20250502

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día. 

El peso de Cataluña en la agenda legislativa española es muy elevado, como se demuestra en cada votación del Congreso de los Diputados. Y, ahora, una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la opa de BBVA sobre el Sabadell, la operación de integración bancaria entra de lleno en las cuestiones políticas. Y es que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el Consejo de Ministros tienen encima de la mesa el siguiente paso. Un máximo de 45 días para aliviar o endurecer los compromisos para la fusión. Es el turno de la política y eso no ha tardado ni 24 horas en notarse en las presiones desde Cataluña. Allí, la posición contraria a facilitar la absorción bancaria es casi unánime y compartida por partidos, instituciones, empresas y sindicatos. Una situación que provocó ayer una cascada de reacciones que combinaban la exigencia al Gobierno de Pedro de Sánchez de un endurecimiento de las condiciones pactadas entre BBVA y el supervisor, cuando no el freno a la operación. La primera reacción institucional fue la de Salvador Illa, el president de la Generalitat. Pocos minutos después del visto bueno de Competencia, al filo de la media noche del miércoles, anunció que defenderá «por encima de todo los intereses de Cataluña» e insistió en que «hay un modelo bancario arraigado al país, a su tejido empresarial». Pocas horas después, a media mañana de ayer, Oriol Junqueras, el líder de ERC, partido que apoya al PSC en el Gobierno de Cataluña, planteó la cuestión en términos de lucha. Hay que «batallar para que no se pierdan puestos de trabajo, oficinas y acceso al crédito», dijo tras recordar que su formación «está en contra de procesos de concentración bancaria».

Ayer, en contraste con la reacción de Cataluña, Euskadi mantuvo la tónica de silencio político e institucional con el que ha venido siguiendo la operación en el último año. El Gobierno vasco declinó realizar valoraciones sobre la aprobación que Competencia acordó de la opa el pasado miércoles. Y es que las intervenciones del Ejecutivo en este campo han sido muy escasas. El lehendakari, Imanol Pradales, se ha referido directamente a la cuestión solamente dos veces en lo que llevamos de año. Una fue, precisamente, en la última entrevista que concedió a El Correo. Esquivó valorar las cuestiones internas de la oferta y posicionarse a uno u otro lado, pero sí pidió al BBVA «una mayor presencia en Euskadi a muchos niveles». «Creo –señaló– que, en la medida en que mantiene la sede social en Bilbao, debe contribuir con más fuerza en esta política financiera que queremos desarrollar, ligada a la reindustrialización del país». Se trata de un mensaje en el que subyace la posición que el Ejecutivo vasco viene marcando desde que inició su andadura en esta legislatura. Y es que favorecer y afianzar la posición financiera de Euskadi es uno de los objetivos fundamentales con medidas como la Alianza Financiera Vasca. En ese contexto, la posición es que, con fusión o sin ella, BBVA refuerce su vinculación con Euskadi. Desde el ámbito empresarial, el Círculo de Empresarios Vascos pide respeto a la CNMC y dice que hay que dar voz a los accionistas. Precisamente ese es el trámite final que decidirá la compra o no del Sabadell, el voto de sus 200.000 accionistas.

El sí de la Autoridad de Competencia a la opa de BBVA sobre Sabadell, una autorización clave en este proceso, se obtuvo el miércoles con mayores cesiones y prisas de última hora por parte de BBVA de lo previsto. El lunes se celebró una primera reunión de los cinco miembros de la Sala de Competencia para abordar la cuestión. A las dos horas, la discusión tuvo que suspenderse por culpa del apagón, ya que alguno de los participantes asistió de manera telemática. En esa toma de contacto inicial ya quedó patente que había dos facciones distintas dentro del órgano decisorio, según fuentes cercanas al proceso. Una que consideraba suficientes los compromisos presentados y pactados entre BBVA y los equipos técnicos de la CNMC durante once largos meses de evaluación de la opa. En su opinión, Sabadell había perdido además cuota de mercado entre la pequeña empresa entre 2021 y 2023, según datos de Banco de España. Había otra mayoría alternativa que abogaba por la necesidad de medidas más fuertes y más garantistas de BBVA que aseguraran que las pymes no verán recortada su capacidad de financiación como consecuencia de esta operación, un riesgo del que advirtieron las patronales empresariales consultadas en el test de mercado. El martes, directivos de BBVA y técnicos de la CNMC intercambiaron nuevas propuestas y contrapropuestas de medidas extra para mejorar la protección del crédito a las pequeñas empresas, añadiendo a los autónomos, para allanar el camino a la reunión del miércoles, de la que tenía que salir el dictamen. En caso contrario, el plazo expiraría y la opa quedaría aprobada por silencio administrativo, sin compromisos ni condiciones.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) decidió el miércoles dar luz verde a la opa de BBVA sobre Banco Sabadell después más de 11 meses de análisis, en medio de la presión por una considerable trifulca política en Cataluña respecto a la operación, y tras tres jornadas de vértigo. No faltó ni un giro de guion inesperado: el mayor apagón eléctrico de la historia de España. La fumata blanca llegó, al final de una reunión maratoniana, de hasta de nueve horas, en la que el tratamiento del crédito a las pymes a medio y largo plazo fue el principal caballo de batalla de la discusión, según informan fuentes conocedoras de las conversaciones. En el aire estaba una operación de concentración para dar lugar al segundo banco de España. El consejero cercano a Junts, el exdirector de los Mossos d’Esquadra Pere Soler, defendió a brazo partido la postura de Sabadell y del empresariado catalán: un blindaje mucho más duro del que proponía BBVA. Este aspecto a punto estuvo de descarrilar la aspiración de Competencia para su resolución en un asunto tan espinoso (una opa hostil que levanta ampollas en el Gobierno central y en Cataluña), y que consistía en alcanzar un acuerdo unánime, sin votos particulares. Finalmente, una solución salomónica, con un tratamiento especial para las pymes de Cataluña y Baleares, terminó de desbloquear la situación con el voto a favor de todos los consejeros. Ese desenlace no estaba seguro en la mañana del lunes, cuando comenzó la reunión de la Sala de Competencia de la CNMC. 

Pancartas diferentes, pero con un clamor compartido, conseguir un salario mínimo interprofesional para Euskadi. Con motivo del 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, los principales sindicatos vascos –ELA, LAB, CC OO y UGT– volvieron a poner en su punto de mira a la patronal vasca, después de su negativa a negociar un acuerdo para fijar este sueldo base en febrero. Las centrales acusaron a Confebask de cerrarles la puerta en las narices, e hicieron un llamamiento directo al lehendakari, Imanol Pradales, al que pidieron «ponerse manos a la obra y exigirles que se sienten a negociar». Aunque la causa es la misma, hay dos formas diferentes de abordar este objetivo. Por un lado la búsqueda de un acuerdo entre empresarios y sindicatos, una vía que defienden todas las centrales y apoya el vicelehendakari Mikel Torres, pero que naufragó por el rechazo de la patronal a negociar. Por otro, una iniciativa legislativa popular (ILP) para la que ELA y LAB acaban de poner en marcha una recogida de firmas. Con estos apoyos quieren lograr un cambio legislativo para que Euskadi pueda fijar su SMI, una competencia ahora en manos del Estado. Las movilizaciones de los cuatro sindicatos volvieron a segregarse ayer, como ya es tradición en Euskadi. CC OO y UGT compartieron cartel, mientras que ELA y LAB marcharon una vez más por separado, en un momento en el que coinciden en muchos de sus discursos, pero en el que también su confrontación parece más definida. Según recoge la ponencia política que ELA llevará a su congreso, la central acusa a LAB de verse limitada por la estrategia de acuerdos institucionales que ha suscrito EH Bildu.

Bajo el lema ‘Proteger lo conquistado, ganar el futuro’, Comisiones Obreras y UGT Euskadi se manifestaron de forma conjunta este Primero de Mayo. Las dos centrales sindicales recorrieron la Gran Vía bilbaína reivindicando los derechos «conquistados» pero con el salario mínimo vasco como gran objetivo. En esta línea, Loli García, que celebró su último 1 de mayo como secretaria general de CC OO en Euskadi –ya que no optará a la reelección– cargó contra la «irresponsable patronal vasca», Confebask, por «hacer dejación de sus funciones» al haberse negado a sentarse en la mesa para negociar el SMI. García quiso poner en valor todo el trabajo realizado durante estos años. «Algunos nos acusaban de llevar al país a la crisis y de destruir empleo, pero los datos han demostrado que teníamos razón», recalcó. Aun así, quiso dejar claro que «tenemos que seguir peleando, porque los derechos no los regala nadie». Tampoco quiso olvidarse del factor internacionalista de la central, y al igual que el año pasado, la manifestación comenzó con una bandera palestina. «Queremos mostrar toda nuestra solidaridad con el pueblo palestino por el genocidio tan terrible que está sufriendo y reivindicar que esto termine de una vez por todas». En la marcha también estuvieron presentes representantes socialistas como el vicelehendakari Mikel Torres, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, o el secretario general del PSE, Eneko Andueza. Este último acusó a la derecha y la ultraderecha, «que tiene nombres como Trump, Ayuso o Feijóo», de estar «empeñadas en destruir todos esos derechos que con tanto ahínco estamos construyendo los socialistas». Mientras, el secretario general de LAB, Igor Arroyo, dijo que «la élite económica vasca sigue abrazando la globalización capitalista» y ha dejado las políticas industriales en manos de las empresas. «Ahora el PNV, que ha sacudido la bandera del buen gestor, ni siquiera es capaz de hacer un plan industrial» cuando EE UU «amenaza con aranceles», criticó en un discurso que también resaltó su apuesta por el SMI vasco y la lucha contra un gasto militar que gana peso en Europa.

Con grandilocuencia pero sin los apoyos necesarios en el Congreso el Gobierno arropó en el día de ayer a los sindicatos UGT y CCOO en la manifestación del Primero de Mayo en la que lanzaron un órdago conjunto a los partidos políticos exigiendo que negocien la reducción de la jornada laboral, en una marcha descafeinada en su convocatoria principal en Madrid con una afluencia mermada –los convocantes calcularon una asistencia de 50.000 personas respecto a las 12.000 comunicadas por Delegación del Gobierno–. La medida estrella del Ministerio de Trabajo que se aprobará en los próximos días en el Consejo de Ministros para llegar al Congreso ya como proyecto de ley sobrevoló la manifestación y centró las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales de este año –el segundo consecutivo– por el riesgo de que sea tumbada ante la falta de apoyos y también de los miembros del Gobierno. En este punto, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que “no hay vuelta atrás”, pero lo cierto es que a día de hoy no cuenta con los apoyos necesarios aunque aseguran desde el Ejecutivo que existe margen para convencer a Junts, la llave para que la medida vea la luz y se haga realidad en el BOE. De hecho, conscientes tanto Díaz como los sindicatos de la volatilidad de una eventual negociación con la formación independentista dirigida por Carles Puigdemont, la vicepresidenta también puso presión sobre el PP, cuya abstención o apoyo sería la otra baza del Ejecutivo. “Quiero saber si esos 137 diputados y diputadas del Partido Popular van a escuchar a 12 millones de trabajadores y trabajadoras que quieren ver reducida su jornada laboral. Queremos saber la utilidad de 137 diputados que tienen en su mano decir sí a mejorar la vida de la gente”, apuntaba Díaz aseverando, eso sí, que este ha sido el último Primero de Mayo en el que la jornada legal máxima de trabajo es de 40 horas semanales.

La errática política comercial de Donald Trump arrastra a los mayores fabricantes de automóviles de Europa a una vorágine de incertidumbre. Los gravámenes a los automóviles impuestos por el presidente de EE UU, que el pasado 29 de abril decidió suavizar con efecto retroactivo generando una mayor inseguridad jurídica, han provocado que los líderes del sector en el Viejo Continente, como Mercedes-Benz, Stellantis, Volvo o General Motors, retiren sus previsiones financieras. El caos desatado les dificulta estimar cuáles serán sus beneficios de cara a los próximos trimestres. Se espera que los aranceles del 25% a los automóviles importados, impuestos a principios de abril, eleven los precios de los coches estadounidenses, reduciendo la demanda y subiendo la presión sobre una industria que ya lucha con una transición lenta hacia los vehículos eléctricos. Incapaces de predecir el impacto de los aranceles, Stellantis (dueñas de Peugeot, Citroën, Opel o Fiat, aunque en EE UU le afecta por RAM y Jeep), y Mercedes-Benz fueron los últimos en sumarse a la lista de fabricantes que no se quieren pillar los dedos con predicciones. Ambas retiraron el miércoles las suyas para este año, alegando que los aranceles están alterando las cadenas de suministro y elevando los precios de los automóviles. Por su parte, Volkswagen mantuvo las suyas casi sin cambios, pero dijo que aún no está incluyendo en sus estimaciones el impacto de los gravámenes. Mercedes-Benz, que obtuvo sólidos resultados en el primer trimestre, comunicó en una nota de prensa que las previsiones del grupo y de las divisiones se mantendrán sin cambios antes de considerar cualquier impacto adicional en las tarifas. 

Mercadona, con 1.674 tiendas entre España y Portugal, aventaja a los gigantes de la distribución mundial en lo que a rentabilidad se refiere. Según los datos aportados por la compañía en sus últimos resultados, presentados a mediados de marzo, la compañía que dirige Juan Roig concluyó el ejercicio 2024 con unas ventas netas de 35.605 millones de euros, un 8,35% más que en el ejercicio precedente, mientras que su beneficio escaló hasta los 1.383 millones de euros, un 37% más. Estas cifras, que suponen para la cadena valenciana volver a batir su récord tanto de ingresos como de ganancias, se traducen en el mejor dato de rentabilidad arrojado por la compañía en su historia. A tenor de los datos presentados, su margen neto se situó en 2024 en un 3,88%, lo que significa que la empresa ganó en el último año 3,88 euros por cada 100 euros vendidos. Esta cifra supone que Mercadona es, cada ejercicio, más rentable. En 2023, el margen de la empresa se situaba en un 3,07%, tras haber superado por primera vez los 1.000 millones de beneficio, mientras que en 2019, el año previo al estallido de la pandemia, este indicador se situaba en un 2,67%, aumentando progresivamente en cada ejercicio hasta superar la barrera del 3% en el citado 2023. El incremento de rentabilidad de Mercadona se registró en el año de la estabilización de la inflación, un año en el que, explicó la compañía, volvió a tener “grandes mejoras de gestión, productividad y eficiencia” por el resultado de una “inversión sostenida en el tiempo”; en concreto, 1.045 millones de euros en esos doce meses. La ganancia de margen eleva de hecho a la valenciana por encima de los grandes distribuidores internacionales.

Entrevista con Wopke Hoekstra, comisario europeo de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio. Frente a la tajante negativa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la posibilidad de que la caída en el suministro eléctrico se haya producido por una excesiva dependencia de la generación fotovoltaica en detrimento de la energía nuclear o el ciclo combinado, Hoekstra llama a la prudencia hasta el esclarecimiento definitivo de las causas del apagón, aunque no duda en mostrarse de acuerdo con las diferentes voces en la UE que aseguran que “es poco probable que alcancemos nuestros objetivos de emisiones sin la energía nuclear. Es parte de la solución”, valora. Más allá de lo urgente de la situación derivada del apagón, el comisario holandés repasa los puntos centrales del nuevo plan de industria limpia, con el que la UE pretende avanzar en la descarbonización sin perder competitividad, así como del impacto del rearme en las políticas ambientales o la salida de EEUU de los principales pactos. "En Europa, los países donde hay equilibrio político se están moviendo más hacia ello, porque ven que necesitarán una base, pero no me compete a mí ni a la Comisión juzgar a ninguno de los gobiernos por su mix energético, eso es una cuestión que corresponde a cada país. Sin embargo, estoy de acuerdo con los expertos que dicen que será difícil alcanzar los objetivos sin la energía nuclear. Por lo tanto, la energía nuclear forma parte de la solución...-Recientemente, la Comisión presentó el Pacto Industrial Limpio, con el que se pretende acelerar la descarbonización de la industria...¿cuáles son las principales medidas del plan?- En primer lugar, simplificar los trámites para las empresas, porque se lo hemos puesto demasiado difícil para hacer negocio. También debemos ser mucho más agresivos para proteger nuestro campo de juego. Me encanta el libre mercado, pero debe darse en el marco de una competencia justa. En la industria solar, eólica o la industria del automóvil, nuestras empresas no están compitiendo en igualdad de condiciones. Por ejemplo, por la entrada de productos subvencionados por países como China. Por otro lado, necesitamos una unidad de mercado más efectiva en Europa, donde el capital fluya mucho más libremente para que las pymes puedan acudir a recursos financieros más allá de los bancos. Y, en cuarto lugar, debemos potenciar la innovación, donde realmente tenemos una gran desventaja con EEUU. Esto también necesita mucho más dinero público. Además, necesitamos una rápida electrificación. Eso significa inversiones en la red, en infraestructura de carga para vehículos eléctricos o inversiones en interconectores para que los países estén conectados, para que la red de electricidad no solo sea un proveedor del sistema, sino también un polo de competitividad, neutralidad climática e independencia. Por último, mencionaría la circularidad. Necesitamos convertirnos en campeones del mundo en este campo..."

El principal asesor económico de Donald Trump, Stephen Miran, tuvo que hacer verdaderos esfuerzos para tranquilizar a los principales inversores en bonos en una reunión la semana pasada, tras la reacción de Wall Street provocada por los aranceles del presidente. Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos, se reunió la semana pasada con representantes de los principales hedge fund y otros grandes inversores en el edificio de la Oficina Ejecutiva Eisenhower de la Casa Blanca, según informaron personas del entorno. Algunos participantes calificaron de contraproducente la reunión. De hecho, dos personas describieron las declaraciones de Miran sobre los aranceles y los mercados de “incoherentes” o incompletas, y una de ellas afirmó que Miran estaba “desorientado”. “Le bombardearon a preguntas y ahí fue cuando todo se vino abajo”, dijo una persona familiarizada con la reunión. Otra persona que asistió a la reunión se mostró más positiva por la estrategia de la Administración respecto a la desregulación y las reducciones de impuestos. Entre los 15 asistentes se encontraban representantes de los hedge fund Balyasny, Tudor y Citadel, así como de las gestoras de activos PGIM y BlackRock. El evento, convocado por Citigroup, se programó para coincidir con la reunión de primavera del FMI. “Los miembros de la administración mantienen conversaciones de forma habitual con líderes empresariales y grupos del sector sobre nuestras políticas comerciales y económicas. Sin embargo, el único interés que guía la toma de decisiones de la Administración y del presidente Trump es el bienestar de los estadounidenses”, declaró la Casa Blanca cuando se preguntó sobre la reunión.

Hace justo un mes, en la rosaleda de la Casa Blanca y ante la plana mayor de su Gobierno, el presidente Donald Trump aseguró que «el 2 de abril de 2025 será recordado para siempre como el día en que la industria estadounidense renació. El día en que comenzamos a enriquecernos de nuevo». Trump, repitiendo su narrativa habitual de que el país «ha sido saqueado y expoliado por naciones cercanas y lejanas, tanto amigas como enemigas» durante décadas, insistió en que iba poner fin a la «angustia» de los trabajadores, abrumados por «líderes extranjeros que nos roban el empleo, estafadores extranjeros que saquean nuestras fábricas». El líder republicano garantizó prosperidad y bienestar, pero en el mes transcurrido lo único que los ciudadanos han visto y sufrido son caos, incertidumbre máxima, pérdidas inmensas en las Bolsas, subidas de precios y amenazas de desabastecimiento en los lineales de los supermercados. El balance provisional es desolador. Billones de dólares en acciones, quemados; el índice de aprobación más bajo para un presidente en apenas 100 días, los niveles de confianza de consumidores en mínimos. Y sobre todo, una contracción de una décima en una economía que cerró 2024 con un crecimiento anualizado del 2,4%. Un dato un poco engañoso, porque tiene más que ver con la forma en la que se calcula el PIB que con una parálisis de la actividad, pero en todo caso producto de los aranceles, ya que el dato que adultera el cálculo fue el de las importaciones, desatadas un 40% más en las semanas previas a la entrada en vigor del proteccionismo aduanero. Pero quizás lo más significativo es la sensación de improvisación y arbitrariedad, el no saber lo que ocurrirá mañana. Política y regulatoriamente, porque las normas cambian al son de los tuits del presidente. De lo último que ha visto en televisión, de una llamada, de un mal dato en su pantalla. «Los aranceles son algo maravilloso para nosotros. Nos enriquecerán mucho, pagaremos la deuda y se recaudará tanto dinero que podremos reducir sus impuestos. Estamos en un momento realmente asombroso; el espíritu que tenemos en este país ahora mismo es más grande que nunca», aseguró el jueves en un acto.

Ucrania respira aliviada tras firmar el acuerdo con EE UU que le garantiza el apoyo militar de Donald Trump. A cambio, el Gobierno de Volodímir Zelenski acepta una explotación conjunta de los minerales de su país, invadido por Rusia en 2022. Ucrania no tendrá que devolver a EE UU la ayuda ya prestada. Ucrania y Estados Unidos celebraron ayer los beneficios mutuos que van a obtener del pacto millonario de explotación del subsuelo de la antigua república soviética, firmado el miércoles. De esta forma, ambas partes escenifican cierto deshielo tras semanas altamente turbulentas por diferencias en torno al camino que debe llevar la paz al país invadido por Rusia. Washington, el principal pilar de la ayuda exterior recibida por Kiev durante la guerra, va a seguir prestando apoyo (armas, municiones, tecnología o entrenamiento), aunque desde ahora lo hará recibiendo, como contrapartida, los rendimientos del conocido como acuerdo de los minerales. Al mismo tiempo, se va a allanar el camino de la reconstrucción de Ucrania, aunque esta sigue lejos todavía. El pacto sellado en Washington a última hora del miércoles era condición indispensable de EE UU para seguir comprometido con las negociaciones para acabar con la contienda. Y el acuerdo en sí fue ayer calificado de de “igualitario” y “justo” por el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que asegura que redundará en beneficios para ambas partes.