20240630

Entrevista con el lehendakari Imanol Pradales. Elogia la figura de los empresarios, pero les pide que «paguen más y mejor a los jóvenes para cuidar la cantera vasca». "Hay que poner en valor la figura de la empresa y de quien arriesga e invierte en este país. Y creo que hay que acompañar desde el Gobierno con los instrumentos que el propio Gobierno tenga o pueda crear...Debemos tener un poquito más de ambición en el uso del Concierto Económico. Un buen ejemplo es la iniciativa que han tomado las diputaciones con la industria del cine. Hay que hacer lo propio en otras materias porque el Concierto tiene versatilidad para ello. Obviamente desde el rigor, obviamente desde la legalidad y el respeto a las reglas de la UE, pero con esa ambición de darle otra marcha más al Concierto...Los empresarios y los emprendedores me van a tener siempre cerca...Tenemos un nivel de conflictividad, especialmente en el ámbito público y parapúblico, que es muy llamativo. Y no puede ser. Nos lo tenemos que mirar un poco. Siendo apenas el 5% de la población en el Estado, no podemos tener en algún momento el 50% de todas las huelgas...Voy a mantener una reunión con cada uno de los sindicatos de este país, también con ELA. Debemos hacer una reflexión de país, porque la conflictividad nos resta competitividad...Tenemos que hacer un llamamiento para que los empresarios paguen más y mejor a los jóvenes. Deben cuidar la cantera vasca. Es una cuestión de salarios, pero también de desarrollo profesional, de atractivo empresarial, de flexibilidad, de conciliación... Lo que exigen los jóvenes ahora no tiene nada que ver con lo que sucedía hace veinte años..."

El lehendakari garantiza un plan de choque en asuntos como la sanidad y promete «pisar la calle». "La primera medida es una ronda con los partidos políticos y los agentes sociales para darles a conocer el programa de gobierno. Y abordar ya el Pacto Vasco de Salud. Me parece importante tener un plan de choque desde el primer día para mejorar la Atención Primaria y las listas de espera. Esos son los primeros deberes que nos hemos autoimpuesto...tenía lógica que hubiera un departamento sólo de Vivienda desde el punto de vista de la demanda social. El problema de la PAC, las protestas del mundo agrícola, las tractoradas... exigían también dar más protagonismo al sector primario. Y otro departamento de nueva creación que conecta con una reflexión que tenía hecha hace tiempo: tenemos un buen sistema universitario vasco pero no es puntero ni está conectado con la vanguardia de los sistemas universitarios y científicos en Europa. Y, aunque somos pequeños y no podemos pegarle a todo, si queremos estar a la vanguardia debíamos dar un salto cualitativo en ese ámbito. Y eso exigía dividir la consejería de Educación y crear otra de Ciencia, Universidades e Innovación...Desde que se aprobó la ley española se ha retraído la oferta de alquiler. Es la realidad y habrá que darle una vuelta...Sobre el fichaje de Erkoreka por la Diputación de Bizkaia, de los nombramientos de otros no tengo nada que decir. Cada institución es dueña de sus decisiones..."

Euskadi es con diferencia la comunidad autónoma con la jornada laboral más corta de toda España. Aún así, el plan del Gobierno para reducir el máximo legal desde las 40 horas a la semana actuales hasta las 37,5 en cómputo anual –1.712– va a obligar a las empresas a recortar la jornada de más de cuatro de cada diez trabajadores. En concreto, son 250.000 los asalariados cuyos convenios superan ese nuevo tope, según una primera aproximación realizada por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco. La cifra representa el 43,5% del total de empleados con sus acuerdos vigentes o prorrogados. Si además se suman los 34.400 con sus convenios decaídos, que probablemente tengan jornadas superiores, la suma roza los 285.000. Este recorte, que forma parte del acuerdo de gobierno de PSOE y Sumar, ha puesto en pie de guerra a las patronales, que advierten del fuerte impacto en las pymes de sectores como el comercio y la hostelería. Consideran que es una imposición en una materia propia de la negociación colectiva y que no se les ha dejado margen de maniobra en lo que tachan de «monólogo» social frente al diálogo. El borrador presentado por el Gobierno contempla una reducción de la jornada máxima de las 40 a las 37,5 horas para el 1 de enero de 2025, en cómputo anual (las citadas 1.712 horas). No obstante, incorpora un primer recorte inmediato hasta las 38,5 horas para este mismo año (1.758 horas), una vez se apruebe el nuevo decreto. La jornada media de los convenios vigentes negociados en Euskadi es de 1.686 horas (por debajo de las 37 a la semana), pero hay que tener en cuenta que cerca de 190.000 trabajadores vascos dependen de convenios de ámbito estatal, que en su mayoría contemplan jornadas anuales superiores a las 1.712 horas. 

Ni a los autónomos ni a los pluriempleados les afectará el límite de 37,5 horas y podrán tener jornadas más largas. Aunque ésta es una medida dirigida a los 16,8 millones de trabajadores asalariados de España, en realidad no tendrá impacto directo en todo el colectivo, porque una gran parte de los que están cubiertos por un convenio colectivo ya están realizando jornadas de 37,5 horas o inferiores. Tampoco afectará a los empleados públicos, que en Euskadi ya disfrutan de las 35 horas desde hace dos décadas. A quien no beneficiará será a los más de 3,3 millones de autónomos, que son precisamente los que realizan jornadas más largas. Ellos, junto con los trabajadores pluriempleados, serán los únicos que podrán trabajar por ley más de 40 horas semanales. Las empresas tendrán que reducir la jornada sin ningún tipo de merma salarial. Al contrario, supondrá una subida de salarios para los trabajadores a tiempo parcial, puesto que el texto recoge que «tendrán derecho al incremento proporcional de su salario», aunque también podría ser que les recorten horario. ¿Y qué pasará con aquellos que tengan jornada reducida? Al igual que los trabajadores a tiempo parcial, los que tengan jornada reducida o bien les tendrán que subir el sueldo o restar horas. No obstante, se da un plazo hasta finales de 2025 para adaptar las jornadas; así, por ejemplo, los que tengan la jornada reducida en un 50% (el máximo permitido) podrán seguir trabajando 20 horas semanales el año que viene...

La última vez que se acortó la jornada por ley en España fue en 1983, cuando se redujo de 43 a las 40 horas actuales. Pero a partir del próximo 1 de enero España tomará la delantera y se convertirá en el segundo país de Europa que tenga una jornada de trabajo más corta, si la norma se aprueba tal y como está actualmente redactada. No significa esto que los más de 21 millones de afiliados españoles trabajen todos 40 horas a la semana. Ni mucho menos. En realidad, la gran mayoría tiene ya jornadas inferiores, puesto que la mayor parte de convenios colectivos han ido pactando a lo largo de las últimas décadas recortes horarios. También en la inmensa mayoría de Europa el límite legal de horas semanales ordinarias está fijado en 40 horas, sobre la base de una semana laboral de cinco días y jornadas de ocho horas. Solo hay dos países en la actualidad que tienen una jornada reglamentaria más corta: Francia, donde está limitada a 35 horas, y Bélgica, donde el máximo permitido son 38 horas. Sin embargo, estos dos países establecieron reducciones en las cotizaciones sociales para ponerlo en marcha y compensar en cierta manera a las empresas, algo que en España no se contempla. Así por ejemplo, el Gobierno galo aprobó en sendas leyes de 1998 y 2000 reducir de 39 a 35 horas la jornada laboral estándar sin recorte salarial pero con alguna medida compensatoria y se dio un periodo transitorio de dos años. A cambio, las empresas recibieron incentivos económicos, como reducciones en las cotizaciones sociales de las empresas, se les permitió reorganizar su producción en cada caso particular y, asimismo, se fue implantando mediante convenios colectivos entre empresarios y sindicatos, pasando además a ser computadas las horas de forma anual, otro guiño a los empresarios. Es decir, se permitía mantener las jornadas de 39 horas pero luego se acumulaban las horas de más y se compensaba a los trabajadores con mañanas libres o días completos. En el lado contrario se ha situado recientemente Grecia, que ha dado un paso atrás. Así, desde este próximo lunes 1 de julio entra en vigor una nueva ley que permite a muchas empresas pedir a sus empleados que trabajen un día más, seis a la semana (y con una remuneración mayor), lo que supone elevar de 40 a 48 horas la jornada máxima permitida a sectores concretos. 

El transporte ferroviario ha dado un gran paso en la carrera hacia la movilidad sostenible gracias al tren de hidrógeno de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), que ha superado con «éxito» y con unos resultados «excepcionales» los más de 10.000 kilómetros recorridos con esta fuente de energía al completar siete trayectos de prueba en España y Portugal, con una autonomía máxima demostrada de 804 kilómetros. En pleno debate sobre la transición energética y la descarbonización, ahora la pelota está en el tejado de los operadores ferroviarios, que deben decidir si incorporan a sus flotas esta nueva tecnología. DV ha visitado la planta de la empresa beasaindarra en Zaragoza para conocer el tren de hidrógeno, un proyecto europeo basado en un Cercanías de la plataforma Civia reconvertido en un modelo bimodo e híbrido que se encuadra en el proyecto europeo FCH2Rail y que arrancó en 2021 y termina este año, con un presupuesto de 14 millones de euros, de los que 10 proceden de fondos europeos a través de la Clean Hydrogen Partnership. CAF ha sido la encargada de desarrollar este demostrador (el tren no deja de ser un prototipo), así como las baterías, los convertidores de potencia y el sistema inteligente de gestión de la energía incorporados a este cercanías. Este ferrocarril ha sido desarrollado por un consorcio de empresas formado junto a la beasaindarra por DLR, Toyota (aporta las pilas de hidrógeno), Renfe, Adif, CNH2, IP y Stemmann-Technik. La iniciativa está recibiendo el apoyo de empresas como Iberdrola (que suministra hidrógeno verde, obtenido desde fuentes renovables), Shie-Arpa, que proporciona una solución de dispensación de hidrógeno a alta presión, y Er-cros, empresa productora de H2 verde para aplicaciones de movilidad, que ha facilitado el uso de sus instalaciones en Sabiñánigo durante las pruebas.

La red ferroviaria actual tiene multitud de tramos sin tendido eléctrico que pueda alimentar trenes impulsados por electricidad y hace necesario el uso de unidades diésel para llegar a muchos destinos. Para conseguir una red con emisiones cero, sería necesario instalar tendidos eléctricos de catenaria por todos los recorridos ferroviarios, pero el elevadísimo coste de esta opción no la hace viable. La compañía beasaindarra CAF, junto a Renfe, Adif, Toyota, DLR, el Centro Nacional del Hidrógeno de España, Infraestructuras de Portugal y Stemmann Technik han probado con gran éxito durante más de 10.000 kilómetros un sistema modular y escalable capaz de transformar trenes eléctricos y diésel, actualmente operativos, en trenes bimodo e híbridos (pilas de hidrógeno + baterías). Estos trenes son capaces de circular en modo eléctrico en zonas con catenaria y en modo hidrógeno por zonas que carezcan de ella, por lo que pueden recorrer toda la red ferroviaria. Así se podría prescindir de los trenes diésel, sustituyéndolos por esta nueva tecnología cero emisiones.

Euskadi lleva desde el siglo pasado homologando diferentes títulos de enseñanza obtenidos en el extranjero. Hasta la fecha el Gobierno vasco podía convalidar diplomas de ESO, de Bachiller o FP. A partir del 1 de julio Euskadi dará un paso más. Ese día se completará la transmisión de esta competencia por parte del Gobierno central y el Ejecutivo vasco podrá comenzar a homologar títulos universitarios obtenidos fuera de Europa con los mismos efectos que la verificación que realiza el Ministerio de Universidades. De esta forma arquitectos o ingenieros a los que se les reconozca el título universitario en Euskadi podrá ejercer su profesión en todo el territorio estatal y europeo. Pero en el caso de medicina esta transferencia se queda coja. No será completa. Para ejercer como médico en el Sistema Nacional de Salud es necesario, además de contar con la licenciatura en Medicina, los facultativos deben haberse formado en alguna especialidad. Y el reconocimiento de esta segunda formación seguirá dependiendo del Gobierno central, en este caso de Ministerio de Sanidad. De forma que los médicos extranjeros que quieran verificar sus conocimientos en Euskadi solo podrán realizar aquí la mitad del camino. La otra mitad la tendrán que completar en Madrid. Eso sí, la comprobación que realizará Lakua le permitirá poder presentarse al examen MIR o trabajar en aquellos ámbitos en los que a los médicos no se les exige contar con una especialidad (mutuas, residencias, exámenes psicotécnicos o algunas ambulancias). La homologación de títulos universitarios en Euskadi busca desatascar el embudo que existe en este ámbito en el Ministerio de Universidades.

Hay trenes que pasan solo una vez en la vida. Eso reza el dicho. Por suerte, la mayoría lo hace dos, tres o hasta cuatro veces, porque cuando existe la voluntad de hacer algo y el entorno te acompaña, las oportunidades acaban surgiendo. Este podría ser el lema de las Escuelas de Segunda Oportunidad, creadas a nivel estatal en 2016 para acoger en sus aulas a aquellos jóvenes que han protagonizado fracasos escolares en su etapa formativa. Chicos con trastornos de atención, chicas con problemas de autocontrol, estudiantes que han repetido en más de una ocasión... Todos aquellos que fueron, «de manera injusta», desahuciados por el sistema educativo –así lo relatan las propias víctimas– viven una especie de prórroga académica en estos espacios, que en Euskadi acaban con el 70% de ellos con un título académico y con un empleo a los seis meses de terminar su formación.

El depósito remunerado sigue teniendo tirón entre los vascos como opción para destinar sus ahorros. Así lo demuestran los datos del Banco de España sobre la evolución de sus saldos en el primer trimestre de este 2024 y que el supervisor hizo públicos la semana pasada. En solo un año el dinero guardado en esta figura en Euskadi se ha duplicado alcanzando la cifra total de 13.635 millones de euros. Son 7.195 más que en el mismo periodo del año pasado y 1.629 millones más que en diciembre. Un dato que convierte al arranque de este 2024 en el que más dinero se destina a estas herramientas de ahorro desde la crisis financiera de 2008. Los tipos de interés son los principales responsables de esta situación con su regreso a cifras positivas en 2022 después de seis años. Un incentivo que no se apaga con el cambio de tendencia del Banco Central Europeo (BCE), que este mes ha abierto la senda de una estabilización de los tipos con un ajuste a la baja del 0,25%. El Banco de España estima en su último informe de estabilidad financiera que los tipos de interés estarán por encima de la actual remuneración de los depósitos y, en todo caso, no bajarán del entorno del 2% o 2,5% en los próximos dos años. Será una cuestión que seguirá condicionada a la política comercial de los bancos que mantienen una remuneración media de entre el 2,5% y el 3% condicionada en muchos casos a la contratación de otros servicios. El porcentaje de crecimiento de este ahorro es mayor que el de otras alternativas como fondos y planes de pensiones, pero estos últimos siguen acaparando la mayor cantidad de dinero invertido. Y es que siguen siendo muchos los vascos que están cómodos con esta fórmula por la que reciben intereses por el dinero de su cuenta corriente y del que pueden disponer de modo inmediato. La banca, que retrasó un año la remuneración de los intereses, ha dirigido a los clientes hacia los fondos y EPSV que, han propiciado intereses superiores a los depósitos. Son recursos que quedan fuera del balance de los bancos y, por lo tanto, las entidades no tienen que provisionar ni asumir su pago en intereses. En cambio, generan un ingreso recurrente por las comisiones de gestión.

Hoteles de Gipuzkoa, asociación integrada en Adegi, celebró el jueves su asamblea anual. El lugar elegido fue uno de los salones del hotel Catalonia, en el Alto de San Bartolomé. Allí se citaron directores y representantes de hoteles asociados de San Sebastián y de varias localidades de Gipuzkoa. Dio la bienvenida el presidente de Hoteles de Gipuzkoa, Raúl Fernández, con Virginia Elvira, coordinadora sectorial de Adegi. A continuación, Ana Boto, del departamento de Estudios de Adegi, ofreció los datos del turismo en 2023 y las previsiones para los tres meses de verano se sitúan en niveles similares al año 2019, antes de la pandemia, con entre el 80% y el 90% de ocupación. La ponencia principal corrió a cargo de Inmaculada Benito, directora de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El premio Hoteles de Gipuzkoa recayó en la familia Chillida por Chillida Leku, uno de los referentes del turismo guipuzcoano y también como propietarios del hotel Niza de nuestra ciudad. Lo recogió Mikel Chillida, en representación del resto de la familia. Cerró el acto Azahara Domínguez, diputada de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Participaron entre otros, José Miguel Ayerza, director general de Adegi, y Paul Liceaga, subdirector general. 

El turismo descontrolado que ha surgido tras la pandemia se ha convertido en un problema global que se reproduce con la misma intensidad, tanto en España como en otros grandes destinos como Roma, Venecia, Ámsterdam, París o Nueva York. Tasas, restricciones a los cruceros, moratorias hoteleras o la prohibición de plataformas de alquiler de pisos como Airbnb son algunas de las medidas aplicadas. Todas con escaso éxito, por ahora. Solo algunos destinos en el mundo han logrado corregir parcialmente esos problemas con medidas drásticas e impopulares. Japón fue pionera al eliminar toda la oferta ilegal en Airbnb bajo la amenaza de acabar con su negocio en 2018. Y Bután, un país con una superficie inferior a la de Extremadura, impuso una tasa prohibitiva de 200 dólares (unos 185 euros) por turista y día, que rebajó a principios de este año a 100 dólares, para frenar la llegada masiva de viajeros. El pequeño reino del Himalaya se ha convertido en la única excepción global al turismo masivo, mientras Japón estudia nuevas medidas porque se ha encontrado con un fenómeno imprevisto: la debilidad del yen ha atraído una oleada de turistas que previsiblemente superará los 32 millones de visitantes de 2019, su récord hasta la fecha. La pregunta parece obvia: ¿Se puede frenar el turismo? ¿Qué pueden hacer los grandes destinos para corregir la masificación? En España, Baleares lo ha intentado todo. Y casi todo ha sido en vano. 

Cuatro de cada diez trabajadores tiene problemas de salud, lo que dispara las bajas, duplica el agotamiento y hace temblar el compromiso con las organizaciones. “La salud de los trabajadores está empeorando en España, que es uno de los países donde más se aprecia esta evolución y la salud mental en particular”, sostiene Gema Jiménez, directora de desarrollo de negocios del área de salud y bienestar de WTW, que ha visto cómo desde la pandemia la incidencia de la ansiedad y la depresión se sitúa en niveles muy elevados: uno de cada cuatro trabajadores las padecen y cerca de la mitad sufren de estrés. “Son cifras similares a las de la salida del covid, cuando las circunstancias eran excepcionales”, subraya. Por eso no es de extrañar que la tasa de absentismo laboral se haya desbocado en España. Si en 2023 se situó en el 6,8%, la segunda cifra más alta de la serie histórica tras 2020, acorde con The Adecco Group Institute, en el primer trimestre de este año ha escalado al 7,3% tras aumentar 0,7 puntos respecto a igual periodo del año anterior. “Un preocupante incremento”, en palabras del director de la organización, Javier Blasco, que asegura que “las cifras y lo que viene nos invitan a actuar rápido. El 32% de nuestros trabajadores, muy por encima de la media del resto de países, afirman que su salud mental ha empeorado en el último año. Y una de cada cuatro empresas asegura que una cuarta parte de sus trabajadores se ha visto afectada en el último año por trastornos psicológicos”.

"...Las percepciones individuales pueden ser volátiles, pero también se sustentan en una realidad ineludible: el brote inflacionario ha erosionado el poder adquisitivo entre amplias capas de la sociedad. En el bienio 2021-2022, marcado por la escalada del IPC, la remuneración media por asalariado retrocedió casi un 5,5% en términos reales, y la recuperación posterior ha sido incompleta. De modo que, hoy por hoy, el salario medio se sitúa prácticamente en el mismo nivel que en los albores de la crisis financiera (y apenas un 5% por encima de donde estaba a inicios de siglo, siempre en términos reales). El consumo per capita también se ha desplomado en relación a la situación anterior a la pandemia, acentuando la sensación de empeoramiento de las condiciones materiales. En los otros grandes países europeos el recorte ha sido incluso más pronunciado, explicando el malestar que se ha extendido en la opinión pública a través de todo el Continente acerca de la capacidad de los gobiernos —y de la propia Unión Europea—para mejorar el día a día. La pérdida de poder adquisitivo como consecuencia de la inflación no ha sido uniforme, afectando con especial ahínco a las clases populares, por el peso de algunos de los componentes más inflacionarios como la alimentación, la electricidad o los alquileres. No debería sorprender que los colectivos con bajos ingresos consideren la recuperación de la capacidad de compra de sus ingresos como la principal de sus preocupaciones, según diferentes estudios de la Fundación de Dublín. Por su parte, las rentas altas manifiestan una mayor preferencia por otras cuestiones, como la reducción de jornada. Ahora bien, la erosión del poder adquisitivo de los trabajadores que han mantenido su puesto de trabajo durante estos años contrasta con la mejora del millón y medio de personas que se han incorporado al mercado laboral (mayormente parados, jóvenes o inmigrantes). Es decir, hay más ocupados, pero cada uno de ellos tiende a ganar menos, una vez descontada la inflación..."

Hugh Elliott, embajador de Reino Unido en España Considera que Euskadi va a seguir siendo «un socio muy importante» por su «actitud exportadora, inversora y de mirar hacia fuera». "La inversión ha seguido siendo muy importante. Iberdrola, por ejemplo, ha invertido más de 30.000 millones desde 2007, cuando compró Scottish Power, y tiene planificados otros 12.000 millones para 2028. Pero también hay otras empresas vascas implantadas como CAF, que tiene fábrica en Reino Unido, o Haizea Wind. Hay mucha relación entre ambas partes en todo lo que tiene que ver con transición energética...Al revés, lo mismo. Hace poco el operador británico SSE compró la división de promoción de parques renovables de Siemens Gamesa. Hay una larga tradición de empresas de servicios aquí y también son profundas las relaciones en el automóvil. No creo que el impacto del Brexit sea relevante cuando se habla de inversiones porque los vínculos son históricos y tanto Reino Unido como el País Vasco tienen economías abiertas...El Brexit supone otro marco institucional. Ya no estamos en el mercado único y eso supone requisitos adicionales. Pero lo que he visto en mi tiempo como embajador es que las empresas se van adaptando. Tenemos muy buena colaboración con las autoridades de aquí como el Puerto de Bilbao, por ejemplo...El Brexit fue una decisión tomada por el pueblo británico en el referéndum. Había muchas razones por las cuales se hacía y no todas eran económicas. De hecho, los pronósticos del Gobierno británico ya contemplaban aspectos negativos desde la perspectiva económica. Pero lo que me ha sorprendido gratamente es que ‘business is business’ y que se ha sostenido muy bien el comercio a pesar de las dificultades. El impacto ha sido muy inferior al que muchos decían que iba a ser. En unos años vamos a mirar esto como un ‘blip’ –un acontecimiento menor–. Eso demuestra la resiliencia de nuestros vínculos empresariales..."

En los últimos 20 años, la brecha de productividad entre Europa y Estados Unidos se ha ampliado sostenidamente, mientras que la productividad laboral en Estados Unidos creció a un ritmo más de dos veces superior que el de la eurozona. La “crisis de competitividad” europea se puede atribuir a varios factores, entre ellos una inversión pública y privada insuficiente, una escasez de empresas tecnológicas y de fondos de capital de riesgo, y la crisis demográfica del continente. Otra explicación posible que muchas veces se pasa por alto es la caída de la inversión extranjera directa (IED). La IED es un motor crucial para el crecimiento de la productividad, que acerca a los países receptores a nuevas tecnologías, conocimientos y habilidades de gestión. Después de caer el 4% en 2023, los ingresos de IED de Europa hoy están un 14% por debajo de su pico de 2017. Alemania experimentó una caída marcada del 12% en la inversión extranjera el año pasado, lo que minó su recuperación posterior a la pandemia. En el Reino Unido, el ingreso de IED cayó cerca del 30% desde 2016-2017, en tanto el Brexit llevó a las empresas extranjeras a redireccionar sus inversiones a otros países europeos. Los responsables de las políticas de Francia parecen decididos a beneficiarse de este giro, y el presidente Emmanuel Macron promueve activamente a su país entre los inversores extranjeros. Atraer IED es crucial para la Unión Europea, que se enfrenta a dos desafíos emergentes: eliminar el riesgo de sus cadenas de suministro e impedir que las economías de los Estados miembro experimenten un shock por China similar al que experimentó Estados Unidos después de que Pekín pasara a formar parte de la Organización Mundial del Comercio en 2001. Los flujos de IED desempeñan un papel clave a la hora de abordar estos dos desafíos. El cambio climático y el agravamiento de las tensiones geopolíticas han hecho que las cadenas de suministro globales se vuelvan cada vez más vulnerables, especialmente si se considera que la mayoría de los insumos para las industrias verdes, como los semiconductores y las celdas de batería para vehículos eléctricos (VE), provienen de Taiwán, Corea del Sur y China. Un documento de 2012 del economista del MIT Daron Acemoglu junto con otros autores sugiere que este tipo de concentraciones geográficas de proveedores de insumos aumenta el riesgo de shocks económicos...

Los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y Barack Obama salieron ayer en defensa del también demócrata Joe Biden, actual máximo mandatario del país y aspirante a ser reelegido en las elecciones de noviembre. Biden dio una imagen de fragilidad física y mental durante el debate del pasado jueves ante Donald Trump y en el seno del Partido Demócrata se encendieron las alarmas: empezaron a plantearse la búsqueda de otro candidato. Clinton y Obama acudieron de inmediato al rescate de Biden, que ha descartado renunciar, como le ha pedido, por ejemplo, el diario ‘The New York Times’. «Dejo el resultado del debate a los expertos, pero tengo que decir que los hechos y la historia importan. Joe Biden nos ha dado tres años de liderazgo sólido, de estabilidad frente a la pandemia. Ha generando un número récord de puestos de trabajo, con logros reales para resolver la crisis climática y poniendo en marcha un sistema para reducir la inflación. Y todo mientras nos sacaba fuera del barrizal en el que nos dejó Donald Trump. Eso es lo que importará de verdad en noviembre», difundió Clinton en su cuenta en X. El expresidente tiene 77 años, mientras que Biden cumplirá 82 el próximo 20 de noviembre. La edad es uno de los argumentos en su contra. También Obama (62 años) mostró su respaldo al actual presidente. «Aunque las malas noches de debate también ocurren, en las elecciones de noviembre hay muchas cosas en juego», avisó. «En estos comicios hay que elegir entre alguien que ha luchado toda su vida por los ciudadanos de a pie y alguien que sólo se preocupa de sí mismo. Entre alguien que dice la verdad, que distingue el bien del mal (...) y alguien que miente a sabiendas en su propio beneficio», comparó Obama.