20240711

La obligación de devolver una parte de lo abonado en el IRPF a algo más de 263.000 pensionistas vascos, fruto de una sentencia del Tribunal Supremo, va a suponer un roto de más de 700 millones de euros –puede estar incluso cerca de 800– a las haciendas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. Los dos primeros territorios ya han dado a conocer una primera aproximación real a este tema con las devoluciones del ejercicio de 2023 y todo apunta a que el coste total va a ser prácticamente idéntico a todo el aumento de recaudación de impuestos estimado para este año. Las cifras definitivas aún tardarán algunas semanas en conocerse. Todas las administraciones vascas –Gobierno, diputaciones y ayuntamientos– tienen ya un problema inmediato sobre la mesa. Sus estimaciones de ingresos para este año no se van a cumplir y en realidad van a quedar bastante lejos. Los 19.000 millones de euros en ingresos estimados para este año por impuestos y sobre los que se construyeron los presupuestos de gasto para el ejercicio se van a quedar muy por debajo. Ahora hay que anotar una factura importante que las diputaciones ya han comenzado a pagar y que se va a disparar en las próximas semanas, ya que el objetivo es que el tema esté definitivamente liquidado antes de que acabe el año. Es más que probable que todas las instituciones tengan que ampliar las partidas que corresponden a las famosas ‘inejecuciones’ –gastos previstos en los presupuestos que luego se quedan aparcados en un cajón porque no se ejecutan esos compromisos–, para cuadrar sus cuentas y evitar incurrir en un déficit extraordinario. Solo el Gobierno vasco dejó sin ejecutar previsiones de gasto por un importe de 849 millones de euros en 2023, casi el 6% de su Presupuesto. El origen de esta historia es una sentencia del Supremo a raíz de una reclamación presentada por un colectivo de extrabajadores de banca ya jubilados. Reclamaban que una parte de sus aportaciones que realizaron en activo para tener derecho a pensión eran ahorro y que, por tanto, lo que reciben ahora es en realidad la devolución de aquel dinero, no una nueva renta. Se trata de las aportaciones que hicieron a su mutualidad profesional, extinguida y absorbida por la Seguridad Social en 1979.

La gestión de patrimonios está cobrando cada vez más importancia en la banca tradicional. Kutxabank no es ajena a esta tendencia y para poder aprovechar toda la potencialidad de este negocio, así como el de pensiones y seguros, ha abordado una reestructuración de las diferentes áreas en las que estaban distribuidas para aglutinarlas en una nueva unidad, que se denomina Wealth Management, con el objetivo de impulsar su crecimiento y la coordinación. Según informó ayer el banco de las antiguas kutxas vascas, la nueva unidad integrará y coordinará las unidades especializadas de banca personal y privada, al tiempo que crea una nueva Banca Premium, que gestionará patrimonios intermedios entre las dos anteriores; es decir, entre 400.000 euros y un millón de euros. Pero también integrará en dicha unidad las gestoras que nutren principalmente de producto a esas redes, como son Kutxabank Gestión, Fineco Gestión, Baskepensiones, Kutxabank Empleo y las áreas de ahorro previsión y seguro ahorro dentro de Kutxabank Seguros. Una unidad que en su conjunto gestionará más de 38.000 millones en recursos de clientes. Con este cambio de estructura la entidad pretende reforzar la estrategia del grupo en la administración de patrimonios, centrándose sobre todo en los clientes que requieren de un servicio de asesoramiento de mayor nivel de especialización. Además, pretende incorporar nuevos productos de inversión específicos para perfiles de alto patrimonio.

La empresa de Azkoitia Ibarmia, dedicada al sector de la máquina-herramienta, y la compañía sueca Modig Machine Tool AB de Kalmar, han acordado una alianza estratégica para abordar nuevos mercados y la innovación de forma conjunta. En concreto, se trata de una unión estratégica para el desarrollo, fabricación, venta, instalación y servicio de sus programas complementarios de máquinas. La empresa escandinava toma una participación minoritaria, aunque relevante en el capital de Ibarmia. La cifra no se ha hecho pública, no obstante, desde la entidad azkoitiarra aseguran que «no se trata de una participación insignificante». Koldo Arandia, Presidente y CEO de Ibarmia, aseguró a este periódico que «no hay cambios a nivel de estructura, continuaré como CEO y presidente del consejo, todo el equipo directivo sigue igual, no hay ningún cambio en ese sentido». Sin embargo, Arandia aclaró que «tras la firma del acuerdo habrá cambios en la composición del consejo de administración, donde Modig tendrá una representación tras la adquisición». David Modig, Presidente y CEO de Modig y Koldo Arandia, Presidente y CEO de Ibarmia,destacaron la sintonía y agilidad durante el proceso de negociación. Esto se debe, en gran parte «a una cultura de empresa familiar compartida». En ambos casos las empresas han ido pasando de «generación en generación» lo que permite «transmitir los valores de excelencia». A este respecto, ambos responsables aseguraron que «con casi 150 años de trayectoria entre las dos compañías, vemos una enorme oportunidad en esta etapa que ahora iniciamos conjuntamente».

Marruecos se ha convertido esta semana en uno de los grandes polos de la industria ferroviaria mundial. La ONFC, la autoridad de los ferrocarriles magrebí, ha recibido las ofertas de los seis grupos internacionales que pujan por la construcción de 168 unidades de diferente tipología distribuidas en varios lotes con un presupuesto de inversión próximo a los 2.000 millones de euros. Fuentes de Talgo y de CAF han confirmado su participación en este proyecto, donde se van a enfrentar por separado a otras grandes corporaciones internacionales. El mayor rival de los españoles es la francesa Alstom, no solo por ser el líder del material rodante de Europa, sino por la gran influencia sobre un país que, pese a la proximidad con España, tiene profundas relaciones con Francia. Los otros dos rivales de Talgo y de CAF serán las asiáticos Hyundai Rotem y CRRC. La corporación coreana y la estatal china han intensificado en los últimos meses las relaciones diplomáticas con Marruecos comprometiendo inversiones industriales como plantas de producción vinculadas a este contrato que, además de la entrega de los trenes, lleva aparejado un servicio de mantenimiento de 20 años. También ha acudido a la puja el grupo británico TDI. Tras las últimas adjudicaciones de trenes en España y en Portugal, Marruecos figura entre los mercados estrella del ferrocarril, en un momento en el que el país tiene comprometidos varios miles de millones de euros en modernización de infraestructuras de cara al Mundial de Fútbol de 2030. Marruecos dispone de una línea de alta velocidad que conecta Tánger con Casablanca, pero quiere ampliar la red hacia el sur del país con nuevas infraestructuras que van a requerir más material rodante y sistemas de señalización.

La apuesta de la firma guipuzcoana por la multitecnología en su camino hacia la descarbonización llevará a la compañía dedicada a la fabricación de autobuses a registrar un récord de facturación próximo a los 1.000 millones este año. En concreto, la cooperativa con sede en Ormaiztegi prevé una facturación récord de 970 millones y una producción estimada de 3.700 vehículos, de los cuales 330 serán eléctricos, gracias a una cartera de pedidos «sin precedentes» que duplica la del año anterior. La apuesta de la UE de permitir solo autobuses eléctricos en 2030 impulsará a Irizar en el próximo lustro. El propio director general del Grupo, Imanol Rego, indicó ayer durante la presentación de los resultados en la sede de Ormaiztegi que las matriculaciones de vehículo urbano cien por cien eléctrico «se han multiplicado por cinco» en los últimos años, una tendencia que, a su juicio, «va a seguir acelerándose en los próximos cinco años hasta alcanzar cuotas del 90% en Europa». Para Rego, «no hay nada que vaya a interrumpir» ese crecimiento, aunque, reconoció que «existirán ciclos», según los niveles de financiación pública. A este respecto, admitió que en Europa en estos momentos se ha dado «una parada importante» en la inversión en electrificación dada la coyuntura de elecciones europeas, pero «una vez que se reactiven los fondos europeos la inversión volverá a reanimarse».

Los tres proyectos de Solaria para instalar parques fotovoltaicos en Álava han recibido miles de alegaciones sobre todo centradas en su intención de tender cien kilómetros de cable para evacuar la energía en la costa vizcaína. El plazo de presentación de reclamaciones terminó ayer y ahora le tocará a los técnicos del Gobierno vasco estudiar las correcciones presentadas por instituciones y colectivos sociales. Frente a esa sensación de rechazo general, la empresa anunció que ya tiene firmados acuerdos con más de mil propietarios para el desarrollo de sus plantas en Euskadi. Y no serán los últimos. Los responsables de la compañía confían en que otros 3.000 se suscribirán «durante los próximos meses» en régimen de alquiler. Solaria prevé un desembolso de 180 millones de euros durante las tres próximas décadas por dichos arrendamientos. Por el alquiler de los terrenos pagarán anualmente 1.500 euros por hectárea y la compra, mientras tanto, supondrá 25.000 euros por hectárea. «Siempre estamos donde los ciudadanos quieren que estemos y, en cumplimiento de nuestros códigos de conducta, siempre se actúa de mutuo acuerdo con los agricultores o propietarios para hacer uso de los terrenos que ocuparán las plantas fotovoltaicas», explicó Aitor Uriarte, coordinador de Relaciones Institucionales de la empresa en Euskadi, en respuesta a las acusaciones vertidas por algunos partidos y colectivos vecinales de que han recurrido a amenazas para hacerse con terrenos. «Como no podría ser de otra manera, cada propietario es libre de decidir si quiere alquilar, vender o continuar con su actividad habitual», subrayó Uriarte.

La Diputación pretende que la industria reduzca su emisiones un 9% más de lo que lo hace en la actualidad para el año 2030 y llegar así a un 45% respecto a las que emitía en 2005. Además, para 2045 deberán de alcanzar la neutralidad climática. Esta medida se contempla en el ‘Programa de Descarbonización’ de la institución foral que presentó ayer el diputado de sostenibilidad, José Ignacio Asensio, y que incluye medidas para ayudar a la industria en su proceso de reducción de emisiones. A pesar de que la industria guipuzcoana tiene que hacer todavía un esfuerzo en este ámbito, Asensio destacó que «en Gipuzkoa lideramos la reducción de las emisiones en Euskadi, y emitimos menos CO2 por habitante que la media europea». Una situación de la que el diputado quiso presumir. A este respecto, celebró que en el sector industrial «el descenso de las emisiones ha sido muy pronunciado durante los últimos años y vamos avanzando satisfactoriamente en la senda del desacoplamiento de la economía y las emisiones». El programa surge como un plan por parte de la Diputación para apoyar la descarbonización competitiva del tejido empresarial de Gipuzkoa y cuenta con seis ejes de acción, entre los que destaca una hoja de ruta para orientar y apoyar la descarbonización competitiva de las organizaciones o una herramienta de autodiagnóstico para que las empresas puedan evaluar su situación actual. Además, se estipula una línea de subvenciones de 300.000 euros para proporcionar apoyo financiero a las empresas para que puedan implementar sus estrategias de descarbonización. 

Expertos del ámbito inmobiliario advierten que la normativa actual sobre vivienda protege en exceso al inquilino sobre el propietario y provoca un descenso del mercado del alquiler. «El problema de la vivienda nos lo hemos buscado nosotros mismos con las políticas erráticas e ineficaces que se están siguiendo, que van en sentido totalmente contrario al que exigen las soluciones. En lugar de fomentar que los propietarios de vivienda las saquen al alquiler ofreciéndoles incentivos y seguridad jurídica para que exista un parque capaz de responder a la demanda, se está yendo por la vía opuesta, la de crearles inseguridad y desincentivar esta posibilidad. El resultado es que alquilar un piso se ha convertido en una actividad de riesgo, porque se está dando una interpretación interesada de la función social de la vivienda y de la capacidad de poner límites al derecho de propiedad. La ley aprobada el año pasado –12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda– ampara al que no paga, por lo que está incentivando los impagos y las okupaciones ilegales. Eso está siendo aprovechado por determinadas personas y por las mafias, que saben que gracias a la normativa y la lentitud de la Justicia, un inquilino moroso puede estar residiendo gratis en una vivienda por lo menos dos años hasta que le desalojen. La cuestión de fondo es que se está trasladando a la propiedad privada la responsabilidad de satisfacer la necesidad de determinadas personas de contar con un alojamiento digno aunque no puedan (o no quieran) hacer frente económicamente a él, cuando esa es una labor que compete a las administraciones públicas. El resultado de todo esto es una contracción de la oferta porque muchos propietarios optan por no alquilar a largo plazo, sino que derivan su propiedad al alquiler estacional, venden la vivienda, o simplemente prefieren mantenerla desocupada.

Las exconsejeras Arantxa Tapia y Gotzone Sagardui, ambas del PNV, han confirmado ya su regreso a su actividad en la Universidad del País Vasco tras su cese en el Gobierno Vasco de Iñigo Urkullu. La primera lo hará como profesora de Sistemas en la Facultad de Ingeniería de la UPV/EHU y la segunda como vicegerente del campus de Bizkaia. En el capítulo de nombramientos, el Gobierno Vasco acordó ayer nombrar en el Consejo de Gobierno del próximo martes al exsenador Tontxu Rodríguez, que también fue alcalde de Barakaldo, como nuevo director de Kontsumobide, que depende del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Rodríguez fue también secretario de Estado de Justicia entre 2021 y 2023 y senador autonómico desde 2013 a 2021. El Consejo de Gobierno también aprobará en su reunión del próximo martes el nombramiento de Jakes Agirrezabal como viceconsejero de Turismo y Comercio. Zarauztarra, ha ejercido como director comercial de DV en los últimos años. Es licenciado en Derecho y máster en dirección de Marketing y máster en Administración y Dirección de Empresas. Ocupó responsabilidades en la fusión de empresas en el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca en el gobierno del lehendakari Patxi López. La Dirección de Turismo y Hostelería será asumida por Clara Navas, licenciada en Historia y en Administración de Empresas en Marketing. David Solana, por su parte, continuará como director de Basquetour, cargo que desempeñó en la pasada legislatura.

Las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, asegurando que reducir la jornada laboral de 40 a 37,5 horas supone «regalar casi 12 días de vacaciones al año pagadas por las empresas» no han dejado indiferentes a los sindicatos, que ayer se pronunciaron abiertamente muy críticos con estas palabras e incluso las calificaron de «esperpénticas». «¿Quién lo regala?», preguntó, con ironía, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. «Parece como si estuviéramos en la Edad Media y el dueño del tiempo fuera el empresario», denunció. Que los sindicatos arremetieran contra estas declaraciones de Garamendi no sorprende, pero sí que le hicieran una corrección al alza. «Según nuestros cálculos, para las personas que tengan 40 horas semanales de jornada, la reducción es de 16 días, no de 12». Pese a esto, Álvarez siguió apostando por negociar con la patronal, pero se preguntó «de dónde han salido estos empresarios, parece que vienen de Marte», puesto que les recordó que la reducción de la jornada siempre se ha hecho sin merma salarial. «Nunca en la historia se ha hecho una reducción general del tiempo de trabajo reduciendo los salarios, es absurdo», apostilló. Es más, el líder de UGT defendió que la productividad que se ha generado en España desde hace 40 años «permite no reducir dos horas y media la semana en algunos casos, que son muy pocos, sino que permite reducir mucho más la jornada». Por su parte, el Consejo General de Gestores Administrativos de España publicó ayer un informe sobre el impacto económico que supondrá esta medida y cifró en más de 15.300 millones de euros el coste para las empresas de reducir la semana laboral a 37,5 horas. Y eso «como mínimo», ya que sus estimaciones se basan en que todos los trabajadores cobran el salario mínimo.

Los fabricantes de automóviles que operan en España alcanzaron en 2023 una facturación de 78.154 millones de euros, un 11% más que el año anterior, mientras que su resultado neto se disparó un 35,5%, hasta los 1.039 millones de euros, según recoge el informe anual presentado ayer por la patronal Anfac. La asociación acaba de ratificar la adhesión de las chinas Omoda y Jaecoo como nuevas marcas asociadas. “El vehículo es el producto que mayor saldo positivo aporta a la economía española, más que la balanza comercial del sector alimentario”, aseguró el director general de Anfac, José López-Tafall, que destacó el compromiso de la industria con la descarbonización y la electrificación. Las empresas del sector del automóvil invirtieron en 2023 un total de 2.395 millones de euros, un 14,7% más que el año anterior, “confirmando la especial relevancia que España tiene como polo industrial para la automoción y siendo uno de los principales sectores de inversión”, recordó López-Tafall. Además, las marcas de automoción mantuvieron 58.414 puestos de trabajo directos en sus centros de producción y operativos. La propia actividad del sector destaca por su aportación a las arcas públicas. La recaudación fiscal de las empresas de automoción fue de 39.514 millones de euros, aumentando en un 0,2% su aportación a la economía española. De este total, la recaudación de impuestos por la adquisición de vehículos nuevos se incrementó un 22,7%, ascendiendo a los 5.630 millones de euros.

Los abogados de las dos grandes compañías eléctricas, Iberdrola y Endesa, trabajan a fondo en los recursos contencioso-administrativos que van a interponer (cada una por separado) ante el Tribunal Supremo contra la tasa nuclear que el Gobierno aprobó el 25 de junio. Destinada a sufragar el futuro desmantelamiento y la gestión de los residuos radiactivos, estas empresas, propietarias mayoritarias de las siete centrales nucleares españolas, pagan desde el 1 de julio una tasa de 10,36 euros/MWh destinada a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, lo que supone un alza del 30%. La chispa estalló cuando el pasado enero el Gobierno publicó, tras casi dos décadas, el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR); el anterior data de 2006. El plan incluía una tasa (o “tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario” para financiar el servicio de Enresa) que suponía un incremento de 2,38 euros por MWh respecto a la que se incluyó en el memorando de entendimiento firmado en 2019 entre las empresas del sector y la propia Enresa (con el beneplácito del ministerio) para el cierre ordenado del parque atómico español entre 2027 y 2034. Como subrayan fuentes políticas, el acuerdo no es vinculante ni forma parte de una ley que obligue a su cumplimiento, tal como ocurrió en Alemania. Y aunque, efectivamente, se pactó que dicha tasa no subiría más del 20%, hasta los 7,98 euros/MWh, que ya pagaban en enero cuando se publicó el PGRR, este plan la incrementó hasta 11,14 euros. Finalmente, el real decreto aprobado en junio, que desarrolla reglamentariamente dicha tarifa, la bajó ligeramente, a 10,36 euros/MWh, por lo que las nucleares pagarán al año 130 millones de euros adicionales a los 450 millones que aportaban al fondo de Enresa.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del grupo Endesa “por posibles prácticas anticompetitivas, entre ellas, haber podido dar un trato discriminatorio y preferente a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras”. El organismo presidido por Cani Fernández indicó que está investigando a E-distribución Redes Digitales, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales, y a sus respectivas matrices –Endesa y Endesa Energía–, por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica. Las prácticas, según la CNMC, afectarían a todos los territorios donde el grupo Endesa opera como distribuidora: Andalucía, Aragón, parte de Castilla y León, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, la ciudad autónoma de Ceuta y la provincia de Badajoz. El regulador destaca que la investigación se centra en el presunto trato “discriminatorio y preferente” que la energética habría dado a sus propias filiales, en detrimento de los competidores. Entre otros, se analizan los trámites relacionados con la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, así como la instalación y operación del autoconsumo.

La justicia belga ha autorizado el embargo de 32 millones de euros por los impagos de las renovables. El embargo se producirá sobre los ingresos que obtiene España a raíz de la gestión de control de su tráfico aéreo. Estos pagos, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, pasarían ahora a manos de una de las compañías afectadas por el impago de 26 laudos que condenan a España a indemnizar con 1.560 millones de euros a las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sostienen que España no ha sido notificada de dicho intento de ejecución en Bélgica. “El Reino de España se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de ayudas de estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional”, señalan desde el Ministerio. Los impagos de los arbitrajes internacionales perdidos por el Estado español por este asunto –dictados por tribunales como el CIADI, órgano dependiente del Banco Mundial– han terminado en la activación de complejos procedimientos de ejecución que han resultado en el embargo de diversos bienes y activos propiedad del Reino de España. Los tribunales británicos ya han reconocido la existencia de estas deudas y han autorizado el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres, la oficina británica de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, cuatro cuentas bancarias o el derecho de cobro de la indemnización por el desastre del Prestige, valorado en más de 900 millones de euros.

El Instituto Estadounidense del Petróleo (API, sus siglas en inglés) hacía en 1967 su pronóstico sobre el futuro del sector del coche: “Para cuando un automóvil eléctrico práctico pueda producirse y comercializarse en masa, no disfrutará de ninguna ventaja significativa desde el punto de vista de la contaminación del aire. Las emisiones de los motores de combustión interna se habrán controlado desde hace mucho tiempo”. Evidentemente, la previsión de este grupo que defiende a las grandes petroleras no se ha cumplido y los motores de combustión llevan más de cinco décadas expulsando mortíferos contaminantes y gases que sobrecalientan el planeta. Pero los argumentos contra las energías renovables y los coches eléctricos (que amenazan el próspero negocio de las petroleras) son algo más que pronósticos fallidos. Forman parte de un manual del lobby de los combustibles fósiles que un informe pone ahora al descubierto. Esta investigación se une al largo historial que tiene este sector a la hora de sembrar dudas sobre el cambio climático y el papel que tienen el petróleo, el gas y el carbón como alimento principal de esta crisis. Pero añade un capítulo más: el intento de socavar también las alternativas a esos combustibles. API, FuelsEurope y Fuels Industry UK —tres asociaciones que defienden los intereses de Shell, Exxon, Chevron, BP, Totalenergies, Eni y la española Repsol, entre otras muchas petroleras y gasistas— “han abogado sistemáticamente por debilitar, retrasar u oponerse al desarrollo de las energías renovables y los vehículos eléctricos”, señala el análisis del centro de investigación británico InfluenceMap. “La participación de API en obstaculizar el progreso de las energías alternativas se remonta a 1967”, añade el informe. 

El ingreso mínimo vital (IMV) puesto en marcha en 2020 para ayudar a familias vulnerables mejora su cobertura pero sigue sin despegar por completo. La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) estima que la prestación alcanzó a 342.86 hogares a cierre de 2023. Se trata de un 20% más respecto al año anterior, pero la AIReF subraya que las cifras son insuficientes. «Hay margen de mejora, vemos un estancamiento en su implantación», aseguran. Estiman que en torno a 608.000 hogares que podrían recibir esta ayuda no lo hacen, bien porque les ha sido denegada o bien –en la mayoría de los casos– porque directamente no la solicitan. Según indican los expertos de la Autoridad Fiscal, la falta de información, la burocracia excesiva o el hecho de estar cobrando otra ayuda (desempleo, becas, etc.) desincentiva el número de solicitudes año tras año. De hecho, y por primera vez en este análisis, la AIReF calcula el impacto de las rentas mínimas en la ecuación del denominado ‘non take-up’, un indicador del éxito o el fracaso de la medida, al calcular los hogares que no piden la ayuda aunque tengan derecho a ello. El porcentaje se mantiene, en concreto, en el entorno del 56% tras más de tres años de su puesta en funcionamiento. «La cifra es muy similar a la de los dos años anteriores, lo que señala la falta de avance en la prestación», explica Cristina Herrero, presidenta del organismo. Sea por el motivo que sea, la AIReF refleja en sus datos que un 38% de los hogares que podrían pedir la ayuda y no lo ha hecho incrementaría su renta en menos de un 30%. Es decir, renuncian a cobrar un poco más de lo que perciben con su actual prestación para evitar el papeleo.

El crecimiento de los precios de consumo en China se ralentizó en junio, mientras que los precios de fábrica disminuyeron pero se mantuvieron en territorio deflacionista, lo que hace esperar mayores esfuerzos para estimular la economía en una importante reunión política del Partido Comunista la próxima semana. Los precios de consumo subieron un 0,2% interanual en junio, según los datos oficiales publicados ayer por la Oficina Nacional de Estadística, lo que supone un retroceso respecto a la subida del 0,3% registrada en mayo y queda por debajo de la previsión de crecimiento del 0,4% arrojada por una encuesta de Bloomberg a analistas. El índice de precios del productor descendió un 0,8% interanual el mes pasado, mejorando con respecto a la contracción del 1,4% de mayo. El indicador de los precios de fábrica ha ganado fuerza en los tres últimos meses y se situó en línea con las previsiones de los analistas, pero los datos ponen de relieve la preocupación por el tibio gasto de los consumidores en la segunda economía del mundo. “El riesgo de deflación no ha desaparecido en China”, afirma Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management. “La demanda interna sigue siendo débil”. Los precios de consumo se vieron especialmente afectados por la caída del coste de los alimentos. Los precios de las verduras frescas bajaron un 7,3% interanual en junio, mientras que los de la fruta cayeron un 8,7% y los de la carne de vacuno un 13,4%. La maltrecha confianza empresarial ha hecho que Pekín dependa en gran medida de las exportaciones y la producción industrial para impulsar el crecimiento económico. Pero esta estrategia está llegando a su límite, ya que socios comerciales como la UE y EEUU han empezado a oponerse a la saturación de productos baratos, acusando a China de dumping. 

Como secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg es el pasado, y Mark Rutte, el futuro. En esa proyección, Joe Biden es el pasado y Donald Trump el futuro. El cambio de liderazgo en la organización ocurrirá con certeza en octubre. Lo segundo es una hipótesis que se concretará el 5 de noviembre. Si es así, Rutte, conocido como ‘el encantador de Trump’ por haber sido capaz de reconducir al republicano en una tensa reunión de líderes cuando era primer ministro de Países Bajos, es la repuesta de la Alianza Atlántica a ambos paradigmas. Mientras los 32 líderes de la OTAN se hacían ayer una foto de familia en Washington, con el cartel del 75 aniversario de fondo, todos miraban de reojo a Biden en busca de signos de la edad. La realidad de una futura instantánea con Trump se hacía más plausible en la mente de los dignatarios. Buen momento para celebrar no solo el pomposo cumpleaños, sino el haber elegido para el futuro de la Alianza a un hombre que sabe lidiar con narcisistas. «Con Trump hay que sentarse a la mesa, hablarle y darle las gracias por su liderazgo», propone. «A diferencia de la mayoría de los líderes europeos, Rutte no se asusta con Trump», le felicita Kurt Volker, exembajador de EE UU en la OTAN, que fuera enviado especial del republicano en Ucrania. «Tú no sabes cuál va a ser la política de Trump. Él tampoco». Con esa incógnita en el aire, todo lo que se decidió ayer en la declaración final de la cumbre puede convertirse en papel mojado en apenas seis meses. Por eso Volodímir Zelenski arengó el martes por la noche a su audiencia, mayormente conservadora, del Instituto Ronald Reagan a ponerse las pilas y entregarle armas de largo alcance con las que poder atacar las bases aéreas dentro de Rusia, desde las que se bombardean hospitales infantiles en Ucrania. «Todos sabemos dónde están. Es hora de salir de las sombras y ponernos manos a la obra, en lugar de esperar a noviembre, o a cualquier otro mes, para defender la democracia contra Putin», conminó.