20240119

Cebek creará una EPSV de empleo que podría acoger a los 140.000 trabajadores sujetos a la negociación colectiva en este territorio. La fórmula escogida, según explica su secretario general, Fran Azpiazu, es que esa entidad contrate los servicios para la gestión de inversiones a Geroa. Se aprovecharía así la estructura y experiencia que tiene el organismo guipuzcoano. El movimiento que ha provocado esta decisión ha sido el convenio de la construcción. Se renovó a finales de diciembre para 16.000 trabajadores de Bizkaia e incorporó el acuerdo del marco nacional del sector que incluía el plan complementario de pensiones para cada empleado. Ante la seguridad de que a partir de ahora todos los convenios de ámbito estatal incorporarán esta cuestión, Cebek ha optado por crear la EPSV vizcaína a la que realizar las aportaciones cuando empresas y sindicatos así lo acuerden. Las empresas reclaman deducciones fiscales y seguridad jurídica para consolidar el sistema. Desde el Departamento de Hacienda del Gobierno vasco confirman la voluntad de mejorar el tratamiento fiscal de los planes complementarios de pensiones. Eso sí, primando las EPSV preferentes, es decir, cuando el cobro del ahorro solo pueda darse en forma de renta mensual al llegar a la jubilación. Pero esta competencia corresponde a las diputaciones y el momento político en víspera electoral es complejo. La toma de decisiones se mantendrá de forma autónoma en cada patronal, respetando el ámbito territorial de la negociación colectiva. En Álava, SEA arranca precisamente ahora la renovación del convenio de la construcción. Pero, siendo conscientes de la necesidad de incorporar los planes de complemento de pensiones, esperarán a ir cerrando acuerdos con los sindicatos.

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, recibió ayer en el palacio foral a la plataforma de críticos de Geroa, que reclama poder recuperar de una sola vez, una vez jubilados, la renta aportada a esta EPSV. Mendoza insistió en «crear condiciones» para un acuerdo, según fuentes de Diputación y volverá a reunirse con este colectivo.

Tras caídas continuadas desde abril en las ventas al exterior de las empresas vascas, el pasado mes de noviembre dio un respiro. Según los datos publicados por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) ayer, las exportaciones, aunque por poco, salieron de la zona roja con un crecimiento del 0,8%. Son 3.152 millones de euros que hacen un acumulado en 2023 de algo más de 30.000. Una cifra que queda prácticamente plana respecto a 2022 con un crecimiento del 0,2% y que evidencia el proceso de desaceleración económica que atraviesa Euskadi y que es común al conjunto de las economías occidentales. El dato, aun siendo positivo, no esconde la debilidad de una balanza comercial que, como es normal, refleja el enfriamiento de países como Francia, Alemania o Reino Unido, los principales compradores de Euskadi. El pasado noviembre fue Petronor la que alivió a las exportaciones. La refinería vasca de Repsol capitaliza casi un 10% de las ventas al exterior y aumentó su comercialización internacional en ese mes un 45%. En cambio, los productos no energéticos, donde el protagonismo es de la industria, siguen en parámetros negativos. Su evolución, según reflejan los datos del Eustat, retrocedió un 3,1%. Un dato que es más que relevante porque este capítulo exportador representa la inmensa mayoría de las ventas, casi un 90%. Además, las compras que realizan las compañías de Euskadi en el extranjero, que representan un termómetro de la provisión de material para hacer frente a la carga de trabajo, siguen en caída.

El Colegio de Economistas Vascos presentó ayer su análisis sobre la situación de Euskadi. Y la visión no es positiva, ya que el 42% de los profesionales consultados considera que en este año la economía empeorará. En cambio, un 33% cree que seguirá igual y solo un 25% confía en una mejora. Son los resultados del Ekonometro de 2023, un indicador de confianza que la entidad colegial presentó ayer en Bilbao y al que dará un carácter anual a partir de ahora. En el análisis, construido con una encuesta sobre el 10% de los economistas asociados al colegio profesional, se concluye que el pasado año la marcha económica se vio lastrada por las tensiones geopolíticas, como la guerra de Ucrania y el conflicto de Oriente Próximo. El informe que presentaron los economistas Noemí Peña e Iñaki Fernández de Gamboa, dedicó un capítulo al impacto de la inteligencia artificial. Según la encuesta, esta tecnología sí contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales del sector. Así lo confirmaron el 76% de las respuestas, pero un elevado 44% apuntó también que el desarrollo de la IA supondrá la destrucción de empleo. La perspectiva de la marcha económica personal, en cambio, ofreció la visión más optimista. Así, el 80% de los participantes en el estudio creen que mejorará o seguirá igual en este año.

Un entorno en el que los precios moderan las subidas, un empleo en Euskadi que reduce la tasa de paro al 7% y la promesa de la bajada de tipos de interés tras el verano. Son los ingredientes perfectos para despertar la demanda del préstamo al consumo. Así se desprende del estudio que Kutxabank presentó ayer sobre el comportamiento de estos créditos en el País Vasco. La previsión de la entidad financiera es que el saldo de estos préstamos crezca un 3,1% y alcance los 6.700 millones en toda la comunidad autónoma. El comportamiento sigue la tendencia del resto de España, donde se prevé una subida del 3,5% con un volumen de 166.500 millones. El análisis ha sido elaborado por el Centro de Predicción Económica (Ceprede), que pronostica así el «inicio de la senda de la recuperación». La evolución del préstamo en 2020 experimentó una pronunciada caída con descensos de hasta el 10% que se mantuvieron en 2021 (-5,9%) y 2022 (-2,4%). El pasado año moderó su caída a un 0,5% con un saldo de 6.497 millones. La tendencia, según el informe dirigido por el catedrático de Economía Aplicada Julián Pérez, se mantendrá además entre 2025 y 2030. Para ese quinquenio, el crecimiento del volumen crediticio para consumo se fija en el 6%. Es más que la media prevista para el conjunto de España, 5,3%. El País Vasco ocupa en esta evolución hasta 2030 la sexta posición en el ranking de comunidades autónomas. 

Una iniciativa conjunta de nueve empresas vascas ha desarrollado un tecnología avanzada para la captura del dióxido de carbono (CO2) industrial y su posterior conversión en compuestos de alto valor añadido, como combustibles o productos químicos, que servirán como materia prima para la fabricación de materiales de construcción. El proyecto se llama LOWCO2 y ha sido realizado por un consorcio de empresas referentes, entre las que se encuentran Lointek, Calcinor, Cementos Lemona, Petronor, Prefabricados Etxeberria, Sader, Tamoin y Zabalgarbi, además de agentes de la RCVTI como Tecnalia y la Escuela de Ingeniería de Bilbao (UPV/EHU), Aclima y el Basque Enviroment Cluster. El desarrollo de esta iniciativa se enmarca además en el programa de ayudas Hazitek, del Gobierno vasco, diseñado para promover proyectos de I+D tanto en pymes como en las grandes empresas. Ha contado, asimismo, con un presupuesto de 5 millones de euros y se espera que, una vez salga al mercado, genere alrededor de 2.400 nuevos empleos y diez nuevos productos, así como mejoras en otros ya existentes.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cargó ayer duramente contra el consejero delegado de Repsol acusándole de defender un discurso basado en el «negacionismo y el retardismo» respecto a la manera en que se está abordando desde Europa la transición energética para luchar contra el cambio climático. Y Teresa Ribera no es una cualquiera. Porque además de ser una de las pocas escuderas que ha tenido Pedro Sánchez desde que llegó a Moncloa, tiene todas las papeletas de liderar la plancha del PSOE a las elecciones europeas y de ser la ‘comisaria española’ en la futura Comisión. Y en la negociación, además, el Gobierno español está decidido a pedir la vicepresidencia del área energética. De ahí que conviene tener muy en cuenta las declaraciones de Ribera, como las que ayer hizo a la Sexta. Tras confesar que «tenía un gran respeto» por el que fue exconsejero vasco de Industria, exeurodiputado y presidente del PNV, tachó de «crecientemente decepcionante» y «populista» su mensaje pidiendo repensar la transición energética.  A este respecto, Ribera indicó que «si hay algo que está claro es la incidencia de los hidrocarburos y de la quema de combustibles fósiles» en la seguridad climática, así como en «la calidad de nuestra vida o en los fenómenos meteorológicos extremos, que representan la pérdida de miles de vidas y miles de millones al año en todo el mundo». Por ello, acusó a Imaz de cuestionar de «una manera mucho más sutil, demagógica, populista» el hecho de que se activen políticas contra el cambio climático, sabiendo que «evidentemente en ese proceso de transformación las cosas no cambian de un día para el otro». Por ello, calificó el comentario del consejero delegado de Repsol de «interesado» en generar una reacción en contra de las políticas de lucha contra el cambio climático. «Desgraciadamente, aunque él, personalmente, sabe que se necesitan las políticas de lucha contra el cambio climático, es una manera clásica de negacionismo y retardismo, cosa, como digo, que nunca hubiera esperado de un señor como es Josu Jon Imaz». 

Un nuevo proyecto eólico se acaba de poner sobre la mesa en Bizkaia. La empresa catalana Rapid Reaction Systems quiere implantar un parque de aerogeneradores en la comarca de Las Encartaciones. En concreto, la compañía ha iniciado los trámites para construir una central que disponga de 7 molinos en una zona que ocuparía terrenos de montaña en los términos municipales de Zalla, Sopuerta, Galdames y Güeñes, en las proximidades de los montes Cinto, Artegi y Zipar, entre otros. El plan aspira a disponer de una potencia de producción de 31,5 MW, lo que, en condiciones óptimas de funcionamiento, permitiría dotar de energía eléctrica a unos 20.000 hogares. La iniciativa de Rapid Reaction Systems, que la propia mercantil ha bautizado como parque eólico El Roble, acaba de echar a rodar. El Gobierno vasco ha procedido esta semana a cursar el primer trámite: el de información con fines de competencia. Es decir, el Ejecutivo autonómico comunica la intención de la compañía de instalarse en ese lugar y pide que si otras promotoras están igualmente interesadas, se pronuncien para establecer un proceso público de concurrencia de cara a ver quién sigue adelante con la tramitación. Con la solicitud de Rapid Reaction, el número de proyectos eólicos que están sobre la mesa para su estudio y posible ejecución en Bizkaia asciende a doce. Entre todos aportarían una potencia máxima de 407 MW y 67 aerogeneradores. Esto supondría multiplicar por más de once, el potencial actualmente instalado, que se limita a los 25 MW del Monte Oiz y los 10 MW del dique de Punta Lucero. En el mejor de los escenarios, los nuevos proyectos podrían alimentar a alrededor de 220.000 hogares.

Euskadi está recurriendo a los inmigrantes para cubrir las necesidades de un mercado laboral muy envejecido y con falta de profesionales. Prueba de ello es que al cierre de 2023 se contabilizaban en la comunidad autónoma 91.635 cotizantes extranjeros, tras sumar 8.412 en el ejercicio, un 10% más. Pero estas cifras solo recogen el último arreón. Si se amplía la horquilla y se observa toda la década, la conclusión es que el número de trabajadores foráneos se ha prácticamente doblado desde 2013, cuando no llegaban ni a 47.000. Es verdad que justo ese año fue el más bajo después del golpe brutal de la crisis financiera y que a partir de ahí el empleo inició una fuerte recuperación, que solo se vio temporalmente interrumpida por los efectos de la pandemia. Pero la diferencia entre la evolución de los cotizantes extranjeros y los autóctonos desde entonces es muy reveladora. Así, mientras los primeros han crecido un 95% (desde los 46.687 hasta los 91.635), los segundos solo lo han hecho en un 11%, desde los 905.300 hasta 921.300. Una de las razones que explican esta tendencia es el elevado ritmo de jubilaciones entre los trabajadores autóctonos, que hace que las salidas compensen en gran medida las entradas. Mientras tanto, los extranjeros ganan presencia en el mercado laboral ante la demanda de mano de obra, especialmente en los sectores con peores salarios y condiciones como el de los cuidados, el transporte o la hostelería. De hecho, los inmigrantes han supuesto un tercio de todos los cotizantes incorporados en Euskadi en la última década: casi 45.000 sobre un total de 137.800. Y ese porcentaje ha ido aumentando en los últimos años. En el ejercicio 2023, el 45% de los nuevos afiliados venía de fuera. Pese al espectacular incremento de la presencia de extranjeros en el mercado laboral vasco, su peso sobre el total de afiliados es todavía reducido, de un 9% frente al 13% que alcanza en España.

«Somos conscientes de que los ojos de las empresas vascas y de fuera de nuestro país están fijadas en este acto». Con estas palabras abrió ayer Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao, la ceremonia de inauguración de la nueva sede de Vicomtech en Zorrozaurre, una de las zonas con mayor proyección de la capital vizcaína y donde el Ayuntamiento pretende levantar el primer parque tecnológico urbano de Euskadi y una ciudad universitaria. Vicomtech, una fundación privada dedicada al desarrollo de la Inteligencia Artificial, aterrizó en Bilbao hace dos años, en un edificio del Ensanche. Ahora, con 34 trabajadores en Bizkaia (el grueso de su actividad se concentra en el parque tecnológico de Gipuzkoa), traslada su sede a las instalaciones del Edificio de Ribera de Zorrozaurre 2, un local municipal que el Ayuntamiento cede gratis a la empresa. En un intento por captar otras compañías, Aburto calificó la apuesta de Vicomtech por establecer su sede en la isla «como una carta de presentación para otras empresas que, en un futuro ya no tan lejano, darán resultados económicos muy importantes para el desarrollo de la ciudad». De hecho, la llegada de Vicomtech a Zorrozaurre va acorde con los objetivos estratégicos del Consistorio, que busca impulsar en la isla un ‘hub’ de creación y transferencia de tecnologías digitales avanzadas en el campo de la Inteligencia Artificial. Es más, se trata de la primera empresa dedicada a este ámbito que recala en esta zona de la capital vizcaína, donde ya han abierto sus sedes tres universidades (Mondragon, el Instituto Europeo de Diseño y el Instituto Europeo de Tecnología). El centro prevé la contratación e incorporación paulatina a sus oficinas de personas con perfiles vinculados a la investigación industrial aplicada. Según señaló su presidente, Jon Ander de las Fuentes, con estos recursos Vicomtech «sigue fiel a su misión de impulsar la transferencia de conocimiento tecnológico a las empresas, además de apoyar la formación de investigadores especializados, reafirmando su cercanía al tejido productivo y empresarial vasco».

El equipo de Eneko Andueza continúa puliendo su programa con aportaciones de la ciudadanía y a través de reuniones con los agentes sociales. Ayer el secretario general de los socialistas vascos se reunió en Bilbao con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, a la que trasladó sus propuestas en materia económica e industrial. «La economía vasca está resistiendo, pero es evidente que no ocupamos las posiciones de liderazgo de antaño», asumió Andueza en sus redes sociales al término del encuentro.

El Departamento de Salud elevó el pasado año hasta los 269 millones de euros la cantidad que destinó a sufragar los diferentes conciertos que tiene suscritos con distintas entidades privadas para que le presten servicios sanitarios. Una parte de estos gastos son estructurales, como ocurre con las ambulancias, pero otros varían en función de la actividad. Es el caso de los destinados a reducir las listas de espera por medio de la colaboración público-privada. En 2023, Salud destinó a clínicas y centros ambulatorios 114 millones de euros, un 9% más que el año anterior. Estas partidas son las que más crecen de todas las que dedica la consejería a concertar servicios con la sanidad privada. Los acuerdos del Gobierno vasco con las clínicas ascienden a la cantidad de 73,6 millones de euros. Son 6,2 millones más respecto a 2022, todo ello debido al incremento de las intervenciones que remite Osakidetza a estos centros con el fin de ayudar a reducir las listas de espera, que se dispararon por la pandemia. Durante el pasado año los centros privados asumieron más de 4.000 cirugías programadas por el Servicio Vasco de Salud. En Bizkaia, San Juan de Dios y el hospital de la Cruz Roja son los dos principales centros a los que se remiten pacientes desde la pública. También se derivan al IMQ. En Álava, se apoya en el centro que Quirónsalud tiene en Vitoria, mientras que en Gipuzkoa lo hace con la Policlínica, Matia Fundazioa, la clínica Asunción y con Mutualia. A nivel ambulatorio Osakidetza ha incrementado en el último año hasta los 40 millones –3,5 millones más– los conciertos con diferentes centros sanitarios para que le presten asistencia a la hora de realizar hemodiálisis a personas con problemas renales, ofrecer oxigenoterapia, efectuar resonancias magnéticas, T. A. C., pruebas diagnósticas o sesiones de rehabilitación. En este apartado se incluye también el programa PADI de atención dental infantil. Lo que no cambia es que la del transporte sanitario sigue siendo la partida a la que más fondos destina Salud. Osakidetza solo cuenta con UVI móviles propias. Los traslados urgentes y los programados los tiene subcontratados. Las dos empresas de ambulancias que atienden este servicio, La Pau y Ambulancias Gipuzkoa, recibieron el pasado año 79 millones de euros, el 29,5% del total de los fondos que destina el Gobierno vasco a concertar prestaciones sanitarias con entidades privadas.

Uno de los principales desafíos que enfrenta el euskera en el siglo XXI consiste en dar el salto definitivo desde el conocimiento hacia el uso en todos los ámbitos de la vida. «Nuestro reto ahora es lograr que las lenguas que se han utilizado en los colegios, la formación profesional y la universidad tengan su lugar también en el trabajo», expuso ayer Iñigo Urkullu en la inauguración del congreso ‘Languages Lanean’. El lehendakari realizó una defensa cerrada del «valor de la lengua» en las empresas bajo la premisa de que el euskera hace más «competitivas» a las compañías vascas porque supone un elemento «distintivo» en un contexto globalizado. El jefe del Ejecutivo autonómico protagonizó en el Palacio Euskalduna la intervención inicial de unas jornadas organizadas entre el Departamento de Cultura y Política Lingüística y el de Desarrollo Económico para abordar los retos de la gestión de los idiomas en la actividad económica. Instituciones vascas y europeas, así como empresas locales e internacionales de la talla de Corporación Mondragón y Google, participaron ayer en una serie de conferencias y mesas redondas. En el segundo de los dos días, hoy viernes, se analizará la perspectiva de los creadores y agentes del ámbito cultural. En la inauguración del congreso, Urkullu se remontó al siglo XX para ensalzar el proceso de recuperación del euskera tras la dictadura franquista. «El modelo educativo vasco soñó el pasado siglo con jóvenes euskaldunes plurilingües. Gracias al gran esfuerzo de nuestras familias, los profesores, los ciudadanos y las instituciones, ese sueño se ha hecho realidad», destacó. Sin embargo, el Gobierno vasco es más que consciente de que las curvas del conocimiento y el uso del euskera no discurren en paralelo. El lehendakari se preguntó en concreto «qué lugar tiene el euskera en nuestros espacios de trabajo y en las relaciones entre trabajadores» y en «qué idioma se habla», por ejemplo, ante los proveedores.

El grupo francés de telecomunicaciones Orange y su rival MásMóvil están a punto de obtener la aprobación de la Comisión Europea (CE) para su fusión en España, según fuentes cercanas a la operación. El acuerdo de los promotores de la fusión tendrá condiciones o remedies impuestos por el Ejecutivo comunitario, para intentar restaurar los niveles de competencia a la situación que existe antes de la fusión. Los remedies incluyen la venta vinculante, por parte de MásMóvil a Digi, de una serie de frecuencias radioeléctricas, en las bandas de 1800 megahercios (MHz), 2.100 MHz y 3,5 GHz, que suman, en total, 60 megahercios, como confirmó, posteriormente, la compañía rumana Digi, receptora de los mismos. Estas frecuencias serán adquiridas por Digi, a plazos, por un precio global de 120 millones de euros, de los que 20 millones, están condicionados a resultados futuros.

Seidor quiere convertirse en la primera consultora tecnológica española de capital privado, para lo que se ha marcado el reto de alcanzar unas ventas de 1.000 millones de euros en 2025. Con ese objetivo, y consciente de las oportunidades que hay en el sector público, la compañía propiedad de la familia Benito ha adquirido una participación mayoritaria en Gesein, una empresa de servicios y consultoría TIC especializada en contratos con la Administración. La operación, cuyo importe no ha trascendido, permitirá a Seidor proporcionar soluciones más robustas y específicas para este sector, todavía con grandes oportunidades de digitalización, y ganar cuota de mercado entre las agencias y organismos del Estado. Fundada en Madrid en 1993, Gesein es una compañía tecnológica que trabaja principalmente para el Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos. Concretamente, sus principales clientes son la Agencia Tributaria, Gerencia Informática de la Seguridad Social, Secretaría General de Administración Digital, Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), Ministerio de Transporte, Fundae o el Ayuntamiento de Madrid, entre otros. La firma realiza para ellos aplicaciones, consultoría de transformación digital y servicios de infraestructuras digitales. En 2022, último ejercicio con datos disponibles, Gesein alcanzó una facturación de 20 millones de euros. Sus 350 empleados se integrarán en la estructura de Seidor y el director general, Santiago Aranda, será el máximo responsable de la división de sector público de Seidor en Madrid. Este área pasará a operar bajo la marca Seidor Gesein.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a abrir la caja de los truenos en el sector empresarial, al criticar el pasado miércoles los sueldos de los directivos por considerarlos “elevadísimos” y proponer que se abriera un debate al respecto. El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha tardado pocas horas en responder y arremeter contra Díaz, a la que acusó ayer de ser populista. También ha criticado que la sugerencia implícita en las declaraciones de Díaz de intervenir en las retribuciones empresariales es de “república bananera”. Estas acusaciones alimentan la tensión con la que empresarios y Trabajo han iniciado la legislatura después de que la patronal se negase a firmar la subida del salario mínimo, de un 5%. “Se resume muy fácil: empieza por p y acaba por o: populismo”, ha afirmado en Valencia Garmendi al ser preguntado por su opinión de las declaraciones de la ministra, para acto seguido reprochar a la titular de Trabajo que mensajes como ese generan ”falta de confianza” y “preocupación de la gente” sobre “hasta dónde vamos a llegar”. Tal y como acostumbra, el líder empresarial ha tirado de una referencia a la situación cotidiana para explicarse y ha comparado las declaraciones de Díaz con ir a un partido de fútbol y encontrarse con el árbitro vestido del mismo color que el equipo contrario, por lo que ha considerado que con esos mensajes “desvirtúa el diálogo social”. A su juicio, “que una ministra de España esté hablando de un intervencionismo tal, de república bananera”, hace peligrar la llegada de inversiones. Por eso, para el dirigente patronal “no vale ya todo”. “Si queremos que los directivos de este país se vayan fuera de España, si queremos que el talento se vaya fuera de España, si queremos perder el tren, si lo que queremos no es crear riqueza, sino repartir la pobreza, pues juguemos ese partido”, ha indicado. Garamendi también ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en el Foro de Davos (Suiza) pidió a las empresas ayuda para defender la democracia. Según el jefe de la patronal, el empresariado defiende “desde siempre” la democracia y la Constitución y se sitúa “al margen partidista”. “Ni estamos en el neoliberalismo”, como demuestran a su juicio las empresas a través de su responsabilidad social corporativa y su aportación de riqueza, “ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía”.

La escasa productividad es el gran talón de Aquiles de la economía española. Un problema casi endémico que constriñe su potencial de crecimiento en el futuro, al lastrar la mejora de las rentas y, con ello, los niveles de bienestar del país. Y no es un mantra, sino el triste reflejo de la evolución de los indicadores. Y estos muestran que la productividad total de los factores en España (aquella que mide la eficiencia tanto del trabajo, como de la inversión productiva, la digitalización y la innovación o la propia dinámica productiva de las empresas) se ha desplomado un 7,3% en lo va de siglo (esto es, entre 2000 y 2022), según un informe de la Fundación BBVA y el Ivie (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), que han puesto en marcha un Observatorio de la Productividad y la Competitividad en España (OPCE) para analizar la evolución de este crucial indicador y poner sobre la mesa posibles vías de mejora. Porque la comparativa con otras grandes economías europeas e internacionales no deja lugar a dudas: la economía española necesita mejorar, y mucho, para dejar de ser el gran farolillo rojo en este ámbito. Y es que mientras que en España la productividad se ha hundido en las últimas décadas, en Alemania ha repuntado un 11,8%; en Reino Unido un 8,8%, y en Francia un tibio 0,8%. A la cabeza se encuentra EEUU, donde se ha disparado un 15,5% desde 2000. En Europa, las diferencias entre norte y sur vuelven a quedar patentes. Mientras que las dos grandes economías del bloque, Alemania y Francia, han mejorado (la última muy discretamente), las principales economías del sur, España e Italia, han empeorado, con el país transalpino sufriendo un retroceso del 5,1%.

Entrevista en Davos con el presidente del BBVA, Carlos Torres. Torres nunca ha ocultado sus críticas a la “injusta” tasa que el Gobierno español de Pedro Sánchez impuso a los grandes bancos y energéticas por los supuestos beneficios extraordinarios que estaban obteniendo con la escalada de precios y tipos de interés. Pero ahora desgrana con nitidez hasta qué punto esa tasa, que se bautizó popularmente como “el impuestazo”, es dañina para la economía del país en su conjunto. “Este impuesto extraordinario no debería haber existido y mucho menos debiera extenderse más allá de 2024”, dice Torres en un momento crucial para determinar el futuro de esa tasa. El impuesto –un porcentaje de las ventas de las energéticas y los ingresos de la banca– se aprobó en 2022 para dos años. En 2023 el Fisco cobró el impuesto con cargo a 2022 –algo más de 200 millones en el caso de BBVA– y este año cobrará con cargo al ejercicio 2023. La incertidumbre ahora es total. El pacto de PSOE y Sumar para formar Gobierno contempla su prórroga, pero el Gobierno ha aprobado un confuso decreto para “su rediseño” con un sistema de exenciones por proyectos en transición ecológica que no ha definido. El problema, dice Torres, no es si se trata de un año u otro, o de si hay exenciones. “Aislar el efecto en un año concreto es complicado”. “La evidencia internacional disponible confirma que estos impuestos afectan negativamente al volumen de préstamos y conducen a un menor crecimiento del Producto Interior Bruto”, independientemente de si se prolongan más o menos en el tiempo.

La tendencia de fuerte crecimiento continuado que se estaba experimentando en los últimos años se frenó en seco el pasado mes de diciembre, cuando se registró la primera caída mensual desde abril de 2020. Los datos publicados ayer por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (Acea) desvelan un cambio en la tendencia de crecimiento de las ventas de eléctricos de los últimos tiempos. Así, en el conjunto de Europa (incluyendo Reino Unido) se vendieron 205.980 coches eléctricos, un descenso del 25,4% frente a diciembre de 2022. Acea señala que esta bajada se justifica por los altos volúmenes contabilizados en el mismo mes del año previo, pero también apunta al desplome experimentado en Alemania tras la decisión de su Gobierno de suprimir las ayudas a la compra de este tipo de coches. Alemania, el primer mercado europeo de coches eléctricos, experimentó un desplome del 47,6% en sus entregas de eléctricos en el último mes del año pasado, dejándose casi 50.000 coches. El Gobierno teutón anunció en diciembre su decisión de suprimir el apoyo a la adquisición de eléctricos, dando un vuelco a la estrategia que han seguido la mayoría de los mercados europeos y abriendo la puerta a que otros países puedan emular esta postura. Esto mete presión a las marcas de coches, que se verán obligadas a bajar los precios de los eléctricos si quieren alcanzar los ambiciosos objetivos comerciales que se han puesto para esta tecnología, en línea con la regulación europea, que obliga a no vender coches y furgonetas nuevas con emisiones desde 2035. En el conjunto de 2023, las entregas europeas de automóviles eléctricos sí crecieron, un 28,2%, superando los 2 millones de unidades, aunque se frenó el avance del 40% que acumulaba hasta el pasado mes de noviembre.

La decisión del Constitucional en torno a la reforma del Impuesto de Sociedades aprobada por el Gobierno central en 2016 va a tener un impacto muy reducido en Euskadi, según han indicado fuentes de las haciendas forales y expertos fiscalistas. Tan solo las empresas más grandes, las que obtienen más del 75% de su facturación fuera de Euskadi, entran dentro del grupo de compañías que podrán revisar sus declaraciones de impuestos. Y ello porque estas empresas, aunque tengan su sede social en el País Vasco, están obligadas a aplicar la normativa del Impuesto de Sociedades del Estado y no la vasca. Aunque algunas de las cuestiones que ahora han sido declaradas inconstitucionales también han sido incorporadas en los últimos años a la normativa foral de Sociedades, todo parece indicar que no se verán afectadas. Es lo que sucede, por ejemplo, con la compensación de las bases imponibles negativas, que también se ha reducido al 50% –se aumentó de 15 a 30 años el periodo para computar ese ajuste– salvo para las microempresas. Sin embargo, la sentencia del Constitucional ha puesto el acento en señalar que no son las medidas acordadas, sino el procedimiento utilizado para aplicarlas, un real decreto, lo que colisiona con la legalidad. El fallo considera que los cambios eran de suficiente calado como para justificar su tramitación como ley ordinaria.

A medida que pasan los días, la preocupación por las tensiones en el mar Rojo y sus posible efectos sobre el comercio mundial se acrecientan. Ya han dado la voz de alarma numerosos sectores, como el automovilístico, el agroalimentario o el de gran consumo, que han denunciado los primeros problemas de suministro para algunas empresas. Ayer fue el turno del energético. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) avisó de que “el riesgo de interrupciones en el suministro mundial de petróleo debido al conflicto de Oriente Medio sigue siendo elevado, en particular para los flujos de petróleo a través del mar Rojo y, fundamentalmente, el Canal de Suez”. La advertencia del brazo energético de la OCDE no es baladí, ya que, como la propia agencia recordó ayer en su último informe mensual, en 2023 alrededor del 10% del comercio mundial de crudo por vía marítima cruzó el mar Rojo, así como el 8% del gas natural licuado (GNL). Al igual que está sucediendo con otro tipo de bienes, los ataques con misiles a barcos por parte de los insurgentes hutíes de Yemen ha obligado a muchas navieras a buscar rutas alternativas, lo que alarga entre dos y tres semanas los viajes, elevando “la presión sobre las cadenas de suministro globales” y aumentando “los costes de fletes y seguros”, señaló la AIE, que, no obstante, lanzó un mensaje tranquilizador al mercado. “La AIE está dispuesta a responder con decisión si se produce una interrupción del suministro y el mercado mundial del petróleo requiere barriles adicionales”, aseguró, recordando que los países miembros de la organización (una treintena en total) cuentan con reservas de alrededor de 4.000 millones de barriles, de los que 1.200 millones de barriles están bajo el control de sus respectivos gobiernos y a los que se podría recurrir en caso de emergencia.

El primer cuarto del siglo XXI ha traído grandes avances contra el cáncer, pero los especialistas están convencidos de que los mayores de todos están aún por llegar. El desarrollo de la inteligencia artificial, que este último año ha explotado como tendencia tecnológica, permitirá en diez años «revolucionar» tanto el diagnóstico como las terapias frente a las enfermedades oncológicas. El análisis por computadora de millones de datos referidos a pacientes de todo el mundo sobre tratamientos y resultados terapéuticos lo cambiará todo. Hasta tal punto que los clínicos serán capaces de saber qué medicamentos y procedimientos se ajustan a las necesidades de cada enfermo y, si se ve que van a ser inútiles, podrán incluso evitárselos. «La medicina en general va a ejercerse de una manera completamente distinta a la que hemos conocido hasta ahora». Así lo cree el reconocido oncólogo Guillermo López Vivanco, que ha acudido esta semana al foro Encuentros con la Salud para hablar sobre ‘El cáncer, hacia una enfermedad crónica o curable’. Algoritmos matemáticos serán capaces de discernir qué moléculas presentes en los enfermos son definitorias de una enfermedad y a qué pacientes, dadas sus características biológicas, una terapia les irá bien, medianamente bien o directamente mal. «Ya no vamos a fijarnos tanto en si está presente tal o cual biomarcador, sino en el perfil de cada paciente, que será el que nos dirá qué debemos hacer». Además de tenerse en cuenta la presencia de determinadas moléculas en sangre, por ejemplo, se valorará la edad del paciente, su estilo de vida, el lugar donde vive, su tipo de trabajo, quién sabe si su estado emocional... todo. Los grandes avances que se avecinan gracias a la inteligencia artificial podrán verse truncados, sin embargo, por el crecimiento imparable de los costes de las terapias. El de los nuevos fármacos contra dianas biológicas oscila entre los 140.000 y 150.000 euros. Cada paso adelante frente al cáncer encarece el coste de la supervivencia.

Irán y Pakistán han abierto un nuevo frente con Baluchistán como epicentro que eleva aún más la temperatura de una región en llamas desde que estalló la guerra en Gaza. Menos de 48 horas después del ataque con misiles del régimen de los ayatolás contra bases del grupo islamista baluche Jaish al-Adl en territorio de su vecino del sur, el Gobierno de Islamabad respondió a la violación de su espacio aéreo con una operación «contra grupos terroristas» en una localidad persa situada en plena frontera. Es el primer ataque exterior recibido por la república islámica desde el final de la guerra con Irak en 1988. El Ministerio de Exteriores en Islamabad informó de una «operación basada en inteligencia» contra escondites de grupos armados en la provincia iraní de Sistán-Baluchistán en la que lograron matar a «varios terroristas», sin especificar ni el nombre del grupo alcanzado, ni el número de bajas causadas. Medios de Teherán informaron de la muerte de nueve «personas no iraníes», entre ellas cuatro mujeres y tres niños, en la localidad de Saravan. Ambos países comparten una porosa frontera de novecientos kilómetros en la que se han repetido los ataques puntuales en los últimos años contra las fuerzas de seguridad a ambos lados de la línea de separación. El último fue hace pocas semanas y costó la vida a once policías iraníes.