20240609

SEA Empresas Alavesas entra en una nueva etapa. La organización que durante catorce años ha estado pilotada por Pascal Gómez elegirá la próxima semana a su nuevo presidente en una reunión extraordinaria de la Junta Rectora. Será entonces cuando se pongan las cartas boca arriba. Cuando oficialmente se presente el aspirante (o aspirantes) a asumir el principal cargo de una institución de la que forman parte más de 4.000 empresas del territorio, un 30% por afiliación directa y el resto a través de asociaciones adheridas de autónomos, jóvenes y mujeres empresarias o sectores de comercio, talleres o instaladores. Fuentes consultadas por este periódico anticipan que no habrá sorpresas. Descartan «totalmente» el escenario de un relevo traumático y defienden, casi como mantra, que todo fluirá «con naturalidad». Es más, confirman que se espera sólo una candidatura con posibilidades de prosperar. Una plancha que ya estaría armada y que, salvo sorpresas, será refrendada por mayoría. Las alianzas se vienen tejiendo desde hace meses. Y según ha podido confirmar El Correo, Juan Antonio Sánchez Corchero la liderará. El empresario vinculado al sector de la formación –fundador hace más de tres décadas del Instituto Europa– conoce bien cómo funciona la ‘casa’ y es vicepresidente de SEA, además de ostentar el mismo cargo en la Cámara de Comercio que preside Gregorio Rojo. Así que la transición en una de las tres grandes organizaciones empresariales de Confebask responderá «a la lógica» de un salto en el organigrama. Eso es, al menos, lo que aseguran en su entorno. Sánchez Corchero es una de las figuras más significadas del núcleo duro de la institución. Y el más veterano de los tres vicepresidentes que han formado parte del equipo de Pascal Gómez (Beatriz Aguado y Elena Martín son las otras dos máximas representantes del comité ejecutivo). Así que, sin sobresaltos. Pero, en todo caso, se insiste en la necesidad de «respetar los tiempos». El propio Sánchez Corchero excusó cualquier declaración sobre el proceso interno.

Los órganos judiciales vascos registraron durante los tres primeros meses de este año 323 concursos de acreedores, un 56% más que en el mismo periodo de 2023, según los datos dados a conocer por el TSJPV. En concreto, los procedimientos de insolvencias de personas físicas no empresarias alcanzaron en Euskadi entre los meses de enero y marzo los 235, un 46'9% más, mientras que los de personas naturales empresarias fueron 6, un 500% más; y los concursos de personas jurídicas ascendieron a 82, lo que representó un incremento del 78'3% con respecto a los mismos meses del pasado año. 

Confebask destaca que el nuevo escenario ayuda a incentivar la inversión, pero advierte de que hace falta certidumbre de crecimiento económico. Aumentar la digitalización y mejorar la eficiencia energética son dos de las claves para asegurar ganancias y crecimientos futuros, señala el informe de la OCDE. Y el sector privado vasco presenta datos preocupantes en uno de los mejores termómetros para medir la inversión empresarial: el crédito, que es la herramienta a la que más se recurre para financiar las mejoras en las compañías. Según los datos del Banco de España, el País Vasco presenta un saldo total de préstamos a empresas y familias de 57.656 millones de euros. Es la cifra más baja desde junio de 2005. Así es como le ha cogido a la economía vasca el cambio de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) anunciado el pasado jueves. La rebaja de los tipos de interés al 4,25% puso fin a dos años de subidas continuadas para hacer frente a la inflación. Desde Confebask, su responsable de Economía, Pablo Martín, no duda en señalar que el anuncio del BCE de esta semana «es muy positivo» y lo es, en primer lugar, «porque es un síntoma de que la subida de precios se empieza a controlar, lo que es muy bueno para la economía, el consumo y el crecimiento». «Además –reconoce–, ayuda a recuperar la inversión, que es un elemento clave para las empresas». Pero Martín advierte de que más allá del precio del dinero el «principal condicionante de la inversión es la certidumbre de rentabilidad». En Euskadi ha habido grandes periodos de crecimiento e inversión como los primeros años tras la entrada en la UE, recuerda el economista, «y entonces los intereses estaban en el 10% pero había certezas». Por eso es importante un «horizonte de crecimiento económico que garantice la rentabilidad a las empresas para afrontar la transformación digital y de sostenibilidad». Para ello, el representante de la patronal reclama también «más seguridad jurídica y estabilidad política».

La idea de desalar al punto las mejores tajadas de bacalao nació en un pequeño ultramarinos de la calle Basoa allá por 1970 y hoy el grupo Giraldo ocupa ya miles de metros en Goiain. Allí los hermanos Adolfo y Patxi dirigen cuatro empresas especializadas en preparar las bacaladas de mil maneras con la ayuda de 141 empleados y que exportan a una docena de países. "– ¿Les han tentado para llevar el negocio fuera de Álava?– Es cierto que siempre ha habido conversaciones y de hecho nunca está de más escuchar y ver asociaciones con empresas con las que puedas tener sinergias. No es sacar el negocio fuera de Álava, sino venir para complementar y ayudarnos a crecer. Cuando una empresa está creciendo y está en una zona de expansión fuerte, siempre se plantea el poder tener un socio estratégico que te ayude sin perder tu filosofía ni tu arraigo...Estoy viendo que a la gente le está costando lanzarse a la piscina y montar un negocio, aunque sea pequeñito. Cuando hablas con la gente joven igual está buscando más la seguridad dentro del funcionariado... Yo no sé si nací o no empresario, sí que lo he vivido desde pequeño...– ¿Comparte lo que dice el presidente de Kutxabank acerca de los bajos salarios de los jóvenes y la fuga de talentos?– No creo que Euskadi sea el sitio en el que los salarios sean más bajos, pero sí que es cierto que competimos en un mundo muy global. El salario es un componente importante, pero creo que es bastante más importante el que la persona que está trabajando esté a gusto. La gente joven es bastante inquieta. No les importa el nomadismo, poder ir a trabajar al extranjero. No sé si llamarlo fuga de talentos...Veo un exceso de normativas, nos hacen trabajar mucho para el dato y tal vez se está lastrando un poco a las empresas con toda esta burocracia... Estamos para trabajar, para dar lo mejor de nosotros, para mantener una filosofía. Está claro que hay que cumplir con toda la normativa, pero que muchas veces lastra demasiado. Y en cuanto a la economía, las empresas estamos siendo valientes, estamos invirtiendo..."

Júndiz y Miñano ofrecen en total 1,25 millones de metros cuadrados de suelo industrial. Se trata de parcelas que están a la venta, sin uso o sin actividad. Según el censo, la mayor parte se encuentra en el primer polígono de Euskadi, con un 22% inactivo, mientras que la proporción se reduce en el parque tecnológico, más comprimido, hasta el 12,1%. Entonces, si las empresas tienen a priori huecos donde construir o instalarse, ¿por qué el suelo industrial ha centrado la polémica urbanística y han surgido voces autorizadas, como la del diputado general de Álava, que urgen a ampliar la oferta «de inmediato» tras perder hasta «once proyectos» en los últimos años? El suelo existe, pero está condicionado. Depende de cuánto y para qué. Es la principal conclusión que se extrae desde las instituciones y del sector empresarial. La oferta de Vitoria se encuentra repartida en distintas zonas y esto complica atraer proyectos de gran envergadura relacionados con la logística o, sobre todo, con las tecnológicas. En cifras concretas, los terrenos más grandes que se ofrecen rondan los 50.000 metros cuadrados. La mayor parcela se encuentra en Júndiz (53.000 metros), recién creada tras unir 14 pequeñas áreas en el entorno de Margarita, y le sigue otro solar de 49.100 metros en Miñano. Sin llegar a ser de tamaño XXL, se trata de dimensiones considerables, sobre todo para años atrás, pero que se quedan pequeñas para alimentar a los monstruos tecnológicos del futuro.

El tiempo siempre ha sido un factor clave en la oferta sobre Talgo del grupo húngaro Magyar Vagon. Una opa de 617 millones pactada con la dirección y los principales propietarios del fabricante vasco de trenes que resolvería dos cuestiones apremiantes. Por un lado, la necesidad de reforzar la capacidad de fabricación de la empresa –con una cartera de pedidos de 4.200 millones– y, por otra parte, dar respuesta al deseo del principal accionista, el fondo británico Trilantic, que lleva años queriendo vender su parte de la compañía. La operación, diseñada durante más de un año entre los directivos y accionistas de Talgo con el grupo industrial magiar, se comunicó formalmente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado mes de marzo. El Gobierno se posicionó en contra inmediatamente por el apoyo de la Administración del presidente de Hungría, Viktor Orban, a Magyar Vagon. Además, especuló sobre posibles conexiones con capital ruso y reivindicó el carácter estratégico de Talgo para condicionar la compra. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a afirmar que «haremos todo lo posible» para evitar la operación y anunció que buscarían una alternativa en el mercado para construir una opa, en este caso hostil al no estar pactada con la dirección de Talgo. Pero en este tiempo el Ejecutivo no encuentra ese ‘caballero blanco’ para poner más de los 617 millones ofrecidos por Magyar Vagon. No ha logrado a convencer a Criteria, la herramienta de inversiones empresariales de La Caixa, para que lidere la alternativa. Aunque el holding dirigido por Ángel Simón, aceptaría acompañar a un socio industrial que conozca el sector, pero este no aparece tras las negativas de la vasca CAF o de la suiza Stadler, que cuenta con plantas de fabricación en España.

Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero, registradora de la propiedad por oposición, cree que el futuro está pintado de optimismo para España. La presidenta de Redeia, la corporación que alberga compañías como Red Eléctrica o Hispasat, está convencida de que la capacidad del país para generar electricidad renovable y el papel decisivo que tiene ya esta energía en la actividad económica nos coloca en el lado bueno. Además, enfatiza, «aquí no hay apagones». "– Las compañías eléctricas se quejan de que una insuficiente red de transporte y distribución de electricidad puede dar al traste con muchas aspiraciones y proyectos. ¿Tienen razón?– No y sí. Una red eléctrica no se improvisa de la noche a la mañana, no se prepara de forma instantánea, lleva su tiempo. Pero sí creo que tienen razón al reclamar mecanismos más ágiles que los actuales para tomar decisiones...Hay que tener en cuenta el impacto real que cada proyecto va a tener en el territorio, cuál es la generación de empleo que viene detrás y su cualificación. No se puede priorizar quién llega primero a pedir una conexión de electricidad sino quién ofrece un desarrollo que genere empleo y riqueza y si es un proyecto tractor de la economía local...Hoy se reclama un mayor respeto al paisaje natural, a la biodiversidad o al patrimonio artístico y cultural. Y eso requiere que cuando implantas una infraestructura hay que incrementar la inversión para atenderla. La rentabilidad económica tiene que estar ligada también a aportar algo a la sociedad. Esto hasta ahora no se ha contemplado de forma suficiente...Por primera vez en la historia y ante una revolución industrial, unos dicen que estamos en la cuarta y otros aseguran que es la quinta, tenemos una posición privilegiada y de liderazgo. Y no solo por la red y la capacidad de integrar energías renovables sino por la capacidad de gestionarlo de forma eficiente. Además tenemos la red de fibra óptica que probablemente es la mejor del mundo. Ambas cosas hacen que España sea con demandas de centros de datos o de industria, multiplicaríamos por bastante esa demanda punta. ¿Tiene que asumir España ese reto? La respuesta es que… depende. Hay que ver qué obtenemos a cambio..."

Iberdrola se ha adjudicado el suministro eléctrico de la Red de Carreteras del Estado durante un período de un año y por un importe de hasta 29 millones de euros. En concreto, la energética se ha hecho con la licitación de un contrato perteneciente al acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con la Administración General del Estado para la Red de Carreteras del Estado. Así, Iberdrola ofrecerá electricidad durante un año, desde este 1 de junio al 31 de mayo de 2025, con posibilidad de renovar el contrato otros 12 meses. La compañía dará servicio a 1.617 puntos de suministro con un consumo estimado anual de 150 gigavatios hora (GWh). El presupuesto máximo del contrato asciende a 28,9 millones de euros sin IVA y la modalidad de la oferta es a precio fijo. Esta tipología de contratación consigue una mayor estabilización de presupuestos ante la volatilidad de los mercados. De esta manera, el grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán sigue sumando concursos ganados para el suministro de electricidad. Recientemente se hizo con el de Paradores por un año por un importe de 6,9 millones de euros.

En primera línea. Nueve empresarias dirigen los principales establecimientos y clubes de la bahía, una fotografía en el marco incomparable que habla de igualdad y de emprender en femenino. «Cada vez somos más y más presentes», subrayan. La Concha es territorio femenino. Los principales establecimientos y clubes que se asoman a la bahía están dirigidos por mujeres, prueba de que las barreras que antes les impedían acceder a cargos de responsabilidad van cayendo como reflejo de los avances y conquistas sociales de estas últimas décadas. Marymy Pascual (hotel Monte Igueldo), Pilar Pascual (Parque de Atracciones Monte Igueldo), Patricia Rodríguez (Tenis), Amaia Sánchez (La Perla) Maite Sabadell (Bataplán y Café de La Concha), Elena Estomba (hotel de Londres y Villa Favorita), Jaione Izagirre (Hegalak), Marta Lizarraga (Náutico) y Esther Irigaray (Aquarium) comparten sus vivencias y hablan de los obstáculos que han tenido que superar para ganarse el respeto y el reconocimiento en sectores tradicionalmente copados por hombres.

Los estudios universitarios es un camino que eligen miles de jóvenes vascos cada año, en torno a los 60.000 alumnos, lo que posiciona a Euskadi entre las cuatro comunidades con la tasa de escolarización universitaria más alta (mide el porcentaje de población entre 18 y 24 años que está matriculado en estudios de grado, máster y doctorado): un 33%, solo por detrás de Madrid (44,8%), Castilla y León (42,8%) y Navarra (34,9%). Por provincias, Gipuzkoa encabeza la lista estatal de población mayor de 15 años que cuenta con estudios superiores, casi la mitad de la ciudadanía (43,1%), según datos del INE de 2022. Asimismo, el número de alumnos que abandonan sus carreras universitarias es de los más bajos de todo el Estado –dos de cada diez alumnos deciden dejar sus estudios– y las tasas de inserción laboral, según el último informe de Lanbide disponible, se sitúan en un 90%. Son algunos datos que arroja el estudio ‘Datos y cifras del Sistema Universitario Español 2023-2024’ del SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) del Ministerio de Universidades. Pero hay más. Si las comparaciones se extienden a nivel europeo, Euskadi puede presumir de ser la sexta región con más población con estudios universitarios, según datos de Eurostat, que señala que el 56,4% de los vascos tiene una carrera. Un año más, las ciencias están a la cabeza del ranking de notas de corte más altas. En el top 5, el grado de Bioquímica y Biología Molecular ha sido este curso 2023/24 la titulación con la nota más alta de ingreso (12,98). Cabe recordar que es el resultado con el que accedió el último estudiante de primer curso. Le sigue Medicina en castellano (12,75); el doble grado en Física + Ingeniería Electrónica (12,64); el grado en Biomedical Engineering (12,53) y Medicina en euskera (12,48). Los números bajan considerablemente cuando se trata de titulaciones relacionadas con las ciencias sociales o las bellas artes. Para estudiar Sociología la nota de corte se sitúa en un 5, al igual que Antropología social.

Ubicado en el campus de la UPV/EHU en Leioa, Izotzalab, único en España, trabaja con muestras de Groenlandia y Monte Perdido. Las muestras se encuentran en un gran arcón congelador a 80 grados bajo cero. En este momento tienen 164 procedentes de Groenlandia y varias de Monte Perdido (3.348 m. de altitud, en Pirineos). Traer cualquiera de ellas hasta Euskadi es una epopeya que incluye un transporte a temperaturas que rondan los 50 bajo cero. La razón es «poder trabajar en un estado lo más cercano posible al original». Las de Groenlandia se extrajeron a una profundidad de 120 metros y las más antiguas se formaron hace entre 500 y 1.000 años. El Izotzalab se ocupa de investigar lo que los expertos denominan criosfera, «las partes del planeta con hielo natural: glaciares, icebergs, el hielo que se puede formar en un río, la nieve…», resume Sergio H. Faria, investigador Ikerbasque al frente de Izotzalab que llegó al BC3 en 2011. Con el equipo del que disponen estudian la microestructura del hielo. «El hielo está formado por pequeños granos cuyas características vienen determinadas por la temperatura, nivel de humedad, cantidad de precipitación del lugar donde se formó…. Podemos detectar contaminantes, polvo del desierto y la ceniza de erupciones volcánicas ocurridas hace cientos o miles de años», explica González. Esto es importante «porque se ha visto en estudios llevados a cabo en zonas polares que en las capas de hielo donde hay presencia de partículas, ya sean contaminantes de origen humano o partículas de origen natural transportadas por el viento, estas actúan como superficies de deslizamiento. Es decir, el hielo que esta apoyado sobre estas capas se deslizará mas rápido. Si tenemos en cuenta que en Groenlandia y la Antártida el hielo tiene un movimiento natural desde el interior de estas grandes masas de hielo hacia las zonas costeras, la presencia extendida de este tipo de partículas puede acelerar este movimiento hacia la costa. Y cuanto más hielo llegue a la costa, más va a contribuir a la subida global del nivel del mar».

"Cada día que pasa se complica la búsqueda de una solución a la escasez de vivienda que padece nuestro país, particularmente entre los jóvenes. La buena marcha de la economía, avalada esta semana por el veredicto favorable del informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), es una realidad que podría restar sensación de urgencia: los expertos del Fondo pronostican un avance del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 2% tanto este año como el que viene, sostenido por el dinamismo del mercado laboral y la solidez de la posición competitiva del tejido productivo en un contexto internacional complejo. Sin embargo, como lo reconoce el Fondo, la escasez de vivienda, además de ser un problema social de primer orden, puede convertirse en una importante limitación, dificultando la movilidad hacia las zonas más dinámicas y constriñendo la capacidad de atracción de talento. Esto último es especialmente perjudicial para un modelo productivo como el español basado en la incorporación de fuerza laboral (y con poco avance de la productividad). El encarecimiento de la vivienda es por otra parte un factor de inflación, por su traslado a los costes de producción e, indirectamente, a las demandas de compensación salarial. Todo apunta a que el cuello de botella radica en la falta de oferta...La bajada de tipos de interés y las medidas de apoyo a la demanda, generalmente poco eficaces, no detendrán la escalada de los precios y el déficit de vivienda asequible". 

El 72% de las leyes que aprobó España el año pasado provenían de exigencias europeas a través de las directivas validadas desde Bruselas. Tres de cada cuatro normas tuvieron allí su epicentro. Aunque el impacto se nota aquí. Un porcentaje que ha ido creciendo con el paso del tiempo (en 2019 esas normas apenas representaban el 40% del total) por el papel vertebrador que ha ido tomando la Unión Europea. Ahora, con la formación de un nuevo Parlamento y una Comisión renovada, los países se enfrentan a un futuro que estará aún más condicionado por lo que se decida en Europa. Y ese futuro pasará por más gasto en defensa, más medidas para ser competitivos y tecnológicos frente a Estados Unidos o China y un nuevo camino para la integración económica completa. No son reglas escritas. Su ejecución dependerá de las mayorías parlamentarias que surjan de las urnas este domingo. Pero todos los partidos –de izquierda a derecha– se pondrán a partir de mañana frente a la realidad. Un espejo que no podrán obviar. Porque el mundo, más allá de esta cita electoral, ha seguido moviéndose. Y Europa «debe afrontar esos problemas de seguridad, integración, tecnología y competencia», explica Enrique Feas, investigador principal del Real Instituto Elcano. El del gasto en defensa es «el elefante en la habitación de la Unión Europea», destaca Víctor Burguete, investigador sénior en el área de Geopolítica Global y Seguridad de CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). «Debemos preguntarnos cómo podemos hacer frente a las necesidades en seguridad independientemente de que gane Donald Trump en noviembre», destaca este experto. Porque EE UU «se muestra mucho menos comprometido» en esta materia con el paso del tiempo. Burguete anticipa que las inversiones en defensa «van a pasar a representar un peso importante en los presupuestos comunitarios, cuando hasta ahora eran algo residual».

El modelo económico de la Unión Europea, una cuestión de identidad, está en jaque por las nuevas tensiones fiscales y el envejecimiento de la población. Los países asumen nuevas obligaciones derivadas de la transición verde mientras los tambores de guerra redoblan la presión para incrementar los gastos en defensa. Todo ello en un contexto en el que la vuelta de las reglas fiscales obliga a los socios comunitarios a vigilar sus déficits y a prescindir del comodín del endeudamiento. España, además, va reduciendo poco a poco su brecha recaudatoria con la Unión Europea, por lo que el margen fiscal se va agotando. Al mismo tiempo, el desembolso en pensiones y dependencia crece irremediablemente al calor del aumento de la esperanza de vida y la jubilación de la pobladísima generación del baby boom. Todos estos mimbres ponen el futuro del Estado del bienestar contra las cuerdas y obligan a tomar medidas. “No puede ser que los jóvenes hayan perdido la confianza y piensen que no van a tener pensiones”, alerta Elisa Chuliá, investigadora de Funcas. El concepto del Estado del bienestar y su alcance no tiene una definición estática y absoluta. “Depende exclusivamente de cuánto queramos gastar como porcentaje de nuestro PIB. Y no hay una cifra mágica, sino que la marcamos como sociedad”, explica José Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea. El problema, prosigue Toni Roldán, director de EsadeEcPol, es el “creciente tensionamiento” de las capacidades fiscales de los Estados por la crisis climática, el envejecimiento y las presiones geopolíticas, un cóctel que “pone en riesgo la viabilidad del sistema”.

En un mundo más hostil que el que existía hace cinco años, el bloque debe actualizar su modelo para sobrevivir. Y, en esta encrucijada, los europeos acuden hoy a las urnas para decidir la dirección que debe tomar el bloque en materias económicas, migratorias, de defensa y de ampliación; todo ello con la ultraderecha y los movimientos euroescépticos ganando terreno, según los sondeos. Los europeos son conscientes de lo que está en juego, aunque las encuestas apuntan a una discreta tasa de participación para unos comicios que históricamente no han sido capaces de movilizar. En la próxima legislatura la Unión necesitará una «refundación» para dejar a un lado una estructura «diseñada para la posguerra», afirma el mandatario francés Emmanuel Macron. El presidente galo apunta que el bloque debe actualizarse para enfrentar de forma más efectiva los desafíos globales y crisis internas. El canciller alemán, Olaf Scholz, coincide en que hay que llevar a cabo reformas económicas y de defensa para mantener la competitividad de la UE, mientras el presidente español, Pedro Sánchez, aboga por una mayor cooperación en materia migratoria y climática. Las fórmulas son diferentes, pero todos los líderes coinciden en el diagnóstico: Europa debe fortalecer su papel en el escenario internacional si quiere prevalecer en un contexto global marcado por la inestabilidad geopolítica, la incertidumbre y la competencia comercial con Estados Unidos y China.

Aireapocalipsis’. Incluso se llegó a acuñar un término para referirse a los elevados niveles de contaminación atmosférica que afectaban a China hace una década, cuando era el país con más partículas en suspensión del planeta. El triste ranking de las ciudades con el aire más sucio estaba liderado por Linfen, una localidad de la provincia de Shanxi rodeada de minas de carbón en la que sus residentes lamentaban que no podían secar la colada al aire libre porque se quedaba negra. Incluso en la capital, Pekín, los niveles se disparaban por encima del máximo que los instrumentos de medición pueden detectar, y los gigantescos rascacielos se convertían en sombras escondidas tras una densa capa de bruma. De ‘nierda’. En 2015 se llegó a decretar una alerta roja con niveles de contaminación 50 veces por encima de la concentración máxima saludable. Durante varios días, se impusieron medidas tan drásticas como la suspensión de todas las obras, el cierre temporal de las industrias más contaminantes, y la prohibición de circular a la mitad del parque móvil. A la población se le pidió que no saliese de casa salvo que fuese estrictamente necesario. Era una situación que mataba prematuramente a millones de habitantes y que tenía un abultado coste económico. El gobierno chino tomó conciencia y se puso manos a la obra. Todo ha cambiado desde entonces. Ahora, el listado de las ciudades más contaminadas del mundo está copado por otro país: India, al que pertenecen 42 de las 50 más sucias, según el minucioso ranking de IQAir. Solo Lahore, en Pakistán, rompe con la hegemonía hindú en el top 10. La primera ciudad china aparece en el puesto 13, y solo le acompaña otra en ese medio centenar de nombres de la vergüenza.