son algunas de las sombras que jalonaron el discurso de la dirigente jeltzale.

La industria de Gipuzkoa opta a dos nuevas convocatorias del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de Economía Circular. Ambas subvenciones contemplan una financiación de 124 millones de euros. Un Perte presentado ayer en Donostia, en Naturklima, la Fundación del Cambio Climático de Gipuzkoa, por el Comisionado de Economía Circular, Alejandro Dorado, y que en palabras del diputado de sostenibilidad, Jose Ignacio Asensio, «aporta a la industria guipuzcoana los recursos necesarios para anticiparse y acelerar la transformación hacia la economía circular». Un evento que congregó a medio centenar de empresas guipuzcoanas. La primera línea de ayuda proviene de La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y va dirigida al impulso de la economía circular en el sector del plástico, con una dotación de 97,5 millones de euros. La segunda, lanzada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, va dirigida a proyectos que fomenten la sostenibilidad y circularidad en los procesos industriales y empresariales y está dotada con 26,8 millones.

Los cambios normativos para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones han provocado que baje un 6% el número de vascos que se jubila antes de los 65 años. Pese a esa caída, similar en todo el Estado, los trabajadores vascos son, junto a los navarros, los que antes se jubilan y hace que la edad media sea la más baja. El retraso de la edad oficial de jubilación como consecuencia de los cambios normativos aprobados para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones está teniendo sus efectos. Y es que cada vez son menos los vascos que se jubilan antes de los 65 años, una edad a la que tan solo pueden hacerlo sin penalización este año aquellos que tengan cotizados 38 años o más. Los que tengan menos de esos años tienen que esperar a jubilarse hasta los 66 años y cuatro meses. De hecho, en los cinco primeros meses de este año –últimos datos disponibles de la Seguridad Social– se han jubilado antes de los 65 años, 3.355 personas en el País Vasco. Una cifra que supone un descenso del 6,3% en relación al mismo periodo del año anterior. Se trata de una reducción muy similar a la registrada en el conjunto del Estado, donde la caída es del 6%, según los datos del Observatorio de la Previsión Social Complementaria del País Vasco. Con todo, son todavía muchos los que optan por abandonar la vida laboral antes de esa edad, bien porque cuentan con los suficientes años cotizados o porque anticipan unos meses esa salida del mercado laboral con el correspondiente recorte en la pensión de jubilación. De hecho, en Euskadi son algo más de cuatro de cada diez trabajadores los que se jubilan antes de los 65 años. En concreto, el 41,74%.

András Tombor (Veszprém, Hungría, 1973) es la cara visible del consorcio Ganz- MaVag, que ha lanzado la oferta de adquisición (opa) sobre el fabricante ferroviario español Talgo. Esta opa ha generado revuelo. Es la primera vez que un grupo húngaro lanza una opa sobre una cotizada española. Como ya hizo en una rueda de prensa hace días en Madrid, Tombor resalta que en la actualidad no tiene nada que ver con la política de su país ni con Rusia. Son dos de las críticas que han tenido que soportar Tombor y Ganz-MaVag, por sus supuestos lazos con el primer ministro húngaro, el ultraconservador Viktor Orbán, y la postura pro-Putin de éste. Tombor admite que ocupó un cargo en la Administración húngara. Pero fue hace dos décadas y en un puesto de asesoría en el gabinete del primer ministro durante “apenas dos años”. Considera que la relación es poco menos que “anecdótica”. Con todo, Tombor es consciente de que venir del “otro lado del telón de acero” aún se puede ver con “recelo en ciertos países”, por mucho tiempo que haya pasado. “La realidad está demostrando que podemos ser grandes y buenos socios”, dice.  “Está viniendo muchísimo dinero al sector”, dice András Tombor. El empresario anticipa acontecimientos. “Todo el dinero que antes iba a construir carreteras, ahora se enfoca hacia el sector ferroviario”, añade. Y todos los grandes grupos, como Siemens o Alstom “se están preparando, aumentando capacidad”. “Muchas fábricas están al 100%, con demoras de hasta cinco o seis años para entregar máquinas de tren”, dice. Magyar puede aportar a Talgo capacidad, para que “pueda aspirar y ejecutar con éxito a nuevos contratos”, como el “megapedido de 2.000 millones de Flix Train en Alemania”. Tombor insiste: “Lo que perseguimos no es quedarmos con las patentes de Talgo” [como han criticado algunos]. De lo que se trata es de “un proyecto industrial para hacer crecer a la empresa”.

A apenas dos años de que expire el plazo para agotar los 163.800 millones de euros de fondos europeos, entre ayudas y créditos blandos, España ha comprometido ya el uso de cerca del 60% de los recursos y ha adjudicado algo más de la mitad de las subvenciones previstas. Por el camino, sin embargo, el conjunto del Estado acumula remanentes por unos 11.000 millones de euros en fondos sin repartir de las convocatorias que han quedado desiertas y afronta el reto de acelerar la ejecución de las reformas e inversiones pendientes para cumplir el calendario europeo. “Aunque se debe reconocer el esfuerzo realizado por las administraciones públicas, es necesario seguir advirtiendo del esfuerzo que aún les queda por hacer para lograr adjudicar los fondos restantes en el poco tiempo que queda para ello”, alerta el informe Avances hacia un futuro desafiante: Análisis de la ejecución del Plan de Recuperación en España hasta junio de 2024, publicado ayer por Llyc, que cifra en 103.051 millones los fondos comprometidos (62,9% del total asignado al país) y en 42.642 millones las subvenciones adjudicadas (52,9% de las previstas). A partir de ahí, el documento advierte del creciente volumen de remanentes, que son los fondos no adjudicados que salen de la diferencia entre el presupuesto de las convocatorias y licitaciones realizadas con fondos europeos y el saldo finalmente adjudicado a beneficiarios finales. Ejemplos de fondos sin adjudicar por quedar desiertas las convocatorias los ha habido en las primeras rondas de los grandes proyectos estratégicos de colaboración público-privada, como el Perte del Vehículo Eléctrico (VEC), el Agroalimentario o el Naval. Los cálculos del informe indican que el saldo sin adjudicar asciende a 7.522 millones (5.093 de convocatorias y 2.429 de licitaciones) en el caso de la Administración General del Estado y a 3.622,44 millones en el de las comunidades autónomas, arrojando un total de 11.144 millones de remanentes hasta el 30 de junio de 2024. 

El Consejo de Ministros habilitará hoy al gestor técnico del sistema gasista, Enagás, para comenzar la parte española de la futura red europea del hidrógeno H2Med, llamada a transportar este combustible desde la Península Ibérica a Alemania y al resto de países del norte de Europa. Las obras, que el Ejecutivo comunitario ha incluido en la lista de proyectos de interés común (PCI, por sus siglas en inglés), deberían comenzar pronto para cumplir el objetivo de que esté listo en 2030. Lo que el Gobierno prevé hacer este martes es facultar provisionalmente a Enagás –en la que el Estado tiene una participación del 5% y una acción de oro– a ejercer sus funciones de desarrollo de la fracción española de esta red troncal de hidrógeno. Es decir, la construcción, la puesta en servicio y el futuro mantenimiento, tanto de las canalizaciones como de los almacenamientos de hidrógeno verde. La parte española del H2Med incluye el interconector de hidrógeno entre Portugal y España (conocido como CelZa, porque enlazará Celorico da Beira con Zamora); las infraestructuras interiores de hidrógeno; el interconector entre España y Francia (BarMar, porque enlazará Barcelona con Marsella); y las instalaciones de almacenamiento de hidrógeno en España H2 Storage North-1 y H2 Storage North-2, que se ubicarán en Cantabria y el País Vasco, respectivamente. Conjuntamente estas instalaciones representan una inversión que ronda los 6.000 millones de euros. La mayor parte de ese importe se corresponde con las canalizaciones en el interior del país.

Poco antes de que se cumpliese el plazo establecido por la ley de hitos, el Ministerio de Transición Ecológica otorgó al fin la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) a 283 proyectos de renovables que esperaban este trámite para continuar con su desarrollo. Su ejecución requerirá más de 17.000 millones de euros de inversión y se espera que generen aproximadamente 300.000 empleos. En su mayoría se trata de instalaciones de solar fotovoltaica, que prácticamente duplicaría su potencia instalada y se acercará al ambicioso objetivo marcado en el último borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). En una nota de prensa, el Miteco destaca que de los 300.000 empleos que generarán estos proyectos «con especial incidencia en áreas rurales», 260.000 corresponderán a la fotovoltaica, la fuente que más ha crecido en instalación y aportación al sistema eléctrico en los últimos años. En mayo de 2024 fue la principal fuente de producción de electricidad por primera vez en la historia y volvió a repetir el hito en junio y, previsiblemente, lo hará en julio. Así, de los 28.123 MW distribuidos en 283 proyectos que han obtenido la AAC, 24.870 MW están asociados a la solar, 239 proyectos. Además, hay 43 proyectos de eólica (2.680 MW) y una central hidroeléctrica de bombeo que aportará 573 MW. Un total de 428 proyectos habían iniciado la tramitación para conseguir esta autorización, aunque 107 no lograron una Declaración de Impacto Ambiental favorable. Las tramitaciones de los proyectos con más de 50 MW o ubicados en más de una comunidad autónoma son competencia del Ministerio, mientras que los demás son competencia de las comunidades autónomas.

El sistema eléctrico europeo está embarcado en una transición para desengancharse de los combustibles fósiles, que la Unión Europea tiene que importar en gran medida y que, además, son los principales responsables de una crisis climática de la que el continente tampoco puede zafarse. Durante el primer semestre de este año se rebasó otra de las metas volantes de esta carrera: la solar y la eólica generaron más electricidad que todos los combustibles fósiles (fundamentalmente, carbón y gas natural) juntos. Es la primera vez que ocurre, según un informe del grupo de analistas expertos en energía y clima Ember. “El primer semestre de 2024 muestra la transición eléctrica de la UE en pleno apogeo, ya que la energía eólica y la solar aumentaron lo suficientemente rápido como para superar el crecimiento de la demanda y expulsar a los combustibles fósiles del mix eléctrico”. A la hora de buscar las causas, los analistas apuntan entre otros motivos a la “rápida acción de la UE para reducir la dependencia de los combustibles fósiles”. Para Euan Graham, investigador de Ember, este adelanto “refleja cambios estructurales” y es muy probable que sea ya permanente. “Si bien siempre habrá fluctuaciones circunstanciales debido al clima y otros factores, la tendencia a largo plazo es clara”. Y añade: “La base de este cambio es que las políticas de la UE para apoyar la transición energética y el crecimiento de las renovables se aceleraron a raíz de la invasión rusa de Ucrania. En toda la UE, los países han promulgado políticas para acelerar el despliegue de la eólica y la solar y minimizar la dependencia del costoso gas”.

Cepsa, la segunda petrolera de España, ha disparado sus resultados en los últimos meses y, con ello, ha logrado revertir la situación de pérdidas que tenía desde el pasado año por el impacto de la tasa a grandes energéticas (el denominado impuestazo) y la volatilidad de los precios del petróleo. Entre enero y junio de este año, el grupo ha ganado 168 millones de euros, frente a las pérdidas de 393 millones de euros de idéntico periodo del pasado ejercicio. En el primer trimestre de este año, el grupo aún estaba en pérdidas, con un resultado negativo de ocho millones de euros. Los números rojos han sido borrados de las cuentas de Cepsa, gracias a que en el segundo trimestre de este año ha ganado 175 millones de euros. Si se descuenta el efecto sobre las cuentas de la volatilidad del petróleo (beneficio ajustado o CCS), el resultado en el primer semestre del año hubiera sido de 398 millones de euros, 2,7 veces el resultado de 145 millones de euros obtenidos entre enero y junio de 2023. La mejora de los resultados ha permitido, según la empresa, “un aumento en las inversiones totales, hasta los 545 millones de euros, con un peso de la inversión sostenible del 45% sobre la inversión orgánica en el primer semestre para seguir avanzando en su estrategia Positive Motion”. Cepsa ha contribuido con 2.077 millones de euros en impuestos en España durante el primer semestre de 2024, de los cuales se pagaron 1.199 millones y se recaudaron 878 millones por cuenta de Hacienda en el país.

El coche eléctrico es el último gran proyecto de Lei Jun (54 años). Este emprendedor es muy admirado en China, donde le apodan Lei Jobs (en referencia a Steve Jobs), tras cofundar Xiaomi en 2010 con el objetivo de replicar en su país el éxito del iPhone. Ahora, mira de reojo a otro gigante estadounidense: Tesla. ¿Qué llevó a Xiaomi, el tercer mayor fabricante de móviles del mundo, a entrar en una industria tan compleja como la automoción? El detonante fue la inclusión de Xiaomi en la lista negra de inversiones de EEUU. “La noticia fue un shock. Si no podíamos seguir en el negocio de móviles, ¿qué pasaría con nuestros 14.000 empleados? Un miembro del consejo sugirió que fabricáramos un coche”, explicó recientemente Lei Jun en Pekín. “Se puede decir que el SU7 empezó por accidente. Sin el aviso de sanciones de EEUU, no habríamos considerado entrar en este negocio”, remarcó. Lei Jun está convencido de que en la industria de la automoción van a quedar cinco compañías. “Si queremos sobrevivir, debemos estar en ese top 5, lo que nos obliga a prepararnos para la guerra. Por eso, el consejo dio luz verde a una inversión de 10.000 millones de dólares en cinco años”, explica el ejecutivo. El CEO de Xiaomi confesó que le asaltaron dudas durante el arranque del proyecto. “Me estaba jugando toda mi reputación en mi último gran proyecto”, explicó. Jun descartó tomar atajos como adquirir un fabricante para entrar en la industria de automoción. “Mucha gente dudó de nosotros. Nos decían que cómo va conseguir Xiaomi en tres años lo que su competidor [en referencia a Apple] no pudo llevar a cabo en diez años”, recuerda. Precisamente, Xiaomi –que ha tenido el respaldo del Gobierno chino en este proyecto– presentó su sedán poco después de que se conociera que Apple abandonaba su proyecto de coche eléctrico.

Xiaomi ha construido en las afueras de Pekín su fábrica de vehículos eléctricos. El complejo suma 718.000 metros cuadrados, de los que 396.000 metros cuadrados están dedicados a la producción del SU7. Cuando alcance su capacidad de producción máxima, la factoría de vehículos eléctricos de Xiaomi podrá fabricar 40 SU7 por hora, lo que equivale a un coche saliendo de la línea de producción cada 76 segundos. La compañía ha implantado un doble turno de producción para poder superar las 10.000 entregas mensuales. El complejo de Xiaomi integra producción, un centro de I+D con 29 laboratorios, una pista de pruebas, el mayor concesionario de la compañía en China y una sala de exposición tecnológica. En el proceso de fundición, se utiliza un clúster de equipos de 9.100 toneladas desarrollado internamente que permite combinar 72 partes en una sola pieza en dos minutos. Se ven pocos operarios en la fábrica. En la línea de carrocería se han automatizado el 100% de los procesos clave con la ayuda de más de 700 robots, 41 de ellos para el ensamblaje de grandes piezas y 269 para realizar labores de precisión. Por su parte, el taller de pintura utiliza un sistema que permite cambiar de color en 40 minutos.

Jone López de Gamiz, Premio Vicent Caselles 2024, estudia la teoría de grupos, una de cuyas aplicaciones es la ciberseguridad. Esta matemática nacida en Gernika hace 28 años acaba de recibir uno de los seis Premios Vicent Caselles 2024 promovidos por la Fundación BBVA y la Real Sociedad Matemática Española (RSMA) que «reconocen la creatividad, la originalidad y la excelencia en matemáticas en los primeros años de trayectoria investigadora». Su negociado es la teoría de grupos y los llamados espacios vectoriales, más en concreto, los «grupos de Artin de ángulo recto». Para que se hagan una idea, aunque sea remota, de lo que significa esto, podría decirse que estudia los movimientos que se hacen con el cubo de Rubik. «Más o menos. Son un ejemplo de un tipo de grupo», confirma. Una de las grandes aplicaciones de la teoría de grupos es la ciberseguridad. Solo en el último año el Banco Santander, la Guardia Civil, Iberdrola y Decathlon, la DGT y el Hospital Clínic de Barcelona han sido víctimas de ciberataques. ¿Cómo se llega del cubo de Rubik a que los ‘hackers’ no puedan campar a sus anchas por la red? «Se trata de hacer esos grupos lo más complejos posibles para que los que quieren robarnos tengan muy difícil hacerlo. Pero la seguridad total en internet no es posible. Los ordenadores son muy ‘listos’ gracias al ser humano. Puedes tener algoritmos que te resuelvan los problemas aunque el ordenador tarde cinco días. Es cuestión de potencia de la máquina», explica.

La decisión de la cúpula de ERC no es definitiva. Aún queda el visto bueno final de la militancia. El miedo de ERC a una repetición electoral y la cesión por parte de Pedro Sánchez de un «concierto económico» para Cataluña y su salida del régimen común de las autonomías, una reivindicación histórica del nacionalismo catalán aunque Jordi Pujol lo rechazó en el inicio de la democracia, han sido las claves para que Esquerra haya dado el visto bueno a un preacuerdo con los socialistas, que permitirá la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat si las bases dan luz verde este viernes. Cataluña entraría así en un nuevo ciclo político, tras el ‘procés’, que estará marcado por la cuestión de la financiación, clave para el soberanismo, que lleva años denunciando que «España les roba». Esquerra hizo pública la fumata blanca para investir a Illa, lo que rompe una década de alianza entre los independentistas, tras una maratoniana reunión de la ejecutiva republicana de más de nueve horas, cargada de tensión por las reticencias de una parte de la dirección del partido a avalar la investidura de quienes consideran el «más españolista» y «más de derechas» de todos los dirigentes que ha tenido el PSC. Aunque ERC asegura que obtiene suculentas concesiones de los socialistas, que llegan después de los indultos, de la reforma del Código Penal y de la ley de amnistía, en las filas republicanas aún existen dudas sobre si el PSOE acabará cumpliendo. La dudas en la cúpula, que avaló el acuerdo casi por unanimidad y tras los últimos movimientos de los socialistas, giran también en torno a la idea de que los republicanos mantienen su alianza con Pedro Sánchez y desde que cambiaron su estrategia para hacerse socios del PSOE no han hecho más que hundirse en las urnas.

El chavismo proclamó en la madrugada de ayer la victoria electoral de Nicolás Maduro en medio de acusaciones de fraude y de la desconfianza de la comunidad internacional. La autoridad electoral de Venezuela, controlada por el régimen, otorgó una victoria al actual presidente, con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia. La poca transparencia exhibida durante el proceso alertó a la comunidad internacional. EE UU, la UE, España, la ONU, Brasil, Chile y Colombia reclamaron que se den a conocer las actas que no han sido publicadas. Las protestas y caceroladas se extendieron por distintos barrios de Caracas y otras ciudades. La comunidad internacional, cada vez más convencida de que el proceso electoral de Venezuela no ha sido transparente, reclamó ayer al chavismo que muestre una por una las actas de los colegios electorales, que la oposición critica que no le han sido entregadas en su mayoría. La autoridad electoral, controlada por el oficialismo, proclamó el domingo vencedor al presidente Nicolás Maduro con casi un millón de votos de diferencia respecto a su rival, Edmundo González Urrutia: 51,2% por el 44,2%. Mientras la comunidad internacional incrementaba la presión y el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamaba a Maduro presidente, aún sin los datos oficiales, las protestas se extendían por Caracas.