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Kutxabank ha comunicado este martes la adquisición definitiva de Norbolsa que incorpora de forma íntegra para canalizar su banca de inversión. Una apuesta que pasa por el cambio de nombre de la entidad que será a partir de ahora 'Kutxabank Investment-Norbolsa'. Es un paso más en el avance que el banco vasco ha decidido dar en la prestación de servicios financieros y en el asesoramiento a empresas. La entidad de inversión era, en un 75%, del banco surgido de la fusión de las antiguas cajas de ahorro y había nacido como la puesta en común de varias entidades vascas para ofrecer servicios de inversión y financiación en mercados de capitales. Quedaban todavía en el accionariado la Caja de Ingenieros (con un 10%) y Laboral Kutxa, que había heredado el 5% de Ipar Kutxa. El pasado mes de marzo, se produjo la salida de Abanca, que vendió su 5% al banco vasco presidido por Antón Arriola. Con la adquisición del 100% de Norbolsa, Kutxabank completa un paso en su nueva estrategia para ofrecer servicios más cualificados a las empresas. En esa línea ha encuadrado el movimiento el consejero delegado de la entidad, Eduardo Ruiz de Gordejuela, que, mediante un comunicado, ha reconocido que «esta adquisición permite a Kutxabank ser el accionista único de Norbolsa y reafirma nuestra apuesta por la unidad especializada en la prestación de servicios financieros, de banca de inversión y de asesoramiento a empresas en los mercados de capitales». Norbolsa trabajó en 2023 con 36 emisores de renta fija a largo y corto plazo captando un total de 2.500 millones de euros, un incremento del 56% respecto al año anterior y una cifra que representa una cuota de mercado del 26%. En este año, Norbolsa ha actuado ya como colocador de bonos de Enagás y coordinadora global en la octava emisión de deuda sostenible del País Vasco. Una emisión institucional que alcanzó los 600 millones con una demanda total superior a 4.000 millones.

El final del primer capítulo de la OPA sobre Talgo se acerca. Magyar Vagon, el grupo húngaro dispuesto a ofrecer un total de 617 millones de euros por el 100% de las acciones de la compañía, ha dado un paso importante para poder registrar formalmente la oferta pública de adquisición (OPA). Según han confirmado fuentes conocedoras de la negociación, la corporación ha recibido por escrito de los cinco principales bancos, entre los que están Santander, BBVA y CaixaBank, el acuerdo para mantener la financiación de la deuda de Talgo. Y es que el fabricante de trenes de origen vasco tiene un total de 220 millones financiado con cláusulas de amortización. Es decir, que si cambian los dueños de la empresa es necesario pagar todo el préstamo. Este punto era clave e hizo imposible registrar la OPA en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 9 de febrero. El regulador señaló que no podía tramitar una OPA condicionada a un eventual acuerdo con la banca. Eso abrió una carrera de reuniones que ha mantenido la corporación industrial húngara dirigida por Andras Tombor en las últimas tres semanas. Las entidades financieras que prestan a Talgo con estas condiciones superan la quincena y no todas han cerrado el acuerdo, que ha de negociarse una a una, pero sí las que ostentan la mayor parte del crédito. Según señalan las mismas fuentes, «lo suficiente para seguir adelante con la operación porque no se puede prolongar más este ‘impasse’». Una vez resuelta esta cuestión se espera de modo inminente que el consorcio magiar registre la oferta pública por Talgo a lo largo de esta misma semana. El Gobierno central ha reclamado que se mantenga un control estratégico sobre Talgo. 

Multiverse Computing, firma que desde San Sebastián es pionera en la computación cuántica y todo un referente en esa tecnología en Europa, ha dado un golpe sobre la mesa al captar en un solo movimiento nada menos que 25 millones de euros con los que apuntalar su crecimiento. Una magnífica noticia que consolida a la empresa fundada en 2019 por Román Orús, Enrique Lizaso-Olmos y Sam Mugel, que desde el principio apostaron por Donostia como su cuartel general desde donde dar el salto al exterior. Aquí trabajan ya casi 150 personas de 26 nacionalidades que serán 200 este mismo año. La empresa juega también un papel protagonista en el desarrollo del hub cuántico que se desarrolla en San Sebastián, y que tiene como punta de lanza el superordenador que IBM instalará en la ciudad el próximo año. Semejante inyección económica servirá, según explicó ayer el propio Román Orús a DV, para «acelerar» el desarrollo del software y de los productos en los que trabaja Multiverse, así como para potenciar su «expansión global», incluida la que la firma quiere llevar a cabo en el mercado estadounidense. «Es un mercado enorme y queremos estar allí, analizamos ya un par de ubicaciones», señaló, para recordar que la firma está ya presente en Toronto, París, Alemania e Italia. La operación, la más importante de la historia realizada en el sector en el Viejo Continente (no se puede olvidar que Multiverse Computing sigue considerándose como una ‘start up’ a pesar de su crecimiento en los últimos años), ha estado liderada por Columbus Venture Partners, la institución inversora que impulsó y promovió la llegada a Donostia de otra firma de referencia como es Viralgen.

Los centros de investigación cooperativa Biogune, Biomagune, Energigune y Nanogune han firmado hoy un acuerdo para fortalecer la infraestructura vasca de microscopía electrónica. La firma se ha realizado en el marco de una jornada para dar a conocer el último instrumento instalado en Nanogune, el CRYO Plasma FIB, un dispositivo singular de nanofabricación avanzada y microscopía electrónica que es uno de los pocos que hay en Europa. El nuevo instrumento, «una metralleta de átomos» que ha sido diseñada a la carta, según el director de Nanogune, José María Pitarke, dará soporte a centros de investigación y a la industria del País Vasco y de todo el mundo en campos como la ciencia de materiales relacionada con la física a baja temperatura, las baterías de ion-litio para el sector energético y la tomografía celular crioelectrónica. El equipo, que ha costado 1,5 millones de euros, ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. CRYO Plasma FIB es un equipo de fabricación en la nanoescala. Para explicar su funcionamiento, Pitarke utilizó como símil el trabajo de un escultor «que da forma a un material con la ayuda de un cincel». El dispositivo «manda átomos que al llegar a la muestra la cortan y le dan forma», dijo el director de Nanogune. «El nuevo equipo combina características que normalmente no están presentes juntas en un solo instrumento: un amplio conjunto de detectores para aplicaciones del ámbito de la ciencia de los materiales, la opción de extracción de gran volumen dirigida al sector de las baterías y la industria, y una opción de crio típicamente dedicada a aplicaciones biológicas», señaló durante la presentación del acuerdo Andrey Chuvilin, investigador Ikerbasque y líder del grupo de Microscopía Electrónica de Nanogune.

La fuerte recuperación del empleo y también de la situación económica en general tras el impacto del Covid hizo que en 2022 la mayoría de los contribuyentes guipuzcoanos mejoraran de forma considerable sus ingresos, como se refleja en las declaraciones del IRPF presentadas en ese ejercicio. Una fotografía que muestra que la mejoría económica llegó prácticamente a todos los bolsillos. De hecho, y según los datos aportados por la Hacienda guipuzcoana, en ese ejercicio fiscal no solo aumentó el número de contribuyentes que realizaron la declaración de la Renta respecto a dos anteriores –2020 fue el año de la pandemia–, sino que se incrementó la cifra de guipuzcoanos que mejoraron sus ingresos casi de forma generalizada, ya que lo hicieron en todos los tramos de base imponible menos en los dos más bajos, donde había menos contribuyentes. Así consta en una respuesta realizada por el Departamento de Hacienda que dirige Jokin Perona en las Juntas Generales de Gipuzkoa a una solicitud de información requerida por el portavoz del PP en el parlamento foral, Mikel Lezama. Según esta información, en 2022 había 47.589 guipuzcoanos con una base imponible inferior a los 10.000 euros, un 10,63% menos que en 2020, cuando esa cifra superaba los 50.000 contribuyentes. Cabe recordar que hasta los 14.000 euros de ingresos –no confundir con base imponible, donde a los ingresos se le resta entre otras cosas una aportación a una EPSV– no es obligatorio realizar la declaración de la Renta en Gipuzkoa. El segundo tramo, los que tienen unos rendimientos entre 10.000 y 20.000 euros, también decreció. En este caso algo menos, un 6,06%, dejando la cifra total de contribuyentes en 91.911. A partir de ahí, empieza a incrementarse el número de guipuzcoanos que declararon tener más ingresos.

José Manuel López Conde, más conocido como Tximi, reconoce que es un afortunado por ejercer su profesión en el País Vasco. Desde hace casi 30 años está en la misma compañía de ingeniería automotriz, Gestamp, donde ejerce como presidente del comité de empresa europeo. Las casi tres décadas que lleva en el sector le han permitido comprobar que no hay comunidad autónoma en la que se dedique menos tiempo al trabajo sin que esto vaya en detrimento de los salarios. En su opinión, “las jornadas son mucho menores que en Castilla y León o cualquier otro territorio porque los convenios provinciales son mejores y eso da un gran margen de maniobra”. La otra cara de la moneda es Margarita Vera. Ella trabaja en el almacén de una empresa de uvas en Murcia. Así lo constata un informe reciente de Fedea, según el cual Murcia fue el territorio que más tiempo efectivo por asalariado registró en 2022: 1.612 horas anuales. Castilla-La Mancha y Baleares fueron los otros territorios con mayor jornada computada; y en contraposición, los empleados del País Vasco obtuvieron la tasa más baja, con casi 100 horas menos –1.529–. En 2023, Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha fueron tres de las cinco comunidades con más horas efectivas en un trabajo a tiempo completo. Los empleados de estos territorios registraron en promedio 36 horas a la semana, tres más que sus homólogos en el País Vasco. Esta brecha tiene un agravante: la paga. Y es que mientras en ninguno de los tres territorios del sur se superan los 2.000 euros brutos mensuales, el vecino del norte ostenta los salarios más elevados de España –una media de 2.545,8 euros brutos, según la encuesta de población activa–. Este escenario pone en entredicho esa vieja máxima de que a más horas en la oficina, mejores resultados y más dinero. Por el contrario, la OCDE, la Comisión Europea y el FMI apuntan a que el promedio de horas trabajadas cae cuando hay un mayor nivel de productividad y valor añadido en la actividad. Por eso no es de extrañar que sea el País Vasco, la comunidad con la mayor tasa de productividad en España, el que ostente el menor tiempo efectivo de trabajo. 

“No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. Es una locura seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora”. Estas palabras el lunes de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han causado revuelo en las últimas horas. No solo contestaron de inmediato las patronales hosteleras, sino que también lo hizo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo”. Este cruce de declaraciones se da entre dirigentes políticas de un país que, según Eurostat, trabaja tantas horas como la media europea, pero más que los países más avanzados, que se emplea más por la noche que el promedio y cuya jornada laboral está mucho peor repartida a lo largo del día. Esta anomalía horaria de los españoles es un círculo vicioso: afecta a las jornadas laboradas, los horarios del comercio, bares y restaurantes; la hora a la que empiezan los colegios; los momentos para las comidas y las cenas; hasta el tiempo de sueño (en España se duermen 20 minutos de media menos que en los países europeos). Y el debate sobre si habría que modificar estos horarios salta de vez en cuando a la palestra. Sin embargo, no se quedan ahí, ya que todas estas cuestiones están también en la agenda del Gobierno actual. Ya en la legislatura pasada Yolanda Díaz comenzó a trabajar en una ley de usos del tiempo que no pudo llegar a aprobar por el adelanto electoral, pero que ha vuelvo a incorporar en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Sumar.

«Trabajar en horario nocturno tiene riesgos para la salud», recalcó el lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre la polémica suscitada por los horarios de algunos restaurantes españoles, abiertos más allá de la una de la madrugada, algo que en su opinión «no es razonable». Ayer, el ministro responsable de este área, Jordi Hereu, criticó la posición de su compañera de Ejecutivo y dio un espaldarazo al sector: «El sector turístico está haciendo un gran esfuerzo, tengo una visión muy positiva del sector. Yo no estoy por levantar debates sobre el vacío, sino por trabajar codo con codo con sindicatos y empresarios», señaló en declaraciones a los medios en la feria ITB de Berlín. El titular de Industria y Turismo destacó que se ha reducido notablemente la temporalidad y se han aumentado los salarios en los últimos años, un «gran esfuerzo por retener el capital humano que trabaja en el sector». Hereu se posiciona en este debate del lado de la Comunidad de Madrid, que contestaba a Díaz en redes sociales presumiendo de que su ciudad tiene «la mejor vida nocturna» y acusándola de querer que los ciudadanos estén «aburridos y en casa». Sobre ello, la vicepresidenta acusó a Isabel Díaz Ayuso por «frivolizar» con este tema: «La presidenta de la Comunidad de Madrid parece olvidar que a partir de las 10 de la noche las jornadas son nocturnas y, por tanto, tienen ciertos riesgos. Tienen riesgos de salud mental y tienen que con- llevar una retribución diferente». Además, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, reconoció en declaraciones a este periódico que la vicepresidenta ha «mentido sin pudor» al decir que se había reunido con el subsector. «Esto ha sido una demostración de ignorancia supina», señaló Yzuel, que dijo que son los restaurantes europeos los que «envidian» la forma de trabajar en España, «líder en turismo», y que si abren hasta la una es «porque tienen clientes y dan respuesta a su demanda».

Los hosteleros de Gipuzkoa no comparten la propuesta de la vice presdenta Yolanda Díaz de adelantar el cierre de los locales porque «estar abiertos a la una es una locura» y se muestran «indignados» por lo que consideran un «disparate». Según explican, los locales de hostelería ajustan los «horarios a la demanda de la sociedad», por lo que cerrar antes sería «una masacre» para el sector. «Nosotros ajustamos nuestros horarios a la demanda de la sociedad y es ella la que decide de manera libre cuándo hacer una reserva. Siempre nos hemos adaptado a lo que demandaba la sociedad, como ocurrió durante la pandemia cuando adelantamos el horario de las cenas».

Una amplia mayoría de donostiarras se muestran «preocupados» por el impacto que el turismo tiene sobre sus vidas en un estudio realizado por la UPV/EHU, y financiado por el Ayuntamiento donostiarra y el Gobierno Vasco, que revela que siete de cada diez habitantes considera que la actividad ha tocado techo y tiene algún efecto negativo. En concreto, el 82% de los consultados en este trabajo de campo cree que el número de turistas que visita Donostia es «excesivo o muy excesivo» y el 75% entiende que no hay margen de crecimiento del turismo en la ciudad. Además, el 80% denuncia que los problemas derivados de esta industria son «muy importantes» y el 62% alerta de que está afectando «gravemente» al municipio. Entre las principales afectaciones señaladas, la inmensa mayoría afirma que el fenómeno turístico influye en el aumento de precios en sectores como la vivienda (91%), el comercio (82%) y la hostelería (95%). El 82% se siente «desplazado» de las zonas de ocio turístico, como la Parte Vieja, y el 55% critica la pérdida del pequeño comercio tradicional frente a las grandes cadenas o establecimientos orientados al cliente foráneo. Sobre el uso del espacio público, el 91% señala que el turismo implica más problemas de tráfico y aparcamiento, el 73% indica que genera más ruido y suciedad, el 78% apunta que promueve una mayor ocupación de las aceras por parte de la hostelería y el comercio en detrimento de la población local y el 90% advierte de que provoca aglomeraciones en las calles. La valoración de la gestión turística por parte de la administración también es negativa. El 85% defiende que debería aumentar la participación ciudadana y el 78% lamenta que las políticas públicas están más orientadas hacia el turista que hacia los residentes. Sobre la confianza en las instituciones, alrededor del 70% no comparte las decisiones turísticas del Ayuntamiento. 

La Fundación Novia Salcedo y el departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ponen en marcha una nueva edición de su programa ‘Reactívate’ para facilitar a los jóvenes el acceso a las empresas vascas. En esta ocasión se ofertan 140 becas remuneradas con una duración máxima de cinco meses y una dotación bruta de entre 772 y 1.134 euros mensuales en función de si se hacen 25 horas semanales, que es el mínimo establecido, o el máximo de 35 horas. Para participar en el programa los jóvenes deben tener entre 16 y 29 años, estar en situación de desempleo o de mejora del empleo, registrarse en Lanbide y tener estudios de grado universitario, ciclos formativos de FP o certificados de profesionalidad. De forma excepcional se aceptará también a alumnos del último año que puedan compaginar sus estudios con prácticas y a mayores de 30 años. Por parte de las empresas, los puestos de las becas se repartirán de forma proporcional en los tres territorios –50% Bizkaia, 30% Gipuzkoa y 20% en Álava– y se asume el compromiso de designar a una persona tutora que supervisará el correcto desarrollo de la práctica. A la finalización se podrá alargar hasta un máximo de tres meses. La dotación está financiada al 100% por el Gobierno vasco y se le aplica una retención del 2% en el IRPF y la cotización a la Seguridad Social, actualmente fijada en 10 euros al mes.

La economía europea se vio sumida en el estancamiento el año pasado, alternando trimestres de contracción con otros de muy débil crecimiento, pero parece arrancar este ejercicio con mejor pie, gracias principalmente al sector servicios y a la economía española. De acuerdo con el Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) publicado por S&P Global, la actividad en la eurozona “se acerca a la estabilización en febrero” con un registro de 49,2 puntos, 1,3 enteros por encima de la cifra de enero y muy cerca de la cota de 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción. Y el dato español queda bastante por encima de estas cifras, con 53,9 enteros. Unas cifras que respaldarían el optimismo del que hace gala el Gobierno frente a otros analistas. “La vitalidad económica del sector servicios de la eurozona se originó predominantemente en el sur. España [54,7 enteros en este sector] e Italia [52,2] marcaron su sexto y segundo mes consecutivo de aumento de la actividad comercial del sector servicios respectivamente, en contraste con Alemania [48,3] y Francia [48,4], cuyas contracciones continuaron”, señaló Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del estudio. “Sin embargo, un tema en común entre las cuatro principales economías de la eurozona es el robusto ritmo de contratación de empleados. Esta tendencia apunta a una creciente sensación de optimismo y sugiere que la recuperación del sector continuará”. Aunque el sector servicios supone el grueso de la economía en todos los países desarrollados, la industria sigue lastrando la actividad europea, especialmente en los países centrales del euro. En concreto, el sector manufacturero solo se sitúa en positivo en España (51,5 puntos), lo que sitúa el PMI compuesto en 53,9 enteros, por delante de Italia (51,1) y a mucha distancia de Francia (48,1) y Alemania (46,3), que todavía siguen en terreno contractivo tras el duro retroceso de la actividad en la segunda mitad del año pasado. Sin embargo, el sector manufacturero también empieza a ver la luz al final del túnel, si bien los indicios positivos no se reflejan todavía en las cifras de actividad. 

Una batalla judicial ha ido fraguándose en los últimos meses entre empresarios y entidades financieras a costa de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia de Covid. Una garantía que permitió desatascar 140.000 millones de euros de financiación en el peor momento de la crisis pero que ahora enfrenta a la banca, que reclama el 100% de la deuda a las empresas beneficiarias y sus avalistas particulares, mientras que algunos de estos se revuelven y exigen que sea el ICO quien se haga cargo del 80% de los préstamos impagados. Un pulso que arroja ya sentencias a favor de una y de otra parte, lo que promete alargar la guerra hasta que el Tribunal Supremo acabe poniendo paz. De momento, concretamente, diferentes juzgados han dado a luz a dos sentencias favorables a la banca y una que da la razón al avalista particular. En todos los casos la controversia se centra en que los anuncios gubernamentales y la publicidad de estas líneas de financiación centraban su mensaje en el hecho de que el Estado cubría el 80% del riesgo crediticio. A partir de ahí, los empresarios que avalaron los créditos sostienen que, por ende, su responsabilidad ante el impago del beneficiario solo debe abarcar ahora el 20% del préstamo. La banca y el ICO, por su parte, exponen que lo que el Estado hizo fue ofrecer una segunda red de seguridad para cubrir el 80% de la deuda que quedase pendiente de devolver una vez que el banco hubiera tratado de recobrar el 100% del beneficiario y ejecutado sus garantías habituales, como vía para desatascar financiación en condiciones ventajosas en un momento de máxima incertidumbre, dado el riesgo de que tanto empresa como avalista quebraran durante la pandemia. A partir de ahí, el primer fallo en contra de los empresarios y favorable a la banca, en este caso BBVA, fue emitido por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Lleida el pasado noviembre. 

GSK ha elegido España para albergar el que será su primer laboratorio de máximo nivel de bioseguridad (BSL-4), que estará ubicado en las instalaciones del centro de I+D de Salud Global que la biofarmacéutica británica tiene en Tres Cantos (Madrid). Las obras para la construcción del laboratorio ya están en marcha, con la previsión de que terminen a finales de año, tras una inversión inicial de más de 4,5 millones de euros. El centro de I+D de GSK ya cuenta con un laboratorio del nivel de bioseguridad inmediatamente anterior, BSL-3, que también es uno de los pocos de una entidad privada en España. Es un laboratorio de alta contención, donde se trabaja con agentes biológicos capaces de provocar infecciones graves y potencialmente letales. La diferencia con el nuevo laboratorio BSL-4 es que en este último se podrá trabajar con agentes biológicos que pueden causar enfermedades graves y para los que no existen tratamientos o métodos de prevención, como vacunas. Por eso, una vez inaugurado, sólo se permitirá el acceso al nuevo laboratorio a un reducido número de empleados con la formación adecuada para preservar la máxima seguridad. El equipo encargado de trabajar en el nuevo laboratorio estará compuesto por personal altamente cualificado. Aunque ya tengan experiencia en laboratorios de biocontención, incluso de bioseguridad tipo 3, todos recibirán entrenamiento adicional para desarrollar su labor en las nuevas instalaciones, para asegurar la máxima seguridad.

España registró en 2023 récord histórico de dimisiones, ya que 2,75 millones de trabajadores abandonaron voluntariamente su puesto, un 260% más de las que se producían en el país hace una década, según recoge el último Observatorio Trimestral del Mercado Laboral de Fedea, BBVA Research y Sagardoy Abogados. Sin embargo, aunque este boom de bajas voluntarias podría responder al dinamismo del mercado laboral y las facilidades para encontrar un nuevo empleo, los datos demuestran que en la mayoría de los casos no es así, ya que sólo un 27% de quienes abandonaron su empleo lo hicieron para acabar trabajando en otro mejor remunerado. El 73% restante se dividió a partes iguales entre los que siguieron cobrando lo mismo cuando se reincorporaron al mercado laboral y los que incluso empeoraron su salario (un 36%). Además de la evolución salarial, otro dato que demuestra que la rotación no es la causa principal de las dimisiones es que un 58% de los que abandonaron su empleo el año pasado no volvió a trabajar a corto plazo o tardó dos meses en hacerlo, lo que parece indicar que no tenían un plan B cuando dejaron su trabajo. Un 26% lo hizo en una semana y un 11% tardó hasta un mes. Que una proporción elevada de los que dimiten de su empleo lo hagan sin tener otro trabajo o para cambiarse a otro peor remunerado lleva a los expertos a sospechar que realmente estas dimisiones «no sean en realidad tan voluntarias» como parece, a menos que se hagan para mejorar en otras condiciones laborales (como horario o conciliación). Florentino Felgueroso, investigador de Fedea y coordinador del Observatorio junto a Rafael Doménech, responsable de análisis económico de BBVA Research, lo explica: «En casos de mucha vulnerabilidad, puede ocurrir que la dimisión se imponga, o incluso se puede haber acordado al principio. Dado que hay contratos indefinidos en puestos que antes se cubrían con temporales, se puede pactar con el trabajador aunque sea ilegal que la duración sea tanta y en el día que sea dimitan porque está pactado». «En la mayoría de los casos, los que dimiten no mejoran su puesto ni su cotización, o incluso pueden empeorar. Una movilidad voluntaria de este tipo es rara. Es difícil demostrarlo, pero creemos que puede haber casos en los que se pacte cuando haya una situación de vulnerabilidad», apunta. Según esta sospecha, dado que en algunos casos los empresarios no pueden hacer un contrato temporal que acabe en un determinado momento, estarían presionando a los trabajadores a que firmen un contrato indefinido a cambio de dimitir en esa fecha.

Esta semana arrancó en Pekín la reunión anual del Parlamento chino. Las primeras sesiones giraron en torno a las tormentas económicas que están sacudiendo al gigante asiático. Cuando el primer ministro Li Qian presentó el martes el objetivo de crecimiento económico en torno al 5% para este 2024, hizo hincapié en que había que apostar más por las «nuevas fuerzas productivas» y menos por los «motores de crecimiento tradicionales». Es decir, que la innovación tecnológica tiene que estar en el centro de las políticas de desarrollo para pasar por encima de la rémora de la cada vez más profunda crisis del sector inmobiliario, que tradicionalmente ha representado cerca de un tercio del PIB del país. El informe de trabajo que leyó Li dejaba claro que China formulará planes para desarrollar industrias emergentes como la IA y la computación cuántica, y que continuará esforzándose por lograr la autosuficiencia tecnológica. «Aprovecharemos plenamente las fortalezas del nuevo sistema para movilizar recursos a nivel nacional y aumentar la capacidad de innovación de China en todos los ámbitos y reducir la dependencia de proveedores extranjeros», destacó el primer ministro. En la previa al comienzo del cónclave político, Zheng Shanjie, jefe del organismo de planificación económica, se dio un paseo por las empresas de IA y los institutos de investigación más punteros del país. «Zheng alentó a que todos los trabajadores se adaptaran proactivamente a las tendencias actuales de revolución tecnológica y transformación industrial, a que crearan las aplicaciones necesarias para acelerar el desarrollo de alta calidad de nuestro país, empezando por la inteligencia artificial», rezaba un comunicado publicado por las autoridades chinas.

China aspirará a alcanzar un crecimiento económico de alrededor del 5% este año, una tasa que los analistas han descrito como “ambiciosa”, mientras la segunda economía más grande del mundo lucha contra desafíos que van desde una desaceleración del sector inmobiliario hasta la débil confianza de los inversores. El primer ministro Li Qiang, número dos del presidente Xi Jinping, anunció un objetivo de déficit presupuestario acorde con la cifra del año pasado y nuevos bonos especiales del Gobierno central, pero decepcionó a los inversores que esperaban un mayor impulso del gasto para la economía. “La base para la recuperación y mejora continua de la economía de nuestro país aún no es sólida, con una demanda insuficiente, exceso de capacidad en algunas industrias, expectativas sociales débiles y muchos riesgos persistentes”, dijo Li al presentar su “informe de trabajo” ante casi 3.000 delegados que llenaban el Gran Salón del Pueblo de Pekín. Los inversores están atentos a las reuniones de este año, conocidas como las Dos Sesiones, de la Asamblea Nacional Popular (ANP), el parlamento oficial del país, y la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el máximo órgano asesor, en busca de pistas sobre cómo planea Xi abordar la ralentización de la economía.

La decisión de los miembros de la OPEP+ de extender los recortes voluntarios de la producción de petróleo hasta julio no ha hecho más que retrasar la difícil cuestión de cuánto tiempo Arabia Saudí está dispuesta a soportar el peso de una menor producción mundial, señalan los analistas. La serie de recortes, que comenzaron en noviembre de 2022 ante la vehemente oposición de EEUU, ha reducido la producción de crudo en unos 5,3 millones de barriles diarios, o alrededor del 5% del suministro mundial. Estas restricciones del suministro han ayudado a apuntalar el precio del crudo durante los últimos 18 meses, pero han hecho que Arabia Saudí, que redujo su producción en 2 millones de barriles diarios, asuma la mayor parte del coste. Al hacerlo, ha cedido cuota de mercado a productores no pertenecientes a la OPEP, incluidos EEUU y Canadá, que se espera que bombeen niveles récord este año, según la Agencia Internacional de Energía. “Para Arabia Saudí, que ha invertido constantemente decenas de miles de millones de dólares al año en sus [actividades] de producción durante la última década, la capacidad inactiva tiene un coste diario: necesita volver a producir”, afirma Ben Hoff, responsable global de estrategia de materias primas de Société Générale. El reino “puede recuperar con relativa rapidez y en el momento que elija aproximadamente 3 millones de barriles diarios de suministro inactivo, [y] esta posibilidad pende sobre el mercado como la espada de Damocles”, afirmó. Por el momento, los inversores se muestran optimistas ante la amenaza. El precio del crudo apenas varió ayer. El Brent, el índice de referencia mundial, bajó un 0,3%, mientras que el WTI, su equivalente estadounidense, se mantuvo estable.

La Eurocámara y el Consejo (los Estados miembros) han logrado un acuerdo provisional sobre la propuesta de ley europea que busca hacer más sostenibles los envases y embalajes y reducir sus desechos, por lo que, además de incentivar el reciclaje y la reutilización, implicará la prohibición de algunos productos plásticos, como los botes en miniatura de los hoteles. Unas medidas que son, según la Comisión Europea, más que urgentes: cada ciudadano europeo tiró en 2021 casi 190 kilos de embalajes y envoltorios —más de 80 millones de toneladas entre todos—, que podría aumentar a 209 kilos en 2030. El acuerdo, que se conoció en la noche del lunes, debe ser aún ratificado por las dos partes. El texto negociado con el Parlamento a partir de la propuesta que hizo la Comisión a finales de 2022 exigirá que todos los envases sean reciclables para 2030, minimizará la presencia de sustancias nocivas y reducirá los envases “innecesarios”. Para ello, por ejemplo, productores e importadores deberán reducir al mínimo los paquetes, en los que el espacio vacío máximo será del 50%. También se impulsará la mejora de la recogida y el reciclaje: el 90% de los envases de hasta 3 litros de bebidas de plástico y metal de un solo uso deberán ser recogidos por separado a partir de 2029. La propuesta negociada mantiene los objetivos globales de reducción de envases propuestos en el reglamento (5% para 2030, 10% para 2035 y 15% para 2040) y llama a los países a reducir los desechos de embalaje. De ser finalmente adoptado, el reglamento llevará a la prohibición, a partir del 1 de enero de 2030, de ciertos envoltorios plásticos de un solo uso para fruta y vegetales frescos, o los de alimentos y bebidas que se consumen en cafés o restaurantes. Tampoco se podrán ofrecer a partir de esa fecha porciones individuales de condimentos, salsas o edulcorantes. También quedará prohibido envolver en celofán el equipaje en los aeropuertos.

El Gobierno federal alemán anunció ayer la creación de un fondo soberano que se espera alcance los 200.000 millones de euros en los próximos 12 años, para garantizar la financiación de las pensiones en el país ante el problema generacional y el imparable envejecimiento de su población. Similar al que funciona en Noruega desde hace décadas, el nuevo fondo gestionará inversiones de dinero público en bolsa y tiene como objetivo generar progresivamente capital, según explicaron los ministros federales de Finanzas y Trabajo, el liberal Christian Lindner y el socialdemócrata Hubertus Heil, respectivamente. Para la constitución del fondo, el Ejecutivo federal asumirá este año créditos por valor de 12.000 millones de euros. El capital aportado por el Estado aumentará un 3% anual en los sucesivos ejercicios, de manera que en 2025 serán 12.400 millones y en 2045, 22.300 millones. A esas cantidades hay que añadir la disposición hasta 2028 de activos federales por valor de otros 15.000 millones. El nuevo fondo será gestionado por una fundación pública encargada de invertir y aumentar el capital acumulado. Se espera que alcance los 200.000 millones para 2036 y aporte anualmente 10.000 millones al sistema de pensiones. Eso supondría para 2045 el 1,25% del gasto en pensiones previsto en ese año, que se calcula será de 802.000 millones. Este nuevo instrumento tiene como objetivo principal evitar que las aportaciones de los trabajadores al fondo de pensiones se dispare en las próximas décadas.

Más de la mitad del país ha hablado. Millones de votantes han acudido a las urnas. Solo ayer lo hicieron en 15 Estados de la Unión, más el territorio asociado de Samoa, en la jornada más intensa de las primarias, que continuarán hasta junio. La voz del pueblo está clara: la mayoría ha elegido que en noviembre se repita la tortuosa papeleta que enfrenta a Donald Trump contra Joe Biden. No queda más que cuadrarse y tomar posiciones. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que no se habla con Trump desde que reconociese la victoria electoral de Biden y le acusase de haber azuzado a las huestes al Capitolio, considera ofrecerle su apoyo. Después de todo es ya el nuevo jefe del partido, aunque las matemáticas todavía no le hayan dado oficialmente la nominación. McConnell ha anunciado que no mantendrá su puesto a partir de noviembre, pero necesita colaborar con el expresidente para que los resultados legislativos en las urnas sean los mejores posibles. En el lado del dinero, los multimillonarios también enfrentan su momento de la verdad. El inversor Mark Cuban dijo ayer a ‘Politico’ que apoyará a Biden en esta campaña porque «Trump es un vendedor de crecepelos». Cuban tiene un corte libertario que le ha hecho financiar los amagos presidenciales de Michael Bloomberg, y a candidatos conservadores como el senador de Utah Orrin Hatch, pero también a Hillary Clinton cuando se enfrentó a Trump. Como uno de los ricos de más alto perfil político, su opinión importa. Ayer reconoció que había apoyado a Nikki Haley en la primarias y votó por ella en Texas «como protesta» contra el magnate, pero incluso ese recorrido se ha terminado.

Euskadi cerró el 2023 en niveles máximos de criminalidad. Según los datos internos, la Ertzaintza contabilizó más de 105.800 infracciones penales en el País Vasco. Son un 6,8% más que en 2022 (99.000 infracciones penales). Es un aumento significativo, sobre todo si se tiene en cuenta que 2022 ya fue el curso «más criminógeno de la última década» y se cerró con «cifras récord» en este sentido. Solo las estadísticas recogidas por la Policía autonómica –que no tienen en cuenta los datos de las Policías locales y del resto de fuerzas de seguridad– evidencian que la criminalidad siguió sin dar tregua en 2023, aunque no todos los tipos delictivos se comportaron de igual forma. Hubo un ligero descenso en el número de robos con violencia (de 2.130 a 2.040), uno de los delitos que más preocupan a las autoridades y a la ciudadanía y que sigue arrojando cifras muy abultadas, sobre todo si se comparan con los años anteriores a la pandemia. Por contra, aumentan los robos en domicilios, las lesiones y los delitos contra la libertad sexual. Crecen con especial fuerza los casos más graves. El crecimiento delictivo de 2023 no fue tan espectacular como en el ejercicio anterior, pero hay que tener en cuenta que 2022 rompió gran parte de los registros conocidos, según explican fuentes especializadas. Se trataba de un año importante por varias razones: era el primero en el que ya no tuvieron influencia las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, que tuvieron una incidencia directa en la reducción de las tasas delictivas. Y lo cierto es que los datos superaron gran parte de las previsiones: la Ertzaintza registró 16.000 delitos más que en 2021 y unos 7.500 más que en 2019, el ejercicio precovid. Según un documento de la viceconsejería de Seguridad, el aumento fue especialmente «preocupante» en lo que se refiere a los robos con violencia (aumento del 33,5%), las lesiones (21%) y los delitos contra la libertad sexual (27%). La mayoría de las infracciones fueron contra la propiedad: hurtos, robos con fuerza... Los delitos que atentan directamente contra las personas supusieron el 10% del total estadístico.